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EXTRACTIVISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES: LA DEFENSA DEL LUGAR COMO
ESTRATEGIA ALTERNATIVA AL DESARROLLO. CASO DE ESTUDIO CAJAMARCA, TOLIMA.
ANA MARIA TUTA APONTE
Investigadora
LUIS FERNANDO ORTIZ
Docente Investigador
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
MAESTRIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y GESTIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ, COLOMBIA
2017
2
RESUMEN
En la formación del Moderno Sistema Mundial/Colonial, uno de sus ejes fue la explotación minera en Latinoamérica, lo cual contribuyo al subdesarrollo del continente. En el siglo XX los enclaves extractivistas del petróleo en Venezuela, el cobre en Chile y el estaño en Bolivia, frenaron el desarrollo industrial y agrario, dejando una fuerte huella ecológica y social. Durante los últimos 30 años se ha retrocedido a un modelo similar, pero la crisis ambiental generada está produciendo importantes movilizaciones y novedosas teorías como la defensa del lugar y la interrelación por las redes de lo local a lo global. Si tomamos en cuenta toda la experiencia del continente en este campo, el proyecto de “la locomotora minera” en Colombia, no puede ser diferente y se arriesga a aumentar la desindustrialización, los conflictos socioambientales y la destrucción del medio. En este trabajo investigativo se pretende identificar y analizar aspectos relevantes frente a la crisis socioambiental causada por la implementación de una política pública de desarrollo basada en el extractivismo en Colombia y específicamente en el municipio de Cajamarca, Tolima, y cómo ésto ha llevado a la comunidad a proponer estrategias que aportan a un modelo alternativo de desarrollo desde el ámbito local. Palabras Clave: Minería, sustentabilidad, deterioro ambiental, conflicto socioambiental, movimientos sociales Abstract In the formation of the Modern World / Colonial System, one of its axes was the mining exploitation in Latin America, which contributes to the underdevelopment of the continent. In the twentieth century, the oil extractivist enclaves in Venezuela, copper in Chile and tin in Bolivia, stopped the industrial and agricultural development, leaving a strong ecological and social footprint. Over the past 30 years, a similar model has been regressed, but the environmental crisis generated is producing important mobilizations and novel theories such as the defense of the place and the interrelation by networks from the local to the global. If we take into account all the experience of the continent in this field, the project of "the mining locomotive" in Colombia cannot be different and risks deindustrialization, socio-environmental conflicts and the destruction of the environment. In this work we investigated and analyzed the aspects related to the socio-environmental crisis caused by the implementation of a public policy of development in extractivism in Colombia and specifically in the municipality of Cajamarca, Tolima, and how this has led to the community a propose strategies that provide an alternative model of development from the local level. Key words: Mining, sustainability, environmental degradation, socio-environmental conflict, social movement
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 5
1.1. Planteamiento Del Problema 6
1.2 Justificación 7
1.3. Pregunta De Investigación 8
1.4. Objetivos 9
1.5 Metodología 9
2. REFERENTES CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS 13
2.1. Teoría Centro – Periferia Y Moderno Sistema Mundial/ Colonial 13
2.2. Modelos Económicos Latinoamericanos 16
2.3. Debate Sobre el Concepto de Desarrollo 22
2.4. Hacia Un Modelo Alternativo 23
2.5 El Extractivismo en Colombia 26
2.6. Movimientos Sociales 31
2.6.1 La Defensa del Lugar 34
3. COLOMBIA Y EL EXTRACTIVISMO 36
3.1. Apertura Económica Y Nueva Constitución Política 36
3.2. La Locomotora Minera 44
3.3. El Código Minero Decreto Ley 2655 De 1988 50
3.4. Nuevo Código Minero Colombiano - Ley 685 Del 2001 53
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO MINERO LA COLOSA Y SUS PRINCIPALES ACTORES EN CONFLICTO
59
4.1. Contexto Histórico Y Socioeconómico De Cajamarca 59
4.2. Descripción Del Proyecto La Colosa 63
4.3. Dinámicas De Intervención entre actores 68
5. ACCIONAR SIMBÓLICO Y ALTERNATIVAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE CAJAMARCA
75
4
5.1. Caracterización De Los Movimientos Sociales en Cajamarca, Tolima 75
5.2. El Accionar Simbólico del Movimiento social de Cajamarca 81
5.2.1 Las Consultas Populares 86
5.2.2. La Consulta Popular en Cajamarca “Si páramos La Colosa, páramos cualquier cosa”
92
5.3. Alternativas al Desarrollo Construidas por Movimientos Sociales En Cajamarca, Tolima.
98
6. CONCLUSIONES 104
7. BIBLIOGRAFÍA 108
LISTADO DE FIGURAS Y CUADROS
1 Histórico Producción de Oro 49
2 Mapa de zonas protegidas vs Títulos mineros 55
3 Mapa Veredal del municipio de Cajamarca. 60
4 Cuadro “Arracacha de Cajamarca” 61
5 Localización del área de influencia de la Colosa. 66
6 Etapas del proceso minero vs proyección AGA proyecto minero “La Colosa”
67
7 Síntesis Entrevista Semiestructurada Lideres Cajamarca 79
8 Accionar Simbólico Del Movimiento Social En Cajamarca Accionar Simbólico Del Movimiento Social En Cajamarca
74
9 Síntesis De Consultas Populares Extractivas En Colombia 96
5
CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
En los últimos 30 años las actividades de extracción minera han sido consideradas un motor
fundamental para el desarrollo de los países Latinoamericanos; para Gudynas (2009) ésta
dinámica ha tomado relevancia debido a los impactos generados, tanto en lo local como en
lo nacional, por un proceso que no toma en cuenta las transformaciones biofísicas, sociales
y culturales en la región ni la resiliencia del lugar.
Colombia no ha quedado exenta de esta situación, los últimos cinco (5) gobiernos han
orientado sus políticas a facilitar la inversión extranjera y la explotación de los recursos
natrales, especialmente los mineros, basándose en un modelo extractivo que amenaza con
producir una serie de conflictos regionales y socioambientales (Salamanca, 2012; Pulido,
2015). En los casos de los páramos de Pisba en Boyacá, Santurbán en Santander y Cajamarca
en Tolima, entre otros, ha llamado la atención de los investigadores por el peligro que
representan estas exploraciones para la contaminación de las aguas y suelo, la pérdida de
biodiversidad, el desplazamiento y la tenencia de las tierras, generando vulnerabilidad
socioambiental, cultural y política en los territorios.
La minería a gran escala ha transformado sustancialmente las regiones, sus formas de
organización y la configuración territorial (Escobar, 2005). Por esto es necesario discutir las
afectaciones socioambientales que se llevan a cabo por estas dinámicas de alto impacto y
las respuestas alternativas que presentan las comunidades afectadas.
Este documento está dividido en cinco capítulos, en el primero se encontrara una breve
introducción, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y
la metodología utilizada; en el segundo capítulo se desarrolló aquellas teorías y referentes
6
conceptuales que dieron luces sobre el problema de estudio y en los cuales se basará este
documento.
En el tercer capítulo se trabajó un análisis de discurso y las estrategias propuestas por los
gobiernos colombianos en torno al modelo extractivista, además de exponer la situación
actual de la minería en el país y los principales puntos de la legislación minera. Como cuarto
capítulo se abordó las dinámicas de intervención entre actores por el proceso de extracción
minera en el municipio de Cajamarca, Tolima. Y por último se analizará el surgimiento y la
evolución del Movimiento Social de Cajamarca, el variado repertorio de acciones simbólicas
utilizadas que se ha mantenido en el tiempo, generando identidad y que puedan contribuir
a la construcción de propuestas alternativas al modelo de desarrollo oficial.
Este trabajo es justificado por la importancia que representa para el futuro medioambiental
del país y para la preservación de sus recursos. De otro lado, es un tema actual para
Colombia y para algunos países vecinos, lo cual obliga a repensar los modelos de desarrollo
que resulten más acordes con las necesidades económicas, ambientales y sociales.
1.1. Planteamiento del Problema
El modelo de desarrollo basado en el extractivismo, implementado en Colombia por los
gobiernos nacionales de los últimos 27 años, promovido desde la apertura económica del
año 1991, pero impulsado desde el 2002 (Sánchez, 2013; Arias 2013), ha concurrido en el
fortalecimiento del sector minero-energético, como estrategia de crecimiento económico
del país, o como figura de locomotora que empuja los demás sectores de la economía, esto
para el caso del gobierno de Juan Manuel Santos (2010 -2018).
En el marco de esta política minera, se pretende convertir a Colombia en un país, que
basándose en la inversión extranjera, propone y ejecuta una serie de proyectos a gran
7
escala que pueden llegar a transformar los territorios y generar una serie de tensiones o
conflictos socioambientales (CSC, 2013; Pulido, 2015).
En diciembre del 2007, los medios de comunicación anunciaron el hallazgo de la reserva de
oro más grande de Colombia, en Cajamarca, Tolima. Hernán Martínez, ministro de Minas y
Energía de la época, calificó el descubrimiento como “uno de los 10 más grandes del
mundo” y continuó diciendo que con éste “se podría duplicar la producción de oro a nivel
nacional” (Editorial, El Tiempo, 2007).
La fase exploratoria que presentó como resultado la calificación de este importante
hallazgo, fue realizada por la multinacional Anglo Gold Ashanti, que cuenta con la propiedad
de la mina “La Colosa” en Cajamarca, la empresa indica que “el oro esta superficialmente
disperso por un área de cerca de 515 hectáreas de la zona y que es necesaria la explotación
con un método de minería a cielo abierto”. (AGA, 2011).
Comunidades de varios territorios de Colombia como Bucaramanga, Cajamarca, Apaporis y
Piedras, entre otros, se han venido pronunciando en contra de los “proyectos mineros a
gran escala que transformarían cada una de las relaciones tradicionales con el entorno” (L.
North, 2011), dichas movilizaciones han utilizado diversas estrategias, “como recurso
jurídicos, grandes asambleas, marchas, paros cívicos” (Gohn, 1997. Pág. 9-12), continuando
con propuestas alternativas al modelo de desarrollo extractivista (Gudynas, 2011. Pág. 266)
que sea construida desde local a lo global.
1.2. Justificación
En los últimos 27 años, Colombia, ha utilizado el afianzamiento de la inversión extranjera
en el sector minero para el crecimiento económico del país, es decir, se han apoyado en un
modelo de desarrollo extractivista. El aumento indiscriminado de estas actividades de
8
explotación de recursos naturales ha generado una serie de conflictos socioambientales
que hacen necesario repensar dicho modelo.
Según la información reportada en el Environmental Justice Atlas (2016), Colombia presenta
126 disputas socioambientales, estos conflictos están asociados a la extracción de minerales
y de combustibles fósiles, al uso del agua, al desarrollo de infraestructura, a la intensiva
producción agrícola e industrial, y a la producción de biocombustibles , entre otros.
Para el caso de estudio, en el municipio de Cajamarca (Tolima), se viene presentando una
problemática social, ambiental, política y económica debido a la implementación de un este
modelo extractivista en la región, que ha obligado a las comunidades a pensar soluciones
desde lo local que pueden aportar a la construcción de un modelo alternativo de desarrollo.
Por lo anterior, esta investigación adquiere una gran importancia, ya que aporta a la
discusión sobre el modelo de desarrollo, al conocimiento y soluciones de los conflictos
socioambientales. Dicha importancia crece en tanto que no se trata solo de un problema
colombiano, sino que abarca toda la periferia Latinoamericana.
1.3. Pregunta de Investigación
¿Cómo puede una comunidad de la periferia del sistema mundial, como la de Cajamarca
(Tolima), en donde opera el modelo económico extractivista, elaborar propuestas y realizar
acciones significativas en defensa de su modo de vida y de la biodiversidad del territorio,
que contribuyan a construir un modelo alternativo de desarrollo desde lo local?
9
1.4. Objetivo General
Analizar las propuestas socioambientales realizadas por la comunidad asentada en
Cajamarca (Tolima), en defensa del lugar, en relación al modelo extractivista implementado
en la zona, que coincidirían con un modelo alternativo de desarrollo, desde lo local.
1.4.1. Objetivos específicos
Identificar los discursos y estrategias propuestas por los Gobiernos Colombianos en
la implementación de un modelo socioeconómico que conduce al extractivismo.
Determinar las características del proyecto minero “La Colosa” y sus principales
actores en disputa.
Caracterizar las propuestas alternativas que desde lo socioambiental han elaborado
las comunidades y los movimientos sociales, en defensa del lugar.
1.5. Metodología
Teniendo en cuenta que el objeto de la presente investigación es un fenómeno
socioambiental, su abordaje se realizó desde un enfoque de carácter cualitativo, pues éste
permite “la comprensión de un fenómeno desde la perspectiva de los actores y su
experiencia, buscando las visiones, percepciones y significados que le otorgan los seres
humanos a los diferentes fenómenos sociales” (Barragán, 2008).
El fenómeno estudiado está delimitado en un período de tiempo que va desde la apertura
económica en Colombia, hasta el segundo período presidencial de Juan Manual Santos. Es
decir: abarca desde el año 1991 hasta el año 2017.
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Los métodos aplicados en esta investigación son el estudio de caso y el analítico sintético:
Se implementó el caso de estudio ya que “rescata la complejidad y evolución de los casos
que involucran personas, organizaciones, instituciones o comunidades” (Mejía, 2004); y fue
implementado en el municipio de Cajamarca, Tolima, epicentro de un conflicto
socioambiental derivado de un modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo.
En cuanto al método analítico sintético se realizó un proceso en el cual se identificaron las
variables que conforman el problema, para tratar de comprender cada una, a saber: a) el
gobierno nacional y su propuesta de modelo de desarrollo extractivista; b) la comunidad
Cajamarcuna y su propuesta de alternativa al desarrollo. Este mismo método analítico
permitió volver a unir esas variables, para de allí explicar las relaciones entre ellas y de esta
manera, interpretar el fenómeno estudiado.
La investigación se abordó en cuatro fases metodológicas que utilizaron diferentes técnicas
y que se fueron configurando de tal manera que los resultados obtenidos permitieron dar
una respuesta argumentada a la pregunta investigativa. De manera muy general se
presentan las fases desarrolladas en este trabajo. Es importante entender que estas fases
aunque pueden tener un orden en un proceso, se van “tejiendo”, y que de manera
permanente se fueron retroalimentando:
En un primer momento se desarrolló la fase exploratoria, en la cual se realizó una
recolección y clasificación de fuentes documentales, que permitieron establecer el estado
del arte y generar un marco de referentes conceptuales para el análisis. En este ejercicio se
tuvo acceso a documentos institucionales, de investigación y de debate sobre la pregunta
de investigación; además, se realizaron búsquedas a través de plataformas de bases de
datos como Science direct, Scopus, y Google académico, no mayor a 10 años de publicados,
que dieron luces sobre el problema estudiado e hicieron parte integral de la gestión de la
información.
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De igual forma se preparó un modelo de preguntas para la recolección de información a
través de entrevistas semiestructuradas, se utilizó esta técnica porque “permiten establecer
una conversación flexible, abierta y anecdótica con los diferentes actores” (Flick, 2002).
Estas preguntas guías se dividieron en tres temas centrales: la historia de vida de los
entrevistados, la historia de la región y su posición frente a la mina La Colosa (Ver Anexo).
En una segunda fase se realizó el trabajo de campo, mediante la aplicación de las técnicas
de observación no participativa y de entrevistas semiestructuradas a líderes reconocidos de
la región. En esta fase se analizaron las características propias del territorio vinculado al
caso de estudio y de la pregunta de investigación, además de definir algunos actores,
discursos y momentos significativos.
El trabajo de campo y la aplicación de la técnica de observación no participativa se llevaron
a cabo en una visita al municipio de Cajamarca, realizada del 13 al 18 de junio de año 2015.
En este reconocimiento de la zona se gestionó un encuentro con representantes de la Anglo
Gold Ashanti, que por razones institucionales fue negado, de igual forma se entrevistó a seis
(6) líderes de organizaciones sociales del territorio que representan diversas opiniones
frente al caso estudiado.
Posterior a esta visita se participó dos Encuentros Nacionales de Zonas de Reserva
Campesina (2015 y 2016), reuniones en donde se entrevistó a líderes de organizaciones
sociales a nivel nacional que vienen trabajando los conflictos socioambientales en el
territorio producto del modelo de desarrollo, y que desde su experiencia han construido
con su comunidad alternativas a dichos problemas.
En este apartado se realizó un modelo adicional de entrevistas dirigido a cinco (3) líderes
de organizaciones sociales del ámbito nacional y dos (2) representantes de instituciones
académicas, esto con el fin de dar más luz sobre el fenómeno estudiado (ver Anexos).
12
Para la tercera fase se realizó el análisis de la información recolectada en las dos fases
anteriores, organizándola y sistematizándola de conformidad con cada una de las variables.
Para analizar las relaciones entre esas variable, se establecieron los repertorios de acciones
simbólicas y los hitos más destacados en el período definido.
En la última fase se redactó el documento final, que responde a la pregunta de investigación
y que, además, abrió la posibilidad para continuar estudiando el tema del extractivismo y
los movimientos sociales, con una perspectiva de aportar a un modelo alternativo de
desarrollo, desde lo local.
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CAPÍTULO 2: REFERENTES CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS
En este capítulo se trabajó todas aquellas teorías y referentes conceptuales que puedan dar
luces sobre el problema de estudio y en las cuales se basó este documento. En el desarrollo
de este apartado se tomaron cuatro teman centrales de investigación, el primero fue la
Teoría Centro Periferia y el Moderno Sistema Mundial/ Colonial, como segundo los modelos
de desarrollo implementados en América Latina, un tercero que contiene un contexto
histórico del extractivismo y para finalizar los movimientos sociales en defensa del lugar.
2.1. Teoría Centro – Periferia Y Moderno Sistema Mundial/ Colonial
Teniendo en cuenta el objeto de investigación se realizó una contextualización acerca de
las condiciones globales en que se desarrolla históricamente el “modelo extractivista”, para
ello se tomó como punto de partida la obra de Braudel (1985), en la cual sustentó
históricamente los fenómenos del desarrollo desigual de capitalismo, basándose en el
sistema “centro – periferia”, o lo que ha llamado las “dinámicas del capitalismo” durante
los últimos 500 años.
En la investigación histórica del autor se demuestra que desde la época del renacimiento
(siglo XIV –XV), en la cual se conformó el “Moderno Sistema Mundial” (Wallerstein, 1979),
se estructuraron centros económicos dominantes sobre grandes regiones periféricas. Es
necesario observar que entre estos dos polos existen zonas intermedias semiperiféricas que
luchan por acercarse a los centro en términos económicos.
Estos centros son casi siempre ciudades portuarias con grandes espacios de intercambio
comercial, quedándose en la competencia con otras ciudades, en donde unas decaen y
otras sobresalen (Wallerstein, 1979). De esta manera las ciudades de Venecia y Florencia
rivalizaron durante todo el renacimiento por el control y dominio de la Cuenca del
Mediterráneo y por ser el centro del MSM.
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Durante los siglos XVI-XVII, los centros Holandeses de Ámsterdam y Amberes rivalizaron con
la ciudad de Londres hasta que fueron derrotados económica, militar y políticamente por
su contendiente, la capital de Inglaterra y del Reino Unido, que dominó desde el siglo XVIII
hasta comenzando el siglo XX. Posteriormente con el desarrollo de la primera guerra
mundial y la gran depresión de los años treinta, la potencia londinense decayó y el centro
del Sistema Mundial se trasladó hasta New York (1930- 2017), (Braudel, 1985)
La Investigación histórica de Fernand Braudel se complementa con la teoría del profesor
norteamericano Immanuel Wallerstein (1979), sobre el Moderno Sistema Mundial (MSM),
donde demuestra que hace quinientos años se conformó un nuevo sistema económico
global con su centro en Europa. Posteriormente Aníbal Quijano, señaló la necesidad de
complementar la idea de la formación del MSM, incluyendo la periferia colonial. El
resultado del debate fue un artículo firmado por los dos científicos titulado “La
americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial” (Quijano, 1992),
que sintetiza el nuevo concepto del moderno sistema mundial / colonial que será utilizado
en este trabajo.
Es necesario tener en cuenta que durante el período colonial, “varias regiones
Latinoamericanas centraron su producción en los minerales, acorde con la política
mercantilista de la metrópoli de la época, que sostenía que la riqueza y el poderío de las
potencias dependía de la acumulación de minerales preciosos que se lograran, esto explica
el esfuerzo de las metrópolis en su consecución” (Quijano, 1992).
En el período colonial se estableció una economía asentada en la producción de oro en “los
virreinatos de la Nueva España (México) y la Nueva Granada (Colombia), o la plata en Potosí
en Bolivia, producción que al llegar a Europa contribuyó a la formación de la acumulación
originaria de capital” (Gómez, 2003), es decir, que América Latina financió en buena parte
el despegue de la manufactura hacia la revolución industrial en Europa; la política
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mercantilista estimuló el desarrollo de esta región, mientas se producía una situación
inversa en las regiones coloniales.
De esta manera se configuró el moderno sistema mundial /colonial, conformado por un
centro ubicado en Europa, que se desarrolló desde el siglo XVI, realizando una acumulación
global cimentada en el trabajo esclavo de los pueblos originarios de América y África, en
un modelo extractivista de los recursos naturales principalmente mineros y en una periferia
que aportó estos recursos del trabajo y la naturaleza. Quijano (1992) ha explicado cómo en
las colonias inglesas de Norte América, se produjo la invención de la raza, como una
“categoría mental de la modernidad”, que se proponía el control del trabajo de los
pobladores de la periferia, para lo cual elaboraron una clasificación mundial de la población
por razas y colores. “América resultó cobriza, África negra, Asia amarilla, Europa blanca,
organizada en una verdadera pigmentocrácia con su centro en Europa” (Quijano, 1992)
En el marco de este nuevo sistema mundial, New York remplaza a Londres como centro
indiscutido por efecto de la primera guerra mundial (1914-1918) y de manera definitiva con
la crisis económica mundial de los años treinta. Sin embargo, la expansión económica,
política, militar de los Estados Unidos sobre la periferia caribeña y latinoamericana, se venía
presentando desde finales del siglo XIX (Montaña, 1977), momento en el cual termina la
dominación sobre las colonias caribeñas de Cuba y Puerto Rico en el año 1998 por parte del
imperio Español en el continente.
En ese mismo momento histórico, Colombia perdía su soberanía sobre todo del territorio
de Panamá y los mares adyacentes con sus recursos naturales y ventajas geopolíticas. Con
el control de esta zona, se permitió, para Estados Unidos, completar el dominio de la Cuenca
del Caribe y salir a la Cuenca de Pacífico, a través de la construcción del Canal de Panamá
(Montaña, 1977; Díaz, 2003)
16
Para Escobar (2007) se pueden identificar las intenciones de Estados Unidos frente a los
países del continente desde finales del siglo XIX y comienzo del XX, por medio de los
discursos y declaratorias de los dignatarios y diplomáticos de este país, que trazaron el
accionar en la geopolítica y geoeconomía mundial después de la segunda guerra mundial.
Se puede sacar en claro dos líneas de comportamiento internacional, la primera, es “El gran
garrote o la diplomacia de las cañoneras”, de Theodore Roosevelt, con la cual se puso en
práctica el asunto del Canal de Panamá y se intervinieron las antiguas Colonias Españolas,
como Puerto Rico y Cuba. Po el contrario la doctrina del “Buen vecino” de Franklin Delano
Roosevelt, que apoyaba con la implementación del modelo Keynesiano de intervención del
Estado en la economía (Escobar, 2005; Gudynas, 2011), con la realización de grandes
proyectos de infraestructura que impulsarían la reactivación económica y el empleo,
además de apoyar a los productores e industrias fortaleciendo el mercado interno, como
soluciones para salir de la crisis de los años treinta.
Este modelo se complementó con el accionar de los gobiernos democráticos, populistas y
reformadores de los años treinta en Latinoamérica, que pusieron en práctica el modelo de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) propuesto por Raúl Prébisch
(Rodríguez, 1980), como ejemplo de este modelo tendríamos a Alfonso López Pumarejo en
Colombia (1934-1938 y 1942-1945), Lázaro Cárdenas en México (1934-1940) y Getulio
Vargas en el Brasil (1930-1934 y 1934-1937).
2.2. Modelos Económicos Latinoamericanos
En la dirección de las economías latinoamericanas, históricamente se han puesto en
práctica dos modelos para el crecimiento económico, el primero se orientó por las ideas
con que se hizo frente a la crisis económica de los años 30, y que fueron teorizadas por
Keynes (1936), quien se centró en la intervención estatal determinada en la planificación
para el desarrollo interno industrial; el segundo modelo se basa en el librecambismo y en
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teoría se restringe la intervención del Estado en la economía, dejando que esta se rija por
las leyes del mercado, es decir por la oferta y la demanda (Katz, 2011. Pág. 39-40).
Con el primer modelo se puede decir que Keynes (1936) estaba interesado en ayudar a
resolver la crisis económica, para lograrlo, planteó el desarrollo de la infraestructura y las
obras públicas, paralelamente ir resolviendo el problema del desempleo con inversiones
estatales.
La versión latinoamericana de este modelo fue desarrollada por el argentino Raúl Prébisch
(1963), quien elabora la teoría “Centro - periferia” en la cual esta última debía desarrollarse
mediante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. A este
proceso se le llamó modelo de desarrollo hacia adentro, cuya teoría fue muy importante
para América Latina, porque ayudó a crear la industria con que hoy cuentan estos países,
siendo los más avanzados Brasil, México y Argentina, pero su deficiencia estuvo en que la
sustitución de los productos importados se hacía uno por uno, haciéndola muy lenta y
concentrada en la industria liviana, o sea, en los productos de amplio consumo popular
(Rodríguez, 1980), el paso a la producción de herramientas y a la industria semipesada fue
irrisorio y solo Brasil continuó en medio de dificultades con la industria pesada.
Este modelo teórico y práctico funcionó en nuestro continente desde 1930 hasta 1975. La
crisis energética que estalló en el mundo en 1973, al subir los precios del petróleo produjo
una recesión mundial (Rodríguez, 1980), que ayudó a que los partidarios del libre cambismo
tomaran fuerza con el argumento de que el modelo de Prébisch de intervención del Estado
se había agotado, lo cual condujo al cambio de paradigma frente a las intervenciones
estatales en la economía.
Siguiendo la doctrina Truman para la postguerra, sobre la necesidad del desarrollo, aparece
en los años sesenta la teoría más sofisticada de Rostow (1960) que debía establecer unas
“etapas del crecimiento económico”, divididas en las siguientes cinco: sociedad tradicional,
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precondiciones para el despegue, despegue, tendencia a la madurez y gran consumo de
masas. Así, el menor desarrollo de algunas zonas se explicaría como un estadio que hay que
atravesar y que se modificará con la modernización y el tiempo, es decir, es una “teoría
dinámica de la producción”.
En una línea opuesta a las teorías propuestas por Rostow (1960) y por la misma época, surge
en América Latina la teoría de la dependencia, propuesta por Theotonio Dos Santos (1987),
convirtiéndose en una reflexión que parte desde la economía mundial, mostrando cómo la
dominación colonial es remplazada por nuevas formas de dependencia económica y
política, impuestas ahora, por monopolios internacionales, que condicionan el desarrollo,
puesto que la reproducción no se puede hacer en condiciones de independencia económica
como ocurrió en los países del primer mundo, que los teóricos como Rostow proponían
imitar. En América latina se trata de una reproducción dependiente y condicionada.
Para Escobar (2007) “La doctrina Truman” de 1949, generó un nuevo paradigma: el
desarrollo, mediante el cual reorganizaron los países menos avanzados económicamente,
llamados del tercer mundo, “el propósito era crear las condiciones necesarias para
reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la
época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura,
rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada
de la educación y los valores culturales modernos. En concepto de Truman, el capital, la
ciencia y la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal revolución
masiva. Solo así el sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los
pueblos del planeta” (Escobar 2007). Esto generó una coyuntura histórica y transformadora
de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, luego de la experiencia
traumática de la segunda guerra mundial.
Es decir, lo que se debía hacer en los países subdesarrollados, especialmente en las antiguas
colonias de África y Asia que se independizaron entre 1950 y 1960, y también en América
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Latina, regiones del mundo en donde se acababa de descubrir la pobreza, era copiar el
modelo implementado en los países desarrollados (Rostow, 1960; Escobar, 2007).
En la Obra de Dos Santos se muestra cómo en la crisis del desarrollismo se debilita el Estado,
puesto que, “inmerso en la realidad del poder de los monopolios extranjeros, formados por
empresas internacionales que disponen del control de la tecnología, del capital y de las
técnicas administrativas, no reúne las condiciones necesarias para oponerse a esta realidad
y termina por ser controlado y dominado por los intereses de tales sectores. Asistimos
ahora a algunas resistencias en este sentido, que creemos condenadas al fracaso por la
misma evolución económica (…) Estas resistencias se basan en la fuerza del capitalismo de
estado en América Latina” (Dos Santos, 2011).
Sin embargo, la crisis económica de 1973, ayudo a hacer evidente la crisis del desarrollismo
que condujeron al cambio de paradigma, estableciendo el modelo libre cambista que
liquidará las ultimas resistencia del capitalismo de Estado latinoamericano, comenzando
con la idea de que existe un déficit fiscal (Katz, 2011. Pág. 42), que debe ser combatido
reduciendo los gastos en los servicios sociales como la salud, educación, servicios públicos
y pensiones. De otro lado, permitiría privatizar en manos de las corporaciones
multinacionales las empresas del Estado.
Como un ejemplo del anterior modelo se puede hablar de la Corporación de Fomento en
Chile, o el Instituto de Fomento Industrial (IFI) en Colombia, que fueron liquidados. El
problema consiste en que el nuevo paradigma que se basa en el libre cambio desmonta la
protección que el Estado brindaba a la industria nacional y al mercado interno para su
desarrollo (Katz, 2011 Pág. 45). La apertura económica, al bajar los aranceles a las
mercancías importadas afectó la industria nacional y el empleo, el Estado se orientó a
facilitar la inversión extranjera y la explotación de los recursos naturales, especialmente
mineros.
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En realidad lo que se buscaba era salir de la crisis del modelo Keynesiano, que había operado
de 1930 a 1975, con intervención del estado en la economía, para fomentar la ISI, según la
propuesta de Prébisch, ya explicada. El nuevo paradigma librecambista, produjo una gran
acumulación de capital a nivel global por efecto de la transferencia de las antiguas empresas
estatales al sector privado trasnacional (Gudynas, 2009). Los puntos principales de este
nuevo esquema se basan en el “Consenso de Washington, de 1989”, mediante el cual los
estados se comprometieron a establecerlos como el nuevo mecanismo de la globalización,
entre los que se incluye, fuera de los mencionados anteriormente, la desregulación de la
economía por el Estado, el control de la inflación, y la autonomía del Banco de la Republica
respecto del gobierno (Katz, 2011).
El consenso de Washington fue complementado con el “consenso de las commodities”
(Svampa, 2012), el cual se apoyó en la ilusión, o trampa, de los altos precios de las materias
primas. En realidad los gobiernos Latinoamericanos no tuvieron en cuenta que
históricamente estos precios de materias primas exportadas fueron siempre muy bajos,
hasta el punto que se hablaba de un mecanismo de explotación a través de los precios del
comercio exterior.
Uno de los efectos perversos del ciclo anormal de altos precios de las materias primas,
consistió en que prácticamente todos los gobiernos de Latinoamérica creyeran que se
trataba de un fenómeno permanente, sin darse cuenta que realmente hacían parte del
mismo modelo de acumulación neoliberal, que siendo aceptado, desencadenó un nuevo
orden económico y político, el cual consolidó el “desarrollo neoextractivista” (Svampa,
2012), obligando a que las comunidades se resignaran a vivir de las exportaciones de bienes
primarios bajo el “modelo neocolonial”. Al comienzo del siglo XXI Los países del centro y
de la semiperiferia o emergentes como China e India demandaban cada vez más materias
primas, esto produjo el alza en los precios, pero con la crisis económica de 2008 en adelante,
se desaceleró el crecimiento de la economía y los precios de las materias primas decayeron,
provocando que muchos gobiernos perdieran el control del estado.
21
Lo que resulta paradójico es que una serie de gobiernos progresistas, que aparecieron en
América Latina desde 1999, que pretendían alcanzar una transformación social, no hayan
comenzado por salir de la dependencia del modelo extractivista monoproductor y
monoexportador (Svampa, 2012); por el contrario continuaron viviendo con la misma
matriz productiva dependiente de la renta del petróleo, del gas, del estaño y del cobre, en
realidad se perdió la oportunidad de haber avanzado en una nueva etapa del modelo ISI,
ahora, bajo la figura de los gobiernos populares.
Al no cambiar el modelo tradicional resultaron funcionales a este aspecto del
neoliberalismo, no se evaluó bien que el extractivismo, es en sí "la refundación neoliberal
del orden colonial" (Machado, 2012). Lo contradictorio es que se produjo un consenso entre
los gobiernos latinoamericanos, tanto progresistas como conservadores para aprovechar la
bonanza de los precios de las materias primas y así financiar programas sociales para esa
transformación social propuesta por los gobiernos populares.
Otra paradoja es que siendo la Constitución del Ecuador pionera en el reconocimiento de
los derechos de la naturaleza, el gobierno de Correa, se mantiene prisionero de las
concesiones desarrollistas y tecnocráticas, aunque se han tenido que enfrentar a una dura
controversia jurídica con las transnacionales del petróleo que destruyeron buena parte de
la Amazonía ecuatoriana y de las formas de vida de las comunidades que habitan esta región
(Gudynas, 2011b). Algo parecido acontece en el caso boliviano y su importante aporte
desde la cosmovisión indígena y la relación ser humano- naturaleza, pero también existen
fuertes críticas al plan de mantener el modelo extractivista, a pesar de los esfuerzos por
industrializar algunos productos, para obtener mayor valor agregado (Acosta, 2010).
Finalmente cuando caen los precios de las materia primas por efecto de la crisis mundial
(Meschkat, 2015), los gobiernos progresistas pierden las elecciones en Argentina y Brasil,
los dos países más importantes del Mercosur. De igual forma Venezuela arrastra graves
22
dificultades, esto traduce que la crisis ha afectado más duramente a los gobiernos
progresistas porque no tenían un programa propio que garantizara la independencia
económica de estos países, es decir, el programa alternativo al desarrollo.
2.3. Debate Sobre el concepto de Desarrollo
Para poder concebir el debate propuesto es necesario definir el concepto de desarrollo, el
cual es “heredero de la noción occidental de progreso surgido en la Grecia clásica y
consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo el supuesto que la razón
permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden social y así poder
transformarlo en beneficio de la gente” (Valcárcel, 2006), de igual forma esta expresión se
relacionó con otros términos como civilización, evolución, modernismo y crecimiento.
Gustavo Esteva (2012, Pág. 9-10) nos aclara que el término “desarrollo” no es utilizado hasta
finales de la década de los cuarentas, en donde investigadores y teóricos economistas se
referían a áreas económicamente atrasadas, haciendo alusión a la brecha entre naciones
pobres y ricas, a finales de la década, Harry Truman, presidente Norteamericano, utiliza este
término en su discurso de posesión, en donde introduce este concepto y utiliza para hablar
de ciertas regiones del mundo “pobres” el término subdesarrollo. A partir de aquel
momento éstos “comenzaron a ser utilizados regularmente por los organismos
internacionales como términos explicativos del acrecentamiento de las distancias y
diferencias socio-económicas entre los países ricos del norte y los países pobres del sur”
(Valcárcel, 2006).
La crisis del modelo de desarrollo según Dos Santos (2011), “se expresó hacia 1977, en el
pesimismo de las esferas oficiales”, por ejemplo: en el balance de los objetivos de la década
del desarrollo, el presidente del BID, Felipe Herrera, constató que la “brecha entre
desarrollo y subdesarrollo” aumente en vez de disminuir.
23
Prébisch (1967), en el informe de la CEPAL sobre crecimiento económico de Latinoamérica,
mantiene un tono pesimista, en tanto que “el producto interno bruto se mantuvo
estacionario para la región”. De otro lado el crecimiento que se produjo entre 1970 y 1973,
“fue rápidamente borrado por la crisis económica internacional de 1974 y 1975” (Dos
Santos, 2011). Algo que pesaba en la crisis de desarrollo, fueron los crecientes servicios de
la deuda externa, el déficit en la balanza de pagos debido a la baja de los precios de los
productos primarios de exportación y el alza del precio de los productos manufacturados
importados.
Otro fenómeno presentado y ligado a la crisis del desarrollo consistió en que la
“industrialización de los últimos años se caracteriza por el control creciente del capital
extranjero sobre la gran industria. Este control, que se produce al mismo tiempo que se
consolida la concentración y la monopolización del sector industrial, destruye
paulatinamente las posibilidades de un desarrollo nacional independiente y somete a la
sociedad, la opinión pública, la economía y Estado al progresivo control del capital
extranjero” (Dos Santos, 2011). Entonces lo que se estaba implantando era un desarrollo
dependiente que entró en crisis según las cifras oficiales entre el 1961 y 1967.
2.4. Hacia Un Modelo Alternativo
En la década de los noventas, en un contexto de conflicto social, ambiental y cultural, surge
una corriente contradictoria al desarrollo, en donde el discurso impuesto que “despoja de
identidad histórica a las gentes, al presentarles una imagen negativa e insoportable de ellos
mismos en términos de retardo o inadaptación frente a la situación que viven los pueblos
más industrializados(…) El modelo de felicidad de occidente no puede ser generalizado ni
ser viable a todos los países, existen muchos otros modelos” (Valcárcel, 2006). Los autores
de esta corriente llamada “post- desarrollista” tienden a rechazar el modelo impuesto, el
cual ha sido definido bajo criterios universalistas, sin considerar las condiciones ni las
dinámicas locales, a través de un dominio colonizador.
24
En esta corriente de pensamiento se declara que el modelo de desarrollo se agotó y que se
debe trabajar y proponen alternativas al desarrollo desde lo local “como base de la
reconstrucción de la moral y la política de las sociedades actuales” (Valcárcel, 2006),
planteadas principalmente por los movimientos sociales que han surgido de los conflictos
producidos por el modelo.
La reciente recuperación del crecimiento económico a nivel regional “reposa
fundamentalmente en la explotación intensiva de los recursos naturales, orientada a la
exportación y, en gran medida, bajo control del capital trasnacional” (Seoane, 2006). Frente
a ello emergieron y se desarrollaron en el continente un número creciente de conflictos,
movimientos sociales y convergencias sociopolíticas a nivel local, nacional y regional que
critican el modelo libre cambista y han empezado a proponer alternativas al desarrollo
tradicional, desde la concepción de la defensa de lo local frente a lo global.
Para Escobar (2005), la acción de estos movimientos supone que el posdesarrollo siempre
ha estado allí; donde los lugares han sido defendidos, han surgido nuevas economías, y
donde a veces las practicas ecológicas implicaron un conflicto. Como han indicado citando
a otros autores como Rahnema y Bawtree (1997) “el posdesarrollo involucra siempre una
reconstrucción”.
Para Gudynas (2011) el desarrollo alternativo se caracteriza por asumir la idea de desarrollo
como crecimiento económico pero desde una perspectiva humana que evoluciona bajo el
modelo colonizador, por lo que propone el estudio de las alternativa al desarrollo, las cuales
se caracterizan por plantear una descolonialidad del concepto de desarrollo y una nueva
forma de interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, ahondando así en las
discusiones sobre el “posdesarrollo” con el fin de lograr un cambio hacia la sustentabilidad
desde la región.
25
Dentro de las alternativas al desarrollo han pasado a primer plano la cosmovisión indígena
por lo menos en tres variantes, el Sumak Kawsay: El buen vivir, Quechua; el Sumak Qamaña:
Vivir bien, Aimara y el Yaico Kavi Pave: En armonía y equilibrio con los derechos de la
naturaleza, Guaraní (Acosta, 2010).
Según Floresmiro Simbaña (2011), el Sumak Kawsay tiene un origen precolombino y parte
de la concepción de que la sociedad forma parte de naturaleza. De acuerdo a esto la tierra
es un ser vivo, madre de todos los demás seres, por lo tanto la naturaleza no es un recurso
a utilizar arbitrariamente. Por ello existe “el principio de la armonía y del equilibrio”
(Simbaña, 2011) de la sociedad y la naturaleza.
Esta armonía es pluridimensional, desde lo epistemológico, a lo social, cultural, ambiental,
económico y político (Acosta, 2010). Por lo tanto el Sumak Kawsay no se reduce a
“redistribuir los beneficios del desarrollo”, como quieren adaptarlo los gobernantes
actuales, porque “el Sumak Kawsay como sistema del brazo de los derechos de la
naturaleza, exige una reorganización y nuevos enfoques en el modelo político - económico,
lo que transformaría a su vez no solo a la sociedad sino y sobre todo al Estado” (Simbaña
2011). Es decir una de las alternativas político- económicas actuales al desarrollo.
El dirigente indígena ecuatoriano Luis Macas, señala que en el centro se halla la vida
comunitaria, fundada en la reciprocidad, un sistema de propiedad colectiva, una relación
de respeto y convivencia con la naturaleza, la responsabilidad social y los consensos
(Simbaña, 2011), todo en el marco de un Estado plurinacional, que brinda posibilidades
para otro desarrollo de abajo hacia arriba.
Una de las alternativas propuestas por la comunidad ya mencionada, es “la defensa del
lugar” (Escobar, 2005), la cual no se produce aisladamente sino que requiere de redes
nacionales y globales que la protejan y la potencien, son “redes reales y virtuales de todo
tipo”; a través de coaliciones de movimientos sociales” (Martínez, 2005), de académicos,
26
ONG, activistas, etc. Solidaridad más que necesaria, puesto que las políticas públicas surgen
de la superioridad de lo global sobre lo local. No se valora y por lo tanto se invisibiliza lo
ecológico, social y cultural de lo local y lo territorial.
El giro eco territorial “se piensa y representa, desde la perspectiva de resistencia colectiva,
las actuales luchas socioambientales centradas en la defensa de la tierra y del territorio”
(Svampa 2011), en donde se consolida un lenguaje de valorización alternativa de la
territorialidad, y se reconocen los bienes comunes, la justicia y retribución ambiental, los
derechos de la naturaleza y el buen vivir.
Así mismo, según Escobar, las manifestaciones de “la diversidad cultural, sin tener en
cuenta el lugar, serian creadas y fomentadas principalmente por las condiciones de la
globalización”. Esta explicación incompleta de la realidad, puede reordenarse utilizando el
concepto “glocalidades”, “para referirse al hecho de que el mundo no solo es global, sino
que también continúa siendo local, y que las localidades cuentan para el tipo de globalidad
que desearíamos crear”. (Escobar, 2005, pag.124 y 125)
2.5. El Extractivismo en Colombia
En los países mineros como la Nueva Granada, durante la colonia, en las zonas de los
actuales Antioquía (Segovia y Remedios) y en el Chocó (Condoto) y otros lugares, cuando se
producían ciclos de expansión de la producción de mineral aurífero, se ampliaba alrededor
de las minas la producción agrícola para la alimentación de un número creciente de
mineros, a la vez que se expandía también el comercio, esto significó que la minería se
convirtiera en eje fundamental de la economía regional, aparentando una bonanza que se
creía permanente, pero cuando se producía el ciclo descendente en la minería, los otros dos
sectores también decaían (Melo, 1996).
27
Para la época, el traslado de miles de indígenas que venían de los climas fríos de los
altiplanos para cumplir los turnos de trabajo en la mita en climas malsanos que los destruían
físicamente, era un costo humano que no se tomaba en cuenta. Lo mismo ocurría con los
costos de la depredación ambiental.
Después del período colonial, durante el siglo XIX, en la economía Latinoamericana se
mantuvo la gran propiedad territorial y se continuó con la economía extractiva de
minerales. Otros países también participaron en la producción y el mercado mundial de
minerales como Bolivia y Chile explotando estaño y cobre respectivamente.
Desde mediado del siglo XIX y principios de del siglo XX Chile exportó salitre y cobre, pero
durante todo el siglo XX y lo avanzado del XXI la economía de este país se ha basado en la
producción de cobre, principalmente en el desierto de Atacama en el norte del país, donde
se hallan las minas más importantes del mundo, como las minas de El Teniente y El
Salvador entre otras, (Bergquist, 1988). El caso chileno se puede comparar con el de
Venezuela que es una economía petrolizada.
En los dos casos anteriores, como en el de Bolivia con el estaño, no avanzó mucho la
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y por lo tanto no se produjo una
diversificación de la producción como en Colombia, porque el eje de la economía en el siglo
XX pasó a ser el café y las exportaciones de este producto, produjeron las divisas que
permitieron comprar las fábricas para producir textiles y otras industrias. Por lo tanto, la
agricultura del café ayudó a diversificar y a desarrollar más la economía en Colombia
(Corrales & et al., 2004). Mientras en Venezuela sólo se desarrolló la industria petroquímica,
se quedaban rezagadas otras ramas de la industria, e incluso la agricultura.
Hacia 1920 empezó la explotación petrolera en Colombia y Venezuela, por parte de la
“Stándar Oíl Company”. El siglo XX, vio aparecer importantes productores y exportadores
de crudo como México, y últimamente Ecuador y Bolivia (Svampa, Bottaro, & Álvarez, 2007).
28
Después de 1973 cuando empezó la crisis energética; la cual revivió la importancia del
carbón como combustible fósil y Colombia se convirtió en un importante productor de
carbón en la Jagua de Ibirico en el Cesar y en el Cerrejón en la Guajira; también es
importante productor desde hace treinta años de ferro-níquel, en Cerro Matoso cerca al
municipio de Monte Líbano, en el departamento de Córdoba. Esta producción se realiza por
empresas trasnacionales que no solamente explotan un solo recurso sino que, como en el
caso de La Billigton que aparece en territorio Colombiano extrayendo carbón, junto a la
Drummond en el Cerrejón, pero también saca ferroníquel en Cerro Matoso (Sarmiento,
2013).
Al terminar el ciclo largo económico de 1945 al 1975, anunciado por la especulación de la
subida de los precios del petróleo, en casi 10 veces más, llegando a los 30 dólares por barril
en 1973 (Wallerstein, 2006, pág. 22-23), generó una recesión económica debido a los altos
costos del combustible en las ciudades industriales a nivel mundial, significando que el
modelo de acumulación de capital inspirado en el keynesianismo, se había agotado. El
sistema puso en práctica un nuevo modelo económico a nivel global, que consistió en la
aplicación de la desregulación económica por parte del Estado y el paso de las empresas
públicas al sector privado transnacional, siendo parte ésto de lo que Harvey ha llamado
"modelo de acumulación por desposesión" (Harvey, 2004); fenómeno que se produce
también en los territorios que contienen interés por su biodiversidad, posición geográfica o
que puedan resultar útiles para los agronegocios "los cuales son apropiados privadamente
y desterritorializados para abastecer dinámicas económicas localizadas en otros territorios"
(Machado, 2012).
El extractivismo es “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta
intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas
sin procesar, o con un procesamiento mínimo” (Gudynas 2011). Comprende la explotación
de recursos naturales tales como petróleo, los minerales, y otros como el pesquero, agrícola
y forestal.
29
Dice Machado (2012) "El extractivismo expresa su eficacia transformadora (colonizadora)
en la expansión de las fronteras territoriales del capital, así como en la reversión de la matriz
socioproductiva de la región", el extractivismo se expresa en verdaderos megaproyectos
que destruyen y transforman las regiones intervenidas y que "reprimarizan, concentran y
producen la extranjerización de las tierras" modificando los aspectos culturales relevantes
de las comunidades afectadas.
El extractivismo según Vega Cantor (2014) “no se refiere solamente a la explotación de
minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se
realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades
económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas,
ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza
de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros
dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la
reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como
modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político”
(Vega, 2014).
Según Bebbington (2007), basándose en la teoría de desarrollo y minería, en países como
Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, existe una “relación estrecha entre la expansión minera
y la neoliberalización… la minería es constitutiva de la neoliberalización. Es decir la minería
ha sido un instrumento”. En los caso estudiados por este autor se muestran prácticas de
resistencia y movilización por parte de la sociedad, prácticas que en cierto modo han sido
“inducidas” por la minería, “estas movilizaciones son por lo general débiles, tanto a nivel
local como a nivel nacional. Gran parte de esta debilidad tiene que ver con la dificultad que
asumen los distintos actores (personas, organizaciones) dentro de estas movilizaciones de
tender puentes entre ellos y construir visiones territoriales alternativas, compartidas y
coherentes” (Bebbington, 2007), esto quiere decir que a pesar de las luchas, existen
30
todavía debilidades organizativas, pero también programáticas que evitan un aporte
mayor a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable desde lo local.
Para Gudynas (2009) los “enclaves extractivistas” han estado en el centro de muchas
polémicas por sus severos impactos sociales y ambientales. Estos van desde acentuar las
desigualdades locales a los casos de contaminación o pérdida de biodiversidad. En el siglo
XXI, los gobiernos populares y progresistas como Bolivia, Ecuador y Venezuela ha
mantenido, desde el Estado, una estrategia que justifica la explotación minera, con el
objetivo de financiar programas sociales, como las pensiones para los ancianos y el bono
Juancito Pinto para las familias en Bolivia (De Echave C., 2011), con el fin de que envíen a
los niños a las escuela y no al trabajo.
El hecho de que el Estado capte la mayoría de la renta minera y la invierta en programas
sociales o de desarrollo industrial, generan una mayor legitimidad política y esto contribuye
a disminuir los conflictos sociales locales. El “nuevo extractivismo” (Schuldt, Acosta 2002)
es diferente al extractivismo tradicional en la medida que el nuevo Estado popular si bien
lo mantiene como una estrategia, su principal objetivo es utilizar esas rentas para la
eliminación de la pobreza, la insalubridad, y las asimetrías educativas, es decir, la
redistribución social de la renta minera.
Estas economías (basadas en el extractivismo) no han logrado establecer un esquema de
desarrollo que les permita superar la llamada “trampa de la pobreza” (Schuldt, Acosta 2002)
situación que da como resultado la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos
naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han
logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres.
En varios países de América Latina, el modelo de desarrollo neo-extractivista, que como
hemos podido ver tiene una larga historia en el continente, “ha estado ligado al control,
explotación y exportación del patrimonio natural; a las políticas de privatización que
31
impulsan la reprimarización de la economía; y a la destrucción de las economías locales, la
esclavización y el empobrecimiento de las poblaciones” (Svampa y Antonelli, 2009).
Según Correa (2005), el conflicto ambiental se define como las “controversias de
información, intereses o valores entre al menos dos grupos independientes, referidas a
cuestiones relacionadas con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y
de las condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad de vida de las personas”.
De igual manera, el conflicto socioambiental se entiende como aquellos conflictos que
“involucran a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un
determinado proyecto” Orellana (1999) citado por (Walter, 2009). En realidad no existe
“conflicto ambiental” sin dimensión social (Fontaine 2004).
2.6. Los Movimientos Sociales
En la obra de Charles Bergquist (1988), se sustenta la importancia de los movimientos
sociales de los trabajadores del sector primario exportador. Si la economía de un país o de
una región depende de estas exportaciones los M.S. vinculados a ese sector, van a tener
una importancia de primer orden, puesto que de ello depende, la obtención de divisas para
poder efectuar las importaciones necesarias de materias primas, bienes de capital y otras.
Con respeto al tema de movilizaciones sociales y respuestas de la comunidad se tiene a
Anthony Bebbington (2007), que en su libro aporta una discusión acerca de la expansión
minera y su influencia en las geografías del desarrollo rural y la reestructuración del espacio,
el medio ambiente, y la sociedad.
Para el caso Colombiano, Renán Vega Cantor, ha elaborado una amplia investigación en
cuatro volúmenes titulada “Gente muy Rebelde” (2002), donde estudia la historia de los
conflictos en que han participado diversos sectores sociales. Su objetivo es estudiar la
protesta popular en el marco de la modernización capitalista desde principios del siglo XX,
32
centrándose en el análisis de los enclaves norteamericanos del petróleo y el banano,
estudiando los casos de la lucha de los obreros petroleros, de Barrancabermeja con la
“Tropical Oil Company” y los conflictos de los trabajadores Bananeros de la “United Fruit
Company”, en el departamento del Magdalena.
Para este autor los enclaves son megaproyectos de empresas transnacionales que se ubican
en zonas atrasadas del país, a veces selváticas, arrasando con el medio y transformando
negativamente la vida de los habitantes e incluso llegando a exterminar culturas enteras
como los Yariguies en Barrancabermeja, por estas razones se origina el conflicto y la
protesta popular. La presencia de estas empresas trasnacionales resultó costosa para los
trabajadores, sus familias y la sociedad en general, puesto que las huelgas de 1924 y 1927,
en Barrancabermeja, terminaron con varios muertos y cerca de 300 colombianos
expulsados del país para la primera protesta. En el enclave de la UFCO, es conocida la
masacre de las bananeras, que se inició el 6 de noviembre de 1928, cuando una asamblea
de trabajadores y sus familias fueron ametrallados por el Ejército Nacional, con una cifra
aún no esclarecida de muertos (Vega, R. 2002, Pág. 321), y que relata magistralmente
Gabriel García Marques en “Cien años de soledad”.
Los movimientos sociales sindicales operan cuando los megaproyectos están en marcha y
aunque su objeto inicial es velar por las condiciones dignas de los asalariados y sus familias,
inevitablemente en esas luchas surge el nacionalismo y la lucha por la soberanía sobre los
recursos naturales (Escobar, 2007).
En cambio, los movimientos sociales cívicos que se forman para oponerse a los
megaproyectos, son conformados por las comunidades afectadas y su objeto es la defensa
del lugar y de la forma como se gana la vida, casi siempre, llamando la atención sobre la
vocación de los suelos y sus características. Estos movimientos resultan más amplios que
los sindicatos, porque su composición incluye la mayoría de habitantes de una localidad y
su entorno. Su permanencia en el tiempo da campo a diversas actividades como plantones,
33
marchas, bloqueos, foros, ruedas de prensa, actividades financieras, misas resignificadas,
entre otras.
Para esta investigación se tomó la definición de movimientos sociales de Mauricio Archila
(1992), en la que plantea que son todas “aquellas acciones colectivas más o menos
permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden
a ser propositivas en contextos históricos específicos… resaltamos dos aspectos que
conviene tener presentes a la hora de cualquier balance: el terreno del conflicto en que se
mueven los actores sociales es ilimitado y no se reduce a lo socioeconómico; y segundo los
movimientos sociales responden a asociaciones voluntarias y, en éste sentido, son también
comunidades imaginadas”. Surgen en el campo del conflicto y éste presenta innumerables
facetas que van desde lo socioeconómico a lo étnico-cultural, pasando por cuestiones
relativas al género, a lo ambiental, a lo ideológico, etc.
Sus métodos de actuación van desde las distintas formas de resistencia cívica y cultural,
hasta el bloqueo y la huelga o el paro cívico. Estos movimientos son impulsados por los
actores con identidad colectiva que logran crear, según Christian Adel Mirza (2002), “un
campo político de fuerza social en la sociedad civil.” En consecuencia, “los movimientos
participan por lo tanto de los cambios sociales históricos de un país y el carácter de las
transformaciones generadas podrá ser tanto progresista como conservador (…)”. Se parte,
entonces, de considerar a los movimientos sociales como nuevos sujetos históricos, que
bien merecen ser estudiados en su heterogeneidad y en las relaciones entre ellos, así como
en el papel político que vienen jugando en varios países latinoamericanos.
2.6.1. La Defensa del Lugar
Como se había mencionado en el título sobre modelo alternativo, desde Colombia, el
antropólogo Arturo Escobar (2005) en su libro “Más allá del tercer mundo, Globalización y
34
Diferencia”, divide su obra en tres partes, en la primera establece los conceptos de
globalidad imperial y colonialidad global, este último tomado de Walter Mignolo.
Esta conceptualización le permite a Escobar pasar a la segunda parte sobre la “Diferencia y
la Política del Lugar”, utilizando la noción de ecología política de Juan Martínez Allier, como
el estudio de los conflictos ecológicos redistributivos, ampliándolo a los conflictos
económicos, ecológicos y culturales, (Escobar, 2005, pág. 17), e ilustrando con los ejemplos
de los movimientos sociales del Pacífico sur de Colombia “Para comenzar con los
movimientos sociales, en particular los de los pobladores de los bosques tropicales,
invariablemente enfatizan cuatro derechos fundamentales: a su identidad, su territorio, a
una autonomía política, y a su propia visión de desarrollo, La mayoría de estos movimientos
son concebidos explícitamente en términos de diferencias culturales, y de la diferencia
ecológica que ésta significa.” (Escobar, 2005)
Por otro lado se basa en Todorov (1984), en cuanto a la “problemática de la alteridad o de
la otredad: ¿Cómo podemos aceptar al otro, que es distinto a nosotros como igual y como
diferente?, (Escobar, 2005, pág. 123). Se trata de una pregunta actual y decisiva para
entender las relaciones entre globalización, culturas y desarrollo. Hasta hoy existe la falsa
creencia que la diferencia “Es germen de conflicto e inestabilidad”, antes que de pluralismo
y verdadero desarrollo, por eso diferencia e igualdad, muy raras veces van juntas. La
relación entre lo local y lo global está pensada como una “red de historias locales – globales
construidas desde la perspectiva de una alteridad políticamente enriquecida...” (Escobar,
2005, pág. 125). El trabajo de Escobar concluye con las estrategias subalternas de
localización y avanza en la posibilidad de construcción de otros mundos a partir de la auto
- organización local.
En un artículo titulado “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿Globalización o
Pos desarrollo”, Escobar (2005 B) reconoce que son los activistas del pacífico colombiano
quienes en el marco de la confrontación con el desarrollismo depredador del bosque
35
tropical y con los funcionarios del gobierno, han llegado a la definición del concepto de
“biodiversidad” como “territorio más cultura” y al discurso de su región como una unidad
ecológica y cultural de grupos étnicos cuyo paisaje es resultado de una larga construcción a
través del tiempo por medio de prácticas cotidianas, culturales, ecológicas y económicas.
Con lo cual han elaborado una “visión de la ecología política de los movimientos sociales
del pacifico” (Escobar 2005B), que según nuestro autor, coincide con la de Enrique Leff
(2002), para quien resultan válidos dichos criterios en función de un “paradigma alternativo
de producción”, que supere la actual lógica que rige la economía.
La defensa del lugar no sucede aisladamente sino que requiere de redes nacionales y
globales que la protejan y la potencien con “redes reales y virtuales de todo tipo”; a través
de coaliciones de movimientos sociales”, de académicos, ONG, activistas, etc. Ante la
pregunta “¿tiene una verdadera oportunidad de redefinir el poder, y a cuáles niveles?”,
responde con la idea de Dirlik de que “las sobrevivencia de las culturas asentadas en el lugar
estará asegurada cuando la globalización de lo local compense las localizaciones de lo global
(Dirlink, 2000).
36
CAPÍTULO 3: COLOMBIA Y EL EXTRACTIVISMO EN LA ACTUALIDAD
Desde la apertura económica, realizada en Colombia en los años noventa, “las funciones del
gobierno se orientaron a facilitar la inversión extranjera y la explotación de los recursos
naturales, especialmente los mineros; se puede decir que el “desarrollo” en los últimos
años, se ha acrecentado por la implementación del modelo de extracción y exportación de
recursos”, (Estrada, 2010), teniendo como factor relevante la llegada y aceptación de
inversiones extranjeras que aportaron su conocimientos en la exploración y manejo de los
recursos, tales como el petróleo, el oro y otros minerales. Por lo anterior, en este capítulo
se identificaron los discursos y estrategias propuestas por los Gobiernos Colombianos,
desde 1990 hasta el 2017, en la implementación de un modelo basado en el extractivismo.
3.1. Apertura Económica y Nueva Constitución Política
El período presidencial de Cesar Gaviria (1990-1994), estuvo marcado por cambios
significativos para el país, como la implementación de la nueva Constitución Política de
Colombia de 1991 y sus respectivas reformas legislativas, la exigencia de las regiones por
mayor autonomía y sobre todo la apertura económica, que según el Conpes 2465
“Programa de modernización de la economía colombiana”, se convirtió en el primer paso
hacia la globalización del país (…) Gaviria expidió un nuevo documento Conpes, el 2494 del
29 de octubre de 1990, con el que puso el acelerador para sacar adelante la apertura.
“Teníamos claro que íbamos a desmontar los aranceles de forma gradual, en un lapso de
tres años y, además, el primer paso fue eliminar la licencia previa” Revista Dinero, (2013).
La Constitución Política en el ámbito ecológico “establece la obligación del Estado y los
particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, la primacía del
interés general sobre el particular, la función social y ecológica de la propiedad, el derecho
al ambiente sano como derecho colectivo y el alcance de la libertad económica, la cual tiene
como limitantes el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural” (Fierro 2012).
37
Con su Plan Nacional de Desarrollo (PND) “La Revolución Pacífica”, Gaviria planteó la
necesidad de transformar el modelo de desarrollo del sistema Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) -de la CEPAL-, que se había agotado, e implementar un
modelo basado en el libre mercado e inversión extranjera, con lo cual se modificaron los
aranceles (PND, 1991), que se encontraban en un 40% en años anteriores y se redujeron en
un promedio entre el 7% y el 10%, medida que fue tomada de forma unilateral por este
Gobierno, por lo tanto cientos de empresas colombianas medianas y pequeñas no pudieron
competir y quebraron.
A finales de 1993, se aprobó la Ley 99 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, (SINA) y se
dictan otras disposiciones”, en donde se establecieron unos elementos para la protección
de la biodiversidad del país entendiéndolo como patrimonio de la humanidad, se declara
que los nacimiento de agua, zonas de recarga de acuíferos y los páramos, entre otros, se
encuentran en “protección especial”, además de hablar del “carácter participativo del
manejo ambiental” y la aplicación del principio de precaución que indica: “cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente”. (Ley 99 del 1993)
De igual forma, esta Ley establece las licencias ambientales para todo proyecto que según
la normatividad existente, pueda producir deterioro grave al ambiente, como el desarrollo
de proyectos mineros. Con la implementación de esta Ley, se dio la necesidad de cumplir lo
dispuesto en la norma, por lo que se dispuso el Decreto 1753 de 1994, el cual definió la
reglamentación de los Títulos VIII y XII sobre licencias ambientales. Pero con el de Decreto
501 de 1997, se vio un retroceso en este tema, ya que se dejó de mencionar las licencias
ambientales en los casos de exploración minera, sin tomar en cuenta el peligro de alteración
del lugar, las garantías de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
38
los efectos ambientales del proyecto y los diversos conflictos socioambientales causados
por este ejercicio.
En el libro de la Minería en Colombia, se cita a Gaviria diciendo: “Al menos la mitad del
crecimiento de la economía en los próximos tres años debería ser aportado por la inversión
extranjera y mostraba ya cómo la minería y el sector energético eran los más dinámicos”
(Fierro, 2012). En la redacción del periódico El Tiempo de julio de 1994, Gaviria señala que:
“Si tenemos en cuenta que la producción minera nacional, incluyendo los hidrocarburos,
sobrepasó los 4.000 millones de dólares anuales y su contribución al PIB es del orden del 5
al 6 por ciento, representando entre el 40 y el 45 por ciento del total de las exportaciones
nacionales, entonces podremos concluir que estamos ante el reto de promover el sector
con el propósito de contribuir de manera permanente al desarrollo del país, además de
indicar la necesidad de “identificar nuevas fuentes de minerales, mecanismos que
garanticen el continuo abastecimiento de materias primas para el desarrollo industrial del
país y permitirá la producción de excedentes para exportación o la obtención de nuevos
productos con valor agregado” (El Tiempo, 1994).
En este mismo año se creó la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que trabaja
de la mano con el Ministerio de Minas y Energía. Si se tiene presente que en el período
presidencial de Gaviria las exportaciones de minerales eran cercanas al 45% (Fierro, 2012),
significa que ese sector fue uno de los beneficiados con la apertura económica e impulsó
en gran medida el modelo extractivista.
En 1994, asume la presidencia Ernesto Samper (1994-1998), con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) “El Salto Social”, el cual tenía como meta “formar un nuevo ciudadano
colombiano: más productivo en lo económico, más solidario en lo social, más participativo
y tolerante en lo político, más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más pacífico
en sus relaciones con sus semejantes, más consciente del valor de la naturaleza y, por tanto,
menos depredador, más integrado en lo cultural y por tanto más orgulloso de ser
39
colombiano” (DNP,1995, pág. 14). Dando a entender la complejidad de las reformas
sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales de la implementación de una nueva
constitución política y de un modelo neoliberal, con rostro humano.
Según Rodríguez Becerra (1995), en este período presidencial el reto estaba en la
implementación de una política ambiental determinada en la ley 99 del 1993, que estuviera
“acorde con las enormes obligaciones que el nuevo orden institucional y legal le otorga al
Estado y a la sociedad civil en materia de la gestión ambiental, con la responsabilidad
multisectorial por el cumplimiento de esas obligaciones y con la descentralización prevista
para su ejecución a través de las corporaciones regionales y las entidades territoriales. Por
eso desfilan no solamente las necesarias políticas de administrar y preservar los recursos
naturales renovables y el medio ambiente (agua, aire, flora y fauna, etc.) por parte del
Ministerio y sus entidades subordinadas, sino también aquellas que sobre su uso sostenible
atañen en forma central a los sectores productivos y de servicios, así como a los
departamentos y los municipios” (Rodríguez B. 1995).
Para Cesar Jaramillo (1997), la política de Samper fracasó, ya que buscaba saldar la gran
deuda social provocada en gran medida por la apertura económica y el modelo, “aumentar
la inversión social, fomentar el empleo, modernizar la educación, proteger a los sectores
productivos de la competencia extranjera y recuperar el campo” (Jaramillo 1997). Medidas
que fallaron en su implementación ya que no tomaron en cuenta la crisis inducida en los
diferentes sectores que no estaban preparados para la acelerada implementación de la
apertura económica, como en la industria y la agricultura. También dice que el crecimiento
estuvo sustentado principalmente por los sectores petroleros y mineros, los cuales son más
intensivos en capital que en mano de obra (El Tiempo, 1998; Dinero, 2008)
La siguiente administración fue asumida por Andrés Pastrana (1998-2002), con el PND
“Cambio para construir la paz”, que se proponía superar la creciente crisis social y
económica producto del modelo. Pretendía implementar una serie de estrategias de
40
construcción de infraestructura y minería a pequeña escala para el desarrollo del sector
rural, incentivando la generación de empleo y afianzando la inversión de privados. De igual
forma se planteó “el aprovechamiento de las regalías en beneficio de las regiones; por esto,
define como fundamental el conocimiento del potencial minero del país, la legalización de
la “minería al margen de la ley y de subsistencia hacia la legalidad y la sostenibilidad” (DNP,
1998, p. 423), y se inició el desarrollo de un programa de Minería para la Paz enfocado a
zonas de violencia, por medio del cual se fomente la explotación eficiente de los recursos
naturales” (Sánchez, 2013. Pág. 68).
comenta Fierro (2012) que “En Colombia, desde 1997 se postularon cambios en las políticas
y las normas mineras que inicialmente naufragaron en su paso por el legislativo, pero que
fueron finalmente impuestas como Código Minero en 2001” (Fierro, 2012), para Pastrana
(2001) hablando de este tema argumentaba que “El norte de nuestra política minera ha
estado debidamente señalado: hay que atraer nueva inversión privada al país y hay que
facilitar las actividades de los empresarios en materia de exploración y explotación de
minerales. Es claro que la efectiva vinculación de capital nacional y extranjero al negocio
minero depende tanto de la existencia y mantenimiento de reglas de juego claras”
(Pastrana, 2001), dando así su aprobación de un nuevo Código, que no se modificaba desde
1988.
Para el gobierno de Pastrana la minería fue una actividad prioritaria y central para la
implementación de su PND, que trabaja “tres líneas de acción que serán profundizadas en
los gobiernos ulteriores: el marginamiento del Estado de la exploración y exploración
minera, circunscribiéndose sólo al plano de la regulación, promoción y control del sector; el
énfasis en la importancia del sector para el desarrollo del país; y, la proscripción de la
minería de subsistencia como minería ilegal, promoviendo su conversión hacia la legalidad”.
(Sánchez, 2013, pág. 70).
41
El siguiente mandatario fue Álvaro Uribe, que por dos períodos consecutivos gobernó el
país, entre los año 2002 al 2010. El primer fue el que corrió entre 2002 y el 2006, con el Plan
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, con el cual se pretendía “brindar la
seguridad democrática, Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de
empleo, construir equidad social, Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado y
mejorar el entorno macroeconómico” (DNP -2002: 3-7).
Respecto a la minería se implementó un plan de exploración regional y global del subsuelo
Colombiano, para permitir la “promoción y entrega de concesiones de nuevos prospectos”
(DNP, 2002: 114) con el fin de aumentar los niveles de producción nacional de minerales
con criterios de sostenibilidad y eficacia, de igual forma pretendía reestructurar la
Autoridad Minera para descentralizar las decisiones, delegándole funciones de trámite,
contratación, fiscalización y liquidación de regalías, agilizar los trámites para la inversión
privada y optimizar procesos (DPN, 2002: 115-120)
En este período se puede decir que se realizó un diagnóstico tanto de las instituciones como
del modelo de extracción implementado hasta el momento, se dio una promoción de la
inversión extranjera, a través una política de “confianza Inversionista” (DPN, 2002: 13) la
cual “tuvo todas las prebendas, y el grueso de esa inversión fue al sector minero (…) nos
volvimos exportadores de bienes primarios, modelo que tiende a polarizar la sociedad
porque fortalece un sector muy rico que, como el minero, no transfiere tecnología, no
distribuye riquezas ni genera empleo” (AIL, 2010). La estrategia de crecimiento del país, en
el gobierno de Uribe, se basó en la explotación de los recursos naturales, para aprovechar
los altos precios que estas materias primas tenían en el mercado internacional, pero esta
iba ser una política económica que no se podía sostenerse en el tiempo, como
efectivamente ocurrió a partir de la crisis mundial del año 2008. (Colectivo de abogados,
2010).
42
En el segundo mandato de Álvaro Uribe (2006-2010) se implementó el Plan Nacional de
Desarrollo “Estado comunitario: desarrollo para todos”, que definió como principio la
“participación de inversionistas estratégicos en la exploración, explotación y desarrollo
sostenible de los yacimientos mineros” (DNP, 2007, p. 281). Esto para alcanzar un
crecimiento económico “sostenible y eficaz”.
Priorizó la actividad minera en los departamentos de “Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Cundinamarca, Huila y Santander, así como la explotación de minerales y materiales como
el carbón, coque, ferroníquel, esmeraldas, platino, cemento, creta y derivados de la arcilla,
definidos como competitivos a nivel internacional. En este punto, puede destacarse cómo
el departamento del Tolima no es definido entonces, en este plan, como prioritario en el
marco de la política minera, pese a que en este período se produce el descubrimiento del
yacimiento La Colosa; así mismo, el oro tampoco es considerado como un mineral cuya
extracción sea prioritaria. El PND del segundo mandato de Uribe todavía no contempla
acciones específicas frente a La Colosa, no obstante, su desarrollo contribuye con la
creación del marco institucional que hará posible su implementación” (Sánchez, 2013, pág.
72).
En este período se trabajaron dos documentos que centralizan la política minera del país en
un horizonte de 20 año, el primero es el Plan Visión Colombia 2019, coordinado por el
Departamento Nacional de Planeación con el cual se “marcó el derrotero que se materializa
en los planes de desarrollo sectoriales posteriores” (CENSAT, 2014, pág. 29). Y el segundo
documento El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 (PNDM- 2019), que tiene como
objetivo facilitar la actividad minera, promover el desarrollo sostenible de la minería y
fiscalizar el aprovechamiento minero (UPME, 2016);
El PNDM 2019, consiste principalmente en “hacer de la industria minera colombiana una
de las principales de América Latina. La propuesta es aumentar las exportaciones de carbón
43
a 100 millones de toneladas anuales e incrementar en cuatro veces la producción de oro y
la exploración geológica básica del territorio nacional” (CENSAT, 2014, pág. 30).
Estas propuestas políticas de desarrollo del sector minero se apoyan en la Ley 685 de 2001,
nuevo Código Minero firmado en el gobierno de Pastrana, en el que se establece entre otras
cosas que la actividad minera es de “utilidad pública”, lo que permite la expropiación de los
territorios y flexibiliza las exigencias ambientales para las empresas titulares de los
proyectos; además, se eliminó “el requisito de tener licencia ambiental en la fase
exploratoria, para el caso de la minería, y en la sísmica, para el del petróleo” (Ídem).
Para Estrada (2010) “el período 2002- 2009 se caracteriza, por una parte, por un aumento
significativo de la inversión extranjera directa, pues se incrementó 2.5 veces respecto del
período anterior, al ascender a 50,611 millones de dólares. Por la otra, por un cambio
sustancial en la composición, en la que los hidrocarburos y la minería se llevan la mayor
porción, seguidas de la manufactura, el transporte y las comunicaciones, los
establecimientos financieros, y el comercio, restaurantes y hoteles (…) El comportamiento
de la inversión de este período se explica en gran medida por los múltiples incentivos al
capital creados durante los dos gobiernos de Uribe Vélez y, en particular, por las reformas
a los marcos regulatorios en hidrocarburos y minería, hechas a la medida de los intereses
de las empresas trasnacionales” (Estrada, 2010).
En los dos períodos presidenciales de Uribe Vélez (2002-2010) “hubo un aumento inusitado
de la superficie de hectáreas con título minero otorgado o solicitado; en ese lapso se
multiplicó por ocho: pasó de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas (Rudas, 2010) y
además de ser noticia para inversionistas y analistas, significó un gran motivo de
preocupación para las poblaciones locales” (CENSAT, 2014, pág. 77). Esto aumentó la
cantidad de conflictos socio-ambientales con las comunidades afectadas por la obtención
de los títulos mineros por parte de los privados, principalmente.
44
3.2. La Locomotora Minera
El siguiente período presidencial fue asumido por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-
2014), en cuyo Plan de Desarrollo Nacional “Prosperidad Para Todos”, señala lo siguiente:
“El futuro ambiental de Colombia depende, en buena medida, de la calidad del desempeño
general de la economía y del fortalecimiento de la democracia”, también expone que “se
busca avanzar hacia la Prosperidad Democrática impulsada por cinco locomotoras”
(Vivienda, Infraestructura, Agricultura, Innovación y Minería) (DNP, 2011); Las cuales
conforman la estrategia de crecimiento económico sostenible y de competitividad como
pilar fundamental para alcanzar un mayor bienestar de la población.
El PND pretendía, a través de las reformas del sector minero, posicionar a Colombia como
uno de los principales países atractivos para inversión privada, además de “contribuir al
crecimiento económico, la generación de empleo, el aumento de las exportaciones, la
convergencia y el desarrollo regional mediante políticas responsables con el medio
ambiente” (DNP, 2011). La asignación presupuestal destinada para las cinco locomotoras
que jalonarían el desarrollo económico fue del 87,14% del total nacional, aquí se alcanza a
visibilizar la importancia del sector minero–energético para el país, ya que del porcentaje
mencionado le correspondió un 44% de inversión, es decir, más alta que la asignada a las
otras cuatro, (CENSAT, 2014, pág. 79).
En el marco de esta política minera uno de los temas que han estado continuamente en el
ojo del huracán es la llamada minería ilícita, por lo que los esfuerzos gubernamentales han
girado en la “erradicación de la extracción ilícita de minerales, la cual ha producido una mala
percepción de la sociedad colombiana hacia el sector minero, debido a los daños causados
al medio ambiente y la sociedad” (DNP, 2011: 280); Según Rodríguez (2013) la minería ilegal
agudiza el conflicto en Colombia, “existe una historia de transformación a través de
violencia, la cual se ha movido entre los negocios de explotación de los recursos” generando
un conflicto no solo social sino también ambiental que ha marcado una huella ecológica
45
irreversible; propone que se realicen estudios, ya que en el país no existen unos sobre
beneficios netos por la minería ni de costos ambientales y sociales, dificultando la
planificación del territorio y la toma de decisiones (Rodríguez, 2013).
En este PND (2010-2014) se definieron objetivos específicos para la locomotora minera, y
específicamente para la minería aurífera (oro). Se propuso “llegar a la producción de 72 Ton
anuales de oro, partiendo de una línea base de 48 Ton, puntualiza que el conocimiento
geológico del país debe pasar del 51% al 80%, que el tiempo de respuesta a los procesos de
otorgamiento de títulos mineros debe pasar de 514 a 90 días y llegarse a la fiscalización del
100% de los títulos mineros(...) De este plan debe destacarse, que reconoce La Colosa como
uno de los grandes emprendimientos mineros del país, junto con otros proyectos auríferos
como Marmato (Caldas), Gramalote (Antioquia), La Bodega (Santander), y proyectos de
explotación carbonífera como Cerrejón Zona Sur (Guajira), San Jorge (Córdoba), El Descanso
Sur (Cesar) y Cañaveral (Guajira); de modo que la explotación de oro comienza a ser
reconocida como un eje central de la política minera.” (Sánchez, 2013, pág. 72). Esto es
relevante ya que el caso de estudio de este trabajo se realiza en uno de los más grandes
hallazgos de este mineral como lo es La Colosa, ubicada en el municipio de Cajamarca
Tolima.
Colombia está entre los “países del mundo con mayor explotación minera, especialmente
de carbón, oro y níquel. En las cifras sobre crecimiento en el 2011, entregadas por el (DANE),
Colombia muestra un crecimiento del 5.9%, del cual el sector minero tiene la mayor
participación con el 14.3%; de las exportaciones, las materias primas en el 2011
representaron el 65% del total. Los precios del petróleo oscilaron por los U$100 dólares el
barril, el carbón 115 dólares la tonelada y el oro 1.600,50 dólares la onza. Esto habla de la
magnitud del saqueo” (Prensa Periferia, 2010).
46
En el documento que nos ocupa, se concluyó que los municipios que tiene desarrollo de
propuestas mineras, específicamente explotación de oro y plata, tienden a presentar
debilidad en la presencia institucional, vulnerabilidad socioeconómica, desplazamiento,
conflicto armado, informalidad en la propiedad de la tierra y una mayor vulnerabilidad
ambiental; Con respecto a las finanzas municipales comentan que “los municipios mineros
suelen tener más ingresos, más inversión y más gastos de funcionamiento, pero que al
comparar (con otros municipios no mineros) estas mismas variables per cápita, las
diferencias desaparecen”. (Ibañez, et al. 2012. Pág. 19). Se observa en el estudio que al
comparar datos mineros con variables institucionales, el impacto positivo de la minería
tiende a desaparecer.
En consecuencia, en los últimos cuatro períodos presidenciales el sector minero ha crecido
a un ritmo “superior al 11%. En 2013, la inversión extranjera privilegió el sector de petróleo,
hidrocarburos y minería, con 13.736 millones de dólares, el 81,6% por ciento del total
recibido. Ese monto representó un incremento de 2,9% con respecto a 2012, es decir que
se superaron las expectativas de las autoridades económicas, que esperaban que los flujos
del año anterior descendieran como consecuencia de la crisis económica internacional”
(CENSAT, 2014, pág. 30).
Para el segundo mandato de Santos (2014-2018), nos encontramos con el Plan Nacional de
Desarrollo “Todos por un nuevo país”, que muestra la importancia del sector para impulsar
el desarrollo sostenible y económico, con responsabilidad social y ambiental, con lo que
proyectó incentivar “la inversión privada a través del establecimiento de un esquema
regulatorio organizado y transparente, y de la dotación de bienes públicos al servicio del
sector, desde una visión territorial y ambientalmente responsable”. (DPN, 2015: 45). De esa
forma la autoridad minera continúa su proceso de fortalecimiento y consolidación a través
de la puesta en marcha del catastro y del registro minero.
47
En el primer período presidencial de Santos (2010 -2014), se crearon las Áreas Estratégicas
Mineras (AEM), las cuales cubrieron una extensión de cerca de 20.4 millones de hectáreas,
para fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero y aprovechar el
potencial minero del país. Fueron delimitadas por el Gobierno para que en ellas se lleven a
cabo labores de exploración y explotación de minerales estratégicos a gran escala, zonas
que serán entregadas mediante procesos de licitación pública a empresas privadas,
posiblemente trasnacionales (PND, 2010-2014. Art. 108).
Para el segundo período del Gobierno Santos, se ampliaron los alcances de las AEM en el
PND 2014-2018, por ejemplo: se indica que los estudios en los cuales se delimitarán estas
áreas son exclusivamente geológicos; que las AEM darán por terminada la delimitación
cuando las áreas evaluadas no sean seleccionadas, caso en el cual dichas zonas “quedarán
libres para ser otorgadas mediante el régimen ordinario del Código de Minas” (PND, 2014-
2018. Art. 20), señalando que esto se hará por tiempo indefinido. Además, creó las áreas
para el desarrollo minero-energético, que deben ser definidas en un término no mayor de
12 meses y reglamentó, entre otras cuestiones, que no podrán ser áreas de reservas para
el desarrollo minero aquellas delimitadas como páramos y humedales (Tierra Digna, 2014).
Con la Sentencia T-766/15 de diciembre del 2015, la Corte Constitucional declaró
inconstitucional las Resoluciones 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y
Energía la cual fijaba como potenciales zonas mineras 2,9 millones de hectáreas,
correspondientes a 313 bloques en 15 departamentos; Y las Resoluciones 0045 de 20 de
junio de 2012 y 429 de 27 de junio de 2013 emitidas por la Agencia Nacional de Minería que
delimitaron y declararon áreas estratégicas 17,5 millones de hectáreas, correspondientes
a 202 bloques, en la amazonia y en el chocó, “por medio de las cuales estas entidades
crearon y delimitaron 516 zonas específicas denominadas Áreas Estratégicas Mineras o
Bloques Mineros” (Tierra digna, 2015).
48
El Consejo de Estado en mayo de ese mismo año, suspendió dichas resoluciones como
medida provisional por violación del derecho fundamental a la consulta previa de
comunidades étnicas, “el cual consideró debe respetarse en la adopción de todas las
medidas administrativas y decisiones que busquen implementar planes de desarrollo y
explotación minera en el país”. (Tierra digna, 2015).
Siete meses después, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las Resoluciones a
través de las cuales se declaraban y delimitaban las Áreas Estratégicas Mineras, al analizar
“las consecuencias e impacto que las Resoluciones podrían tener para el equilibrio
ecológico y social de los territorios y concluyó que, al delimitar los territorios colectivos
como Áreas Estratégicas Mineras, se modificaría unilateralmente la destinación económica
y productiva de dichos terrenos” (El Heraldo, 2016).
Con esta decisión, la política minera expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo sufrió un
duro golpe, junto con las estrategias de fortalecimiento institucional de implementación del
catastro y registro minero y por supuesto frenó la entrega de importantes territorios
estratégicos de Colombia a la inversión extranjera.
Según la intervención del viceministro de Minas, Carlos Cante (2017), en el país “hay 8.866
mil títulos mineros vigentes en Colombia, 1.961 son de oro, de los cuales 402 se encuentran
en etapa de exploración, 661 en etapa de construcción y montaje y 898 en etapa de
explotación” (Min Minas, 2017).
En los informes de “Producción Y Exportaciones De Metales Preciosos En Colombia” del
Ministerio de Minas y Energía (2018), en donde se realiza la consolidación de los datos
históricos obtenidos en el país por los procesos de extracción minera específicamente oro
y plata, se tiene que la producción de oro para el año 2015 fue de 59,2 Ton, en el 2016 hubo
un aumento, quedando en 61,81 Ton, en el año 2017 se muestra una caída en la producción,
49
llegando a un total de 41,06 Ton (Min Minas, 2018); la más baja en un período de nueve
años. (Ver figura 1)
Mientras que en el año 2013, la producción del tercer trimestre de 11,29 Ton, fue pagada a
un precio de 410,25 millones de dólares, en el mismo período del año 2016 se produjo 11,28
Ton, por un valor de 381,17 millones de dólares; en el año 2017 en el mismo trimestre por
una cantidad de 11,43 Ton se recibieron 378,62 millones de dólares (Min Minas, 2018); es
decir durante los últimos cinco años se produce un ciclo descendente de los precios del oro
en el mercado mundial.
Figura 1: Histórico Producción De Oro
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, (2017); SIMCO,
En el boletín de consolidados del PIB del DANE (2018), se muestra que la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca crecieron un 4,9%, mientras que la explotación de minas
y canteras tuvo un decrecimiento del - 3,6%, de igual forma se presenta una desaceleración
de la industria manufacturera con un -0,1 (DANE, 2018); Esta importante caída de la
producción de oro en Colombia, demuestra que no se había tenido en cuenta, que se venía
50
de un excepcional ciclo del aumento de los precios de las materias primas en el mercado
internacional, estimulados por la demanda de países como China e India; pero que, como
era previsible, al entrar en crisis en la economía mundial desde el 2008 y posteriormente la
desacelerarse el crecimiento Chino e Indú desde el año 2013, caen los precios de la mayoría
de las “Commodities” (Svampa, 2011); derrumbándose con ello la idea de la locomotora
minera.
El Código Minero Decreto Ley 2655 De 1988
En este apartado es necesario comentar que antes de 1988, no existía en Colombia un
“código orgánico” que reglamentara de forma clara el ejercicio de la minería; “desde los
años 50 del siglo XX hasta el 88, existía una considerable dispersión respecto a quiénes eran
las autoridades competentes para el otorgamiento de permisos mineros y de recursos
renovables”, (Fierro, 2012) causando una considerable confusión ante el uso de los recursos
del suelo y subsuelo en el país.
El primer Código de Minas Nacional, Decreto Ley 2655 de 1988, estableció entre otras, que
“todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación
en forma inalienable e imprescriptible”; regula el aprovechamiento de los recursos por
parte de particulares a través de “título minero”, los cuales pueden ser “contratos de
concesión, licencias de exploración minera y registros mineros de canteras”. En este
documento no se encontraban las formas de regulación ni de implementación.
Así mismo, contemplaba unos “rangos” que definían el ejercicio de la minería como el
tonelaje que resultaba de la explotación del recurso por un período preciso, dando la
posibilidad de diferenciar la pequeña, la mediana y la gran minería, teniendo en cuenta el
material explotado: metales y piedras preciosas, carbón, materiales de construcción y otros,
de igual forma se diferenciaba el porcentaje de regalías según el material explotado (Dec.
Ley 2655 del 88: Art 15).
51
Definió la actividad minera como de utilidad pública e interés social en sus ramas de
prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y
comercialización. “Esta declaratoria tiene profundas implicaciones sociales y ambientales,
por la posibilidad de decretar expropiaciones de bienes y por la posibilidad de cambiar el
carácter de reserva forestal mediante el proceso de sustracción. No obstante lo anterior, el
carácter de utilidad pública e interés social es compartido por actividades tan disímiles
como la conservación ambiental y del patrimonio histórico, arqueológico y cultural, la
conservación de páramos y la construcción de vivienda e infraestructura de servicios”
(Fierro, 2012, pág. 181).
Colombia ya contaba con un Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto Ley 2811
de 1974, el cual establecía que “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social”; de igual forma realiza una compilación sobre las normas que existían hasta
el momento de reservas forestales y bosques; establecía normas de usos, cuidados y
restricciones de aguas, biota y suelos en función de su conservación y uso racional.
Especificaba los usos especiales de los recursos, para este caso los mineros, en los Artículos
146 y 147, sosteniendo que “Las personas a quienes se otorgue una concesión de agua para
la explotación de minerales, además de las previstas en otras normas (…) Y en el laboreo de
minas deberá evitarse la contaminación de las aguas necesarias para una población, un
establecimiento público o una o varias empresas agrícolas o industriales.” Dando así algunas
especificaciones técnicas necesarias para el ejercicio de la minería, pero que “fueron
ignoradas por el Código de Minas” (Fierro, 2012, pág. 182).
Esto puede verse en el Articulo 38 del código, en donde se especifica que “Junto con el
Informe Final de Exploración y el Programa de Trabajos e Inversiones, el interesado
presentará la declaración de impacto ambiental que el proyecto minero pueda causar, con
un breve enunciado de los correctivos y medidas que ofrece poner en práctica, para
52
eliminar o mitigar los efectos negativos de la operación extractiva sobre los recursos
naturales renovables y el medio ambiente. Esta declaración se hará en formulario diseñado
por el Ministerio, de abreviado y fácil diligenciamiento”, de lo cual podemos decir que existe
un desconocimiento sobre la normatividad ambiental vigente y el manejo integral del
recurso hídrico, al no mencionar los efectos que tendría la exploración, la explotación del
recurso y los permisos necesarios a que dieran lugar (Fierro, 2012. Villalobos, 2016).
Con la implementación de la Nueva Constitución Política Colombiana de 1991, llamada la
“Constitución Verde”, se da a los colombianos entre otras cosas el derecho a gozar de un
ambiente sano, garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que se tomen
y pueda afectarlos y establece acciones de tutela, las acciones de cumplimiento y las
acciones populares entre otras como herramientas de participación. Además se tomó como
deber del Estado el "Proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" (art
79); se han venido aprobando una serie de leyes para reglamentar lo estipulado en esta
carta magna, como la Ley 99 de 1993, donde se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA y
el Ministerio del Medio Ambiente, y la Ley 388 de 1997 de Planificación y Ordenamiento
Territorial.
Específicamente en el artículo 332 de la Constitución, el cual establece que “El Estado es
propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las Leyes preexistentes”. Pero en
ningún momento se modifican las normas que hablan sobre la propiedad de la Nación sobre
yacimientos de hidrocarburos y las excepciones a la propiedad privada.
3.3. Nuevo Código Minero Colombiano - Ley 685 Del 2001
A finales del gobierno de Samper, se impulsa una modificación al Código Minero, con apoyo
de instituciones canadienses como la Canadian International Development Agency -CIDA–
y el Canadian Energy Research Institute –CERI-, que a través de un convenio con el
53
Ministerio de Minas y Energía, participaron en la creación del nuevo código para el ejercicio
de la minería en el país, situación que fue auditada por la Contraloría General, entidad de
control, la cual expresa que “para el Estado, la ejecución de este tipo de convenios de
cooperación internacional en los cuales un país, Canadá” (CGR, 2000), puede influir en el
beneficio de las empresas interesadas trasnacionales, además de “la inconveniencia del
hecho de que el conocimiento geocientífico del país fuera “exportado” a un país extranjero”
(Fierro, 2012. Pág. 182).
En el 2001, bajo el período presidencial de Pastrana se aprobó la Ley 685, el Nuevo Código
Minero Colombiano, que tiene como objetivo “fomentar la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas
actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los
mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y
normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente,
dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y
social del país” (Ley 685 del 2001). Con esto se han generado una serie de conflictos
alrededor del uso del agua, el manejo integral de los ecosistemas, del uso del suelo y el
subsuelo y la función del Estado respecto de la minería, entre otras cuestiones.
En este Código, el Estado colombiano representado por la autoridad minera, adquiere una
función de administrador y principalmente el de promotor del sector, mostrando los
beneficios fiscales y regulatorios avalados por la Ley; también se implementa la figura de
contrato de concesión, con el fin de traspasar los derechos entre empresas privadas –la
gran mayoría extranjeras- y el Estado, para la exploración y explotación de los yacimientos
del país. De igual forma se equiparan los requisitos para la implementación de cualquier
tipo de actividad minera, sean extracciones ancestrales en pequeña escala o megaproyectos
de gran minería (Fuentes, 2015).
54
Uno de las mayores desacuerdos que ha generado la implementación de este nuevo Código,
gira alrededor de la eliminación de la pequeña minería o minería artesanal reconocida en
el antiguo código, Ley 2655 de 1988, introduciéndola ahora en una sola categoría con la
minería informal, lo cual creó una gran confusión ya que se igualaron las diferentes técnicas
de extracción, los impactos producidos y posibilita la estigmatización de los pequeños
mineros, sin tener en cuenta los territorios, las culturas propias de las comunidades y sus
formas tradicionales de subsistencia (Galvis, 2012).
Con respecto a las licencias ambientales, encontramos en este Código que no son una
exigencia para casos de exploración, incrementando, como ya se había comentado, el
conflicto con las comunidades afectadas en este proceso. Además, se “eleva la duración de
la concesión a 30 años más dos posibles prorrogas, que combinado con el artículo 228 de
estabilidad de regalías, hace perder el control de la explotación y la rentabilidad minera
para el Estado Colombiano. En el Capítulo 22 de dicho código, Aspectos Económicos y
Tributarios, se hizo una reforma tributaria para las transnacionales, reforma que no se
compadece de la grave situación fiscal por la que atraviesa el Estado colombiano” (Duarte,
2012).
En el Código se definen, con cierta controversia, aquellas “zonas excluibles” de minería, las
cuales “serán las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional
y zonas de reserva forestales” (Ley 685/2001, Art 34) , pero estructuras de importancia
ecológica como los páramos, los humedales, las reservas forestales protectoras, las cuencas
abastecedoras de agua y las selvas amazónicas no son protegidas ni excluibles,
desconociendo las normas ambientales. “Para el 2008 se encontraba titulado cerca del 10%
de los ecosistemas de páramos y en solicitud cerca del 50%; aproximadamente el 70% del
total del área andina colombiana –incluido el Chocó biogeográfico- se encontraba titulada
o solicitada para la minería, sin respetar las cuencas abastecedoras de agua, páramos, zonas
de reserva campesina, reservas forestales, etc.” (Arias, Pág. 59, 2013)
55
Figura 2: Mapa de zonas protegidas vs Títulos mineros
Fuente: Presentación Legislación ambiental y minería, reflexiones para el caso Colombiano. Fuentes A. (2015 Una de las cuestiones que causó y sigue causando conflicto es la declaratoria de la industria
minera en todas sus fases como de “utilidad pública e interés social”, dando la posibilidad
de expropiar algunos territorios para el desarrollo del ejercicio minero privado, generando
una confrontación entre comunidad e industria. “El Código abunda en contradicciones,
errores de forma, dispersión de los temas e incoherencias que pueden ilustrarse buscando
la necesidad de licenciamiento ambiental para la fase de construcción y montaje o la
definición de si la transformación hace o no parte de la industria minera. Esta ley interpreta
las normas ambientales, territoriales y étnicas preexistentes ignorando preceptos
constitucionales” (Fierro, 2012. Pág. 185)
56
En el año 2010 se presentó ante el Congreso de la República, una Reforma al Código de
Minas, la Ley 1382, en la cual se querían solventar todas aquellas falencias presentadas en
la Ley 685 del 2001, como las zonas excluibles de operaciones mineras, que serían delimitas
por el Ministerio de Ambiente, por ejemplo los páramos, generando un mayor control de
los recursos naturales no renovables; así mismo se aclara que las licencias ambientales son
concedidas por las autoridades competentes luego del estudio de impacto ambiental, el
cual debe ser otorgado en los casos de obras de infraestructura; el montaje y la explotación
de dichas áreas, entre otras cuestiones a modificar (Galvis, 2012).
La reforma propuesta diez años después, fue declarada inconstitucional, ya que no fue
consultada a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de la radicación del
proyecto de ley por parte del Ministerio de Minas y Energía, ni durante su trámite en el
Congreso, con un efecto diferido a dos años; por lo que los esfuerzos para ajustar el código
minero fueron invalidados, dejando a la Nación con serios conflictos socioambientales
derivados de los errores de forma que se presentan en el mencionado Código (Poveda,
2013).
En el año 2016, se presenta la Política Minera de Colombia: Base para la minería del futuro,
en donde el Ministerio de Minas y Energía busca fortalecer el sector minero, organizándolo,
coordinándolo, volviéndolo más competitivo y copilando las diferentes normas y políticas
que se han implementado en el país. En su visión dicen “En 2025 Colombia contará con un
sector minero organizado, legítimo, incluyente y competitivo, generador de desarrollo tanto a nivel
regional como nacional, y que servirá de apoyo para el apalancamiento del postconflicto. Esto se
logrará a través de estrategias y proyectos que mejoren las condiciones de seguridad jurídica,
aumenten las condiciones competitivas, generen confianza legítima, optimicen la infraestructura,
brinden información oportuna y de calidad y que permitan una institucionalidad minera eficiente y
fortalecida” (Res Min Minas No.40391 de 2016).
Según esta Resolución Colombia es país con tradición minera, que ha cumplido un papel
fundamental para el desarrollo del país, pero que debe estar preparado para los retos
57
venideros, tomando en cuenta los posibles cambios en los precios internacionales de los
minerales, la producción de dichos, la extracción ilícita, los conflictos sociales, coordinación
entre autoridades mineras y ambientales, entre otros. La Política se enfoca en seis (6)
pilares estratégicos: seguridad jurídica, condiciones de competitividad, confianza legítima,
infraestructura, información y fortalecimiento de las instituciones mineras.
Uno de los aspectos más importantes de la Política es la clasificación de la minería (Gran
minería, Mediana minería, pequeña minería y minería de subsistencias además de tomar
en cuenta la ilegal o ilícita); analizando con cada una de estas según su capacidad técnica,
operativa, buenas practicas mineras, regulación y con el acompañamiento de las entidades
adscritas al Ministerio.
Por el contrario a estas intenciones, Pardo (2017) señala que el sector minero se encuentra
en moratoria con el país, ya que se venía desarrollando procesos de extracción de recursos
naturales con un débil código minero que se encuentra “viciado de inconstitucionalidad e
inconformidad social … la Nueva Política Minera no incluyó aspectos vitales emanados de
los fallos de la Corte Constitucional y, por el contrario incluyó recomendaciones para bajar
los impuestos a las multinacionales, amarrando la carga impositiva a los precios
internacionales.” (Pardo 2017); En fin, una política minera seria y coherente con las
necesidades sociales y ambientales está por hacerse.
En resumen, como principal resultado de la identificación y análisis de los distintos
discursos, planteados en los últimos cinco gobiernos, correspondientes al primer Objetivo
de esta investigación y desarrollados en capítulo anterior, se pueden destacar los siguientes
aspectos:
Los actores gubernamentales han venido legitimando el discurso de desarrollo y progreso
del país, bajo un proceso liderado por los organismos internacionales y las corporaciones
transnacionales. En el fondo, estos cinco gobiernos coinciden en el discurso de la necesidad
58
del crecimiento económico basado en la inversión extranjera, para la explotación de los
recursos naturales.
Para este objetivo del discurso se han apoyado en los propios interesados, como fue el caso
del gobierno canadiense, una trasnacional y una entidad de investigación de ese país que
forma parte del centro del sistema mundial, las cuales han influido en los principios de
legislación que paradójicamente se les aplicó a ellos mismos. Esto es una muestra de la
grave dependencia de nuestro país, como lo había demostrado el profesor Theotonio Dos
Santos.
Si tomamos en cuenta que según Harvey (2004) la “acumulación por desposesión”, que se
diferencia de la “acumulación originaria”, en que mientras ésta última contribuyó a la
creación del sistema capitalista, la otra sigue sirviendo para mantenerlo en pie. En los
últimos 30 años sintetizados en “el Consenso de Washington”, sobresalen medidas como
las privatizaciones de la tierra y los recursos naturales; la afectación de la propiedad
comunal y campesina; la inversión extranjera para proyectos de extracción a gran escala; y
la inequitativa distribución de la renta; todas éstas, aplicadas en Colombia y en América
Latina.
De conformidad con lo anterior, lo estratégico de los discursos ha sido el afianzamiento de
la inversión extranjera en el sector minero; para el crecimiento económico del país, es decir,
se han apoyado en un modelo de desarrollo sustentado en el extractivismo. El aumento de
las actividades mineras de manera indiscriminada a nivel nacional y el apoyo gubernamental
a la inversión privada para la exploración, explotación y exportación de dichos recursos
naturales, ha generado una serie de conflictos socioambientales que hacen necesario
repensar el modelo.
CAPÍTULO 4: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO MINERO LA COLOSA Y SUS
PRINCIPALES ACTORES EN CONFLICTO
59
Para poder comprender el contexto en el que se desarrollan las dinámicas de intervención
por el proceso de extracción minera en el municipio de Cajamarca, Tolima, es necesario
realizar un reconocimiento histórico y socioeconómico del territorio, de igual forma, realizar
una descripción ambiental del lugar, una caracterización del proyecto minero a cielo abierto
“La Colosa”, además de determinar los actores en disputa.
4.1. Contexto Histórico y Socioeconómico De Cajamarca.
Cajamarca Tolima es el municipio considerado como la “Despensa agrícola de Colombia”,
fue habitado por los pueblos indígenas Pijao, Anaime y Tochas, los cuales presentaron
resistencia a los colonizadores españoles, dando como resultado su exterminio. En 1867 se
presenta un auge de colonos antioqueños que se ubicaron y fundaron la población de
Anaime, quienes buscaban “tierras que pudieran ser destinadas a la agricultura o a la
ganadería, las tierras de este municipio satisficieron a los recién llegados, quienes “se
quedaron a descuajar monte, sembrar maíz a destajo, criar ganado y cerdos” (Marín, 2013).
Anaime fue erigida como cabecera municipal en el año 1908.
En 1912 el arzobispo de Ibagué, Ismael Perdomo Borrero, compra algunas tierras del sitio
conocido como la Meseta, que eran propiedad de don Manuel Gómez, fundando un nuevo
poblado que llevó el nombre de San Miguel de Perdomo, pero que el 27 de marzo de 1913
cambia su nombre por Cajamarca, que en lengua Quechua significa –“Tierra fría” (Alcaldía
Cajamarca, 2014). Por disposición de la Asamblea Departamental en 1916, la cabecera
municipal fue trasladada de Anaime a esta nueva población, convirtiéndose Anaime en el
único corregimiento del municipio.
A lo largo de la historia del municipio se han sucedido desplazamientos de migrantes a este
territorio como, italianos, libaneses y árabes, que desarrollaron diversas actividades,
fundamentalmente negocios rentables en el centro urbano. Igualmente, llegaron
santandereanos y cundinamarqueses, que transmitieron su tradición agrícola al municipio
(Alcaldía Cajamarca, 2014).
60
Cajamarca limita al norte y oriente con Ibagué, al sur con los municipios de Rovira y
Roncesvalles, por el occidente con el departamento de Quindío (Salento, Calarcá y Pijao), lo
que la ubica en la parte alta de la cordillera central (EOT Cajamarca, 2012).
Figura 3: Mapa Veredal del municipio de Cajamarca.
Fuente: Corporación Autónoma Regional Tolima- CORTOLIMA, 2010
El municipio cuenta con una extensión total de 520 kilómetros cuadrados, de los cuales 166
corresponden a su área urbana y 354 a área rural. Además del corregimiento de Anaime,
está integrado por 39 veredas (EOT Cajamarca, 2012). Su ubicación es estratégica porque
su área urbana es atravesada por la vía Panamericana, principal eje vial del país,
convirtiéndose en un paso obligado para la comunicación terrestre entre el centro y el
occidente del país (Alcaldía Cajamarca, 2014).
El sistema hídrico del municipio forma parte de la cuenca mayor del río Coello, el cual circula
por los municipios de Rovira, San Luis, Espinal, Flandes e Ibagué, sus afluentes principales
son los “ríos Bermellón, Anaime, Toche, Tochecito, y las Quebradas Chorros Blancos, La
Plata, La Cerrajosa, La María, Maravelez, Carrizales, Potosí, Cucuana, la Unión, San Rafael,
61
Pajarito, Dantas y San Antonio, entre otras” (EOT Cajamarca, 2012). El agua superficial es
utilizada para consumo humano, riego y producción agropecuaria y surten a los acueductos
de Ibagué, Coello, Espinal y Cajamarca, siendo beneficiaros seca de 550.000 habitantes
(Arango, 2014).
Figura 4: Cuadro “Arracacha de Cajamarca”
Fuente: Cuadro “Arracacha de Cajamarca”, Autor Pedro Ruiz, exposición Oro Vital Cajamarca. 2017.
La economía del municipio de Cajamarca se basa en la agricultura, siendo llamada la
“despensa agrícola de Colombia”, es uno de los principales productores a nivel nacional de
arracacha (55,1% producción nacional, MADR, 2012). Se debe resaltar que, una de las
estrategias en defensa del lugar que se implementó por parte del movimiento social-
ambiental Cajamarcuno, fue el de utilizar el arte como herramienta para crear una
conciencia bajo el lema “Si a la vida, no a la mina”. Una de estas expresiones fue la
“exposición Oro Vital Cajamarca” que se inauguró el 28 de octubre del 2017 en el Museo
de Arte Moderno en Bogotá, en la cual se encuentra plasmado la diversidad del territorio y
en donde la arracacha es protagonista de la exposición.
En Cajamarca se cultiva café, fríjol, arveja, maíz, frutales árboles frutales de clima templado
y frío como tomate de árbol, granadilla, mora, uchuva entre otras. Se caracteriza por ser el
62
primer productor departamental de “hortalizas con 250,84 hectáreas y productos como
colicero, pimentón, banano, plátano (…) se encuentra ganado vacuno, equino de labor y
porcino convirtiéndose en renglón económico importante; sus ganaderos comercializan la
leche y el queso” (Cortolima, et, 2006). Demostrando así que este territorio posee una
vocación agrícola y ganadera, de suma importancia para el resto del país.
En el casco urbano se puede ver un creciente aumento de la prestación de servicios
(hospedaje, alimentación y venta de productos agropecuarios), debido en gran medida a la
vía Panamericana, “aunque esta vía influye en la economía del municipio, no representa
una fuente significativa de recursos económicos, ni de empleo para la población, en
comparación con la producción agrícola” (EOT, 2012).
Con respecto a la fauna típica de la región encontramos varias especies de aves, mamíferos
pequeños y medianos, algunos en vía de extinción como el oso de anteojos, el venado cola
blanca, además de reptiles y peces. Son característicos de este territorio el Cedro, el
Arboloco, el Aliso, el Ensenillo, el Trompeto, Siete Cueros, el Laurel, la Flor Amarilla entre
otros (Arango, 2014).
Según Hernando Romero, de la Asociación por la Defensa de la Minería Responsable
(Aprominca) “la actividad minera en Cajamarca no era relevante, se realizaba sobre los río
Berbellón, Toche, Coello y Cocora, se ha hecho minería por muchos años, tanto así que aquí
se asentó una comunidad indígena Los Pijaos ellos barequeaban y comercializaban con los
Quimbayas que hacían alfarería y los tolimenses no. Posterior a eso se empezaron a hacer
excavaciones, se empezó a hacer minería subterránea, varias minas. Vinieron canadienses,
alemanes, españoles buscando oro, por el mismo conflicto social y político que hubo en
Cajamarca y en toda la cordillera, fue por la época de la guerra liberal-conservadora,
después llegaron las FARC, siempre ha habido por 50 - 60 años conflicto armado, ellos no
han permitido que la actividad minera se desarrollará” (Entrevista Hernando Romero, mayo
2016)
63
El municipio se caracteriza por la presencia de minerales como el oro y plata, de igual forma
se encuentran minerales no metálicos como el grafito y materiales de construcción como
gravas y arena. En el municipio se encuentran localizados 31 títulos mineros, otorgados por
el Ministerio de minas y energía, de ellos 21 corresponden a la multinacional Anglo Gold
Ashanti, los otros son para explotación de materiales de construcción (Arango, 2014).
4.2. Descripción Del Proyecto La Colosa
En el año 2007, se anuncia el hallazgo de la reserva de oro más grande de Colombia, en el
municipio de Cajamarca, Tolima, siendo una de las “10 más grandes del mundo” (El tiempo,
2007), en este mismo artículo se comentan que desde el año 2003, la compañía
sudafricana Anglo Gold Ashanti (AGA), venía realizando actividades de exploración, además
de realizar compras de predios aledaños a la mina “La Colosa” (AGA, 2011).
Según la investigación realizada por Colombia Solidarity Campaign (CSC, 2013), la AGA venía
realizando estudios en el territorio nacional desde finales del año 1999, pero conocida como
la “Sociedad Kedahda S.A.” (Pág. 32) la cual operó bajo este nombre hasta 2003, año en el
cual se constituyó legalmente como filial para colombiana de la Anglo Gold Ashanti. Debido
al anuncio, del entonces presidente de la república Álvaro Uribe, “sobre el hallazgo del
yacimiento de oro más importante para Colombia, en Cajamarca” (El tiempo, 2007), la
empresa minera hizo público, con renuencia, que todo el ciclo minero se llevaría a cabo por
ésta.
Es de aclarar que el proceso de los contratos de concesión para iniciar la etapa de
exploración (Código Minero, Ley 685 del 2001) en el municipio de la Cajamarca, fue
realizado por la Sociedad Kedahda S.A., en el año 2006, un año antes que se anunciara dicho
hallazgo. Fueron suscritos dos “contratos de concesión”, el EIG163 del 2 de noviembre y el
GGF151 del 14 de noviembre del 2006, los cuales tiene como objetivo la “exploración
técnica y explotación económica de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados
64
y demás minerales concesibles, así como de los subproductos de su explotación (…) El área
de concesión del contrato EIG163 corresponde a una extensión superficiaria de 2.581 ha y
8.312 m2. El área concesionada a través del contrato GGF151, corresponde a la finca Bélgica
que tiene una extensión de 1.831 has y 6.222 m2.” (Sánchez, 2013, pág. 58 -59.).
Para Colombia Solidarity Campaign “La creación de empresas filiales es práctica común de
las multinacionales, sobre todo en el caso de proyectos de riesgo compartido (…) Esta
práctica puede ofrecerles ventajas administrativas, además de permitirles mantener un
bajo perfil con respecto a la cobertura y alcance de sus operaciones” (CSC, 2013, pág. 32)
Según la empresa (AGA, 2008), entre el año 2000 y 2003 se realizaron visitas a la zona, en
las cuales se realizaron estudios de suelo y de aguas, en los que encontraron presencia de
este mineral en cantidades significativas, pero fue en el 2004 que se implementó un
programa de exploración tipo Greenfields o desde cero, “con el objetivo de descubrir
depósitos minerales de larga vida, con bajos costos de explotación. De la mano de este, se
desarrollaron 42 procesos de exploración alrededor del mundo de los cuales ocho se
hicieron en Colombia, siendo La Colosa uno de ellos” (Sánchez, 2013, pág. 55).
Esta exploración dio como resultado dos hallazgos de oro significativos en Colombia, el
primero en el municipio de San Roque, Antioquia, llamado “Gramalote” y el segundo en
Cajamarca, Tolima, mejor conocido como “la Colosa”, puesto que la zona de intervención
está ubicada en el nacimiento de la quebrada que lleva este nombre, se localiza a 14
kilómetros al occidente del centro urbano del municipio de Cajamarca y 30 kilómetros al
oeste de Ibagué (TERRAE, 2016). La Anglo Gold Ashanti propuso la implementación de un
proyecto de extracción minera a cielo abierto en el municipio del Cajamarca,
específicamente en el cerro La Gula ubicado entre las veredas La Luisa, La Paloma y El
Diamante, las cuales se encuentran entre los “2.650 y los 3.400 msnm” (POMCA, 2006), la
empresa indica que “el oro esta superficialmente disperso por un área de cerca de 515,75
65
hectáreas de la zona y que es necesaria la explotación con un método de minería a cielo
abierto” (AGA, 2011).
Este sector se caracteriza por poseer un sistema hídrico compuesto por las quebradas La
Arenosa y La Colosa, estas desembocan en la quebrada La Guala, que a su vez tributa en la
subcuenca del río Bermellón, uno de los afluentes principales de la cuenca mayor del río
Coello. García (2010, Pág. 60) plantea que “El marco geográfico de La Colosa es la llamada
estrella hídrica del Tolima, una zona de 160 nacientes de agua, y la cuenca del río Coello, así
como los ecosistemas que los sustentan: páramos, bosques de niebla y zonas forestales
protectoras y productoras”.
Para Sixto Forero, líder comunitario y ex concejal del municipio de Cajamarca, “hay un
problema grande y es lo que más miedo nos da a nosotros y es que el proyecto está cercano
a la cuenca del río Berbellón, que esa microcuenca abastece una cuenca mayor que es la
cuenca del río Coello y esa cuenca en la parte plana del Tolima, en los municipios de Coello,
San Luís y Espinal es la principal abastecedora para dos acueductos, pero sobre todo para
44.000 hectáreas mínimas del Distrito de Riego de Coello que es donde se cultiva el arroz
del Tolima, eso nos preocupa” (Entrevistas Sixto Forero, junio 2015). Siendo el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico uno de los temas de mayor discusión frente a la
implementación del proyecto minero, ya que no solo afectaría a las comunidades del
municipio, sino que a su vez generaría un impacto en la economía y en el equilibrio
ecológico de la región (García, 2010)
Con respecto a la implementación del proyecto, la AGA explica que se encuentra
desarrollando las dos primeras etapas de la exploración, asociadas a la “exploración
geológica de superficie, ya fueron superadas, en el marco de estas, se realizaron procesos
de prospección a través de los cuales se tomaron muestras en sedimentos de quebradas y
en afloramientos, con base en las cuales se elaboraron cartografías de ubicación de las
anomalías de oro identificadas”. (AGA, 2011; 2012).
66
Figura 5: Localización del área de influencia de la Colosa.
Fuente: CORTOLIMA, 2010
La empresa continua explicando lo siguiente “La etapa actual de la fase de exploración,
corresponde a la exploración geológica del subsuelo (…) esto con el fin de extraer núcleos
de roca que son procesados en laboratorio, con el fin de clasificar los minerales que en ellas
se hallan y calcular su concentración; las perforaciones realizadas en el caso de La Colosa
tienen un diámetro de entre 4,2 cm y 7,2 cm y se realizan a profundidades que oscilan entre
los 100 y los 600 m” (AGA, 2011). Para poder entender lo anterior se definirán las cinco
etapas del proceso minero, establecidas en el Código minero - Ley 685 del 2001, las cuales
serán la base para el análisis de desarrollo y avance del proyecto minero “La Colosa”.
Aunque en el Código Minero, Ley 685 del 2001, en el proceso de firma de los contratos de
concesión, solo toma en cuenta tres etapas: la de exploración, la de construcción - montaje
y la de explotación; es necesario considerar que éste código también debería regularse
67
como etapas, debido a su importancia, la “Prospección”, en la cual la empresa llevo a cabo
estudios básicos para presencia de minerales en diferentes zonas del país desde el año 2000
(CSC, 2013) y la de “Cierre y Abandono” , la cual solo se daría si el proyecto llegara a
realizarse, pero es de vital importancia para la restauración y recuperación de las zonas
afectada por la mina (URT – ANM, 2015).
ETAPAS DEL PROCESO MINERO VS PROYECCIÓN AGA PROYECTO MINERO “LA COLOSA”
ETAPAS ACTIVIDAD LICENCIAS PROYECCIÓN AGA
Prospección Identificación de áreas con potencial minero
Pre factibilidad 2010-2017
Exploración Exploración técnica, Búsqueda de depósitos minerales, Incluye métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos,
Guías minero ambientales, Y permisos a que dé lugar
Factibilidad y licenciamiento 2016-2018
Construcción Y
Montaje
Construcción e instalación de infraestructura Montaje necesario para las labores de explotación
Licencia ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Programa de Trabajos y Obras – PTO
Construcción y montaje 2018-2024
Explotación Construcción e instalación de infraestructura Montaje necesario para las labores de explotación
Licencia ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Programa de Trabajos y Obras – PTO
Operación a partir de 2021. La fase de explotación según Ley 685 del 2001 es de 24 años, y se puede prologar por 30 años más.
Cierre Y
Abandono
Obras de restauración y recuperación
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Trabajos y Obras – PTO
Fuente: Elaboración Propia, basado en: Ley 685 del 2001, Cartilla Minería Preguntas frecuentes (URT y ANM -2015), AGA (2011- 2015).
En el anterior cuadro se puede observar la proyección realizada por la Empresa, tomando
en cuenta que en su proceso de pre factibilidad y factibilidad, se visibilizaron tres escenarios
posibles (El técnico, el socioambiental y el de Infraestructura), necesarios para el desarrollo
de su proyecto aurífero a gran escala.
El primer conocimiento que tuvo la comunidad Cajamarcuna con el proyecto a gran escala
de minería aurífera “La Colosa”, fue a través del anuncio del entonces presidente Álvaro
Uribe a finales del año 2007 (El Tiempo, 2007), el cual generó incertidumbre frente a la
implementación de éste y sobre todo a la transformación de su territorio y de sus formas
de subsistencia (Entrevistas Pérez, 2015; Rojas, 2015; Mejía, 2015).
68
El descubrimiento de La Colosa, y su posterior exploración ha dado como resultado una
valoración mucho mayor a la pronosticada en un principio, según Rafael Herz, presidente
ejecutivo de la Anglo Gold Ashanti, en una entrevista en el 2012 aseguró que la “Proyección
de oro pasó de 12 millones de onzas cuando se retomó el proceso de exploración en 2010
a una cifra de 16 millones de onzas en septiembre de 2011 y hoy estamos estimando que
esa cifra podría ser de 24 millones de onzas"(Agencia EFE, 2012). En años posteriores se ha
venido triplicando esta cantidad en la proyección, actualmente se habla de “35 millones de
onzas al año según un cálculo de los inversionistas” (CSC, 2013) , dándonos a entender que
este megaproyecto minero a cielo abierto es uno de los más importantes para esta empresa
trasnacional y coloca al departamento del Tolima en el epicentro de un debate nacional e
internacional que gira entorno a los posibles conflictos generados por la implementación
de esta práctica de extracción impulsadas por los dos últimos cuatro gobiernos.
4.3. Dinámicas de intervención entre actores
Para poder desarrollar este apartado es necesario entender que la comunidad de Cajamarca
solo tuvo conocimiento de la implementación en su territorio de una mina a gran escala de
explotación de oro, hasta el anuncio por medios de difusión nacional del entonces
presidente Álvaro Uribe, por lo que el ejercicio de intervención entre la Anglo Gold Ashanti
y la comunidad Cajamarcuna inicia a principios del 2008 y ha estado marcada por un
accionar simbólico (Melucci, 1992; Alexander, 1995) que ha trascendido lo local para
impactar lo regional y lo nacional, además de poner en el debate público el proyecto de
minería a cielo abierto “La Colosa”, en una de las despensas agrícolas más importantes de
Colombia (CSC, 2013; Pulido 2015; Duran, 2017)
El accionar de la empresa minera se ha mantenido en la idea que el megaproyecto la Colosa
traerá desarrollo a la región, esto lo han promovido mediante visitas guiadas al campo de
exploración y procesamiento de la AGA en la vereda La Luisa, desde el año 2008 al 2013, a
69
entidades nacionales y regionales, a académicos e investigadores y algunos líderes y
organizaciones del territorio, de igual forma han utilizado publicidad empresaria, en la cual
se mantiene un discurso de prosperidad y progresos para Cajamarca con la implementación
de la mina. “La multinacional llegó y empezó a tener relación con el comercio, con el
transporte y los que se encontraban en el casco urbano y hablaban del famoso desarrollo.
En Cajamarca el concepto de desarrollo como tal no se conocía. Empezó a hablar que llegó
el desarrollo económico y que con ellos y la gran minería todo el municipio iba a salir
adelante.” (Entrevista Julio Vargas, Abril del 2017).
Según Fernando Pérez, de OSADA (organizaciones sociales del cañón de Anaime y del
Comité de Acción Ciudadana para la Preservación y conservación de la cuenca del Río Coello
y sus afluentes), algunas de las dinámicas de intervención utilizadas por la Empresa minera,
es la de vincular a la comunidad educativa en sus temáticas “los niños reciben
prácticamente clases de minería en todas las escuelas y colegios de Cajamarca; los
profesores salen a vacaciones y la minera los lleva a pasear. En los colegios en donde hay
problemas que no sean muy costosos, los solucionan, si es pintura, suministran la pintura,
si es defensa jurídica, pueden contar con Anglo Gold” (Entrevista Pérez, junio 2015); además
de prestar otros servicios a la comunidad bajo el manto de responsabilidad social que
reflejan la prosperidad y desarrollo que ha llegado a la región.
Uno de los temas centrales de debate en la intervención del proyecto de minería a cielo
abierto La Colosa, ubicado entre las veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante del municipio
de Cajamarca, es que se encuentran sobre “Zona de Reserva Forestal Central (ZRFC)” de
acuerdo la Ley 2ª de 1959, la cual solo puede utilizarse para fines de “desarrollo de la
economía forestal, protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”. Por lo que sin una
resolución de sustracción del área de exploración, que sea solicitada por los interesados,
para este caso la AGA, ante el Ministerio de Ambiente, es imposible realizar actividades
extractivas en estos territorios (Res. 205 de 2008, Cortolima).
70
Ingeominas le otorgó a La AGA, entre febrero del 2007 a enero del 2008, en los
departamento del Tolima y Quindío, un total de 23.545,1 hectáreas en títulos mineros, los
cuales según el estudio de amenazas del Grupo De Investigación Geoambiental – TERRAE
(2016, Pág. 18), se encuentran ubicados en ZRFC; Lo que obligaba a la Empresa a realizar el
trámite de sustracción del área del proyecto antes de iniciar cualquier obra o proceso de
Prospección en La Colosa, solicitud que la empresa no realizó.
En enero del 2008, la AGA, Solicito ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima
(Cortolima), una aprobación de las guías minero ambientales y un permiso de
aprovechamiento forestal, sobre un área del proyecto minero, pero esta Corporación,
mediante la resolución 027 del 10 de enero de 2008, determina que por competencia se
debe dirigir esta petición al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). El 28 de enero de
ese mismo año el MAVDT devuelve la solicitud, explicando que la empresa primero debió
solicitar la sustracción de la ZRFC, por lo que no se puede dar el permiso de
aprovechamiento, hasta subsanar dicho procedimiento de sustracción por tratarse de una
reserva nacional según la Ley 2ª de 1959. (Res. 785 de 2009 de Min Ambiente)
Con la resolución 205 del 21 de febrero del 2008 de Cortolima, se impuso una suspensión
inmediata de las actividades de exploración mineras llevadas a cabo en la ZRFC en las
veredas La Luisa y La Paloma, hasta que se realice el debido trámite de petición de
sustracción ante la autoridad ambiental correspondiente (Res. 205 de 2008, Cortolima) y se
presenten los demás permisos ambientales a que dieran lugar. La empresa, aun con el
nombre de Sociedad Kedahda S.A., ya había iniciado la “la prospección geológica de la zona,
tomando muestras del suelo y del agua, y llevaba casi un año de exploración, haciendo un
total de 74 perforaciones” (Idárraga, 2009). Dado lo anterior la AGA radica el 25 de febrero
del 2008, ante el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, una solicitud de sustracción de
la Zona de Reserva Forestal Central, con un área total de 515,75 hectáreas ubicadas en las
tres veredas de Cajamarca (Res. 785 de 2009 de Min Ambiente; TERRAE, 2016)
71
En el Código Minero, como ya se había dicho, se establece que las ZRFC son zonas excluibles
de ejercicios de minería, no obstante “la autoridad minera previo acto administrativo
fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida,
podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de los
parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por
determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de
exclusión”. (Ley 685 de 2001, Articulo 34). Dado lo anterior, se puede decir que la empresa
violó la normatividad establecida para el aprovechamiento de los recursos naturales del
país.
La Procuraduría General de la Nación en noviembre del 2008, solicitó al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial rechazar la petición de sustracción de la ZRFC,
por parte de la empresa AGA, debido al deterioro ambiental que se generaría no solo en la
mina, sino también en el área de reserva circundante (Idárraga, 2009). El MAVDT ordenó
en “Auto 0085 del 22 de enero del 2009”, a los diferentes actores del territorio, realizar una
“Audiencia Pública Ambiental” con el fin de garantizar una discusión participativa en todo
el proceso de sustracción de la ZRFC, dicha audiencia se desarrolló el 20 de febrero de 2009,
estando presentes la Empresa minera, Instituciones nacionales, regionales y locales como
la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Minas, la
Personería de Ibagué, la Gobernación del Tolima, Cortolima, científicos e investigadores de
la Universidad del Tolima y la comunidad en general, entre otros; en este primer encuentro,
los diferentes actores en el territorio mostraron la gran controversia que se había generado
por la propuesta de implementar una mina a cielo abierto en Cajamarca (Lombana, 2009;
Robledo, 2009).
El Ministerio de Ambiente, el 29 de Abril de 2009, abre “mediante la Resolución 785 de
2009, un procedimiento legal contra AGA por violación de las regulaciones
medioambientales, dado que AGA ha venido realizando actividades de exploración en un
72
área que está legalmente designada como reserva forestal” (CSC, pág. 44, 2013). Unos días
después de esta medida, específicamente el 4 de mayo, éste mismo Ministerio sustrae y
otorga 6,39 Ha de la ZRFC, para “adelantar los estudios y demás actividades relacionadas
con la fase de exploración minera (…) El área corresponde a las superficies afectadas por
vías y accesos, helipuertos, campamentos y plataformas de perforación”. (Res. 814 de 2009.
Min Ambiente).
A partir de esta decisión los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación y la
Contraloría General de la República, se pronunciaron “en el sentido de la
inconstitucionalidad en el proceder del MADS e irregularidad en la conformación del área
sustraída. A la fecha, el MADS evalúa la segunda solicitud de sustracción temporal de la RFC
correspondiente a 169,3 hectáreas, compuestas por la sumatoria de numerosas áreas
independientes” (TERRAE, 2016. Pág. 18-19).
Para aclarar territorialmente las medidas adoptadas, se generan las resoluciones del
MAVDT No. 1567 del 14 de agosto del 2009 y No. 2014 del 20 de octubre del mismo año,
las cuales establecen que la sustracción está situada entre las veredas La Luisa y La Paloma,
específicamente en los predios Canaán, Bélgica, La Cumbre, La Paz, Campo Alegre y El
Diamante (Auto No, 403 MADS de 2014). En esta área solo se pueden realizar actividades
de exploración, para las otras etapas del ciclo minero es necesario que la Empresa solicite
un nuevo trámite de sustracción, “La decisión de sustraer sólo el 1,24% del área solicitada
fue tomada por el ministerio, por considerar que gran parte del área cumple con servicios
ambientales de regulación hídrica y que su sustracción para actividad minera podría afectar
dicha utilidad” (Sánchez, 2013, Pág., 59, 60).
En julio del 2010, la investigación iniciada en la Resolución 785 de 2009 por el Ministerio,
en contra de la Anglo Gold Ashanti, finalizo con la multa contra la Empresa por un valor de
$139.256.000 de pesos Colombianos, por haber realizados actividades de exploración como
perforación, sin haber solicitado ante la autoridad ambiental pertinente la sustracción del
73
territorio que se encontraba en Zona de Reserva Forestal Central y que fue utilizado para
proceso de exploración minera violando así las normas ambientales y de planeación del
país. (Res. 1481, de 2010. Min Ambiente)
Otra de las confrontaciones entre la Empresa minera, las Instituciones y la comunidad de
Cajamarca, se origina en los procesos de explotación de oro en áreas de páramos; como ya
se había planteado tanto en la Ley 99 de 1993, en la cual son objeto de protección estas
áreas de interés ambiental, como en la sentencia C-339 del 2002 de la Corte Constitucional
de Colombia, que establece que en estas zonas debe ser prohibida la minería. La Empresa
minera ha venido “adquirido títulos en zonas de protección especial y zonas excluibles de
minería, negándose a renunciar a éstos sin atender de lo que dicta la ley. Esta situación ha
generado escándalos mediáticos y declaraciones contradictorias de la Empresa (CSC, 2013).
En el año 2008, Cortolima, realiza una acción de advertencia en la cual dice que algunos de
los títulos dados por la autoridad minera a la AGA se ubicaban en zonas de páramos,
específicamente el al Complejo de Páramos Los Nevados, que se extiende por 102.054 ha
de la ZRFC (EOT, 2012), y contempla que cualquier proceso minero puede alterar el sistema
ecológico de esta importante área. Después de mucha controversia acerca de si la Anglo
Gold Ashanti, tenía o no títulos mineros en zonas de páramos, no solo en Tolima, sino
también en las “323 concesiones, en 145 municipios de 19 departamentos de Colombia”
(Acosta, 2016), esta información se manejó con bajo perfil, pero en “En octubre del 2011,
sale a la luz que la empresa tenía 41.849 Ha en títulos que se sobreponen con los páramos
de Santurbán en Santander; el páramo del Complejo Los Nevados en los departamentos de
Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, y con Chili-Barragán (en los departamentos de Quindío,
Tolima y Valle del Cauca) (CSC,2013). Debido a la presión de medios de comunicación y de
la comunidad, en el mes de noviembre 2011, la Anglo Gold Ashanti, en un comunicado
oficial que se había “devuelto a las autoridades todos aquellos títulos que teníamos en
Páramos y en Parques Naturales” (CSC, 2013).
74
En un ejercicio de recapitulación se tiene que las dinámicas de intervención entre los
actores Institucionales, comunales y la empresa minera, han generado constantes
controversias y un debate público nacional, que a su vez ha estimulado la participación
activa de las fuerzas vivas de la región. La legislación minera actual resulta laxa, atrasada y
contradictoria (Fierro, 2012), no está preparada para los retos actuales, por esta razón se
generan conflictos socioambientales como los Santurbán, El páramo de Pisba, Marmato, El
Quimbo, entre otras (Pérez R. M, 2014).
Para Pérez (2014) la expansión de las actividades de explotación de los recursos naturales
no renovables se opone a formas de producción campesina o tradicional. “Estas dinámicas
generan o intensifican los conflictos socio-ambientales, porque afectan los medios de vida,
las redes sociales, los derechos sobre el territorio y la estructura cultural de las
comunidades” (Pérez, 2014, Pág., 13).
La Colosa, es un esquema de proyecto de explotación a gran escala de minerales, que sigue
el mismo modus operandi de otras minas a cielo abierto en Latinoamérica y el mundo
periférico, como la fáustica mina de oro Yanacocha, en el Perú; este traumático ejemplo,
que produjo un violento conflicto en ese país y transformó las condiciones de vida de los
habitantes y destruyo gravemente su ecosistema (Chacón, 2011), ha ilustrado una situación
que no debe repetirse en Colombia; esta experiencia, ha sido apropiada en su discurso por
las comunidades de la región para que no ocurra lo vivido en esta zona del Perú. La
presencia de actores trasnacionales, que llegan a los territorios con todo el apoyo estatal,
causa un profundo detrimento socio ambiental y por lo tanto son los principales causantes
del conflicto (Idárraga, et al. 2010, Pág. 54, 122 -160, 188).
75
CAPÍTULO 5: ACCIONAR SIMBÓLICO Y ALTERNATIVAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE
CAJAMARCA
En este capítulo se analizó el surgimiento y la evolución del Movimiento Social de
Cajamarca, el variado repertorio de acciones simbólicas utilizadas que se ha mantenido en
el tiempo, generando identidad y contribuyendo a la construcción de propuestas
alternativas al modelo de desarrollo oficial y que han posibilitado la participación alegre y
consciente de diversos sectores de la región afectada y del conjunto de la sociedad
tolimense.
5.1. Caracterización De Los Movimientos Sociales En Cajamarca, Tolima
Según los teóricos estudiados, los Movimientos Sociales (MS) expresan una gran diversidad,
la clasificación más general es aquella que establece la diferencia entre los antiguos y
nuevos MS, esta se basa en las “formas de organización, propuestas, proyectos políticos,
articulación, tipo de liderazgo, etc.” (Gohn, 1997). Según esto las formas de organizaciones
sindicales, las Juntas de Acción Comunal y cierto tipo de asociaciones, forman parte de los
movimientos tradicionales que realizaban articulaciones con algunos actores del territorio
y los nuevos son los conformados por los habitantes de una región o territorio, que revisten
un carácter cívico y organización más flexible y amplia, como los MS afrodescendientes,
indígenas y campesinos, ecologistas de mujeres, entre otros, que generan redes de
“identidad y resistencia” (Martínez Alier, 2005) desde lo local y regional a lo nacional y
global.
En cuanto a las propuestas los Movimientos Sociales clásicos hablaban de nacionalización
de los recursos naturales estratégicos para el desarrollo del país como el petróleo, el níquel
y el carbón; en la actualidad los nuevos Movimientos proponen la defensa del lugar
(Escobar, 2007)y priorizan la protección de su sistema cultural y agroecológico.
76
Para Martínez Allier (2005) los estudios de los MS y los conflictos ecológicos redistributivos
por los recursos naturales tienen un común denominador la “existencia de un nueva red
internacional de identidad y resistencia” que usan diversos lenguajes de valoración como el
cultural y el histórico. Dichas redes pueden ser utilizadas como estrategias de desarrollo
territorial.
Los repertorios de acciones también cambian; si antes se priorizaban las huelgas, los nuevos
Movimientos realizan acciones cívico-comunitarias, marchas-carnavales, seminarios,
combinados con acciones jurídicas y políticas como las consultas previas para comunidades
étnicas y las consultas populares (Ghon, 1997; Alexander 2005). Como puede verse, en el
caso de Cajamarca, se han utilizado la mayor parte de éstas acciones.
En Cajamarca se presenta un proceso organizativo el cual convoca a diferentes sectores
sociales, gremiales e institucionales, al debatir frente a la implementación de la mina a cielo
abierto “La Colosa”, cada una de estas toma una posición frente al proyecto y desarrollan
de igual forma sus representaciones simbólicas. Se puede decir que antes del anuncio del
hallazgo de oro en la Cajamarca solo existían en el municipio asociaciones gremiales que
trabajaban regionalmente por promover sus objetivos particulares y tenían relación con la
producción agropecuaria en el territorio, como: la Asociación de Productores de Leche de
Cajamarca y Anaime (Aproleche), la Asociación de Productores de Fríjol de Cajamarca y
Anaime (Aprofric) y la Asociación para la Producción y el cultivo del Aguacate en el
Municipio de Cajamarca (Aguacatec) (Sánchez, 2013, Pág. 92); de igual forma estaban
conformados, la Cooperativa de Transportadores de Cajamarca y Anaime (Cootracaime) y
la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Río Coello (Usocoello), entre otros.
Después del anuncio de diciembre del 2007, la comunidad Cajamarcuna generó un proceso
de fortalecimiento y de creación de nuevas organizaciones sociales, que con el tiempo
fueron apoyando el repertorio de los sectores a los cuales representaba en el debate
público; un ejemplo de esto es la Asociación de Usuarios del Acueducto del Corregimiento
77
de Anaime, conformada en el año 1995, la cual garantiza el suministro de agua por medio
de un acueducto comunitario al Corregimiento, pero que en el 2008, entra a plantear ante
las instituciones y la misma Empresa, la necesidad de garantizar el suministro del líquido
vital a los habitantes (Entrevista Luz Mejía, 2015) y así mismo proteger al ambiente ante los
impactos producidos por la mina.
Para Vargas (2017), con la llega de la AGA a Cajamarca, la comunidad empieza a “indagar
sobre esa Empresa, qué era eso de minería a cielo abierto, cuáles eran las consecuencias.
Nosotros tuvimos un importante acompañamiento de Pax Cristi, de Holanda, aquí esta
Rodrigo Rojas que ha estado con nosotros. Nos apoyamos y tuvimos mayor información por
parte de algunas universidades: Universidad del Quindío y del Tolima. Empezamos a crear
un primer grupo de organización de base que no compartía que en el municipio de
Cajamarca, la despensa agrícola de Colombia, se le hiciera explotación minera a cielo
abierto” (Entrevista Julio Vargas, abril 2017). Con el acompañamiento de ONG´s
reconocidas y catedráticos e investigadores de universidades públicas, se comienza a
desentramar la complejidad de este megaproyecto y lo que significaba para el ambiente y
para sus formas de subsistencia tradicionales, además de estudiar “casos Latinoamericanos
como la mina Yanacocha en Cajamarca, Perú” (Acosta, 2015).
A finales del 2008 se conforma la primera organización de defensores del territorio,
Emprendedores por la Ecología y la Tierra (Ecotierra), que tiene como objetivo estudiar y
trasmitir esos conocimientos sobre la megamineria, promoviendo el cuidado del medio
ambiente, con una marcada posición en contra de La Colosa (Quintana, 2016. Pág. 57). En
este sentido han apoyado y realizado varios encuentros ciudadanos como “I Foro Regional
Minería, medio ambiente y ordenamiento territorial”, (Herrera, 2013) organizado por la
Personería Municipal de Ibagué, Ecotierra y con el apoyo de la Universidad Cooperativa de
Colombia y al cual asistieron más de 90 personas.
78
Paralelamente se fueron consolidando organizaciones comunitarias que poco a poco fueron
adquiriendo un reconocimiento en el territorio y voz propia para debatir en los escenarios
propuestos desde las instituciones, como fue el caso de Conciencia Campesina, la Unión
Campesina por la Defensa del Medio Ambiente y del Territorio (UCAT), la Asociación de
Productores Agroecológicos de la Cuenca de Río Anaime (APACRA) y el Colectivo
Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA) (Entrevista Jefferson Rojas, 2015); dichas
organizaciones presentan una marcada tendencia de oposición a la posible explotación
aurífera de La Colosa, reivindican el respeto por sus forma tradicionales de subsistencia, la
protección y cuidado de sus fuentes hídricas, así como la biodiversidad típica de la región;
defendiendo su territorio han desarrollado acciones simbólicas como marchas, foros, tomas
culturales y últimamente han formado parte del Comité de impulso de la consulta popular
minera (Duran, 2017).
Se debe comentar que también se conformó la Asociación por la Defensa de la Minería
Responsable (Aprominca), cuyo objetivo se basa en “mostrar la importancia de apoyar la
industria minera responsable y sostenible como motor de desarrollo económico, social y
ambiental para nuestra región, y como fuente significativa de empleo, bienestar y progreso
de la calidad de vida de la comunidad… la potestad de definir si se hace o no minería en
Cajamarca es competencia exclusiva del gobierno nacional y considera que las afectaciones
ambientales que generará la actividad minera, no tendrán las proporciones que difunden
los opositores del proyecto,” (Sánchez, 2013, Pág. 97). En el ejercicio de caracterizar al
Movimiento Social de Cajamarca, ésta asociación es la única organización gremial que
defiende la minería en “La Colosa”, se entiende que tiene intereses particulares y que debe
estar apoyada por la Empresa minera y algunos sectores gubernamentales.
En el ejercicio metodológico de recolección de información primaria, se realizaron
entrevistas semiestructuradas a líderes reconocidos de Cajamarca y del Tolima, que
pertenecen a algunas de las asociaciones anteriormente nombradas y que dieron luces
sobre el fenómeno social ocurrido en este territorio, por lo que a continuación se
79
presentará una síntesis del materia, valioso para el análisis y caracterización del Movimiento
Social del área de estudio.
CUADRO 7: SÍNTESIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA LIDERES SOCIALES DE CAJAMARCA
Nombre Del Entrevistado
Organización a La Cual Pertenece
Proyecto Minero Posición Frente Al Proyecto
Alternativa Al Proyecto
Sixto Aurelio Forero
Ex concejal de Cajamarca PROCEDA
Conocimiento por tener tierra cercana a la mina, en el año 2004-2006 se empieza a hablar de la Colosa, ha visto el Aumento del precio de los arriendo, prostitución, desempleo y abandono del campo
Negativo, problemas con las concesiones de agua para el proceso de extracción, pérdida de flora y fauna.
La Agricultura, el reconocimiento del campesinado Cajamarcuno. Votaría por el no en una posible consulta popular
Fernando Pérez
OSADA - organizaciones sociales del cañón de Anaime y del Comité de Acción Ciudadana para la Preservación y conservación de la cuenca del Río Coello y sus afluentes
Conocimiento en el 2007, con el anuncia del presidente. Desde este momento se puede ver la división de las comunidades, de los que están en contra y los que están a favor de la mina; desempleo, aumento del precio de la canasta familiar y delincuencia
Negativo, el proyecto no es viable por ser a cielo abierto, por la presencia de páramos, la riqueza hídrica y de biodiversidad
Cajamarca es una región netamente agrícola y pecuaria, pero sin apoyo del Estado no se puede desarrollar, por lo que se debe conservar la vocación agrícola de la región y realizarla de una forma responsable ecológicamente. votaría por el no
Hernando Romero
APROMINCA: Asociación por la Defensa de la Minería Responsable
Los indígenas Pijaos barequeaban sobre los ríos Berbellón, Toche y Coello. En la época actual desde el año 2003 cuando se realizan actividades de prospección en el territorio.
Positiva, el proyecto garantiza trabajo, si se realiza minería responsable los posibles daños ambientales y sociales pueden ser corregidos
En Cajamarca la agricultura se encontraba en crisis, con la implementación del proyecto se ha podido garantizar un trabajo digno y bien remunerado, Votaría por el Si
Jefferson Rojas
COSAJUCA Comité impulso de la consulta popular
Conocimiento desde el 2008, por medio de un taller que realiza la multinacional. Con la llegada de la Empresa, la calidad y el costo de vida en Cajamarca empezaron a subir (arriendo y servicios), dificultad para encontrar mano de obra y se está perdiendo la vocación agrícola
Negativa, la mega minería trae impactos ambientales y conflictos sociales difíciles de solucionar
Continuar con la vocación agrícola de la región, Cajamarca tiene unas tierras muy ricas, aplicando prácticas agrícolas limpias, sin químicos, fortaleciendo a las más organizaciones de agricultores. Votaría por el no
Luz Dary Mejía
la Asociación de Usuarios del
Conocimiento desde el 2007, por el ex presidente Uribe,
Negativa, por la conservación de
La economía agrícola, producir sin químicos
80
CUADRO 7: SÍNTESIS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA LIDERES SOCIALES DE CAJAMARCA
Nombre Del Entrevistado
Organización a La Cual Pertenece
Proyecto Minero Posición Frente Al Proyecto
Alternativa Al Proyecto
Acueducto del Corregimiento de Anaime
después se supo de la Empresa en la audiencia en Cajamarca. Se ha producido desplazamiento de las familias que vivían en el área de influencia del proyecto, aumento en el costo de las viviendas y de la comida, no hay mano de obra, señalamientos a organizaciones sociales.
nuestro ecosistema y de los ríos, la perdida de las tradiciones, desplazamiento, aumento problemas sociales como la prostitución y drogadicción
sin intoxicar la tierra, tener más apoyo del gobierno, proteger al campesino y mejorar la calidad de vida. Votaría por el no.
Julio Roberto Vargas
Comité impulso de la consulta popular
Por los medios de comunicación en el 2007, problemas con la mano de obra, perdida de cultivos, agricultores y comerciantes en crisis.
Negativa, por los impactos sociales, ecológicos y económicos en la región
Consulta popular para prohibir la minería en Cajamarca Agricultura limpia y sustentable, con el apoyo del gobierno nacional, votaría por el no
Fuente: Elaboración propia, entrevistas realizadas entre el 2015 al 2016, a líderes sociales de Cajamarca y
del Tolima.
En conclusión, en la medida que el proyecto minero se dio a conocer, los distintos sectores
de la sociedad Cajamarcuna se fueron informando y conformando una corriente
mayoritaria que defiende la vocación agroecológica de la región, con argumentos que se
basan el protección del recurso hídrico y de los otros elementos del sistema ecológico
regional y de sus formas tradicionales de subsistencia (en este caso es importante
mencionar los Diplomados Ambientales, espacio de formación continua con apoyo de
académicos y del movimiento social de Cajamarca). Para varios de los entrevistados los
efectos de La Colosa, se manifestaron en el incremento de la carestía de la vida, de los
arriendos, la escases de mano de obra para la agricultura y la descomposición social.
En este ejercicio de recolección de información, se pudo observar como al principio la
comunidad se encontraba divida por el proyecto minero y sus promesas de prosperidad y
desarrollo, lo que se nota en la intervención del representante de la Asociación en Defensa
de la Minería Responsable, quien hablo de cerca de 3.762 firmas que entregó al Gobierno
en apoyo al proyecto minero en el año 2008, después de comenzar la disputa jurídica por
81
la extracción de la ZRF, pero que en el año 2017, votaron por él No (97,9%) a las actividades
mineras en el municipio en la consulta popular. En esta investigación se realizaron los
trámites necesarios para conseguir una entrevista con algunos de los representantes de la
Anglo Gold Ashanti, pero la Empresa viene desarrollando una política de no dar
intervenciones hasta que se defina el futuro de la mina La Colosa.
Las organizaciones anteriormente nombradas que se encuentran en oposición a la
implementación de la mina, se dieron cuenta que era necesario aunar esfuerzos para
presionar tanto a las instituciones como a la Empresa, en defensa del territorio (Escobar,
2005), por lo que se empiezan a formar redes locales (Martínez Alier, 2005), las cuales
intercambiaban información y actuaban organizadamente en la ejecución del accionar
simbólico desarrollado hasta el momento. Por esto ven la necesidad de consolidación del
Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida de Cajamarca y Anaime (CACDVC), en
marzo del 2011 (Quintana, 2016. Pág. 75), el cual era más amplio y los diferentes sectores
sociales podían verse identificados con el repertorio de este Comité, además de presentarse
como un espacio de debate.
Desde este momento en adelante se puede identificar a las organizaciones sociales que
pertenecen al Comité ambiental y campesino, como un Movimiento Social (Gohn, 1997),
que se caracteriza por tener una identidad cívico – comunitaria en oposición a la mina y un
objetivo basado en la defensa del territorio y su vocación agraria. Otra característica
importante ha sido la permanencia en el tiempo y la constancia en la acción, de igual
manera han logrado un reconocimiento no solo Institucional, sino de diversos tipos de
Movimientos, ONG´S, académicos nacionales e Internacionales opuestos al extractivismo,
que conforman verdaderas redes de apoyo mutuo.
5.2. El Accionar Simbólico del Movimiento Social de Cajamarca
Teniendo en cuenta que el accionar simbólico propio de los nuevos Movimientos Sociales
se basa en ejercicios cívicos - comunitarios, que abarca no solo a algunos sectores de la
82
sociedad, sino que son mucho más amplios y flexibles, permitiendo una cohesión de ideas
y luchas que generan una resistencia ante la temática de afectación que genera impactos
regionales, es necesario estudiar cual fue ese repertorio del Movimiento utilizados para
alcanzar su objetivo propuesto.
Uno de los principales repertorios utilizados por el MS es la invención de las Marchas
Carnavales en defensa del agua, la vida y el territorio, realizada en la capital del Tolima,
Ibagué, siendo una movilización pacífica que involucra diferentes sectores de la comunidad,
en donde se celebra la vida, la alegría y se defiende su biodiversidad y sus formas de
subsistencia tradicionales. Simbólicamente han utilizado diversas consignas que se
mantienen en el imaginario colectivo, como “Si a la vida, no a la mina”, “El agua vale más
que el oro” y “No a la Colosa”, además de utilizar estrategias artísticas que convocan y
agrupan gran cantidad de personas.
Se han realizado hasta el momento nueve (9) versiones de la “Marcha Carnaval”, cada una
de estas reivindicando los esfuerzos y accionar del MS, la primera fue el 3 de junio del 2011,
con la asistencia de 12.000 personas, para el año 2017, el 2 de junio en la séptima versión,
asistieron alrededor de 120.000 personas (Duarte, 2017), celebrando la victoria del No, en
la consulta popular de Cajamarca desarrollada el 26 de marzo de 2017. Pero de la misma
forma reivindicando la lucha de los diferentes movimientos en defensa del territorio, el
ambiente y sus formas tradicionales de subsistencia (Pérez, 2014).
Con las Marchas se ha logrado generar un impacto mediático no solo regional si no también
nacional e internacional, además de cohesionar a diferentes organizaciones sociales, que
han trabajado por la configuración de la red ambiental del Tolima (Quintana, 2016. Pág. 78),
que pueda enlazarse con los demás movimiento sociales nacionales e internaciones en
defensa del territorio.
83
Fuente: Crónica, Héctor Torres, Fotografías: Leydy Arévalo y Gabriel López, Revistas El Salmon (2016)
De igual forma, para mantener informada a la comunidad y poder participar activamente
con fundamentos en los escenarios de debate institucional, el Movimiento Social vio la
necesidad de abrir un espacio de formación continua en temáticas ambientales y de
desarrollo territorial, por lo que con la ayuda de docentes y organizaciones estudiantiles de
la Universidad del Tolima y con la participación activa del Comité Ambiental en Defensa de
la Vida del Tolima, se instaló desde finales del 2013, el Diplomado Ambiental “formulado
como herramienta práctica/teórica para la formación política comunitaria. Este proceso
formativo propone asumir ejercicios de investigación, acción participativa, construyendo de
manera dialógica y mancomunada alternativas de superación a los conflictos socio-
ambientales que viven actualmente las comunidades en sus territorios” (CADV, 2016). Este
diplomado ha sido el medio por el cual se han venido fortaleciendo y cualificando las
diferentes organizaciones sociales pertenecientes al Movimiento Social Ambiental del
Tolima.
Según comenta Jefferson Rojas, integrante de COSAJUCA, han realizado “acciones por la
protección del medio ambiente, como la presentación en el “Congreso por la protección de
la madre tierra”, jornadas de recolección de basuras por las cuencas de los ríos de la región,
tenemos un proyecto de viveros para la siembra de árboles. Hacemos sensibilización con
los jóvenes y los adultos sobre este tema, además de jornadas para la conservación de los
parques, hicimos una actividad cultural sobre la vida, un concierto en donde participaron
84
todos los géneros musicales: bandas de reggae, roun, metal, de rap para sensibilizar sobre
el proyecto minero, un concierto de protesta por la defensa de la soberanía del territorio,
del medio ambiente, así mismo porque es el espacio en donde diferentes culturas y tribus
urbanas se encuentran” (Entrevista Jefferson Rojas, junio 2015)
Con la comunidad organizada de Anaime se realiza anualmente la Jornada por la defensa
de la madre tierra, se desarrollan caminatas ecológicas y charlas con las comunidades en
los barrios; “Hacemos campañas de limpieza del río Hormigón, hemos articulado el proceso
local de acá con el proceso regional; en el 2012 se hizo el Congreso de tierras y territorios y
apoyamos la marcha desde Cali hasta Anaime, que llegó hasta dos kilómetros antes de
Cajamarca y se manifestó en la solidaridad en contra de la minería. Las actividades que se
han hecho son en respuesta a esta situación” (Entrevista Luz Mejía, Junio 2015)
Otro de los repertorios utilizados por este movimiento social – ambiental fue el de utilizar
publicaciones escritas comentando la problemática y la importancia de su accionar, uno de
estos ejemplos es el “Boletín SOS Ambiental”, el cual inicia en el año 2012, continuando
hasta la actualidad y tiene en su haber 15 publicaciones (CADV, 2016). Esté ejercicio escrito
es realizados por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, con ayuda de varios líderes de
las organizaciones comunitarias de Cajamarca y Anaime, Ibagué y de los estudiantes y
profesores de la Universidad del Tolima.
A continuación se podrá analizar el accionar del MS de Cajamarca según su temporalidad.
CUADRO 8: ACCIONAR SIMBÓLICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN CAJAMARCA
ACCIONAR SIMBÓLICO FECHA ORGANIZADOR LUGAR Organizaciones comunitarias en torno a temática ambiental, desarrollo agropecuario e interesados en el proyecto minero y su efectos en el territorio
2008-2010
Ecotierra (2008), Conciencia Campesina (2009), Cosajuca (2009), UCAT (2010), OSADA (2011), CACDV (2011) FVL(2012)
Cajamarca – Tolima
Audiencia Publica Ambiental 20 de febrero de 2009
93 Actores locales, regionales y nacionales presentes
Cajamarca – Tolima
Creación del Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida de Ibagué
Marzo – Septiembre del 2010
Universidad del Tolima (Docentes, estudiantes UT y egresados de la UT), ONG ambientales
Ibagué – Tolima
85
CUADRO 8: ACCIONAR SIMBÓLICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN CAJAMARCA
ACCIONAR SIMBÓLICO FECHA ORGANIZADOR LUGAR
Consolidación del Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida de Cajamarca y Anaime
Marzo - 2011
Conciencia Campesina, Apacra, Cosajuca, AUACA, Agrotu Anaime, FVL, CACCPC Río Coello y sus afluentes, Ecotierra, Osada, Universidad del Tolima
Cajamarca – Tolima
I Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
3 junio del 2011
12.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
II Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
14 octubre 2011
15.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
Conformación del Comité del corregimiento de Doima y del municipio de Piedras- Tolima
20 de Noviembre
Acompañamiento de los Comités Ambientales y Campesinos de Ibagué, Cajamarca y Anaime
Piedras – Tolima
III Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
5 Junio de 2012
20.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
IV Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
19 octubre 2012
21.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
V Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
5 junio 2013 25.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
Consulta popular de Piedras – Tolima 28 de julio de 2013
Resultado: total de 2.971 votos por el no, 24 votos por el sí y 12 votos anulados, ganador con un 97% a la iniciativa por el no.
Piedras – Tolima
VI Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
5 junio 2014 30.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
Diplomados ambientales 2013 -2017
U. Tolima, CADV, Grupo Semillas, la Corporación SOS Ambiental, Banco de la República, Organizaciones sociales – ambientales del Tolima
Ibagué – Tolima
VII Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
5 junio 2015
60.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, Ibagué y Cajamarca inician el proceso para solicitar la realización de las consultas populares
Octubre 2014 - 2017
Comités Impulso Consulta Popular Cajamarca, Ibagué Tolima
VIII Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
5 junio 2016 UT, 100.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
Consulta Popular de Cajamarca Tolima
26 de marzo 2017
Resultado: total de Votos 6.296, por el no 6.165, votos por el sí 76 y votos anulados 55, ganador con un 97,9% a la iniciativa por el no.
Cajamarca – Tolima
IX Marcha Carnaval “en defensa del agua, la vida y el territorio”
2 junio 2017 UT, 120.000 personas asistentes Ibagué – Tolima
Fuente: Elaboración Propia, basado en: Quintana, 2016; Sánchez, 2013; CSC, 2013.
86
En el cuadro 8, se recoge el accionar más importante y trascendental que fue utilizado por
el MS en defensa de territorio, de éste se puede destacar la conformación de los Comités
Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida de Ibagué y el de los municipios de Cajamarca
y Piedras, de los cuales se sabe, hacen parte diversas organizaciones juveniles,
agropecuarias, ONG´S, entre otros; Además de resaltar la capacidad de convocatoria en
cada uno de las propuestas simbólicas desarrolladas por la comunidad.
5.2.1. Las Consultas Populares
Hasta el año 2013, la estrategia del Movimiento Social de Cajamarca, conformada por
varias organizaciones del Tolima, fue el de utilizar repertorios que pusieran de presente la
incidencia comunitaria y desde la aprobación de la primera consulta popular ambiental de
Colombia, en el municipio de Piedras, se vio la oportunidad de utilizar las herramientas
legales para defender su territorio.
Con la implementación de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual fundamenta
el ordenamiento jurídico de país, el pueblo Colombiano tiene la garantía de ejercer su
ciudadanía, que se basa en una serie de derechos y deberes, según la carta magna se acoge
la protección y la defensa del ambiente desde diversos puntos de vista, “el primero como
una obligación del Estado y de los particulares; en segundo lugar como un derecho y deber
colectivo; en un tercer lugar como factor determinante del modelo económico que se debe
adoptar y, por último, como una limitación al ejercicio pleno de los derechos económicos”
(Amaya, 2002).
En el artículo 79 de la Constitución se dice que “todas las persona tiene derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de las comunidades en las
decisiones que pueden afectarlo (…) Es deber del Estado proteger la diversidad e
integralidad del ambiente, conservar las áreas de importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines”, permitiendo así, la participación ciudadana en las
decisiones que pueden llegar a transformar sus territorios. En el artículo 103 se definen
87
como “mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato”.
A partir de este concepto se regulan los mecanismos de participación ciudadana mediante
Ley 134 de 1994, que según su artículo 8, la “Consulta popular es la institución mediante la
cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el
gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se
pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es
obligatoria”.
Ese mismo año se desarrolla la ley 136 “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” y en la cual en el artículo
33 dice que “ante la posibilidad de hacer proyectos mineros, es obligatorio hacer una
consulta popular” (Rodríguez F., 2014), por lo tanto este ejercicio ciudadano es válido para
la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región.
Para realizar una consulta popular se debe presentar una pregunta, la cual es propuesta por
el Alcalde del municipio o por un grupo de ciudadanos, al Consejo Municipal, este a su vez
evalúa la conveniencia y emite un concepto. Después el Tribunal administrativo del
Departamento, con dicho concepto evaluará la constitucionalidad de la pregunta, si el fallo
es positivo se remite a la Registraduría Nacional y esta debe convocar a la votación; El
resultado de ésta depende de que el ganador obtenga la mitad más uno de los votos válidos
y que se haya alcanzado al menos la tercera parte del censo electoral del Municipio y se
requiere que el Consejo Municipal adopte un acuerdo para hacer efectiva la decisión. Como
vimos en la Ley 134 y 136, la decisión tomada en la Consulta es de obligatorio cumplimiento.
88
Uno de los casos emblemáticos del nuevo Movimiento Social Ambiental conformado en el
departamento del Tolima, como ya se había mencionado, es el del el municipio de Piedras,
ya que el día 28 de julio del 2013 se realizó la primera consulta popular sobre la
implementación de un “campo de procesamiento de oro proveniente de la mina La Colosa
en Cajamarca (Tolima)” (Ramos, 2013). Esto debido a que la pendiente en Cajamarca en
donde se planteaba realizar el proceso de lixiviación del oro (paso en donde que separa
químicamente el oro diseminado en la roca), es demasiado pronunciado (Bermúdez, 2013);
razón por la cual la empresa minera buscó un lugar apropiado donde situar su campo, que
fuera cercano y que contara con una fuente hídrica que pudiera aportar su caudal al
procesamiento del material, por lo que el municipio de Piedras fue elegido para tal fin.
Este campo pretendía ubicarse entre el corregimiento de Doima y las veredas de Cabras,
Camao y Pantano, que pertenecen a este municipio y que cuentan con una importante zona
de potencial acuífero debido a que en este territorio se encuentran la quebrada Camao y el
río Opia uno de los más importantes de la estrella hídrica del plan del Tolima (Ramos, 2013).
A finales del 2012 y principios de 2013, la Empresa AGA se enfrentó jurídicamente en
contra de la comunidad y del entonces alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón,
indicando que habían sido violados sus derechos a la libre movilización de su maquinaria y
sus trabajadores ya que en esos meses los habitantes del corregimiento de Doima,
bloquearon el paso de vehículos de la empresa argumentando su inconformidad por la
construcción del centro de acopio del material (Bermúdez, 2013). En el mes de Marzo del
2013 la demanda fue declarada improcedente por El Tribunal Administrativo del Tolima.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), suspendió las actividades de
exploración geológica que se realizaba en Piedras por la empresas Anglo Gold Ashanti,
explicando que dichos “trabajos se adelantaban en una zona de un potencial acuífero
grande, rodeada por la quebrada Camao y el río Opia, donde se encuentra la bocatoma del
acueducto” (Ramos, 2013) del mencionado municipio. El Tribunal Administrativo del
89
Tolima, en el mes de mayo falló a favor de la petición de la comunidad, de realizar la
consulta popular para decidir sobre el ingreso a su territorio de la compañía Anglo Gold
Ashanti La pregunta que se les planteo a los habitantes de Piedras fue la siguiente:
“¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”
A las urnas acudieron “3.007 personas, el 58,90 % del censo del municipio, que se estipuló
en 5.105 personas), como resultado se obtuvo un total de 2.971 votos por el no, 24 votos
por el sí y 12 votos anulados, dando como ganador con un 97% a la iniciativa por el no”
(Portafolio, Editorial, 2013). Esta decisión es de obligatorio cumplimiento ya que según la
Ley 134 de 1994, las consultas populares deben superar la participación de más de la
tercera parte del censo electoral y deberá ganar la iniciativa que cuente con más del 50%
de los votos.
La pregunta planteada en ésta consulta popular tenía, como se puede ver, una
“intencionalidad”, que se transformó en un repertorio de acciones simbólicas, en las cuales,
la representación fue creíble, según Alexander (2005) “la actuación exitosa depende de la
habilidad de convencer a otros de que la actuación de uno es verdadera, con todas las
ambigüedades que la noción de verdad estética implica”.
Para la Anglo Gold Ashanti la elaboración de esta pregunta fue conducida hacia una sola
respuesta, el no, además dice que la respuesta de la comunidad “refleja el desconocimiento
del proyecto, que representa progreso para la región. La comunidad debe comprender el
proyecto La Colosa, sus impactos y beneficios, para tomar decisiones informadas” (Véles R,
2013).
90
La empresa AGA presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima,
argumentando que se le habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso
y de buena fe, después que este tribunal diera viabilidad al texto de la Consulta Popular en
el municipio de Piedras. Fue el Consejo de Estado, el que resolvió la acción de tutela, según
el “Tribunal Supremo de lo Contencioso, los trámites efectuados para la consulta popular
de Piedras gozaron de constitucionalidad y legalidad, y no vulneraron ningún derecho de
Anglo Gold Ashanti” (El Nuevo día, 2014). Por lo que la consulta se debe mantener y cumplir
obligatoriamente lo decidido en la votación.
Uno de los mayores debates frente a la Consulta y su posterior resultado fue el dado por el
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, que después de la caída
de la reforma al código minero, expidió el Decreto 934 del 9 de mayo de 2013, unos meses
antes de la consulta de Piedras, en el cual se aplica el artículo 37 de la Ley 685 de 2001
(Código Minero), definiendo que “La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas
de minería compete exclusivamente, y dentro de los límites fijados en los artículos 34 y 35
de la Ley 685 de 2001, a las autoridades minera y ambiental, quienes actuarán con base en
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y dando aplicación al principio del
desarrollo sostenible”, esto quiere decir que se le niega la posibilidad a los municipios y
departamentos de prohibir la minería en su territorio, “para muchos ambientalistas y
constitucionalistas se trata de una decisión que va en contra de la descentralización y que
desconoce la voluntad de las comunidades locales”. (Bermúdez, 2013)
El entonces Ministro de Minas Amylkar Acosta (2013), en una entrevista dada al periódico
El País, dice lo siguiente “los municipios no tienen la competencia legal para disponer donde
se puede desarrollar la actividad minera o petrolera ya que lo que hay en el subsuelo es
propiedad del Estado” y refiriéndose a las consultas populares continua diciendo “ponen
en riesgo la inversión extranjera en el país, el Gobierno se reserva el derecho de presentar
los recursos legales que procedan ante los tribunales para impugnar esta consulta popular".
Demostrando así, una vez más, que el discurso gubernamental se basa en un modelo
extractivista.
91
A principios del 2014 se presenta una demanda por inconstitucionalidad de artículo 37 del
Código Minero y base para el Decreto 934 de 2013, la Corte Constitucional falla dicha
demanda con la expedición de la Sentencia C 123/14 del 5 de marzo de 2014, mediante la
cual se declaró la “exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas (ley 685
de 2001)”, especificando que “en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la
realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades
competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales
concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial,
de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la
salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiaridad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.
(Sentencia C123/14).
Una de las bases para tomar esta decisión es que con la Constitución Política y la Ley 388
de 1997 se “dispuso que el ordenamiento territorial en cabeza de los municipios y distritos,
tiene como función principal orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y, de
esta manera, regular la utilización, transformación y ocupación del espacio” (Manglar
Abogados, 2016), de igual forma se entiende que lo dispuesto en el artículo 37 de Código
de minas llegaría a eliminar las diferentes competencias de concejos municipales y
distritales para decidir sobre su territorio.
Una de las tesis que la ONG Dejusticia, que ha venido defendido la importancia de las
decisiones tomadas por las comunidades en los proceso de consultas populares es que “los
municipios tienen competencia para llevar a cabo estas consultas pues son ellos quienes
deben ordenar el desarrollo de su territorio y reglamentar los usos del suelo, y la minería
tiene todo que ver con ambas cosas” (Duran, 2017)
92
5.2.2. La Consulta Popular en Cajamarca
“Si páramos La Colosa, páramos cualquier cosa”
El Movimiento Social de Cajamarca, en su accionar simbólico decide, después de los
resultados obtenidos en la consulta popular del municipio cercano de Piedras, acudir a una
estrategia jurídica que garantizará el derecho de las comunidad a decidir sobre su territorio
y sobre la implementación o no de una proyecto a gran escala como lo es La Colosa.
A pesar de la constante controversia que siguen girando alrededor de las consultas
populares y del papel de la institucionalidad regional en éstas, en junio del 2014, el Comité
Ambiental en defensa de la vida de Cajamarca y el entonces Alcalde Luis Evelio Gómez,
presentaron al Concejo Municipal la pregunta para esta iniciativa democrática. En febrero
del 2015, luego audiencias públicas en las que se plantearon los argumentos a favor y en
contra de convocar la consulta, el Concejo municipal sometió la petición a votación interna
y negó la petición, debido en gran medida a la inestabilidad jurídica producto del Decreto
Presidencial 934 de 2013.
En Julio del ese año se promulga la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, en la cual
se posibilita a los ciudadanos, por medio de la recolección de firmas, a convocar una
consulta popular (anteriormente se dependía del Alcalde para realizar la petición), según
el artículo 41 de dicha ley, en caso que la votación supere un tercio del censo electoral, la
decisión que logre la mitad más uno de los sufragios válidos en la consulta popular será
obligatoria y vinculante.
Para convocar a una consulta popular, los ciudadanos deberán tener como mínimo el 5%
de firmas de la población de la región que pertenezcan al censo electoral, en Cajamarca
ese censo es de 16.312 habitantes (Registraduría Nacional, 2017). El comité impulsor de la
consulta popular, al cual pertenecen diversas organizaciones, comités y líderes, se
encargaron de recolectar las firmas necesaria para la iniciativa y en febrero del 2016
presentaron ante la Registraduría 4.814 firmas, de las cuales se avalaron 3.384, dando como
93
resultado la Resolución 03 del 2016 entregado al Consejo Municipal en el cual indican el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de la petición ciudadana.
El Movimiento Social, radica ante el Concejo la propuesta para convocar a consulta popular
a los Cajamarcunos, con el aval de la Registraduría. El siguiente paso fue el debate público
para la conformidad con la iniciativa por parte de éste Concejo, quien en agosto del 2016
aprobó dicha petición ciudadana y la remitió ante el Tribunal Administrativo del Tolima,
para que dicha entidad evaluara la constitucionalidad de la pregunta.
El cuatro de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo da vía libre a consulta popular
sobre minería en Cajamarca, Tolima, con la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo, SI o NO, con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten
actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas,
o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de
proyectos de naturaleza minera?”.
Pero el 18 de noviembre de 2016 el Consejo de Estado, recibe una acción de tutela por parte
de la Anglo Gold Ashanti argumentado que “se protegiera su derecho fundamental al
debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo del Tolima (…)
en el trámite de la revisión previa de la consulta popular sobre actividades mineras”
(Sentencia Consejo de Estado, 2016) En el Municipio de Cajamarca.
Después de un mes de zozobras entre los diversos actores del territorio, el Consejo de
Estado fallo el 15 diciembre del 2016, en el cual deja sin efectos la decisión tomada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia se advierte que ésta Autoridad “incurrió
en violación directa de la constitución, motivo por el cual amparó el derecho fundamental
de la Anglo Gold Ashanti”; De igual manera ordenó que en un término no mayor a 3 día,
pronunciara un fallo de reemplazo en el que atendiera los parámetros dados por esta
Sección, esto se debe principalmente a que el Consejo de Estado encontró que la
94
introducción de la pregunta, “según la cual, la actividad minera implica “contaminación del
suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional
agropecuaria del municipio”, no se ajusta a los requisitos señalados por la Corte
Constitucional para que la misma sea neutral, comoquiera que es caprichosa y sugestiva, en
tanto genera a los votantes una predisposición que puede viciar su juicio al momento de
optar por alguna de las opciones de la respuesta..” (Sentencia Consejo de Estado, 2017).
Debido lo sustentado en la sentencia del 2016 del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Tolima el 19 de Enero del 2017 profiere una sentencia en la cual declaró
inconstitucionalidad de la pregunta presentada, pero resolvió “mantener una parte del
texto original, y de esta forma, sugirió que la cuestión sometida a consulta podría ser la
siguiente: “Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten
proyectos y actividades mineras” (Sentencia Consejo de Estado, 2017).
Las represarías de la Empresa minera no se hicieron esperar, mediante otra acción de tutela
contra el Tribunal del Tolima, por una acción de desacato en contra del fallo del Consejo de
Estado el 15 de diciembre de 2016, el cual amparo su derecho al debido proceso,
manifestando que y el Tribunal solo debía declarar inconstitucional la consulta popular, no
redactar un nuevo texto para ser sometido a consulta por parte de la comunidad. El Consejo
de Estado resolvió abstenerse de imponer sanciones en este caso y dio vía libre al Tribunal
Administrativo para continuar con el proceso de implementación de la Consulta.
Como el Tribunal había dado su aval de constitucionalidad a la consulta, fue pedido a la
Registraduría Nacional convocar a los habitantes de Cajamarca a votación. Es así como en
el mes de Marzo y después de unas elecciones atípicas de Alcalde, debido a que el entonces
Alcalde William Poveda falleció, se fijó la fecha para realiza la consulta popular en
Cajamarca. La primera consulta popular de origen ciudadano en Colombia, se realizó el 26
de marzo del 2017, convocando a la comunidad Cajamarcuna a decidir si en su municipio
se desarrollaban o no proyectos mineros.
95
Fueron a votar un total de 6.296 habitantes, de los cuales 6.165 votaron por él No, y solo
76 personas votaron por él Si, dando como resultado un 97.9% a la iniciativa por el No.
(Registraduría Nacional, 2017). La decisión tomada en el municipio de Cajamarca (Tolima),
será obligatoria, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1757 de 2015, sobre mecanismos
de participación ciudadana, cuando: “la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto
afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado
no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.
El Movimiento Social, representado por el comité de impulso a la consulta utilizó un
repertorio de convocatoria que se basó en hablar con las personas, recorrer finca por finca,
utilizaron espacios radiales y algunos documentos impresiones explicando que era la
consulta popular y su importancia para el territorio, se realizaron talleres en colegios y
escuela del Municipio y se logró vincular a sectores religiosos e indígenas para que
realizaran acompañamientos a esta actividad.
Según Julio Vargas (2017), uno de los impulsores de la consulta popular y candidato a la
Alcaldía de Cajamarca en febrero del 2017, en la campaña por él No, “se intensificaron los
señalamientos y rumores acerca de la afinidad política de la comunidad que hace oposición
al proyecto minero, se presentaron amenazas a líderes del territorio que pertenecían al
comité, a horas que se abrieran las urnas para la votación, llegaron varios mensajes de
texto a los habitantes de Cajamarca diciendo que la consulta se había cancelado por el mal
tiempo” (Entrevistas Julio Vargas, abril 2017), pero con todos estos contratiempos se realizó
la consulta, con resultado positivo para los defensores del ambiente y del territorio,
manteniendo la consigna “Si páramos La Colosa, Páramos cualquier cosa” (Thiesing; Dietz,
2017).
Luego de la votación que dio como resultado el No a los proyectos mineros, la controversia
no se hizo esperar, el ministro de Minas, Germán Arce, dijo que esta decisión “no es
retroactiva y, por ende, no aplicaría para la minera Anglo Gold Ashanti, que tiene un
contrato vigente con la Agencia Nacional de Minería para explorar y determinar si hay oro
en el municipio” (Dinero, 2017). Esto podría interpretarse como que la Empresa minera
96
podría seguir con su proyección en La Colosa, ya que tiene un derecho adquirido con la
Anterioridad, un título minero, con el Gobierno Nacional.
La Empresa anuncio en el mes de abril que detenía indefinidamente sus trabajos
exploratorios y las inversiones sociales que se estaban realizando en el municipio y
mediante un comunicado de prensa expresó que debido a “diversas razones que van desde
lo institucional, lo político y particularmente lo social con la reciente consulta, nos obligan
a tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades del proyecto y con ello
el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el
Tolima” (Semana Sostenible, 2017).
El debate continúa y se espera que prontamente el Estado Colombiano aclare los efectos y
alcances que tienen las consultas populares sobre los territorios.
En un ejercicio de análisis de la situación de las consultas populares a nivel nacional se
presenta el siguiente cuatro síntesis:
CUADRO 9: SÍNTESIS DE CONSULTAS POPULARES EXTRACTIVAS EN COLOMBIA
CONSULTA POPULAR
FECHA PROYECTO RESULTADO
Piedras, Tolima
28 de julio del 2013
Campo de procesamiento de oro proveniente de la mina La Colosa en Cajamarca - Tolima Anglo Gold Ashanti
Ganador: No con el 98,8 % el Sí tuvo un 0,80 %
Tauramena, Casanare,
15 de diciembre del 2013
Odisea Tres D, Explotación de hidrocarburos, Ecopetrol
Ganador: No con el 96,01 % el Sí tuvo un 3,27 %
Cabrera, Cundinamarca
26 de febrero del 2017
proyectos hidroeléctricos y/o mineros, adelantados por Emgesa
Ganador: No con el 97,28 % el Sí tuvo un 1,53%
Cajamarca, Tolima
El 26 de marzo
La Colosa, explotación de oro a cielo abierto, Anglo Gold Ashanti
Ganador: No con el 97,92 % el Sí tuvo un 1,21%
Cumaral, Meta
4 de Junio Proyecto Llano 69, hidrocarburos, Empresa Mansarovar Energy Colombia, con orígenes de India y China.
Ganador: No con el 97,04 % el Sí tuvo un 2,38 %
Pijao, en Quindío,
9 de julio 2017
Exploración y explotación de minerales, Anglo Gold Ashanti
Ganador: No con el 97,76 %
97
CUADRO 9: SÍNTESIS DE CONSULTAS POPULARES EXTRACTIVAS EN COLOMBIA
CONSULTA POPULAR
FECHA PROYECTO RESULTADO
el Sí tuvo un 0,98%
Arbeláez, Cundinamarca
9 de julio 2017
Explotación de hidrocarburos y proyectos mineros Alange Energy, filial de Pacific Rubiales, y Canacol Energy
Ganador: No con el 98,5 % el Sí tuvo un 0,9 %
Jesus María, Santander
17 de septiembre 2017
Proyectos mineros y/o de explotación de hidrocarburos
Ganador: No con el 97,5 % el Sí tuvo un 1,28 %
Sucre, Santander
1 de octubre del 2017
22 títulos mineros y petroleros que se adelantan en el territorio. Proyecto de la Luciana de la empresa Llano Minas.
Ganador: No con el 98 % el Sí tuvo un 1,09 %
Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández 2017, Revista Ambiental Catorce6 2017, El Espectador 2017 y Crónicas del Quindío 2017
En el cuadro número 9, puede verse una tendencia a nivel nacional de nuevos movimiento
sociales de resistencia y defensa del lugar ante el modelo de desarrollo basado en el
extractivismo, que transforma sus territorios y cambia sus formas tradicionales de
subsistencia, además de tener la posibilidad de definir y regular el uso del suelo y garantizar
la protección del ambiente. Actualmente han sido adelantadas 9 consultas populares y es
encuentran inscritas ante la Registraduría Nacional más de 44 consultas (Castilla, 2017)
sobre minería, hidrocarburos e hidroeléctricas, de igual forma en municipios como Jericó y
Támesis, del departamento de Antioquia, mediante acuerdos de los Concejos Municipales,
han negado cualquier proyecto de explotación de recursos naturales (Tamayo, 2017).
Para el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, una consulta
popular “no es un fin en sí misma, sino que es parte de la estrategia política y comunicativa
de las comunidades y de las autoridades locales, para ejercer la autonomía sobre su
territorio. Los resultados de las consultas populares aquí mencionadas han sido
apabullantes, y en esa medida tanto algunos sectores del Gobierno Nacional, como de las
empresas extractivas, han mostrado preocupación y han planteado dudas sobre el carácter
vinculante de este mecanismo de participación, lo cual abre el debate sobre la democracia
real a nivel local en varias zonas del país”. (IDEA, 2017).
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Siguiendo la metodología del análisis del performance social, propuesta por Alexander
(1995), quien a su vez se basó en Melucci (1992), para entender el accionar de los
Movimiento Sociales, en los Municipios de Piedras y de Cajamarca se encuentra que se
configuró una escena que incluyó medios de producción simbólica como peticiones,
marchas, bloqueos, debates y audiencias públicas, que condujeron a hacer cumplir la Ley
136 de 1994, sobre la obligatoriedad de realizar consultas populares sobre proyectos
mineros a gran escala que puedan llegar a afectar las comunidades.
Según Alexander “las narrativas se construyen a partir de códigos binarios y es la polaridad
de las opciones binarias la que permite a los intelectuales de cada lapso histórico encontrar
el sentido a su época” (Alexander J. C., 1995), por lo que, para realizar un análisis del
performance social presentado en los dos municipios Tolimenses, es necesario
desentramar los códigos mostrados a través de este fenómeno social. Se puede decir que
se presentan dos posiciones opuestas frente a la consulta popular que se resolvió con la
victoria contundente de quienes estaban en contra de la minería a gran escala y en defensa
del lugar.
5.3. Alternativas al Desarrollo Construidas por Movimientos Sociales En
Cajamarca, Tolima.
Para poder hablar de las alternativas al desarrollo, se debe retomar el trabajo de Escobar
(2005), en el cual plantea que se debe “deconstruir” el concepto de desarrollo, cuestión
mediante la cual se analizan las bases ideológicas del discurso y se permite “plantear
interrogantes allí donde otras posturas no son capaces de hacerlo, y con ello se abren las
puertas a nuevos tipos de alternativas” (Gudynas, 2011). Esto sin embargo no se enmarca
en un nuevo desarrollo, sino que se debe construir, con los movimientos sociales y las
comunidades, desde lo local, una propuesta alternativa a ese modelo de desarrollo.
99
En este caso es necesario aclarar que la idea de “desarrollo alternativo”, se basa en el
paradigma del desarrollo clásico, e intenta modificar algunas cuestiones basándose en el
discurso, por otro lado la “alternativa al desarrollo, apunta a generar otros marcos
conceptuales a esa base ideológica, es explorar otros ordenamientos sociales, económicos
y políticos de lo que veníamos llamando desarrollo” (Gudynas, 2011-b)
A la teoría de Escobar de “defensa del lugar” se debe sumar la construcción de comunidades
resilientes que elaboran su propia estrategia de desarrollo local y regional, sin dejar de estar
insertadas en lo nacional y en lo global. (Escobar, 2005, pág. 124), Esta no se produce
aisladamente sino que requiere de redes nacionales y globales que la protejan y la
potencien, son “redes reales y virtuales de todo tipo”; mediante una coaliciones de
movimientos sociales, de académicos, ONG, activistas, etc.
Para el caso de Cajamarca, la alternativa al modelo de desarrollo basado en el extractivismo,
fue una construcción del Movimiento Social, basándose en sus formas tradicionales de
subsistencia y su vocación agrícola (por algo es llamada la despensa agrícola de Colombia),
se propone desarrollar en el municipio un proceso de producción agroecológica, pero
entendiendo que se necesitan una reforma agraria, en la cual se tenga una inversión
significativa tanto en insumos como en adecuación técnica, desarrollo en infraestructura
(conectividad, vías terciarias) y unos estímulos a la economía campesina de la región.
En el repertorio implementado por el MS, la deconstrucción del modelo de desarrollo
(Escobar, 2005) se realizó criticando la mega - minería y rechazándola bajo los proceso de
participación ciudadana en la consulta popular y se reafirmó en una estrategia alternativa
de defensa del lugar basado en la vocación agrícola del territorio, con lo cual se garantiza
sus formas tradicionales de sustento. Para consolidar esta propuesta se debe buscar una
herramienta que permita el desarrollo de la región y que además brinde protección en el
tiempo al campesinado y su economía, por lo anterior, en esta investigación se puede
100
proponer la implementación de una Zona de Reserva Campesina, que garantice por Ley, los
derechos del campesino y sus medios de subsistencia.
Históricamente se sabe que el campo Colombiano, ha arrastrado un atraso con respecto al
resto de la economía y la sociedad, que se expresa especialmente en la falta de vías
terciarias para acceder a los mercados, falta de crédito blandos, de apoyo técnico y serias
deficiencias en salud y educación, todo lo cual demuestra una clara ausencia del Estado,
que ha desprotegido desde siempre al campesinado colombiano (Vega, 2002). Si a ésto se
le suma el tradicional despojo de la tierra y la larga duración del conflicto armado en
Colombia, vamos a encontrar que los campesinos tuvieron que desplazarse a las ciudades,
pero también hacia áreas protegidas como los Parque Nacionales Naturales y las zonas de
reserva forestal, entra otras, generándose nuevos conflictos sociales y ambientales.
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son el resultado de la “lucha y de la construcción de
una estrategia alternativa de los campesinos colombianos, los cuales se movilizaron para
exigir una reivindicación de sus derechos constitucionales” (Entrevista Cesar Jerez,
noviembre 2016); El origen de las ZRC se remonta al año 1985, “cuando se dan las primeras
discusiones entre el Gobierno y las comunidades rurales con la finalidad de avanzar en
procesos de ordenamiento territorial y búsqueda de alternativas a la forma en que se
efectuaba la ocupación del territorio, la colonización y la expansión de la frontera agrícola”
(Ortiz et al, 2004).
Las ZRC son “áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas
requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad con el propósito de
fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las
afectan” ” (Ortiz et al, 2004). Las Zonas de Reserva Campesina fueron normalizadas por la
Ley 160 de 1994, Capítulo XIII: creación de las ZRC, y reglamentados por el decreto 1777 de
1996 (reglamentación parcial de la Ley 160), el Acuerdo 024 de 1996 la cual fija los criterios
generales y procedimiento para seleccionar y delimitar las ZRC.
101
Tiene como objetivos controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria, crear
las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía
campesina, regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, facilitar la
ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, evitar y corregir los fenómenos de
inequitativa concentración o fragmentación antieconómica y fortalecer los espacios de
concertación social, política, ambiental y cultural entre el estado y las comunidades rurales
(Acuerdo 24 de 1996. art.29).
Actualmente se encuentran formadas ocho Zonas de Reserva Campesina, en el Guaviare,
Caquetá, Bolívar, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia y Bolívar; están en vía de
constitución ocho más, entre estas, se encuentra el movimiento campesino del sur y sur
oriente del Tolima (Entrevista Cesar Jerez, noviembre 2016), específicamente los habitantes
de los municipios de Planadas, Rio Blanco, Ataco, San Antonio y Chaparral, que han venido
aunando esfuerzos para consolidar el Comité impulso de la Zona de Reserva Campesina del
sur del Tolima (Prensa Rural, 2016). El Movimiento Social de Cajamarca, podría asumir la
propuesta que tienen los pobladores del sur del Tolima, contribuyendo al fortalecimiento
de las redes campesinas que se proponen exigir al Estado Colombiano el reconocimiento de
éstas.
Con la firma del “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP); se da a los Colombianos unas herramientas para fortalecer el
ejercicio democrático, superar la brecha social y económica entre el campo la ciudad,
además de construir una verdadera paz con justicia social. En el primero de los seis puntos
del acuerdo, la Reforma Rural Integral (RRI), se proponer la transformación de la realidad
rural del país, mediante “la integración de las regiones, el desarrollo social y económico
equitativo del país” (Acuerdo Final. Pág., 10, 2016)
102
En este punto se aclara que para una transformación estructural del campo y en particular
al cierre de la frontera agrícola se “requiere adoptar medidas para promover el uso
adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y
distribución equitativa de la misma” (Acuerdo final, Pág. 11, 2016), en este sentido, deben
contribuir todas las comunidades en sus territorios, por lo que es necesario el
“reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de
asociatividad solidaria”. Esta reivindicación de las ZRC, puede ser una estrategia de impulso
no solo a la implementación acuerdo, sino también al campo colombiano y a las alternativas
al desarrollo que viene construyéndose colectivamente, las cuales se complementan con
las plataformas propuestas desde la interculturalidad.
La dirigente nacional de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (COMPI), Luz Mary
Panche, explica que los pueblos indígenas no han dependido de la producción en gran escala
de minerales e hidrocarburos, dice que es necesario “Organizar la economía de la región
alrededor de la economía verde y naranja, siempre desde apuestas colectivas y en armonía
con la madre naturaleza; se debe ordenar y propiciar el ecoturismo comunitario y tomar
otras medidas frente a la conservación y recuperación de los espacios naturales. (…) Como
pueblos autónomos hemos venido trabajando nuestros planes de vida, nuestro modelo
educativo propio, apoyando y solidarizándonos con los campesinos y promoviendo
movilizaciones en apoyo a nuestras reivindicaciones; hoy estamos promoviendo la
implementación del acuerdo de paz, la urgencia de pensarnos y decidir cómo regiones el
modelo de desarrollo que se implementara en los PDET (Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial), para salvaguardar nuestros territorios de los conflictos ambientales
que se avecinan. Para nosotros la defensa del territorio es defender la posibilidad de existir
como pueblos indígenas, de existir dignamente como las demás culturas y poblaciones,
decidiendo autónomamente sobre la forma de gobernarnos y de administrar nuestras
riquezas naturales” (Entrevista Luz Mery Panche, noviembre 2016).
103
Como puede verse, la anterior concepción coincide con la hipótesis que se ha defendido en
este trabajo, al propender por las formas alternativas de desarrollo, basadas en la defensa
del territorio y sus recursos, mediante una construcción colectiva que haga valer los
intereses locales frente a los intereses privados transnacionales.
En el caso estudiado de Cajamarca, se demuestra que las narrativas se constituyen a partir
de códigos binarios (Alexander, 1995), en tanto que en los municipios se enfrentaron dos
tendencias opuestas acerca de la realización del proyecto. En dicha escena se destacan
varios actores que tienen una gran influencia en el territorio, en primer lugar podríamos
caracterizar a la comunidad que en su inmensa mayoría (97,9%), que se considera lesionada
por la implementación de un proyecto que destruye su derecho al agua potable y a un
ambiente sano, alterando sus formas tradicionales de producción agraria. También se
encontrarían las instituciones departamentales y regionales que alertadas por los
movimientos sociales actuaron cumpliendo con la Ley y en defensa del territorio, y en el
otro extremo del escenario se encuentra la multinacional Anglo Gold Ashanti.
En Cajamarca se utilizó un repertorio de acciones de producción simbólicas (Alexander
2005), que se basaron en marchas, bloqueos, debates, foros y por último la consulta
popular que dio como resultado el triunfo de No sobre el proyecto de extracción minera.
El resultado global de este accionar simbólico fue la construcción colectiva de una
alternativa al modelo de desarrollo vigente desde lo local, que forma parte de la transición
al extractivismo; La comunidad Cajamarcuna quiere mantener su vocación agrícola, pero
necesita una herramienta que garantice su prevalencia, propuesta que se puede reforzar
con la integración de ese movimiento territorial en la iniciativa que viene elaborando
comunidades del Sur del Tolima con la Zona de Reserva Campesina, para lo cual esta
investigación propone que se anexe este municipio a la iniciativa anteriormente
mencionada, con el fin de proteger tanto jurídica como socialmente la decisión tomada por
la comunidad en la consulta popular.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se tomó como esquema explicativo la teoría de la globalización de
Wallerstein (1979) y Braudel (1985), quienes demuestran históricamente como se
conformó desde el descubrimiento de América, un sistema mundial con Centros
hegemónicos y periferias subalternas, que subsisten hasta hoy. El poder del Centro se basa
en el control del trabajo y de los recursos naturales, es lo que se conoce como la colonialidad
del poder (Quijano 2017). América Latina se halla ubicada en la periferia de dicho sistema.
Según la pregunta de investigación de este trabajo, se trataba de saber ¿Cómo puede una
comunidad de la periferia del sistema mundial, como la de Cajamarca (Tolima), en donde
opera el modelo económico extractivista, elaborar propuestas y realizar acciones
significativas en defensa de su modo de vida y de la biodiversidad del territorio, que
contribuyan a construir un modelo alternativo de desarrollo desde lo local?; Ante lo cual, se
puede decir que en el caso de La Colosa, los gobiernos, basándose en andamiaje
institucional y normativo en que se fundamenta el modelo librecambista, han intentado
imponer el extractivismo. Las comunidades por su parte han resistido, defendiendo su
territorio, por medio de organizaciones como el “Comité Ambiental y Campesino en
Defensa de la Vida de Cajamarca y Anaime”, donde juegan un papel muy destacado las
mujeres y los jóvenes, valiéndose de un amplio repertorio de acciones artísticas,
deportivas, folclóricas, jurídicas y políticas, que tuvieron su punto más alto en la consulta
popular del municipio de Cajamarca (26 de marzo de 2017), obteniendo un triunfo rotundo
por el No, a estos proyectos mineros. Pero también, la oposición al modelo condujo al
movimiento social a pensar una alternativa socioeconómica y ambiental que respete su
modo tradicional de producción agraria.
Esta propuesta coincide con la teoría de Escobar (2005) de defensa del lugar, en la cual los
movimientos sociales construyen alternativas al modelo de desarrollo, teniendo en cuenta
que lo global no puede existir sin lo local y a la inversa. Es decir, aquí se tuvo en cuenta la
105
posición de Doreen Massey de “concebir el espacio como un producto de interrelaciones”
(Escobar, Pág.187 2005), no solo regionales, sino incluso internacionales.
No resulta entonces extraño que se hayan formado diversos nuevos movimientos sociales
en defensa del territorio y del ambiente; para los autores revisados resulta notoria la
diferencia con movimientos sociales anteriores, ya que los nuevos utilizan como dice
Martínez Allier (2005), diversos lenguajes de valoración cultural, ecológicos e históricos que
los identifican, generando espacios de dialogo y discusión amplios y flexibles.
Para ampliar la respuesta a la pregunta de investigación se plantearon unos objetivos, que
incluían el análisis crítico del discurso gubernamental y de los organismos internacionales,
así como el de los actores en disputa y su diferente accionar. Las élites han venido
legitimando el discurso de desarrollo y progreso del país, pero se trata de un proceso
liderado por las corporaciones transnacionales. Es lo que Dussel (2008) llama “la falacia del
desarrollo”; En el fondo, los últimos cinco Gobiernos, coinciden en el discurso de la
necesidad del crecimiento económico basado en la inversión extranjera, para la explotación
de los recursos naturales; pero a su vez, esta orientación conduce a una desaceleración de
la economía, porque se descuida la industria y la agricultura.
Un hecho que llama la atención es que los dirigentes colombianos, se han apoyado en los
propios interesados, como fue el caso de instituciones Canadienses, que ayudaron a
construir la Ley 685 del 2001, el Código de Minas. Principios de legislación que
paradójicamente se les aplicaría a empresas de ese país. Esto es una muestra de la grave
dependencia de nuestro país, como lo había demostrado en su teoría Theotonio Dos Santos
(2011) para América Latina.
Ante la presencia de empresas globales en los territorios, diversos sectores de la sociedad
Colombiana, como ONG´S, académicos, organizaciones sociales, entre otras, han llamado
la atención sobre la necesidad de que el Estado haga presencia en toda la geografía del país
como regulador y ante todo como prestador de servicios, de constructor de las
infraestructura necesarias, que intervenga en la protección del ambiente y la calidad de vida
de sus pobladores.
106
Una de las críticas más fuertes a los gobiernos y al Estado Colombiano, que ha hecho
empoderar a las comunidades en la defensa del territorio, es el desarrollo de su política
minera, la cual se encuentra desactualizada, es bastante laxa e incompleta (Fierro, 2012),
además de facilitar las asimetrías de país con los centros del sistema mundial. Es necesario
que se plantee una nueva política minera que tenga en cuenta la realidad de las regiones y
que se base en los ejercicios alternativos construidos desde lo local, de igual manera se
debe avanzar en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, esto con el fin de
proteger las zonas ecológicamente estratégicas para el país y apoyar las comunidades
aledañas a estas.
En el desarrollo del segundo objetivo, se demostró que en el departamento del Tolima, ante
las características del proyecto trasnacional de la Anglo Gold Ashanti, La Colosa, se
transformaría la vocación agraria de la región, el equilibrio ecológico y su cultura. Ante esta
situación, se ha configurado un nuevo movimiento social, que a través de redes locales y
globales, usando un repertorio de acciones prácticas y simbólicas defienden su territorio;
“La nueva cuestión social deriva del hecho que los conflictos se desplazan del sistema
económico – industrial hacia el ámbito cultural y, concretamente, se centra en la identidad
personal, el tiempo y el espacio de vida, la motivación y los códigos del actuar cotidiano”
(Berrío P., 2006), como ha ocurrido en Cajamarca, donde se han consolidado estrategias
que visibilizan su realidad, como la exposición “Oro vital”, en el Museo de arte Moderno de
Bogotá y otras iniciativas que han trascendido hasta el escenario internacional.
Una de los aspectos más negativos de las políticas de los gobierno es la entrega de títulos
mineros a entidades privadas muchas veces transnacionales, de manera que no
contemplaban las condiciones reales de los territorios, amenazando seriamente a la
sociedad y su entorno natural. Es decir no había ningún tipo de licencia social, que
expresara el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio, de forma
autónoma, informada y soberana. Es en éste camino que los nuevos movimientos sociales
están desarrollando su accionar, habiendo logrado ya, posicionar el tema en la opinión
pública.
107
En cuanto al último objetivo se presenta el debate entre la multiculturalidad y la
interculturalidad. La multiculturalidad resulta cara a los teóricos del norte global, porque en
New York y otras ciudades de los centros del sistema mundial se han conformado por
inmigrantes de todo el mundo y por grupos étnico - culturales como los
afronorteamericanos e indígenas, los latinos, asiáticos, etc. que construyen comunidades
barriales o zonales de manera separada de los demás grupos de identidad, en forma de
gueto. Por el contrario las teorías de la interculturalidad latinoamericana se expresan en las
diferentes formas de defensa del lugar (Escobar, 2005), en donde habitan y trabajan
diversas comunidades y diferentes grupos étnico culturales como en el Pacifico Colombiano
y la Orinoquía, comunidades de paz, como la de Apartadó en el Urabá, en donde interactúan
estas diversidades, e intentan superar sus propios conflictos con miras a unificarse
alrededor de demandas comunes en lo local, regional y nacional.
Lo anterior también demuestra que de acuerdo al tipo de conflicto, características de las
regiones y de las culturas, así mismo han sido las acciones y las alternativas trabajadas
colectivamente y propuestas al país y al mundo. Una de las iniciativas más elaboradas por
el movimiento agrario, ha sido la propuesta de constitución de Zonas de Reserva Campesina
(ZRC), reconocidas por el Estado colombiano por la ley 160 de 1994, donde se busca
garantizar la protección de la población, la economía y la cultura, el ordenamiento de la
propiedad y del territorio, entre otros aspectos, pero a pesar de la importancia de esta
propuesta, no se ha incorporado como una política clave en el desarrollo agroecológico del
país. Por esta razón el municipio de Cajamarca podría conformarse como una ZRC, para
garantizar el respeto a su vocación agraria, junto con otras regiones, que defienden
procesos similares o complementarios como los propuestos por los movimientos
interculturales.
Por lo visto, las alternativas al desarrollo tal como lo conocemos, están construyendo un
nuevo mapa de Colombia, desde la base de la sociedad, conformado por una multiplicidad
de movimientos sociales, como los resguardos indígenas, las comunidades de paz, las Zonas
108
de Reserva Campesina, los territorios que luchan contra la globalización imperial
depredadora, empresas comunitarias y cooperativas, etc.
En esta investigación ha quedado claro que cuando los nuevos movimientos sociales entran
en la escena social y política, necesariamente se producen transformaciones importantes,
por las movilizaciones y demás acciones simbólicas, que se visibilizan por medio de
distintos tipos de redes en defensa del territorio, logrando audiencia y solidaridad, más
allá de las fronteras.
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Bibliografía
Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo, una lectura desde la Constitución de Montecristi. Quito, Ecuador: Fundación Friedrich Ebert.
Agencia EFE (18 mayo 2012). Duplican potencial de mina de oro La Colosa a 24 millones de onzas. Recuperado el 23 de 04 de 2016, obtenido de http://www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/DocsComunicadosPrensa/duplican_potencial_mina_oro_La_Colosa_24_millones_onzas.pdf
AIL, Agencia de Información Laboral. Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Serie Periodística, primera entrega. http://ail.ens.org.co/informe-especial/balance-del-gobierno-alvaro-uribe-velez-5/
Amaya, O (Noviembre de 2002). La Constitución Política Ecológica de Colombia, análisis comparativo con el sistema Constitucional Latinoamericano. Universidad Externado de Colombia.
Andrade, G. I., Rodríguez, M., & Wills, E. (2012). Dilemas Ambientales de la Gran Minería en Colombia. Revista Javeriana, 17-23.
Alcaldía de Cajamarca (2014). Nuestro municipio, nuestra historia. Recuperado el 23 de 04 de 2016, obtenido de http://www.cajamarca-tolima.gov.co/informacion_general.shtml
Alexander, J. C. (1995). Sociología cultural: Formas de clasificación en las sociedades complejas. Madrid: Paperback.
Alexander, J. (2005). Pragmática cultural: Un nuevo modelo de performance social. Revista Colombiana de Sociología, 9-67.
AGA – Anglo Gold Ashanti. (2015). ‘Esperamos Que La Colosa Tenga Licencia Ambiental En 2020’. Recuperado el 11 de 08 de 2016, Obtenido de http://www.anglogoldashanticolombia.com/noticia/esperamos-que-la-colosa-tenga-licencia-ambiental-en-2020/
AGA – Anglo Gold Ashanti S.A. (2012, junio). Caminando por Cajamarca. Recuperado el 08 de 01 de 2015 http://www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/Reportes/Caminando%20por%20Cajamarca%20Julio%202012.pdf
AGA – Anglo Gold Ashanti. (09 de 12 de 2011). Proyecto de Exploración La Colosa. Recuperado el 08 de 01 de 2015, obtenido de http://www.anglogoldashanti.com.co/
AGA – Anglo Gold Ashanti S.A. (2010, diciembre). Caminando por Cajamarca Un reportaje de la Anglo Gold Ashanti. Colombia: Panamericana Formas e Impresos.
AGA – Anglo Gold Ashanti S.A. (2008). Estudio Socioeconómico y Ambiental de Cajamarca Área de Influencia del Proyecto de Exploración Minera La Colosa Fase III. Bogotá: Anglo Gold Ashanti S.A.
Arango, J. (Abril de 2014). Proyecto De Minería De Oro La Colosa, Identificación Ambiental de la Zona de Explotación y Sus Impactos. Tesis de Maestría en Gestión Ambiental, de la Pontificia Universidad Javeriana.
110
Arias, C. (2013). ¿neo-extractivismo o desarrollo local? conflictos territoriales y patrimoniales en el pueblo minero de Marmato (Colombia). Tesis de Maestría en “Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial”, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, (Pág. 45-79).
Baptiste, B. (2013). Minería, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Bogotá: Instituto Humboldt Colombia.
Barragán, Rossana (Coord.), 2008, “Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación”, 4ª edición, La Paz, Plural Editores.
Bebbington, A. (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Lima: Bulletin de l'Institut Francais d'Études Andines.
Bergquist, C. (1988). Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Bogotá: Siglo XXI.
Bermúdez, A. (29 de julio de 2013). La Silla Vacía. La encrucijada del gobierno después del 'no' de Piedras a la minería. Recuperado el 28 de Marzo de 2015. Obtenido de: http://lasillavacia.com/historia/el-dilema-del-gobierno-despues-del-no-de-piedras-la-mineria-45296
Berrío P., A. (2006). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine, y Alberto Melucci. Estudios Políticos No. 29, 219-236.
Braudel F. (1985). La Dinámica del Capitalismo. Fondo de Cultura Económica. México. 2002.
CADVT, Comité Ambiental en Defensa de la Vida (junio del 2016). ¿Qué son los diplomados ambientales? Recuperado el 16 de septiembre de 2016. Obtenido de https://comiteambiental.com/acerca-de-los-diplomados/
Chacón, R. (2011). Especial: Conflictos Mineros: El caso Yanacocha: crónica de la lucha frente a una contaminación minera inevitable. Perú.
Composto, C., & Navarro, M. L. (2012). Estados, transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias en torno de la minería a gran escala en América Latina. Revista Theomal, 58-78.
CSC - Colombia Solidarity Campaign (noviembre -2013). La Colosa: una Muerte Anunciada Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia.
Contraloría General de la República. (2011). Memorias foro: Desarrollo y sostenibilidad del sector minero. Un reto nacional estratégico. Bogotá
Corrales , E., & et al. (2004). Politicas Agrarias Para Colombia. Bogotá: Antropos, U. Javeriana, U. Nacional, CINEP.
Corte Constitucional de la Republica de Colombia. Sentencia C123 DEL 2014 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/c-123-14.htm
Cortolima et, Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) & Universidad del Tolima.
111
(2006). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello (Pomca). CD. En archivo oficina jurídica Cortolima.
De Echave C., J. (2011). Tendencias de la minería y escenarios de transición al post extractivismo: el caso peruano. Ecuador Debate No. 82, 113-128.
DANE (15 de febrero de 2018). Comunicado de prensa, Producto Interno Bruto (PIB), año 2017. Recuperado 20 de febrero del 2018, Obtenido de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim17_oferta.pdf
Departamento Nacional de Planeación - DPN. Consulta, Texto de Planes de Desarrollo de Años Anteriores. Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) - Álvaro Uribe Vélez. Cambio para contruir la paz (1998-2002) - Andrés Pastrana. El salto social (1994-1998) - Ernesto Samper. La revolución pacífica (1990-1994) - César Gaviria. Recuperado el 10 de Diciembre de 2016. Obtenido de: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx
Díaz, O. (2003). El País Creado Por Wall Street. La Historia No Contada De Panamá. Editorial Planeta. Bogotá D.C.
Dirlink, A. (2000). Place and Politics in the Age of Global Capitalims Place-based Imaginatión: Globalism and the Politics of Place. Nueva York: Rowman and Littlefield
Dinero, Revista. (2008). Entrevista Ernesto Samper Pizano. http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/ernesto-samper-pizano/67729
Dos Santos, T. (2011). Imperialismo y Dependencia. Caracas, Venezuela: Biblioteca Ayacucho.
Duarte C. (2012). Cronologías de la Legislación Minera Colombiana. Línea de Investigación sobre Desarrollo Rural del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. http://www.javerianacali.edu.co/intercultural
Dussel, E. (Octubre 2008). Marx y la Modernidad; Conferencias de la Paz. Imprenta Julyo´s, Bolivia.
Duran, H. Dejusticia (31 marzo de 2017), 10 años de lucha: la historia detrás de la consulta minera en Cajamarca. Recuperado el 10 de julio de 2017, obtenido de: https://www.dejusticia.org/10-anos-de-lucha-la-historia-detras-de-la-consulta-minera-en-cajamarca/
El Espectador. Redacción VIVIR (9 de julio 2017). Pijao y Arbeláez dijeron No a la explotación minera y de hidrocarburos. Recuperado el 22 de agosto de 2017. Obtenido de: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pijao-y-arbelaez-dijeron-no-la-explotacion-minera-y-de-hidrocarburos-articulo-702257
El Nuevo Día, Editorial (30 de septiembre del 2014). Consejo de Estado deja en pie la consulta popular de Piedras. Recuperado el 13 de agosto de 2016, Obtenido de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/233588-consejo-de-estado-deja-en-pie-la-consulta-popular-de-piedras
El País, Editorial (16 Diciembre, 2013). Consultas contra la explotación minera son ilegales: Ministro de Minas. Recuperado el 13 de agosto de 2016, obtenido de
112
http://www.elpais.com.co/colombia/consultas-contra-la-explotacion-minera-son-ilegales-ministro-de-minas.html
El Tiempo, Redacción. (22 Julio de 1994). Gaviria destaca desarrollo de la minería http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-178894
El Tiempo, Redacción. (23 de Julio de 1998). El Gran fracaso de Samper http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-790192.
El Tiempo, Redacción. (21 diciembre del 2007). Hallan en Cajamarca (Tolima) reserva de oro que estaría entre las 10 más grandes del mundo. Recuperado el 17 de Diciembre de 2016, Obtenido de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3871744
El Tiempo, Editorial. (23 de Junio de 2010). Problemas de la minería en Colombia. Recuperado el 10 de Diciembre de 2014, Prensa Periferia: Obtenido de: http://www.periferiaprensa.org/index.php/edicion-actual/113-periferia-virtual/articulos/1122-problemas-de-la-mineria-en-colombia
El Heraldo (2016). Economía Redacción. Corte Constitucional tumba áreas estratégicas de minería en 20 departamentos. Recuperado el 14 de mayo de 2017, Prensa Periferia: Obtenido de:https://www.elheraldo.co/economia/corte-constitucional-tumba-areas-estrategicas-de-mineria-en-20-departamentos-266169
EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. (2012) Recuperado el 10 de Diciembre de 2014, Prensa Periferia: Obtenido de http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/cajamarca%20-20tolima%20resumen%20eot.pdf
Escobar, A. (2007). La Invención del Tercer Mundo. Caracas, Venezuela: 1ra Edición Fundación Editorial el perro y la rana.
Escobar, A. (2005) Más allá del tercer mundo, Globalización y Diferencia. Bogotá, Colombia. Editorial ICANH, Universidad del Cauca.
Escobar, Arturo (2005). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o posdesarrollo?. Libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. p. 113 -143.
Esteva, G. (2012). Desarrollo. Teorías y Enfoques del Desarrollo. Recuperado el 20 de marzo de 2016. https://desarrolloxxi.files.wordpress.com/2010/05/desarrollogustavoesteva1.pdf
Estrada A., J. (2010).Tendencia de acumulación e inversión extranjera en Colombia. Revista Taller No. 24. Pág. 7 -21.
Estrada A., J. (2010). Transformaciones del Capitalismo en Colombia, Dinámicas de Acumulación y Nueva Espacialidad. Revista Taller No. 25. Pág. 7-29.
Fierro, J. (2012). La política minera en Colombia: la articulación y potenciación de conflictos alrededor de intereses privados. Libro Minería, territorio y conflicto en Colombia. Toro Pérez et al. (Eds), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
113
y Sociales, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), Censat Agua Viva. Bogotá: 179-209
Fuentes A. (2015). Presentación Legislación ambiental y minería, reflexiones para el caso Colombiano.
Galvis, S. R. (2012). La regulación ambiental y social de la minería en Colombia: comentarios al proyecto de ley de reforma al Código de Minas. Bogotá D.C.: Foro Nacional Ambiental.
García, R. A. (2010, octubre). La Colosa, proyecto de minería a cielo abierto con lixiviación de cianuro. Revista Semillas. No 43, Paginas 59-63.
Gohn M. (1997). Teoria dos movimentos sociais, paradigmas classicos e contemporaneos. Edición Loyala. Sao Paulo, Brasil.
Gómez G., L., & Posada L., G. (2003). Cambios en las Relaciones Económica - Naturaleza. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
González, L. (2008; Pág., 7). Impacto de la minería de hecho en Colombia. Bogotá, Colombia: INDEPAZ.
Gudynas, E. (2009). Diez Tesis Urgentes Sobre El Nuevo Extractivismo. Centro Latino Americano de Ecología Social CLAES, 187-225.
Gudynas, E. (2011). Desarrollo, Extractivismo y Post-Extractivismo. En G. p. desarrollo, Más allá del desarrollo (págs. 265-299). Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
Gudynas, E. (2011 - b). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo y Abya Yala. Páginas 21- 53. Quito.
Guillermo, P., & Mauricio, O. (2009). El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local de Colombia. Caracas, Venezuela: CAF.
Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Traducción Juan Mari Madariaga. Editorial Humanes. Madrid.
Hernández, C. El Tiempo (10 de julio 2017). La minería va perdiendo 5 a 0 en las consultas populares. Recuperado el 22 de agosto de 2017. Obtenido de: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rechazo-a-la-mineria-en-las-consultas-populares-107078
Herrera, C. Periódico el Nuevo día (20 de marzo 2013). Minería, medio ambiente y ordenamiento territorial I. Recuperado el 15 de febrero de 2017. Obtenido de: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/delgado-herrera-camilo-e/175805-mineria-medio-ambiente-y-ordenamiento-territoria
Ibáñez, A; Laverde, M. (2012). Los Municipios Mineros en Colombia: características e impactos sobre el desarrollo. Recuperado el 27 de septiembre de 2016. obtenido de: http://www.academia.edu/8079991/Los_Municipios_Mineros_en_Colombia_caracter%C3
114
%ADsticas_e_impactos_sobre_el_desarrollo_Los_Municipios_Mineros_en_Colombia_caracter%C3%ADsticas_e_impactos_sobre_el_desarrollo
IDEA, Instituto de Estudios Ambientales, Observatorio de Conflictos Ambientales. Universidad Nacional de Colombia (4 de septiembre 2017). Consultas populares sí son vinculantes. Recuperado el 23 de septiembre de 2017. Obtenido de:http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/consultas-populares-si-son-vinculantes/
Idárraga, A. (9 junio de 2009). Exploración en La Colosa: entre ingenuidades e insinuaciones. Recuperado el 25 de julio de 2017, obtenido de http://www.censat.org/component/content/article/481
Idárraga, A; Muñoz, D; Vélez, H. (2010) Conflictos Socio-Ambientales Por La Extracción Minera En Colombia: Casos De La Inversión Británica. CENSAT AGUA VIVA
Jaramillo, C (Septiembre 1997). Fracaso de la política social de Samper. Revista Universidad Eafit. Recuperado el 25 de junio de 2017, http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/download/1127/1018/0.
Jiménez, C. (17 de Julio de 2011). Sí se puede. El Tiempo, pág. 13.
Katz, C. (2011). Bajo el Imperio del Capital. Página 38 - 49. Editorial Espacio Crítico. Bogotá D.C.
Keynes, John Maynard (1936) Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, quinta edición, 1958.
La crónica del Quindío (8 de julio 2017). Pijao, ocho años luchando contra la megaminería. Recuperado el 22 de agosto de 2017. Obtenido de: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pijao_ocho_aos_luchando_contra_la_megaminera-seccion-la_regin-nota-111972
Leff, E. (2002). Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. México D.F.: Siglo XXI.
Ley 685 de 2001. Nuevo Código Minero. Recuperado el 16 de septiembre de 2016. Obtenido dehttp://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2001/ley_0685_2001.pdf
L. North, L. (2011). Malos Vecinos: Las empresas mineras canadienses en América Latina. Ecuador Debate No. 82, 129-136.
Ley 685 de 2001 (15 agosto). Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia. Recuperado el 30 de junio de 2017, Obtenido de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202.
Lombana, N. (21 de febrero de 2009). No a la explotación de la mina de oro en Cajamarca (Tolima). Recuperado el 16 de septiembre de 2016. Obtenido de http://www.elsalmon.co/2009/02/
MADR – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2012). Anuario estadístico del sector agropecuario y pesquero 2011. Resultado evaluaciones agropecuarias municipales 2011. Bogotá: Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información.
Maldonado, & Ocampo. (2008). Biota Colombiana. Bogotá.
115
Mejía, Julio, 2004, “Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo”, Revista Investigaciones Sociales, Ed. UNMSM/IIHS, Lima, vol. III, núm. 13, pp. 277-299.
Manglar Abogados, Especialistas en derecho ambiental (1 de junio del 2016). El ordenamiento Territorial y las actividades mineras. Recuperado el 28 de Noviembre de 2016, obtenido de: http://manglarabogados.com/pot-sentencia-123-corte-constitucional-mineria/
Marín, J. (2013). Conozcamos a Cajamarca. Recuperado el 30 de septiembre del 2016, obtenido de http://cajamarcatolima.gov.co/apcaailes/63333332346630356639613331376230/CONOZCAMOS_A_CAJAMARCA.pdf
Martínez Allier, J. (2005). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. Ecología Social, 12-25.
Melo, J. O. (1996). Colombia Hoy. Bogotá: Presidencia de la Republica.
Melucci, A. (1992) Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Capítulo 1. Teoría de la acción colectiva. (Pág... 25-54) Editorial El Colegio de México. Reimpreso 1999.
Meschkat, K. (2015). Los Gobiernos progresistas y las consecuencias políticas del neoextractivismo. En G. P. Desarrollo, ¿Cómo Transformar? Institución y cambio social
Mininas - Ministerio de Minas y Energía (30 de mayo de 2017). Lanzamiento de la Edición Especial de la Revista Semana ‘Colombia vale oro'. Recuperado 26 de marzo del 2017, de: https://www.minminas.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=23890518
Mininas - Ministerio de Minas y Energía (Febrero de 2018). Producción Y Exportaciones De Metales Preciosos En Colombia 2017, Análisis y Consolidación de cifras. Recuperado 15 de febrero del 2018, Obtenido de: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23966843/270218_produc_expo_metal_precio_2017.pdf/05fa40d4-91bc-4d85-9ea3-22f73c84ebf4
Montaña Cuellar, D. (1977). Colombia País Real y País Formal. Página 95 - 105. Editorial Latina. Bogotá D.C.
Pardo A. (2017). La política minera en 2017: ¿el quiebre de la locomotora?. Razón Pública. Recuperado 09 de noviembre del 2078, Obtenido de: https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9952-la-pol%C3%ADtica-minera-en-2017-el-quiebre-de-la-locomotora.html
Pastrana, A. (2001). Minería viable en lo económico, responsable en lo social y sostenible en materia ambiental. Discurso, 15 agosto del 2001, Bogotá Colombia. Recuperado el 24 de junio de 2017, Obtenido de: http://andrespastrana.org/portfolio-items/mineria-viable-en-lo-economico-responsable-en-lo-social-y-sostenible-en-materia-ambiental/
Pérez R. M. (2014). Conflictos Ambientales En Colombia: Inventario, Caracterización Y Análisis Estudio Para 72 Casos De Injusticia Ambiental. Universidad del Valle; Instituto CINARA, Cali, Colombia
POMCA - Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello (Pomca). (2006). Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Corporación Colombiana
116
de Investigación Agropecuaria (Corpoica), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Universidad del Tolima. (2006).
Prébisch R. (1963). Hacia Una Dinámica Del Desarrollo Latinoamericano. Con un apéndice sobre el falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria. Editorial Fondo de Cultura Económico. México.
Prensa Rural. (21 Diciembre 21 de 2016). Las Zonas de Reserva Campesina avanzan en el Sur del Tolima. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc. Recuperado 26 de marzo del 2017. http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article20706, también se puede consultar: http://prensarural.org/spip/spip.php?mot146
Portafolio, Editorial (29 de Julio de 2013). El municipio de Piedras rechazó la minería en su territorio Recuperado el 13 de agosto de 2016, obtenido de: Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/piedras-rechazo-minero-referendumPoveda, E. (31 de Mayo de 2013) La normativa minera tras la caída de la Ley 1382: más dudas que certezas. Recuperado el 23 de 04 de 2016, https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administrativo-y-contratacion/la-normativa-minera-tras-la-caida-de-la-ley-1382-mas
Pulido, A. (2015). Los territorios frente a la minería, Debates y alternativas alrededor de la problemática minera en Colombia. Corporación para la Educación y la Investigación Popular Instituto Nacional Sindical. CEDINS, Fundación Rosa Luxemburgo, Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ). Bogotá.
Quijano, A. (2005). “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina." En Colonialidad Del Saber y Eurocentrismo. Edgardo Lander, ed. Buenos Aires, Argentina: UNESCO-CLACSO
Quijano, A. (2017). Articulo Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Libro Epistemologías del Sur (Perspectivas). Eds. Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses. Ediciones Akal, reimpresión Colombia.
Quintana M. (2016). Organización de los movimientos sociales frente a la minería a gran escala en Colombia: el caso de la red de comités del Tolima. Tesis de Maestría en acción pública y desarrollo social. Colegio de la Frontera Norte. Chihuahua, Mexico
Rahnema, M., & Bawtree, V. (1997, Pág. 34.). The Postdevelopment Reader. Londres: Zed Books
Ramos, L. A. (2 de 08 de 2013). Ola Política. Consulta Popular en Piedras, David derrota a Goliat Recuperado el 20 de junio de 2016, Obtenido de: http://www.olapolitica.com/content/en-piedras-%C2%A1david-derrot%C3%B3-goliat
Registraduría Nacional del Estado Civil, Prensa (26 de marzo de 2017). Habitantes de Cajamarca (Tolima) dijeron no a la ejecución de proyectos y actividades mineras en este municipio. Recuperado el 12 de julio de 2017, obtenido de: http://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cajamarca-Tolima,23943.html
Revista Dinero. Editorial (2013). La apertura económica, Recuperado el 20 de junio de 2016, Obtenido de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/la-apertura-economica/182405
117
Revista Dinero. Editorial (30 de Marzo de 2017). Qué significa el No de la consulta popular en Cajamarca. Recuperado el 12 de julio de 2017. Obtenido de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cajamarca-consulta-popular-contra-anglogold-ashanti/243450
Robledo J. (20 de febrero del 2009). No es conveniente darle a la Anglo Gold la autorización que pide para explorar oro en Cajamarca, Tolima. Recuperado el 16 de septiembre de 2016. Obtenido de https://jorgerobledo.com/no-es-conveniente-darle-a-la-anglogold-la-autorizacion-que-pide-para-explorar-oro-en-cajamarca-tolima/
Rodríguez Becerra, M. (1995). La política ambiental del gobierno Samper, Revista Estrategia económica y financiera. No. 205. Recuperado el 17 de septiembre de 2017, Obtenido: http://www.manuelrodriguezbecerra.org/e_lapoli.htm
Rodríguez Becerra, M. (2013). Los impactos ambientales de la industria minera. Bogotá: Seminario Internacional Minería organizado por las universidades de Harvard y los Andes.
Rodríguez F., D. (2014). Dejémonos de vainas: las consultas populares para temas mineros son viables. Semana, 23. Recuperado el 20 de junio de 2016, Obtenido de: http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/las-consultas-populares-para-temas-mineros-viables/32923
Rodríguez, O. (1980). La teoría del Subdesarrollo de la CEPAL. Páginas 24-98. Siglo Veintiuno Editores. México.
Rostow W. W. (1963). Las etapas del crecimiento económico. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición. México.
Sánchez, P. (2013) Minería, territorio y territorialidad: el caso de hallazgo aurífero La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima - Colombia) 2000 - 2013. Tesis de Maestría en Geografía. Directora Astrid Ulloa Cubillos. Universidad Nacional de Colombia.
Salamanca, L. J. (2012). Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Contraloría General de la Republica
Sarmiento, M. (2013). Cerro Matoso: Una Historia de Fraudes Contra El País. Revista Deslinde, No. 52. Páginas 55- 59. Bogotá.
Schuldt, J., & Acosta, A. (2002). PETRÓLEO, RENTISMO Y SUBDESARROLLO ¿UNA MALDICIÓN SIN SOLUCIÓN? Nueva Sociedad, 71-89.
Semana Sostenible. (27 de abril de 2017). Anglo Gold Ashanti se va (por ahora) de Cajamarca. Recuperado el 12 de julio de 2017. Obtenido de: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/anglogold-ashanti-se-va-por-ahora-de-cajamarca/37665
Seoane, J. (2006). Movimientos Sociales y Recursos Naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas. Sociedades e Estado, Brasilia, Vol. 21, 85-107.
Simbaña, F. (2011). El Sumak Kawsay como proyecto Político. En G. P. Desarrollo, Más allá del desarrollo (págs. 219-226). Quito, Ecuador: Abya Yala.
118
Svampa, M. & M. Antonelli. (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos.
Sentencia Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2016. Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Acción de tutela – fallo de primera instancia. Recuperado el 15 de julio de 2017, obtenido de: http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/16-12-2016_11001031500020160341500.pdf
Sentencia Consejo de Estado del 2 de marzo de 2017. Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Acción de tutela – Incidente De Desacato. Recuperado el 16 de julio de 2017, obtenido de: https://drive.google.com/file/d/0B-RM-L_17nBpT0NaQ2JHNEtMSFk/view
Svampa, M. (2011). Extractivismo neodesarrollista y movimiento sociales. En G. P. Desarrollo, Más allá del Desarrollo (págs. 185-218). Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
Svampa, M., Bottaro, L., & Álvarez, M. S. (2007). La Problemática de la minería metalífera a cielo abierto: Modelo de desarrollo, territorio y discurso dominante. Encuentro de Pueblos por la Vida, Ecuador, 29-50.
Tagliavini, Sabbatella. (2005). Marxismo Ecológico: elementos fundamentales para la crítica de la economía política ecológica. 34-67.
Tamayo, H. (15 agosto del 2017). Periódico El Tiempo. Los dos municipios que se niegan a que la minería esculque sus tierras: En Jericó y Támesis, Antioquia, sancionaron proyectos de acuerdo para prohibir la minería metálica. Recuperado el 13 de diciembre de 2017. Obtenido de http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/jerico-y-tamesis-se-niegan-a-la-explotacion-minera-en-sus-tierras-118648
TERRAE: Grupo De Investigación Geoambiental TERRAE. (Febrero 2016). Análisis Desde La Perspectiva De Amenazas Socioambientales De Una Mina De Oro A Cielo Abierto: Caso De Estudio La Colosa, Cajamarca (Tolima).
Thiesing, H; Dietz, K. (4 de octubre de 2017). Documental: “Si páramos La Colosa, páramos cualquier cosa” Recuperado el 13 de diciembre de 2017. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=31R4X04NZJI
Tierra Digna (2014). Infografía ¿Qué Son Las Áreas Entratégicas Mineras (AEM)? Recuperado el 13 de marzo de 2017. http://tierradigna.org/aem/
Tierra Digna (2015). Suspendidas 516 áreas estratégicas mineras que ocupan el 20.3% del país, Comunicado 15 de mayo 2015 – Suspensión de AEM. Recuperado el 13 de marzo de 2017, Obtenido de: http://tierradigna.org/mineria-metales/2015/05/15/suspendidas-516-areas-estrategicas-mineras/
Torres, H. Revistas El Salmon, (09 junio de 2016). Crónica Ibagué: VIII Gran marcha-carnaval contra el extractivismo. Fotografías: Leydy Arévalo y Gabriel López. Recuperado el 20 de Julio de 2017. Obtenido de: http://www.elsalmon.co/2016/06/miles-y-miles-de-jovenes-proclamaban-al.html
URT Unidad de Restitución de Tierras, ANM- Agencia Nacional de Minas (Noviembre 2015). Cartilla Minería, preguntas Frecuentes.
119
Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.
Vega Cantor, R. (2002). Gente Muy Rebelde, 1. Enclaves, transportes y protestas obreras. Bogotá, Colombia: Pensamiento Crítico.
Vega Cantor, R. (2014). Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental Revista CEPA No. 19, Bogotá
Vélez R, C. I. (29 de 07 de 2013). Periódico El Colombiano. Comunidad de Piedras todavía no gana batalla contra minería. Recuperado el 13 de agosto de 2016, Obtenido de http://www.elcolombiano.com/comunidad_de_piedras_todavia_no_gana_batalla_contra_mineria-OCEC_253269
Villalobos, C. (28 de abril de 2016). Resumen de la nueva política minera en Colombia: Resolución 40391 de 2016. Recuperado el 24 de noviembre de 2016, Obtenido de https://justiciaambientalcolombia.org/2016/04/28/resumen-politica-minera/
Villegas, J. (1968, Pág., 33-34). Petróleo Oligarquía e Imperio. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial. México: Siglo XXI Editores.
Wallerstein, I., & Quijano, A. (1992). La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial. Revista internacional de ciencias sociales, No. 134, 583-591
Wallerstein, I. (2006). Ensayo La decadencia de Estados Unidos: el águila se estrelló al aterrizar. Libro La decadencia del poder estadounidense. Editorial Le Monde Dilpomatique. Buenos Aires.
ANEXOS
MODELO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA LIDERES CAJAMARCA
INVESTIGACIÓN: EXTRACTIVISMO Y MOVIMENTOS SOCIALES: LA DEFENSA DEL LUGAR COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA AL DESARROLLO. CASO DE ESTUDIO CAJAMARCA, TOLIMA.
Fecha: Hora:
IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre del entrevistado:
120
Profesión u ocupación:
Organización, institución a la cual pertenece
Lugar de residencia
HISTORIA PROPIA Y DE LA REGIÓN
Hace cuanto vive en Cajamarca
Cuándo fue la primer vez que escucho de la mina de Cajamarca
Cuándo hace presencia la empresa minera
Qué acciones desarrollaron con la comunidad
Tiene conocimiento de la etapa de desarrollo de la mina
POSICIÓN FRENTE A LA MINA
Cuál es la posición frente a la minería
Qué impactos traerá la explotación minera (económicos, sociales, ambientales)
Sabe usted cuál ha sido la posición de las autoridades regionales frente a la explotación minera
Qué acciones han desarrollado, cuales son las propuestas que se manejan
OTRAS PREGUNTAS
MODELO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA LIDERES ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES
INVESTIGACIÓN: EXTRACTIVISMO Y MOVIMENTOS SOCIALES: LA DEFENSA DEL LUGAR COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA AL DESARROLLO. CASO DE ESTUDIO CAJAMARCA, TOLIMA.
Fecha: Hora:
IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre del entrevistado:
Profesión u ocupación:
121
Organización, institución a la cual pertenece
Lugar de residencia
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cuál era el problema al cual se enfrentaba la organización en el momento de su confirmación
Cuáles son los objetivos actuales de la lucha de esta organización
CONTEXTO NACIONAL
Conoce algunos casos de comunidades que se hayan visto afectadas por proceso de extracción de recursos naturales
Sabe qué medidas han tomado para enfrentar dichos proyectos;
Para la organización a la que pertenece que significa la defensa del territorio, nos puede dar algunos ejemplos?
BALANCE Y PROPUESTAS
Se ha hecho un balance en la organización u organizaciones nacionales de los proceso en defensa del territorio frente al extractivismo?
Qué alternativas se proponen desde las organizaciones para enfrentar el “modelo de desarrollo basado en el extractivismo”
