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HASTA LA ESPOSA DEL JUNIOR HACÍA BOLETAS FALSAS
Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo PentaPor : Pedro Ramírez y Matías Jara en Reportajes de investigaciónPublicado: 03.03.2015
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En los días previos a la audiencia para formalizar a Délano y Lavín, la presión sobre el SII y el Ministerio Público para evitar la prisión preventiva se intensificó. El expediente que llega al tribunal es explosivo. Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado.
Cuando los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos
Eugenio Lavín, decidieron declarar ante el fiscal Carlos Gajardo,
adquirieron un compromiso: colaborar con la investigación. Délano declaró
el 5 de enero pasado y Lavín lo hizo al día siguiente. Para entonces, habían
transcurrido siete meses desde el inicio de la investigación sobre Penta y la
Fiscalía había acumulado testimonios y documentos recogidos en
interrogatorios y allanamientos que daban cuenta no sólo de financiamiento
ilegal de políticos, sino también evidencia de diversos ilícitos tributarios.
Colaborar significó para Délano y Lavín quebrar su alianza histórica con los
dirigentes de la UDI, especialmente con el ex senador Jovino Novoa, al
reconocer el financiamiento ilegal de campañas políticas. También
admitieron el uso de boletas fraudulentas para pagar a algunos de sus
familiares y operaciones irregulares para cancelar bonos y remuneraciones
a sus ejecutivos.
La estrategia apuntó a colaborar entregando la mayor información sobre los
ilícitos que habían provocado conmoción pública en los últimos meses (la
arista política), para así levantar un muro de contención sobre el nudo más
complejo y amenazante para su futuro judicial: los
contratos fordwardrealizados por Penta, y en especial los que se hicieron
con las empresas de Manuel Cruzat. Allí estaba la verdadera máquina
montada por los dueños del holding para una millonaria evasión tributaria.
Un mes después las
condiciones cambiaron radicalmente. A fines de enero la Fiscalía obtuvo
testimonios y pruebas que demuestran que el Grupo Penta realizó más de
un centenar de operaciones fraudulentas, a través de
contratos forward manipulados, que provocaron una multimillonaria pérdida
al Fisco. La evidencia obtenida reveló además, que Délano y Lavín no
habían entregado toda la información. Quebrado el compromiso de
colaborar con la investigación, la prisión preventiva volvió a rondar como
una posibilidad cierta para los dueños de Penta.
Los contratos forward que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y del
Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron suscritos entre Penta y CB
Consultoría y Proyectos, una empresa deManuel Cruzat, amigo y
maestro de Délano y Lavín (vea el reportaje de CIPER “Délano, Lavín y
Bilbao: del ‘semillero’ de Manuel Cruzat al banquillo de los
acusados”). Las pruebas que tiene el Ministerio Público indican que
decenas de estos contratos fueron firmados en un mismo día. El hallazgo ha
provocado inquietud en todo el mercado financiero. La hebra que sigue la
Fiscalía apunta a que los forwards pueden ser un verdadero manantial de
ilícitos tributarios y que no sólo el Grupo Penta los ha ocupado para burlar el
pago de impuestos. El SII recién comienza a ponderar los alcances de esta
fórmula de evasión y sus responsables piensan poner bajo el microscopio a
todas las empresas que utilizaron este tipo de instrumentos financieros.
PRESIÓN SOBRE EL SIICon la posibilidad cierta de que Délano y Lavín enfrenten la prisión
preventiva tras la audiencia de formalización programada para este
miércoles 4 de marzo, las presiones sobre el SII arreciaron la semana
pasada. El lobby sobre sus máximos directivos buscaba retrasar la
ampliación de la querella del organismo fiscalizador contra los responsables
del Grupo Penta, acción judicial que se presentó finalmente este lunes 2 de
marzo. ¿La razón? Minimizar la posibilidad de que el tribunal, en la audiencia
del miércoles 4, aplique a los dueños de Penta la medida precautoria de
privación de libertad.
Para los dueños de Penta era crucial impedir que la ampliación de la
querella del SII se concretara antes de que el holding pagara $4.900
millones a la Tesorería General de la República por “impuestos adeudados” -
más reajustes, intereses y multas- en algunas de las operaciones que
realizaron para pagar bonos y remuneraciones de sus ejecutivos. La
devolución a la Tesorería se efectúo a fines de la semana pasada, antes de
que el SII ampliara su querella. De esta forma, el pago de los $4.900
millones puede ser presentado por la defensa de Délano y Lavín como una
atenuante a tener en cuenta por el tribunal, en la audiencia de este 4 de
marzo, para evitar la prisión preventiva de los imputados.
El ocultamiento de la mayor parte de las operaciones forward entre Penta y
CB y el monto del eventual fraude tributario involucrado en ellas,
terminaron de convencer a los fiscales de dos cosas: que la colaboración
que asumieron a principios de enero Délano y Lavín no fue más que una
maniobra dilatoria y que, bajo esta circunstancia y tomando en cuenta la
conmoción pública que ha generado la investigación judicial, pedir la prisión
preventiva está dentro de las posibilidades.
El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está ahora encabezado
por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió la investigación el
martes 24 de febrero, secundado por los dos fiscales que han llevado la
indagatoria desde sus inicios: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La
irrupción del fiscal nacional, que fue presentada por el Ministerio Público
como carta de garantía de que la exhaustiva indagatoria del fiscal Gajardo
no sería minada por presiones externas, gatilló el reforzamiento del lobby
de Penta. La última ofensiva de los dueños del holding incluyó la filtración
del pago a la Tesorería efectuado la semana pasada, presentado por
diversas versiones de prensa precisamente como una atenuante para evitar
la prisión de los imputados.
SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOSMás allá del gesto que involucra el pago de los $4.900 millones, la
investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del
grupo son tantos y de tan diverso orden, que la única conclusión posible, de
prosperar la acusación de la Fiscalía, es que Penta se constituyó en una
verdadera máquina de defraudar al Fisco. Las operaciones del grupo son
una muestra gráfica de lo que en el SII llaman “industria de la evasión”, la
que se origina en planificaciones tributarias “agresivas” diseñadas por
asesores especializados para burlar el pago de tributos.
CIPER revisó detalladamente todos los hechos investigados por el Ministerio
Público y pudo determinar que, a lo menos, son siete las fórmulas que
habría utilizado Penta y que eventualmente le permitieron burlar el pago de
impuestos y/o conseguir beneficios tributarios indebidos:
Contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco.
Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y
remuneraciones de ejecutivos.
Pagos de asesorías hechos por el Banco Penta para disfrazar
sus pérdidas.
“Arriendo” de acciones para rebajar el pago de patentes
municipales.
Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.
Retiros y préstamos irregulares para beneficiar a familiares.
Boletas falsas para justificar gastos (incluyendo aportes a
campañas políticas) y pagar remuneraciones de familiares de los
controladores.
Fiscal Carlos Gajardo
De probarse finalmente la comisión de ilícitos, los infractores arriesgan
multas y penas que pueden llegar hasta los cinco años y un día. Por tratarse
de una penalidad baja, para evitar la privación de libertad será clave que el
tribunal pondere la colaboración de los imputados con los investigadores, su
voluntad de pagar los impuestos adeudados y su “irreprochable” conducta
anterior.
Délano y Lavín fueron multados con 1.000 UF por uso de información
privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile en el año 2000,
cuando pujaban con el Grupo Luksic por el control del banco. Gracias a que
la normativa vigente entonces así lo establecía, esa sanción fue catalogada
como “administrativa” y no ensució su hoja de antecedentes. Ambos
cuentan con la atenuante de la buena conducta.
Respecto de la voluntad de restituir lo defraudado, el pago de $4.900
millones corresponde a unos $2.090 millones en impuestos impagos, más
reajustes e intereses, por los bonos y remuneraciones canceladas a sus
ejecutivos entre 2008 y 2014. A esta cantidad hay que agregar otros $1.191
millones que Délano y Lavín pagaron en diciembre, y que se refieren a
impuestos impagos por $532 millones, más reajustes e intereses, originados
por boletas falsas detectadas por la Fiscalía y rechazadas por el SII.
LA FÓRMULA DEL ENGAÑO
Cuando a comienzos de enero Délano y Lavín declararon ante el fiscal
Gajardo, éste ya tenía en su expediente información sobre los forward.
Hugo Bravo, uno de los imputados y ex ejecutivo de confianza de Délano y
Lavín, ya había mencionado en sus declaraciones la existencia de contratos
irregulares entre Penta y la consultora VSA. Los dueños de Penta no
pudieron negarlos. Pero como estos forward no pueden justificarse como
“errores de contabilidad”, pues se hicieron con la única intención de evadir
impuestos, trataron de controlar los daños. El efecto de esta información
podía ser demoledor en el juicio.
El arqueo del SII estableció que el Grupo Penta firmó cuatro
contratos forward con VSA entre enero y febrero de 2013, los que
involucraron transacciones por un total de $7.341 millones y
generaron una “pérdida ficticia” para las empresas de holding que
sumó $324 millones. Los forwards correspondían a una compraventa de
dólares a valor futuro que se liquidarían entre tres y cuatro meses después
de firmados los contratos.
En la práctica, al firmar estos contratos ambas empresas apostaban a que el
precio que tendría el dólar cuando se liquidara la compraventa les sería
favorable. La irregularidad es que las fechas de los contratos fueron
manipuladas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía y la reciente
ampliación de querella del SII: los documentos se redactaron después de la
fecha estipulada para la liquidación de los contratos, por lo que ambas
partes se coludieron para que Penta “perdiera” dinero.
Hugo Bravo
Una vez que Penta le pagó a VSA los montos fijados en los contratos, esa
empresa traspasó el dinero a los ejecutivos de Délano y Lavín. La fórmula le
permitía a Penta pagar los bonos y parte de las remuneraciones de sus
ejecutivos evadiendo impuestos. Para cobrar las sumas, los ejecutivos
hacían sus propiosforwards con VSA, los que también se manipulaban para
que fueran desfavorables a la consultora. VSA cobraba una comisión de
9,4% por prestarse al engaño.
Cuando Délano y Lavín transparentaron ante la Fiscalía los forwards con
VSA, intentaron responsabilizar de estas operaciones a Hugo Bravo. Al
enterarse del tenor de la acusación, en su siguiente declaración, el 30 de
enero, Bravo decidió dar un nuevo golpe: puso ante la mesa del fiscal la
información que conservaba sobre losforwards que Penta había suscrito con
CB Consultorías y Proyectos, la empresa de Manuel Cruzat. Los dichos de
Bravo fueron explosivos. Porque fue entonces que el Ministerio Público
constató que los controladores de Penta les estaban ocultando la veta más
potente de la evasión tributaria.
El mismo día en que Hugo Bravo entregó esta nueva hebra a los
investigadores, la defensa de los dueños de Penta informó a la Fiscalía la
existencia de 24 forward suscritos con CB entre 2008 y 2012, los que
involucran un monto global superior a los $103 mil millones. Pero la pista
que aportó Bravo le permitió al Ministerio Público conocer la existencia de
muchos más contratos de este tipo. De allí que fueron citados a declarar
ejecutivos de CB -como Iván Rojas y el propio Manuel Cruzat, cuyos
testimonios quedaron bajo reserva temporal- lo que destapó la existencia de
otras decenas de contratos.
Con este nuevo antecedente, de proyecciones insospechadas, el caso
adquirió un giro lapidario para Délano y Lavín. Eso explica el apuro por
pagar a la Tesorería antes de que el SII ampliara su querella, la que
incorporó algunos de los ilícitos con los forwards y pone en riesgo la
estrategia de los dueños de Penta para evitar la prisión.
LOS FORWARDS CON VSAImpuestos Internos alcanzó a incorporar en su ampliación de querella –
presentada el lunes 2 de marzo- sólo los forwards entre Penta y VSA. Los
contratos con CB Consultoría ya fueron informados por la Fiscalía al SII, y el
organismo tributario está en la etapa de recopilación de antecedentes. De
allí que en su querella el SII informó al tribunal que los
contratos forward suscritos entre Penta y CB “presentarían las mismas
características y condiciones de celebración” que los firmados con VSA.
De los cuatro contratos forward entre Penta y VSA en 2013, tres de ellos
fueron suscritos porEmpresas Penta. Estos arrojaron una “pérdida ficticia”
de casi $303 millones (vea imagen con los pagos hechos por Empresas
Penta a VSA). Dos de estos tres contratos fueron firmados por Carlos
Alberto Délano y Hugo Bravo, en representación de Empresas Penta, lo que
diluye la supuesta responsabilidad exclusiva de Bravo en estos manejos.
El cuarto contrato con VSA fue suscrito por Inversiones Penta III. En este
caso, la “pérdida ficticia” para esta empresa de Penta fue de $21,2 millones
(vea imagen con los pagos de Inversiones Penta III a VSA).
A su vez, el SII detectó que la Inmobiliaria Duero, sociedad que concentra
los negocios de la familia Délano, firmó también un contrato forward con
VSA en 2013, operación que le dejó una “pérdida ficticia” de $39,2 millones
(vea imagen con los pagos hechos por Duero a VSA). Este contrato fue
firmado, en representación de Duero, por dos hijos de Carlos Alberto
Délano: Macarena y José Luis Délano Méndez.
Por los forwards con VSA, el SII imputó a Hugo Bravo López, Manuel
Antonio Tocornal y Óscar Buzeta Undurraga (como representantes
legales de Empresas Penta); Carlos Eugenio Lavín y Marcos Castro
Sanguinetti (como representantes legales de Inversiones Penta III);
Carlos Alberto Délano (representante legal de Inversiones Penta III
e Inmobiliaria Duero); Pedro Ducci Cornu, Carlos Délano Méndez,
Macarena Délano Méndez, Pablo Délano Méndez y José Luis Délano
Méndez (representantes legales de Inmobiliaria Duero).
A todos ellos, el SII les adjudica el siguiente ilícito: “Haber presentado
declaraciones de impuesto a la renta (…) que contenían información falsa,
al dar cuenta de las pérdidas provocadas por contratos que (…) tuvieron
como causa de celebración la evasión deliberada del Impuesto de Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta de las sociedades señaladas”.
Además, ni Penta ni VSA entregaron al SII las declaraciones juradas,
mensuales y anuales, que debían acreditar que los contratos efectivamente
fueron suscritos en las fechas estipuladas en los mismos documentos. Fue
este incumplimiento el que, precisamente, permitió la manipulación de las
fechas detectada por la Fiscalía y corroborada por el SII.
Según la querella presentada por Impuestos Internos, la manipulación de
los forward expone a los infractores a multas que van desde el 50% al 300%
del valor de los impuestos no pagados y presidio menor en sus grados
medio a máximo.
LA OPERACIÓN ABORTADA EN 2014La misma operación realizada en 2013 por los dueños de Penta para evadir
impuestos en concomitancia con VSA se habría concretado en 2014, de no
mediar la investigación judicial de Gajardo y Norambuena. La operación
para enmascarar los pagos de bonos y sobresueldos a través de contratos
con VSA ya estaba en marcha, aunque con algunas modificaciones. Según
Hugo Bravo, el año pasado los dueños de VSA rechazaron seguir
utilizando forwards y plantearon una nueva fórmula: que Penta les pagara
una asesoría falsa, dinero que luego serviría para cancelar incentivos a sus
ejecutivos sin impuestos. Esa asesoría ficticia la brindaría Siglo
Outsourcing, empresa que encabeza el mismo controlador de VSA: Tomás
Roberto Carrasco.
Las asesorías falsas fueron contratadas por Penta en marzo de 2014. Pero,
cuando a mediados de ese año los fiscales cayeron sobre la contabilidad del
grupo, todos los contratos fueron resciliados y Siglo Outsourcing restituyó el
dinero. Las empresas del holding que pagaron estas asesorías fueronPenta
INF (a través de un contrato por $73 millones), Penta III ($27 millones)
e Inversiones Banpenta II ($19 millones). También se firmaron contratos
de asesorías ficticias de VSA a Penta III(por $83,5 millones), Inversiones
Banpenta II (por $83,5 millones) y Empresas Penta (por $103 millones).
En total, las asesorías falsas de Siglo Outsourcing y VSA al holding
Penta llegaban a $389 millones.
Como la investigación judicial abortó la operación, en agosto de 2014 Penta
liquidó los bonos de sus ejecutivos pagando todos los impuestos. Por
ejemplo, la liquidación de sueldo del gerente corporativo del holding
Penta, Manuel Antonio Tocornal, en agosto de 2014 registró haberes por
sobre los $200 millones, incluyendo un bono de $190 millones, por lo que
debió pagar $78 millones en impuestos. El gerente de Administración y
Finanzas, Óscar Buzeta, recibió ese mes un bono por $96 millones,
pagando $41 millones en impuestos. El gerente de Contabilidad, Marcos
Castro, tuvo un bono por $63 millones y pagó más de $27 millones en
impuestos.
BOLETAS Y FACTURAS PARA OCULTAR BONOSAdemás de los incentivos y remuneraciones cancelados mediante
los forwards, el Grupo Penta también pagó otros sobresueldos a sus
ejecutivos a través de boletas de honorarios y facturas por trabajos que
nunca se hicieron. Esto provocó una doble pérdida tributaria: por una parte
las empresas Penta disminuyeron su base imponible, al enmascarar estas
remuneraciones como gastos, y los beneficiados con los pagos no
cancelaron los impuestos asociados a sus remuneraciones reales.
Manuel Antonio Tocornal
El balance que arroja la investigación de la Fiscalía y las revisiones
realizadas por el SII, indican que entre los años 2008 y 2014 cinco empresas
del Grupo Penta registraron como gastos, respaldados con boletas o
facturas falsas, lo que en realidad eran sobresueldos de ejecutivos. Estas
empresas son: Inmobiliaria Los Estancieros, Inversiones Penta
III, Penta INF, Empresas Penta e Inversiones Banpenta (vea las
nóminas de todas lasboletas y facturas entregadas a empresas del
Grupo Penta y que ocultaron el pago de bonos y remuneraciones).
El detalle de estas operaciones, en cada una de las cinco empresas
involucradas, es el siguiente:
Inmobiliaria Los Estancieros: entre 2008 y 2014 registra 74
facturas otorgadas por cuatro sociedades para disfrazar el pago de bonos.
Una de ellas pertenece al actual gerente de Auditoría, Riesgo Operacional y
Tecnológico de BancoEstado: Rodrigo Muñoz Fontaine, ex contralor del
holding Penta. Las otras sociedades que facturaron a Los Estancieros son
de Héctor Concha Marambio, gerente del Área Salud del Grupo Penta, y
de Hugo Bravo. Los Estancieros también recibió una boleta de la cónyuge
de Raúl Schmidt, director de Finanzas Corporativas del Banco Penta (vea
el detalle de las facturas recibidas por Los Estancieros).
Inversiones Penta III: Entre 2008 y 2013 recibió 231 boletas de
honorarios y 98 facturaspresentadas como gasto, pero que ocultaban
bonos o remuneraciones. Entre los emisores de estas boletas se cuentan
cuatro familiares de Héctor Concha (su cónyuge, un hijo y dos nueras); la
esposa de un empleado de Penta Carlos Calcagno Carvajal; la cónyuge
del subgerente de Empresa Penta, Francisco Astorga Silva; la mujer del
asesor de Penta, Jorge Molina Ossa, y un familiar de Óscar Buzeta. Las
facturas fueron extendidas por sociedades del gerente general corporativo
del Grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal, y de los ejecutivos Héctor
Concha yHugo Bravo (vea el detalle de las boletas y facturas recibas
por Inversiones Penta III).
Penta INF: Recibió entre 2009 y 2012, 58 facturas que ocultaban el pago
de bonos o remuneraciones. Los documentos fueron extendidos por
sociedades del ex contralor del holding,Rodrigo Muñoz Fontaine; el
gerente general de Agrícola Mercedario, Arturo Miquel Armas;Manuel
Antonio Tocornal y Hugo Bravo (vea el detalle de las facturas
recibidas por Penta INF).
Empresas Penta: En su contabilidad de los años 2008 a 2013,
aparecen 91 boletas de honorarios falsas y 104 facturas. Las boletas
fueron extendidas por la cónyuge del empleado de Penta, Carlos
Calcagno; dos parientes del subgerente de Empresas Penta, Francisco
Astorga; la esposa del tesorero de Empresas Penta, Juan Carlos Armijo;
una nuera de Héctor Concha y un familiar de Óscar Buzeta. Las facturas
las emitieron sociedades controladas por Héctor Concha,Arturo
Miquel y Hugo Bravo (vea el detalle de las boletas y facturas
extendidas a Empresas Penta).
Inversiones Banpenta: Pagó tres boletas y cinco facturas en los años
2009, 2010 y 2012. Las boletas fueron entregadas por la esposa del gerente
de Finanzas de Banco Penta, Daniel Subelman Alcalay; una nuera
de Héctor Concha y un pariente de Óscar Buzeta. Las facturas fueron
extendidas por sociedades de Manuel Antonio Tocornal, Héctor
Concha y Hugo Bravo(vea el detalle de las boletas y facturas
pagadas por Inversiones Banpenta).
PAGOS DEL BANCO PENTAEl primer ejecutivo de Penta que concurrió a declarar a la Fiscalía, fue el ex
gerente general delBanco Penta y actual miembro de su directorio, Marco
Comparini. Lo hizo el 6 de octubre pasado. En esos días recién había
explotado el escándalo y la prensa se centraba en el financiamiento ilegal
de campañas políticas (vea reportaje de CIPER La Lista de las
donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta). Entonces, la
estrategia del Grupo Penta era desacreditar a Hugo Bravo, el ex ejecutivo
del holding que reconoció las irregularidades tributarias para evitarse las
sanciones más graves.
Bravo había declarado que el Banco Penta, para no afectar su imagen,
enmascaraba sus pérdidas contratando asesorías y servicios de empresas
del grupo, como Penta Corredora de Bolsa. El ex gerente general de
Empresas Penta afirmó que entre 2006 y 2010 se traspasaron $5 mil
millones al banco mediante facturas de empresas relacionadas.
Entre estas operaciones, mencionó asesorías de inversión prestadas por la
corredora al Banco Penta.
Comparini llegó a la Fiscalía con una presentación power point, diversos
gráficos y ejemplos de otros bancos a nivel internacional para demostrar
que las denuncias de Bravo no tenían asidero. Ante el fiscal afirmó que
estaba previsto que el Banco Penta, que inició sus actividades en 2004,
tuviese pérdidas en sus primeros años. En esa etapa de consolidación,
señaló, lo que afecta la imagen de un banco no son sus eventuales
pérdidas, sino otros indicadores: como su clasificación de riesgo o el “índice
de Basilea” (que también mide el riesgo al que están expuestos los bancos).
En este contexto, sostuvo Comparini, operaciones como las que describió
Bravo para disfrazar las pérdidas tendrían efectos marginales. Sólo aquellos
que no conocen el negocio bancario, dijo, podían prestar oídos a las
denuncias del ex ejecutivo.
Tras la exposición de Marco
Comparini, el fiscal Gajardo le exhibió dos correos electrónicos. Ambos
fueron enviados por el propio Comparini a Hugo Bravo, uno del 13 de
octubre de 2010 y otro del 20 de enero de 2009. En los dos correos
Comparini menciona operaciones dentro del holding para “subsidiar” al
banco:
“Don Hugo me tomé la libertad de aprobar estos cambios de fondos para
subsidiar al banco. Para Penta no es más que cambiarse de fondos y
prácticamente mantiene los mismos tipos de activos”, dice el correo de
enero de 2009.
El de octubre de 2010, señala: “La factura de 60 mm (millones) es el
segundo cobro del banco a Penta por Rucatayo… Rucatayo es solo la
pantalla para que subsidies al banco para que no salga con pérdidas”
(Rucatayo es un proyecto de generación eléctrica en el que Penta analizó
invertir).
Después de que el fiscal le exhibió estos correos, Comparini no siguió con su
académica exposición: “Lo que puedo decir de este correo lo manifestaré en
la próxima entrevista”. Ahí puso fin a su declaración.
Los ejecutivos de Penta no volvieron a declarar ante la Fiscalía. Aquellos que
fueron citados se acogieron a su derecho a guardar silencio. Probablemente,
enterados por Comparini del tenor de las pruebas y antecedentes que tenía
el Ministerio Público, decidieron no volver a hablar frente a los fiscales hasta
que lo hicieron sus jefes, Délano y Lavín, en enero de este año.
La revisión que hizo el SII y que fue expuesta en la denuncia que ese
organismo presentó el 8 de octubre de 2014, dos días después de la
declaración de Comparini, confirmó parcialmente lo expuesto por Hugo
Bravo. Aunque Impuestos Internos no pudo comprobar que los traspasos del
banco a otras empresas del holding sumaran $5 mil millones, como lo
denunció Bravo, sí acreditó que en los años 2009 y 2010 se traspasaron
$2.058 millones desde el Banco Penta a Penta Corredores de Bolsa
por servicios no prestados. Estos servicios ficticios, estableció el SII, eran
presentados como asesorías financieras.
El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas
Penta “rebajó de forma indebida la renta líquida imponible de su Impuesto
de Primera Categoría durante los años tributarios 2009 y 2010, a través del
registro en su contabilidad de gastos correspondientes a servicios de
asesoría que no fueron prestados por Penta Corredores de Bolsa S.A. por
montos que alcanzaban los $1.450 millones en 2009 y $608 millones para
2010”.
“ARRIENDO” DE ACCIONESEsta no es la única irregularidad en la que está envuelta Penta Corredora de
Bolsa. Hugo Bravo denunció ante los fiscales que la corredora ofrecía a
clientes VIP, relacionados con Penta, “arrendar” acciones, operación que
permitía rebajar el pago de las patentes municipales. El servicio consistía en
que la corredora “vendía” acciones a estos clientes el último día hábil del
año y luego se las recompraba en el primer día hábil de enero. De esta
manera, los inversionistas cerraban el año aumentando sus activos en
acciones, que están exentas de pagar patente.
Bravo declaró que él utilizó este servicio y que le permitió rebajar su pago
de patente en un millón de pesos. También afirmó que en otros casos la
misma operación permitió a algunos inversionistas ahorrarse hasta $40
millones. Entre los clientes VIP que ocuparon esta fórmula mencionó a
Délano y Lavín.
La Fiscalía pidió a la Bolsa de Santiago que le informara sobre operaciones
de compraventa de acciones que reunieran las características mencionadas
por Bravo, hechas a fines de cada año. El informe enviado por la Bolsa al
Ministerio Público indica que se detectaron patrones de operaciones
similares a la descrita por el ex ejecutivo desde 2009 hasta 2013. El
documento no individualiza a los inversionistas que usaron esta maniobra y
señala que es una práctica realizada por 11 corredoras, aunque destaca que
la de Penta fue la que más operaciones similares realizó. El volumen total
de las transacciones efectuadas por la corredora de Penta en los
cuatro años revisados, según lo informado por la Bolsa, sobrepasa
los $100 mil millones.
RETIROS Y PRÉSTAMOS ENMASCARADOSHugo Bravo también declaró que en 2012 Carlos Eugenio Lavín formó
un family office con sus hijos -Carlos y Francisco- y su yerno, Cristián
Letelier Braun. Por sus servicios, según la versión de Bravo, Lavín les
entregó un incentivo de $500 mil mensuales a cada uno y un bono por los
negocios que excedieran la tasa de captación de los bancos.
En abril de 2014, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, le
informó a Bravo que los hijos de Lavín habían emitido seis facturas de sus
empresas personales por un total cercano a los $800 millones para que
fueran pagadas por las sociedades Concordia y Convento Viejo. La
primera era de los mismos hijos de Lavín y la segunda, de su padre. “Se
daba el absurdo que los hijos le estaban cobrando a su propia sociedad”,
declaró Bravo, quien, según dijo, sugirió que hicieran un retiro de utilidades
como correspondía, pero Carlos Eugenio Lavín lo rechazó porque esa
operación “desmejoraría” a su hija, María Angélica.
Bravo se opuso a estos pagos porque, a su juicio, no estaban justificados y
porque se trataba de personas relacionadas que no tenían contrato. Era
seguro, señaló Bravo a los fiscales, que el SII los rechazaría. Por esa misma
razón, el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, ya lo había alertado.
Una vez que Bravo le puso luz roja a los pagos a los hijos de Lavín, se buscó
una nueva fórmula para poder retirar los dineros sin despertar sospechas en
el SII. Bravo declaró que esa solución la conversó con el abogado Alfredo
Alcaíno, cuyo bufete lleva los asuntos jurídicos del Grupo Penta y quien
cuenta con la máxima confianza de Délano y Lavín. Finalmente, se anularon
los traspasos de dinero ya ejecutados y se generó un contrato para
presentar el desembolso como una asesoría que sería prestada por la
sociedad L & L limitada (de propiedad de los hijos y el yerno de Lavín) a
las empresas Convento Viejo, Agrícola Santa Elena
Chimbarongo, Inversiones Concordia eInversiones Piedra Roja II,
todas empresas familiares de Carlos Eugenio Lavín.
Carlos Lavín Subercaseaux
Carlos Eugenio Lavín registra otra operación con un familiar que ha sido
incluida en los ilícitos que investiga la Fiscalía por burlar el pago de
impuestos. El relato de Hugo Bravo indica que Max Lavín Besa, primo de
Carlos Eugenio Lavín, quebró y perdió un fundo en Requinoa. Entonces,
Lavín compró el campo y prometió entregarle el 50% a su primo. Al mismo
tiempo le hizo un préstamo en el extranjero de US$500 mil para ayudarlo a
reiniciarse. El dinero fue ingresado a Chile acogido a las normas del Capítulo
XIV.
De acuerdo a la versión de Hugo Bravo, Carlos Eugenio Lavín pensaba que
su primo tenía giro de agricultor y pérdidas acumuladas por unos $600
millones, por lo que compró esas pérdidas y las traspasó a una nueva
sociedad –Pimpinela–, la que se adjudicó el fundo. Durante seis meses,
Max Lavín emitió facturas por $30 millones, las que eran visadas por los
contadores de Penta y pagadas, según recuerda Hugo Bravo, por una
sociedad de Carlos Eugenio Lavín. El 57% de los pagos por esas facturas
eran para Max Lavín y el resto, aseguró Bravo, se lo quedaba Carlos Eugenio
Lavín sin pagar impuestos. La operación funcionó hasta que el gerente de
Contabilidad de Penta, Marcos Castro, descubrió que en el SII no había
registro de las supuestas pérdidas previas de Max Lavín, por lo que los
retiros resultaban excesivos y la contabilidad de Pimpinela tendría graves
problemas con Impuestos Internos.
En su declaración ante la Fiscalía, Marcos Castro reconoció que le pidió al
martillero Jorge Valdivia -involucrado en el fraude al FUT que dio origen a la
investigación contra Penta- que utilizara sus contactos al interior del SII para
resolver el problema de Lavín Besa y Pimpinela: “Si esto no se solucionaba,
los herederos de Max Lavín iban a tener que pagar unos $300 millones en
impuestos”, declaró Castro.
Hugo Bravo afirmó ante los fiscales que el problema lo solucionó finalmente
el funcionario del SII Iván Álvarez, el principal formalizado por el millonario
fraude al FUT detectado al interior de Impuestos Internos.
PÉRDIDAS EN EMPRESAS PCRLa unidad de negocios con empresas productivas formada por Penta -Penta
Capital de Riesgo (Penta PCR)- ocupa otro capítulo en el expediente de
los fiscales. Entre las industrias que figuran bajo ese paraguas, se cuentan
fábricas de productos de vidrio (PH Glass), de envases de plásticos
(Burgos), de soldaduras (Soltec), de envases de poliuretanio (Pet
Packing) y de maquinaria para bodegaje (Arrimaq). La administración de
las empresas PCR ha estado en manos de Horacio Peña, socio histórico de
Délano y Lavín.
Las empresas PCR sólo han arrojado pérdidas para el Grupo Penta, las que
eventualmente también han sido usadas por el grupo para acceder a
beneficios tributarios. De acuerdo con la versión del socio minoritario de la
vidriera PH Glass, Jorge Charbín, los representantes del holding abultaron
los gastos de la empresa de manera artificial, contratando arriendos
innecesarios en la sede central de Penta (por $10 millones mensuales) y
asesorías financieras prestadas por otras empresas del grupo (por $15
millones al mes).
Una investigación de CIPER, publicada en octubre pasado, comprobó que
Penta hizo préstamos millonarios a estas empresas PCR, las que luego
aumentaban su capital por la vía de convertir esos créditos en una mayor
participación de Penta en la propiedad. De esta manera, el incremento del
capital de las empresas PCR no está relacionado con sus resultados
operacionales y no es más que el fruto de un fuerte endeudamiento con el
mismo holding (vea el reportaje “Radiografía a las denuncias de
Hugo Bravo sobre fraude tributario en las empresas PCR de
Penta”).
En sus primeras declaraciones ante el fiscal Gajardo, Hugo Bravo dijo que
estás empresas habían acumulado pérdidas por $80 mil millones. También
señalo que la empresa Penta INF hizo la mayor parte de los préstamos a las
industrias PCR, lo que le dejó una pérdida de $55 mil millones. Penta INF, ha
dicho Bravo, fue adquirida por otra empresa del holding y sus pérdidas se
valoraron en unos $20 mil millones, las que fueron utilizadas por el grupo
para acceder a beneficios tributarios por ese mismo valor.
Un correo del gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, que figura
en la carpeta de la Fiscalía, indica que las pérdidas de las empresas PCR a
diciembre de 2013 eran las siguientes: $7.500 millones de Pet Packing,
$9.100 millones de PH Glass, $5.600 millones de Arrimaq y $7.200 millones
de Plásticos Burgos. En total: $29.400 millones.
OTRAS BOLETAS FALSASLas prácticas destinadas a evadir el pago de impuestos estaban tan
extendidas en el Grupo Penta, que hasta la esposa del junior emitía boletas
falsas. Gilda Brunetto Flores es cónyuge del auxiliar que atendía las oficinas
centrales de Penta: Carlos Calcagno Carvajal. El tesorero de Penta, Juan
Carlos Armijo y el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, declararon ante
los fiscales que la esposa de Calcagno hacía boletas por unos $800 mil
mensuales.
Los testimonios judiciales revelaron que el dinero boleteado por Gilda
Brunetto se utilizaba para pasar como gastos de la empresa la bencina que
ocupaban los hijos de Carlos Eugenio Lavín y los traslados habituales de los
dueños del holding. Una fórmula para financiar una suerte de “caja chica”
para gastos menores.
También se utilizaron boletas falsas para pagar gastos corrientes, como la
mantención de sistemas informáticos. En la revisión de la contabilidad del
grupo, la Fiscalía detectó múltiples pagos girados contra boletas de Jessica
Jara, esposa del ingeniero informático Omar Fonseca, el que durante años
brindó de manera regular el servicio de asistencia computacional a
Empresas Penta sin gozar de contrato. Jessica Jara emitió 16 boletas a
Empresas Penta, por un total de $8,1 millones.
Carlos Alberto Délano
Las boletas extendidas por las esposas de Délano y Lavín -Verónica Méndez
y María de la Luz Chadwick- por trabajos que nunca se hicieron, fueron las
primeras irregularidades tributarias detectadas por el Ministerio Público. El
SII determinó que entre 2009 y 2014 ambas emitieron boletas que
provocaron una pérdida fiscal de $408 millones. No obstante, el gerente
de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que los pagos hechos a las
cónyuges de los dueños del holding sumaron más de $1.000 millones y que
sus boletas se vienen pagando desde 1996. El monto mensual que ambas
recibían era de unos $8 millones y eran depositados en las cuentas
personales de Délano y Lavín.
El expediente de las boletas por trabajos que no se realizaron también fue
utilizado por las sociedades de Carlos Alberto Délano y de Hugo Bravo. La
sociedad familiar de Délano, Inmobiliaria Duero, entre 2009 y 2014
registra 67 boletas emitidas por su hija, Verónica Délano Méndez (por un
total de $55 millones); y 66 boletas de su hermana, Carmen Delano Abott
(por un total de $162 millones). Por esta razón, ambas fueron incorporadas
en la denuncia criminal que el SII presentó a la Fiscalía en octubre pasado.
El gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que, en
realidad, los pagos a Carmen Délano iban dirigidos a su esposo, Samuel
Irarrázabal, como sobresueldos por sus servicios a la cabeza de los
negocios agrícolas de la familia.
Hugo Bravo se benefició del mismo sistema con sus sociedades
personales: Challico y Santa Sarella. Al respecto, el tesorero de
Penta, Juan Carlos Armijo, declaró que registran boletas mensuales por
$650 mil extendidas por Patricia Quezada (la esposa del mismo Armijo) y
por Verónica Winkler (cónyuge del subgerente de Empresas Penta,
Francisco Astorga). Para la sociedad Challico también boleteaban Paulina
Restovic (cónyuge de Bravo, que cobraba $1,9 millón mensuales) y Sergio
Riveaux (un sobrino de Bravo que cobraba $650 mil mensuales). Y para
Santa Sarella lo hacían Graciela Muller (por $ 2 millones mensuales) y Juan
Pablo Aris (por $650 mil). Armijo afirmó que todas estas boletas eran en
realidad retiros de dinero que no pagaban impuestos y confirmó que los
pagos que recibía su esposa (Patricia Quezada), él los depositaba en una
cuenta de Hugo Bravo.
Entre las boletas y facturas falsas pagadas por las empresas Penta, se
cuentan también las que permitieron financiar ilegalmente campañas
políticas. Entre los dirigentes y parlamentarios que están siendo
investigados por la Fiscalía por haber recibido de Penta aportes ilegales de
campaña, aparecen: Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Ena von
Baer, Pablo Longueira, Alberto Cardemil,Iván Moreira, Felipe de
Mussy, Laurence Golborne, Joaquín Lavín, el ex precandidato
presidencial Andrés Velasco, el ex subsecretario de Minería Pablo
Wagner y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
La resolución que adopte el 8º Juzgado de Garantía respecto del futuro
inmediato de los dueños del holding Penta será mirado con extrema
preocupación por los principales actores del mercado financiero. Las
medidas cautelares serán un primer test de cómo viene la mano en una
investigación judicial que remece al país. Todos saben que el uso
de forwards, boletas y asesorías falsas y otras operaciones ilícitas, son
prácticas extendidas en una verdadera industria de evasión tributaria a la
que no se quiso poner atajo. De las cartas que jueguen los fiscales, los
directivos del SII y de la resolución del tribunal depende que este juicio siga
escalando.
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