sección de revisión de sentencias expediente
legali: 1500162-12.2020.0.00.0001
Radicado: 2020-1211-854
:
sección de revisión de sentenciaslegali:
1500162-12.2020.0.00.0001
Radicado: 2020-1211-854
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1500162-12.2020.0.00.0001
Radicado: 2020-1211-854
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
SUBSECCIÓN PRIMERA DE TUTELAS
SRT-ST-278/2020
Aprobada en Acta No. 058 – SUB01/20 de Tutelas
Bogotá, 17 de noviembre de 2020
Expediente Legali
Radicación
1500162-12.2020.0.00.0001
2020-1211-854
Proceso
Acción de Tutela
Asunto
Sentencia
Accionante
Ramiro Suárez Corzo
Accionada
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
I.ASUNTO
1.Resuelve la Subsección Primera de Tutelas de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz la acción de tutela promovida por
el ciudadano Ramiro Suárez Corzo, contra la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas -SDSJ-, por la presunta violación del derecho
fundamental al debido proceso.
II.HECHOS
2. El señor Ramiro Suárez Corzo indició que “el día 29 de mayo
de 2017 se Realizó la solicitud de inclusión a la Justicia Especial
para la Paz (JEP)” y “el 17 de junio de 2017 se llevó a cabo la
ampliación de los hechos por solicitud de la JEP con radicado
ES20170419-000469”.
3.Igualmente, indicó que el 21 de noviembre de 2017 firmó acta
de compromiso 40000006 y que el 29 de ese mismo mes y año requirió
la renuncia de la persecución penal.
4. Manifestó que el 2 de agosto de 2018 se aportó derecho de
petición para la concesión de la libertad transitoria, condicionada
y anticipada y la definición de fondo del asunto. Asimismo, afirmó
que la solicitud fue presentada el 25 de junio de 2018 y reiterada
el 27 de agosto del mismo año.
5. Expresó que en Resolución 1585 del 9 de octubre de 2018 se le
solicitó que ajustara la propuesta de contribuciones al
esclarecimiento de la verdad, por lo que el 29 de octubre dio
cumplimiento a dicha orden.
6.Enunció que interpuso acción de tutela el 27 de marzo de 2019
y el 26 de abril del mismo año el Tribunal para la Paz, Sección de
Revisión -SR-, resolvió no conceder el amparo; no obstante, la SR
exhortó a la SDSJ para que en un plazo razonable procediera a
resolver de fondo las solicitudes de sometimiento y libertad del
actor.
7.Mencionó que el 9 de octubre de 2019 la Sección de Apelación,
en Auto TS-SA 279 de 2019 ordenó a la SDSJ fijar un término
perentorio para que el señor Suárez Corzo presente un proyecto
definitivo del compromiso claro, concreto y programado que está
dispuesto a asumir con las víctimas del conflicto; y, dar traslado
a las víctimas y al Ministerio Público y decidir si revoca,
confirma o amplía su sometimiento por el homicidio de Pedro Durán
Franco.
8.Esbozó que en Resolución 7504 del 2 de diciembre de 2019 la
SDSJ “confirmo (sic) parcialmente el Sometimiento de Ramiro Suárez
Corzo por el homicidio del señor Pedro Duran Franco” y “ordena a la
Sala Dual Primera de Definición de Situaciones Jurídicas decidir
sobre el sometimiento voluntario de Ramiro Suárez Corzo por el
homicidio del Señor ALFREDO ENRIQUE FLOREZ RAMÍREZ”, en
cumplimiento a lo ordenado mediante Auto TS-SA 279 de 2019.
9.Indicó que el 12 de mayo de 2020 conoció de la respuesta
emitida por la SDSJ a su petición de libertad, en la cual se le
comunicó que en Resolución 1533 del 7 de mayo del mismo año se
dispuso correr traslado al Ministerio Público para que, conforme a
su competencia y en cumplimiento a lo ordenado por la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz en Auto TP-SA 279 de 2019, se
pronunciara sobre el programa claro, concreto y programado.
10.Resaltó que el 25 de julio de este año, a través de su
apoderada, presentó solicitud ante la SDSJ, requiriendo que (i) se
declarara desierto el pronunciamiento de las víctimas y el
Ministerio Público sobre el programa de aportes al sistema, (ii) se
aceptara su sometimiento, (iii) se concediera el beneficio de
libertad transitoria, condicionada y anticipada y (iv) se fijara
fecha y hora para audiencia reservada. Todo lo anterior, por el
homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
11.Dijo que a través de la Resolución 3379 del 1 de septiembre
de 2020, proferida por la SDSJ, se acreditaron víctimas dentro de
su trámite ante la JEP.
12. Finalmente, el accionante aseguró que el Ministerio Público
y las víctimas no se pronunciaron sobre el programa de aportes al
Sistema aportado, habiéndoseles corrido traslado según lo ordenado
en Resolución 1553 del 7 de mayo de 2020.
III.PRETENSIONES
13.En atención a lo anterior, el demandante pretende se ampare
el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se
ordene a la SDSJ se pronuncie sobre las peticiones realizadas en
memorial del 25 de julio de 2020.
IV.DEL TRÁMITE PROCESAL
14.Tras el reparto respectivo, el 5 de noviembre de 2020 esta
Subsección avocó conocimiento de la acción de tutela, requiriendo a
la accionada que en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción se pronunciara sobre los fundamentos fácticos y
jurídicos de la demanda y allegara los medios de prueba que
soporten la respuesta. Dentro del término concedido, el día 6 de
noviembre de 2020, la SDSJ envió su respuesta.
V. RESPUESTA DE LA ACCIONADA
5.1.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
15.Esta autoridad judicial señaló que “18 de abril de 2017, el
apoderado del señor RAMIRO SUÁREZ CORZO, invocando la condición de
Agente del Estado de su representado, radicó solicitud de
sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
16.Indicó que el 9 de enero de 2018 el apoderado del
compareciente peticionó el beneficio de renuncia a la persecución
penal, requerimiento que fue reiterado el 2 de marzo de 2018.
Asimismo, manifestó que el 28 de marzo del mismo año presentó
solicitud de libertad transitoria condicionada y anticipada.
16.Afirmó que, en torno al asunto del señor Suárez Corzo, se han
proferido alrededor de 15 resoluciones, así:
(1) 000347 del 30 de mayo de 2018, a través de la cual asumió el
estudio del sometimiento;
(2) 000405 del 5 de junio de 2018, mediante la cual ordenó
oficiar a distintas entidades;
(3) 001338 del 17 de septiembre de 2018, en la que requirió
información de contexto al Grupo de Análisis de la Información;
(4) 001585 del 9 de septiembre de 2018, por la cual solicitó al
compareciente el ajuste al compromiso claro, concreto y
programado;
(5) 002369 del 27 de mayo de 2019, a través de la cual aceptó el
sometimiento del compareciente parcialmente, para algunos
delitos;
(6) 003205 del 28 de junio de 2019, mediante la cual resolvió
los recursos interpuestos a la Resolución No. 2369 de 2019, en el
entendido de zanjar desfavorablemente la reposición y conceder la
apelación;
(7) 003700 del 19 de julio de 2018, en la que corrió traslado
del nuevo compromiso claro, concreto y programado;
(8) Auto TP-SA-279 del 19 de octubre de 2019, por el cual se
resolvió el recurso de apelación propuesto;
(9) 07504 del 2 de diciembre de 2019, a través de la cual dio
cumplimiento a lo ordenado por Auto TP-SA 279 de 2019;
(10) 001624 del 5 de abril de 2020, en la que resolvió una
petición del compareciente frente a “una alerta de restos óseos que
pueden desaparecer”;
(11) 001533 del 7 de mayo de 2020, por la que corrió traslado al
Ministerio Púbico del compromiso claro, concreto y programado, con
el fin de que se pronuncie de su contenido;
(12) 2585 del 21 de julio de 2020, mediante la cual se pronunció
sobre el reconocimiento de víctimas dentro del proceso;
(13) 002729 del 28 de julio de 2020, en la que resolvió una
solicitud presentada por la Procuradora Delegada;
(14) 2749 del 28 de julio de 2020, a través de la cual se
requirió información al Juzgado 15 de Ejecución de Penal y Medidas
de Seguridad; y,
(15) 2985 del 11 de agosto de 2020, en la que autorizó copias
del expediente.
16.Manifestó que el 27 de julio de 2020 el accionante radicó
ante la SDSJ documento de referencia: “SOLICITUDES RESPECTO DE LAS
VALORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DEL COMPROMISO CLARO CONCRETO Y
PROGRAMADO”, del que no se extrae “en ninguna de sus partes lo
reseña o referencia como derecho de petición, es más, de la lectura
del mismo se denota claramente que es una solicitud de carácter
judicial”, la cual se debe sujetar al procedimiento respectivo y a
las etapas procesales previstas para el efecto y no a la
contestación en términos del artículo 23 superior y normas del
Código Contencioso Administrativo, como un derecho de petición.
17.Arguyó que lo alegado por el gestor no tiene sustento porque
el 27 de julio de 2020 la SDSJ resolvió una solicitud presentada
por la Procuraduría Delegada ante la JEP, “en lo que respecta a la
solicitud de documentación relacionada con el programa definitivo,
claro, concreto y programado, suscrito por el señor RAMIRO SUÁREZ
CORZO”, y porque el 10 de septiembre de esta anualidad, contrario a
lo dicho por el compareciente, el agente del Ministerio Público se
pronunció respecto del compromiso claro, concreto y programado.
18.Con todo, solicitó acoger los planteamientos expuestos, ya
que “no se ha vulnerado el debido proceso en el caso bajo
estudio”.
VI. CONSIDERACIONES
6.1.Competencia
19.Por hacer parte la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la estructura orgánica de la Jurisdicción Especial
para la Paz, en virtud de lo dispuesto tanto en el artículo 86 de
la Constitución Política como en el artículo 8º transitorio del
artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, esta Sección es
competente para resolver la presente acción
constitucional[footnoteRef:1]. [1: Sobre el particular, el auto 644
de 2018 proferido por la Corte Constitucional, puntualizó: “(…) En
este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el factor
subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal para la Paz, en los
términos previstos en el artículo 8° transitorio del Título
Transitorio de la Constitución, se genera al presentarse una acción
de tutela dirigida de manera expresa en contra de (i) alguno de los
órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii)
las providencias judiciales que ésta profiera. En esos casos, el
juez no tiene necesidad de realizar ningún análisis de fondo en el
asunto –estudio de los hechos, pretensiones o pruebas– para
declarar su incompetencia, dado que ello no corresponde a la fase
de admisión de la demanda y, por tanto, su obligación se
circunscribe a remitir el asunto al juez competente”.]
6.2.Problema jurídico
20.Del escrito de la demanda de tutela se extrae que, el 25 de
julio de 2020, previo a la interposición de la acción bajo estudio,
el gestor presentó solicitud ante la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas -SDSJ- en busca de que se declare desierto el
pronunciamiento solicitado a las víctimas y al Ministerio Público,
se acepte su sometimiento y se conceda la libertad transitoria,
condicionada y anticipada, por el homicidio de Alfredo Enrique
Flórez Ramírez, no obstante, no ha obtenido respuesta alguna.
21.Así las cosas, le corresponde a esta Subsección establecer si
existe actuación u omisión atribuible a la parte pasiva de esta
actuación que quebrante los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, este que se estudiará de oficio,
en atención a la falta de mención en la solicitud elevada por el
accionante ante la SDSJ.
6.3.Procedencia de la acción de tutela
22.Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta
Política, este amparo constitucional es un instrumento de
protección estatuido como derecho público subjetivo del que goza
toda persona para obtener del Estado, a través de los jueces, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o, incluso, de los particulares, en ciertos
casos.
23.Se trata de un procedimiento específico, autónomo, directo y
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales
o administrativos que establece la ley, pues constituye un
mecanismo subsidiario de defensa judicial que, en realidad, no
opera como institución procesal alternativa o
supletiva[footnoteRef:2]. A voces de la jurisprudencia: [2: Corte
Constitucional, T-735 de 1998. ]
(…) [E]s necesario para efectos de proteger un derecho y ordenar
a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo
que, previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien
solicita el amparo y, además, que la entidad demandada, teniendo la
obligación de satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo
generando una vulneración o amenaza al mismo.
Lo expuesto es un presupuesto esencial para la procedencia de la
acción de tutela, pues a) si no existe un derecho atribuido al
accionante, la entidad accionada no podría atentar contra el mismo;
o b) constatándose un derecho en cabeza del demandante, si la
entidad accionada no ha efectuado ninguna conducta -acción u
omisión- que trasgreda el derecho, no habría así un acto de
reproche que obligara al juez ordenar una protección.
Así, es necesario para la procedencia de la acción de tutela
verificar la existencia de una acción u omisión de las autoridades
o de un particular que vulnere o amenace un derecho fundamental,
esto es, se debe constatar que la referida trasgresión es cierta,
no hipotética, ni eventual o presunta.[footnoteRef:3] [3: Corte
Constitucional, T-321 de 2013. ]
6.4.Derecho invocado y analizado
6.4.1.Derecho al debido proceso y acceso a la administración de
justicia
24.El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política y se aplica para
actuaciones judiciales y administrativas. Su sentido y alcance ha
sido definido por la Corte Constitucional de la manera a
continuación transcrita:
El debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como
un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y
85) que rige para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales
o administrativas, sometiéndolas a los procedimientos y requisitos
legal y reglamentariamente establecidos, para que los sujetos de
derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las
distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades
públicas, y mediante el otorgamiento de medios idóneos y
oportunidades de defensa necesarios, de manera que garanticen la
legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se
adopten (…)[footnoteRef:4]. [4: Corte Constitucional. Sentencia
C-540 de 1997.]
25.La prerrogativa en comento es un derecho fundamental
complejo, en la medida que comprende numerosas aristas, entendidas,
en el ámbito judicial, como todo “(…) el conjunto de garantías que
buscan asegurar al ciudadano que ha acudido al proceso, una recta y
cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de
las resoluciones judiciales (…)”[footnoteRef:5]. [5: Corte
Constitucional. Sentencia T- 458 de 1994. ]
26.La Corte Constitucional ha definido que entre aquellas
“garantías” o principios integradores del aludido precepto se
encuentra el acceso a la administración de justicia:
Entre las garantías mínimas objeto de protección, el artículo 29
de la Constitución Política consagra, entre otras, (i) el derecho
de acceso a la administración de justicia ante el juez natural de
la causa; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que
conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a
la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de
expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de
contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas;
(v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término
razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el
derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en
su contra (…)[footnoteRef:6] (Se resalta). [6: Corte
Constitucional. Sentencia C-154 de 2004.]
27.Adicionalmente, hace parte integral del debido proceso, la
obligación para las autoridades de resolver los asuntos sometidos a
su conocimiento dentro de un plazo razonable, pues es indispensable
para las personas obtener una pronta solución a sus procesos
judiciales o administrativos. Frente a este tópico, esta Sección ha
conceptuado:
El derecho a un plazo razonable hace parte de las garantías
mínimas del debido proceso, teniendo como base, entre otras, la
necesidad de que una persona no se encuentre inmersa en un proceso
judicial o administrativo perpetuo. Este derecho ha sido analizado
por la Corte Constitucional, que ha seguido los parámetros de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido cuatro elementos para analizar el plazo razonable:
[footnoteRef:7] [7: Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155 y Caso Furlan y
familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. ]
a.Complejidad del asunto.
b.Actividad procesal del interesado.
c.Conducta de las autoridades judiciales.
d.Afectación generada en la situación jurídica de la persona
involucrada en el proceso.
Esto, implica necesariamente, que el plazo razonable sea
determinado dentro de cada proceso, de acuerdo con sus
particularidades, pero teniendo como base la necesidad de eliminar
dilaciones injustificadas. Por ello, a continuación, se examinan
estos elementos en el caso en cuestión (…).[footnoteRef:8] [8:
Tribunal para la Paz, Sección de Revisión. Sentencia
SRT-ST-016/2018 de 20 de abril de 2018, expediente
2018120020200026E.]
28.Esa clase de retrasos constituyen un obstáculo que afecta el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia en los términos de los artículos 29, 228 y 229
Superiores[footnoteRef:9]. No obstante, la jurisprudencia sobre la
materia ha definido que la mora judicial solo opera en aquellos
eventos en los que “la actuación del juzgador desconoce los plazos
legales y carece de un motivo probado y razonable”[footnoteRef:10];
es decir, si bien, en principio, los términos procesales son
inquebrantables, existen eventos en los que pese a ser sobrepasados
los plazos legales por parte de un funcionario judicial, tal
proceder es excusable cuando son originados por circunstancias que
lo justifican. Frente al particular, se ha razonado por la Corte
Suprema de Justicia: [9: Corte Constitucional. Sentencia T-494 de
2014.] [10: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia de 7 de julio de 2017, exp. 2017-01591-00.]
[L]a protección del derecho fundamental al debido proceso por
mora judicial, se circunscribe a la verificación objetiva de su
calificación entre justificada e injustificada, pues si existe
alguna de las causales de justificación, tales como la fuerza
mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra
circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la
mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al
debido proceso. Se insiste, la protección efectiva del derecho
opera cuando la mora judicial es injustificada
(...)"[footnoteRef:11]. [11: Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp.
01138-00.]
29.Sobre el tema, esta Sección ha dicho que, para resolver esa
clase de asuntos, en los que se endilga retraso a una autoridad
judicial en la definición de un proceso, deben tenerse en cuenta
las nociones de plazo razonable y mora judicial justificada para
analizar las particularidades del caso a la luz de las siguientes
cuestiones:
[E]l artículo 29 constitucional se refiere al derecho a “un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas” y el artículo
228 prevé que “Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento será sancionado”. Al amparo de ello la
jurisprudencia constitucional ha aludido a la mora judicial como un
“fenómeno multicausal, muchas veces estructural”, propio de un
escenario de hiperinflación procesal que afecta el derecho de
acceso a la justicia y que es resultado de “acumulaciones
procesales estructurales” que superan la capacidad de los
funcionarios judiciales.
89.Finalmente, la Corte Constitucional ha señalado que la
inobservancia de los términos no constituye indefectiblemente la
causa generadora de la afectación a los derechos al debido proceso
y efectivo acceso a la administración de justicia, en tanto la
demora para la resolución de los asuntos podrían encontrar
justificación en motivos ajenos al funcionario judicial, quien aún
actuando con diligencia no pudiera cumplir con los términos
procesales por razones derivadas de: i) la complejidad del asunto
impide sujetarse estrictamente al término previsto por el
legislador; ii) la existencia de problemas estructurales que
generan congestión y excesiva carga laboral; y, iii) otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar
las actuaciones judiciales con sujeción a los términos
procesales.[footnoteRef:12] [12: Tribunal para la Paz. Sección de
Revisión. Sentencia SRT-ST-096/2019 de 20 de marzo de 2019. Exp.
2019310020600092E.]
30.Ahora bien, tratándose de solicitudes tendientes a la
obtención de la libertad condicionada, para determinar si ha habido
un retraso injustificado que sea constitutivo de quebrando al
debido proceso, la Sección de Apelación -SA- ha determinado que el
plazo razonable para su resolución es de 6 meses, contado desde la
radicación de la solicitud; no obstante, ese lapso no es estático,
ya que puede variarse –para aumentarlo o reducirlo- cuando las
circunstancias propias del caso lo ameriten, siempre y cuando la
actividad desplegada por la autoridad cognoscente sea diligente. Al
respecto, ha definido el Órgano de Cierre Hermenéutico de la
JEP:
(…) [E]l criterio orientativo para evaluar el plazo razonable a
la hora de resolver solicitudes de libertad condicionada es de 6
meses, contados a partir del reparto de la petición. Este plazo no
es estático ni absoluto, sino que puede flexibilizarse en función
la complejidad o las circunstancias particulares del caso. Esta
flexibilización opera para ampliar el término, cuando concurran
factores que lo ameriten, o para reducirlo, en los eventos en que
no exista factor objetivo que justifique la demora excesiva de la
autoridad transicional, o cuando la demora en el trámite de una
solicitud es tan exorbitante que exige una acción inmediata para
remediar la situación. Este análisis debe llevarse a cabo frente a
cada caso concreto para identificar las circunstancias objetivas
que podrían llevar a ampliar o reducir el criterio orientativo de
los 6 meses[footnoteRef:13]. [13: Tribunal para la Paz. Sección de
Apelación. Sentencia TP-SA 063 de 28 de mayo de 2019.]
31.En la sentencia transcrita, la SA también precisó que cuando
haya habido demora en el reparto de una petición de libertad
condicionada, esa circunstancia obliga a la dependencia cognoscente
a imprimirle celeridad al asunto, con el propósito de que sea
resuelta de fondo en un término razonable, pues no es admisible que
el peticionario tenga que cargar con esas demoras administrativas.
En palabras de esa Sección:
(…) [C]uando la demora en la decisión se debe a que la
Secretaría Judicial correspondiente se tomó un tiempo excesivo en
repartir la solicitud -más de 6 meses-, entonces el plazo razonable
debe reducirse para que la Sala respectiva tome una decisión en el
menor tiempo posible o priorice la solicitud, a menos de que se
acrediten los factores, sumados a la congestión, que justifiquen
tal situación[footnoteRef:14]. [14: Tribunal para la Paz. Sección
de Apelación. Sentencia TP-SA 063 de 28 de mayo de 2019.]
6.5.Caso concreto
6.5.1.Antecedentes procesales
32.Del escrito de tutela y de la respuesta emitida por la SDSJ
se aportaron elementos de convicción que contienen la siguiente
información:
33.El día 18 de abril de 2017, “el abogado Leonardo Cruz Bolívar
en calidad de apoderado del señor Ramiro Suárez Corzo, invocando la
condición de Agente de Estado de su representado, radicó el día 18
de abril de 2017 solicitud de sometimiento a la Jurisdicción
Especial para la Paz”[footnoteRef:15]. Asimismo, el 6 de marzo de
2017 la abogada Elisa Pena, apoderada del señor Suárez Corzo,
presentó ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta
solicitud de acogimiento a la JEP. [15: Resolución 2369 del 27 de
mayo de 2019.]
34.Los días 9 de enero y 2 de marzo de 2018, el señor Suárez
Corzo, a través de representante, presentó solicitudes en las
cuales requirió la aplicación del beneficio de la renuncia a la
persecución penal ante la JEP.
35.El día 28 de marzo de 2018 la apoderada del compareciente
solicitó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y
anticipada -LTCA-, ante esta Jurisdicción.
36.Mediante Resolución 347 del 30 de mayo de 2018, la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas asumió el estudio del
sometimiento, ordenando, entre otras cosas, la manifestación del
compareciente de la forma de contribución al esclarecimiento de la
verdad.
37.A través de Resolución 405 del 5 de junio de 2018 la SDSJ,
previo declarar la competencia, dispuso: (i) oficiar al director
del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, en
donde se encontraba detenido el señor Ramiro Suárez Corzo, para que
certificara el tiempo de reclusión del referido ciudadano; (ii)
oficiar a los despachos judiciales donde se encuentra implicado el
compareciente, para que remitan copia de las piezas procesales que
se hayan adoptado; y, (iii) comisionar a la UIA para que obtenga la
totalidad de procesos que se adelantador en contra del
solicitante.
38.Con fecha 15 de junio de 2018, el señor Ramiro Suárez Corzo,
a través de apoderada, presentó su plan de contribuciones al
esclarecimiento a la verdad.
39.En Resolución 1338 del 17 de septiembre de 2018, la SDSJ
requirió información de contexto al Grupo de Análisis de la
Información (GRAI), sobre lo cual fueron rendidos 3 informes.
40.Mediante Resolución 1585 del 9 de octubre de 2018 la Sala de
Justicia requirió al compareciente el ajuste del compromiso claro,
concreto y programado, en el marco de las exigencias propias del
régimen de condicionalidad.
41.Con fecha 28 de octubre de 2018, la apoderada del señor
Suárez Corzo presentó un documento denominado “Proyecto de
reparación”.
42.En Resolución 295 del 4 de febrero de 2019 la SDSJ otorgó una
prórroga a la UIA, para obtener la georreferenciación del Bloque
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, mayor
información sobre los procesos seguidos en contra del señor Ramiro
Suárez Corzo y la ubicación de las víctimas del Frente Fronteras
del Bloque Catatumbo.
43.Mediante Resolución 2369 del 27 de mayo de 2019 la Sala de
Justicia (i) aceptó provisionalmente el sometimiento de Ramiro
SUÁREZ CORZO por el homicidio del señor Pedro Durán Franco, (ii) se
abstuvo de resolver sobre el beneficio de libertad transitoria,
condicionada y anticipada y (iii) remitió por competencia el
expediente bajo el radicado 110010-704008-00050-01 a la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia. En contra de la providencia se
presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
44.El mentado recurso de reposición fue resuelto en Resolución
3205 del 28 de junio de 2019, decidiendo no reponer lo dispuesto
mediante Resolución 2369 del 27 de mayo de 2019 y conceder la
alzada ante la Sección de Apelación de la Jurisdicción.
45.En Resolución 3700 del 19 de julio de 2019 SDSJ, entre otras
determinaciones, ordenó poner a disposición de las víctimas y del
Ministerio Público, el compromiso claro, concreto y programado,
presentado por el compareciente.
46.Mediante Auto TP-SA 279 del 19 de octubre de 2019 la Sección
de Apelación mediante decidió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la Resolución 2369 del 27 de mayo de 2019, en el cual
resolvió lo siguiente:
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE, en los precisos términos del
presente Auto, la Resolución 2369 de 2019, proferida por la Subsala
Dual Primera de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el
27 de mayo de 2019, en cuanto (i) aceptó provisionalmente el
sometimiento de Ramiro SUÁREZ CORZO por el homicidio del señor
Pedro Durán Franco y (ii) se abstuvo de resolver sobre el beneficio
de libertad transitoria, condicionada y anticipada, pero no en su
determinación de (iii) rechazar la comparecencia del interesado por
la muerte del señor Alfredo Enrique Flórez Ramírez. Esta última
consideración se REVOCA, según las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. DECLARAR que la Corte Suprema de Justicia será la
autoridad judicial competente para conocer de la eventual acción de
revisión transicional que presente Ramiro SUÁREZ CORZO por el
homicidio del señor Alfredo Enrique Flórez Ramírez, previa
aceptación de su sometimiento por parte de la Subsala Dual Primera
de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La atribución de
la Corte Suprema de Justicia quedará restringida a la decisión
sustancial de revisión.
Tercero.- ORDENAR a la Subsala Dual Primera de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas decidir sobre el sometimiento
voluntario de Ramiro SUÁREZ CORZO por el homicidio del señor
Alfredo Enrique Flórez Ramírez, previa valoración del proyecto
definitivo del compromiso claro, concreto y programado que está
dispuesto a asumir con las víctimas del conflicto armado no
internacional, en los términos previstos en la resolutiva cuarta de
este auto, y luego de atender el parámetro de interpretación
previsto en el numeral 32 del punto 5.1.2. del Acuerdo Final de
Paz, al que se refiere el artículo 29 de la Ley 1820 de 2016.
Cuarto.- ORDENAR a la Subsala Dual Primera de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas fijar un término perentorio
para que Ramiro SUÁREZ CORZO presente un proyecto definitivo del
compromiso claro, concreto y programado que está dispuesto a asumir
con las víctimas del conflicto armado no internacional. Si la
propuesta supera el examen de aptitud preliminar, la Subsala deberá
dar traslado de la misma a las víctimas y al Ministerio Público y,
con base en las primeras apreciaciones de estas últimas, decidirá
si revoca, confirma o amplía el sometimiento de Ramiro SUÁREZ CORZO
por el homicidio del señor Pedro Durán Franco. Hasta tanto no
resuelva sobre el particular, no podrá tramitar ningún otro
beneficio.
Quinto.- NOTIFICAR el contenido de esta decisión a Ramiro SUÁREZ
CORZO, a su defensor, a las víctimas y a la Procuraduría delegada
ante la Jurisdicción Especial para la Paz. (Negrilla fuera del
texto original)
47.Con fecha 25 de noviembre de 2019, la apoderada del señor
Ramiro Suárez Corzo presentó un documento denominado “Primer
aporte”.
48.Mediante Resolución 7504 del 2 de diciembre de 2019 la SDSJ
dio cumplimiento a lo ordenado por Auto TP SA 279 de 2019 y, en
consecuencia, solicitó al señor Ramiro Suárez Corzo la presentación
de un programa definitivo claro, concreto y programado y asumió
conocimiento del proceso N° 110010-704008-00050, por el homicidio
del señor Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
49.Con fecha 6 de diciembre de 2019, la apoderada del señor
Ramiro Suárez Corzo presentó el documento referenciado “segundo
aporte”.
50.El día 19 de diciembre de 2019, la representante del
compareciente radicó el oficio llamado “tercer aporte”.
51.Con fecha 28 de diciembre de 2019, la apoderada presentó el
documento denominado “Cuarto aporte”.
52.El 28 de enero de 2020, el compareciente, a través de su
abogada, allegó documento en donde señala los distintos oficios que
ha presentado para dar cumplimiento a la Resolución 7504 del 2 de
diciembre de 2019, en lo atinente a la presentación del plan de
aportaciones, y solicitó la concesión de su libertad.
53.A través de Resolución 1624 del 5 de abril de 2020 la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas resolvió una petición de la
apoderada del compareciente frente a una “alerta sobre unos restos
óseos que pueden desaparecer” y, por lo tanto, el despacho ordenó
remitir la petición a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)
de la JEP, para que indagara y adoptara las medidas necesarias
conforme a sus funciones y competencias.
54.Mediante Resolución 1533 del 7 de mayo de 2020 la Sala de
Justicia corrió traslado al Ministerio Público del compromiso
claro, concreto y programado presentado por el solicitante, con el
fin de que se pronunciara sobre su contenido.
55.En Resolución 2585 del 21 de julio de 2020 la SDSJ reconoció
víctimas dentro del proceso de homicidio agravado del señor de
Pedro Durán Franco.
56.La Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación de
Intervención en la JEP, en calidad de agente de Ministerio Público
y dentro del traslado otorgado por la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas para pronunciarme respecto del programa
definitivo, claro, concreto y programado presentado por el señor
Ramiro Suárez Corzo, en documento del cual no se tiene fecha,
solicitó lo siguiente:
1. Primer aporte, de fecha 25 de noviembre de 2019. Radicado
Orfeo No.
20191510595552.
2. Segundo aporte, de fecha 6 de diciembre de 2019. Radicado
Orfeo No.
20191510621142.
3. Oficio dirigido a la Comisión de la Verdad, ofreciendo datos
de contacto para “construir un plan de trabajo claro, concreto y
programado en aras de contribución a la verdad y a la memoria
histórica…”, de fecha 18 de diciembre de 2019. Radicado Orfeo No.
20191510642142.
4. Tercer aporte, de fecha 19 de diciembre de 2019. Radicado No.
20191510643922.
5. Aporte a la verdad ofrecido a la JEP “previa autorización del
señor compareciente Ramiro Suárez Corzo…”, de fecha 28 de enero de
2020. Radicado Orfeo No. 20201510042302.
6. Cuarto aporte, de fecha 28 de enero de 2020. Radicado Orfeo
No. 20201510041122.
7. Certificación inicial de la participación del compareciente
Ramiro Suárez Corzo en la ruta de esclarecimiento de la Comisión de
la Verdad (CI 023), suscrito por el Comisionado Alejandro Valencia
Villa, de fecha 17 de marzo de 2020. El documento fue aportado el
día 18 de marzo de 2020. Radicado Orfeo No. 20201510140162.”
57.El compareciente, mediante documento fechado 25 de julio 20,
protocolizado el 27 de julio del mismo mes y año por el correo
[email protected], solicitó: (i) se declarara desierto el
pronunciamiento de las víctimas y el Ministerio Público sobre el
programa de aportes al sistema, (ii) se aceptara su sometimiento,
(iii) se concediera el beneficio de libertad transitoria,
condicionada y anticipada y (iv) se fijara fecha y hora para
audiencia reservada. Todo lo anterior, por el homicidio de Alfredo
Enrique Flórez Ramírez.
58.Con Resolución 2729 del 27 de julio de 2020 la SDSJ resolvió
a “REMITIR a la Procuradora Delgada con funciones de coordinación
de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, copia de
esta decisión y los respectivos anexos mediante correo
electrónico”.
59.En Resolución 2749 del 28 de julio de este año la SDSJ,
teniendo en cuenta que el pasado 21 de julio de 2020 el Juzgado 15
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá concedió la
prisión domiciliaria al ciudadano Ramiro Suárez Corzo,
resolvió:
OFICIAR al Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, para que en el término de cinco (5) días
hábiles al recibo de la comunicación, REMITA, con destino a esta
actuación, copia de auto N° 1259 del 21 de julio de 2020 que
concede prisión domiciliaria al ciudadano RAMIRO SUÁREZ CORZO, la
cual se hizo efectiva mediante boleta de traslado N° 045 con su
respectiva diligencia de compromiso, en el proceso radicado con el
N° 11001 31 07 000 2008 00050 00.
60.Mediante Resolución 2985 del 11 de agosto de este año la SDSJ
ordenó la expedición de copia digital del expediente a favor de la
señora CLAUDIA DURÁN GARZÓN, quien está reconocida como víctima en
el asunto del señor Suárez Corzo.
61.Finalmente, el 10 de septiembre de la representante del
Ministerio Público contestó el traslado ordenado en Resolución 1533
del 7 de mayo de este año.
6.5.2.De la posible vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia
62.Dado el proceso de sometimiento del compareciente ante la
JEP, las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y
anticipada del 28 de marzo de 2018 y 28 de enero y 27 de julio de
2020 y las actuaciones realizadas por la SDSJ en torno al
sometimiento y concesión de beneficios provisionales del señor
Ramiro Suárez Corzo, para resolver el problema jurídico ya
identificado en párrafo 21, es necesario que la Subsección examine
si la accionada incurrió en mora judicial por desbordar el plazo
razonable para resolver el sometimiento y la solicitud de libertad
del compareciente, en lo que se refiere al proceso ordinario N°
110010-704008-00050, por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez
Ramírez.
63.Lo anterior, por cuanto al hacer el análisis de los elementos
de convicción que se aportaron se logró evidenciar que mediante
Resolución 2369 del 27 de mayo de 2019 se resolvió el sometimiento
frente al homicidio de Pedro Durán Franco – Radicado N°
110010-704008-00050- y se ordenó la remisión por competencia a la
Corte Suprema de Justicia del asunto por el homicidio del señor
Flórez Ramírez; pero, luego, tal determinación fue revocada por la
SA en Auto TP SA 279 del 19 de octubre de 2019, la cual dispuso
continuar con el estudio del asunto frente al homicidio del señor
Flórez Ramírez, sobre el que, desde ese momento, no se ha proferido
decisión de fondo, lo que pudo llegar a afectar el trámite para el
consecuente beneficio transicional mencionado, pues como lo indica
la Sentencia Interpretativa 1 de 2019[footnoteRef:16], la SDSJ al
evaluar el sometimiento debe verificar el status libertatis o desde
ese momento puede decidir sobre la libertad transitoria,
condicionada y anticipada de los comparecientes. [16: Jurisdicción
Especial para la Paz, Sección de Apelación.]
64.En ese sentido, se considera que el estudio que debe hacer el
despacho frente a la actividad procesal impartida por la SDSJ,
sobre la evaluación del sometimiento y la LTCA del señor Suárez
Corzo frente al homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, debe
partir desde que la Sala de Justicia conoció de las órdenes
impartidas en el Auto TP SA 279 del 19 de octubre de 2019, esto es,
el 2 de diciembre de 2019, fecha en la que arribó el expediente a
la SDSJ, proveniente de la Sección de Apelación.
65.Ello, sin dejar de lado que el trámite procesal impartido por
la SDSJ mediante la Resolución 347 del 30 de mayo de 2018, en la
cual asumió el estudio del sometimiento, y en las Resoluciones 405
del 5 de junio, 1338 del 17 de septiembre y 1585 del 9 de
septiembre, todas de 2018, en las que se dio impulso a la
actuación, requiriendo elementos para lograr resolver de fondo el
asunto, lo cual culminó en una decisión de fondo sobre el
particular -Resolución 2369 del 27 de mayo de 2019-, fue célere y
garante del derecho al debido proceso.
66.Entonces, para evidenciar si existió o no vulneración al
debido proceso, debe evaluarse la actividad procesal impartida por
la SDSJ desde el 2 de diciembre de 2019, misma fecha en la que
emitió la Resolución 7504, con la que obedeció la orden dada por la
segunda instancia y ordenó al compareciente allegar el plan de
aportaciones.
67.En primer lugar, se observa que el señor Suárez Corzo aportó
documento del 28 de enero de 2020, en el que manifiesta que ha
cumplido con la presentación del programada concreto, claro y
programado requerido mediante Resolución 7504 del 2 de diciembre de
2019 y solicita el sometimiento y LTCA frente al asunto del señor
Flórez Ramírez, cuando ya habían transcurrido casi dos meses desde
la orden impartida por la SDSJ, tiempo procesal que no es
atribuible a esa dependencia, pues la presentación del plan de
aportaciones dependía del actor.
68.Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución 1533
del 7 de mayo de 2020 la SDSJ ordenó correr traslado al Ministerio
Público sobre el plan de aportaciones presentado por el
compareciente, adoptando la decisión necesaria para impulsar el
trámite, dado que es requisito procedimental poner en conocimiento
de esa entidad la propuesta de aportes al Sistema con el fin de
cumplir con el principio dialógico.
69.Posteriormente, el Ministerio Público presentó una solicitud,
de la cual no se conoce la fecha, en la cual pedía todos los
documentos que hicieran parte del plan de aportaciones rendido por
el señor Suárez Corzo, con el fin de emitir pronunciamiento, por lo
que la SDSJ profirió la Resolución 2729 del 27 de julio de esta
anualidad, a través de la que ordenó remitir a la Procuraduría
Delegada lo documentos para que se pronunciara, quedando a la
espera del pronunciamiento de esa entidad.
70.El mismo 27 de julio de 2020 fue radicado ante la SDSJ
solicitud del compareciente donde requiere la aceptación de su
sometimiento y la LTCA, sin que hasta la fecha se haya emitido
pronunciamiento; no obstante, como se verá más adelante, en ese
momento no era posible realizar ese tipo de evaluaciones como
consecuencia de las suspensiones de términos que causó el Covid-19
dentro de la Jurisdicción.
71.En Resolución 2749 del 28 de julio de este año la SDSJ,
teniendo en cuenta que el pasado 21 de julio de 2020 el Juzgado 15
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá concedió la
prisión domiciliaria al ciudadano Ramiro Suárez Corzo, resolvió
oficiar a ese juzgado, para que remitiera copia de Auto N° 1259 del
21 de julio de 2020.
72.Mediante Resolución 2985 del 11 de agosto de este año la SDSJ
ordenó la expedición de copia digital del expediente a favor de la
señora Claudia Durán Garzón, quien está reconocida como víctima en
el asunto del señor Suárez Corzo.
73.De otro lado, la delegada del Ministerio Público descorrió el
traslado sobre el plan de aportaciones el día 10 de septiembre de
esta anualidad, aportando su concepto.
74.De todo lo expuesto, se advierte que la SDSJ adoptó una
actitud activa frente al proceso del compareciente Suárez Corzo,
desde que asumió el conocimiento del asunto por el homicidio de
Alfred Enrique Flórez Ramírez -2 de diciembre de 2019-, si tenemos
que, en cuanto conoció del plan de aportaciones rendido por el
compareciente -28 de enero de 2020-, procedió a correr traslado al
Ministerio Público mediante Resolución 1533 del 7 de mayo de
2020.
75.Igualmente, al poco tiempo, se observó que la SDSJ impulsó la
actuación para que la representante del Ministerio Público
presentara su concepto frente al plan de aportaciones del
compareciente, en el marco del ejercicio dialógico, emitiendo la
Resolución 2729 del 27 de julio de esta anualidad, en la cual
dispuso la remisión de los documentos necesarios para que esa
entidad descorriera el traslado ordenado, sin perjuicio de que la
Procuraduría delegada solo aportara su concepto el 11 de septiembre
de 2020.
76.Como vemos, hasta el 11 de septiembre de 2020 la SDSJ obtuvo
los elementos necesarios para emitir decisión de merito dentro del
asunto del señor Suárez Corzo, en lo que respecta al proceso
ordinario N° 110010-704008-00050, no obstante, en ese momento no
era posible emitir una decisión de fondo sobre el sometimiento y
consecuente LTCA, debido a las dificultades que trajo consigo el
Covid-19 para la actividad procesal de la JEP, como se explicará en
párrafos siguientes.
77.La Subsección no puede pasarse por alto la situación
excepcional de salubridad pública ocasionada por la pandemia del
COVID19, que llevó al Órgano de Gobierno en los Acuerdos AOG No.
009 del 16 de marzo, 014 del 13 de abril, modificado por el Acuerdo
AOG No. 029 del 23 de junio, y las Circulares 019 de 25 de abril,
022 de 7 de mayo, 032 del 13 de julio y 036 del 31 de agosto de
2020, todos del año en curso, a decretar la suspensión de términos
en esta jurisdicción, pero con varias excepciones, desde el pasado
16 de marzo, y que terminó a las cero horas (00:00 a.m.) del 21 de
septiembre de 2020, según Acuerdo AOG No. 039 del 17 de septiembre
de 2020.
78.Los anteriores acuerdos ordenaron la suspensión de términos
desde el 16 de marzo hasta el 21 de septiembre de 2020, lo que
limitó a las Salas y Secciones algunas actuaciones procesales por
un poco más de 6 meses, en el entendido de que solo se podían
proferir decisiones de trámite o que pudieran ser comunicadas
mediante correo electrónico, imposibilitando la expedición de
decisiones de mérito que requieren notificación[footnoteRef:17].
[17: Artículo 2.- Regla general para la expedición de providencias
judiciales. Las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal para
la Paz podrán expedir las providencias que, conforme a la ley, no
requieran notificación. Su comunicación se hará vía correo
electrónico. Igualmente, podrán expedir las providencias cuya
notificación y trámite posterior pueda hacerse integralmente por
vía electrónica, siempre que la Sala o Sección que profiera la
decisión asegure: (i) el conocimiento de la misma a todos los
destinatarios de la providencia, (ii) la oportunidad para la
interposición y trámite de los recursos de ley, (iii) que una vez
ejecutoriada, se pueda cumplir sin poner en riesgo la salud de los
concernidos y (iv) el cumplimiento de las funciones de supervisión
que corresponde a la JEP.]
79.De ahí que, si bien la SDSJ profirió algunas determinaciones
dentro de ese periodo de suspensión, lo hizo con el ánimo de
impulsar la actuación en virtud de las posibilidades que le daba la
suspensión de términos, pero sabiendo que no podía emitir decisión
de fondo en el asunto.
80.Contando con dichas directrices, en las que se imposibilitó
la emisión de decisiones de fondo por un lapso superior a 6 meses,
la SDSJ, desde el 2 de diciembre de 2019 hasta la fecha, ha contado
con cerca de 5 meses para emitir una determinación sobre el
sometimiento y la LTCA en caso particular del homicidio de Alfred
Enrique Flórez Ramírez, con lo que tampoco se desborda el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta corporación -6
meses-.
81. Así las cosas, por un lado, es claro para la Subsección que
la SDSJ realizó los trámites procesales que estuvieron a su alcance
para impulsar la actuación, adoptando una actitud diligente frente
al trámite de sometimiento del compareciente y la solicitud de LTCA
presentada, y, por otro, teniendo en cuenta la suspensión de
términos procesales, es evidente que han transcurrido 5 meses para
la emisión de una decisión de fondo en el asunto, con lo que se
advierte que no supera aun el término de 6 meses, estándar
planteado por el precedente de la SA frente al plazo razonable, por
lo que no se encuentran vulnerados los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
82.Por las razones expuestas, la Subsección Primera de Tutelas
de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la protección de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia al señor Ramiro Suárez
Corzo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión procede la impugnación
dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
TERCERO: Dar cumplimiento al artículo 30 del Decreto 2591 de
1991. En caso de no ser impugnado este fallo, remítanse las
diligencias a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
[Providencia firmada electrónicamente]
JESÚS ÁNGEL BOBADILLA MORENO
Magistrado
[Providencia firmada electrónicamente]
CATERINA HEYCK PUYANA
Magistrada
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