FCE - CID 1Ífce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/document... · Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 63 Junio de 2015 ! Universidad!Nacional!de!Colombia!Sede!Bogotá!7!Facultad!deCiencias!Económicas!

ISSN 2011-6322 · Junio 2015

José Guillermo García Isaza

Modelo de desarrollo y paz: confianza, instituciones y políticas de desarrollo

Development and Peace Model: Confidence,Institutions and Development Policies

Documento Escuela de Economía

N˚ 63

DocumentosFCE - CID

Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 63 Junio de 2015

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá -‐ Facultad de Ciencias Económicas

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José Guillermo García Isaza1

MODELO DE DESARROLLO Y PAZ: CONFIANZA, INSTITUCIONES Y

POLÍTICAS DE DESARROLLO2

Resumen

El documento presenta una perspectiva de la cuestión del posconflicto en Colombia. Inicia

enfatizando la necesidad de afirmar la dimensión humana e institucional de la economía, a

partir de reconocer el tiempo de la economía como tiempo histórico. La perspectiva que

plantea, identifica la urgencia de renovar las bases institucionales de la sociedad mediante

el fortalecimiento y desarrollo efectivo de la sociedad civil, junto con la configuración de

arreglos institucionales que fortalezcan la confianza y la cohesión social mediante políticas

activas del Estado. Estas políticas dirigidas a buscar la estabilización económica y social de

las zonas rurales y a mejorar las dotaciones de recursos modernos de la población que, tanto

en el campo como en la ciudad, ha estado al margen de los procesos de modernización y

transformación del crecimiento moderno.

Palabras clave: confianza, instituciones, sociedad civil, equidad, desarrollo

Códigos JEL: O17, B15, B52

1 Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia. [email protected] 2 Este documento es resultado de la reflexión presentada en el marco de las Tertulias organizadas por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia sobre “Propuestas posconflicto. En lo económico, territorial y social” realizado en el primer semestre de 2014. Este trabajo contó con el apoyo de Sebastián Toro como asistente de investigación.



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DEVELOPMENT AND PEACE MODEL: CONFIDENCE,

INSTITUTIONS AND DEVELOPMENT POLICIES

Abstract

The document presents an overview of the post-conflict issue in Colombia. It starts by

emphasizing the need to affirm human and institutional dimensions of the economy, from

acknowledging time economics as a historical time. It raises the prospect that identifies the

urgency to renew the institutional foundations of society through effective development and

strengthening of civil society, together with the configuration of institutional arrangements

that strengthen confidence and social cohesion through active state policies. These policies

address economic and social stability in rural areas and improve the population’s modern

resource endowments, both in the countryside and in the city; have been on the sidelines of

the modernization and transformation of modern growth.

Keywords: confidence, institutions, civil society, equality, development

JEL Codes: O17, B15, B52

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID

RectorIgnacio Mantilla Prada

Vicerrector GeneralJorge Iván Bula Escobar

Facultad de Ciencias Económicas

VicedecanoRafael Suárez

DecanoJosé Guillermo García Isaza

Escuela de Economía

DirectorÁlvaro Martín Moreno Rivas

Coordinador Programa Curricular de EconomíaRaúl Chamorro Narváez

Centro de Investigaciones parael Desarrollo CID

DirectorManuel José Antonio Muñoz Conde

SubdirectoraVilma Narváez

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La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos originales

de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de investigadores de

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia;

resultado del trabajo colectivo o individual y que hayan sido propuestos,

programados, producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de

investigación o en otra instancia académica

Documentos FCE-CID Escuela de EconomíaISSN 2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/

Director Centro Editorial-FCEÁlvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCENadeyda Suárez Morales

Pilar Ducuara López

Yuly Rocío Orjuela Rozo

Contacto: Centro Editorial FCE-CID

Correo electrónico: [email protected]

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido y la forma del presente

material es responsabilidad exclusiva de sus autores y no compromete de ninguna manera a la

Escuela de Economía, ni a la Facultad de Ciencias Económicas,

ni a la Universidad Nacional de Colombia.



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MODELO DE DESARROLLO Y PAZ: CONFIANZA, INSTITUCIONES Y

POLÍTICAS DE DESARROLLO

Por José Guillermo García Isaza

Este texto inicia haciendo referencia a dos ideas presentadas por Eduardo Sarmiento: La

primera se refiere al método de observación de la física y busca mostrar la diferencia

fundamental del tiempo en la naturaleza y en la sociedad, para enfatizar la importancia del

tiempo histórico en el análisis institucional de la economía. La segunda se refiere a la

preocupación debido a que existen temas importantes que no están reflejados en la agenda

de conversaciones de La Habana. La segunda parte del documento se dedica enteramente a

considerar la importancia de la construcción institucional tanto para consolidar el proceso

de paz, como para la posterior estabilización económica y social. En este último punto se

plantea la urgencia de consolidar una institucionalidad fuerte de la sociedad civil, para

adelantar las transformaciones económicas y sociales que se requieren para el

fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia moderna, basadas en el desarrollo de

capacidades y en la integración efectiva de la población al desarrollo económico moderno y

sostenible.

1. El tiempo y el objeto de análisis económico

Para iniciar se puede retomar la idea presentada por Eduardo Sarmiento en la referencia que

se hace a la física, y a la observación que esta ciencia realiza hasta los niveles más micros

de la naturaleza. Se puede aludir a esta ciencia para enfatizar que existe una diferencia

fundamental entre la economía y la física, y es la dimensión del tiempo en el objeto de

investigación. Cuando se hace referencia a la física y a sus objetos de observación, se trata

de una realidad que presenta un tiempo muy grande que se piensa en miles de millones de

años,3 o sea que los cambios en los objetos que se examinan son marcadamente lentos, casi

3 Particularmente si se tiene en cuenta la edad del universo, estimada en 13.750 millones de años, por el proyecto WMAP de la NASA, con un grado de error del 1%. Disponible en: http://www.nasa.gov/topics/universe/features/wmap-complete.html, http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html.



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imperceptibles. Por lo tanto se distingue por unas enormes regularidades del objeto de

análisis y eso facilita el trabajo de los científicos, tratando de comprender y explicar esas

regularidades y sus principios (Hawking y Mlodinow, 2007).

Ha habido un sesgo de la economía, de pretender que su objeto es similar a la física y

definir su naturaleza como si esta fuera inmutable o por lo menos tuviera una estabilidad

comparable al observado en los fenómenos propios de la física. Este sesgo se ha

evidenciado en la insistencia de la pertinencia y aplicación en el análisis del tiempo como

tiempo lógico. Este error consiste en no reconocer una diferencia esencial de la dimensión

del tiempo, por cuanto en la economía el tiempo es humano, histórico e institucional.

Desde que se conoce la existencia del ser humano, el tiempo es en comparación bastante

más pequeño, allí se puede hablar de unos doscientos miles de años, (McDougall, Brown, y

Fleagle, 2005)4. Menor tiempo tiene la institución de la escritura, que podemos contar en

algunos miles de años (Schmandt-Besserat, 1991).5 Aún menor es la existencia del

intercambio y el Estado moderno, que de acuerdo con cada autor puede variar en algunos

pocos siglos (Braudel 2002, Wallerstain 1985, Polanyi 2003).

¿Esto qué quiere mostrar? Que en la economía es conveniente reconocer y dar importancia

fundamental al tiempo como tiempo histórico e institucional; ese es un aspecto central a

tener en cuenta en el análisis. Por esto se puede afirmar que no es posible crear una teoría

con unas reglas invariantes tan estables en economía como en la física. Este ha sido el

problema de una parte de las teorías económicas, al evitar el reconocimiento de la historia y

el tiempo histórico en el análisis. Para comprender de forma más adecuada la naturaleza y

los cambios en la vida material6 resulta indispensable incorporar la dimensión del tiempo

4 Los restos más antiguos encontrados del Homo Sapiens corresponden al Hombre de Kibish, los cuales datan de aproximadamente hace 195.000 años. Por otra parte la evidencia más antigua de “comportamiento y capacidades cognitivas modernas” son las de Pinnacle Point con 165.000 años.

5 La arqueóloga Denise Schmandt-Besserat estimó en 7.500 años aC el inicio de la escritura, originada por la necesidad de contar. Desde la Edad del Bronce (3.000 – 1.500 aC) surgieron distintos sistemas de escritura. El alfabeto Fenicio, precursor de alfabetos modernos, se desarrolló en la Edad de Hierro entre el 1.200 aC y 800 aC. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Denise_Schmandt-Besserat y http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_escritura

6 Se hace referencia a la noción de vida material, relacionada con la existencia material y no necesariamente comercial del hombre, para establecer la distinción con la vida económica en la que el intercambio es un



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histórico e institucional, para comprender adecuadamente los procesos de cambio y

transformación de la vida material y social de la humanidad (Braudel 2002). Acá no se hace

referencia solo a la economía, por la connotación que esta noción tiene con el intercambio o

mercado, como forma de socialización, mediante el cual el ingreso y la supervivencia de los

seres humanos están mediados por su nivel de articulación e inclusión en la sociedad por

medio de su relación directa o indirecta en las actividades del orden mercantil.

En el análisis que se presenta a continuación, se tendrá en cuenta que la sociedad es ante

todo una construcción institucional, que pasa por el establecimiento y consolidación de

convenciones sociales sobre las reglas que condicionan el uso social de los elementos de la

vida material y su alcance para potenciar y movilizar las capacidades humanas y sociales,

generando grados diversos de riqueza y bienestar. Por supuesto estas convenciones y reglas

sociales son históricas, limitando y regulando la relación social con la naturaleza, y las

relaciones al interior de la estructura social. Por lo tanto, es útil comprender que la realidad

de la economía es variable y exhibe cambios, determinados por procesos sociales de

construcción y definición de instituciones, no solo para establecer la unidad social y la

convivencia sino también la jerarquía, el poder y la riqueza.

2. Los temas de negociación y la agenda institucional del postconflicto

Otro punto que plantea Sarmiento se refiere a la preocupación por algunos temas que no

han sido contemplados en las negociaciones de paz. A este respecto es bueno señalar que la

estabilidad del postconflicto no va a depender solamente de los temas considerados. No

debe preocupar que existan temas que no han sido tratados en la negociación de La Habana.

Si se logra llevar a buen término el acuerdo con el grupo guerrillero, no será indispensable

que estén contemplados todos los temas de interés de la sociedad, sino sobre todo aquellos

temas que han alimentado la conflictividad política y social. De lo que allí se trata

justamente es de recobrar la confianza institucional con base en arreglos y acuerdos para

viabilizar los procesos de desmovilización y el ejercicio de la política por medios civiles y

instrumento institucional que tiende a cubrir la vida material en las sociedades modernas. Esta distinción se puede apreciar en Braudel (2002).



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no con base en las armas. En tal sentido implica un paso adelante en el esfuerzo de

consolidación de la democracia como institución moderna de la sociedad.

En este punto es importante interrogar qué es lo que se podría esperar del posconflicto

respecto del ordenamiento y los arreglos institucionales. En primer lugar se debe alcanzar el

propósito de crear un escenario para la cimentación de una nueva sociedad, con diferencias

sí, con tensiones también, pero una sociedad sin violencia política, este es el gran reto de

los próximos años. Construir confianza y credibilidad mutua sobre la viabilidad de los

procesos políticos sin acudir a la opción de la fuerza como alternativa para la creación y el

reconocimiento de derechos.

Supongamos que ese sea el logro principal, alcanzar un modelo de sociedad donde los

temas de diferencias de visión y de concepción no se diriman de forma violenta. ¿Cómo

construir una sociedad que tenga estabilidad, aunque existan diferencias en lo político? En

la que no se considere que la forma de resolver las diferencias políticas sea acudiendo a

formas de violencia, sino acudiendo a los mecanismos propios de la institucionalidad

inherentes a la sociedad civil.

a. Es crucial el fortalecimiento de la sociedad civil

En la agenda del posconflicto necesariamente tendrán que incorporarse nuevos temas, no

contemplados de fondo en las negociaciones de paz, pero sustanciales para el logro de una

sociedad estable y con una nueva institucionalidad política de paz duradera. Una parte de

estos nuevos temas seguramente van a surgir de las problemáticas inherentes al

fortalecimiento institucional, social y económico de la sociedad civil, como elemento

central de la democracia.

En la definición del modelo de desarrollo, la negociación tiene que ser social, centrada en la

búsqueda de reglas de confianza en la garantía de los derechos de todos los colombianos.

Con tal fin debe buscarse el establecimiento de un contrato social para el posconflicto y la

paz democrática, el cual dependerá en gran medida del afianzamiento de su definición

institucional. Para ese contrato social lo que hay que hacer es empoderar a la sociedad y

fortalecer ese mecanismo fundamental de las sociedades modernas que es la sociedad civil.

En general, la fuerza de la sociedad civil se asocia con la autonomía relativa de la población



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para apreciar y valorar los procesos sociales, económicos y políticos, y para preservar en el

respeto, cuidado y protección de las instituciones que fundamentan la cohesión social en la

práctica.

Pero la sociedad civil se empodera en la medida en que sea menos ingenua o más ilustrada:

Mientras el conocimiento aumenta la autonomía de pensamiento e interpretación y la

independencia en la apreciación de los temas de interés para la población, la ingenuidad se

asocia con la ausencia de conocimiento y la ignorancia. Cuando la población es menos

ilustrada y sus conocimientos son escasos, poco claros o incompletos, tiende a ser más

ingenua, es influenciable y puede ser conducida fácilmente. Pero en la medida en que la

formación y el conocimiento haga a la sociedad civil más informada y autónoma, su

conocimiento más firme y mejor fundamentado en la ciencia y en el pensamiento libre, va a

ser más difícilmente objeto de la manipulación, y será menos influenciable, frente a los

juicios y prejuicios que con frecuencia llegan administrados por diferentes medios de

comunicación social.

En la negociación del postconflicto va a ser muy importante la participación activa de la

sociedad civil en proceso de consolidación. En el fondo, se podría afirmar que en la

realidad histórica del mundo siempre ha sido así: cada sociedad tiene el modelo social que

se merece, porque ese modelo de una o de otra forma, para bien o para mal, termina siendo

aceptado y validado en las prácticas sociales. Y si es funcional es porque cuenta con el

consentimiento de la sociedad, lo que siempre conlleva un componente institucional de

aprobación y acatamiento. La aceptación y el consentimiento se establecen, o por la fuerza

del Estado, o por el consentimiento libre de la sociedad civil. En ambos casos se podría

decir que el Estado es fuerte, en el primer caso, físicamente, por el monopolio en el uso de

la fuerza, y en el segundo, institucionalmente, por la fuerza que proviene de la propia

sociedad, por el reconocimiento y aceptación libre de la población de las reglas que fundan

el contrato social. Por supuesto es mejor y deseable fundar la legitimidad y el

reconocimiento de la autoridad del Estado en las libertades civiles y en el acatamiento

consciente de las reglas sociales por la población, que en el uso formal y activo de la fuerza

para garantizar el orden social. Ahora bien, en la historia de Colombia, desafortunadamente

ha sido siempre frágil la institucionalidad sustentada en la fortaleza de la sociedad civil y



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por esto ha sido siempre necesario el uso de la fuerza como mecanismo para garantizar el

ordenamiento funcional de la sociedad.

b. Las instituciones como formas de confianza y cohesión social

En la historia de la humanidad, se aprecia que muchas formas de unidad social fueron

instauradas con base en el uso de la fuerza, por eso la historia ha sido en gran medida la

historia de los más fuertes o en todo caso la historia de los vencedores, que en general

imponen la ley, su ley a los vencidos o a los débiles. Por esta razón la violencia ha sido un

elemento inherente a la historia de las sociedades humanas. Vemos estas historias con sus

peculiaridades en todas las regiones del mundo, en Asia, África, Europa, América y

América Latina.

Pero la oportunidad del mundo moderno está en la posibilidad de construir arreglos y

formas de organización social, donde las diferencias se puedan solucionar a través de

mecanismos de negociación, y no a través del uso físico de la fuerza; y esta es en buena

medida la oportunidad que tiene Colombia. Si es eficaz el acuerdo de paz, si logra

resultados efectivos la negociación en el sentido de crear la confianza mutua de las partes,

de crear la credibilidad, que es necesaria e indispensable, y hacer que efectivamente se

depongan las armas, y que los acuerdos sean acatados y honrados por las partes, respetando

el cese de hostilidades y la reinserción efectiva de los miembros de la guerrilla a la sociedad

civil y a la vida política, se habrá dado un paso decisivo.

Si se logra eso, se logrará sobre la base de crear confianza y credibilidad en que es posible

avanzar desde el punto de vista político y hacer efectivos unos principios o unas ideas

políticas sin necesidad de acudir a las armas, por medio de procesos políticos civiles. Es

decir, eso implicaría necesariamente fortalecer también la democracia. Señalo esto porque

se destaca que en Colombia, de todos, el peor factor de competitividad, el más preocupante,

en donde nuestro país está en la peor situación, es justamente el problema institucional. En

efecto tenemos que admitir que uno de nuestros mayores problemas es que tenemos una

mala calidad en las instituciones; y cuando decimos que tenemos mala calidad en las

instituciones, estamos diciendo que tenemos malas reglas de juego, que no son confiables

para muchos colombianos, no muchos las cumplen y no se respetan por una gran parte de la



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población. Todo esto lo que muestra es que las reglas y los principios que codifican las

normas de esta democracia son formales, pero carecen de alcance práctico en la vida

cotidiana de muchos colombianos, que poco creen y poco confían en la aplicación y

transparencia social de tales normas. Esta falta de confianza y credibilidad de buena parte

de la sociedad es lo que hace débiles las instituciones en nuestro país.

Al contrario, en una sociedad donde las instituciones son fuertes, esto ocurre porque la

sociedad civil ha incorporado activa y claramente las reglas del contrato social, un arreglo

institucional en el cual, con una alta probabilidad, la población honra y cumple ese contrato

social, y lo sigue en sus prácticas cotidianas, en su vida diaria; es decir que esas reglas se

convierten en parte de su vida y las aplican sin reparos porque están basadas en la confianza

y las comparten haciéndolas creíbles y válidas. La fuerza de tales reglas proviene

justamente de la forma como son apropiadas en la vida práctica por la sociedad civil, y

entonces allí hay cohesión, hay respeto de esas reglas, hay confianza, y la sociedad fluye de

esa manera, ¿por qué? porque esas definiciones son aceptadas y compartidas, son altamente

legítimas.

Se reconoce que el Banco de la República es una institución muy importante en Colombia

por la función monetaria que realiza. ¿Por qué razón? Porque existe confianza y

credibilidad de los ciudadanos sobre su función de emisión y gestión monetaria. Yo

comparto plenamente esta idea y, mejor aún, me atrevo a señalar que la institución formal y

práctica mejor establecida en el país es la institución monetaria. ¿Qué es lo que hace tan

sólida la percepción ciudadana sobre al Banco de la República en Colombia? Allí se aprecia

con bastante claridad el manejo prudencial y cuidadoso del Banco para preservar la

confianza y la credibilidad en su autoridad como ente de emisión monetaria, y la confianza

y la credibilidad práctica de la población en la demanda y el uso generalizado de los signos

monetarios del Banco.

En un momento determinado, se puede tener alguna discrepancia sobre la calidad de las

intervenciones del banco: puede que no siempre se esté de acuerdo en que las decisiones

del banco sean las apropiadas. Lo importante es que logren preservar la institucionalidad

monetaria evidenciada en las prácticas comerciales de la sociedad civil. En otras palabras,

no existiría el uso común y generalizado de los instrumentos monetarios expedidos por el



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Banco, si existiera duda y desconfianza sobre los mismos. La fuerza y el poder de dicho

instrumento se basan en la aceptación, la credibilidad y la confianza general de toda la

población sobre la capacidad de tales instrumentos como instrumentos comerciales, de

medida del valor económico, de medio de circulación y medio de pago. Por supuesto, esta

confianza está relacionada directamente con el manejo de la autoridad social y económica

conferida al Banco y en el uso prudencial de dicha autoridad por parte de quienes tienen

este encargo institucional.

Por ejemplo, un caso de discrepancia se observó en la crisis de la economía colombiana de

1999: El Banco tuvo parte de responsabilidad en la gravedad de la crisis por cuanto sus

decisiones fueron más doctrinarias que pragmáticas. En vez de haber moderado las

decisiones antiinflacionarias del año 1998, apuraron el proceso de la crisis y su agravación

al encarecer el costo de las obligaciones con el aumento de la tasa de interés. El banco optó

por preservar el valor del dinero y acentuó los problemas de pagos a los que había llegado

la economía colombiana en ese momento. Sin embargo, el alcance de la crisis también

podía haber sido menor dependiendo de lo que hubiese hecho el Banco para dar estímulo a

la demanda. Al final, la crisis deterioró el aparato productivo y no obstante se mantuvo la

credibilidad monetaria. Con tal fin, al banco le tocó acompañar de forma pragmática las

políticas de reactivación económica.

Lo cierto es que la institucionalidad monetaria es tal vez la más fuerte y confiable del país.

Si se toma en cuenta la noción de hegemonía como consentimiento general de la población,

lo que ocurre es que el Banco de la República es una entidad con alta credibilidad y

confianza general por parte de toda la sociedad. Simbólicamente se podría decir que sus

reglas sociales están bien definidas o por lo menos ampliamente aceptadas, porque hasta los

mismos grupos que han pretendido cambiar el régimen institucional del país, como las

guerrillas, cobran las “vacunas” a la población en pesos colombianos. Esto lo que revelaría

es que en Colombia, en general casi nadie pone en duda la regla monetaria, es una regla

poderosa, y la fuerza de esa regla está en el consentimiento general, es la fuerza social y

económica de toda la población que acepta y reconoce sin grandes reparos la validez de ese

instrumento comercial y de pagos que es el dinero emitido por el emisor. Entonces es una

institución sólida y socialmente reconocida en las prácticas cotidianas. Por supuesto el



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papel del Banco y su dirección consiste en cuidar y preservar esa confianza y esa

credibilidad como un bien público7, parecido al lenguaje.

Entonces se puede plantear, que lo que tendría que buscar y alcanzar el país en la

dimensión política es algo similar a la institución monetaria, por supuesto preservando las

diferencias esenciales y distinguiendo la naturaleza diversa que existe entre la lógica

monetaria y la lógica política.

En Colombia se debe trabajar en la consolidación de reglas que hagan creíble y confiable el

ejercicio de la política, la participación y la democracia moderna. El análisis económico

usualmente hace abstracción de la dimensión de lo político e institucional, suponiendo que

estos aspectos están dados a priori, olvidando su especificación por las condiciones

históricas de la sociedad. Es importante hacer explícita la relación entre la dimensión

política y la forma como ella incide en el desarrollo económico, porque la sociedad no es

solamente una sociedad económica. Esta es otra dificultad de la economía, cuando se

desliga de la complejidad social. No se debe olvidar que, a pesar de reconocer que se trata

efectivamente de una sociedad económica, porque en efecto todos pasamos de forma

directa o indirecta por el mercado, esa sociedad es también una sociedad política e

institucional, que condiciona el funcionamiento del mercado y el alcance de la racionalidad

instrumental del capital (García 2012). Esa omisión es un error en el que incurre nuestra

disciplina cuando, superpone el proceso de la lógica formal (útil para el pensamiento) sobre

el proceso histórico de transformación y desarrollo (Prebisch, 1983).

c. Instituciones económicas y postconflicto

La alternativa que acá se plantea está en la construcción de una sociedad que sea más

estable, con reglas mejor definidas, que brinden una posibilidad cierta de oportunidad y

progreso para todos los colombianos, con normas democráticas más claras, confiables y

creíbles y con instituciones que permitan una mejor y más dinámica integración de la

población en la economía moderna. Esta alternativa resulta más deseable y menos

traumática, porque en las actuales circunstancias no es factible dar de un día para otro un

7 Para una explicación conceptual e histórica de esta cuestión ver A. Smith (1988, L. II, capítulo II).



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viraje de trayectoria y modificar la economía moderna de mercado, pero se puede

humanizar mediante reglas y compromisos institucionales.

En la práctica cotidiana de hoy, la inmensa mayoría de la población del país obtiene su

ingreso, supervivencia y posibilidad de mejora en calidad de vida, de su inserción e

integración directa (en las empresas que producen riqueza y valor económico) o indirecta

(en las actividades complementarias e indispensables al funcionamiento de la sociedad) en

la economía moderno. En general pasamos por el espacio de intercambio para obtener el

ingreso monetario y la capacidad efectiva de demanda y compra sobre la riqueza social. La

cuestión a redefinir está en cómo podemos mejorar esas reglas, cómo establecer y delimitar

de una mejor forma los arreglos institucionales para que toda la población pueda considerar

que se puede progresar dentro de ese marco, con base en el trabajo y el aporte al

crecimiento de la economía moderna.

La primera regla fundamental para que funcione una economía de mercado moderna, es que

el derecho de propiedad esté bien definido, y que no sea arbitraría la creación de ese

derecho: que ese derecho sea el resultado justamente del talento, de la producción y de la

eficacia económica, pero no de la arbitrariedad de la fuerza o del poder que coarta la

libertad. Una alternativa complementaria es que el derecho de propiedad esté instituido y

fundado con un amplio consenso social, que afirme y garantice su reconocimiento efectivo

y práctico en el derecho al intercambio, la posesión y el uso.

Este es un aspecto fundamental para el funcionamiento apropiado de la economía mercantil

y que en Colombia no está resuelto del todo en algunas zonas, convirtiéndose en un factor

de violencia y conflicto. En Bogotá y en las grandes ciudades del país el derecho de

propiedad funciona de forma aceptable, pues en el derecho común de estas entidades

territoriales, las personas pueden realizar autónomamente y de forma libre los intercambios

de sus derechos de propiedad. Pero en muchas regiones del país todavía existen

mecanismos que violan la libertad de las personas, que mediante coacción y coerción,

pueden ser obligadas a intercambios arbitrarios, impuestos por diversas formas de

violencia. Esta realidad desafortunada se evidencia principalmente en diversas zonas

rurales del país donde está presente el conflicto y el uso abusivo de la fuerza. Por esto

nuestra reflexión se dirige de manera especial a la cuestión rural y a la necesidad de definir



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reglas que le devuelvan la libertad, la confianza y la institucionalidad a la vida rural, tan

agredida por la historia de nuestro país.

Si se alcanza el acuerdo para la paz, en las distintas zonas rurales en las que ha estado

presente la violencia, la construcción alternativa de paz dependerá en gran medida de la

recuperación de la confianza, con base en la provisión adecuada de bienes públicos, en la

restitución de los derechos agredidos y en la ampliación efectiva de acceso de la población

a activos modernos.

d. La Prioritaria estabilización de la vida en el campo

A continuación se presenta un argumento en favor del campo como fundamento para

alcanzar la estabilidad económica y social, indispensable para consolidar y darle

sostenibilidad a la paz, comenzando por las zonas rurales. Esto es posible si somos capaces

de establecer reglas e instituciones adecuadas para respetar el campo y sus habitantes, para

integrarlos de manera efectiva y como sujetos al proceso de desarrollo, y para construir con

la participación activa de todos un nuevo sendero de cultura de derecho, paz y convivencia,

con ciudadanía efectiva basada en el cumplimiento práctico y no solo formal de los

derechos consignados en el contrato social de Colombia.

Las cifras oficiales indican que la población de país debe superar en 2015 los 48 millones

de habitantes, de esta población el 23% habita en zonas rurales y el 77% en centros

urbanos. Treinta años atrás, la población se acercaba a los 31 millones, de los cuales 34%

habitaba el campo y el 66% los centros urbanos. Estos datos reflejan los cambios

poblacionales en el territorio. Mientras la población urbana aumentó cerca de 80%, la

población rural apenas creció 10%.

Estos resultados muestran que por diversas razones, económicas, sociales y también por

falta de instituciones claras que alimentan los diversos factores de inseguridad y violencia,

las motivaciones para la vida en el campo se debilitan, al tiempo que son grandes los

factores que empujan a la migración y al desplazamiento hacia los centros urbanos.



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Gráfica 1. Composición de la Población Colombiana 1985 – 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de ESTIMACIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL 1985-

2015-DANE

Sin embargo en el campo hay que reconocer un componente de trayectoria, Hoy el 23% de

la población habita en el campo y necesita oportunidades para tener un progreso en el

contexto de un desarrollo económico moderno. Pero también hay otra realidad, el

coeficiente de Gini de la propiedad rural en Colombia es uno de los más desiguales en el

mundo se estima en un rango superior a “ochenta y seis”8. Además una gran parte de las

tierras están subutilizadas o se utilizan con técnicas inadecuadas. Existe evidencia de

grandes propiedades que se trabajan en muchos casos en condiciones análogas a las del

siglo XIX.

8Dependiendo de las estimaciones, oscila entre el 0,862 y 0,885. http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES



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Gráfica 2. Colombia. Distintos cálculos históricos del coeficiente GINI de tierras,

concentración de la propiedad rural.

1960, 1970, 1984, 1997, 2002 y 2009

En este punto el posconflicto demandará una solución institucional al problema de la

propiedad y uso de la tierra. Acá no cabría ninguna solución por la vía de los extremos, los

terratenientes no podrán acabar con los campesinos y sus demandas sociales de acceso a los

activos rurales, para afirmar sus dominios territoriales, porque se acabaría la fuente de

suministro de mano de obra indispensable. Tampoco es procedente pensar que los

campesinos puedan acabar con los terratenientes y sus dominios, porque esos derechos de

propiedad en muchos casos tienen una larga historia y disolver esa trayectoria con los

derechos establecidos, conduciría a una conflictividad mayor. Para construir la paz las

opciones más viables serán por la vía intermedia de negociación institucional para alcanzar

una solución en la que todos tengan cabida. Con la ayuda del Estado y el compromiso de la

sociedad civil, hay que buscar un escenario intermedio, admisible para los diversos grupos

interesados, y soportado socialmente.



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e. La distribución mediante el acceso a activos modernos

En este escenario efectivamente habrá que aplicar políticas dirigidas, de acceso y

redistribución de activos modernos. El activo puede ser entendido como aquel elemento

que permite aumentar el ingreso real con base en la producción y la generación de riqueza

en el contexto de la economía moderna de mercado. En la práctica ningún activo puede

generar ingreso separadamente y por esto es fundamental establecer la complementariedad

entre los diversos activos que intervienen en el crecimiento.

Al respecto cabe aclarar que el sector rural no es el sector que moderniza y transforma un

país, pero sí es un sector clave para alcanzar condiciones de estabilidad económica y social.

Entonces, se requiere una política efectiva de distribución de activos complementarios, pero

esa política tiene que ser un compromiso institucional, tiene que ser una política de Estado,

no puede ser la política temporal de un gobierno, porque esa política se tiene que estabilizar

y mantener en el tiempo para que sea sostenida y el sector se convierta en un sector de

estabilidad socioeconómica regional y nacional.

En los países más industrializados, cabe preguntar ¿Por qué razón protegen la agricultura?

Porque este sector es indispensable para la estabilidad en cuanto garantiza la seguridad

básica del acceso a alimentos en cualquier momento, evitando la crisis de hambre, la más

grave de todas las crisis humanas. Para esos países, esa política de seguridad alimentaria es

una política de seguridad y estabilidad nacional, así aplica en Japón, en Estados Unidos, en

Francia o Corea del Sur. Entonces, una política que garantice efectivamente un desarrollo y

una estabilidad del sector rural es fundamental para crear un escenario de estabilidad

socioeconómica y política.

En este punto lo que hay que hacer es políticas efectivas de distribución de activos

modernos9 en el sector rural, para mejorar la articulación de este sector a la economía

9 En general podemos entender un activo moderno como aquel recurso del que se puede dotar a un individuo o ciudadano, que le permite aumentar el ingreso mediante procesos que incrementan la productividad socioeconómica. Estos recursos pueden ser: la educación, el acceso al mercado, al progreso técnico, al capital, al crédito de fomento. Este enfoque se debe en gran medida a los trabajos de R. Prebisch (1949, 1970), que más tarde han derivado en visiones renovadas de la CEPAL en propuestas de orientación de políticas de



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nacional y permitir que los habitantes del campo puedan aumentar la productividad con

base en recursos modernos como el conocimiento, los servicios públicos, los bienes

públicos de infraestructura e institucionales y el crédito de fomento.

Esto significa que deberá darse una distribución de la riqueza, de los activos modernos

hacia las zonas y poblaciones rurales. No debe entenderse que se defienda la distribución en

términos de dar subsidios permanentes, de dar ingreso monetario, o de crear una cultura de

dependencia y mendicidad de la población hacia los flujos de ingreso del Estado, tal como

se aprecia en algunos programas de ingresos condicionados, como familias en acción. Se

requiere una política más estructural orientada a mejorar de manera efectiva las capacidades

de la población para integrarse a los procesos de los mercados modernos. Lo que hay que

hacer es trabajar en dotar a la población de capacidades y herramientas modernas para

mejorar su inserción en las actividades económicas modernas y para mejorar el ingreso con

base en sus propias ganancias de productividad.

¿Cuáles son esas capacidades modernas? La tierra sola no basta, la tierra es una condición

necesaria, no suficiente, porqué a la tierra hay que adecuarle vías que permitan ingresar los

insumos y sacar los productos al mercado, a la tierra hay que ponerle medios técnicos para

aumentar la productividad y preservar el ambiente, a la tierra hay que ponerle recursos

financieros para comprar las herramientas, las semillas e insumos para poder desarrollar

una actividad productiva en forma adecuada, a la tierra hay que ponerle gestión comercial y

financiera para la administración económica.

Hay que crear las condiciones para que la población no solo acceda a la tierra, como se ha

planteado desde hace décadas y que se refiere a la pregunta que se hace de por qué las

reformas agrarias no se consolidan y fracasan. Hay que comprender que la tierra sola no

basta, la tierra por sí sola no garantiza la estabilidad y el desarrollo, el derecho a la tierra

hay que acompañarlo con el derecho efectivo a los activos complementarios, de acceso a un

crédito adecuado, inicialmente con condiciones favorables, mientras se educa la cultura

económica de la población; el crédito será útil con un acceso adecuado al progreso técnico,

a los servicios de extensión rural, a las herramientas y prácticas modernas, al conocimiento

desarrollo, como las planteadas en “Transformación productiva con equidad” (1990) y “La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir” (2010).



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técnico de producción y comercialización, a la infraestructura de transporte y de servicios

públicos. Dado que el campo ha sido la zona del conflicto, entonces hay que trabajar en

buscar su estabilidad institucional económica y social, hay que hacer que el campo se

convierta en un sector activo del desarrollo. Con este propósito hay que generar una

movilización grande de recursos para buscar la estabilidad de las zonas rurales con base en

su propia actividad.

Estudiando los casos del Asia, esos dos factores fueron fundamentales en Taiwán y en

Corea del Sur, incorporaron el campo como sector de desarrollo, dándole estabilidad, y

haciendo que el sector agropecuario en vez de ser obstáculo, se convirtiera en un sector

activo del desarrollo, sin que sea necesariamente el sector más importante y dinámico. Es

cierto que en términos de crecimiento el sector agrícola no va a ser el sector más

importante, el rápido crecimiento de China no ha sido principalmente crecimiento agrícola,

ha sido sobretodo crecimiento moderno, industrial y más recientemente desarrollo de

servicios. Entonces hay que integrar el sector rural de manera efectiva al proceso de

desarrollo.

Ahora bien, si se logra construir ese escenario de estabilidad, sería un gran logro, porque

efectivamente se estaría superando el factor de inestabilidad y de tensión que ha

prevalecido en el campo, alimentando las diversas fuentes de violencia.

Tal como se mostró anteriormente, la transformación demográfica del país ha seguido una

tendencia similar a la observada en los procesos de modernización y transformación de los

países más avanzados industrialmente. En Colombia, desafortunadamente los procesos de

modernización no han logrado decantar reglas de estabilidad socioeconómica y al contrario

han estado acompañados por distintos factores de violencia. A continuación se aprecian

algunos indicadores económicos básicos del crecimiento, intentando comprender las causas

de tales transformaciones en los procesos de cambio estructural inducidos por el

crecimiento desigual del ingreso entre sectores y zonas de actividad.

En términos reales, en las tres últimas décadas la economía colombiana aumentó su ingreso

en 340%. El mayor crecimiento se presentó en la minería con un crecimiento que alcanzó

850% y en los servicios donde el ingreso creció 406%. En comparación, la industria



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incremento el ingreso en 131%, mientras que el ingreso producido en el sector agropecuario

apenas creció 49%.

Este comportamiento desigual del crecimiento ha venido cambiando la estructura del

ingreso. En 1985 el sector agropecuario representaba cerca del 17% del ingreso y treinta

años después esta participación cae por debajo del 6%.

Tabla 1. PIB por ramas de actividad

Miles de millones de pesos constantes 2008

1985 2014 TOTAL COMPOSICIÓN TOTAL COMPOSICIÓN

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4.698 16,99% 36.892 5,76%

Explotación de minas y canteras 6.061 4,17% 57.899 9,05%

Industrias manufactureras 31.088 21,39% 71.923 11,24% Servicios (4+5+6+7+8+9) 83.149 57,20% 421.119 65,80% TOTAL 145.360 100% 639.984 100%

Fuente: DANE.

En un cálculo grueso del ingreso por habitante, se puede apreciar la dimensión de la

desigualdad y su evolución. En 1985 el ingreso por persona generado en los centros

urbanos era 2.33 veces el de las zonas rurales. En la actualidad esta diferencia es todavía

mayor y alcanza a 4.12 veces.

Esta desigualdad no tiene en cuenta otros factores de discordancia como la concentración

de la propiedad de los predios rurales por propietarios que habitan en las ciudades, las

diferencias de ingreso entre grupos sociales o el acceso a recursos como infraestructura o

servicios básicos. En suma, lo que esto refleja es que en el modelo de desarrollo de las tres

últimas décadas las actividades del campo no tuvieron la misma importancia que la

otorgada a las actividades urbanas de forma práctica y efectiva en bienes públicos, en

servicios complementarios y por ende en la capacidad para fijar los precios intersectoriales

que determinan el ingreso. Esto se reflejó de forma general en el deterioro de los términos

de intercambio para la población rural.



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f. Asegurar el acceso a la tierra y a los activos complementarios

El problema del campo no ha sido solo la violencia, ha sido también la ausencia de una

política pública activa y efectiva para el campo, para el cambio del campo y su

incorporación al proceso de desarrollo económico, social y ambiental. Este es por lo tanto

el mayor desafío que enfrenta la construcción de la paz política en Colombia, si se logran

concretar los acuerdos para la paz con los grupos rebeldes.

En este escenario de búsqueda y construcción de una paz sostenible el campo es crucial,

una parte muy importante de los recursos que hoy se destinan a la guerra, deberían

destinarse a sembrar el camino de la paz y esto es factible si las políticas son eficaces para

transformar el campo, de campo de batalla en campo de producción y estabilidad

económica y social, en toda Colombia y de forma especial en las regiones afectadas por el

conflicto.

Voy a enunciar a continuación algunas que podrían considerarse como herramientas

indispensables, contemplando los diversos tipos de activos que en su accionar

complementario permiten hacer efectiva y viable la mejora y el aumento de la producción y

del ingreso.

• En primer lugar garantizar el acceso a la tierra y hacer efectivo el derecho de

propiedad y uso regulado del suelo en todo el territorio nacional. Los ciudadanos

deben poder decidir libremente cuándo y en qué términos deciden utilizar e

intercambiar sus derechos de propiedad, con arreglo a la ley, y no estar obligados a

este tipo de decisiones por la fuerza arbitraria de cualquier forma de intimidación o

de violencia.

• En segundo lugar, de la misma forma que se ha venido realizando en las ciudades

desde hace más de 100 años, se debe garantizar el acceso a los medios de

infraestructura y servicios públicos para los habitantes del campo. Esto se puede

lograr con distintas opciones tecnológicas, algunas apropiadas y de bajo costo,

desarrolladas por universidades y centros de desarrollo de tecnológico.



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• En tercer lugar, un rasgo que aqueja a la población rural es la carencia de recursos

modernos en particular el acceso a los medios de financiación, pues la tierra por sí

sola no asegura las condiciones efectivas para la producción. Se debe entonces

garantizar un acceso adecuado de la población rural a los recursos necesarios para el

desarrollo productivo en las unidades de producción rural.

• En cuarto lugar, la población del campo debe tener acceso a activos modernos de la

misma forma que se le han brindado a los ciudadanos urbanos. Entre estos activos

podemos mencionar la educación como medio de acceso a la cultura basada en el

conocimiento científico y técnico, y en el desarrollo de capacidades de uso

tecnológico para aumentar la producción de forma sostenible con el patrimonio

ambiental, con base en mejores usos prácticos del conocimiento.

• Por supuesto todos estos elementos requieren de una adecuada complementariedad

de los bienes públicos e instituciones sociales, gubernamentales y económicas que

permitan que los pobladores del campo tengan una vida digna aportando con su

labor a la seguridad básica alimentaria de los colombianos, pero también aportando

con sus servicios y compromiso ambiental a la preservación de la biodiversidad y de

las futuras generaciones.

Estas capacidades sociales, técnicas económicas e institucionales no se pueden aportar a los

pobladores del campo sin una clara y decidida voluntad política, pero ella no vendrá si la

sociedad civil no la demanda, en especial esa sociedad de ciudadanos urbanos que hoy son

abastecidos en alimentos por ese 23% que vive en gran medida excluido del mundo

moderno. El compromiso con la paz del país pasa por la promoción y la búsqueda de un

trato igual en derechos y oportunidades para todos los colombianos y de manera particular

para la Colombia rural.

La paz no será alcanzada sin un compromiso decidido de la sociedad en su construcción.

Así como fueron la ausencia de instituciones adecuadas y de alternativas, las que han

inducido a muchos colombianos a considerar la violencia como una opción válida para

alcanzar derechos y oportunidades, serán las instituciones y los derechos económicos y

sociales efectivos los que podrán pasar la violencia a la página de la historia del país. Pero



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esto no será dado de forma espontánea por la élite egoísta y patrimonial, si no es

demandado activa y decididamente por la sociedad civil.

g. El reto de los problemas urbanos y su transformación

Por el otro lado, obviamente hay que tener en cuenta que la gran parte de la población del

país está en las ciudades, y entonces ¿Cuáles son los mayores problemas en las ciudades? A

grandes trazos se pueden distinguir dos o tres. Primero, los niveles de pobreza que

evidencian las condiciones de exclusión o acceso precario y restringido al mercado,

segundo la prevalencia de formas de la economía informal que reflejan la incapacidad del

modelo de urbanización para viabilizar de manera efectiva el cambio estructural, para

asegurar el paso de la población de aquellas actividades tradicionales (artesanales) con bajo

conocimiento y productividad, hacia actividades con mayor incorporación de capital,

conocimiento y progreso técnico. Tercero, la desigualdad en el acceso a activos de

producción modernos, que permitan mejorar la inserción de la población en las actividades

productivas en las que se provocan mejoras efectivas de productividad e ingreso.

Los indicadores oficiales muestran, que la pobreza ha ido cediendo en el país, y de acuerdo

con las cifras, la disminución ha ocurrido en aproximadamente 20 puntos porcentuales,

tanto en las cabeceras urbanas como en el mundo rural, lo que parece indicar que la eficacia

de la política guarda las mismas proporciones en todo el territorio. Sin embargo, dada la

trayectoria de crecimiento desigual, no es claro cómo se logra en la vida rural.

Tabla 2. Incidencia de la Pobreza Monetaria

Principales Dominios y 13 Áreas

2002-2014

Dominio 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nacional 49,7 48,0 47,4 45,0 42,0 40,3 37,2 34,1 32,7 30,6 28,5

Cabeceras 45,5 44,9 43,7 41,1 37,4 36,0 33,3 30,3 28,4 26,9 24,6 Centros poblados y

rural disperso 61,7 56,8 58,3 56,4 56,6 53,7 49,7 46,1 46,8 42,8 41,4



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13 Áreas 36,2 36,7 34,3 32,2 27,0 25,6 23,2 20,6 18,9 17,5 15,9 Otras cabeceras 59,2 57,2 57,5 54,4 52,6 51,3 48,0 44,5 42,2 40,4 37,3

Fuente: DANE

Dado que el DANE, al ser un Departamento Administrativo opera como un órgano de la

Presidencia de la República, en este punto cabe interrogar sobre la calidad y la

confiabilidad de la información estadística.10

Entonces, aceptando que en algún grado ha disminuido la pobreza, existen todavía altos

niveles de pobreza en el país y no por falta de recursos como se suele argumentar;

Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad económica en América

Latina y esa desigualdad, si en el campo es demasiado injusta e inaceptable, en las ciudades

no es menos preocupante, para una sociedad con algún grado de dignidad y principios

democráticos.

Tabla 3. Coeficiente de Gini

Principales dominios y 13 ciudades 2002-2014

10 En ocasiones quedan inquietudes con relación a algunos datos y estudios preparados por el DANE y el DNP. Por ejemplo, cuando se estima la pobreza Planeación Nacional da una cifra, mientras que en centros académicos como el CID de la Universidad Nacional resulta una estimación diferente. En este último existe la independencia y autonomía del medio académico, con pluralidad de enfoques, mientras que en Planeación Nacional se administra la información como una herramienta del gobierno, con poca independencia y con frecuencia con algún objetivo político. De la misma forma que se plantea la independencia relativa del banco central, en una sociedad moderna, también debe existir, independencia del servicio de información estadística, en este caso del DANE, para que la información sea confiable y transparente, y no sea objeto de manejo con propósitos políticos, como un instrumento del gobierno. De esta forma la información que se entrega a la sociedad estaría mediada por unas normas fundamentalmente de orden técnico y de rigor científico, lo que haría más confiable, transparente y creíble la información.



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Fuente: DANE

Es cierto que, la sociedad nunca será igualitaria, pero también es cierto que en las

sociedades más integradas en sus instituciones, las diferencias económicas son así mismo

menos acentuadas. De hecho el capitalismo no es un sistema único y homogéneo. En la

práctica existe una diversidad de capitalismos reglados de forma diferente y con valores

económicos, sociales y ambientales diferentes según los países y sus instituciones. De

hecho cada economía nacional tiene la desigualdad y las asimetrías sociales que sus

instituciones permiten como tolerables. Es conveniente que los niveles de desigualdad y

asimetría sean razonables o admisibles socialmente en términos de la conformación de una

sociedad moderna y democrática. Este es un tema en proceso de redefinición en el país y de

él dependerá la consolidación de un arreglo institucional más incluyente formal y

realmente.

En las ciudades efectivamente se aprecian avances con la conformación de las clases

medias y con el acceso amplio de la población a los servicios básicos. Sin embargo, el

hecho de que haya una clase media en formación en los centros urbanos, no quiere decir

que el país deba conformarse y dejar las cosas como están. Todavía una parte importante de

la población, apenas si logra articularse a las dinámicas de la economía que mejoran el

ingreso y la calidad de vida. Es legítimo y conveniente buscar que toda la población tenga

las posibilidades de acercarse a los beneficios que traen el conocimiento, la integración a

las actividades económicas y la productividad en el mundo moderno. Esto quiere decir que

en las ciudades también son necesarias políticas selectivas de distribución de activos, para

mejorar la articulación de amplios grupos de población a las actividades productivas. Por

Dominio 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nacional 0,572 0,554 0,558 0,557 0,567 0,557 0,560 0,548 0,539 0,539 0,538

Cabeceras 0,550 0,536 0,539 0,537 0,542 0,535 0,537 0,526 0,514 0,517 0,514

Centros

poblados y

rural disperso

0,518 0,470 0,437 0,463 0,489 0,469 0,471 0,459 0,465 0,446 0,463

13 Áreas 0,548 0,537 0,541 0,539 0,531 0,524 0,529 0,517 0,499 0,505 0,504

Otras cabeceras 0,496 0,485 0,472 0,482 0,516 0,511 0,497 0,492 0,500 0,495 0,490



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esto es necesario mantener políticas y esfuerzos encaminados para ampliar y diversificar las

capacidades de producción industrial y de servicios modernos.

Mientras la fragilidad económica de la población sea alta, es importante que las políticas

orientadas a garantizar un ingreso básico de la población en las ciudades y en las zonas

rurales deban mantenerse. Estas políticas sirven para dar seguridad a las poblaciones con

mayor urgencia o con mayor emergencia en la coyuntura temporal. Esta focalización

permite que estos grupos de población alcancen una estabilidad básica en medio de la crisis

humana para garantizar las condiciones mínimas “aceptables”, en medio de la pobreza o la

pobreza extrema. En estos casos la solución estructural de más largo plazo requiere

habilitar a estos grupos para que ellos se integren adecuadamente a la actividad económica

y puedan mejorar su ingreso con fundamento en una mayor capacidad de generación

efectiva de ingreso. En este aspecto, el mejor recurso que se puede dar a los grupos de

población más segregados de la economía es mejorar sus capacidades, en el sentido

formulado por Amartya Sen (1998), para que se puedan integrar de manera efectiva y

formal a los procesos dinámicos de generación de ingreso, y aumentar su capacidad de

elección y decisión en la sociedad y la economía del capitalismo periférico colombiano, en

proceso de transformación.

Entonces, ¿Cómo se puede dotar a esa población de capacidades? De forma similar a como

se ha propuesto más arriba para el campo, el enfoque de activos productivos es pertinente.

Mediante una mejor dotación de activos a la población, en conocimiento, en crédito

favorable, en instituciones de fomento estructural, en acceso a bienes y servicios básicos y

en la provisión de bienes públicos con calidad. En Colombia está probado que la educación

es un componente muy importante de progreso y de movilidad socioeconómica porque

mejora la capacidad de la población para utilizar las herramientas del mundo moderno, y

estas herramientas son las que permiten una mejor inserción en las actividades en las que se

producen mejoras efectivas y sostenibles al ingreso con fundamento en una mayor

productividad social. Otra cosa es que los gobiernos no le den la importancia a esta opción,

o que se la den formal y a veces presupuestalmente en alguna coyuntura, pero no realmente

como propósito de largo plazo.



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Por lo tanto, mejorar y ampliar el acceso de la población a la educación será fundamental,

pero no bastará con la educación. No será suficiente si no se amplían adecuadamente las

necesidades y la demanda de fuerza laboral y esto dependerá tanto de los aumentos de la

inversión productiva como de la calidad de dicha inversión para diversificar y ampliar los

procesos de producción. En efecto es muy importante resolver el problema de sacar a la

población de la pobreza, del desempleo y la economía informal. ¿Cómo se podría hacer?

Creando más empleos modernos con posibilidad real de aumentos de producción y del

ingreso. Para esto es conveniente enfatizar en los análisis del mercado laboral entre

empleos modernos con calidad y empleos informales o precarios.

El objetivo a alcanzar es que la población tenga acceso y tenga la oportunidad de

incorporarse a la vida económica activa a través de formas modernas, empleos modernos,

empresas nuevas o ampliación de empresas que trabajen con aumentos de inversión en la

diversificación de la producción y con estándares de producción modernos con economías

de escala. Efectivamente es de esa manera que se puede lograr una adecuada y sostenible

formalización del empleo y del ingreso en los grupos sociales con mayores dificultades

para su integración a la economía moderna. Para esto se requieren diversos esfuerzos de

apalancamiento coherentemente implementados y con apoyos adecuados para ese

desarrollo en las regiones.

Desde hace un buen tiempo se han venido promoviendo en el país diversas iniciativas para

el desarrollo del emprendimiento, como alternativa útil para la ampliación del número de

empresas e incremento de puestos de trabajo. Se sabe que las grandes empresas no son muy

generadoras de empleo, por cuanto tienden a incorporar más densamente el progreso

técnico y generan desempleo tecnológico. En dónde en general se generan más empleos por

unidad de capital invertido es en las pequeñas empresas, y ellas siempre son resultado de

procesos iniciales de emprendimiento, entonces es deseable que se fortalezcan las políticas

de emprendimiento para la creación de pequeñas y medianas empresas que en general

tienen mayor capacidad relativa de creación de empleo. Una política de fortalecimiento del

emprendimiento y de la pequeña empresa, requiere también de políticas sectoriales de tipo

estructural, orientadas a afianzar también las capacidades de apropiación tecnológica y de



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innovación sectorial de estas empresas para su proyección hacia mercados más amplios y

aprovechar las ventajas del comercio internacional.

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