El agua, como la vida, no es una mercancía

8/2/2019 El agua, como la vida, no es una mercanca

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Proposals or the implementationo the basic human right to water

and sanitation, and the fghtagainst privatisation

Propuestas de implementacindel derecho humano al agua y alsaneamiento, y luchas contra la

privatizacin

El agua, como la vida,no es una mercanca

Water, like lie, is not a commodity


2/34www.maxminniti.com/news

FORUMALTERNATIF

MONDIALDE LEAU

LEAU

SOURCE DE VIE,PASDEPROFIT


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3El agua, como la vida, no es una mercanca

EDITA

Ecologistas en AccinMarqus de Legans 12 - 28004 Madrid. T.: 915312739

www.ecologistasenaccion.org/agua

Ingeniera Sin Fronteras

C/ Murcia, bajos - 08027 Barcelona. T.: 933022753

www.is.es

Diseo y maquetacin: Ecologistas en Accin.

Colaboran: Lidia Serrano, Aniza Garca, Gonzalo Marn, Llus

Basteiro, Luis Babiano, Santiago Martn Barajas, Erika Gonzlez, laPlataorma contra la privatizacin del Canal de Isabel II, Quim

Prez, Jaume Delclos, Annelies Broekman y Eloi Badia Casas.

Traducciones:Traductoras/as en Accin.

Foto portada: Jos Luis Garca Cano.

Imprime:MundoPrint.

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El agua, como la vida, no es una mercanca

Marzo 2012

4 El agua, como la vida, no es una mercancaPropuestas de implementacin del derecho humano al agua y al

saneamiento, y luchas contra la privatizacin

Ecologistas en Accin e Ingeniera sin Fronteras

6 El bien comn, el derecho humano al agua y laspolticas de privatizacin

Lidia Serrano, Aniza Garca y Gonzalo Marn

9 Privatizacin de los abastecimientos urbanos enAmrica Latina

Llus Basteiro

12 La burbuja del agua en EspaaLuis Babiano

15 La privatizacin del Canal de Isabel IISantiago Martn Barajas

19 La movilizacin social para renar la privatizacindel Canal de Isabel IIPlataforma contra la privatizacin del Canal de Isabel II

22 La privatizacin de la empresa pblica AguasTer-Llobregat

Quim Prez y Jaume Delclos

25 Modelos pblicos, polticas privadasAnnelies Broekman y Eloi Badia Casas

29 Propuesta de modifcacin de la Ley de AguasEcologistas en Accin e Ingeniera sin Fronteras

32 La titularidad pblica de los abastecimientos apoblaciones

Ecologistas en Accin e Ingeniera sin Fronteras

Impresin en papel 100% reciclado postconsumo yblanqueado sin cloro

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4 El agua, como la vida, no es una mercanca

trabajan para los intereses de las principalesempresas transnacionales del agua. A pesardel bloqueo, y a iniciativa de Bolivia, con elapoyo de distintos pases[1], la AsambleaGeneral de Naciones Unidas reconoci en2010 el derecho humano al agua y al sa-neamiento. Por n, y en pleno siglo XXI, sedaba un paso ms a nivel internacional: sereconoca que el agua es un derecho bsicopara la vida y la dignidad de las personas. Laimplementacin de este derecho es lo queahora est en cuestin, podemos dejar almercado y a las grandes corporaciones quedecidan sobre cmo y quin debe garantizarun derecho humano?, es coherente porparte del Gobierno espaol reconocer el de-recho humano al agua en Naciones Unidase impulsar polticas de mercantilizacin delagua en Espaa?

La globalizacin neoliberal est poniendoen manos de grandes empresas transna-cionales el control de las uentes de aguapara la actividad extractiva, ya sea minerao explotacin de hidrocarburos, para laagroindustria, para las grandes presas hidro-elctricas, para la industria turstica, etc. Estedominio est dejando sin uentes de agua ysin ecosistemas hdricos a una parte impor-tante de la poblacin rural, especialmente enlos pases del Sur global. Por otro lado, lostmidos logros conseguidos en el Norte estncada vez ms en riesgo. Pero el agua no slotiene inters como medio de produccin,tambin tiene un elevado valor econmico,tanto en su aceta de objeto de consumo, y de ah el crecimiento de las compaasembotelladoras de agua, como en la gestindel abastecimiento y el saneamiento.

La privatizacin de los servicios de abaste-cimiento urbano se impuls desde la dcadade los ochenta en los pases del Sur. Los ar-gumentos para esta medida, que se calicabacomo tcnica, se basaban en la eciencia,transparencia, la inversin y transerencia detecnologa que aportaban las empresas decapital privado rente a la supuesta inoperan-cia del sector pblico. Adems, por si habaalgn gobierno reticente, esta poltica seimpona desde las Instituciones FinancierasInternacionales, como el Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial, mediantelos Planes de Ajuste Estructural para el pagode las deudas que atenazaban a estos gobier-

nos en la citada dcada de los ochenta.El resultado, despus de ms de

30 aos de experiencia, es

Water, like lie, is not acommodity

Time or solutions! This is themotto o the 6th World WaterForum, Marsella, 2012. This goal isalso ramed in the Water or LieDecade Water or lie (2005-2015).But we need more time than that inthe international schedule in order tond solutions to the serious situationo the aquatic ecosystems, as wellas the unequal access to water andsanitation. In this years Water orLie Decade, the main goal is to im-plement measures previously takeninto consideration during Agenda 21,approved in Rio in 1992 and the Ear-th Summit 2002. For more than 20years, they have been implementingthe politics now proclaimed by WWForum. These are: the private modelas an example to ollow and the mar-ket as the only solution. Furthermore,the results show that only 0,3% othe new water connections over theworld have been eciently made bythe private sector. The methods othe WW Forum have ailed, they onlyseek or the benets o transnationalcorporations and promote the con-cept o water as a business.

Losing public control is a threatthat leads us to the need to inormand educate or action. Thus, the keypoints are to acknowledge the humanright to water, to remember what welearnt rom the atal consequences oprivate management o water in LatinAmerica and the recent wave o priva-tization in Europe. Consequently, weshould reinorce the already growingsocial movilization. What is in play isa 100% o public management whichpromotes the social and enviromentalrole o water and which promotes ademocratic management o water asa common good. With this publicationour goal is to inorm and to educate tokeep on going towards the conserva-tion o aquatic ecosystems and socialjustice in the access to drinking waterand sanitation.

El agua, comoEcoloE

l lema del 6 Foro Mundial del Agua(FMA), Marsella 2012, proclama Estiempo de soluciones! Este objetivose enmarca, adems, en el DecenioInternacional para la Accin El

agua, uente de vida (2005-2015). Perola necesidad de dar soluciones a la gravesituacin de deterioro de los ecosistemashdricos y el injusto acceso al agua y sanea-miento lleva ms tiempo an en la agendainternacional. En este Decenio se quierepriorizar la puesta en marcha de medidas yacontempladas en el Programa 21, aprobadoen Ro en 1992, y en el Plan de Accin deJohannesburgo de 2002. Llevan ms de 20aos implementando las polticas que ahoraproclama el FMA y que son, en resumen,el sector privado como modelo a seguir yel mercado como nica solucin. Adems,tenemos los resultados, solo el 0,3% de lasnuevas conexiones de agua a nivel mundialhan sido realizadas por el sector privado,esta es su eciencia. Las recetas del FMAhan racasado, solo buscan el benecio delas corporaciones transnacionales e impulsanel concepto del agua como mercanca.

Las organizaciones de la sociedad civildenuncian la ilegitimidad del FMA al serorganizado por las grandes corporacionesdel agua, agrupadas en el World WaterCouncil, y no por los estados al amparo delas Naciones Unidas. Un Foro legtimo seraaquel que ponga en el centro del debate laconstruccin de un acceso universal al aguabajo principios de ecacia social y ambientaly bajo control democrtico. Tendra, tam-bin, el deber de abandonar las aventurasallidas de mercantilizacin del agua y laprivatizacin de sus servicios que, al n y alcabo, benecian a unos pocos y condenana los ecosistemas y a demasiados millonesde personas.

No se puede perder ms tiempo, esla hora de la sociedad civil, es la hora deescuchar y construir desde la ciudadana ypara la ciudadana, debemos avanzar haciauna mayor justicia social y ambiental en elagua. Las organizaciones sociales, ambien-tales, ONG, sindicatos, etc. han reclamadodurante aos el reconocimiento del accesouniversal a una uente segura de agua yal saneamiento como derecho humano,implementado con gestin pblica, partici-pacin y control social. Esta propuesta hasido bloqueada repetidamente por el FMAy, especialmente, por aquellos pases que


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que las ventajas de la gestin privada hansido inexistentes, el mismo Banco Mundiallo reconoci en el Foro Mundial del Aguade Mxico en 2006, pero las sigue promo-viendo.

Utilizar un bien bsico para la vida comoun producto de mercado, y que una empresaobtenga con ello el mximo benecio, ge-nera impactos tremendos sobre las mayorassociales que viven por debajo del umbral dela pobreza. La respuesta por parte de esta po-blacin ue un rechazo contundente a estaspolticas: en Amrica Latina, Suez, Bechtely otras grandes corporaciones privadas delagua ueron expulsadas, se rescindieron suscontratos por incumplimiento, se han inclui-do artculos en diversas constituciones dondese reconoce el derecho humano al agua ysu gestin se indica que debe ser pblica.En Europa, Francia ha iniciado un procesode retorno a la gestin pblica en grandesciudades, por ejemplo Paris y Grenoble. EnHolanda, tal y como recoge su legislacin,toda la gestin del agua debe ser pblica,uera de lgicas mercantiles.

Mientras el mundo empieza a respondera estas polticas allidas de privatizacin, elEstado espaol las impulsa. Maude Marlowdeni el agua como el oro azul, en estosmomentos, es la mejor calicacin que sepuede dar a este bien comn en Espaa. Notanto por el valor econmico que tiene sucontrol estratgico en los regados y las hidro-elctricas, que tambin, sino porque la ventade su gestin pblica en abastecimientosurbanos a operadores privados est sirviendopara saldar las abultadas deudas de los go-biernos municipales. Deudas que no tienenque ver, en absoluto, con la gestin del aguasino ms bien con la alta de ingresos de losmunicipios. A grandes rasgos, la historia quesucedi en los pases del Sur se repite aqu,se venden los servicios pblicos de agua ysaneamiento como parte de las polticas deajuste para reducir la deuda de los munici-pios. En Len, Avils, Lugo, Jerez, Madrid,etc. se ha vendido, o se est en proceso devender, este servicio con el n de obteneruna buena inyeccin de liquidez a costa demercantilizar un servicio pblico bsico parala poblacin. Los servicios pblicos son unlegado de la ciudadana a los responsablespor un corto perodo de tiempo, no tienenla legitimidad para dilapidar un patrimonioque no les pertenece.

A medida que crece la ola privatizadora,

a vida, no es una mercancaas en Accin e Ingeniera sin Fronteras

tanto en nuestro pas como en el resto deEuropa, tambin est creciendo la oposicinsocial. Se estn creando plataormas y redesmuy activas que multiplican esuerzos parainormar y movilizar a la ciudadana contrala mercantilizacin del agua y por el derechohumano al agua y al saneamiento. Ejemploscomo el de Italia, donde a travs de unreerndum se ha conseguido renar la pri-vatizacin del abastecimiento a poblaciones,representan una victoria que alienta al restode luchas. La movilizacin social no slo ge-nera una resistencia rente a la privatizacin,tambin construye propuestas que permiti-ran hacer realidad que el derecho humanoal agua se garantizara en condiciones deigualdad y no discriminacin. El primer pasoes la incorporacin del derecho humanoal agua, y la obligatoriedad de la gestinpblica del abastecimiento y saneamientourbano, en la Ley de Aguas espaola.

La amenaza que supone perder el controlpblico sobre el agua hace necesario inor-mar y ormar para la accin. As, conocer loque supone el reconocimiento del derechohumano al agua, recordar los aprendizajesde las neastas consecuencias de la gestinprivada en Amrica Latina y la actual ola pri-vatizadora en Europa son actores clave paraortalecer una creciente movilizacin social.Eso es precisamente lo que persigue esta pu-blicacin, avanzar hacia la conservacin de losecosistemas hdricos y la justicia social en elacceso al agua potable y saneamiento. Lo queest en juego es una gestin 100% pblicaque priorice la uncin social y ambiental delagua y que promueva la gestin democrticadel agua como un bien comn.

Notas y reerencias

1 Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita,Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin,Eritrea, Burundi, Congo, Cuba, Dominica,Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea,Hait, Islas Salomn, Madagascar, Maldivas,Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay,Repblica Centroaricana, RepblicaDominicana, Samoa, San Vicente y lasGranadinas, Santa Luca, Serbia, Seychelles,Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, laRepblica Bolivariana de Venezuela, y

Yemen.

Leau, comme la vie, nestpas une marchandise

Cest lheure des solutions!, proclamela devise du 6 Forum Mondialde lEau (FME), Marseille 2011. Cetobjecti sinscrit aussi dans le cadre de laDcennie Internationale pour lActionLeau, source de vie (2005-2015). Maisla ncessit de donner des solutions la grave situation de dtrioration descosystmes hydriques et laccs injuste leau et lassainissement date encorede plus longtemps dans lagenda interna-tional. Dans cette dcennie Internationa-le, ils veulent donner la priorit la miseen marche de mesures qui ont dj t

vues dans le programme 21, approuv Rio en 1992, et dans le Plan dActionde Johannesbourg de 2002. Cela ait 20ans quils mettent en marche les politi-ques que proclame maintenant le ForumMondial de lEau, et qui sont, en rsum,le secteur priv comme modle suivreet le march comme unique solution.

De plus, nous avons les rsultats :seulement 0.3% des nouvelles connec-tions deau au niveau mondial ont tralises par le secteur priv, voici touteson ecacit. Les recettes du FME ontchou. Ils recherchent seulement lebnce des socits en dehors de nosrontires et cherchent promouvoir leconcept de l eau comme marchandise. Lamenace de perdre le contrle publiquesur leau rend ncessaire lobligationdinormer et de ormer pour laction.

Ainsi, connatre ce que suppose lareconnaissance du droit humain leaupotable, nous souvenir des leons apprisesdes consquences nastes de la gestionprive de leau en Amrique Latine, et lemouvement actuel de privatiser en Euro-pe sont des acteurs cl pour renorcerune mobilisation sociale croissante.

Ce qui est en jeu est une gestion100% publique, qui avorise la onctionsociale et environnementale de leau, etqui dend la gestion dmocratique deleau comme un bien commun.

Nous prtendons, par cette publi-cation, inormer et ormer pour con-tinuer avancer vers la conservationdes cosystmes hydriques et la justicesociale pour laccs leau potable et son assainissement.


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Lidia Serrano, Ingeniera sin Fronteras,Aniza Garca y Gonzalo Marn

E

l agua como recurso ha sidocaracterizada desde dierentesperspectivas, como bien pblico,como bien econmico y comobien comn. Desde el enoque de

derechos humanos, el acceso bsico a lamisma, as como el saneamiento, ha sidoreconocido como un derecho humanoundamental.

En el caso concreto del abastecimien-to del agua destinada para el consumohumano, denirlo como un servicio p-blico es plenamente consecuente con laconsideracin de este recurso como biencomn. Esta circunstancia ue la tnicadominante en los pases desarrolladoshasta nales del siglo pasado; de hecho,en Europa y Norteamrica, los servicios

pblicos de abastecimiento y saneamien-to ueron determinantes para conseguir laestabilidad poltica y garantizar la disponi-bilidad de recursos nancieros necesariospara alcanzar unos niveles adecuados desalud pblica y de desarrollo econmicoy social.

Sin embargo, desde los aos 80, laimposicin del modelo econmico neo-liberal, supuso la privatizacin de losbienes y servicios pblicos. En el caso delagua, esta perspectiva qued plasmadaen la Declaracin de Dubln sobre aguay desarrollo sostenible de 1992, donde sereconoce que el agua constituye un bieneconmico [1].

A partir de este momento, se impul-saran con mayor uerza las polticas demercantilizacin y privatizacin de losservicios de abastecimiento y sanea-miento del agua, especialmente en el

mbito urbano. Sin embargo, el impulsoprivatizador que se experiment durantela dcada de los aos 90 y los primerosaos de este nuevo siglo, culmin consonados racasos Atlanta, Buenos Aires,Yakarta, La Paz y Manila, entre otros,poniendo de maniesto los inconvenien-tes de la gestin privada de los serviciosde agua y saneamiento y las dicultadespara garantizar por esta va el accesouniversal a este recurso vital. De hecho,la situacin comentada ha generadoque incluso instituciones internaciona-les comprometidas con los procesos deprivatizacin, como el Banco Mundial,reconozcan estas limitaciones y que lasmultinacionales del agua se retiren delos pases empobrecidos, en parte, porsus actuaciones.

Entre las externalidades negativasde la experiencia privatizadora, est la

El bien comn, el derecho humano alagua y las polticas de privatizacinLidia Serrano, Aniza Garca y Gonzalo Marn


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corrupcin, el incumplimiento de loscompromisos de ampliar la cobertura delos servicios de agua y saneamiento, losnotables incrementos en las tarias y lamarginacin en el acceso de los sectoressociales ms vulnerables. En denitiva,ha quedado probado que la delegacinde los servicios de agua en operadoresprivados no garantiza el derecho humanoal agua y al saneamiento (en adelanteDHAS) en la medida en que sujeta susatisaccin a parmetros meramenteeconmicos.

Frente a la lgica del mercado, los mo-vimientos sociales y las organizaciones dela sociedad civil vienen reivindicando elreconocimiento del acceso bsico al aguay al saneamiento como un derecho hu-mano, cuya satisaccin debe gestionarsecomo un servicio pblico. Ello supone laconsideracin del agua como bien comne implica la inalienabilidad del recurso, ascomo el control social sobre su aprove-chamiento y manejo, en tanto patrimoniosocial, natural y cultural.

La asuncin del agua como un biencomn conlleva considerarla como unpatrimonio del planeta, que debe sergestionado a partir de los criterios desolidaridad, cooperacin mutua, accesocolectivo, equidad, control democrticoy sostenibilidad, que son, a todas luces,incompatibles con cualquier aproxima-cin mercantil que est, por su propianaturaleza, imbuida de expectativas cor-toplacistas de lucro privado y beneciopersonal.

En este sentido, el concepto de biencomn est radicalmente enrentado conlas polticas neoliberales que imperan enel contexto de la globalizacin econmi-

ca, basadas en el undamentalismo delmercado, y que promueven y avorecenque las empresas multinacionales accedandirectamente tanto a los recursos naturalesy genticos, como a la gestin de los ser-vicios asociados a sus usos potenciales.

En 2002, el Comit de DerechosEconmicos, Sociales y Culturales deNaciones Unidas, mediante su Obser-vacin General 15, eectivamente reco-noci que el derecho humano al aguaes indispensable para vivir dignamentey es condicin previa para la realizacinde otros derechos humanos; y asume,asimismo, que constituye un recursonatural limitado y un bien pblico un-damental para la vida y la salud [2]. Noobstante, el acceso al saneamiento noqued incluido en este derecho hasta2009, a travs de un inorme de laExperta Independiente (ahora RelatoraEspecial [3]) sobre las obligaciones dederechos humanos en materia de aguay saneamiento [4].

En ambos documentos se contextualizael derecho humano al abastecimiento deagua y al saneamiento de acuerdo con lossiguientes principios y criterios:

Principios undamentales que debenf

regir cualquier gestin del derecho huma-

no al agua y al saneamiento, como el prin-

cipio de igualdad y de no discriminacin.

Criterios normativos del derecho hu-f

mano al agua y al saneamiento que incor-

poran la disponibilidad de una dotacin y

de un nmero de instalaciones de sanea-

miento sufcientes; la calidad adecuada

del agua; la aceptabilidad, especialmente

en lo que respecta a las instalaciones

de saneamiento; la accesibilidad de las

instalaciones de abastecimiento y sanea-

miento de orma continua para todos los

miembros del hogar; la asequibilidad de

las instalaciones sin comprometer las con-

diciones de vida de los usuarios.

Principios (y derechos) comunes conf

otros derechos humanos, como son la

participacin, el acceso a la inormacin, la

transparencia, la rendicin de cuentas y la

sostenibilidad tanto del propio servicio,

como la medioambiental.

Los criterios normativos y los queson comunes a otros derechos humanosconguran el abastecimiento de agua yel saneamiento como un derecho deprestacin que debern garantizar lospoderes pblicos a travs de un serviciopblico, guiados por el principio deigualdad y no discriminacin. En estesentido, los principios y criterios normati-vos expuestos anteriormente se asimilana los indicadores que hay que tener encuenta al denir los niveles del servicioo la calidad del mismo, mientras quelos comunes estn relacionados con lagestin del propio servicio.

Por lo que se reere a los criterios un-damentales, la realizacin progresiva delDHAS, no slo exige un aumento conti-nuo del nmero de personas atendidascon miras a lograr el acceso universal,sino tambin, y de orma relevante, lamejora continua de los niveles de losservicios con el objetivo de ampliar lasprestaciones, en consonancia con la as-piracin de disrutar de un nivel de vidaadecuado.

Por ltimo, en relacin con los princi-pios bsicos sobre los cuales debe unda-mentarse la gestin del agua, el principiode igualdad y de no discriminacin, porun lado, y el principio de equidad, por

A common good; the human right to waterand privatization politics

In view o the logic o the market and the politics o privatization o public services,social movements and organization o the civil society have been claiming theconsideration o water supplies as a common good, as well as the acknowledge-ment o basic access to water and sanitation as a human right managed as a publicservice. The ull consideration o water supply as a common good and the basicaccess to water and sanitation as a human right constitutes one o the main socialclaims in view o the privatization o supply and sanitation services. These claimsare ocused in the ownership o resources and services, which should be public,and the characteristics o management, which should conorm to what is statedin the Position Paper on the human right to water supply and sanitation. Thereis, likewise, a need to incorporate an environmental perspective which integratesthe management o the service, the implementation and the guarantee o thisright according to human rights and to environmental parameters. Only collectiveownership o water supply and a public management o supply and sanitationservices will ensure global access to this basic resource and essential services. It willalso guarantee a ull management which results into a socially equal management,ecologically sustainable, politically democratic and culturally acceptable.


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8 El agua, como la vida, no es una mercanca8

otro, involucran el reto de conseguir elacceso universal al agua y al saneamiento,independientemente de las circunstanciassociales, de gnero, polticas, econmicaso culturales propias de la comunidad enla que se opera. Asimismo, el principiode sostenibilidad acta como lmite a lastransgresiones medioambientales que lagestin del agua pueda comportar, perotambin como lmite a la posible discrimi-nacin en el acceso que pueda constituirel precio del agua y a su aceptabilidadcomo servicio social [5].

Finalmente, el ao 2010, marc unantes y un despus en la regulacin dela materia, pues la Asamblea General deNaciones Unidas aprobara una Resolu-cin en la que expresamente reconoce elderecho humano al agua potable y el sa-neamiento [6], rerendada posteriormen-te por el Consejo de Derechos Humanosen la que se reconoce que este derechoes vinculante legalmente para los estados

toda vez que se deriva del derecho a unnivel de vida adecuado y est indisolu-blemente asociado al derecho al ms altonivel posible de salud sica y mental, ascomo al derecho a la vida y la dignidadhumana [7]. En ellas se destaca la posi-bilidad de que los estados, atendiendosus obligaciones de derechos humanos,implementen dichas resoluciones a nivelnacional y continen sus actuaciones enlos niveles regional e internacional. Y sibien la implementacin del DHAS noexcluye como tampoco lo haca ya laExperta Independiente en su inormedel 2010, la participacin de actores noestatales (entre los que se encuentran losoperadores privados), en la prestacin deestos servicios, dichos actores debern ga-rantizar el pleno respeto de los derechoshumanos, y en ningn caso, el estadopodr eludir su responsabilidad respectoa la realizacin del DHAS [8].

En denitiva, la consideracin conjunta

Notas y reerencias

1 El cuarto principio reconoce que el aguatiene un valor econmico en todos susdiversos usos en competencia a los que sedestina y debera reconocrsele como unbien econmico. Vid Declaracin de Dubln

sobre el agua y el desarrollo sostenible de1992.

2 Comit DESC: Observacin generaln 15. El derecho al agua (artculos 11 y12 del Pacto Internacional de DerechosEconmicos, Sociales y Culturales), doc.E/C.12/2002/11, de 20 de enero de 2003.

3 Resolucin 16/2, de 24 de marzo de 2011,Consejo de Derechos Humanos, en el quese prorroga por tres aos el mandato de laactual Relatora Especial sobre el derechohumano al agua potable y el saneamiento,Catarina de Albuquerque.

4 Inorme de la Experta independiente sobrela cuestin de las obligaciones de derechos

humanos relacionadas con el acceso alagua potable y el saneamiento, doc. A/HRC/12/24, de 1 de julio de 2009.

5 Jaume Saura, El derecho humano al aguapotable y al saneamiento en perspectivainternacional, Derechos y Libertades.Revista de Filosoa del Derecho y DerechosHumanos, Nmero 26, poca II, Enero de2012 (en prensa).

6 Resolucin A/64/292, de 28 de juliode 2010 de la Asamblea General de lasNaciones Unidas.

7 Resolucin A/HRC/15/L.1, de 24 deseptiembre de 2010 del Consejo deDerechos Humanos.

8 Inorme de la Experta independiente sobre

la cuestin de las obligaciones de derechoshumanos relacionadas con el acceso alagua potable y el saneamiento, doc. A/HRC/15/31, de 29 de junio de 2010.

del agua como un bien comn y del acce-so bsico al agua y al saneamiento comoun derecho humano, constituye una delas principales reivindicaciones socialesrente a la privatizacin de los serviciosde abastecimiento y saneamiento, todavez que hacen reerencia a la titularidadde los recursos y los servicios -que debenser pblicos-, y a las caractersticas dela gestin, que debe ser acorde con loasumido en los documentos denitoriosdel derecho mencionados anteriormente.Y que prevean, a su vez, una perspectivamedioambiental que integre la gestindel servicio, del recurso y la garanta deeste derecho segn una perspectiva dederechos humanos y bajo parmetrosmedioambientales. Y es que slo la ti-tularidad colectiva del agua y el carcterpblico de los servicios de abastecimientoy saneamiento pueden asegurar el accesouniversal a este recurso vital y a estosservicios esenciales, y garantizar unagestin integral del mismo que resultesocialmente equitativa, ecolgicamentesostenible, polticamente democrtica yculturalmente aceptable.


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El derecho humano al acceso al agua potable

Privatizacin de los abastecimientosurbanos en Amrica Latina

Llus Basteiro

El agua, dijo Gilda Pedinoce de Valls, una abogada del Estado de Tucumn (Argentina), es un regalo de Dios. OlivierBarbaroux, directivo de Vivendi, estuvo de acuerdo, pero solo hasta cierto punto: S, pero se olvid de colocar las tuberas.

Llus Basteiro, Ingeniera Sin Fronteras

Aunque Naciones Unidas (NNUU) reconoce el derecho huma-no al agua, en cantidad, calidady equidad sucientes, como unactor indispensable para vivir

dignamente, y como una condicin pre-via para la realizacin de otros derechos,tanto por lo establecido por su ConsejoEconmico y Social, en 2002, como porsu Asamblea General, en 2010. Pese aque los gobiernos se comprometierona reducir la alta de acceso al agua y alsaneamiento con los Objetivos de Desa-rrollo del Milenio (ODM), actualmenteno solo no hay progresos signicativos,sino que el problema se agrava por laalta de voluntad poltica y, entre otros,por el proceso de mercantilizacin delagua. Los ODM, adems, no suponenningn compromiso econmico por partede los estados; es ms, se trata de unosobjetivos que asumen, sin ningn tipo devergenza, dejar sin acceso al agua ni alsaneamiento, para el ao 2015, al 50%de la poblacin que ya no tena acceso elao 1990, constatndose as el racaso msabsoluto de los acuerdos de las cumbres deCopenhague (1995) y Oslo (1996), que

apostaban por un acceso universal al aguapara el ao 2000.

De toda esta poblacin sin agua nisaneamiento, los sectores ms aectadosson aquellos de los pases de rentas me-dias y bajas que viven en condicionesde extrema pobreza, normalmente enzonas periurbanas o rurales. De hecho,dos de cada tres personas sin acceso alagua son pobres; pobres que destinan unmayor porcentaje de sus ingresos a pagarel agua, y que pagan sta a un valor msalto en trminos absolutos Dos tercios destos viven en Asia, pero los porcentajesms elevados de poblacin sin cobertura,a menudo con valores escandalosos, seencuentran en rica Subsahariana.

Dentro de este contexto general, resul-tan relevantes los parmetros de AmricaLatina, con un porcentaje de poblacinsin acceso al agua entre el 5 y el 20%, su-biendo hasta el 40% para el saneamiento.Esta regin acab siendo, a lo largo de ladcada de los 90, el autntico laboratoriode las privatizaciones, concentrando la ma-yor parte de la inversin privada, el 52%de sta, pese a no presentar una carenciatan acusada como rica Subsahariana,que absorbera menos del 1% de estainversin. Ms an, dos de los pases lati-

Latin America: the humanright to acceed to drinkingwater and the privatization

o urban supplies

Since the 80s, the problem o wateris in development agendas but,despite this, more than 1000 millionpeople still cannot acceed drinkingwater and more than the double othem havent got any sanitation sys-

tems. This causes the 80% o illnessesand the death o nearly 2 millionpeople every year, most o them chil-dren. Women and girls spend morethan 5 hours along 10 km to collectwater daily. This is closely related tothe lack o scholarization, and in everyjourney they carry about 20 l o water,which is ar bellow the acceptable dailysupply per person, being this 50 litres.All in all, the lack o access to water hasan important infuence in other proces-ses directly related to the development

o people and communities; there is adirect link between the lack o accessto water and the indexes o poverty,child mortality and lie expectancy.


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noamericanos con rentas ms altas y unamayor cobertura de agua y saneamiento,Chile y Argentina, absorban el 63% detoda la inversin privada en la regin.

Adems, no se puede olvidar una nue-va y an ms prounda brecha: el accesoal agua en los entornos rurales versusentornos urbanos. En muchos pases deLatinoamrica, esta dierencia de cober-tura es de cerca de 20 puntos, pero enalgunos pases de rica Subsahariana,pasa de los 40 puntos. Por tanto, ya nospodemos imaginar que sin abordar deorma decidida el problema de las reasrurales, no podremos alcanzar, no slolos ODM, sino abordar el problema delderecho humano al agua. Pese a todo, laprivatizacin del agua aparte de priorizarlos pases de renta media, tambin se hadecidido exclusivamente por la ciudad.

El proceso de mercantilizacin yprivatizacin del agua

Tradicionalmente, el sector pblico ha ad-ministrado la mayor parte de los sistemasde suministro de agua del mundo. Actual-mente, cerca del 95% de la gente que tieneacceso al servicio de agua lo recibe delsector pblico, y los recursos nancierospara inversiones de agua y servicios desaneamiento se han conseguido por meca-nismos pblicos tradicionales de crdito ydel cobro de derechos a los usuarios.

No es hasta la dcada de los 80, enplena implantacin de un Consenso deWashington dirigido a reducir el gasto delsector pblico, que se comienza a gestarla participacin del sector privado en losservicios de agua, alcanzando un prota-gonismo notable a partir de 1990. Peroesta nueva tendencia sera especialmente

confictiva en Latinoamrica, puesto quela actuacin de las multinacionales serealiz atendiendo exclusivamente a losintereses comerciales y de generacin debenecios.

Este cambio de opcin, del sector p-blico hacia el sector privado, se cimentaba,entre otros, en los principios concretadosen la Conerencia Internacional sobre elAgua de Dubln (1992), que estableceespeccamente que el agua tiene un valoreconmico aplicable a todos sus usos, ypor tanto debe ser reconocida como unbien econmico. Todo esto, sumado a lacreencia de que los operadores privadosson ms ecientes que los pblicos, yque cuanto menor sea la regulacin, mseciente ser un operador privado, lleva que el Banco Mundial (BM), los bancosregionales de desarrollo, la OrganizacinMundial del Comercio (OMC) y el FondoMonetario Internacional (FMI), asumieraninmediatamente este planteamiento, conla cobertura ideolgica del Foro Mundialdel Agua, potenciando reormas en elsector del agua y otras polticas de carcterneoliberal, que iniciaban el proceso deprivatizacin del agua de orma masiva.

Durante todo este tiempo, se ha estadoprimando la participacin de operadoresprivados, en nombre de una supuestaeciencia derivada de la competencia, conmejor capacidad tcnica y tecnolgica;mayor volumen de inversiones rescas, quedeben redundar en una ampliacin de lasredes; tarias mucho ms ajustadas; unareduccin de la carga sobre las nanzaspblicas, puesto que el Estado ya no tendrque soportar un servicio decitario; y, nal-mente, una gestin ecaz y transparente.

Todo esto en contraposicin a los

operadores, clasicados por las corrientesde pensamiento dominante como mono-polios inecientes, con recursos humanospoco capacitados y una base tecnolgicaobsoleta; sin inversiones y con mante-nimientos deplorables; malas polticastariarias; dcit econmicos crnicos; yuna gestin burocratizada y corrupta.

El racaso de la privatizacin delagua para aplicar el derecho alagua

Sin embargo, aunque las multinacionalesdel agua creyeron que los riesgos eranasumibles, la realidad ha demostrado quelos benecios obtenidos no se correspon-den con las expectativas que se habangenerado. Esto queda constatado, entreotros, por la evolucin de la tipologa delos contratos, de la concesin del sistema anuevos tipos de contratos, pasando por elarrendamiento y los contratos de gestin,que se han dirigido a minimizar las inver-siones y, por tanto, los riesgos.

Si bien a lo largo de los ao 90 huboun crecimiento del modelo privatizador,a partir del ao 2000, las multinacionalesdel agua experimentaron una crecienteoposicin a su actividad, y surieron larescisin de varios contratos, con casosrealmente signiicativos como BuenosAires, Cochabamba, Manila o Jakarta. Enla actualidad, las multinacionales preerencentrar su actividad en China, en la propiaUE y pases vecinos, as como en el Orien-te Medio y el norte de rica, arrastrandotambin la nanciacin de las InstitucionesFinancieras Internacionales (IFI) hacia estaszonas, y reduciendo su presencia en lospases de rentas ms bajas, para limitar lasprdidas y riesgos.

Esta circunstancia, este racaso del mo-delo privatizador, se ha puesto claramentede maniesto en numerosos documen-tos, entre los que se puede citar el de laComisin de Desarrollo del ParlamentoEuropeo de 2004, donde se arma queuna posicin estricta en cuanto al desarrollo dela inversin privada ha resultado ser particu-larmente inefcaz en el mbito de los servicios

bsicos los ODM solo se alcanzarn si seencarga su consecucin al sector pblico, y si

a ste se le proporciona la dotacin fnancieranecesaria. Es evidente que esta contunden-te armacin no se corresponde con losplanteamientos ni las expectativas de lasmultinacionales; para alcanzar los ODM serequerira que cada da cerca de 270.000personas accediesen a uentes seguras deagua, y la inversin privada directa soloha extendido el servicio a 900 personaspor da durante los ltimos 9 aos. Quizsdeberamos haber prestado ms atencinal director ejecutivo de Saur, la tercera


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multinacional del ramo: que el sector privadoorezca conexiones para todo el mundo noes una demanda realista!

Ahora, despus de ms de 20 aosde experiencias del sector privado comosuministrador de agua y saneamiento enlos pases en desarrollo, tenemos sucien-tes pruebas empricas para armar queel proceso de privatizacin ha resultadoun racaso. Lo que tena que ser tariasajustadas e inversiones rescas, ha acabadosiendo algo muy dierente: los operadoresprivados con nimo de lucro no han de-mostrado ser ms ecientes que los ope-radores pblicos, ms bien al contrario; lasinversiones se han quedado en promesas,muy por debajo de lo previsto, sin exten-sin de redes hacia zonas no rentables; lastarias han sido ms elevadas; las empresasprivadas de agua no han aportado nue-vas uentes de nanciacin, y dependenuertemente de las mismas uentes de lasque dispone el sector pblico. El Estadoa menudo ha actuado como avalador delos prstamos, generndose un aumentode la carga sobre las nanzas pblicas; y,nalmente, casos de corrupcin tanto enla adjudicacin de contratos como en lagestin de los sistemas.

La privatizacin del agua enAmrica Latina

Latinoamrica es la zona geogrca en laque se ha promovido en mayor medida laprivatizacin de los servicios de agua. Estacircunstancia est motivada, undamental-mente, por tres actores, a los que se lespodra aadir una componente de anidadcultural, que no se da en Asia o rica:

la existencia de una voluminosa clasef

media, bastante atractiva para la inversin

privada;

numerosos operadores pblicos, conf

pocos recursos y con niveles de endeu-

damiento importantes, que hacen que

la alternativa privada sea cilmente jus-

tifcable;

amplsima aplicacin de las polticasf

neoliberales, por medio de planes de ajus-

te estructural y crditos condicionados.

Las privatizaciones en Sudamrica se pro-dujeron en dos grandes olas; la primerase inici el ao 1993, con el proyectode la ciudad de Buenos Aires, la mayorprivatizacin hasta el momento, conver-tida por el BM y el BID en el paradigmaa seguir en todas partes; la segunda olatuvo lugar a nales de esa dcada. Lasinstituciones crediticias condicionaronuertemente sus crditos a la presencia delas multinacionales, hasta el punto que nose puede entender esta entrada de inver-sores privados sin el volumen de dinero

inyectado por el BM y el BID, as comopor las condicionalidades impuestas por elFMI. Pero despus de los acontecimientosde la guerra del agua en Cochabamba, yen una concatenacin ininterrumpida derescisiones de contratos, se puede concluirque el nuevo siglo ha llevado a las multina-cionales hacia una salida de la regin pocoordenada y ms bien convulsa, dondea las protestas sociales se han aadido,demasiado a menudo, demandas de lasmultinacionales ante el tribunales arbitralesinternacionales como el CIADI, pertene-ciente al BM. Las principales razones deesta salida son, justamente, una oposicinpblica uertemente organizada, contrariaa la privatizacin, pero tambin el hechode no haber alcanzado los beneicioseconmicos esperados.

As pues, nos encontramos con quepocas multinacionales han mantenido laactividad en Amrica Latina, y las pocasque lo han hecho son principalmenteespaolas; en ms de un 70% de losprocesos de privatizacin han intervenidomultinacionales espaolas y, hoy por hoy,estn presentes en cerca del 80% de lasprivatizaciones que se mantienen. Pero la

mayora de estas compaas estn abando-nando los contratos bajo sus ormatos msconvencionales, despus de experienciasmuy conlictivas, as como numerosasy cuantiosas demandas ante el CIADI;han reducido sus planes de expansin, eincluso estn haciendo movimientos parasacarse de encima sus participacioneso mutarlas hacia variantes con menosriesgo, como contratos de gestin o deoperacin.

Actualmente, pocas concesiones pri-vadas se mantienen vigentes bajo su or-ma original; alrededor del 60% de loscontratos privados en Sudamrica se hanvisto modicados y/o cancelados por unmotivo u otro, y de stos, cerca del 60%han acabado pasando, de nuevo, bajo elcontrol del sector pblico. Todas estas cirasson especialmente signicantes si se tieneen cuenta que esto ha sucedido en un pe-riodo inerior a los 10 aos, cuando estoscontratos eran, de media, por 30 aos. Yeste retorno hacia el sector pblico, que harecuperado la mayora de las concesionesprivatizadas, se ha eectuado bajo dierentesrmulas: desde el control estatal, provincialy municipal, a la de los propios trabajadoreso la gestin comunitaria.

Alternativas al modelo deprivatizacin

Teniendo en cuenta lo que se ha explicadoanteriormente, cada vez hay ms concien-cia de que los operadores pblicos de aguamerecen toda la atencin y apoyo. Una delas claves para mejorar la ampliacin de lasredes es comenzar a trabajar a partir delas empresas pblicas, mejorando su un-cionamiento, con ayuda poltica, tcnica yeconmica, as como con reormas admi-nistrativas y el reuerzo de los organismosreguladores y los marcos normativos.

En los pases del sur se ha puesto enmarcha un amplio abanico de enoquesinnovadores para reormar los sistemaspblicos de suministro urbano. En muchoscasos, las reormas parten de la partici-pacin ciudadana y otras ormas de de-mocratizacin. Muchas veces, el objetivoes superar la burocracia, la corrupcin yotros problemas que suelen encontrarseen la raz del racaso del servicio pblico,y garantizar el agua potable y asequiblepara todos y todas a travs de empresasque sean verdaderamente pblicas, nosolo por lo que se reere a la titularidad,sino tambin a la participacin.

Actualmente existen resultados satisacto-rios en los modelos de gestin pblica conparticipacin ciudadana. Es necesario que secentre la atencin en la mejora de estas din-micas, ya que el agua no es una mercanca, elagua es un derecho humano.


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La burbuja del aguaen Espaa

Luis Babiano

En la mayora de los pases europeosla legislacin sobre los servicios deabastecimiento de agua potable,alcantarillado y depuracin delas aguas residuales adjudica su

titularidad a la Administracin Pblica,normalmente a las Entidades Locales (EE.LL.), al entender que es esta la mejor ma-nera de garantizar el acceso ciudadano aun bien esencial.

No obstante, en algunos casos las insta-laciones de abastecimiento y saneamientoson supramunicipales (embalses, estacio-nes de tratamiento o depuradoras), o bien,por simples motivos de tamao o escala sepropicia la prestacin del servicio a travsde entidades supramunicipales, que nodejan de ser administraciones pblicaslocales.

Esto es posible debido a que la norma-tiva espaola no obliga a que sea la propiaE.L. la que preste el servicio de maneradirecta, por lo que la gestin del ciclourbano del agua se puede llevar a cabode manera mancomunada, consorciadao delegndola a una empresa privada omixta.

As, en Espaa, durante los ltimos aoshemos venido constatando esta diversidadde modelos de gestin del ciclo urbano delagua. A la gran cantidad de municipios queejercen con autonoma sus competenciasen esta materia, se han unido un nmerocreciente de consistorios que han ido dele-gando esas responsabilidades en empresasprivadas. Este proceso de privatizacin seha producido en una situacin de caren-cia de inormacin y de ausencia total departicipacin social.

En la actualidad, contamos con nume-rosas empresas pblicas, como ACOSOL,CYII, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa,EMACSA, EMASA, EMASESA, ARC-GISA, GIAHSA, EMALCSA y muchasotras que son una garanta de disrute delderecho humano al agua rente a otrostipos de gestin basados en la obtencinde benecios a corto plazo.

Recientemente, el Departamento deEconoma Aplicada de la Facultad deCiencias Econmicas y Empresariales de laUniversidad de Granada ha comparado laeciencia de la gestin entre 28 sociedadespblicas y 24 mbitos (municipales o su-pramunicipales) con gestin privada, todasellas ubicadas en Andaluca, concluyendoque las empresas pblicas son ms ecien-tes que las privadas y aade que uno delos motivos es la laxitud en el control dela actividad del operador privado por partede la Administracin.

A la vista del resultado, cabra pregun-tarse a qu otros intereses, que no es laecacia en la gestin, obedece el procesoprivatizador del servicio de agua vividoen Espaa en los ltimos aos: se puededecir sin temor a equivocarse que detrsde cada proceso de privatizacin hay unanecesidad de nanciacin por parte de laentidad privatizadora.

La rmula de privatizacin ms utiliza-da es la concesin de los servicios. El aguasigue siendo pblica, el servicio competen-cia y responsabilidad de las EE.LL., pero lagestin se adjudica a un agente privado.En todos los casos de privatizacin delciclo urbano del agua la empresa privadapaga a la Administracin una cantidad dedinero a cambio de la concesin. Es loque se denomina canon concesional.

Estos cnones concesionales millona-rios, lejos de mejorar las inraestructurashidrulicas, se dedican a aliviar las dicilesnanzas municipales y son repercutidosen taria a los ciudadanos, en la mayorade los casos sin que aparezca claramenterefejado en la actura.

Las empresas privadas, para abonar elcanon concesional, recurren al crdito,que obtienen con el respaldo de las tariasde los ms de 20 aos que suele durar laconcesin y la garanta de un porcentajede cobro que supera el 95%. Es decir,dos dcadas de ingresos permanentes yasegurados ya que se trata de un mercadocautivo de pagos protegidos por la ame-naza del corte de suministro. El agua enEspaa es un reugio nanciero y somoslos ciudadanos quienes pagamos estoscrditos con su correspondiente inters y

benecio empresarial.As hemos llegado a una situacin en la

que la gestin privada (a travs de empre-sas mixtas o privadas) supone ya el 50% yen la que a su vez, esa gestin privada, estcontrolada en un 90% por dos empresas,Aguas de Barcelona AGBAR- (perte-neciente al grupo Suez) y Fomento deConstrucciones y Contratas FCC-, conlo que en la prctica podemos decir queestamos gestionando un derecho humanoen autntico rgimen de oligopolio dondeno hay competencia.

Este modelo de gestin escostoso para el ciudadanoque ve incrementa-da su tar i a ;

Luis Babiano, Asociacin Espaola deOperadores Pblicos de Abastecimiento y

Saneamiento (AEOPAS)


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medioambientalmente insostenible, yaque a mayor consumo de agua, mayor esel benecio (como ponen en evidencialas quejas de AGBAR por el descenso enel consumo durante la sequa que suriCatalua en 2007); oscuro (no existenrganos reguladores, ni indicadores decalidad de gestin, ni estadsticas ables);y supone una autntica prdida del controlde las administraciones que a veces seven abocadas a renovar los servicios sinlicitacin pblica.

Situaciones parecidas a stas han hechoque en muchas ciudades europeas comoGrenoble o Pars hayan recuperado laconcesin y que los ciudadanos italianosacaben de votar en reerndum contra laprivatizacin de los servicios de agua.

Sin embargo, en Espaa la presin delas empresas privadas se ve avorecidapor la alta de recursos municipales y ladebilidad de la regulacin. As hemos vistoprivatizar agua de buena parte de nuestroterritorio. La ms reciente ha sido Aguasde Huelva (150.000 hab.), a nales del

2010, que ha incorporado aun grupo de empresas

privadas al 49%del accionaria-

Water in Spain: the new economic bubble

Although the Municipalities have the legal competence on water supply andsanitation, the Spanish legislation allows transerring the management to privatecorporations. These corporations pay millionaire royalties to the Municipality, butthis money doesnt go to improve and/or to extend the water supply and sanitationnet, but to pay salaries and other municipal debts.

Nowadays, water management in Spain is public in a 50% and private or mixedin another 50%. But, current austerity policies are giving a lot o public operators apush to be privatized. In most o cases these privatization processes lack o enoughtransparence and social participation, what could incite corruption events as in thepast the building bubble did.

That is why 90% o the private operators are under control o two Corpora-tions: Suez Environment (through Aguas de Barcelona -AGBAR-) and Fomentode Construcciones y Contratas -FCC-.

So, at the end o this process o privatization, the management o such a vitalgood as water is going to be under control o an oligopoly. This lack o governancecauses environmental, social and territorial unsustainability.

do. La operacin supuso un montantetotal de 57,3 millones de euros. A cambio,Aquagest, el grupo que se ha sumado ala entidad -Unicaja (30%), Caja Granada(15%) y AGBAR (55%)-, se comprometea invertir en la ciudad siete millones deeuros en los 25 aos del contrato (unmilln de euros el primer ejercicio). Ade-ms, cuatro millones irn destinados asensibilizacin y concienciacin ciudadanaque supondr un vinculo contractual muyestrecho con los medios de comunicacinlocales (beneciarios colaterales del proce-so). La nueva empresa resultante tiene laposibilidad de subir las tasas anualmenteun 1% por encima del IPC, pero sloprevia aprobacin del pleno municipal ytras justicar los costes.

A simple vista, los benecios directosde esta operacin no son muy elevados(en el pliego se seala que el procesode privatizacin slo repercutir en lataria en 1% por encima del IPC). Peroexisten numerosas repercusiones cola-terales. Ya que una vez conseguida laconcesin, la nueva empresa se compraa s misma la tecnologa, los suministros

y las obras necesarias. No est sometidaa las mismas exigencias de publicidad y

concurrencia que las entidades pblicas,por lo que no est obligada a contratarmediante concurso pblico. Por ltimo,ellos cobran de orma regular y puedenpagar a proveedores con ms plazo. Yasolo con el manejo de tesorera, tienenbenecios. El resultado es que en la ciudadHuelva las tarias aumentaron en un soloao en un 14,4%. La historia de Huelvaejemplica un proceso, un proceso similarque han vivido recientemente ciudadescomo Len, Avils o Guadalajara.

En la ciudad de Len (145.000 hab.)la privatizacin se realiz a nales del

2009, Aquagest tambin se hizo con el49% de la empresa municipal de aguaspor un importe de 25 millones de euros,en concepto de uso de las instalaciones,bienes y elementos existentes adscritos alservicio. A cambio, Aquagest se asegur lagerencia ejecutiva de la empresa, el controleectivo de la estrategia empresarial y delas decisiones econmicas undamentales.Y todo ello en un contexto opaco, garan-tizado por el derecho a la privacidad dela inormacin empresarial que diculta,cuando no bloquea, cualquier proceso departicipacin ciudadana eectiva. Se pri-vatiz el servicio de aguas de una ciudadque, segn un estudio de la Organizacinde Consumidores y Usuarios (OCU) demarzo de 2006, era una de las mejoresgestiones, siendo la capital de provinciams barata en el suministro. La entrada deAquagest supuso una subida inmediata del2,8% en la taria del agua para 2010.

Los procesos de privatizacin tambinhan supuesto uertes movimientos ciu-dadanos de deensa del agua como biencomn. Los vecinos de Avils (Asturias)consiguieron crear una de las Plataormas(constituida por veintin colectivos) contrala privatizacin del agua ms activas dela pennsula. De hecho, en un municipiode no ms de 85.000 habitantes, consi-guieron recabar casi 20.000 rmas paraexigir que la gestin del agua se decidapor reerndum. Movilizaciones que noimpidieron que el 1 de enero de 2010 co-menzara a uncionar una nueva sociedadparticipada en un 74% por Aquagest y enun 26% por el Ayuntamiento gracias a los37 millones de euros del canon (de los queslo 18 millones se destinarn mejorar ycompletar la red).

El objetivo de ampliar espacios al mer-cado, sobre la base de privatizar los servi-


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The privatization oCanal de Isabel II:environmental andsocial consequences

Although the Municipalitieshave the legal competence on

water supply and sanitation, theSpanish legislation allows transe-rring the management to privatecorporations. These corporationspay millionaire royalties to the Mu-nicipality, but this money doesntgo to improve and/or to extendthe water supply and sanitationnet, but to pay salaries and othermunicipal debts.

Nowadays, water managementin Spain is public in a 50% andprivate or mixed in another 50%.But, current austerity policies aregiving a lot o public operators apush to be privatized. In most ocases these privatization processeslack o enough transparence and so-cial participation, what could incitecorruption events as in the past thebuilding bubble did.

That is why 90% o the privateoperators are under control o twoCorporations: Suez Environment(through Aguas de Barcelona -AG-BAR-) and Fomento de Construc-ciones y Contratas -FCC-.

So, at the end o this process oprivatization, the management osuch a vital good as water is goingto be under control o an oligopo-ly. This lack o governance causesenvironmental, social and territorialunsustainability.

cios pblicos (sanidad, educacin, agua ysaneamiento), que en las ltimas dcadasha presidido las polticas de liberalizaciny desregulacin, acaba encontrando enesta coyuntura de crisis una ventana deoportunidad. En el ltimo ao se hananunciado nuevos procesos de privati-zacin: la cuidad de Lugo (85.000 hab.), Jerez de la Frontera (206.000 hab.), elPuerto de Santa Mara (85.000 hab.) y lasya nombradas en artculos de esta publica-cin, Canal de Isabel II (6.000.000 hab.) oAiges Ter-Llobregat (5.000.000 hab.) quesupondrn la hegemona absoluta del aguaprivada en Espaa.

Los racasos vividos al inicio de la dcadaen Latinoamrica (gracias a las protestasciudadanas) y el nuevo proceso de privati-zacin que se vive en la Pennsula Ibricaha reorientado la estrategia de las multina-cionales del agua hacia los denominadosmercados maduros; mercados donde seminimizan los riesgos dado que los recibosdel agua tienen una alta garanta de pago.En este sentido, Agbar, ha reorientado suestrategia de uturo ante el nuevo contextoeconmico y en los prximos aos ocaliza-r su actividad en acometer grandes proyec-tos de concesiones de la mano de ondosde inversin y en impulsar las actividadesde tecnologas y soluciones con alto valoraadido para las empresas de agua. En losltimos meses, se ha mostrado interesadaen hacerse con la gestin de Aiges Ter-Llobregat (ATL), Aguas de Jerez y el Canalde Isabel II de Madrid si estas entidades seprivatizan, lo que responde tambin a estaestrategia de uturo.

Al margen de su valor crematstico en

Espaa el agua, como en la mayora de lasculturas mediterrneas, sigue manteniendoun uerte valor simblico, un signicadode uente de vida. Este valor simblicohace que la ciudadana tome rpidamenteconciencia social sobre el agua como biencomn. Por tanto, es importante destacartambin el papel que la sociedad civilrente a la mercantilizacin.

En este sentido son notorias las actua-ciones que se estn llevando a cabo enMadrid y Catalunya, a travs de la Pla-taorma contra la Privatizacin del Canalde Isabel II y la Plataorma Aigua s Vida.Incluso es de destacar, que recientementediecisis colectivos se han sumado al ren-te contra la decisin del gobierno local deprivatizar la gestin del ciclo del agua deAjemsa (Aguas de Jerez). De su capacidadde accin depender, en buena medida,que en Espaa el agua sea un bien comno un valor comercial.

Para reorzar el papel del agua comobien comn, desde AEOPAS creemos quesi la legislacin simplemente prohibiera-como en la mayora de los pases euro-peos- que los cnones concesionales seutilicen para nes distintos de la mejora delas inraestructuras hidrulicas los procesosde privatizacin seran en Espaa algo muyresidual. No hacer esto es omentar unaburbuja hdrica basada en la utilizacinde la taria del agua como mecanismo derecaudacin no transparente para nanciara los municipios y cuyo resultado no muylejano ser la ausencia de inversin en lagestin del ciclo urbano lo que conducir asu insostenibilidad y, quizs, a su posteriorrescate pblico pagado por todos.


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Consecuencias ambientales y sociales

La privatizacin del Canal de Isabel IISantiago Martn Barajas

Santiago Martn Barajas, responsable delrea de Agua de Ecologistas en Accin

A

mediados del siglo XIX los recur-sos hdricos, que hasta entoncesabastecan a la ciudad de Madrida travs de los denominadosviajes de agua, se mostraron cla-

ramente insucientes para garantizar elabastecimiento de la ciudad, poniendoen serio peligro su desarrollo. Ante esasituacin, en 1848, el entonces ministro deObras Pblicas, Juan Bravo Murillo, enco-mend a una comisin de ingenieros queestudiase la viabilidad de la trada de aguadesde la Sierra de Guadarrama a Madrid,pues en caso de ser inviable, se llegara aplantear la posibilidad retirar a Madrid lacapitalidad de Espaa.

Dicha comisin inorm avorablemen-te de la viabilidad del proyecto, planteandola construccin sobre el ro Lozoya delembalse del Pontn de la Oliva, as comode una conduccin de setenta kilmetroshasta la ciudad de Madrid. La obra uenanciada mayormente por el Ayunta-miento de Madrid, participando tambinen la misma la propia reina Isabel II, conuna aportacin de cuatro millones dereales (unos 300 kg de oro). Finalmente,el 24 de junio de 1858, concluyeron lasobras con la inauguracin en Madrid dela uente de la calle de San Bernardo,establecindose en esa echa la creacindel Canal de Isabel II, entidad totalmentepblica desde su nacimiento, y que a lo

largo de sus ms de 160 aos de vida, hamantenido el mismo estatus, con indepen-dencia de gobiernos y regmenes polticos.Actualmente la empresa abastece de aguade calidad a la prctica totalidad de losmunicipios de la Comunidad de Madrid,con ms de seis millones de personas.

Sin embargo, a travs de la Ley 3/2008,de 29 de diciembre de Medidas Fiscales yAdministrativas (BOCM nm. 310, de 30de diciembre de 2008.), la Comunidadde Madrid abri la puerta a la privatiza-cin del Canal de Isabel II, autorizandola constitucin de una sociedad annimaque tendr por objeto llevar a cabo todaslas actividades que actualmente realizael Canal de Isabel II y anunciando suintencin de sacar a bolsa el 49 % de lasacciones. En denitiva, la Comunidad deMadrid est planteando la privatizacin,al menos parcial, del Canal de Isabel II.Dicha actuacin ha sido justicada por elGobierno de la Comunidad por la necesi-dad de realizar un gran esuerzo adicional deinversin en nuevas inraestructuras y procesostecnolgicos, que es preciso fnanciar con la

captacin externa de recursos econmicos quenos permita hacer rente a las inversiones eninraestructuras y desarrollos que se precisan

para gestionar de orma efcaz y efciente elservicio integral del ciclo hdrico.

Esa justicacin resulta a todas lucesinaceptable, pues el Canal de Isabel II esuna empresa econmicamente muy renta-ble, que genera todos los aos cuantiososbenecios econmicos a la Comunidad

de Madrid. Adems estos benecios, enla mayora de los casos, no se destinan anuevas inraestructuras hidrulicas (porinnecesarias), sino a otro tipo de obrascomo es el caso de la construccin delTeatro del Canal, cuyo coste se situentorno a los 100 millones de euros. Porotra parte, Madrid no necesita nuevasgrandes inraestructuras para garantizar elabastecimiento, pues con las actualmenteexistentes tiene capacidad para abastecercon plena garanta a una poblacin de msde nueve millones de habitantes.

La privatizacin del Canal de IsabelII conllevara graves consecuencias am-bientales y sociales, que a continuacinpasamos a comentar.

Consecuencias sociales de la

privatizacinTodos los aos el Canal de Isabel I I obtieneimportantes benecios econmicos (152millones de euros en 2009), que van aparar a las arcas pblicas, y que por tantorevierten en benecio del conjunto de losciudadanos de la Comunidad de Madrid.Sin embargo, en el momento en que seprivatizase, los beneicios econmicosproducidos por el Canal, obtenidos delconjunto de los ciudadanos a travs de laactura del agua, iran a parar a los bolsillosde los accionistas de la empresa.

El Canal de Isabel II abastece a losciudadanos de la Comunidad de Madriden rgimen de monopolio, por lo que, altratarse adems de un servicio de primera


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necesidad, un empeoramiento de la cali-dad del mismo no supondra en ningnmomento una modicacin en el consu-mo. En este sentido, su privatizacin haceprevisible una importante reduccin en laactual plantilla de trabajadores, al menos amedio plazo, pues el empeoramiento delservicio que necesariamente conllevara noproducira reduccin del consumo de nin-gn tipo, lo que supondra un incrementode los benecios, al reducirse los gastos.Eso s, a costa de empeorar el servicio deabastecimiento de agua que actualmentereciben los madrileos. En este sentido, esprevisible que, con independencia de loque acordase el comit de empresa con laComunidad de Madrid, se establezca unatendencia encaminada a la reduccin sus-tancial del nmero de trabajadores hastaalcanzar el mnimo imprescindible paragarantizar, aunque sea de orma precariay deciente, el suministro de agua a todoslos abonados. Este deterioro en el serviciopodra llegar aectar incluso de orma

ocasional a la calidad sanitaria del agua desuministro.

Un deterioro en la calidad del suminis-tro, como consecuencia de la previsiblereduccin de plantilla a causa de la priva-tizacin, empujara a una buena parte dela poblacin a dejar de consumir el aguadel grio, desplazndose al agua mineralembotellada, lo que supondra un costeeconmico adicional para las amilias,incluyendo a las de menor poder adqui-sitivo. Una amilia de cuatro miembros,que utiliza agua embotellada para beber ycocinar, gasta entre 50 y 75 euros al mes,cuando ese volumen de agua, si procededel grio, no cuesta ms de 0,30 euros.

Por otra parte, la privatizacin del Canalde Isabel II es muy posible que tambinlleve asociado un uerte componente deespeculacin inmobiliaria. Actualmente laentidad es propietaria de amplias super-cies de suelo a lo largo de toda la Regin,una parte del mismo situado en dierentespuntos del centro de Madrid. Este suelo

alcanzara un importante valor en el mer-cado inmobiliario por lo que, si el Canalllegase a privatizarse, es previsible que in-tentasen sacar a la venta aquellos terrenosdel centro de Madrid que actualmente yano necesitan estrictamente para la realiza-cin de la uncin de abastecimiento. Esms, cabra la posibilidad de que, a costade reducir la garanta de suministro enel caso de una avera grave en el sistemade abastecimiento, acabasen declarandoinnecesario alguno de los grandes dep-sitos de los que dispone el Canal en elcentro de la ciudad, que ocupan ampliasextensiones de suelo, y que alcanzara unprecio exorbitante para la construccin deviviendas.

De nuevo, la especulacin inmobiliariacon el suelo y el patrimonio pblico parael benecio de unos pocos, algo por des-gracia muy recuente y casi habitual en laComunidad de Madrid.

Asimismo, la construccin de grannmero de viviendas en esos espacioshasta ahora libres del interior de la ciudad,algunos de gran extensin, incrementarasustancialmente la densidad de poblacinen esos barrios, lo que conllevara necesa-riamente una prdida de calidad de vidapara los vecinos de los mismos.

Aspectos legales de laprivatizacin y consecuenciassobre la actura del agua.

Ante el anuncio de la privatizacin delCanal de Isabel II, la Conederacin Hi-drogrca del Tajo encarg a D. AntonioEmbid Irujo, Catedrtico de DerechoAdministrativo de la Universidad de Zara-goza, un dictamen sobre las consecuenciasjurdicas de la privatizacin.

En dicho dictamen se indica que elCanal, una vez privatizado, aunque seaparcialmente, no podr continuar con la

gestin de los servicios de abastecimiento y

saneamiento a los municipios, dada su com-petencia municipal, y que ueron atribuidos al

Canal mediante convenios. Hay que teneren cuenta que las competencias, tanto enabastecimiento como en saneamiento, sonexclusivas de los ayuntamientos, que hancedido directamente al Canal de IsabelII esas atribuciones, dado su carcter deentidad de derecho pblico, cesin quecarecera de validez en cuanto se priva-tizase, debiendo realizarse entonces laadjudicacin mediante concurso pblicoy licitacin.

De hecho, en el dictamen se sealaque, en cuanto se constituya la nueva socie-dad, los ayuntamientos debern obligatoria-mente declarar disueltos los correspondientesconvenios y proceder a asumir la gestin

directa de los servicios de su competencia, o


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si as lo preferen, llevar a cabo un proceso de

licitacin para realizar una gestin indirectade los servicios que hasta ahora se atribuan

al Canal de Isabel II. Tambin indica queel Ayuntamiento de Madrid deber rea-lizar lo propio. Si bien, la Comunidadde Madrid est intentando esquivar estasbarreras legales mediante la irma denuevos convenios con los ayuntamientosque contemplen a la utura empresa concapital privado para que realice el abasteci-miento, depuracin y alcantarillado. Entreotros, este convenio ha sido ya rmadopor el Ayuntamiento de Madrid. Si bien,las presiones de la Comunidad son uertes,los ayuntamientos de la Sierra Norte sehan negado a rmar estos convenios.

La mayor parte del agua de abasteci-miento de Madrid procede de los embalsesde la Sierra de Guadarrama, que son pro-piedad del Estado, y que explota el Canalde Isabel II mediante una encomienda degestin. En el momento de que el Canal seprivatizase, tal y como indica el dictamenjurdico, la Conederacin Hidrogrca delTajo debera retirar al Canal de Isabel II lasconcesiones, y por tanto la gestin, tantode los embalses como de las principalesconducciones de abastecimiento, tambinnanciadas y propiedad del Estado.

Como consecuencia de ello, la Con-ederacin Hidrogrca del Tajo, o biense encargara ella misma de la gestinen alta, para abastecer a los dierentesmunicipios, o bien stos deberan crearmancomunidades, por tanto de carcterpblico, a los que la Conederacin cedie-ra esa gestin en alta. En denitiva, seranecesaria la creacin de varios pequeoscanales de Isabel II, lo que necesariamenteperjudicara la calidad del suministro y en-carecera los costesy por tanto

los precios actuales del agua, siendo losmadrileos los principales perjudicados deesa nueva situacin. Adems, en el caso dela ciudad de Madrid, que por el nmerode habitantes necesita para cumplimentarsu abastecimiento agua procedente de di-erentes embalses, la gestin se dicultaraan mucho ms.

Tambin habra otra importante con-secuencia. Una buena parte del agua quese consume en la Comunidad de Madrid,entre un tercio y la mitad, procede deembalses y ros situados en otras comu-nidades autnomas. Concretamente delembalse del Vado y del azud del Pozo delos Ramos, ambos situados en la provinciade Guadalajara; y del ro Alberche, cuyomayor embalse, el de Burguillo, se en-cuentra situado en la provincia de vila.Actualmente el Canal de Isabel II disponede concesiones para la explotacin deesas aguas e inraestructuras. Sin embargo,con la prdida de las concesiones comoconsecuencia de la privatizacin, lo quees previsible es que la explotacin deesas aguas y embalses sea reclamada porla Junta de Castilla y Len, en el caso devila; y por la Junta de Comunidadesde de Castilla-La Mancha, a travs de laAgencia del Agua de Castilla-La Mancha,para el caso de las inraestructuras situa-das en Guadalajara. La prdida de estasinraestructuras para el abastecimiento aMadrid, pondra en grave riesgo la garantade suministro a la Regin, por lo que po-dramos encontrarnos ante un hipottico yparadjico escenario en el que municipioso mancomunidades de municipios de laComunidad de Madrid, tuvieran que serabastecidos parcialmente por la Agenciadel Agua de Castilla-La Mancha o por su

homnima de Castilla y Len, lo quenecesariamente repercutira

tambin en un encareci-miento del precio.

Consecuencias medioambientales

La privatizacin del Canal de Isabel IItambin producira importantes daosambientales. El agua es un recurso naturallimitado y escaso, cuya obtencin conllevanecesariamente daos ambientales mso menos importantes, por lo que debeconsumirse tan slo la necesaria, siendopor tanto muy importante la realizacinde continuas campaas de concienciacinciudadana sobre la necesidad del ahorro.

En las dos ltimas dcadas, el Canalde Isabel II ha llevado a cabo varias cam-paas de concienciacin ciudadana, cuyoresultado ha sido bastante satisactorio,traducindose siempre en una bajada delconsumo del 10 al 15 %. Asimismo, elCanal de Isabel II invirti durante aos enla reduccin de las prdidas en las redes dedistribucin. Como consecuencia de ello,nos encontramos con el consumo de aguapor habitante abastecido se ha reducidoen los ltimos 15 aos en ms del 30 %.

Si se privatizase el Canal de Isabel II,es previsible que dejasen de hacerse lascampaas de concienciacin ciudadana,pues la realizacin de cualquier campaade omento del ahorro por parte de unaempresa privada de abastecimiento, escontrario a su principal objetivo empre-sarial: la obtencin de benecios. Esascampaas de ahorro, que no slo sonaceptables sino tambin recomendablesen el caso de una empresa pblica en arasdel inters general, es inconcebible en elsector privado, cuyo principal objetivosiempre va a ser que se consuma la mayorcantidad de agua posible, lo que conllevadaos ambientales importantes (construc-cin de nuevas inraestructuras hidrulicas,sobreexplotacin de acueros, reduccinde los caudales ambientales, etc.), y tam-bin sociales (reduccin de la garanta desuministro en periodos de sequa). Asimis-mo, tambin es previsible que la gestinprivada acabara muy posiblemente conla poltica de bloques vigente en la tariaactual (el precio del m3 se incrementaconorme aumenta el consumo a partirde determinados niveles), que tiene comoobjetivo avorecer a las personas queahorran y consumen agua de orma msracional, y penalizar el derroche. En todoslos casos en los que se ha producido la pri-vatizacin del agua, tanto en Espaa comoen el resto del mundo, se han llevado acabo inmediatamente subidas por igual detarias, cuando no ha sido incluso mayorespara los consumos ms bajos, impactandoms sobre quin menos tiene y sobre losque menos consumen.

Por otra parte, tambin es previsibleuna importante merma de la inversinen reducir las prdidas en las redes de


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Social action to stop theprivatization o Canal Isabel II*

In December 2008, the Madrid Assembly appro-ved the privatization o Canal Isabel II (CYII)with the vote rom Partido Popular as the onlypolitical party voting or the privatization. Thisdecision does not have any economic neithertechnical nor social justications. Furthermore,it will possibly lead to a worsening o the supplyand sanitation services, increased costs and evena deterioration o the working and proessionalconditions, just like it happened in other similarprivatization processes in the past. From the verybeginning, the privatization process has sueredrom a democratic decit and a total lack otransparency as citizens have not been given theopportunity to participate in any way in a decisionso important to their interests. The whole processhas elapsed with great opacity and secrecy andrelevant inormation has been concealed romthe public and even the local Parliament itsel onthe conditions o the company market release,the type o the company constitution, its capitaland sale values, its mission, the actual privateshareholding percentage and its relationships withlocal councils.

The Platorm against the Privatization o Canalde Isabel II has been created with the participationo social organizations, unions, political partiesand private individuals in order to object to thisprivatization initiative. The aim is to coordinateand launch as many joint actions as possible toprevent the privatization o the company as wellas to mobilize and inorm the public on the con-sequences o this initiative. To achieve these goals,the platorm will carry out our main activities: thedissemination o inormation to combat opacityand lack o transparency; to raise institutional,political and social awareness and seeking advo-cacy rom councils, political parties and unions; toexploit any legal remedies which can be useul toundermine the privatization process and to pre-vent rauds, especially during the development othe privatization process as well as when denitesteps or the constitution o the company will betaken. Finally, public mobilization is the ourth lineo action. This is materialized in calls or assem-blies, large meetings, and, particularly due to itsimpact on society and media, demonstrations.

The emergence o the 15th o May movementhas signicantly strengthened the capacity orinfuence and impact o the activities carried outby the Platorm. This power is, with any doubt,motivated as a very signicant number o townand neighborhood assemblies have taken theclaims o the Platorm as their own claims, whichhas made possible a mutual and coordinatedpermanent collaboration.

* Spanish public company responsible or managing thecycle o water in the Community o Madrid

distribucin pues, dado lo barato quele resulta la obtencin, especialmenteen alta, y potabilizacin del agua, haceque la reduccin de la mayora de lasprdidas en las redes de distribucinno sea econmicamente rentablepara cualquier empresa privada deabastecimiento, lo que conlleva unincremento progresivo del consumo,no achacable a los usuarios, con lasmismas consecuencias ambientalesante indicadas.

Hace algunos aos el Canal de Isa-bel II nanci numerosas actuacionesde carcter medioambiental (inclusocon varios millones de euros), comoes la restauracin ambiental de riberasde los ros en la Comunidad de Ma-drid. Es impensable que si la entidadse privatiza lleve a cabo proyectosambientales de ese tipo.

Finalmente, sealar que el Gobier-no Regional, adems de privatizar elCanal de Isabel II, tiene intencin deque la sociedad annima que cree,gestione tambin el ciclo integral delagua de Madrid, competencia quecorresponde en exclusiva al GobiernoCentral, al aectar la cuenca del Tajoa cinco comunidades autnomas y a Portugal. Adems, parece quepretende estrenar esa nueva compe-tencia que se ha autoasignado, conla construccin de dos nuevos gran-des embalses en la Comunidad de

Madrid. Uno situadoen la zona norte,

y mientras queel otro se lo-calizara alsur de laRegin. Laconstruc-c i n deestos dosembalses,

especialmente el situado en la SierraNorte, produciran un gran dao so-bre el medio ambiente. Asimismo, setrata de embalses totalmente intiles,pues los dos se ubicaran sobre vallescon cuencas de vertido reducidas, yque apenas cuentan con caudal.

Adems, resulta evidente que laComunidad de Madrid no necesitade la construccin de nuevos embal-ses para abastecimiento, y as lo hamaniestado en reiteradas ocasionesel Gobierno Central a lo largo de losltimos 15 aos, con independenciadel partido que estaba gobernandoen cada momento pues, como ya seha indicado anteriormente, con las in-raestructuras actualmente existentes,el Canal de Isabel II tiene capacidadpara abastecer con garanta a unapoblacin de ms de nueve millonesde habitantes.

Conclusin

Podemos concluir que la privatiza-cin del Canal de Isabel II conlle-vara importantes perjuicios sociales y ambientales, adems dicilmentereversibles, y ningn tipo de bene-cio para el inters general. Por ello,deberamos preguntarnos cules sonlas motivaciones reales que estnempujando al Gobierno Regional apromover esa privatizacin, que des-de luego no responde a los interesesdel conjunto de los madrileos.

Por todo ello, rechazamos total-mente la privatizacin del Canal deIsabel II. Consideramos que debeseguir siendo 100 % de titularidadpblica, como lo ha sido desde que secre hace ms de 150 aos, sirviendotambin de ejemplo palpable de cmouna gran empresa puede gestionarseecazmente desde el sector pblico,conjugando la rentabilidad econmi-

ca con un servicio adecuado y satisactorio para el

conjunto de la ciu-dadana.


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Una estrategia conjunta entre organizaciones sociales, polticas y sindicales y el 15M

La movilizacin social para renar laprivatizacin del Canal de Isabel II

Plataorma contra la privatizacin del Canal de Isabel II

En diciembre de 2008, la Asam-blea de Madrid, a travs de la Ley3/2008, de 29 de diciembre, deMedidas Fiscales y Administrativas,aprob la privatizacin del Canal

de Isabel II (CYII), con los nicos votos aavor del Partido Popular. Tal y como seanalizaba en el anterior artculo de la revista,con esta decisin el Gobierno de Madridpretende convertir en un negocio el serviciodel ciclo integral del agua. La privatizacinsupondr la enajenacin econmica de losactivos que el CYII dispone de las empre-sas del Grupo Canal que tienen actividadtanto a nivel nacional como internacional,especialmente en Latinoamrica.

En la Ley 3/2008 se arma que la priva-tizacin es necesaria para arontar un granesuerzo adicional de inversin en nuevasinraestructuras y procesos tecnolgicospara asegurar el abastecimiento a Madridy garantizar la calidad del agua en conso-nancia con las exigencias de la normativanacional e internacional; sin embargo, estasnecesidades de nanciacin no se han jus-ticado en momento alguno, a pesar de lasreiteradas exigencias de inormacin al res-

pecto realizadas en todos los mbitos de lasociedad incluyendo la propia ciudadana,los ayuntamientos, partidos polticos -biendirectamente o en la Asamblea de Madridlos que tienen representacin parlamenta-ria-, y en el Consejo de Administracin delCanal de Isabel II. Cabe llamar la atencinde que ltimamente ya no se alude a talesnecesidades nancieras, sino que directa-mente se argumenta sobre la necesidadde disponer de recursos para disminuir ladeuda de la Regin de Madrid que, con15.191 millones de euros en 2011, es latercera mayor de todas las ComunidadesAutnomas espaolas.

El proceso de privatizacin ha adolecidode un dcit democrtico y de una absolutaalta de transparencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos no han podidoparticipar de orma alguna en una decisintan trascendental para sus intereses. Todo elproceso ha transcurrido con gran opacidady secretismo, ocultando a la ciudadana y alpropio Parlamento Regional inormacinrelevante sobre las condiciones de salida almercado de la nueva empresa, del modelode sociedad que se va a constituir, su valor

patrimonial y su valor de venta, sus compe-tencias, el porcentaje real del accionariadoprivado y el sistema de relacin con losayuntamientos. Especial inters tiene la valoracin de los activos del Canal, todavez que la privatizacin se producir en uncontexto de crisis nanciera en la cual hayotros procesos similares que estn en marchaen Grecia, Italia y Portugal, y que obligarn avalorar a la baja a la empresa y, por tanto, amalvenderla. Son signicativos, a este respec-to, la privatizacin de Caja Madrid por partedel gobierno regional que se vendi a un70% de su valoracin contable, y el racasode privatizar la gestin de los Aeropuertosespaoles y la Sociedad Estatal de Loteraspor parte del gobierno central.

El proceso se caracteriza tambin porla presin sistemtica, cuando no chantaje,que el Gobierno realiza a los ayuntamien-tos de la Regin para que se integren enla empresa privatizada y participen activa-mente en el nuevo modelo de gestin quese quiere imponer, en claro menoscabo dela autonoma local, congurando as a losayuntamientos como las instituciones msvulnerables del proceso.


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La Plataorma contra laprivatizacin del Canal de Isabel II

Para oponerse a esta iniciativa privatizadorase constituy la Plataorma contra la pri-vatizacin del Canal de Isabel II, en la queparticipan organizaciones sociales, sindi-catos, partidos polticos y personas a ttuloindividual con el objetivo de coordinar eimpulsar cuantas actuaciones unitarias seanposibles para evitar la privatizacin del Ca-nal y movilizar e inormar a los ciudadanosde las consecuencias de esta iniciativa. LaPlataorma es una alternativa plural queorganiza, planica y coordina sus actua-ciones en torno a plenos mensuales y seapoya en grupos de trabajo sectoriales paradesarrollar las actividades aprobadas en lasreuniones plenarias; hasta la echa, existengrupos de trabajo especcos para la comu-nicacin, incidencia y relaciones institucio-nales, temas legales y patrimoniales y deseguimiento general.

Organizaciones integrantes de laPlataorma

En la Plataorma contra la privatizacindel Canal de Isabel II participan comomiembros de pleno derecho las siguientesentidades: Accin en Red, Asociacin deVecinos la Unin de Vallecas, Asociacinde Vecinos de Carabanchel Alto, ATTAC,Campaa por la Gestin 100% pblica,Comisiones Obreras de Madrid, Ecologis-tas en Accin, Federacin de Asociacionesde Vecinos de Legans, Equo, FederacinRegional de Asociaciones de Vecinos deMadrid (FRAVM), Izquierda Anticapitalis-ta, Izquierda Unida de la Comunidad deMadrid, Iniciativa Servicios 100% Pblicos,Parque SI en Chamber, Seccin sindicalde CCOO del CYII. Tambin participanen la Plataorma numerosas personas anivel individual. Adems existen variasdecenas de asociaciones y simpatizantesque estn adscritos a la lista de correode la Plataorma y reciben inormacinpuntual de los acuerdos y actuaciones dela Plataorma.

Tambin se cuenta con una pgina web(www.plataormacontralaprivatizaciondel-cyii.org), que ha demostrado ser unaherramienta potente de diusin de susactividades, posicionamientos y documen-tos ms importantes. Toda la actividad dela Plataorma se articula, bsicamente, en

torno a los siguientes obje-tivos:

Inormar a la socie-fdad de la irracionalidady los perjuicios de estaprivatizacin, a travs

de todos los medios po-sibles, reuniones, oros

de debate, mediosde comunicacin,inormacin elec-trnica, etc.

Movilizar aflos ciudadanos ya sus organizacio-nes y movimien-tos sociales contrael intento de pri-

vatizacin.Impulsar cuan-f

tas actuaciones seanposibles, desde elmbito social, legal e

institucional para pa-ralizar la privatizacin.

Cabe llamar la atencinde la importancia que la

eclosin del movimien-to 15M ha tenido sobre

la capacidad de infuencia eimpacto de las actividades de

la Plataorma, toda vez que se han vistoortalecidas notablemente porque un n-mero signicativo de asambleas de barriosy pueblos han asumido como propias lasreivindicaciones de la Plataorma. Esta cir-cunstancia ha llevado incluso a ormalizarreuniones peridicas con las asambleas del15M para planicar y coordinar accionesconjuntas siendo recuente, por otra parte,la participacin de miembros de diversasasambleas en las reuniones plenarias de laPlataorma.

Diusin de inormacin

Atendiendo a la opacidad con la quese ha desarrollado el proceso de priva-tizacin, cobra una especial relevanciala diusin de la inormacin sobre elpropio CYII y las condiciones en la quese pretende materializarla. Consecuen-temente, se ha establecido una polticade comunicacin hacia los ciudadanosa travs de los medios propios (internet,publicaciones, etc.), en colaboracin conel movimiento asociativo (actos, debates,etc.), el movimiento del 15M y a travsde los medios de comunicacin.

Tambin se ha sistematizado la realiza-cin de charlas divulgativas en asociacionesde vecinos -acilitadas, sin duda, porque laFederacin Regional de Asociaciones deVecinos es un miembro activo de la Pla-taorma-, y en asambleas del 15M. Paraviabilizar esta actividad, y con el objetivode que los mensajes y anlisis ueranhomogneos, se prepar una Gua -que,como todos los documentos producidospor la Plataorma, est accesible en supgina web- en la que se sistematiza lainormacin disponible del Canal y delproceso de privatizacin; para diundiresta Gua, se han realizado varios talleresde inormacin con asistencia de las per-sonas encargadas de dinamizar actos yseminarios en el mbito de la Comunidadde Madrid.

En el contexto de la diusin de la in-ormacin, tambin se ha participado enseminarios y actos organizados por otroscolectivos con nes similares a los de laPlataorma.

Trabajo institucional

Las actividades de incidencia institucionalson especialmente relevantes porque sereeren a las relaciones con las institu-ciones que juegan un papel principal enla lucha de oposicin y resistencia: losayuntamientos, los partidos polticos, ylos sindicatos.

Ayuntamientosf . Sern los mayoresdamnicados por la privatizacin delCanal as que se realiza un esuerzo espe-cial en inormarles de los problemas que


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E

l agua es un bien pblico ya legisla-do en la Ley de Aguas de 1879,vigente en la actualidad y preservadoen el texto reundido de 2002 dela misma ley. El concepto de bien

pblico se remonta al Derecho romano,donde la Res publica (cosa pblica) hacareerencia a las propiedades de la AntiguaRoma o de sus ciudadanos en conjunto. Unclaro ejemplo eran las uentes de agua dela ciudad, las calles, etc. Un bien pblico esaquel que pertenece o es provedo por elEstado a cualquier nivel, sea por el GobiernoCentral, Autonmico o municipal.

Hablamos de privatizacin cuando lascorporaciones, multinacionales o grandesempresas privadas se hacen mediante pro-cesos jurdico-econmicos, ms o menosopacos, con actividades empresariales quedesarrolla y gestiona el Estado o la comu-nidad. Este proceso llega al extremo depermitir gestionar al sector privado bienesesenciales, vitales y geoestratgicos, como esel caso del agua, a pesar de los graves riesgossociales y ambientales que ello conlleva.

En este caso concreto, nos reerimos ala privatizacin de la gestin del agua deAiges Ter-Llobregat (ATL), una empresapblica creada el 1990 y que el Decreto

Ley 3/2003, por el cual se aprueba el textoreundido la legislacin en materia de aguasen Catalunya, otorga a la Red de Abasteci-miento Aguas Ter-Llobregat la gestin delagua en alta, es decir, la explotacin de lasinstalaciones que comprende el tratamiento,el almacenamiento y el trasporte de aguadesde sus uentes de captacin o produc-cin hasta los depsitos municipales de 121municipios de las comarcas de Alt Peneds,lAnoia, el Baix Llobregat, el Barcelons,el Garra, el Maresme, la Selva, el VallsOriental i el Valls occidental lo que suponeel abastecimiento de ms 4,9 millones deh

Documents

El agua, como la vida, no es una mercancía