BOLETÍN DE LA RED ESTATAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA

Volumen 1, Nº1 Enero 2001 - Madrid

http://www.redu.um.es/publicaciones/vol1_n1.htm

¿Soplan vientos de cambios universitarios?

Francisco Michavila

Catedrático y Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la

Universidad Politécnica de Madrid.

Abstract

This paper describes the Spanish University current state: it analyzes the need to change

the university policy and even its structures; some steps are proposed to give answer to the

new knowledge society’s requirements, so that the university may be transformed into a

new one, not only to respond to new social demands but also to anticipate them and to

guide them into a better citizen’s personal and social development.

Keywords: accounting, eficiency judgement and signs, outcomes assessment, new

training developments, longlife training, virtual systems, institutionary self-goverment.

Resumen

El presente artículo describe el estado actual del Sistema Universitario Español: se

analiza la necesidad de cambio en su política universitaria y en sus estructuras; se

proponen algunas medidas para dar respuesta a las exigencias de la nueva sociedad del

conocimiento de manera que la universidad se transforme, no sólo para dar respuesta a

las nuevas demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas para un mejor

desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Palabras clave: rendición de cuentas, criterios e indicadores de eficiencia, evaluación de

resultados, nuevos desarrollos formativos, formación continua, sistemas virtuales,

autonomía institucional.

La aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, significó el punto de

partida para una transformación sustancial en muchos aspectos de la universidad

española. Respondía a una necesidades muy propias de aquel momento histórico en

nuestro país, que varios intentos legislativos de los últimos años de la década anterior y

los primeros ochenta habían pretendido también abordar, pero sin éxito. Pero la falta de

libertades y las circunstancias políticas de España hasta el final de la dictadura hicieron

nacer tarde la LRU. Cuando las ansias de democracia y de participación que recorrieron

los campus de todos los países occidentales durante la segunda mitad de los años

sesenta, en nuestro país no había un cauce normal de acogida de deseos similares ni en

las estructuras ni en legislación universitaria. La adopción de iniciativas para adecuar

las instituciones y su gestión a aquellas demandas, como ocurrió en Francia o en

Holanda, aquí no fueron posibles y los tímidos intentos que, pese a todo, surgieron en la

época fracasaron, o fueron reprimidos.

Este retraso ha quedado subyacente, y ha hecho que en los primeros años de la presente

década, el sistema universitario español -y cada una de sus universidades- ha continuado

desarrollando aspectos particulares de la reforma de 1983, mientras que en otros países

se han propuesto modificaciones sustanciales, en especial en el gobierno y la gestión de

sus universidades.. Así ha ocurrido en Holanda con la aprobación en 1997 del MUB

(ley para la modernización del gobierno universitario), en Dinamarca que en 1993

promulgó una nueva ley sobre la gobernación universitaria, en Suecia cuya Higher

Education Act de 1997 regula las relaciones entre la Administración y las instituciones

con criterios mucho más flexibles, en Alemania, donde un Eckwetepaper propició un

nuevo sistema de financiación y una gestión más profesionalizada, y que a partir de

1997 ha desarrollado un nuevo marco legislativo más preocupado de criterios de

eficiencia y evaluación de resultados, en Austria con su reforma de la gestión de 1993,

etc.

Este interés de muchos países por el gobierno y la gestión de las universidades reside en

tres razones principales:

La introducción de elementos relacionados con el mercado en los nuevos

desarrollos formativos y el interés social o estratégico de las actividades de

investigación y desarrollo.

El mayor énfasis puesto en el valor de la autonomía institucional.

Las demandas crecientes de rendición de cuentas, vinculadas con el interés

mayor por los indicadores de eficiencia en la agenda política de los distintos

gobiernos europeos.

En España, en nuestros días, se dan varias circunstancias que aconsejan un profundo

debate, a raíz del cual se generen acciones concretas de política universitaria. Son las

siguientes:

La transformación interna que ha sufrido la universidad española desde la

Reforma de 1983. Ésta ha marcado la vida académica superior en nuestro país en

los últimos quince años: se han creado universidades, se han multiplicado las

titulaciones, se ha introducido la optatividad y la libre elección en los estudios,

se ha democratizado la universidad, se ha intensificado la investigación... Pero,

junto a estos logros, existen déficits evidentes en la falta de calidad del

profesorado, en la inadecuación de los estudios a las demandas profesionales,

etc. La reforma fue buena y necesaria pero hoy está agotada y no responde a las

exigencias de la sociedad actual.

En muchos países de la Unión Europea se está produciendo una revolución

universitaria y se habla de crisis de la universidad, para significar el hecho de

que las enseñanzas no son adecuadas a las demandas sociales. Hay problemas

diversos -ligados a la extensión de la formación superior a grupos cada vez más

amplios de ciudadanos- que obligan a una revisión de aspectos esenciales en la

vida de las instituciones como son la autonomía, la calidad institucional, los

mecanismos de financiación, etc.

La armonización de los diversos sistemas universitarios europeos, como

respuesta a una demanda política de los Estados miembros de la Unión y a la

globalización de la sociedad productiva y cultural. Es preciso integrar lo que

debe ser igual con lo que debe ser específico, pues convergencia no quiere decir

uniformismo. Este proceso se complica con las diversas vinculaciones

jerárquicas y organizativas de las universidades, y con la independencia

legislativa de los países de la Unión. La libre circulación de los ciudadanos

exige que la formación universitaria de todos los países de Europa adopte esta

convergencia: partimos de situaciones diferentes pero tenemos problemas en

gran medida comunes, y tenemos que buscar juntos las soluciones.

La sociedad de las primeras décadas del siglo XXI será muy distinta de la actual,

y aún más de aquella de la que nos formamos hace 20 ó 30 años. No valen pues

para formar a los nuevos ciudadanos y a los nuevos profesionales soluciones

antiguas. La incidencia de las nuevas tecnologías, la formación permanente a lo

largo de la vida, la movilidad de estudiantes y profesores... son elementos que

transformarán la vida universitaria europea.

El debate que conduzca a las actuaciones, reclamadas en muchos ámbitos, de política

universitaria debe enfocarse a la luz de la convergencia de la educación superior

española con la europea. Además, la universidad no sólo debe amoldarse a las

demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas para el mejor desarrollo

personal y social de los ciudadanos.

Pertenecemos al selecto club de países que poseen una educación superior más

adelantada. España puede sentirse partícipe sin complejos –lo cual es un gigantesco

avance respecto de nuestra situación hace 20 años- de ese grupo de países. Sin embargo,

en muchos temas (evaluación de la calidad, sistemas de gobierno, desarrollo de la

autonomía, altura de la investigación...) seguimos siendo inferiores a algunos países de

Europa. Es imprescindible que se aborden cambios sustanciales en nuestro sistema para

satisfacer mejor las demandas emergentes de la social actual, para aproximarnos a

aquellos países vecinos que aún nos preceden y para adelantarnos a los grandes cambios

que se avecinan.

Para afrontar estos cambios el sistema universitario español tiene, junto con reconocidas

fortalezas, algunos puntos débiles ante los que se debe actuar:

Su estructura organizativa, con complejos órganos de gobierno e indefinición en

la asunción de responsabilidades en cada nivel.

Su rigidez en la gestión de los recursos humanos: incorporación, formación,

adaptación a las nuevas demandas, movilidad, etc.

Su escasa adaptación de los contenidos de la enseñanza al mercado laboral, sin

una respuesta ágil ante las necesidades del mundo del trabajo y una insuficiente

formación en capacidades vinculadas a la innovación

Los responsables académicos y políticos de la universidad han de dar respuesta a unas

exigencias específicas de la nueva sociedad del conocimiento, mediante principios de

actuación innovadores que consideren los condicionantes siguientes:

La universidad debe formar titulados que se incorporen en condiciones

adecuadas al mundo del trabajo; es decir, la formación ha de ser realista

vinculada con el entorno social y laboral, en conexión con la empresa: práctica.

Pero, por otra parte, no puede formar titulados con criterios de simple

adecuación a la vida laboral; ha de cuidar la formación básica e instrumental.

La universidad ha de estar regida por parámetros de competitividad social como

son los principios de calidad, de organización, de planificación, de decisión, de

capacidad de análisis y síntesis. Estas ideas han de primar en su actuación, y

estar presentes en todos sus programas y planes.

La universidad ha de mejorar la eficiencia y el rendimiento de su gestión, pues la

financiación de la educación superior como servicio público necesita una

profunda revisión en temas como la diversificación de las fuentes económicas o

los sistema internos de asignación de recursos.

La universidad ha de aprovechar todo el potencial de trabajo que representan las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación y aplicarlas a las

metodologías educativas y la elaboración de materiales didácticos, constituir

muchas más redes de colaboración, formar recursos humanos mediante sistemas

"virtuales", etc.

La universidad ha de desempeñar un papel creciente en el entorno social, actuar

de motor de empresas e industrias circundantes, contribuir al desarrollo laboral y

económico de su región, generar nuevos empleos y nuevas actividades

productivas, etc.

La universidad ha de avanzar en los procesos de integración nacional e

internacional, como propugnan la Carta Magna de Bolonia y la Declaración de

la Sorbona. Tiene que fomentarse la interdisciplinariedad de las enseñanzas y de

los programas de investigación, la movilidad de los estudiantes y profesores, el

aprendizaje de lenguas etc.

Es preciso dar un paso más y comprometerse en la propuesta de estrategias conducente

al cumplimiento de estos objetivos. Las que pueden considerarse más importantes son

las siguientes:

La convergencia de la universidad española con la europea es deseable, además

de inevitable. Como se indica en la Declaración de la Sorbona –en la que estuvo

ausente el gobierno español- tal convergencia afectará a cuestiones como la

calidad, la gobernabilidad, los presupuestos, el equipamiento, etc. Las diversas

fuerzas sociales han de asumir el papel que les corresponde en esas

transformaciones ligadas a la armonización europea.

Los aspectos fundamentales de la política universitaria, como son por ejemplo la

calidad institucional o la gobernabilidad, deben considerarse un asunto de

Estado y planificarse a largo plazo. Es posible encontrar grandes líneas de

actuación en las que puedan coincidir opciones políticas progresistas y

conservadoras. Unos pondrán el acento en criterios vinculados a la

competitividad social, mientras que otros lo harán en la mayor sensibilidad con

la igualdad en el acceso al conocimiento y la solidaridad. Pero, sin duda, deben

existir bastantes coincidencias en los objetivos. Es oportuno un pacto

universitario que incluya, al menos, el aumento de la financiación –con

sustanciales mejoras en las ayudas a los estudiantes-, la reforma del sistema de

gobierno y la flexibilización de sus estructuras organizativas y la implantación

de un sistema nítido de rendición de cuentas e incentivos.

La evolución del sistema universitario debe pretender el equilibrio entre

competitividad y cooperación. La competitividad es un motor de desarrollo, pero

la simple tendencia a clasificar instituciones o personas es negativa si no hay

nada más, aunque pueda ser eficaz. La cooperación con las administraciones, la

industria, los sectores marginados, las instituciones internacionales, etc.,

constituye un contrapunto necesario a la competitividad. También dentro de la

propia institución, las relaciones entre sus componentes se ha de estimular que

no se limite a aspectos competitivos, sino que se deben favorecer las iniciativas

del trabajo multidisciplinario y solidario.

Tras varios años de inacción, de verdad ¿soplan vientos de cambios universitarios?