Sentencia Revision[1]

5/24/2018 Sentencia Revision[1]

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EVISIN PRINCIPAL: 293/2009.

QUEJOSO: **********RECURRENTE: AGENTE DEL MINISTERIO PBLICOADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN ELESTADO DE MXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPANDE JUREZ.**********

PONENTE:HCTOR LARA GONZLEZ.

PROYECTISTA: KARLA ALEJANDRA CONTRERAS AZUCENO.

Toluca, Mxico. Acuerdo del Cuarto Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,

correspondiente a la sesin de diez de junio de dos

mil diez.

V I S T O S,para resolver, los autos relativos al

recurso de revisin 293/2009;y,

R E S U L T A N D O:

I.Por escrito presentado el catorce de agosto de

dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia

Comn de los Juzgados de Distrito en el Estado de

Mxico, con residencia en Naucalpan de Jurez,

**********, por propio derecho, solicit el amparo y

proteccin de la Justicia Federal, contra actos del

Juez Penal de Primera Instancia en Zumpango, (como

ordenadora); y del Director del Centro Preventivo de


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Readaptacin Social de Zumpango, ambos del

Estado de Mxic

o (como ejecutora); ello, al considerar

violatorio de los artculos 16, 19 y 20 de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, el siguiente acto:

Reclamo de la autoridad sealada como responsableordenadora el AUTO DE FORMAL PRISIN, que fue

dictado en fecha TRES DE AGOSTO DEL AO DOS MIL

NUEVE y el cual fue emitido en contra del suscrito, hoy

quejoso, **********, en la causa penal nmero 18/2009-2,

que se instruye ante la autoridad ordenadora, por virtud

del cual se me ha considerado probable responsable del

delito FRAUDE, cometido en agravio de la empresa de

**********, representada por**********, tipo penal

previsto en los artculos 305, 306, fraccin XVI, 307

fraccin V, en relacin a los artculos 6, 7, 8 fracciones I y

III, 11 fraccin I, inciso c), del Cdigo Penal vigente para

el Estado de Mxico, cuyos puntos resolutivos a la letra

dicen:

[transcribe puntos resolutivos del acto reclamado]

II.Por razn de turno, correspondi conocer del

referido juicio, al Juez Segundo de Distrito en el


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Estado de Mxico, c

on residencia en Naucalpan de

Jurez, quien por acuerdo de catorce de agosto de

dos mil nueve1, admiti a trmite la demanda de

amparo, la registr con el nmero 863/2009, solicit

informe justificado a las autoridades responsables; y,

dio intervencin al Agente del Ministerio Pblico de su

adscripcin.

III.Seguido el juicio por sus fases respectivas,

celebr la audiencia constitucional el veinticuatro de

septiembre de dos mil nueve. Posteriormente, en

cumplimiento a la circular 27/2008 del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal2, remiti el asunto a

la Oficina de Correspondencia Comn del Centro

Auxiliar de la Cuarta Regin, con residencia en

Xalapa, Veracruz.

IV. La Titular del Juzgado Primero de Distrito del

Centro Auxiliar de la Cuarta Regin, con sede en

Xalapa, Veracruz, a quien correspondi el

conocimiento del asunto dict sentencia que termin

de engrosar el seis de noviembre de dos mil nueve3,

1.- Foja 43 del Juicio de Amparo 863/2009.2Foja 440 a 441 dem.

3Foja 444 a 458 dem.


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en la que concede

el amparo y proteccin de la

Justicia de la Unin al quejoso, respecto del acto y

autoridades ya precisadas.

V. Inconforme con esa resolucin el Agente del

Ministerio Pblico adscrito al Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de Mxico, interpuso recurso derevisin que correspondi conocer a este Cuarto

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo

Circuito, cuyo presidente lo admiti por auto de tres

de diciembre de dos mil nueve, lo cual notific al

Ministerio Pblico de la Federacin adscrito, quien

formul pedimento solicitando revocar la resolucin

recurrida y sobreseer el juicio de garantas.

VI. Mediante provedo de veintisis de enero de

dos mil diez, la presidencia del tribunal turn los autos

a la Magistrada Olga Mara Josefina Ojeda Arellano,

para que en trminos de lo establecido en el artculo

184 de la Ley de Amparo, elaborara el proyecto de

resolucin correspondiente.

VII. En sesin de veintinueve de abril de dos mil

diez, por mayora de votos de los Magistrados Daro


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Carlos Contreras Re

yes y Hctor Lara Gonzlez se

desech el proyecto de resolucin presentado por la

Magistrado Presidenta en su carcter de ponente,

acordndose que el nuevo proyecto de resolucin

estara a cargo del Magistrado Hctor Lara Gonzlez;

y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Cuarto Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Segundo Circuito, es legalmente

competente para conocer del recurso de mrito, de

acuerdo con lo dispuesto en los artculos 107,

fracciones VIII, ltimo prrafo, y XII, de la Constitucin

Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 37,

fraccin IV, 38 y 144 de la Ley Orgnica del Poder

Judicial de la Federacin; 83, fraccin IV, 85, fraccin

II, 90, tercer prrafo, y 184 de la Ley de Amparo; y,

conforme al Acuerdo General 57/2006, del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la

determinacin del nmero y lmites territoriales de los

circuitos en que se divide la Repblica Mexicana; y al

nmero, a la jurisdiccin territorial y especializacin

por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios


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de Circuito y de los

Juzgados de Distrito. Ello, por

tratarse de la revisin de una sentencia de un juicio

de amparo indirecto en materia penal, emitida en

audiencia constitucional por un juez de Distrito en

auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado

de Mxico con residencia en Naucalpan, respecto del

cual este Tribunal Colegiado tiene jurisdiccin.

SEGUNDO. Es oportuna la interposicin del

recurso.

En efecto, la resolucin impugnada fue

notificada por lista al recurrente el martes diez de

noviembre de dos mil nueve4, en trminos de lo

dispuesto en el artculo 28 fraccin III de la Ley de

Amparo y surti efectos el mircoles once del mismo

mes y ao en cita, por lo que el plazo de diez das a

que alude el artculo 86 de la mencionada legislacin,

comenz el jueves doce y concluy el viernes

veintisiete de noviembre de dos mil nueve,

descontando los das catorce, quince, veinte,

veintiuno y veintids del mismo mes y ao por haber

sido inhbiles de conformidad con los artculos 23

4Foja 463 del juicio de Amparo 863/2009


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prrafo primero de la

Ley de Amparo y 163 de la Ley

Orgnica del Poder Judicial de la Federacin as

como el diecisis de noviembre por haberse

declarado inhbil de conformidad con el Acuerdo

General 10/2006, del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, de conformidad con la circular

73/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, de ah que es oportuno el recurso pues el

escrito respectivo, fue presentado el martes

veinticuatro de noviembre de dos mil nueve en la

Oficiala de Partes del Juzgado Segundo de Distrito

en el Estado de Mxico, con sede en Naucalpan de

Jurez5.

TERCERO. Conforme al artculo 5, fraccin IV,

de la Ley de Amparo, se concluye que el Agente del

Ministerio Pblico adscrito al Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de Mxico, con residencia en

Naucalpan de Jurez, tiene legitimacin para

promover el medio de impugnacin en estudio, por

ser parte procesal.

5Foja 4 del Juicio de Amparo en revisin 293/2009.


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CUARTO. En virt

ud de que el presente medio de

impugnacin lo hace valer el Agente del Ministerio

Pblico de la Federacin adscrito al Juzgado

Segundo de Distrito en el Estado de Mxico con

residencia en Naucalpan de Jurez, la resolucin

impugnada se analizar conforme al principio de

estricto derecho, al tenor exclusivo del contenido de

los agravios expresados de conformidad con el

artculo 76 bis de la Ley de Amparo aplicado a

contrario.

Los conceptos de agravio expresados por el

recurrente son inoperantes e infundados en una parte

y en la restante, son fundados.

En efecto, es inoperante el agravio formulado

por el recurrente en el sentido de que la resolucin

ahora impugnada es inconstitucional al ser contraria a

los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, aduciendo que [...]como

se desprende de la misma en ninguna de sus partes

sostiene sus argumentos en precepto legal alguno, ya

que se limita a transcribir criterios de diversos

tratadistas []; lo anterior es as, pues cuando los


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rganos de control

constitucional conocen de los

juicios de garantas de su competencia y ejercen esa

funcin de control, sta se apoya en los presupuestos

de la Ley de Amparo y el Cdigo Federal de

Procedimientos Civiles como norma supletoria, por

ende, no vulneran garantas individuales.

La revisin es un recurso cuyo propsito es

asegurar un ptimo ejercicio de la funcin judicial,

tcnicamente no es posible analizar la parte del

agravio relativa a que la juez de Distrito viol los

citados preceptos constitucionales, pues proceder as,

llevara a tratar al rgano de control constitucional

como otra autoridad responsable y ello desnaturaliza

la va establecida en favor de los gobernados para

hacer valer sus reclamaciones de inconstitucionalidad

de actos (juicio de amparo), ejerciendo un control de la

ley suprema sobre otro.

En tal contexto, es aplicable la jurisprudencia

dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacin, de rubro y texto:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON


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LOS QUE

SOSTIENEN QUE LOS

JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN

GARANTASINDIVIDUALES, SOLAMENTEEN

ESE ASPECTO. Histricamente las garantas

individuales se han reputado como aquellos

elementos jurdicos quese traducen en medios

de salvaguarda de las prerrogativas

fundamentales que el ser humano debe tener

para el cabal desenvolvimiento de su

personalidad frente al poder pblico. Son

derechos pblicos subjetivos consignados en

favor de todo habitante de la Repblica que dan

a sus titulares la potestad de exigirlos

jurdicamente a travs de la verdadera garanta

de los derechos pblicos fundamentales del

hombre que la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la

accin constitucional deamparo. Los Jueces de

Distrito, al conocer de los distintos juicios de

amparo de su competencia, y no deprocesos

federales, ejercen la funcin de control

constitucional y, en ese caso, dictan

determinaciones de cumplimiento obligatorio y


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obran para hace

r cumplir esas determinaciones,

segn su propio criterio y bajo su propia

responsabilidad, por la investidura que les da la

ley por lo que, a juicio de las partes, pueden

infringir derechos subjetivos pblicos de los

gobernados. Ahora bien, aun y cuando encontra

de sus decisiones procede el recurso de

revisin, ste no es un medio de control

constitucional autnomo, a travs del cual pueda

analizarse la violacin a garantas individuales,

sino que es un procedimiento de segunda

instancia que tiende a asegurar un ptimo

ejercicio de la funcin judicial, a travs del cual,

el tribunal de alzada, con amplias facultades,

incluso de sustitucin, vuelve a analizar los

motivos y fundamentos que el Juez de Distrito

tom encuenta para emitir su fallo, limitndose a

los agravios expuestos. Luego, a travs del

recurso de revisin, tcnicamente, no deben

analizarse los agravios consistentes en que el

Juez de Distrito viol garantas individuales al

conocer de un juicio de amparo, por la

naturaleza del medio dedefensa y por la funcin


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de control co

nstitucional que el a quo

desempea ya que, si as se hiciera, se tratara

extralgicamente al Juez del conocimiento como

otra autoridad responsable y se desnaturalizara

la nica va establecida para elevar las

reclamaciones de inconstitucionalidad de actos,

quees el juicio deamparo; es decir, se ejercera

un control constitucional sobre otro control

constitucional..6

El recurrente alega que la juez de amparo omiti

el estudio de la improcedencia del juicio de garantas

invocada por la autoridad sealada responsable, esto

es, la causal prevista en la fraccin II7del artculo 73

de la Ley de Amparo; tal agravio es fundado pero

insuficiente para declarar tal improcedencia, pues

ciertamente, la a quo se limit a expresar que las

partes no hicieron valer alguna causa de

improcedencia y que no advirti, de oficio, que se

actualizara alguna.

6 Publicada en la pgina 28 del Tomo VI, Materia Comn del Apndice alSemanario Judicial de la Federacin 1917-2000.7Articulo 73.El juicio de amparo es improcedente:[]II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecucin de lasmismas;


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Por ello, este tr

ibunal colegiado, como rgano

superior de amparo retoma la jurisdiccin del asunto

sobre ese aspecto, por ser una cuestin de orden

pblico y de estudio preferente, de conformidad con lo

dispuesto en el artculo 73 de la ley de la materia y en

el criterio sustentado por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacin en el

siguiente criterio:

REVISIN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO

EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE

PRIMER GRADO.Si se trata de una causal de

improcedencia diferente a las ya estudiadas y

declaradas inoperantes por el juzgador de primer

grado, no existe obstculo alguno para su

estudio de oficio en la revisin, ya que en

relacin con ella sigue vigente el principio de que

siendo la improcedencia una cuestin de orden

pblico, su anlisis debe efectuarse sin importar

que las partes la aleguen o no ante el Juez de

Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad


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con lo dispuesto

en el ltimo prrafo del artculo

73 de la Ley de Amparo..8

El quejoso ********** promovi juicio de amparo

contra el auto de formal prisin dictado el doce de

abril de dos mil nueve en la causa penal 18/2009, por

el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicialde Zumpango, juicio (456/2009) en el cual la Juez

Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta

Regin con residencia en Xalapa, en auxilio de la

Juez Tercero de Distrito en el Estado de Mxico con

residencia en Naucalpan de Jurez, concedi el

amparo solicitado en los trminos siguientes: []

para efecto de que la autoridad responsable deje

insubsistente el auto de formal prisin de doce de

abril de dos mil nueve y lo emita conforme a derecho,

con plenitud de jurisdiccin y en la que deber: a)

Sealar los elementos del cuerpo del delito,

determinando cul de las hiptesis del artculo 306

fraccin XVI del Cdigo Penal del Estado de Mxico

se actualiza; b) Establecer los medios de prueba con

los cuales acredita cada uno de los elementos que

8Jurisprudencia por reiteracin consultable en la pgina 137 del Tomo VI, Juliode 1997, Novena poca, del Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta.


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integran el antisocia

l en estudio, determinando su

valor probatorio en trminos del Cdigo de

Procedimientos Penales en el Estado de Mxico; c)

Sealar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en

que presuntivamente acaeci la conducta delictiva; d)

Valorar la totalidad de las pruebas que obran en la

causa a efecto de determinar la probable

responsabilidad penal del impetrante de garantas,

todo lo anterior, lo deber realizar exponiendo las

razones y consideraciones lgico jurdicas que

motiven dicha justipreciacin e invocar los preceptos

legales que estime aplicables [].9

Sentado lo anterior, este tribunal determina que

en el caso no se actualiza la aludida causal de

improcedencia, pues el fallo concesorio no decidi el

fondo del asunto y, por tanto, se dej plenitud de

jurisdiccin al juez instructor (autoridad responsable), lo

cual significa que en el juicio de garantas no se tom

una decisin definitiva sobre el problema jurdico, es

decir, no impera el principio de cosa juzgada. As, la

nueva resolucin dictada con plenitud de jurisdiccin

atendiendo a los lineamientos establecidos por el juez

9Foja 421 del juicio de amparo indirecto 863/2009.


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federal, no obedece a

l cumplimiento de una ejecutoria

de amparo o en ejecucin de la misma, como lo

requiere la causal estudiada para que el juicio de

garantas sea improcedente.

Tiene aplicacin a lo anterior la tesis de

jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nacin de rubro y

texto siguientes:

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE

AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

DE UN FALLO PROTECTOR, O EN

EJECUCIN DE STE. NO SE ACTUALIZA

CUANDO EN LA SENTENCIA DE

GARANTAS NO HUBO COSA JUZGADA EN

RELACIN CON EL TEMA DE FONDO Y SE

DEJ PLENITUD DE JURISDICCIN A LA

AUTORIDAD RESPONSABLE. La fraccin II

del artculo 73 de la Ley de Amparo al

establecer que el juicio de garantas es

improcedente "contra resoluciones dictadas en

los juicios de amparo o en ejecucin de las

mismas" se refiere a aquellas resoluciones que


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indefectiblemen

te deben emitir las autoridades

responsables, en las cuales el rgano

jurisdiccional del Poder Judicial de la

Federacin les constrie a realizar

determinadas y precisas acciones, esto es, les

da lineamientos para cumplir con el fallo

protector y, por ende, la responsable no tiene

libertad de decisin, sino que debe emitir la

nueva resolucin conforme a los efectos

precisados por el rgano jurisdiccional federal,

de manera que al actuar la responsable en ese

sentido, emitiendo una resolucin en

cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o

en ejecucin de sta, el nuevo amparo que se

intente resulta improcedente porque deriva de

una decisin definitiva que ya fue materia de

anlisis en un juicio anterior, pues admitir un

nuevo amparo afectara el principio jurdico de

cosa juzgada y generara inseguridad jurdica.

Sin embargo, esta causal de improcedencia no

se actualiza cuando el fallo concesorio deja

plenitud de jurisdiccin a la autoridad

responsable, porque ello significa que en el


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juicio de amp

aro no se tom una decisin

definitiva sobre el problema jurdico, es decir,

no impera el principio de cosa juzgada, por lo

cual la nueva resolucin que emita la autoridad

responsable no obedece al cumplimiento de

una ejecutoria de amparo, o en ejecucin de la

misma, atendiendo a lineamientos precisos del

rgano federal y, en consecuencia, en este

supuesto procede el nuevo juicio de

garantas..10

En igualdad de argumentos, este tribunal

resuelve infundado el agravio del revisionista al

estimar que el juicio de garantas es improcedente al

actualizarse la fraccin IV11del artculo 73 de la Ley

de Amparo; sin embargo, esta causal requiere

adems que el acto reclamado haya sido materia de

una ejecutoria de amparo, que el juicio lo promueva el

mismo quejoso contra la misma autoridad y contra el

mismo acto reclamado aunque las violaciones

constitucionales sean diversas. En el caso, como ha

10Visible en la pgina 539 del Tomo XXVI, agosto 2007 del Semanario Judicialde la Federacin y su Gaceta.11Articulo 73. El juicio de amparo es improcedente: []IV.-Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otrojuicio de amparo, en los trminos de la fraccin anterior; [].


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quedado ilustrado, el

acto reclamado en el juicio de

garantas materia de este recurso, lo constituye el

nuevo auto de plazo constitucional dictado el tres de

agosto de dos mil nueve12, por el Juez Penal de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango,

mismo que emiti conforme a los parmetros

establecidos en el juicio de amparo indirecto

456/2009 del ndice del Juzgado Tercero de Distrito

en el Estado de Mxico con residencia en Naucalpan

de Jurez, lo cual, se itera, hizo con libertad de

jurisdiccin; por ende, como claramente lo ha

estudiado este tribual no se violenta el principio de

cosa juzgada, pues contra esta nueva resolucin es

procedente el juicio de amparo indirecto, contrario a lo

alegado por el fiscal recurrente al sealar la

improcedencia del juicio en trminos de la fraccin IV

del numeral 73 de la ley de la materia.

Por otra parte, como se dijo al inicio de este

considerando, los agravios del representante social

son fundados en cuanto al fondo y a efecto de

verificar la idoneidad de stos procede tomar en

12Foja 376 a 398 dem.


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consideracin los mo

tivos y fundamentos en los que

esencialmente se sustent la sentencia recurrida.

La juez de garantas concedi al quejoso el

amparo y proteccin de la Justicia de la Unin al

considerar que el auto de plazo constitucional

reclamado, es contrario a lo consagrado en el artculo19 constitucional, aduciendo que el juez de

instruccin valor incorrectamente los medios

probatorios e inapreci los hechos que de stos se

desprenden, toda vez que en la especie no se

acredita uno de los elementos que integran el

antisocial Fraude especfico previsto en la fraccin

XVI del artculo 306 y sancionado en el diverso 307,

fraccin V, ambos del Cdigo Penal del Estado de

Mxico.

As, el a quo, en esencia, seala que no est

acreditado el elemento normativo del injusto relativo a

la calidad del sujeto activo -que tenga a su cargo la

administracin o el cuidado de bienes ajenos- ya que

dicho elemento, aade, implica necesariamente que

el activo tenga slo facultades limitadas para realizar

actos tendentes a asegurar la conservacin de los


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bienes y derechos i

ntegradores del patrimonio que

administra e incluso, de ser posible, a agregarles

valor, y en el caso de una persona jurdica, la

conservacin de la propia persona y para lograr la

plenitud de los fines.

Estimando, que en el caso, no ocurre lo anterior,pues de la escritura pblica dos mil ciento noventa y

cuatro, se advierte que la Asamblea General

Extraordinaria de la sociedad mercantil **********,

otorg al quejoso poder para pleitos y cobranzas,

actos de administracin y de dominio, es decir, le

confiri facultades de que goza el dueo y disposicin

del patrimonio sin limitacin alguna; pues dichos

actos de dominio al haber sido conferidos en trminos

del artculo 7.777 del Cdigo Civil para el Estado de

Mxico, no se limitan a asegurar la conservacin de

los bienes y derechos integradores del patrimonio que

se administra para lograr la plenitud de sus fines, sino

que dan el estatus de dueo.

Adems, agrega, en la clusula segunda de

dicha escritura pblica se seal que el quejoso

contaba con facultades para celebrar todo tipo de


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contrato y convenios

de riguroso dominio, entre ellos,

el de cesin de derechos; por lo cual, si con ese

carcter despus de realizar el trmite

correspondiente ante la Comisin Nacional del Agua y

obtener la prrroga de concesin para la explotacin

de un pozo que le haba sido otorgado a su

representada **********(sic), celebr un convenio de

cesin de derechos definitivos de aguas nacionales

sin reserva ni limitacin alguna a favor de la empresa

**********, as como el cambio de uso de explotacin

de agrcola a urbano, sin consultar al consejo de

administracin de la sociedad ofendida o convocando

a una asamblea a efecto de notificarles dicha

decisin, tal conducta no puede ser constitutiva del

delito de Fraude especfico, a pesar de que con ello

causara perjuicio a la empresa denunciante.

A lo anterior, adiciona, que se trata de un acto

de disposicin y estricto dominio que es diverso e

independiente al acto de administracin, al ser

dirigido a modificar o extinguir un derecho subjetivo

de la moral por parte de quien actu en su estatus de

dueo, por lo que no es jurdicamente sostenible que


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al realizar ese act

o el activo haya tenido slo

facultades limitadas para llevar a cabo actos de

administracin de su poderdante.

En el caso, el recurrente, Ministerio Pblico

adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado

de Mxico con residencia en Naucalpan de Jurez, enparte de sus agravios transcritos, destaca lo

siguiente:

1. Resulta inexplicable el argumento de la juez

de amparo respecto a que el activo, al contar con un

poder para ejercer actos de dominio, tena todas las

facultades de dueo y si con ese carcter realiz la

cesin de derechos, tal conducta no puede ser

constitutiva del delito de Fraude especfico (pues para

que ste se integre, se requiere que el activo tenga

facultades limitadas para llevar a cabo nicamente

actos de administracin); pues dicha juzgadora pasa

por alto que de no existir el poder con que contaba el

activo obviamente ste no hubiera podido llevar a

cabo la cesin de derechos a ttulo gratuito, pues

aqulla estara afectada de validez, mxime que para

el supuesto de que no se contara con la condicin de


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actos de administraci

n y de dominio en el referido

documento, la referida sesin sera nula y por ello no

se llevara a cabo ni emergera la figura de fraude,

pues se estara en el supuesto de diverso delito.

2. Aunque los mandantes hayan otorgado al

mandatario facultades ilimitadas para ejecutar actosde dominio (por lo que tena facultades de dueo y

poda gravar los bienes), se sobreentiende que el

poder habra de ejercerse para asuntos de stos y no

para que el mandatario comprometiera los bienes de

los mandantes en garanta de sus obligaciones

personales; pues para hacerlo es indispensable

autorizacin expresa en la escritura respectiva.

3.De acuerdo a la conducta desplegada por el

administrador legal (quien abusando de las funciones

propias de su cargo dispuso del patrimonio

administrado) y siguiendo el principio de especialidad,

ste ser responsable penalmente del diverso delito

de Fraude por administracin desleal, que describe el

artculo 388 del Cdigo Penal Federal y no de otro,

sin que ello implique variacin a la postura inicial.


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Al confrontar lo

s razonamientos vertidos por el

juez a quo y los argumentos del recurrente, este

Tribunal Colegiado estima que, conforme a lo

dispuesto en la fraccin I, del artculo 91 de la Ley de

Amparo, los agravios son, como se dijo, suficientes

para que este tribunal est en aptitud de estudiar el

asunto, pues el inconforme precisa argumentos

tendentes a demostrar la ilegalidad de la sentencia

combatida, por atacarse eficientemente las

consideraciones en que se apoy la juez de amparo,

para conceder el amparo y proteccin de la Justicia

Federal al impetrante garantas. Ello es as, pues

tcnicamente, por agravio no debe entenderse la

emisin de un silogismo, sino basta que el recurrente

diga por qu no est de acuerdo con lo resuelto por el

a quo, lo cual ocurre en el caso que nos ocupa en que

el Ministerio Pblico aduce por qu, en su concepto la

sentencia que concedi el amparo, no es correcta, y

por tanto, cobra aplicacin el principio de que basta

que el recurrente exprese la causa de pedir sin que

ello implique que existe suplencia de la queja, tal y

como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema


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Corte de Justicia de

la Nacin en la jurisprudencia

cuyo texto dice:

AGRAVIOS EN RECURSOS

INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE

GARANTAS. EL QUE SE ABORDE SU

ESTUDIO EN ATENCIN A LA CAUSA DEPEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA

EN TRMINOS DEL ARTCULO 76 BIS DE LA

LEY DE AMPARO. La circunstancia de que al

conocer de un recurso dentro de un juicio de

amparo la Suprema Corte de Justicia de la

Nacin o el Tribunal Colegiado de Circuito

atiendan a la causa de pedir expresada,

conforme a la jurisprudencia P./J. 69/2000,

publicada en el Semanario Judicial de la

Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo

XII, agosto de 2000, pgina 5, con el rubro:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS

DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA

QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR

EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE

LAS CONSIDERACIONES QUE SE


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CONTROVIERT

EN DE LA RESOLUCIN

IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", no

equivale a suplir su deficiencia en trminos del

artculo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que para

abordar los agravios con base en la causa de

pedir expresada en el libelo respectivo resulta

necesario que el recurrente haya precisado con

claridad cul es el agravio que le provocan las

respectivas consideraciones, as como los

motivos que generan esa afectacin, a diferencia

de lo que sucede cuando se suple la deficiencia

de los agravios, pues esta prerrogativa procesal

tiene aplicacin cuando en el escrito relativo no

se seala qu consideraciones del fallo recurrido

se controvierten, o bien, realizado esto ltimo, no

se mencionan los motivos que generan la

respectiva afectacin. Adems, la institucin de

la suplencia de los agravios, segn el grado en

que sta se autorice por la Ley de Amparo y su

interpretacin jurisprudencial, se traduce en

examinar consideraciones no controvertidas por

el recurrente, o bien, en abordar el estudio de

aquellas respecto de las cuales ste se limit a


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sealar en su

s agravios que las estima

incorrectas, sin precisar los motivos que

sustentan su afirmacin..13

As, del estudio que ha realizado este tribunal,

se concluye que son fundados los agravios expuestos

por el Ministerio Pblico, sin embargo subsiste laconcesin de amparo, pero por diversos motivos

como ms adelante se expondr.

En efecto, el juez de amparo expone que en el

caso ********** no tena la calidad de administrador,

elemento que es exigido en el tipo penal de fraude

por el que se dict el auto de formal prisin

reclamado.

Al respecto, cabe advertir que el tipo penal no

exige tal calidad, lo que se deduce en cuanto

prescribe: Al que por cualquier razn tuviere

bienes ajenos, lo que significa que el sujeto activo

previo a la ejecucin de la conducta penalmente

relevante, le han sido entregados bienes

patrimoniales, y tal tenencia o entrega de los bienes

13Consultable en la pgina 718 del Tomo XXV, Febrero de 2007 del SemanarioJudicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca.


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pudo deberse a cu

alquier razn, es decir, el tipo

penal no exige que se le hayan entregado por tener la

calidad de administrador, sino por cualquier causa, de

ah que no se trate de un tipo penal especial, por el

contrario es de sujeto comn o indiferente, en donde

basta que el sujeto activo, por la razn o causa que

fuera, le hayan entregado bienes patrimoniales.

As, la razn por la cual **********tena a su cargo

lo relativo al derecho de explotacin de un pozo de

agua, es irrelevante para el derecho penal, pues tal

razn o causa puede ser cualquiera y no

necesariamente porque fuera administrador; y menos

an se exige que la calidad de administrador est

formalizada en una escritura pblica, contrato, etc.

Ahora la calidad de administrador de un

patrimonio no se destruye por el hecho de que

tambin se puedan realizar actos de dominio, pues

esto ltimo no es sino la mxima facultad que puede

hacer una persona a quien se le han confiado bienes

para que los administre.


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Los hechos vist

os desde el plano del derecho

civil, parecen claros, pues si **********tena facultades

de dominio sobre el patrimonio de la Sociedad

Annima denominada **********, y con ello cedi a

ttulo gratuito los derechos de explotacin de un pozo

de agua, es evidente la legalidad de tal acto jurdico y

sus efectos legales. En el plano penal corre una

situacin diferente, pues ac cobra vigencia absoluta

la violacin al bien jurdico tutelado.

Ciertamente, en el delito de fraude el bien

jurdico protegido lo es el patrimonio y en el caso

concreto lo es el patrimonio de ********** Cabe

abundar que al ceder los derechos, propiedad de esa

persona moral, el patrimonio se redujo; ahora, tal

afectacin econmica se adecua al tipo penal de

fraude en cuanto que la entrega que la ofendida hizo

de sus bienes al sujeto activo no fue para que ste

dispusiera de ellos como si fuera dueo, aun cuando

desde el plano del derecho civil tuviera la facultad de

realizar actos de dominio, sino para que los

administrara con el fin ltimo de mantener o aumentar

el patrimonio, mas no para decrecerlo cediendo


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derechos a ttulo

gratuito. Es precisamente el

aprovechamiento que el sujeto activo hizo del poder

ilimitado que tena, lo que hace que el hecho sea

relevante para el derecho penal, aun cuando para el

derecho civil sea irrelevante e incluso legal.

En esencia, el juez de amparo resolvi que si elsujeto activo tena un poder con facultades de

dominio es vlido entonces la cesin de derechos a

ttulo gratuito que efectu a favor de un tercero; sin

embargo, no es la ilicitud, validez o nulidad del acto

de cesin de derechos lo que debe resolverse, sino si

con tal acto se afect dolosamente el patrimonio de

una persona.

En esa tesitura, dado que los aspectos en que el

juez de amparo concedi la proteccin constitucional

fueron debidamente rebatidos por el Ministerio

Pblico Federal revisionista, ello hace obligatorio para

este tribunal dar contestacin al resto de los

conceptos de violacin expuestos por el quejoso en

su escrito inicial de demanda, y en su caso, procede

suplirlos si tuviera deficiencia, en trminos del artculo

76 bis fraccin II de la Ley de Amparo.


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As, analiza

das las constancias de autos,

aparece que existe un vicio en el ejercicio de la

accin penal, calificado como un presupuesto

insalvable que el Ministerio Pblico debe observar

previo a llevar el asunto ante una autoridad

jurisdiccional, segn jurisprudencia firme, y por tantoobligatoria, de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacin; tal es la omisin de celebrar la audiencia de

conciliacin prevista en el artculo 155 del Cdigo de

Procedimientos Penales para el Estado de Mxico.

Este colegiado advierte pues, que existe una

violacin a los derechos fundamentales del quejoso,

establecidos en las fracciones V y IX14del apartado A

del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin el

14 Artculo 20.En todo proceso de orden penal, el inculpado, la vctima o el

ofendido, tendrn las siguientes garantas:

A. Del inculpado:[]V. Se le recibirn los testigos y dems pruebas que ofrezca, concedindoseleel tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilindosele para obtenerla comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que seencuentren en el lugar del proceso.[]IX.- Desde el inicio de su proceso ser informado de los derechos que en sufavor consigna esta Constitucin y tendr derecho a una defensa adecuada,por s, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puedenombrar defensor, despus de haber sido requerido para hacerlo, el juez ledesignar un defensor de oficio. Tambin tendr derecho a que su defensorcomparezca en todos los actos del proceso y ste tendr obligacin dehacerlo cuantas veces se le requiera; y,[].


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dieciocho de junio de

dos mil ocho), debido a que el

Agente del Ministerio Pblico omiti notificarlo para

que compareciera a la celebracin de la audiencia de

conciliacin prevista en el artculo 155 del Cdigo de

Procedimientos Penales del Estado de Mxico.

Ahora bien, es preciso referir el significado de lapalabra conciliacin, sta proviene del latn,

conciliatio,-onis mediatio, mediationis, que significa

"accin y efecto de conciliar"; lo cual entre otras

acepciones, significa comparecencia de las partes

desavenidas ante el Juez de paz o municipal, para

ver si pueden avenirse y excusar el litigio15.

La Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacin, ha sealado que la conciliacin

en materia penal es un mecanismo para la resolucin

de conflictos, con la ayuda de un tercero calificado,

que para el caso es el propio Ministerio Pblico.

As, su naturaleza jurdica es la de una

diligencia que busca un pacto entre la vctima u

ofendido y el imputado que lleva como resultado, la

solucin del conflicto que tiene el efecto de concluir el

15Diccionario de la Real Academia Espaola , 22 Edicin.


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procedimiento; es de

cir, es una salida alternativa en

cuya virtud el imputado y la vctima convienen formas

de reparacin satisfactorias de las consecuencias

daosas del hecho punible y que produce como

consecuencia la extincin de la accin penal que

pudiera ejercer el Ministerio Pblico.

La figura en comento, est contemplada en el

Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de

Mxico, especficamente en el artculo 155 la cual

prev:

Artculo 155. Inmediatamente que el Ministerio

Pblico tenga conocimiento de la comisin de un

delito perseguible por querella, bajo su ms estricta

responsabilidad, deber citar a una audiencia de

conciliacin dentro de los cinco das hbiles

siguientes a la formulacin de la querella que har

constar en Acta circunstanciada y girar citatorio a los

involucrados para una Audiencia de conciliacin.

En la audiencia mencionada en el prrafo

anterior, el Ministerio Pblico se sujetar a las

siguientes reglas:


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1. Preguntar a las partes si es su voluntad

someterse a la co

nciliacin en cuyo caso, orientar su

intervencin a avenirlas.

2. Explicar e informar los principios medios y

fines de la Conciliacin para lograr la solucin de

conflictos.

3. Brindar la atencin a las vctimas u ofendidos

cuando as procediere aplicando los programas para

el equilibrio mental y emocional a travs del Instituto

de Atencin a Vctimas del Delito de la Procuradura

General de Justicia del Estado de Mxico quien

otorgar la terapia psicolgica.

4. Privilegiar que la reparacin del dao se

realice o quede a entera satisfaccin del querellante.

5. La conciliacin se har constar en el Acta

Circunstanciada, registrada en el libro de

improcedentes, en la que se establecer

puntualmente la forma en la que se dio cumplimiento

a lo sealado en los numerales 3 y 4.

6. El Ministerio Pblico entregar copias

certificadas de la conciliacin a los interesados y se

archivar como asunto concluido, con la

determinacin correspondiente.


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El trmite de

mediacin o conciliacin del

Ministerio Pblico concluir:

a) Por acuerdo entre los interesados;

b) Por decisin de los interesados o del

querellante;

c) Por inasistencia de los interesados sin motivo

justificado a la diligencia Ministerial de Conciliacin;

d) Por negativa de los interesados a suscribir el

acuerdo final de conciliacin.

En caso de no obtener conciliacin entre los

interesados, el Ministerio Pblico proceder a la

Averiguacin Previa y la consecuente investigacin

del delito hasta su determinacin final, registrndola

en el Libro de Gobierno respectivo, sin perjuicio de

que en cualquier momento anterior a la

determinacin, las partes se puedan conciliar.

La inobservancia de lo dispuesto en el prrafo

anterior, har incurrir en responsabilidad al Ministerio

Pblico..

Con relacin al artculo transcrito, la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin

precis que dentro de la averiguacin previa para


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delitos perseguibles p

or querella, el Ministerio Pblico

(que interviene como un tercero conciliador), deber citar

a las partes a una audiencia en la cual les orientar

para que lleguen a una conciliacin que, en caso de

ser satisfactoria, tendr como efecto el archivo del

asunto como concluido, pues la inobservancia de lo

anterior tiene como consecuencia que el Ministerio

Pblico incurra en responsabilidad.

La norma en estudio dispone que es deber del

Ministerio Pblico citar a las partes a una audiencia

de conciliacin para as avenirlas. Por tanto, es un

derecho de las partes el ser citadas a dicha diligencia

y que sta se lleve a cabo como una alternativa

extrajudicial para la solucin del conflicto.

De lo anterior, es posible concluir que el

propsito de procurar el equilibrio de los derechos

que asisten tanto al indiciado como a la vctima, surge

la conciliacin como una figura que tiene como

propsito evitar un proceso penal.

En esa tesitura, al ser un derecho de las partes

el ser citados a una audiencia de conciliacin y por


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consiguiente la celeb

racin de sta, se concluye que

si el Ministerio Pblico, durante la averiguacin

previa, no cumple con la multicitada obligacin de

citar a las partes y, por ende, no se lleva a cabo la

audiencia de conciliacin, entonces se actualiza una

violacin dentro de la averiguacin previa.

As es, la forma en que est diseada la norma

objeto de anlisis, permite afirmar que la celebracin

de la audiencia de conciliatoria, independientemente

de que se obtenga o no la conciliacin y de que las

partes puedan conciliar antes de la determinacin

respectiva, es un presupuesto insalvable para que el

Ministerio Pblico est en condiciones de ejercer la

accin penal.

La intencin del legislador, fue que en tratndose

de los delitos perseguibles por querella, no todos los

asuntos trascendieran a las vas jurisdiccionales, ya

que en muchas ocasiones es ms importante resarcir

inmediatamente el dao causado por la conducta

delictiva y resulta ms benfico para el imputado no

estar sujeto a un proceso penal.


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No debe pasar i

nadvertido, que si al imputado no

se le brinda la oportunidad de solucionar el litigo sin

necesidad de someterse a un desgastante proceso

penal, se le causa un perjuicio jurdico, pues el simple

hecho de estar sujeto a la potestad de un rgano

jurisdiccional, ya sea a raz de una orden de

aprehensin o de un auto de procesamiento, afecta

su libertad personal.

La falta de dicho presupuesto, en el caso,

genera que la actuacin del Ministerio Pblico y de

los rganos jurisdiccionales apoyados en la

determinacin del ejercicio de la accin penal,

contenga un vicio de legalidad, en la integracin de la

averiguacin previa. De ah que, si bien es cierto que

la violacin se configur en la etapa de la indagatoria,

lo cierto es, que el Juez de la causa omiti verificar la

falta del presupuesto de mrito, lo que contrajo

consigo la violacin de las garantas previstas en las

fracciones V y IX, apartado A, del artculo 20, de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en

el Diario Oficial de la Federacin).


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As, aunque l

a violacin se configure en la etapa

de la indagatoria, si el juez de la causa omiti verificar

la falta del presupuesto de mrito, trae consigo la

violacin de los derechos subjetivos del promovente

del amparo previstos en las fracciones V y IX, del

apartado A, del artculo 20, de la Constitucin Polticade los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a

la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin

el dieciocho de junio de dos mil ocho), al no haberse

permitido al inculpado ejercer a plenitud su derecho

de defensa.

En efecto, del anlisis efectuado a los autossurge que el Agente del Ministerio Pblico adscrito alPrimer Turno en Zumpango, Mxico, dio inicio a laaveriguacin previa ZUM/I/977/2008 con motivo de la

denuncia presentada el tres de junio de dos milocho16 por ********** por el delito de Fraude previstoen la fraccin XVI del artculo 306 y sancionado en eldiverso 307, fraccin V, ambos del Cdigo Penal parael Estado de Mxico, cometido por **********

El seis de junio de dos mil ocho, con fundamento

en lo dispuesto por el artculo 155 del Cdigo de

Procedimientos Penales para el Estado de Mxico, el

fiscal investigador orden citar a **********(sic)a fin de

[...] llevar a cabo una audiencia de carcter

conciliatorio o en su defecto para que declare en

16Foja 62 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 863/2009.


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relacin a los prese

ntes hechos que se investigan

[], para lo cual seal las dieciocho horas del

nueve de junio de dos mil ocho17.

Sin embargo, en el sumario no existe constancia

alguna que demuestre que el inculpado -ahora

quejoso- fue notificado de la hora y fecha establecidapara la celebracin de la audiencia conciliatoria, tal y

como lo seala el artculo 155 del Cdigo de

Procedimientos Penales del Estado de Mxico, de lo

cual surge una violacin a las garantas individuales

del impetrante de amparo, pues de hecho no celebr

aquella audiencia.

De manera que conforme a lo establecido en las

fracciones V y IX, del apartado A, del artculo 20, de

la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en

el Diario Oficial de la Federacin el dieciocho de junio de

dos mil ocho), se concluye que no se permiti al

indiciado, ahora quejoso, ejercer a plenitud su

derecho de defensa, lo que dar lugar a conceder el

17Foja 179 dem.


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amparo y protecci

n de la Justicia Federal al

solicitante de amparo.

Lo anterior, porque como qued establecido, la

celebracin de la audiencia conciliatoria para delitos

perseguibles por querella -independientemente de

que se obtenga o no la conciliacin y de que laspartes puedan conciliar antes de la determinacin

respectiva- es un presupuesto insalvable para que el

Ministerio Pblico ejerza la accin penal, de manera

que su falta genera que la actuacin de la

representacin social y de los rganos

jurisdiccionales apoyados en la determinacin del

ejercicio de la accin penal contenga un vicio de

legalidad en la integracin de la averiguacin previa.

Sin que sea obstculo, la circunstancia que la

violacin de que se trata se configure en la etapa de

la indagatoria, en razn que las garantas contenidas

en el artculo 20, apartado A, constitucional, tambin

deben ser observadas en la fase de la averiguacin

previa, ello porque el juicio de orden penal incluye

tanto la fase jurisdiccional (ante el juez)como la previa

(ante el Ministerio Pblico). En ese sentido, esta


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violacin no constituy

e una violacin irreparablemente

consumada para los efectos del juicio de amparo

indirecto.

Lo antes expuesto, tiene sustento en la

jurisprudencia por contradiccin emitida por la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNacin, en la que establece:

AUDIENCIA DE CONCILIACIN EN LA

AVERIGUACIN PREVIA. LA OMISIN DEL

MINISTERIO PBLICO DE CITAR A LAS

PARTES A ELLA O DE CELEBRARLA, NO

CONSTITUYE UNA VIOLACIN CONSUMADA

IRREPARABLEMENTE PARA EFECTOS DEL

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

(LEGISLACIN DEL ESTADO DE MXICO).

En trminos del artculo 155 del Cdigo de

Procedimientos Penales para el Estado de

Mxico (abrogado mediante decreto publicado

en la gaceta de gobierno de la entidad el 9 de

febrero de 2009), la celebracin de la audiencia

de conciliacin para delitos perseguibles por

querella, independientemente de que se obtenga


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o no la conciliac

in y que de las partes puedan

conciliar antes de la determinacin respectiva,

es un presupuesto insalvable para que el

Ministerio Pblico ejerza la accin penal; de

manera que su falta genera que la actuacin de

la representacin social y de los rganos

jurisdiccionales apoyados en la determinacin

del ejercicio de la accin penal contenga un vicio

de legalidad en la integracin de la averiguacin

previa. As, aunque la violacin se configure en

la etapa de la indagatoria, si el juez de la causa

omiti verificar la falta del presupuesto de mrito,

ello trae consigo la violacin a las garantas

previstas en las fracciones V y IX del apartado A

del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior

a la reforma publicada en el Diario Oficial de la

Federacin el 18 de junio de 2008), en tanto que

no permite al imputado ejercer a plenitud su

derecho de defensa, motivo por el cual no puede

actualizarse un cambio de situacin jurdica. En

este sentido, se concluye que la omisin del

Ministerio Pblico de citar a las partes a la


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referida audie

ncia de conciliacin o de

celebrarla, no constituye una violacin

consumada irreparablemente para efectos del

juicio de amparo indirecto y, por ende, no se

actualiza la causa de improcedencia prevista en

el artculo 73, fraccin X, de la Ley de Amparo,

por cambio de situacin jurdica, en razn de

que esa citacin y la audiencia misma se traduce

en un requisito o presupuesto indispensable

para el funcionamiento de la maquinaria de

procuracin y administracin de justicia, lo que

por s mismo implica que se trata de un caso de

excepcin a la actualizacin de la aludida causa

de improcedencia, ya que los actos

procedimentales descritos inciden en las

garantas tuteladas en el citado precepto

constitucional.18

De lo anterior se sigue que el auto de formal

prisin reclamado es violatorio de garantas en cuanto

que deriva del ejercicio de la accin penal viciado al

no haberse celebrado la referida audiencia de

18 Publicada en la pgina 65 del Tomo XXXI del Semanario Judicial de laFederacin y su Gaceta correspondiente al mes de abril de 2010.


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conciliacin, lo qu

e conlleva a confirmar el

otorgamiento del amparo y proteccin de la justicia

federal solicitada a fin de que la responsable

ordenadora deje insubsistente la resolucin

reclamada con lo cual restituir al quejoso en el goce

de sus garantas en trminos del artculo 80 de la Ley

de Amparo, ello sin perjuicio de que el juez

responsable proceda conforme a sus facultades que

le otorga el Cdigo de Procedimientos Penales para

el Estado de Mxico.

Por lo expuesto y fundado, este tribunal

resuelve:

PRIMERO. Se confirma el sentido de la

sentencia sujeta a revisin, pero por los motivos

expresados por este tribunal.

SEGUNDO. La Justicia de la Unin ampara y

protege a **********, contra los actos que reclam de

las autoridades precisadas en el resultando primero

de esta resolucin, en los trminos de esta

ejecutoria.


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Notifquese. C

on testimonio de la presente

resolucin, vuelvan los autos al Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de Mxico, con residencia en

Naucalpan de Jurez. Hganse las anotaciones

correspondientes en el libro de gobierno y, en su

oportunidad, archvese el expediente como asunto

concluido.

As lo resolvi el Cuarto Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad

de votos de los Magistrados: Olga Mara Josefina

Ojeda Arellano (presidenta), Daro Carlos Contreras

Reyes y Hctor Lara Gonzlez (ponente).

Firman los Magistrados con el Secretario de

Acuerdos de este Tribunal que da fe.


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El licenciado(a) Pedro Jaramillo Talavera, hago constar y

certifico que en trmin

os de lo previsto en los artculos 8, 13, 14, 18 y

dems conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, en esta versin

pblica se suprime la informacin considerada legalmente como

reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Conste.

Lic. Pedro Jaramillo Talavera

Secretario(a)

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Sentencia Revision[1]