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COLOMBIA Y LA POLÍTICA DE DROGAS: DEL POLICY-TAKING AL POLICY-
MAKING A TRAVÉS DE UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GEOPOLÍTICA
CRÍTICA Y EL CONSTRUCTIVISMO EN LA POLÍTICA EXTERIOR.
Por: Juliana Zambrano, Dayana Zambrano, Guillermo Ospina, Jairo Perilla y Santiago OrtizTutor: David Molina
Resumen:
La política de drogas de Colombia se ha caracterizado por acoplarse a la “Guerra contra las
drogas”, impulsada por Estados Unidos. Colombia, al ser principalmente productor de
drogas, se ha enfocado en la erradicación de cultivos de uso ilícito y perseguir el narcotráfico.
Así, Colombia ha sido el principal aliado estadounidense en la región y, al ser un aliado
estratégico, ha recibido ayudas económicas y militares. Esto ha hecho que Colombia sea
percibida por los países vecinos como una amenaza y un actor conflictivo en la región. Sin
embargo, en los últimos años, en el marco de un proceso de paz, Colombia ha venido
creando una imagen de un actor promotor de paz y busca posicionarse como líder regional.
En este sentido, la política de drogas colombiana puede ser una herramienta de política
exterior para proyectar al país como un líder regional y un referente mundial. Este trabajo,
partiendo de un enfoque desde la geopolítica crítica y la política exterior propone unas
recomendaciones que Colombia podría seguir para cumplir sus metas en política exterior.
Abstract:
Colombian drug policy has been characterized by linking up to the “Drug war” driven by the
United States. Colombia, being mainly a producer of drugs, has focused on the eradication of
illicit use crops and the pursue of drug trafficking. Colombia has been the main ally of the US
in the region and, as a strategic ally, has received economic and military aid. As a result,
Colombia has been perceived by its neighbors as a threat and a conflictive actor in the region.
Nevertheless, in the last years, within the peace process, Colombia has been creating a new
image of a peace promoting actor and has been aiming at becoming a regional leader. In this
sense, Colombian drug policy can be seen as a foreign policy tool to project the country as a
regional leader and a world referent. This paper poses recommendations that Colombia
should follow to achieve its goals in foreign policy, based on the critical geopolitics and
foreign policy framework.
I. Introducción:
En el contexto de la “guerra total contra las drogas”, los países productores eran el principal
foco de atención y, a los ojos de la comunidad internacional, eran los responsables del
problema de las drogas. Fue así como se impulsaron una serie de programas para acabar con
la producción de drogas en los países de América Latina, especialmente en Colombia. Al ser
el mayor productor de cocaína desde finales de los años 80’s, nuestro país comenzó a ser
receptor de políticas de erradicación de cultivos, guerra contra el narcotráfico y también
guerra contra el consumo de drogas. Estas políticas estaban fuertemente impulsadas y
apoyadas económicamente por Estados Unidos. Así, Colombia se volvió uno de los
principales aliados de Estados Unidos en el subcontinente latinoamericano y la droga fue uno
de los pilares de la política estadounidense en nuestro país.
De esta manera, la política de drogas de Colombia ha sido dirigida principalmente a la
“guerra total”, bajo el direccionamiento de Estados Unidos. En este sentido, Colombia ha
sido un “policy taker” en materia de drogas. En el marco del plan Colombia, nuestro país se
comprometió a alcanzar altos niveles de erradicación de cultivos y a continuar combatiendo
el narcotráfico, a cambio de financiamiento estadounidense. Este compromiso tuvo como
consecuencia un importante acercamiento con Estados Unidos y un distanciamiento con los
países de la región, que lo empezaron a considerar como una posible amenaza. Sin embargo,
desde la Cumbre de Cartagena, de la OEA, en 2012, en que Colombia fue anfitriona, se ha
llegado a la conclusión de que el paradigma actual no está funcionando. Desde hace unos
años existe en el país una fuerte tendencia a adoptar ideas y políticas nuevas frente a la droga.
Con los acuerdos de paz con las FARC, Colombia ha venido mostrándose como un país
promotor de paz y ha querido posicionarse como un líder en la región y un referente mundial.
Pregunta:
¿Cómo la política de drogas ha marcado el posicionamiento geopolítico de Colombia en la
región? La relación histórica de Colombia con Estados Unidos lo ha posicionado como un
policy taker, entre otros temas, en la política antidroga y, como consecuencia, lo ha
configurado como un actor en confrontación con los demás estados región. Sin embargo, en
el momento actual, Colombia se encuentra en una transición en la que intenta convertirse en
policy maker, con políticas más progresistas, lo que puede constituirse como una oportunidad
de integrarse como un agente cooperativo a la región, jugando un rol de líder en este y otros
asuntos. Del mismo modo, esta transición es una oportunidad para que la geopolítica y la
política exterior colombiana tengan en cuenta reivindicaciones que, desde el paradigma
clásico, no pueden ser escuchadas. El propósito de este trabajo es brindar una serie de
recomendaciones para que Colombia pueda utilizar la situación de transición en la política de
drogas como una herramienta de política exterior que lo posicione como líder regional y
como referente mundial. Así, se propone una aproximación teórica basada en conceptos
propios de la geopolítica crítica y la política exterior.
II. Aproximación teórica
1. Geopolítica Clásica y Crítica.
En la configuración del Nuevo orden geopolítico, el poder se enmarcó como una variable
central basada en el control de espacios geoeconómicos periféricos, por medio de procesos
como el Imperialismo, la colonización y colonialismo, todo ello con el fin de captar gran
parte de los recursos de estos nuevos espacios y territorios. Este esquema expresa de forma
general la Geopolítica clásica (Dallanegra, 2010). Esta visión geopolítica pretende un sistema
global estratificado y controlador: la construcción de un Estado que contenga un modelo de
desarrollo, un sistema democrático y por esta vía la construcción de fronteras e identidades
homogéneas, el establecimiento de una jerarquía de roles frente al sistema internacional, y
por último esa jerarquía imparte una serie de dicotomías etnocéntricas Norte- Sur,
Civilización- Barbarie, País desarrollado- tercer mundo, Blanco- Negro. (Preciado, 2010).
La geopolítica clásica analiza al Estado por medio de sus relaciones espaciales, en el que
intervienen la población, el territorio y la soberanía. “Ello lo plasma en una tríada
denominada “Elementos Constitutivos del Estado”: territorio (base física más o menos
estable aunque de alto dinamismo en los Estados en etapa de desarrollo o de disolución);
población (factor dinámico base de la voluntad y del poder político de una sociedad); y de
soberanía (capacidad para tomar decisiones autónomas en el ejercicio de la autoridad política
en su espacio geográfico y en relación con la población que lo habita)”. (Salgado, Martins,
2015, pp).
En efecto, la geopolítica clásica defiende la idea de una relación de causa y efecto entre
geografía y política, entre espacio y formas de organización de las colectividades humanas,
sin embargo la geopolítica crítica nace precisamente como un “desafío a esta manera
marcadamente determinista de concebir la relación entre espacio y poder”, es un conjunto de
maneras alternativas de concebir y pensar esta relación (Quarta, 2016). La geopolítica crítica
se distancia de la versión clásica en varios sentidos: El Estado no es el único actor, se
diversifican los agentes que intervienen en la construcción de representaciones, identidades y
realidades mediante el discurso, sin dejar de lado la reconstrucción del Estado como la unidad
geopolítica fundamental (Cabrera, 2016).
Por otro lado, el espacio no solo se remite al análisis frente al poder, sino existe una
deconstrucción de espacialidades, como las prácticas sociales de actores múltiples que
producen o modifican representaciones socio-espaciales: se transgreden las fronteras
territoriales para generar reivindicaciones desde lo étnico y lingüístico, emergen nuevas
significados de pertenencia e identidad que no necesariamente se tramitan a la construcción
de Estado- nación.
La geopolítica ha desarrollado tres perspectivas: Formal, Práctica y Popular. La geopolítica
formal se refiere a las visiones expuestas desde centros de pensamiento desde la academia o
al servicio del Estado, la geopolítica práctica son los discursos de tomadores de decisiones
desde el Estado y las acciones en el ámbito de política exterior. Finalmente, la geopolítica
popular son aquellas expresiones en escenarios como el cine, la música, el teatro y los medios
de comunicación, que se manifiestan de forma masiva y popular. (Uc & Preciado, sf, 5). A
continuación se aborda la construcción de la perspectiva geopolítica en América latina para
finalmente aterrizar el tema en Colombia, enfocado a la lucha contra las drogas y su relación
directa con la política exterior colombiana.
2. Geopolítica Crítica en América Latina
El enfoque geopolítico en América latina ha trazado algunas líneas de investigación similares
al desarrollo realizado por centros de investigación principalmente en Europa. Sin embargo,
esta disciplina ha permitido consumar algunos cuestionamientos al ejercicio del poder por
parte del Estado, la dominación de agentes externos a la región latinoamericana, la
reivindicación de movimientos sociales e indígenas que luchan para plasmar nuevas
realidades desconocidas por el establecimiento de un Estado –Nación homogéneo, nuevos
grupos de presión que disputan el poder político a la élite arraigada al ejercicio de la política,
el uso de los recursos naturales: minero-energéticos, hidrocarburos, que atenta contra la
soberanía y autonomía de los países latinoamericanos. (Gabino & Capera, 2016).
Según Luis Dallanegra, los países de América Latina han realizado importantes esfuerzos
para alcanzar mayor inserción internacional, en especial por la toma de decisiones,
configuración de espacios de cooperación e integración regional. Este autor no desconoce
que existe una relación paradójica dichas prácticas económicas, militares, sociales están
ligadas a lineamientos externos, que conducen a mayor dependencia debido a los políticos
que siguen atados a una mentalidad dependentista, en razón de algunos factores: a) la
globalización asimétrica y desigualitaria, principalmente en el terreno económico-financiero,
con pocos Estados y muchos actores transnacionales globalizantes y una gran mayoría de
Estados globalizados; b) la desarticulación del Estado-nación; c) la transnacionalización en la
toma de decisiones; d) las privatizaciones (empresas, banca, seguridad, etcétera). (Dallanegra,
2010, 30), así se tengan o propongan movimientos de construcción propia existen aún fuertes
lazos que hacen de esta relación un factor condicionante para estos países.
La convergencia de representaciones espaciales dominantes y las prácticas alternativas tienen
como consecuencia el replanteamiento en cuatro propuestas de geopolíticas en la región de
América latina, ellas un conjunto de nuevas prácticas discursivas y espaciales que hacen
evidente la necesidad de reformular un esquema propio geopolítico para América latina, que
represente la diversidad de la región, sus debilidades y fortalezas (Uc & Precaido, sf). En
primer lugar, las prácticas espaciales del poder enfatizan en los usos estratégicos del espacio
que realizan potencias para imponer apropiación y conservación del mismo en su afán por
controlar recursos y contener potenciales amenazas. En segundo lugar, las prácticas
espaciales de conocimiento que reivindican la construcción e imposición del conocimiento
eurocéntrico, forjar formas propias de entender las realidades latinoamericanas, se demanda
la descolonización del pensamiento, categorías y conocimiento que ayudan a configurar el
ejercicio de espacialidades e identidades propias.
En tercer lugar se hallan las prácticas anti-geopolíticas y contra- representaciones de
resistencia que evocan los discursos que disienten del discurso dominante ya sea de Estados e
instituciones y élites que pueden darse por medio de expresiones pacíficas y de resistencia
civil desde movimientos indígenas, movimientos feministas. En cuarto lugar, práctica
espacial de integración en un proceso de construcción que amplía la autonomía, en donde se
critican los modelos de desarrollo impuestos desde instituciones financieras y monetarias
además del sistema de endeudamiento de países.
3. Geopolítica y Política Exterior: Colombia en la política de drogas
Para el caso concreto del análisis de la política de drogas en Colombia, la Geopolítica crítica
en su vertiente práctica, permite analizar por medio del discurso de los tomadores de
decisiones del país, como se ha priorizado la lucha contra las drogas, cuáles han sido las
prácticas que han regido la política exterior colombiana e igualmente su relacionamiento en
el sistema internacional y de forma regional. Este proceso geopolítico condiciona el
desarrollo del Estado, se analiza el Estado en función de sus prácticas discursivas de
Gobierno para analizar tanto las políticas internas como las actividades en el ámbito exterior.
La Política exterior colombiana ha planteado dos objetivos básicos: Seguridad y Desarrollo,
los cuales han sido permeados por la situación interna del país tanto en el manejo del
Conflicto interno (Guerrillas – lucha contrainsurgente) y Narcotráfico, fenómenos que han
mutado en el tiempo, han cohesionado múltiples prácticas y han fortalecido el accionar de
grupos al margen de la ley. El tratamiento planteado al problema de las drogas e insurgencia
incidió en la definición de relaciones exteriores, ya sea una solución basada en el uso de la
fuerza o una salida negociada que implicó una Diplomacia por pacificación forzosa o
Diplomacia a la paz negociada.
En este sentido Pardo y Tokatlian aseguran que Colombia busco ayuda de Estados Unidos y
uso la relación de subordinación política y de cooperación económica como un mecanismo
de apoyo a los esfuerzos internos (2010, 189). Desde la Administración Pastrana con la
internacionalización del conflicto se logra la ayuda y cooperación en materia militar y
económica por medio de la implementación del Plan Colombia, Estados Unidos habría
declarado a las drogas como una amenaza a la seguridad nacional. En este sentido, el
gobierno de Colombia intenta priorizar la ayuda internacional enfocada al desarrollo de los
Diálogos de Paz del año 1999. A pesar de ello, el presidente terminó aceptando la re-
narcotización de la agenda doméstica a fin de asegurar apoyo internacional brindado por
Estados Unidos en el Plan Colombia. (Tickner, 2002).
En la Administración Uribe se vincula la seguridad democrática a la lucha contra las
estructuras “narcoterroristas”, el ex presidente consideraba estos actores ilegales como
terroristas lo cual niega su condición de combatientes y de una salida negociada. La estrategia
de Política exterior es intransigente, en la medida que solicita ayuda internacional para
ponerle fin al fenómeno de las drogas que impacta negativamente la seguridad interna del
país y es fuente de financiamiento de grupos ilegales. además de perjudicar relación con los
vecinos, lo que Arlene Tickner ha llamado la “Intervención por invitación”.
La política contra las drogas en Colombia, ha impuesto un modelo basado en el
prohibicionismo, en el cual Estado Unidos ha tomado el liderazgo en la lucha contra este mal,
justificado debido a la afectación a la seguridad de su nación. Mediante el condicionamiento
de esta política por parte de Washington a Colombia, se ha mantenido la fumigación de áreas
cultivadas por medio de la aspersión con glifosato tomándose como medida la erradicación
por hectáreas que evalúa el progreso del país frente al tema. En contra vía, esta política no ha
tenido un impacto real en la reducción de la producción, tráfico, distribución y consumo de
drogas ilícitas, especialmente en la pasta y base de coca, ni en el ámbito interno ni tampoco a
nivel internacional. Por lo que algunos autores (Borda, Rojas, Tickner, Tokatlian) sugieren:
que dicha política es un rotundo fracaso frente al objetivo para la cual fue diseñada. En esa
medida, el mantenimiento de esta política a pesar del poco éxito, se debe a la existencia de
una construcción discursiva de la guerra que Estados Unidos debe librar: “lo que se sugiere es
que el discurso antidroga es relevante en la construcción y definición del problema de las
drogas, debido a que sin el discurso no habría problema de drogas” (Borda, 2001, 90).
Partiendo de la coyuntura actual del Estado Colombiano y en concordancia con la
implementación del Acuerdo de Paz con la Guerrilla de las FARC, esta implica varios
asuntos en materia de drogas como: sustitución de cultivos ilícitos, erradicación manual y
voluntaria por parte de las comunidades cultivadoras de la hoja, nuevo uso de la tierra por
parte de las campesinos, separación de actividades contrainsurgentes y de narcotráfico. Más
allá, la Administración Santos ha manifestado algunos discursos ante Organismos
internacionales que sugerirían algún viraje en la política antidrogas, la construcción de
nuevos lineamientos alejados de un modelo prohibicionista, en la que se contemple las tres
áreas del tema política de drogas: cultivo, consumo y narcotráfico.
En este marco, para el Gobierno el cambio de la política de drogas está amarrado a los
Acuerdos de Paz, en esta dirección: la desmovilización de la guerrilla es una condición clave
para superar el problema de los cultivos ilícitos y narcotráfico. Y los compromisos adquiridos
por las agentes nacionales e internacionales y de sus implementación en el presente y
continuidad en el futuro, dependerá de cómo el Estado logre articular sus intereses en el
exterior, como cambio en la política antidrogas, e internamente en el cumplimiento frente a
las comunidad y principales víctimas del conflicto armado y el narcotráfico.
4. La Geopolítica y las Relaciones Internacionales
Tal como ocurre en el caso de la geopolítica, ocurre en el caso de otra disciplina que compete
al estudio presentado en este trabajo. El estudio de las Relaciones Internacionales y la Política
Exterior, han tenido al igual que la geopolítica, un progreso académico, teórico y conceptual
durante las últimas décadas, que se ha caracterizado por hacer transiciones a través desde el
debate, desde las aproximaciones más clásicas al estudio de los fenómenos propios de la
disciplina, de la misma manera que la geopolítica lo ha hecho.
En apartes anteriores, se hizo referencia a la aproximación originaria hacia la geopolítica, la
geopolítica clásica, y se revisó la forma en la que el estudio de la disciplina ha avanzado
desde allí, hasta llegar a los estudios de la geopolítica crítica, y en particular a su aplicación
en América Latina. Pues bien, ya sea por casualidad, o por el hecho de que las disciplinas
comparten en gran medida sus objetos de estudios, la evolución de la disciplina de las
Relaciones Internacionales ha tenido un transcurso similar.
Si en el caso de la geopolítica, podemos hablar de la geopolítica clásica como aproximación
originaria, y aún predominante en el análisis, no es difícil hacer una analogía con el enfoque
realista de las Relaciones Internacionales, y no sólo porque entre ellas comparten la
característica de ser el origen intelectual de la disciplina, sino porque comparten también los
elementos básicos desde los cuales originan su análisis. Las cuestiones de poder, conflicto y
dominación territorial, están en el centro del análisis de estos dos enfoques disciplinarios.
Precisamente, debido a que comparten conceptos muy conectados entre sí, la evolución
disciplinar que se ha adelantado a partir de ellos, tiene ciertas similitudes en su avance, y si
en el caso de la geopolítica, podemos hablar de la geopolítica crítica, en el caso de las
Relaciones Internacionales, podemos hablar también de enfoques críticos, y en particular del
tercer enfoque fundamental de la disciplina: El constructivismo.
5. El Constructivismo
Así como en los estudios geopolíticos, en las Relaciones Internacionales, el constructivismo
surge con la intención fundamental de llenar, lo que en ese momento, algunos académicos
identificaron como los vacíos fundamentales del análisis en la disciplina. Los estudios
básicos del conflicto, el poder, el control territorial o incluso las relaciones de cooperación,
fueron en un momento determinado, considerados incompletos o no relevantes para analizar
las interacciones propias del escenario internacional.
Desde ese punto de vista, nace el enfoque constructivista como una intención teórica, de
analizar elementos diferentes a los elementos materiales tradicionales a los que se remontan
los enfoques clásicos del realismo y el liberalismo en las Relaciones Internacionales. Como lo
plantean en su obra Adler y Haas, el constructivismo nace como respuesta a la necesidad de
una disciplina en la que se analizan los fenómenos, pero se carece del análisis de aquellos
elementos originarios que motivan, desde perspectivas menos materiales, las acciones de los
actores del sistema internacional (Adler & Haas, 1992).
En un sentido más específico, el análisis que se propone desde el enfoque constructivista
tiene que ver con un pensamiento de que, por ejemplo: “Antes de poder realizar elecciones de
cooperación, es necesario evaluar las circunstancias y definir los intereses particulares de los
actores que toman estas elecciones” (Adler & Haas, 1992). En ese sentido, como ya lo
mencionamos, surge el enfoque constructivista, con la intención fundamental de alejarse de
los elementos materiales del análisis de las Relaciones Internacionales, y poner como centro
otro elemento fundamental para las mismas. Si el enfoque realista tenía como concepto
central el conflicto, y el liberalismo la cooperación, el constructivismo propone un nuevo
análisis desde el componente de las ideas.
Desde el punto de vista del enfoque constructivista, la explicación de los fenómenos de las
Relaciones Internacionales, es más valiosa y comprensiva, si se parte desde aquellas ideas
originales, que explican las razones por las que los actores deciden tomar acciones específicas
en sus contextos particulares. Como lo menciona Wendt, lo realmente relevante es la forma
en la que “mediante esta interacción recíproca, se crean y se representan las estructuras
sociales relativamente duraderas con las que definimos nuestras identidades y nuestros
intereses” (Wendt, 1992).
6. Las ideas y la Identidad
En este planteamiento, Alexander Wendt, el principal expositor del enfoque constructivista,
emplea un concepto, que es de particular interés para este trabajo: la identidad. Uno de los
principales postulados del enfoque constructivista, tiene que ver precisamente con la forma
en la que, las construcciones sociales propias del sistema internacional, contribuyen a
moldear y construir la identidad de un actor del sistema internacional, en particular, de los
Estados.
Así entonces, el enfoque constructivista propone la identidad como un elemento central del
análisis internacional, y entiende este concepto como “una característica inherente del actor
basada en las teorías que los actores mantienen colectivamente sobre ellos mismos y cada uno
sobre los demás que constituyen la estructura del mundo social” (Wendt, 1992). En otras
palabras, se entiende la identidad como una característica propia del Estado, que es resultado
1) de la percepción que construye sobre sí mismo, a través de componentes sociales e
históricos, y 2) de la percepción que otros Estados, tienen de él, con base en sus acciones, y el
rol que ocupa en diversas situaciones del sistema internacional.
7. Identidad y el caso colombiano.
Como ya lo hemos mencionado, este concepto es de alta relevancia para el análisis propuesto
en el presente texto. Como se verá en apartes posteriores, este análisis gira en torno a la
forma en la que el elemento fundamental de la política contra las drogas, ha alterado no sólo
la toma de decisiones en política exterior del Estado colombiano, sino también, la
construcción de su identidad misma.
En años anteriores, a través del elemento de la política de drogas, actores externos como
Estados Unidos, o los países vecinos de Ecuador, Venezuela o Brasil, han contribuido a la
construcción de una identidad particular del Estado colombiano. En este sentido, por ejemplo,
a través del discurso de la guerra contra el narcotráfico, Colombia se ha establecido como el
aliado regional de los Estados Unidos en el continente sudamericano, con todos los
componentes identitarios que esto supone.
De la misma manera, la existencia del problema del narcotráfico, ha contribuido a la creación
de la imagen de Colombia como el actor en conflicto de la región, como la nación generadora
de desplazamiento violento, o como el generador de narcotráfico transfronterizo en el
continente. De la misma manera, esa condición de aliado norteamericano anteriormente
mencionada, ha impuesto el elemento de identificación del Estado colombiano como el
vecino diferente de la región.
Como resultado de ello, la aproximación fundamental de este texto, está concentrada de
forma paralela, en la forma en la que a través del mismo elemento de la política mundial
contra las drogas, Colombia puede aventurarse a realizar una reconstrucción de su identidad
nacional, no sólo en materia doméstica, sino de forma aún más predominante, en materia
global, particularmente en escenarios regionales.
Así pues, será interesante entender el concepto de identidad, y la forma en la que Colombia,
desde la iniciativa propia, puede emplear el componente del posconflicto y la política contra
las drogas, para crear una nueva identidad fundamentada en la promoción de una cultura de
paz, pero sobre todo, en la formulación de un nuevo paradigma de acercamiento hacia la
política mundial de drogas. A través de esta nueva formulación identitaria, y en conjunción
con el empleo correcto de los postulados propios de la geopolítica crítica, Colombia cuenta
con herramientas más que útiles para transformar su rol dentro del esquema del sistema
internacional.
III. Contexto Colombiano
En el mundo existen principalmente dos modelos de políticas públicas de drogas utilizados
por los países: el modelo prohibicionista o de enforcement, que considera el porte y el
consumo de drogas como ilegal y cuyo objetivo principal es eliminar el consumo atacando la
oferta de drogas (guerra contra el narcotráfico) y el modelo de reducción del daño, que busca
minimizar el riesgo que causa el consumo de drogas y propende por la legalización
(Hathaway, 2001).
Cada uno de estos modelos o enfoques representa una visión geopolítica propia, por cuanto el
modelo de enforcement obedece a visiones y decisiones tomadas por las élites gobernantes,
mientras que el enfoque de reducción del daño atiende a una visión geopolítica desde abajo,
pues sus orígenes se rastrean en Holanda, cuando las asociaciones de adictos intervinieron en
el diseño de estrategias para evitar daños excesivos en el consumo habitual de drogas
(Segura, 2014).
Desde la declaración de la lucha contra las drogas en los años 70, Colombia se ha
caracterizado por mantener un enfoque prohibicionista, combatiendo a los carteles del
narcotráfico y posteriormente, a los grupos armados ilegales, que han sido los principales
responsables en la producción y el tráfico de estupefacientes desde Colombia hacia el resto
del mundo.
El enfoque prohibicionista adoptado por Colombia obedece en primera instancia al
cumplimiento de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la Convención de
Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998. En segunda instancia, el
prohibicionismo responde a la estrecha relación creada con Estados Unidos a partir de los
años 80.
En un primer momento, la política pública de drogas estuvo dirigida a combatir el cultivo, la
producción y el tráfico de estupefacientes, pues el consumo era escaso dentro del país (1970 –
2000). A partir del año 2008, el Estado debió preocuparse, adicionalmente, por el aumento en
el consumo interno de drogas ilícitas (Reporte de Drogas Colombia, 2016).
Con cada nuevo presidente electo, la política de enforcement se fue agravando, hasta hace
pocos años cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió darle un giro sustancial al
tratamiento del problema mundial de drogas. Por esta razón, es conveniente estudiar grosso
modo las características de la política de drogas en Colombia durante las últimas décadas:
1. Años 60 y 70
La participación de Colombia en el mercado ilegal de drogas inició a finales de los años 60,
luego de que Estados Unidos iniciara programas de fumigación aérea en México y Jamaica
para erradicar cultivos de marihuana, lo que obligó a los traficantes a buscar nuevos
territorios en los cuales cultivar la planta (Thoumi, 2005).
Formalmente, lo que conocemos como “lucha contra las drogas” empezó en 1971, cuando el
ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon afirmó el compromiso de Estados
Unidos de brindar ayuda militar a países productores y exportadores de drogas. Esta lucha
contra las drogas se enfocó en un principio en erradicar el consumo de marihuana, LSD y
heroína, dejando por fuera la cocaína (Gaviria, 2016).
Para la época, el presidente de Colombia era Misael Pastrana Borrero, quien acordó con el
gobierno de los Estados Unidos iniciar la llamada guerra contra las drogas, combatiendo en
un principio a los traficantes colombianos de marihuana.
En el año 1975, la Casa Blanca, en cabeza de Gerald Ford, informó en un documento que la
cocaína como droga no producía consecuencias gravosas como la muerte, coadyuvando a la
percepción de droga inofensiva que para los años 70 caracterizaba a la cocaína en los Estados
Unidos (Gaviria, 2016). Esta aceptación tácita del consumo de cocaína influyó en el aumento
progresivo de consumidores.
Teniendo en cuenta el viraje en el consumo y el surgimiento de cultivos de marihuana
hidropónico, los productores colombianos cambiaron de producto y empezaron a traficar con
cocaína refinada de la base de coca o importada de Bolivia y Perú (Thoumi, 2005). Fue así
como los colombianos empezaron a cultivar y a exportar cocaína hacia el norte del continente
americano, hasta convertirse en los principales exportadores del alcaloide, situación que dio
pie para el aparecimiento de carteles de narcotráfico, como el Cartel de Cali (1975) y el
Cartel de Medellín (1976).
Dado el crecimiento exponencial de los carteles y de su poder delictivo, en 1978 el presidente
Julio César Turbay Ayala inició una intensa guerra contra los traficantes de droga, alineando
su política exterior con los intereses de Estados Unidos e iniciando lo que luego se conocería
como la narcotización de la agenda bilateral e internacional. Turbay Ayala (presionado por
los EE.UU.), se enfocó en la ofensiva contra los cultivos de marihuana en el norte del país y
firmó a finales de 1979, el Tratado de Extradición con el gobierno de Jimmy Carter.
2. Años 80 y 90
En 1982, los comicios presidenciales dieron como ganador a Belisario Betancourt. Durante su
gobierno, la violencia alcanzó niveles insospechados y el narcotráfico consolidó su fuerza
contra el estado. Para contrarrestar la situación, Betancourt planteó en su reforma tributaria la
alternativa de legalizar los dineros del narcotráfico dentro de la economía colombiana.
Adicionalmente, exploró la posibilidad de legalizar las drogas y de permitir a los jefes
narcotraficantes participar en política. Esto último se materializó con el nacimiento del
“Movimiento Latino Nacional” de Carlos Lehder y el de “Civismo en Marcha” de Pablo
Escobar, quien fue representante a la cámara; sin embargo, la mayoría de las propuestas
fracasaron por la oposición que sectores tradicionales, como el liberalismo, hicieron al
gobierno.
Con esta nueva visión para abordar el narcotráfico, Betancourt se distanció en su política
exterior de los intereses Estadounidenses y una expresión de ese distanciamiento fue la
creación del grupo Contadora en 1983, en el cual Colombia retomó las relaciones con sus
vecinos en función de intereses comunes para la región, siendo para Colombia el principal
objetivo la protección de sus fronteras, ya que las guerrillas empezaban a movilizarse y los
recursos del Estado estaban volcados a combatir solo el narcotráfico. En este grupo estaban
Colombia, Panamá, Venezuela y México.
En 1984, luego del fracaso de los diálogos entre narcotraficantes y Gobierno sobre la
extradición y del desmantelamiento del principal complejo cocalero de Pablo Escobar, fue
asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Este homicidio fue el detonante para
que el gobierno ratificara y pusiera en marcha el Tratado de Extradición con Estados Unidos,
sin olvidar que dio pie para la creación del Estatuto Nacional de Estupefacientes (o Ley 30 de
1986), bajo el cual el presidente Betancur retomó duramente la guerra contra el narcotráfico.
Para el año 1987, durante la presidencia de Virgilio Barco, fue capturado Carlos Lehder, uno
de los principales narcotraficantes colombianos, miembro y fundador del Cartel de Medellín,
quien fue extraditado a los Estados Unidos y continúa cumpliendo su condena.
Durante el gobierno de Barco, los carteles siguieron reinando y el escalamiento de la
violencia, ocasionado por los grupos guerrilleros y los escuadrones de la muerte (dirigidos
por los carteles del narcotráfico) continuó, propiciando el asesinato del candidato presidencial
Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, por orden del narcotraficante Pablo Escobar.
Debido a la necesidad de mantener la imagen dentro del vecindario en el ámbito
internacional, Colombia, nuevamente, se alineó con sus pares en la creación del grupo de Río
en 1989.
Ese mismo año, César Gaviria obtuvo la presidencia gracias a sus propuestas para enfrentar el
narcotráfico. En este periodo presidencial, exactamente en 1991, fue promulgada una nueva
constitución en la cual se estableció la prohibición de la extradición. Por su parte, Gaviria
emprendió la tarea de negociar el desarme de las guerrillas de las FARC y el ELN, ubicando
mesas de diálogo en Caracas, Venezuela (1991) y en Tlaxcala, México (1992), extendiendo a
sus vecinos la participación en la resolución del conflicto. Adicionalmente, en 1991 el
entonces presidente concertó con los principales cabecillas de grupos narcotraficantes un
sistema de juzgamiento en el cual pagarían condenas relativamente cortas. Dicha oferta fue
aceptada incluso por Pablo Escobar, quien construyó su propia cárcel.
En vista de las constantes exigencias del gobierno de los Estados Unidos y que los
narcotraficantes seguían obteniendo réditos de su actividad ilícita, el gobierno decidió
trasladar a Pablo Escobar y sus cómplices a una cárcel de máxima seguridad, pero en el
traslado Escobar se dio a la fuga. Por lo anterior, en 1992 fue creado el llamado Bloque de
Búsqueda, con la participación de policías especializados cuya tarea principal era capturar a
Pablo Escobar. Este grupo recibió entrenamiento por parte de las Fuerzas Especiales del
Ejército de los Estados Unidos.
Aunado a lo anterior, el gobierno multiplicó la erradicación de cultivos en las zonas del país
donde sembraban coca y amapola y en 1992 inició las fumigaciones con glifosato, primero
con helicópteros adaptados y luego con aviones Turbo Trush donados por Estados Unidos.
Estas fumigaciones vendrían a ser la razón de múltiples enfrentamientos con vecinos
cercanos ya que Colombia fue uno de los pocos países del mundo donde la fumigación con
glifosato se hizo a gran escala.
Ya para 1993, el Bloque de Búsqueda logró encontrar a Pablo Escobar y el 2 de diciembre del
mismo año, Escobar fue asesinado en un breve intercambio de disparos. Paradójicamente,
durante este periodo de endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico y en años
posteriores, los altos niveles de violencia se mantuvieron y en palabras del mismo ex
presidente Gaviria, los esfuerzos por combatir el narcotráfico solo dejaron muerte y en
general no sirvieron para solucionar el problema de drogas (National Geographic, 2017).
A finales del período presidencial de Gaviria la situación en Colombia empeoraba: los
cultivos ilícitos seguían en aumento (el país ocupaba el primer lugar como productor de
coca), los carteles financiaban grupos paramilitares y empezaban a popularizarse las llamadas
“limpiezas sociales” (Thoumi, 2005).
Y los años siguientes, bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano, no fueron mejores.
Desde el inicio de su gobierno, sus acciones se vieron opacadas por las acusaciones de haber
financiado su campaña con dineros del narcotráfico, que dieron origen al conocido “proceso
8000”.
Dicho proceso inició con el hallazgo de un expediente en la fiscalía de Cali que correspondía
a un allanamiento hecho a las oficinas del contador del Cartel de Cali, Guillermo Pallomari.
Esta investigación permitió la encarcelación de ministros, senadores, representantes a la
cámara, un procurador general y un ex contralor, demostrando las intrincadas relaciones que
existían entre política y narcotráfico (Semana, 1997). A causa de estos sucesos, el país perdió
credibilidad frente a sus vecinos, que le daban la espalda y lo aislaban como el generador de
problemas en la zona porque empezaban a sentir con fuerza los efectos de la agudización del
conflicto interno en las fronteras (desplazamiento, masacres, incursiones militares) así como
el tráfico de armas, drogas y lavado de activos (Ramírez, 2004), especialmente en Venezuela,
Panamá y Ecuador.
Adicionalmente, estos hechos desencadenaron un conflicto público entre el gobierno
colombiano y el gobierno estadounidense, que en 1996 y 1997 “descertificó” a Colombia a
pesar de los ingentes esfuerzos de Samper por satisfacer sus requerimientos (Thoumi, 2005).
Desde la administración Gaviria el deterioro de la relación bilateral era evidente pues
Colombia se había distanciado de la política antinarcóticos estadounidense. Con la llegada de
Samper la relación se quebró por completo, y en Estados Unidos empezaron a hablar de
Colombia con el adjetivo de “narcoestado” (Tickner, 2002) .
A pesar de haber perdido su calidad de interlocutor válido con Estados Unidos, el presidente
Samper aún seguía presionado, por lo cual inició la persecución de los cabecillas del cartel de
Cali y al finalizar su gobierno, la industria ilegal de drogas se había diseminado en un gran
número de grupos ilegales (Thoumi, 2005). Esta fragmentación de los carteles en pequeños
grupos fue una de las principales razones por las cuales inició la expansión de cultivos ilícitos
en el país, llevándolo a ser el primer productor mundial de coca.
Inexplicablemente, todas estas presiones e inconvenientes en la relación bilateral con Estados
Unidos devolvieron al gobierno colombiano a su histórico alineamiento con los intereses
norteamericanos, a pesar de ser públicamente rechazado por ese gobierno (Tickner, 2002). En
este periodo de tiempo, las únicas visitas oficiales que recibió Samper fueron las de los
presidentes de Venezuela y Ecuador.
Con la llegada de Andrés Pastrana al poder en 1998, las relaciones con Estados Unidos se
restablecieron y en junio de ese mismo año el entonces presidente presentó un plan de paz,
argumentando que los cultivos ilícitos eran un problema social que debería corregirse con un
plan de rescate (Tickner, 2002). Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en ese entonces,
se comprometió a brindar ayuda para conseguir la paz en Colombia, a pesar de sus reservas
frente a la creación de la Zona de Despeje (porción de territorio concedido a las FARC
durante las negociaciones de paz).
Debido al lento avance del proceso, las vicisitudes que lo rodearon y el aumento exponencial
de los cultivos de coca (162.000 hectáreas en el año 2000), el gobierno estadounidense
empezó a exigir mayor severidad en el proceso y al mismo tiempo propuso re diseñar el plan
inicial presentado por Pastrana para establecer una estrategia contra el narcotráfico. Así,
Colombia se sometió a las imposiciones estadounidenses y se comprometió a desarrollar el
“Plan Colombia”, con el fin de obtener recursos para la lucha contra el narcotráfico y contra
los grupos guerrilleros. El 19 de diciembre del año 2000 entró en operación dicho plan (El
Tiempo, 2013) y el primer paquete de ayuda recibido por Colombia fue de 1000 millones de
dólares (2000 - 2001), cuyo 80% fue destinado a fortalecer las fuerzas militares (Tickner,
2002).
Luego de tres años de negociaciones, muchas dificultades y reveses, el 20 de febrero de 2002,
Pastrana decidió dar por terminados los diálogos de paz con las FARC y en su nuevo discurso
los etiquetó como grupo terrorista, logrando su inclusión en la lista de grupos terroristas
internacionales y su reconocimiento como amenaza a la seguridad de los Estados Unidos
(Tickner, 2002). Este nuevo discurso permitió dar un tinte internacional al conflicto armado
interno al incluirlo en la agenda global de lucha contra las drogas y el terrorismo,
confirmando el alineamiento con los intereses estadounidenses.
Estas decisiones dentro de Colombia tuvieron fuertes implicaciones para la seguridad de los
países vecinos, dado que la política estadounidense de ayuda se empezó a transformar en una
estrategia de incursión regional, ocasionando la reacción negativa de los gobiernos cercanos,
pues en un inicio varios fueron invitados a hacer parte de las mesas de negociación ubicadas
en Madrid, España, pero luego debieron atestiguar la finalización de las mismas y la
incursión abrupta de Estados Unidos en el vecindario (Ramírez, 2004).
3. Años 2000
Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en mayo de 2002, se intensificaron la lucha
contra el narcotráfico y contra las guerrillas bajo los programas establecidos por el Plan
Colombia y la Política de Seguridad Democrática. En palabras del nuevo presidente, la
guerrillas de las FARC se había convertido en una organización “narcoterrorista” cuyas
capacidades eran suficientes para desestabilizar el continente (Ramírez, 2004).
En 2003, atendiendo los llamados de Estados Unidos sobre el avance de las estructuras
paramilitares, el gobierno de Uribe ideó un plan para el desarme de los grupos paramilitares
reconocidos como Autodefensas Unidas de Colombia o AUC. En noviembre de este mismo
año, las autodefensas ya habían iniciado la entrega de armas.
En términos generales, la política de drogas durante los dos periodos presidenciales de Álvaro
Uribe (2002 – 2006 y 2006 – 2010) estuvo marcada por un prohibicionismo radical, donde se
castigaba toda la cadena de producción, tráfico y consumo de estupefacientes. Esto se tradujo
en un alineamiento perfecto con los intereses estadounidenses, incluyendo el apoyo total a la
invasión de Iraq propuesta por el gobierno Bush en el año 2003 y la aceptación de la
inclusión del conflicto colombiano en la guerra contra el terrorismo por parte de éste último.
Durante su mandato, los recursos obtenidos por medio del Plan Colombia en su primera fase
(2000 – 2006) alcanzaron los 4.800 millones de dólares. Dichos recursos fueron invertidos
principalmente en el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía y en la erradicación
de cultivos ilícitos en el Putumayo, que era el principal productor de coca de la época, con
unas 120 mil hectáreas cultivadas (Departamento Nacional de Planeación, 2016).
El fortalecimiento militar, producto del Plan Colombia, fue un factor desestabilizante dentro
de la región, pues el gobierno de Hugo Chávez veía en él una amenaza a su proyecto político,
conocido como la “revolución bolivariana”.
Adicionalmente, debido a este alineamiento, el presidente Uribe tuvo dificultades para
convencer a sus vecinos de hacer frente a los efectos del conflicto armado interno. Estos
problemas se evidenciaron cuando el gobierno colombiano solicitó a sus pares declarar como
terroristas a los grupos guerrilleros e implementar medidas represivas en su contra (bloqueo
de cuentas, extradición, negación de visas, etc.), pues solo consiguió el apoyo de Panamá y
los países centroamericanos.
El rechazo de estas iniciativas dentro del vecindario se debió a la fuerte injerencia de Estados
Unidos en la región debido al avance de la implementación del Plan Colombia, sin embargo
hubo países que así como Colombia, se beneficiaron con recursos provenientes de Estados
Unidos en virtud de su cercanía territorial, este fue el caso de Perú y Bolivia. Por su parte,
Venezuela y Ecuador seguían viéndose amenazados por la militarización de las fronteras.
En múltiples oportunidades, las relaciones con Ecuador y Venezuela tambalearon y se
quebraron por causa de acciones militares en contra de la insurgencia y el narcotráfico:
● En 2004, el tono de las relaciones Colombia – Venezuela subió por la captura del
guerrillero Rodrigo Granda;
● En 2007 se terminó la participación de Venezuela como mediador en los acuerdos
humanitarios con las FARC,
● También fue el año en que Ecuador denunció ante la OEA las fumigaciones con
glifosato en la frontera.
● El 1 de marzo de 2008 el ejército atacó a las FARC en la frontera entre Colombia y
Ecuador, ocasionando la neutralización de Raúl Reyes;
● La ocurrencia de “la masacre del Táchira”, donde Colombia afirmó que cohetes
antitanque adquiridos por Venezuela estaban siendo utilizados por las FARC, y
● Las acusaciones en julio de 2010 del gobierno colombiano señalando que en
Venezuela se permitía que las guerrillas en su territorio venezolano.
A pesar de los altercados y las dificultades que planteaba el ambiente en la región, Álvaro
Uribe logró consolidar importantes resultados en la lucha contra las drogas y posicionó al
país como un aliado estratégico de Estados Unidos en Suramérica.
4. Actualidad
Luego de fuertes años de lucha y combate dentro del país y en sus fronteras contra grupos
insurgentes y narcotraficantes, llegó a la Casa de Nariño Juan Manuel Santos, quien sería el
actor de cambio dentro de la región, especialmente porque logró limar asperezas con el
gobierno de Venezuela (aunque esto no permaneciera en el tiempo) y el gobierno de Ecuador,
al incluirlos en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y porque sus críticas a las
políticas de enforcement cambiarían drásticamente la posición histórica de Colombia en la
región.
El gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) ha representado un alineamiento crítico
con los intereses de Estados Unidos, pues implementar los acuerdos de paz ha supuesto un
rompimiento con el norte. Durante su administración, Colombia se acercado a sus pares por
medio de la Alianza Pacífico (a la que pertenecen los países que mejor relación tienen con
Estados Unidos), y ha renovado la relación con Cuba, Ecuador y Venezuela gracias a su
inclusión como actores cruciales dentro del proceso de paz. Adicionalmente, Santos ha
planteado un cambio de visión para atender el problema mundial de drogas, señalando que el
consumo no es un crimen sino un problema de salud pública.
Sus críticas han sido presentadas ante la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (2010), la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(2016) y la Organización de Estados Americanos (2012), y aunque no han logrado obtener el
apoyo suficiente como para que Colombia se posicione como un policy maker, son el primer
paso para situar a Colombia como un actor independiente y estratégico en el tratamiento del
problema mundial de drogas. Y así lo ha sostenido Santos, pues las recientes amenazas de
descertificación del gobierno de Donald Trump, no han logrado amedrentar al Gobierno en su
decisión de combatir los cultivos ilícitos de forma menos agresiva.
Este marco general de la historia de la política de drogas y de lucha contra el narcotráfico
permite ilustrar y abrir campo para un estudio más juicioso de las posiciones de los dos
últimos gobiernos (Uribe y Santos) frente al tratamiento que debe dar el Estado al problema
mundial de drogas.
IV. Discursos
Después de ver un contexto histórico, vamos a mirar lo que ha pasado en las últimas dos
décadas. Esto lo vamos a mostrar a través de los discursos, partiendo de la idea de la
Geopolítica crítica, que como se dijo anteriormente, en su vertiente práctica, permite analizar,
por medio del discurso de los tomadores de decisiones del país. Es por esto que vamos a
mirar los discursos del presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De igual manera, vamos a mirar los discursos de las asociaciones o colectivos rurales o
agrarios, ya que, como se mencionó antes, existe una reivindicación de movimientos sociales
e indígenas que luchan por plasmar nuevas realidades desconocidas por el establecimiento de
un Estado-Nación homogéneo, nuevos grupos de presión que disputan el poder político de la
élite, arraigada en el ejercicio de la política.
1. Los presidentes colombianos en la Asamblea General de la ONU.
Viendo los discursos de los presidentes colombianos desde el 2004 hasta el 2017 en la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se puede ver cómo ha
sido el discurso o su posición frente al ámbito internacional en los temas de drogas,
conjuntamente al de narcotráfico, y este como influencia su papel en la región (América
Latina y el Caribe).
El primer segmento que se puede resaltar es del 2004 al 2009, periodo de tiempo en el que
Álvaro Uribe fue presidente y dio los discursos en la ONU. En todos los años mencionó el
tema de la droga y como su gobierno de seguridad democrática estaba en la lucha contra el
narcotráfico. Enfatizando en la relación que tiene la droga con grupos violentos y esto cómo
se relaciona con múltiples problemas sociales. Por esto es que siempre habla de la
eliminación de la droga. Su principal proyecto es el de Familias Guardabosques y durante
cada discurso lo menciona y resalta sus avances y resultados (Uribe Vélez, 2004).
Sin embargo, también en su discurso de la 61 Asamblea de la ONU el 21 de septiembre de
2006 en Nueva York, Estados Unidos, dice: “En la lucha contra las drogas ilícitas, expresó
con angustia que los progresos son pequeños si se comparan con el sacrificio del pueblo
colombiano y la voluntad del Gobierno para erradicarlas” (Uribe Vélez, 2006). Dejando ya
ver que aunque su programa de Guardabosques estaba teniendo resultados no iba conseguir
una total erradicación de los cultivos ilícitos.
En ese mismo discurso hace una llamado a la comunidad internacional frente al tema:
“Pregunto al mundo: ¿por qué no hay un compromiso mayor, menos retórico y más eficaz,
para que Colombia, que tiene absoluta voluntad para lograrlo, supere definitivamente este
flagelo de las drogas ilícitas? Los colombianos no queremos quedarnos en esfuerzos y
sacrificios, requerimos resultados. Estamos dispuestos a revisar nuestra estrategia, a
mejorarla, pero necesitamos que el mundo entero se involucre con nosotros. Pido a Naciones
Unidas esfuerzos adicionales que nos ayuden a encontrar senderos de eficacia” (Uribe Vélez,
2006). Dejando claro que para una política de drogas no se puede trabajar aislado sino que
tiene que ser un trabajo global.
Al año siguiente en la versión 62 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada
el 27 de septiembre de 2007 en Nueva York, EEUU, dice: “Agradezco a las Naciones Unidas
todo el apoyo dado a Colombia, y resalto cuatro áreas: la Agencia Antidrogas ha sido la
garante y supervisora de nuestro programa de Familias Guardabosques para proteger la selva
de la amenaza destructiva del narcotráfico” (Uribe Vélez, 2007). Dejando ver una
colaboración de la comunidad internacional a su proyecto local de Familias Guardabosques.
En el 2008 toda una sección del discurso es sobre las Drogas ilícitas, y dice: “Nosotros
hablamos de responsabilidad compartida para que el mundo ataque por igual la producción, el
tráfico, el consumo, el lavado de activos, los precursores químicos” (UribeVélez, 2008).
Enfatizando de nuevo en una política global para este tema y deja una propuesta como
Nación: “Nuestro Gobierno solicita la sanción al consumo, en nuestro País y en la comunidad
internacional” (Uribe Vélez, 2008). Este es un nuevo aspecto que no había tomado antes y ya
anunciar que desea una sanción al consumo no es solo la idea de la erradicación del cultivo
(que es un tema de producción).
En su último discurso en la 64 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
realizada el 23 de septiembre de 2009 en Nueva York, Estados Unidos, sigue con el mismo
tema y dice: “La vieja división entre países productores y consumidores ha desaparecido.
Colombia empezó como territorio de tráfico, irrumpió en la producción y hoy sufre como
consumidor” (Uribe Vélez, 2009). Reconociendo que hay un problema del consumo en
Colombia y promoviendo una lucha conjunta frente al tema. Esto para de nuevo promover
una sanción al consumidor: “Creemos que en lugar de propugnar la legalización de las drogas
debe reflexionarse sobre la necesidad de ilegalizar el consumo. No hay coherencia entre la
severidad frente a la producción y tráfico y la permisividad con el consumo” (Uribe Vélez,
2009). Dejando claro cuál es la posición del país frente al tema de drogas.
Con esto se puede ver que durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe el tema de
drogas sí estuvo en su agenda internacional, aunque no regional, siempre lo tomo como un
aspecto totalmente global. De igual manera, es clara su posición en la búsqueda de la
erradicación de cultivos, relacionando estos con la violencia y los problemas sociales, y en
los últimos dos años solicitándole a la comunidad internacional pensar en la sanción al
consumo de drogas.
A diferencia de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos en su primer discurso en la 65 Periodo de
Sesiones Ordinarias de Asamblea de la ONU realizada el 24 septiembre de 2010 en Nueva
York, habla de la región, dice: “queremos ser voz de América Latina y el Caribe en el
Consejo de Seguridad, en este momento muy especial para nuestra región. América Latina y
el Caribe, que reúne cerca de 600 millones de habitantes, es nuestra área de interacción
natural. La región incluye países con múltiples visiones políticas o posiciones diversas sobre
muchos temas específicos” (Santos, 2010). Esto ya deja ver un cambio de discurso en donde
quiere ser protagonista de la región.
Sin embargo, su posición o acciones frente a la droga, siguen siendo los mismos: “Hemos
golpeado con contundencia a las mafias que manejan este negocio, incluyendo los grupos
guerrilleros que se han convertido en verdaderos carteles de la droga. Seguiremos
combatiéndolos sin tregua y sin pausa. No ahorraremos esfuerzo alguno” (Santos, 2010). Y
vuelve hablar del tema del consumo: “Vemos con preocupación la contradicción de algunos
países que, por un lado, exigen una lucha frontal contra el narcotráfico y, por otro, legalizan
el consumo o estudian la posibilidad de legalizar la producción y el comercio de ciertas
drogas” (Santos, 2010). Y señala que es importante una política global: “concertemos y
revisemos la estrategia mundial contra las drogas ilícitas, para acordar una política global
única, más efectiva y en la que todos los países contribuyamos por igual a este esfuerzo”
(Santos, 2010).
Pero a diferencia del discurso del presidente pasado, Santos relaciona este tema con los otros
países de la región: “Nos preocupa y nos duele que nuestro relativo éxito ha significado que
otros países de la región estén sufriendo la presencia y operación creciente del narcotráfico en
sus territorios” (Santos, 2010). Viendo como este problema de las drogas se ve relaciona
directamente con sus vecinos de la región.
En el discurso del 2011 de igual manera habla de la región y empieza hablar del tema de la
paz: “En América Latina aprendimos que los gobiernos y los Estados pueden tener
concepciones políticas divergentes, a veces opuestas, pero esto no significa que no puedan
convivir y cooperar en paz. También hemos hecho importantes contribuciones en la búsqueda
del diálogo, la negociación y la mediación en nuestra región” (Santos, 2011). Y frente al tema
de drogas, ya no habla tanto y solo dice: “Hemos tenido grandes éxitos pero subsisten
importantes desafíos” (Santos, 2011). Dejando ver un cambio en su discurso y no siendo tan
radical como en su primer año.
En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 67° Periodo
de Sesiones Ordinarias Naciones Unidas, realizada el 26 septiembre del 2012, hay el cambio
radical de la posición de Colombia frente al tema de las drogas. “Los gobiernos de América
acordamos emprender un análisis y una discusión sobre el balance, la efectividad y las
perspectivas de la llamada 'Guerra contra las Drogas', y sobre las posibles alternativas a ella
[…] En esta dirección, dimos un mandato a la OEA para que, en su seno, inicie este análisis y
esta discusión, invitando a otras entidades, la primera de las cuales, por supuesto, debe ser
Naciones Unidas” (Santos, 2012). Dejan ya ver que la Guerra contra las drogas no ha sido
efectiva y además lo hace con un movimiento regional.
En el discurso del año siguiente, 2013, lo que decía entre líneas ya lo dice claramente: “Hace
52 años, aquí, en este mismo recinto, se aprobó la Convención que dio acta de nacimiento a la
guerra contra las drogas. Hoy tenemos que reconocer que esa guerra no se ha ganado”
(Santos, 2013). Dejando claro que la política global de guerra contra las drogas fracaso y se
debe cambiar. Esto lo sigue diciendo en medio de un discurso regional: “Los diversos
gobiernos los estamos evaluando y deben servir de insumos para la discusión en todas las
universidades y centros de pensamiento, y en diferentes escenarios, no sólo de América sino
del mundo entero, porque este es un problema global que requiere una solución global. Por
eso –porque es un problema global– esperamos que sus conclusiones se debatan también en
el seno de este organismo, de las Naciones Unidas, que ya ha convocado una Sesión Especial
sobre las Drogas para el año 2016” (Santos, 2013). Dejando un posición regional, en la que
Colombia quiere ser protagonista y en al que ya logran que haya una sesión global frente al
tema y en al que pueden presentar su posición conjunta.
Durante los discursos del 2014, 2015 y 2016 la posición se sigue manteniendo rectificando su
posición hemisférica, como lo dejó ver en el discurso del 2014: “La semana pasada en la
Asamblea extraordinaria de la OEA en Guatemala, logramos varios consensos sobre la
posición hemisférica y adoptamos una resolución que muestra que podemos avanzar juntos
en este tema” (Santos, 2014). Dejando claro el trabajo conjunto en espera de la Sesión
Especial sobre las Drogas del año 2016.
Además relaciona al tema de la drogas con su proyecto de paz reflejado en los diálogos con
las FARC en donde dice: “Sabemos que el narcotráfico ha sido un combustible de la guerra
en Colombia y en el mundo. Gracias al acuerdo, las FARC se comprometen a romper
cualquier vínculo con esta actividad, y a cooperar, con acciones concretas, para combatir este
fenómeno. Esto tiene un enorme simbolismo: quienes alguna vez protegieron los cultivos
ilícitos de coca, pasarán a convertirse en aliados del Estado para su erradicación” (Santos,
2014).
En las palabras del Presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el 72° período de sesiones ordinaria en el 2017, se cierra ese periodo de transición
de los últimos años y se presenta la nueva postura de Colombia frente al problema mundial de
las drogas.
Primero recuerda que la guerra contra las drogas se perdió: “He dicho muchas veces que la
guerra contra las drogas no se ha ganado ni se está ganando; que requerimos de nuevos
enfoques y nuevas estrategias” (Santos, 2017). Menciona que la Sesión Especial de la
Asamblea General dedicada a las Drogas “que se reunió el año pasado por iniciativa de
Colombia– hubo avances, como el llamado a los Estados a proteger los derechos humanos en
sus políticas de drogas” (Santos, 2017). Dejando claro su papel protagónico en esta nueva
discusión.
Menciona que se busca “consensos en asuntos centrales como el de no criminalizar a los
adictos, y entender el consumo de drogas como un asunto de salud pública y no de política
criminal” (Santos, 2017). Dejando claro el cambio de posición frente a lo que decía Álvaro
Uribe y el mismo Santos en sus primeros años, ya no se piensa por ningún motivo sancionar
al consumidor. Y dice: “Es hora de aceptar –con realismo– que mientras haya consumo habrá
oferta, y que el consumo no se va a acabar” (Santos, 2017). Como preámbulo para proponer:
“Es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar caminos
para quitarles oxígeno a las mafias, y de afrontar el consumo con más recursos para la
prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido social” (Santos, 2017).
Es así cómo dice que además de los trabajos de erradicación voluntaria en la que sigue
trabajando Colombia, que considerando el problema de drogas un problema de seguridad
nacional, es necesario buscar nuevos escenarios. “tenemos que avanzar en esta lucha con una
mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, ¡más innovadores!” (Santos, 2017).
Con esto se ve como para Colombia el tema de drogas se mantiene en su agenda internacional
y que desde la presidencia de Juan Manuel Santos, y especialmente desde el 2012, lo aborda
ahora desde un enfoque regional, buscando ser protagonista y tener una posición hemisférica.
2. Organizaciones sociales rurales
2.1 Corporación Grupo Semilla:
Es una organización no gubernamental ambientalista y rural, conformada desde 1994 que
apoya a organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas de Colombia, en acciones
que buscan las protección y control local de los territorios, los recursos naturales, la
biodiversidad, los sistema productivos sostenibles, la soberanía y la autonomía alimentaria e
las poblaciones y comunidades rurales. (Semila, 2017)
Para esta organización, el reto de transformación de los territorios para el buen vivir de las
familias campesinas se ve obstaculizado por la falta de celeridad en la implementación del
punto uno sobre Reforma Rural Integral con el que se dinamiza la efectiva transición de la
siembra de cultivos de uso ilícito a la siembra de alimentos, junto a la producción colectiva
de nuevos proyectos sustentables para pervivir en el territorio. “La transformación de estas
condiciones no son de un día para otro y no se materializan con la firma del acuerdo, se
necesitan décadas para la transformación del campo colombiano y una voluntad política
inquebrantable y decidida para transformarlo, que vaya más allá de los intereses electorales o
extranjeros, que propendan por una articulación eficiente y eficaz de los componentes de
seguridad y desarrollo necesarios” (Semilla, 2017).
También señalan que es importante trabajar en las sanciones que están establecidas en el
actual código penal, ya que establece penas muy grandes y costosa y que los campesinos en
cierta condición de vulnerabilidad no pueden pagar. Lo importante para ellos es no
“estigmatizar la labor del campesino cultivador de hoja de coca mientras los eslabones más
fuertes de la cadena se siguen lucrando de su desgracia, es una muestra de la guerra simbólica
y económica en contra de este potente sujeto transformador” (Semilla, 2017). Solicitan que se
le den garantías necesarias para su subsistencia, esto implica un efectivo y eficaz
funcionamiento coordinado de las instituciones encargadas de dinamizar la implementación
del punto uno de Reforma Rural Integral.
2.2Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- COCCAM
Esta organización fue creada en enero del 2017 y está conformado por campesinos, indígenas
y afrodescendientes cultivadores de plantas de coca de todo el país. El principal objetivo de
esta organización es promover la implementación del punto 4 de La Habana (Solución al
problema de las drogas ilícitas) y “aportar a la construcción de la paz con justicia social en
todo el territorio nacional, situación que beneficiará a miles de familias que obtienen sustento
de los cultivos y que como resultado de la transformación estructural del territorio se
conquistará la sustitución voluntaria, integral y concertada de los cultivos tal como quedó
acordado en La Habana” (COCCAM, 2017).
La COCCAM propende por la sustitución integral, voluntaria y concertada, la defensa de los
usos rituales, ancestrales, medicinales e industriales de la coca, la industria alternativa de la
marihuana y la amapola, así como el tratamiento de salud pública a la adicción y al consumo
de las drogas. Por lo que ellos piden “acabar con la estigmatización, persecución,
señalamiento y encarcelamiento que padecen miles de campesinos cultivadores” (COCCAM,
2017). Esperan que se cumpla con el diseño de una nueva política con una nueva visión que
deje de considerar a los cultivos como causa del narcotráfico y a los cultivadores como
criminales, ante lo cual el Gobierno colombiano garantizará la adopción de las medidas
necesarias que permitan superar el abandono estatal y generar los planes de desarrollo
integral que las regiones necesitan para su transformación integral.
2.3 Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA
Es una plataforma de organizaciones campesinas y del sector agropecuario y popular, que se
consolidó para presentar ante el Gobierno Nacional un pliego de peticiones que recopila sus
demandas para resolver sus conflictos sociales, económicos y políticos. Se gestó en el marco
del Paro Nacional Agrario y Popular de agosto de 2013, cuando las organizaciones
propusieron la conformación de la Mesa como la instancia para iniciar el diálogo, revisar las
peticiones y llegar a acuerdos. La MIA-Nacional está conformada por representantes de 25
departamentos y de organizaciones que representan intereses de los campesinos más pobres
(LATINNO, 2017).
Su posición actual es en apoyo a los acuerdos de paz con las FARC, sin embargo señalan que
hay un incumplimiento por parte del Gobierno, no solo en la implementación del Programa
Nacional de Sustitución de Cultivos, sino del acuerdo en general. De igual manera señalan les
han incumplido en los acuerdos que se dieron en el 2013, cuando se creó La Mesa.
V. Nuevas tendencias de la política de drogas:
Luego de ver lo que han demostrado los líderes colombianos y lo que piensan las
organizaciones sociales, se dará una perspectiva de las nuevas tendencias en materia de
política de drogas en el país. Como afirma Francisco Thoumy (2009), el fenómeno de la
droga tiene 3 dimensiones: los cultivos de uso ilícito, la producción y distribución (conocido
también como narcotráfico) y el consumo. El nuevo direccionamiento que está tomando
Colombia frente a las drogas, plasmado en el Acuerdo de Paz, está estructurado en estos 3
frentes. En primer lugar, el acuerdo de paz propone la sustitución de cultivos como ruta de
acción frente a los cultivos de uso ilícito. Desde esta perspectiva, se entiende que el
campesino es el eslabón más vulnerable de la cadena de drogas y que, por lo tanto, para
acabar con los cultivos ilícitos, es necesario darles oportunidades a los campesinos. Como
afirma Ortiz, “los campesinos, colonos e indígenas que tienen cultivos ilícitos al interior de
sus sistemas de producción, lo hacen como resultado de una decisión económica racional, la
cual genera una valoración y una significación propia sobre la coca o la amapola, como
fuente de ingresos segura y estable para la subsistencia de la familia campesina. Esta decisión
se ve reforzada por un contexto de vulnerabilidad de la población, su marginalidad y
pobreza” (Ortiz, 2000: 15). Así, el nuevo enfoque frente a los cultivos de uso ilícito entiende
que la decisión de sembrar cultivos ilícitos por parte de los campesinos se da porque para
estos no es económicamente viable ninguna otra actividad.
Así, la propuesta colombiana frente a los cultivos de uso ilícito es la sustitución voluntaria de
cultivos. Esto implica un cambio estructural del campo colombiano, basado en una fuerte
inversión estatal. En efecto, esta propuesta de sustitución voluntaria de cultivos está
enmarcada en el plan de desarrollo agrario que hace parte del proceso de paz. La forma como
se lleva a cabo esta transición de cultivos de uso ilícito a otras actividades económicas es por
medio de un pacto. Este pacto se realiza entre los campesinos y el gobierno. Por un lado, los
campesinos se comprometen a la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. Más allá de
esto, también se comprometen a la no resiembra y a la no participación en ningún otro
eslabón del narcotráfico. A cambio, el gobierno se compromete a, una vez cumplida la
erradicación voluntaria, implementar un plan de atención inmediata. Con este plan, el
gobierno invertirá en vías, comercialización, asistencia técnica, entre otras cosas. El objetivo
de este pacto es, por un lado, erradicar los cultivos existentes e integrar las zonas del campo
colombiano que han estado excluidas de las dinámicas económicas.
Con este nuevo enfoque, se deja de criminalizar a los campesinos por su actividad de cultivo
de uso ilícito. Los cultivos dejan de ser un problema de seguridad y pasan a ser un problema
de desarrollo rural. Se entiende que la gran acogida que han tenido los cultivos de uso ilícito
por parte de los campesinos se da como consecuencia de la marginalidad de una gran parte
del campo colombiano. Como afirma Ortiz, “Surge de allí uno de los principales factores que
generan la aparición de los cultivos ilícitos, la marginalidad de las sociedades rurales que les
impide acceder en condiciones de equidad a la prestación de servicios sociales y a los
factores de producción” (Ortiz, 2000: 17). Para acabar con los cultivos ilícitos, hay que
acabar con la marginalidad social de una gran parte del campo colombiano.
El segundo aspecto del fenómeno de las drogas a tratar es el consumo de drogas ilícitas. En
este sentido, el nuevo enfoque que está siendo adoptado en el país entiende que Colombia ya
no es únicamente productora de drogas ilícitas, sino que también tiene un problema creciente
de consumo de drogas. Sin duda, el fenómeno del consumo de drogas al interior del país no
es algo nuevo. Sin embargo, ha venido creciendo y es cada vez más visible. Hasta hace muy
pocos años, este fenómeno se venía atacando como un problema de seguridad y el consumo
era altamente criminalizado. No obstante, la nueva tendencia que está adoptando el país es de
prevención al consumo de drogas ilícitas; ya no atacar penalmente el consumo de las mismas.
Bajo esta nueva perspectiva, se crea el programa presidencia frente al consumo de drogas. El
objetivo de este programa es fortalecer la capacidad del Estado para atender y prevenir el
consumo de drogas. El objetivo es descriminalizar el consumo de drogas y ofrecer toda la
ayuda posible al consumidor. Este enfoque entiende que la adicción es una enfermedad, como
la afirma la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, las políticas frente al consumo de
drogas son políticas de salud pública y no de seguridad, como se habían venido planteando.
De esta manera, se crea un sistema de atención al consumidor de drogas ilícitas. Del mismo
modo, el programa presidencial frente al consumo de drogas fortalece la capacidad del Estado
para impulsar campañas de prevención de consumo. Este es un enfoque de salud pública y de
derechos humanos. El gran reto que existe en este frente es la falta de acompañamiento de la
rama legislativa es estas nuevas formas de entender el consumo de drogas.
Por último, el narcotráfico es el único aspecto del fenómeno de las drogas que es
criminalizado. La producción y comercialización de las drogas, desde el nuevo enfoque con
el que se le está enfrentando en el país, se entiende que es una manifestación territorial del
crimen organizado. La realidad del narcotráfico en el país es que ya no existen grandes
carteles como el de Medellín o el de Cali. Por el contrario, el narcotráfico actual está muy
vinculado al territorio y es manejado por bandas organizadas. Así, el enfoque actual, en
primer lugar, busca diferenciar al cultivador frente a los grupos armados y al crimen
organizado. En el acuerdo de paz se refleja que estos grupos asedian a las comunidades y a
los campesinos y, por lo tanto, es vital diferenciarlos. La lucha contra el narcotráfico se lleva
a cabo en tres frentes: la lucha contra el lavado de activos, la lucha contra la corrupción y el
narcotráfico y el control de insumos y precursores químicos.
El primer frente busca controlar los ingresos del narcotráfico y evitar que este dinero ingrese
a la dinámica económica nacional. De esta manera, se controlan los ingresos de estos grupos
criminales y se reduce su capacidad de accionar. El segundo frente entiende que el dinero del
narcotráfico ha permeado en muchas capas de la sociedad, entre ellas en muchas entidades
estatales. Finalmente, el tercer punto busca controlar los insumos del narcotráfico. La
producción de drogas requiere de una serie de precursores químicos. En la medida en que se
evite que estos insumos lleguen a las manos de las bandas criminales, se reduce de forma
importante las actividades del narcotráfico. Sin duda, frente al narcotráfico existe todavía una
retórica guerrerista por parte del Estado.
VI. Posibles escenarios y retos del futuro:
Como se ha evidenciado en apartes anteriores de este texto, la República de Colombia ha
tomado un giro frente a la política de drogas en los últimos años. No sólo ha pasado de
prescindir en materia general de recursos materiales provenientes de un otrora aliado
impositivo, sino ha pasado también a alterar de forma radical su discurso, promoviendo
valores diferentes de lo expresado en el pasado, y distanciándose, por lo menos en primera
instancia de los designios dictados por los Estados Unidos de América.
Esta transición, responde a un perceptible cambio en la forma de entender, por un lado, la
territorialidad nacional, con particularidades hasta ahora ignoradas, y con características
únicas que permiten un análisis alternativo de sus condiciones, y por otro lado, la posición de
la nación colombiana de puertas para afuera, particularmente en la región. Al parecer, el
Estado colombiano ha descubierto la forma de aprovechar y promover una serie de
condiciones que le permiten repensar su posición regional.
En particular, a través de un elemento clave, como la política de drogas, se ha presentado un
nuevo panorama para Colombia, de puertas para adentro y para afuera. La transición por la
cual pasa actualmente, lo pone enfrente, como es natural, de una serie de escenarios que
incluyen posibles beneficios y retos que pueden re-moldear la nación colombiana.
Desde un punto de vista interno, un nuevo posible escenario, puede plantear una serie de
soluciones a diferentes problemas socioeconómicos propios de la actualidad nacional en
Colombia. Si se quiere empezar por lo más obvio y general, un posible escenario de
descriminalización de la droga traería consigo una distensión de los esfuerzos logístico-
militares, orientados a detener su producción o destruir los cultivos. Tan sólo entre los años
de 1995 y 2010, el Estado colombiano destinó más de 20 billones de pesos (Departamento
Nacional de Planeación, 2010), a combatir el problema de las drogas. Sin aventurarse a hacer
análisis más profundos, la flexibilización de la persecución a las drogas, le significaría a la
nación un patrimonio disponible de entre 1.5 y 2 billones de dólares al año (Departamento
Nacional de Planeación, 2010).
Tal como lo muestran casos precursores de este tipo de cambio de discurso, como la
legalización de la marihuana para usos recreativos en el Estado de Colorado en E.E.U.U., o la
despenalización del consumo de drogas fuertes en Portugal, la relajación de las medidas en
contra del consumo y la producción de drogas a nivel local, pueden producir eventualmente
una reactivación de la economía a través de la regularización de un mercado ya existente
(Blake & Finlaw, 2014), o pueden, a una escala mayor, aligerar las cargas presupuestales
destinadas a las autoridades coercitivas, y facilitar la existencia de un presupuesto más
robusto para políticas de salud pública, que a su vez han demostrado ser más efectivas que la
lucha contra las drogas (Drug Policy Alliance, 2015). Lo anterior, generaría unas ventajas
económicas, que con iteraciones anuales, produciría balances altamente positivos en el largo
plazo.
Por otro lado, también desde un punto de vista interno, si la aplicación de un discurso mucho
más laxo frente al problema de las drogas se hace efectiva en el corto plazo, y si se consolida
de la mano de una nueva interpretación de la territorialidad nacional, la despenalización de la
producción de elementos fabricados a base de coca, podría desestigmatizar y resignificar a
poblaciones indígenas o afrodescendientes, a través de la normalización de sus modos
económicos ancestrales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la normalización del uso de la
hoja de coca y sus productos derivados, modificó de forma considerable el modo de vida de
los pobladores indígenas del país (Russo, 2015). Esta decisión de política pública no sólo
rompió tabúes regionales, sino que dignificó a una considerable población boliviana, a través
del respeto a sus tradiciones ancestrales.
De forma complementaria, un nuevo discurso que no esté concentrado en la mantención de la
tradicional política anti-drogas, haría innecesaria la imposición de un programa de
erradicación de cultivos a gran escala. Se estima que para el año de 2016, Colombia había
alcanzado un máximo histórico de 146.000 hectáreas cultivadas con productos ilícitos (Ver
Gráfico 1) (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2016). La
descriminalización del cultivo de la coca y otras plantas con capacidades psicoactivas,
significaría una reducción en el gasto destinado a la erradicación, y por ende, una menor
afección a la productividad de las zonas rurales en cuestión. En materia de proyecciones
futuras, el cambio de aproximación a la política de drogas, podría suponer la aparición de un
nuevo mercado alternativo, y a través de su éxito, la revitalización de las zonas rurales en
Colombia.
Gráfico 1. Número de hectáreas sembradas con coca, por año. Tomado de: Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito. (2017). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos.
De la misma manera, y como fenómeno complementario de las afirmaciones presentadas
anteriormente, el cambio de discurso desde el mismo gobierno nacional, produciría cambios
significativos, orientados también a sus relaciones por fuera de las fronteras nacionales. Por
ejemplo, es de conocimiento común, que los principales motivos de las crisis diplomáticas de
Colombia durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez estuvieron ligados al problema del
narcotráfico, y su incontrolable carácter de fenómeno transfronterizo. El cruce de fronteras
por partes de grupos armados ilegales, las operaciones del ejército colombiano en territorio
extranjero, y la afección de zonas fronterizas a través de la erradicación de cultivos con
glifosato (Pastrana & Gehring, 2017), empujaron a las relaciones internacionales de
Colombia con los países de la región a uno de sus puntos más álgidos de la historia reciente.
Por otro lado, si bien la puja discursiva entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez se mantuvo como
ello, un pleno encuentro discursivo, el tema de las drogas si tuvo un impacto serio en las
relaciones de Colombia con sus otros vecinos inmediatos. Tanto el Brasil de Lula Da Silva,
como (en mayor medida) el Ecuador de Rafael Correa, encontraron serios riesgos para sus
integridades territoriales en el actuar de Colombia en estos años. La Operación Fénix para dar
de baja a alias Raúl Reyes en Ecuador, y de manera extensiva, el narcotráfico transfronterizo
desde Colombia hacia los países de la región, hizo que la región le diera la espalda al país que
en el momento, se erigió como el vecino incómodo de la zona norte del continente.
En este sentido, una alteración del discurso tradicional contra las drogas, podría ser visto pues
con beneplácito por los países vecinos y no vecinos de la región, no sólo por significar una
cierta separación de la agenda geopolítica de E.E.U.U. con su figura desfavorable en la
región, sino a su vez, una menor necesidad e interés del gobierno colombiano por robustecer
y activar sus capacidades militares en zonas de frontera. En general, el cambio de discurso de
la política de drogas, traería efectos indudables en cuanto a la creación de una confianza
mutua entre Colombia, y sus países con mayor cercanía geográfica (Tokatlian, 2010). Sin
duda, sería un primer paso hacia la renovación de la imagen regional de Colombia.
En la actualidad, se han tomado algunos primeros pasos en este camino, Colombia ha
parecido reforzar de forma práctica, los elementos discursivos que ha impuesto durante los
últimos años. En primera medida, Colombia ha reducido, de forma efectiva, el uso de
glifosato como medio de control de los cultivos de coca en todas las zonas del país (El
Espectador, 2015). Como lo hemos visto en apartes anteriores de este texto, estas prácticas se
han transformado recientemente, y se han transformado en políticas de erradicación
voluntaria, propias del escenario nacional de postconflicto.
Como era lógico, esta decisión doméstica tomada por Colombia, le ha traído un panorama
completamente nuevo de aproximación frente a los países vecinos. Tomando como inicio el
ejemplo de Ecuador, el decrecimiento en el uso del glifosato, sobre todo en zonas fronterizas,
ha permitido una revitalización de las relaciones bilaterales, y consigo han traído una
modificación de los intercambios discursivos de los dos países en años recientes. Más allá de
ello, desde el cambio de la política exterior colombiana, las acciones en cooperación bilateral
también han visto una reactivación, y como ejemplos puntuales, se pueden mencionar
acciones cívicas conjuntas de salud en zonas fronterizas, y cooperación bilateral en tragedias
naturales como el terremoto de Ecuador, o las olas invernales en Colombia (Pastrana &
Gehring, 2017).
Los escenarios que hacen referencia al mejoramiento de la imagen colombiana en la región
siguen iterándose. En términos del apoyo al proceso de paz, la región, ha presentado un
apoyo unánime hacia el avance de los diálogos de paz, no sólo con la guerrilla de las FARC,
sino también con la guerrilla del ELN, con la que las charlas avanzan a un paso lento pero
constante. Este apoyo generalizado, no sólo demuestra una relajación relativa de la región
frente al problema de la violencia (y el consecuente apoyo norteamericano que este
representa), sino también una intención regional por mantener al continente libre de
escenarios de conflicto (Pastrana & Gehring, 2017).
Es precisamente a través de la conjunción de estos elementos, que Colombia debe tomar
ventaja de su renovada imagen a nivel no sólo regional sino también mundial, y a partir de
ella, plantear su nuevo rol en escenarios multilaterales, sobretodo en la región. Para lo
anterior, el vehículo de la política de drogas, se erige como un escenario más que ideal, desde
el cual Colombia puede repensar la proyección de su identidad nacional, y como resultado,
modificar los roles existentes dentro de estos esquemas regionales.
Con el desenvolvimiento de los eventos en la actualidad, ya hemos podido empezar a
evidenciar esa transformación de la identidad a la que hacemos referencia. Desde la firma de
los acuerdos en Cartagena, y la entrega del Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos en
Oslo, hemos sido testigos de la forma en la que el discurso propio colombiano, pero
sobretodo el de los países extranjeros hacia Colombia, ha cambiado de forma diametral
(Gaviria, y otros, 2015). Durante los últimos años, Colombia ha dejado de ser la referencia
del conflicto en América Latina, y se ha erigido, más bien, como un faro de esperanza en la
lucha contra la violencia que se intensifica en otras partes del mundo (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2016). Como si estuviera encajándose en las
definiciones teóricas de identidad de Wendt, Colombia ha iniciado un cambio de su
percepción propia, y un esfuerzo por cambiar las percepciones externas que se tiene hacia él,
transformando sus condiciones.
De la misma manera, la nueva condición del posconflicto, pero sobretodo los elementos
discursivos que hemos visto, orientados al cambio de la aproximación frente al problema de
las drogas, dejan ver un probable distanciamiento en términos prácticos de la alianza al norte
con los Estados Unidos.
La controversia por la posible descertificación de Colombia por parte de la administración
Trump, los discursos de Juan Manuel Santos en pro del cambio en la política mundial de
drogas, y escenarios secundarios como la cumbre entre Santos y el Vicepresidente Mike
Pence (Semana, 2017) donde los desacuerdos no faltaron, demuestran de cierta manera, un
intento de Colombia por alejarse de esa figura tradicional del policy-taker, y de paso, a través
de estos nuevos discursos, convertirse en un nuevo líder discursivo de la región, promoviendo
el derecho de los países latinoamericanos a decidir sus destinos de forma autónoma.
De forma aún más relevante, podemos ver cómo estas aproximaciones discursivas, no son
otra cosa que una transformación general de la visión colombiana frente a los problemas
nacionales. El esfuerzo por promover la transformación de la política de drogas, se une a
otros esfuerzos orientados a reformar la democracia nacional, y a la intención de
internacionalizar las buenas prácticas de los diálogos de paz a otras latitudes. La conjunción
de estos elementos, demuestran la plena convicción de la nación colombiana de orientar sus
esfuerzos hacia transformar su imagen nacional, regional e internacional.
Sin duda alguna, el gran acierto de Colombia, es que dentro de estos últimos tiempos, ha
decidido adoptar sus debilidades como el punto desde el cual proyectar su transformación
identitaria. Es difícil imaginar otro país dentro del continente sudamericano que pueda
exponer con plena autoridad, el flagelo que ha supuesto la tradicional lucha contra las drogas.
El final de la década de los 80, y el principio de los 90s, le ha dado a Colombia suficiente
material histórico para contarle al mundo el por qué es necesaria la transformación de las
ideas globales frente a este problema. Y así mismo, de forma paralela, Colombia ha asumido
su conflicto interno, más que como una debilidad, como una oportunidad, de transformar sus
condiciones, y a través de estos esfuerzos, poner su nombre en los reflectores de la atención
internacional, publicitando sus logros, y generando un interés renovado por pensar en
Colombia.
Precisamente, a través de estos aciertos, Colombia debe asumir un rol mucho más
protagónico en la prescripción de los asuntos que deben ocupar la agenda mundial. Como lo
mencionamos, con el ejemplo de la política de drogas, Colombia es el actor regional que ha
estado quizá, más vinculado a los desaciertos de la política de drogas (Tokatlian, 2010), y es
por eso, que debe entenderse a sí mismo, como el responsable de diagnosticar los errores de
las aproximaciones internacionales, y de forma complementaria, proponer desde su
experiencia propia, alternativas al problema de las drogas, que desde la plataforma de la
nueva identidad nacional, allanen su camino en escenarios internacionales.
Desde este punto de vista, Colombia debe tomar el mayor provecho posible de una ventaja
con la que puede jugar, y es la previa incursión de otros países, en el intento por cambiar las
agendas domésticas e internacionales en pro de la transformación de la política de drogas.
Uruguay y Bolivia, dos actores incipientes de la región, han dado primeros pasos hacia esta
transformación, por lo que Colombia podría eventualmente producir propuestas más
concretas orientadas al cambio de paradigma en cuanto al fenómeno de las drogas, y
haciendo uso de esa misma condición de autoridad histórica en la materia, erigirse como un
líder de la región en pro del discurso reformista.
Adicionalmente, como mencionamos con anterioridad, esta acción, que de cierta manera
podría entenderse como un desafío a las medidas tradicionales promovidas por el aliado
tradicional, los Estados Unidos, podrían tener un impacto positivo en la imagen de Colombia
en la región, y sin duda, abriría un poco más la receptividad hacia Colombia en escenarios
multilaterales de la región como la OEA, UNASUR o la CELAC (Pastrana & Gehring,
2017). La forma en la que Colombia emplee sus nuevos discursos de des-securitización de la
agenda regional, y de transformación de la política de drogas, pueden catapultarlo desde estos
escenarios, hacia un liderazgo discursivo, y una nueva forma de pensar en las alianzas de la
región.
Teniendo en mente la unión de todos los factores previamente mencionados, es casi que una
responsabilidad de Colombia, el atreverse a mirar el escenario regional con una perspectiva
revisionista, y tomar ventaja de sus recientes transformaciones identitarias, para redefinir no
sólo su imagen doméstica, sino sobre todo su rol en la región sudamericana. La coyuntura
complicada que atraviesan las naciones que otrora fueron entendidas como faros de la política
regional (Brasil, Venezuela o incluso Argentina) son un factor clave, del cual Colombia debe
sacar el mayor provecho posible, para erigirse como un líder alternativo de la región, a través
de la promoción de las ideas de transformación y des-tradicionalización de los temas y las
aproximaciones presente en la agenda regional.
VII. Conclusiones:
A modo de conclusión, hasta el año 2012, la política de drogas colombiana ha estado
enfocada a continuar la Guerra total contra las drogas, que ha venido siendo impulsada por
Estados Unidos desde la Convención Única de Estupefacientes, en 1961. En otras palabras,
Colombia ha sido un policy taker de las políticas de drogas impulsadas por Estados Unidos.
Esto ha hecho que el país sea percibido por los países vecinos como un aliado de Estados
Unidos y una posible amenaza para los intereses de la región. Esta política de drogas ha
tenido en consideración únicamente los intereses de una élite política. Sin embargo, a partir
del año 2012 y a medida que ha avanzado el proceso de paz con las FARC, Colombia ha
venido creando una imagen diferente. Esto se ve evidenciado en los discursos del presidente
Santos que, a partir de 2012 y gradualmente, ha apelado a la cooperación regional y, con
respecto a las drogas, ha adoptado un vocabulario más progresista. Esta progresión ha llegado
a su cúspide en el último discurso de Naciones Unidas, dónde ha reconocido la falta de
resultados de las políticas tradicionales de drogas y ha llamado a adoptar nuevos enfoques.
En los acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC se ve plasmado el
nuevo enfoque que Colombia busca emplear frente a las drogas. Sin duda, en este nuevo
enfoque se tienen en cuenta los intereses de actores que no eran tenidos en cuenta con el
enfoque anterior. Así, por ejemplo, se tiene en cuenta los intereses y la perspectiva de los
campesinos colombianos, que ya no son criminalizados, sino que son entendidos como el
eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Del mismo modo, se descriminaliza el
consumo de drogas y se adopta una enfoque dirigido a los consumidores de drogas y a los
consumidores en potencia. La mejor forma de entender este cambio de enfoque es desde la
geopolítica crítica. Del mismo modo, desde los postulados de la política exterior y del
constructivismo, se pueden plantear una serie de recomendaciones para que Colombia utilice
esta etapa de transición en la que se encuentra para posicionarse como líder y referentes en
temas de drogas.
VIII . Recomendaciones:
1. Colombia debería plantearse la legalización de las drogas. Actualmente, el enfoque que se
le está dando al narcotráfico continúa siendo de guerra. Sin embargo, con la legalización de
las drogas se cortarían de forma drástica los recursos de muchos de los grupos armados que
existen actualmente en el territorio.
2. El consumo de drogas en el país es una problemática cada vez más fuerte. Por esta razón,
el enfoque de reducción de riesgos debe implementarse con efectividad. Sin embargo, el gran
reto que afronta el país en este sentido consiste en articular las políticas impulsadas por el
ejecutivo con las leyes aprobadas en el legislativo.
3. El país debe utilizar las plataformas de cooperación regional para generar consensos
regionales frente a la política de drogas. Es importante que Colombia actué como líder en la
promoción de políticas progresistas de drogas a nivel regional.
4. A nivel general, es importante que las políticas de drogas a mediano y largo plazo sigan
teniendo en cuenta los intereses de actores como los campesinos y los consumidores de
drogas. La agenda colombiana debe enfocarse en los intereses de actores diferentes a las
élites.
5. Es importante que la política exterior colombiana siga enfocada a generar una imagen del
país como un actor cooperativo y que crezcan los esfuerzos por generar lazos más sólidos con
los aliados regionales.
6. Partiendo de la coyuntura actual del Estado Colombiano y en concordancia con la
implementación del Acuerdo de Paz con la Guerrilla de las FARC, y que los compromisos
adquiridos por las agentes nacionales e internacionales y de sus implementación en el
presente y continuidad en el futuro, dependerá de cómo el Estado logre articular sus intereses
en el exterior, es importante generar ciertas acciones. El acuerdo implica varios asuntos en
materia de drogas como: sustitución de cultivos ilícitos, erradicación manual y voluntaria por
parte de las comunidades cultivadoras de la hoja, nuevo uso de la tierra por parte de las
campesinos, separación de actividades contrainsurgentes y de narcotráfico. Creemos que para
lograr estos objetivos de manera efectiva, se debe partir por una censo rural que muestre las
condiciones actuales del campesinado colombiano y de esta forma se pueda generar el plan
de ruta para lograr todas estas metas.
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