Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“LA EXPROPIACIÓN FORZOSA”
TESIS
LUIS ENRIQUE ORTEGA ARANA
Carné: 21938-03
Guatemala, marzo de 2012
Campus Central
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“La Expropiación Forzosa”.
TESIS
Presentada ante el Consejo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Por
LUIS ENRIQUE ORTEGA ARANA
Carné: 21938-03
Previo a optar al título de:
Abogado y Notario
En el grado académico de
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Guatemala, marzo de 2012
Campus Central
ASESOR DE TESIS: Licenciado Gustavo Adolfo Monroy Mazariegos.
REVISOR DE FONDO DE TESIS: Licenciada Norma Elizabeth García-Bauer M.
DEDICATORIA
A DIOS: Padre Celestial, a ti te doy las gracias por haberme permitido alcanzar este
triunfo. Te pido nunca me abandones y me guíes en el camino de la vida.
A MIS PADRES: Patricia Arana de Ortega y Luis Francisco Ortega Menaldo,
gracias Por ser una inspiración diaria de amor, de unidad y de apoyo sin ustedes
nada sería igual , son el pilar de mi vida y lo mas especial que hay en ella, le quisiera
agradecer especialmente a mi padre usted es la persona a quien más admiro,
gracias por guiar cada paso de mi vida, por tanto consejo, por ser mi ejemplo a
seguir pero sobre todo por ser mi mejor amigo y mi ángel guardián.
A MIS HERMANOS: Chino, Beba y Memito gracias por darme su cariño.
A MIS TÍOS: Fidalma Escobar de Laugerud, y Dr. Rolando Escobar Menaldo,
gracias por ser parte especial en mi vida, por siempre estar a mi lado, por todo el
cariño recibido durante todos estos años y a mi tío quisiera agradecerle por su apoyo
incondicional y sus conocimientos que me han permitido alcanzar esta meta.
“El autor es el único responsable del contenido del presente trabajo.”
ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA______
INTRODUCCIÓN. i
CAPÍTULO 1
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA
1.1 Definición de la Expropiación Forzosa 01
1.2 Antecedentes históricos 04
1.2.1 Antigua Roma 04
1.2.2 España 06
1.2.3 Estados Unidos de América 08
1.2.4 Revolución francesa 10
1.2.5 Época contemporánea 11
1.2.6 Guatemala 15
1.3 Naturaleza jurídica 26
1.4 Características 27
1.4.1 Individualización 27
1.4.2 Declaratoria previa 27
1.4.3 No confiscatoria 27
1.4.4 Coactiva 27
1.4.5 Afecta bienes y derechos 28
1.4.6 Parcial o total 28
1.4.7 Finalista 28
1.4.8 Unilateral 28
1.4.9 Legalidad 28
1.4.10 Indemnización previa 28
1.5 Justificación de la expropiación forzosa 30
1.5.1 Utilidad Colectiva 33
1.5.2 Beneficio social 34
1.5.3 Interés Público 36
1.6 Crítica por parte de los libertarios 40
1.7 Limitaciones de la expropiación forzosa 42
1.8 Sujetos de la expropiación forzosa 43
1.8.1 El sujeto expropiante 43
1.8.2 El sujeto expropiado 44
1.8.3 El beneficiario 45
1.8.4 El tercero afectado 46
1.9 Clases de expropiación 47
1.9.1 Expropiación común 47
1.9.2 Expropiación de urgencia 47
1.9.3 Confiscación 48
1.10 Derecho de revisión o reversión 51
CAPÍTULO 2
EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA EN GUATEMALA
2.1 Ley de Expropiación 53
2.1.1 Diligencias previas 53
2.1.2 Tramitación de la expropiación forzosa 54
2.1.3 Período de prueba 58
2.1.4 Fase de consumación 59
2.1.5 Determinación del justiprecio. 59
2.1.6 Del pago. 61
2.2 Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 62
2.2.1 Diligencias previas 64
2.2.2 El justiprecio 64
2.2.3 El pago y la actitud del propietario afectado 66
CAPÍTULO 3
IMPUGNACIONES EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN.
3.1 Acciones Administrativas. 69
3.1.1 Recurso de Revocatoria 69
3.1.2 Recurso de Reposición 70
3.1.3 Recurso de Reconsideración 70
3.2 Acciones Judiciales 71
3.2.1 Proceso Contencioso Administrativo 71
3.3 Acciones Constitucionales 75
3.4 Caso práctico de utilización de recursos en una expropiación 76
CAPÍTULO 4
LEGISLACIÓN COMPARADA
4.1 Legislación de la República de El Salvador 86
4.2 Legislación de la República de Nicaragua 90
4.3 Legislación de la República Bolivariana de Venezuela 93
4.4 Cuadro de Cotejo 97
CAPÍTULO 5
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
5.1 Entrevistas realizadas 104
CONCLUSIONES. 112
RECOMENDACIONES 114
REFERENCIAS 116
ANEXOS. 120
RESUMEN
La expropiación forzosa como institución, ha estado presente a lo largo de la historia,
aunque la misma siempre constituirá un tema de carácter complejo y polémico ya que el
mismo conlleva beneficios y pérdidas tal como se podrá apreciar en el desarrollo del
presente trabajo de investigación.
El presente tema de tesis tiene como objeto primordial el analizar la institución de la
expropiación forzosa, así como su incidencia en cuanto a su aplicación y regulación
dentro del Estado de Guatemala. Para ello se parte del análisis jurídico y legal que la
situación objeto de análisis merece amparándose para ello en el estudio del cuerpo
normativo guatemalteco, siendo primordialmente analizados los casos regulados dentro
la Constitución Política de la República de Guatemala, así como la Ley de Expropiación
(Decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas).
Así también el presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de un caso
práctico, la comparación entre normativas en materia de expropiación forzosa en El
Salvador, Nicaragua y Venezuela con relación al caso guatemalteco y como último
punto presenta resultados con base al procedimiento de entrevista por medio de
preguntas cerradas en materia del tema de investigación hacia profesionales del
derecho.
i
INTRODUCCIÓN
La propiedad privada constituye la potestad plena que tiene un individuo sobre un bien
o un conjunto de bienes, para poder disfrutar de los mismos con libertad, salvo las
limitaciones que existan dentro de los cuerpos normativos. Como institución jurídica la
propiedad privada puede ser susceptible de limitaciones, mismas que deben estar
reguladas dentro de cuerpo normativo vigente emanado del ente legislativo
correspondiente.
Entre las limitaciones que existen al derecho a la propiedad privada, surge la institución
de la expropiación forzosa, la misma tiene como objeto el bien de la colectividad y el
desarrollo de la nación, ello en el sentido que el Estado desposee de una cosa a su
propietario atendiendo a los intereses expuestos anteriormente.
La expropiación forzosa ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad,
ello debido a que entre las relaciones de los hombres, siempre se ha regulado lo
relativo al derecho a la propiedad ya sea tanto para la comunidad, como para el
individuo, además siempre ha existido una clase dominante que es la que se ha
encargado de expropiar en determinadas ocasiones los bienes de sus ciudadanos.
Al ser la propiedad privada un derecho susceptible a sufrir transformaciones, el
presente tema es un motivo de polémica y tensiones, ya que ha sido defendida muchos
y atacada por otros, constituyendo para el autor una de las máximas expresiones de la
libertad que tiene todo ser humano y en consecuencia un derecho que puede ser
vulnerado con facilidad.
En el presente tema de investigación se pretende abordar lo relativo a la expropiación
forzosa, misma que se encuentra regulada en la mayoría de naciones democráticas,
como en el caso de Guatemala, tanto dentro de la Constitución Política de la República,
como en lo contenido en su ley específica (Decreto 529 del Congreso de la República).
Aún así la expropiación forzosa ha sido sumamente criticada por aquellos que
ii
defienden la propiedad privada y aplaudida por aquellos que se han visto beneficiados
de alguna forma a raíz de la implementación de la figura aludida.
El Estado de Guatemala no ha sido la excepción, teniendo un historial sumamente
particular en lo relativo a la expropiación forzosa, ya que pese a que se encuentra
dentro del cuerpo normativo guatemalteco, la institución como tal ha sido cuestionada
en diversidad de ocasiones. Es por ello que el presente trabajo de investigación parte
del sentido en el que el investigador se ampara bajo la hipótesis de: a mayor certeza
jurídica dentro de la institución de la expropiación forzosa, habrá menor riesgo de
abusos por parte del Estado hacia los particulares. Para ello dicha hipótesis se pretende
responder con la siguiente interrogante: ¿Se encuentra regulada adecuadamente la
expropiación forzosa dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco?
Para responder a dicho planteamiento desarrollado anteriormente, el autor recurre a la
modalidad de tesis monográfica, ello en el sentido que se pretende realizar un estudio a
profundidad de la regulación guatemalteca en materia de expropiación forzosa,
tomando para ello información de diversas fuentes de carácter bibliográficos, así como
investigaciones recientes, llevadas a cabo en materia de expropiación forzosa, que
puedan servirle al investigador a realizar dicho estudio y poder responder a la pregunta
de investigación surgida.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental el efectuar un
estudio analítico sobre la expropiación forzosa en Guatemala, su regulación y como la
misma afecta directamente al derecho de propiedad privada. Así también se pretende
como otros objetivos el comparar la legislación guatemalteca con la de otros países del
continente americano como lo son los casos de El Salvador, Nicaragua y Venezuela.
Para ello se incluye dentro de la investigación un cuadro comparativo mediante los
cuales se analiza comparativamente las siguientes normas legales: a) Decreto 529 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Expropiación; b) Ley 229, Ley de
Expropiación de El Salvador; c) Decreto 33 Ley de Expropiación de Nicaragua; y d) Ley
iii
de Expropiación por causa de utilidad pública o social de Venezuela. En cada una de
las normas sujetas a análisis se procuró revisar los antecedentes de la misma, tomando
en cuenta el contexto histórico de cada país, así también sus similitudes y diferencias
en lo relativo al concepto, la justificación, los bienes sujetos a expropiación entre otras
cuestiones.
Para lograr lo desarrollado en la presente investigación, el procedimiento que se llevó a
cabo fue el siguiente: a) recopilación de doctrina existente tanto de autores nacionales
como internacionales, consistente en bibliografía, fuentes electrónicas y documentación
relacionada con la presente investigación; b) recopilación de información legal nacional
contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de
Expropiación, en cuanto al tema objeto de investigación; c) realización de cuadro
comparativo entre las leyes de expropiación de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y
Venezuela en relación al tema objeto de investigación, mismo que se encuentra en su
modelo original en los anexos de la presente tesis; d) Se prosiguió a la integración de
toda la información obtenida, a la presentación, análisis y discusión de resultados
obtenidos; y e) Por último se procedió a redactar las conclusiones y recomendaciones a
efecto de dar respuesta a la pregunta de investigación.
No se puede negar que la expropiación forzosa como toda institución de carácter
jurídico, constituye una cuestión de análisis e interés por parte de la ciudadanía en
general. Solamente existiendo amplitud informativa sobre el tema hará posible que la
ciudadanía se entere plenamente de los alcances y límites de la presente institución,
constituyéndose los mismos como máximos garantes de la correcta aplicación de la
norma por parte de aquellas personas y entes de la administración pública que tienen
como fin el cumplimiento de la ley buscando el estricto respeto de lo contemplado tanto
dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los demás
cuerpos legales existentes.
El tema sujeto a investigación siempre contendrá polémica, ya que el mismo conlleva el
riesgo como se podrá percibir dentro de las siguientes páginas los riesgos que conlleva
iv
al legislarse lo que muchos tomarían de acuerdo como una amenaza a la institución de
la propiedad privada en nombre de la colectividad, por lo que en consecuencia el tema
tiene infinidad de contenido a desarrollar tal como se podrá apreciar a continuación
- 1 -
CAPÍTULO 1
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA
1.1 Definición de la expropiación forzosa:
Para dar inicio a la presente investigación, es necesario exponer una serie de
definiciones existentes con relación al tema de la expropiación forzosa, ya que el
conocimiento de las mismas permitirá al lector un parámetro de comprensión,
comparación y entendimiento con relación al tema objeto de investigación.
Para el jurista Eloy Lares Martínez, la expropiación forzosa es: “una institución de
Derecho Público en virtud de la cual la administración, con fines de utilidad pública o
social, adquiere colectivamente bienes pertenecientes a los administrados, conforme al
procedimiento determinado en las leyes y mediante el pago de una justa
indemnización… siendo esta una institución que tiene por objeto conciliar los
requerimientos del interés general de la comunidad con el respeto debido al derecho de
propiedad de los administrados”.1
Por su parte la jurista Magdalena Salomón de Padrón afirma que es: “una institución
más de las previstas en el ordenamiento jurídico tanto constitucional como legalmente,
que produce la transferencia de la propiedad del particular al Estado y desapropia a
aquel de su derecho. Su característica más resaltante es que no hay en ella acuerdo de
voluntades, sino que su mismo fundamento jurídico “la potestad expropiatoria”, le otorga
la suficiente eficacia jurídica para que, cumplido el procedimiento legalmente previsto y
el pago de una justa indemnización, produzca efectos en el patrimonio de los
particulares…”2
1 Lares Martínez, Eloy: “Manual de Derecho Administrativo”. Décima segunda edición, Caracas, Venezuela, 2001.
Páginas 607-608
2 Salomón De Padrón, Magdalena. “Consideraciones generales sobre la Expropiación por causa de utilidad pública o
social en el Derecho Administrativo Venezolano en los umbrales del siglo XXI.”. Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, Venezuela, 2006. Página 369.
- 2 -
La definición desarrollada por el jurista Rafael Godínez Bolaños es mucho más
amplia al indicar que la expropiación administrativa “es un medio o instrumento legal
otorgado por la Constitución, que le permite al Estado intervenir y apoderarse de la
propiedad privada cuando esta constituye un obstáculo para la realización de sus fines
de servicio público y social. Su fundamento es la facultad constitucional basada en el
interés y necesidad social y el beneficio de la colectividad”.3 Dicha afirmación otorga
nuevos elementos como el hecho de ser un instrumento legal que tiene su raíz dentro
del contexto del derecho constitucional, así como el permitirle al Estado dicha facultad
en nombre del interés público.
Para el jurista Guillermo Cabanellas, la expropiación forzosa consiste en “toda
aquella acción y efecto de desposeer de una cosa a su propietario, dándole en cambio
una indemnización justa. Se entiende que la facultad de expropiar está reservada a los
organismos estatales, provinciales y municipales, y a condición de que se efectué por
causa de utilidad pública, calificada por ley y previamente indemnizada”. 4
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se puede decir que la expropiación
forzosa constituye necesariamente una institución del derecho público, ya que tiene que
emanar directamente de un ente gubernamental facultado para llevar a cabo dicha
acción, misma que por lo regular es el ente legislativo sobre quien recae la facultad de
expropiar y poder disponer de los bienes de los ciudadanos en nombre de la
colectividad.
El investigador por su parte considera que inevitablemente la expropiación forzosa
constituye una institución jurídico-coactiva en la cual el Estado asume una posición
3 Godínez Bolaños, Rafael, “El Patrimonio Estatal, el Estado y la Propiedad”. Colección Julltex, Guatemala, 2010.
Página 21.
4 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1981.
Página 306.
- 3 -
paternalista de superioridad, en la cual decide en nombre de la colectividad, el
cumplimiento de un determinado fin que le beneficiará. A diferencia de la compraventa
regulada dentro del derecho privado, la expropiación forzosa es una institución regulada
casi en su totalidad dentro del contexto del derecho público,5 pero aún así no puede
dejar en total desprotección a aquellas personas que sufran la expropiación de sus
bienes, sino que a su vez le otorga herramientas de carácter jurídico que le permitan
ejercitar su derecho de defensa en lo correspondiente a la cuestión del pago de la
indemnización por ejemplo, en contraposición de otras figuras usadas antiguamente
como lo constituían la “confiscación”, que no era nada más que un mero robo sin
justificación ni compensación alguna en contra de los bienes del agraviado, situación
que actualmente se encuentra prohibida en la mayoría de cuerpos legales dentro del
mundo actual.
Por su parte el jurista, Licenciado Celsa Picó Lorenzo, desarrolla que la
expropiación forzosa consiste “como una transferencia coactiva de la propiedad a favor
de la Administración o de empresas particulares, en virtud de una causa de utilidad
pública o beneficio social, respetando el derecho del expropiado que sufre la pérdida
del bien a recibir previamente una indemnización equivalente al valor monetario de la
cosa expropiada. Se acepta la lesión de intereses patrimoniales privados pero se exige
también un resarcimiento económico a cargo de la colectividad a que va beneficiar
residenciada en los instantes de la declaración de utilidad pública o beneficio social
mediante la correspondiente indemnización”.6
5 Si bien es cierto cuerpos como el Código Civil guatemalteco hacen un breve enunciado sobre la expropiación
forzosa, la misma constituye una referencia directa a la institución de la misma como un institución del Derecho
Público “Expropiación forzosa Artículo 467. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva,
beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia.”
Código Civil. Decreto Ley 106 y sus reformas. Estado Actual: Vigente.
6 Et. Al. Manual de Derecho Administrativo. Una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y
España. España 2002. Página 400
- 4 -
Es con lo anteriormente expuesto que el autor considera que la expropiación forzosa es
la institución del derecho público por medio de la cual, el Estado amparándose dentro
del contexto de las leyes que regulan el funcionamiento del mismo, partiendo desde el
derecho constitucional, en nombre del interés de desarrollo del mismo y de sus
habitantes, despoja la propiedad de uno o varios individuos, bajo la condición de una
justa y previa remuneración. Dicha expropiación comprende tanto, bienes de carácter
mueble o inmueble, así como los derechos que existan sobre los mismos, siempre en
nombre de la colectividad.
1.2 Antecedentes históricos:
Para el autor, es fundamental para comprender la institución de la expropiación
forzosa, el hacer un breve análisis cronológico sobre los momentos más importantes
que dentro del contexto de la historia universal, sirven de antecedentes directos de la
institución objeto de estudio, ello con el fin de brindarle al lector una herramienta de
comprensión para comprender que motivó en determinado momento histórico el que se
regulara la expropiación forzosa como institución de derecho.
1.2.1 Antigua Roma.
Como un antecedente directo de la expropiación forzosa, se puede hacer mención
de lo que específicamente contemplaba el derecho romano. Para ello es necesario
tomar como base lo expuesto por los juristas Marta Morineau y Iglesias González,
mismos que hacen una exposición extensiva de lo contemplado en dichas épocas de la
antigüedad.
Para los autores relacionados anteriormente, “es el derecho de propiedad, el
derecho real por excelencia, es el más importante de esta clase de derechos, por ser el
más extenso en cuanto a su contenido y también porque es el derecho real originario y
conceptualmente fundante de los otros derechos que autorizan a actuar sobre las
cosas, ya que todos ellos suponen la existencia previa de la propiedad para poder
- 5 -
estructurarse… conllevando con esto el derecho de obtener de un objeto toda la
satisfacción que éste puede proporcionar”. 7
Por su parte continúan manifestando8 que el derecho romano reglamentó la
propiedad privada, otorgando facultades muy amplias al propietario en lo relacionado al
derecho de usar el objeto (ius utendi), el derecho de aprovecharlo (ius fruendi), y el
derecho de disponer libremente del mismo (ius abutendi); pero así también estableció
limitaciones a dichas facultades como en el caso de la expropiación forzosa por causa
de utilidad pública, que si bien es cierto afirman los autores no se tiene conocimiento de
disposiciones expresas, con el solo hecho de que se construyesen obras inmensas, da
a suponer que si se hubiera conocido en su momento la misma.9
Es de resaltar entonces que si bien es cierto no se tiene conocimiento de un cuerpo
legal específico que regulara la expropiación forzosa, la misma probablemente
constituyó una herramienta para la construcción de obras de beneficio público a lo largo
del imperio. Por su parte Morineau y González, manifiestan que el Derecho romano
conoció una doble reglamentación de la propiedad, siendo la primera que establece el
derecho civil, conocida como propiedad quiritaria y la otra con posterioridad, fue
establecida por el derecho honorario y se denomina propiedad bonitaria, aunque con el
tiempo y al darse la fusión entre el derecho civil y el derecho honorario, se crea una
institución uniforme en tiempos de Justitiniano en donde se hace mención específica de
la propiedad o “propietas”, sin distinción alguna. 10
El derecho romano inevitablemente constituye un antecedente directo al objeto de
investigación del presente trabajo, ya que el mismo da a comprender como el Estado 7 Iglesias González Román y Morineau, Marta “Derecho Romano”, cuarta edición, México Distrito Federal, 2001.
Página 121.
8 Op. Cit.
9 Ibid. Página 122.
10 Op. Cit.
- 6 -
ejercía una autoridad paternalista con sus ciudadanos a la hora de dictar y determinar
sobre la aplicación de una determinada política pública.
1.2.2 España.
Otro antecedente directo digno de mención dentro del turbulento mundo posterior al
declive del imperio romano y su partición en Imperio Romano de Oriente y de
Occidente, lo constituye el caso de las siete partidas de Alfonso el Sabio11 en la cual se
regulaba la institución de la expropiación al darle el beneficio del sujeto expropiado de
recibir una compensación en concepto de indemnización. 12
Para el portal del Rincón Castellano, las siete partidas constituyen “el monumento
jurídico de mayor amplitud y trascendencia de toda la historia jurídica de Castilla y
española desde el punto de vista jurídico, científico y literario. Al mismo tiempo son el
fundamento de siete siglos de trabajos en los que se atesoran riquísimas fuentes que
sino se hubieran perdido para siempre. El Código de las Siete Partidas constituye el
11
Alfonso X El Sabio (1121- 1284): En 1252, ocupó el trono de León y Castilla, a la muerte de Fernando III, su padre;
tratando de continuar la política de integración y reconquista empezadas por éste; su propósito era pasar a África,
donde obtuvo algunas victorias iniciales. Designado por algunas repúblicas italianas para la dignidad imperial fue
proclamado en 1257, rey de los romanos por el arzobispo de Tréveris, en nombre de los electores de Sajonia, de
Brandeburgo y de Bohemia, no obtuvo, sin embargo el apoyo de la nobleza por las medidas económicas
impopulares que tuvo que tomar por causa de una serie de pleitos con el trono de Alemania, por lo que sus
primeros triunfos sobre los musulmanes no le dieron apoyo que necesitaba. Ante este fracaso político renuncia a
todos sus derechos y aspiraciones. Estalla la guerra civil mientras los moros incendiaban en Tarifa la flota castellana
(1278) y los franceses de apoderan de Pamplona. El mismo año muere su hijo y sucesor Fernando de la Cerda, lo
que llevó a la corte a un enfrentamiento por sucesión. Su gloria reside en la empresa cultural que, desde Toledo,
Sevilla y Murcia, centros en los que reunió a sabios de todas partes y tendencias para irradiar sabiduría y
conocimientos. Las obras que legó a la humanidad han llegado a nuestros días: Obras Jurídicas: Las Siete Partidas,
precedidas por el Fuero Real fundamentadas en el derecho romano de Justiniano. Portal de Libros Clásicos
ACANOMÁS, Disponibilidad y acceso en: http://www.acanomas.com/Libros-Clasicos/5360/Las-Siete-Partidas-
(Alfonso-X-El-Sabio).htm Consulta realizada el 19 de octubre de 2010. 22:47 horas.
12 Rabello, Sonia: “Justa Indemnización de las expropiaciones urbanas: Justicia Social y enriquecimiento sin causa”.
Universidad de Rio de Janeiro de Brasil. Disponibilidad y acceso en la siguiente página electrónica:
http://www.territorioysuelo.org/aa/img_upload/ee790d3799506e631591621e0786b613/T05.pdf La consulta fue
realizada. Consulta realizada el 19 de octubre de 2010. 23:05 horas.
- 7 -
centro de la actividad legislativa de Alfonso X. Con ellas pone el empeño de lograr la
unidad legislativa de sus reinos acabando con la existencia de innumerables fueros
municipales. Siguió la misma política de su padre - allanar el camino con el Fuero Real
y luego después de que hubiera un substrato común dictar un texto de carácter general
para todo el Reino. Con ellas el rey se olvida de unificar el Derecho a través de la
legislación local y en su lugar establecer un Derecho territorial sin distinción de sitios y
territorios.”13
Por su parte el jurista Camilo de la Red Fernández, manifiesta criticando a la
situación que predominaba dentro del contexto español hasta mediados del siglo XX
que: “nuestros legisladores… no han comprendido la naturaleza jurídica de la
expropiación forzosa. No fueron capaces de entenderla tan bien como lo hizo Alfonso X
el Sabio, que en la Ley 2º, Título I, Partida segunda no hizo definiciones pero si captó
sus motivos: “Si el Emperador oviese menester de fazer alguna cosa que se tornase a
procomunal de la tierra, tenudo es por derecho de le dar ante buen cambio que valga
tanto o más…”. Y añadió en la 31 del título XVIII, Partida tercera que: “Si el Rey las
oviese menester por fazer dellas alguna labor o alguna cosa que fuese a procomunal
del Reyno; así como si fuese heredad en que oviesen a facer castillo, o torre, o puente,
o alguna cosa semejante destas… dándole cambio por ello primeramente…”.14
La manifestación de dar ante buen cambio que valga tanto o más constituye la
exposición directa del derecho de la indemnización, misma que resarciera los daños a
los que pudiera verse sujeto el expropiado, a diferencia de la confiscación en donde de
forma anómala y sin justificación alguna, mucho menos el pago de una indemnización
se procedía a realizar un despojo en beneficio de un sujeto poderoso.
13
“Obra legislativa de Alfonso X de Castilla y de León”. Portal de rincón castellano. Disponibilidad y acceso en la
siguiente página web. http://www.rinconcastellano.com/edadmedia/alfonsox_leg.html#
14 De la Red Fernández Camilo. “El premio de afección”. Temas de Actualidad. Revista de Abogacía Española en
línea. Consejo General de la Abogacía Española. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1187956716576.pdf
- 8 -
Continúa manifestando De la Red Fernández que, “aquel sabio Monarca fue un
verdadero progresista, pues a la privación de la propiedad por la fuerza señalaba como
contraprestación otra cosa igual o en definitiva lo que costara su adquisición, y la
condicionaba a la necesidad para el bien común. No necesitaba disponer que se diera
al expropiado un premio o regalo, porque ya recibía otra cosa igual.”15 No se puede
negar entonces que la influencia de Alfonso el Sabio en cuanto a inspiración doctrinaria
y de investigación sigue al día de hoy. En especial por ser aquel un tiempo en el cual el
conocimiento y la justicia se encontraban en una época oscura.
1.2.3 Estados Unidos de América.
En plena explosión del pensamiento de la ilustración en Europa, fue el naciente
continente americano el que experimentaba una ola de conocimiento liberal e
ilustración, siendo el caso de los Estados Unidos de América uno de los más ilustrativos
en cuanto a la defensa de las libertades individuales más elementales.
Para el jurista Juan Ramón Blanco, “Los federalistas tal vez nunca habrían obtenido
la ratificación de varios estados importantes si no hubieran prometido agregar una carta
de derechos a la Constitución. La mayoría de las constituciones estatales adoptadas
durante la Revolución incluían una declaración muy específica de los derechos de todas
las personas. La mayoría de los estadounidenses pensaban que ninguna constitución
se podía considerar completa sin ese tipo de declaración. George Mason de Virginia
tuvo a su cargo la primera y más famosa de las cartas de derechos estadounidenses, la
Declaración de Derechos de Virginia, en 1776. Él y Patrick Henry habrían impedido la
ratificación de la Constitución en Virginia si los federalistas no hubieran accedido a sus
demandas en materia de enmiendas.”16
15
Op. Cit.
16 Blanco, Juan Ramón. “Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776.” Derechos Humanos. Blog sobre sociedad
y derecho de tendencia en materia de libertades individuales. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-Derechos-de-Virginia-de-12-de-junio-1776_a107.html
- 9 -
Por medio de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, se establece lo que
se considera para el autor como la primera declaración en materia de derechos
humanos dentro de la época moderna, diez años antes de la revolución francesa. Por
medio de la misma dentro del contexto de la revolución americana en la cual las trece
colonias originales buscaban su independencia de la corona británica, el Estado de
Virginia emite esta proclama en materia de respeto a la libertad del ser humano y la
defensa de sus bienes.
En su artículo primero se establece: “Que todos los hombres son por naturaleza
igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales,
cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en
esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer
propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.” (El énfasis es
propio).
Si bien es cierto tanto esta Declaración, como la de independencia no regulaban
expresamente la institución de la expropiación forzosa, es hasta la introducción de la
“Carta de Derechos de los Estados Unidos de América” o “Bill of Rights” de 1791
cuando se amplía lo contenido en la Constitución de los Estados Unidos de América
agregando lo que serían las primeras diez enmiendas de dicho cuerpo legal, en
específico el relativo a la defensa de la propiedad privada en su enmienda “V”17 entre
otros derechos individuales contenidos dentro de la quinta enmienda de dicho
documento.
17
“Enmieda V: Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o de otro delito infame
a menos que un gran jurado lo acuse, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas navales o terrestres,
o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio actual en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se
juzgará a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de la vida o algún
miembro ; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la
libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa
indemnización.”. (El subrayado es propio). Carta de Derechos de los Estados Unidos de América. Estado Actual:
Vigente.
- 10 -
Es en ese momento cuando se hace un reconocimiento pleno de la defensa de la
propiedad privada y la expropiación forzosa únicamente para uso público con una justa
indemnización de por medio.
1.2.4. Revolución francesa.
Es hasta la Revolución Francesa que el principio de indemnización como
compensación es regulado y tomado como base universal en las legislaciones
democráticas. Como antecedente directo en lo que a regulación expropiatoria respecta
se puede tomar como base la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 la cual desarrolla en su artículo 17 el derecho a la propiedad privada como
garantía inviolable salvo excepciones de la siguiente forma: “siendo la propiedad un
derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella a no ser cuando la
necesidad pública, legalmente constatada, no lo exija evidentemente, y bajo la
condición de una justa y previa indemnización”.18
Por su parte en la Declaración de derechos y deberes del hombre y del ciudadano
de 1793, misma que serviría de preámbulo para la Constitución francesa de 1793, se
expone en lo relativo a la expropiación forzosa lo siguiente: “Artículo 19 Principio de
propiedad: Expropiación por causa legal y con indemnización:
Nadie puede ser privado de ninguna parte de su propiedad, sin su consentimiento,
excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y bajo la
condición de una justa y objetiva indemnización”.19 Un elemento de sumo interés en
18
Es de suma importancia resaltar el hecho de que esta al haber sido una de las manifestaciones más claras en
materia de respeto de derechos hacia los ciudadanos de la Primera República, existieron infinidad de abusos en
contra de los antiguos miembros de la corona, cuyos bienes en muchos casos fueron confiscados. Declaración de
los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. República de Francia. Estado Actual: No vigente.
19 Blanco, Juan Ramón. “Declaración de los derechos y deberes del hombre y el ciudadano de 1793”. Derechos
Humanos. Blog sobre sociedad y derecho de tendencias. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-los-Derechos-del-Hombre-y-del-Ciudadano-Paris-
1793_a48.html
- 11 -
este artículo es que ya que expone que la necesidad pública no solamente tiene que
ser evidente, sino que además la indemnización tiene que ser objetiva,
complementándola con la palabra “justa” que anteriormente existía en la declaración de
1789.
Lamentablemente se tiene conocimiento de varios abusos ocurridos con la
revolución francesa, en especial en lo relativo a los bienes de los antiguos miembros de
la corona, que en muchos casos fueron simplemente confiscados en nombre de la
nueva república, sin que se cumpliera específicamente lo contenido en las
declaraciones expuestas anteriormente. Así también otra de las mayores críticas era
que los instrumentos únicamente defendían al género masculino, más no al femenino, a
pesar que muchas mujeres participaron activamente en los sucesos de la revolución
francesa.
1.2.5 Época contemporánea:
La misma nace directamente a partir de los acontecimientos de la revolución
americana y francesa. El mundo a partir del siglo XIX y XX sufre una serie de
transformaciones. No se puede negar ni ocultar que la influencia de pensadores como
Marx y Engels tuvo un impacto directo sobre las políticas de determinadas naciones. Es
el caso de la revolución bolchevique en el año de 1917 transforma y conmociona a la
sociedad rusa al cambiar radicalmente la forma de percepción de la propiedad
privada.20, así también la tambaleante república de Weimar21 en Alemania o la
20
“II. Habiéndose señalado como misión esencial abolir toda explotación del hombre por el hombre, suprimir por
completo la división de la sociedad en clases, sofocar de manera implacable la resistencia de los explotadores,
instaurar una organización socialista de la sociedad y hacer triunfar el socialismo en todos los países, la Asamblea
Constituyente decreta, además: 1.- Queda abolida la propiedad privada de la tierra. Se declara patrimonio de todo
el pueblo trabajador toda la tierra, con todos los edificios, ganado de labor, aperos de labranza y demás accesorios
agrícolas.”. Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Lenin 1918. Estado actuado: derogado.
21 Artículo 153. “La Constitución garantiza la propiedad, cuyo contenido y límites fijarán las Leyes. No puede
procederse a ninguna expropiación sino por utilidad pública y con sujeción a la Ley. Se realizará mediante
indemnización adecuada, a menos que una Ley del Reich disponga otra cosa. Respecto a la cuantía de la
- 12 -
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o de Queretaro de 1917 que corona los
acontecimientos de la revolución mexicana con un fuerte contexto social y que a la vez
regula la prohibición a la confiscación y la expropiación forzosa,22 pretenden reivindicar
los derechos de los oprimidos ante la explotación de las antiguas clases poderosas.
Algunos de los casos con consecuencias funestas como en el caso de la República de
Weimar cuyo gobierno sumamente debilitado económicamente por las sanciones que
impusiera en su momento el Tratado de Versalles, consecuencia de su derrota en la
primera guerra mundial, hizo que el proyecto de Estado social de Weimar fracasara,
tomando Adolfo Hitler las riendas del poder en 1933 después de un proceso turbulento
y violento, dicho sujeto iniciaría la Segunda Guerra Mundial comprendida entre 1939 y
1945 destruyendo buena parte del mundo en nombre de la supremacía de la raza aria,
así como la implementación de proyectos de apropiación y retención del llamado
espacio vital o “Lebensraum”.
Con el contexto de la segunda guerra mundial en pleno desarrollo, los líderes
aliados, tanto Winston Churchill por parte de Gran Bretaña como Franklin Roosevelt se
indemnización cabrá, en caso de desacuerdo, recurso ante los Tribunales ordinarios, salvo que por Leyes del Reich
se disponga otra cosa. La expropiación que se realice en favor del Reich a costa de los Estados, Municipios o
asociaciones de utilidad pública sólo podrá tener lugar mediante indemnización. La propiedad obliga. Su uso ha de
constituir a mismo tiempo un servicio para el bien común.”. Constitución del Reich Alemán (República de Weimar)
1919. Estado Actual: derogada.
22 “ARTICULO 22 - Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el
tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitada y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuesto o multas, no el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.”
ARTICULO 27 - La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. …Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Estado Actual: Vigente.
- 13 -
encargan de formular un instrumento conocido como la Carta del Atlántico23 que serviría
como preámbulo posterior para la creación de la Organización de las Naciones Unidas
como ente rector de la política internacional y la defensa de los Derechos Humanos,
situación que tiene como consecuencia el surgimiento de varios cuerpos legales que
son adoptados mundialmente y que tienen como finalidad primaria la defensa y
promoción de los derechos humanos.
Con la derrota de las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón) en manos de las
potencias aliadas, y con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas,
dicha organización internacional pretende que se evite cualquier nuevo conflicto que
procure la destrucción de la humanidad, así como la implementación de cualquier
política de tipo expansionista. Así también pretende entre mejorar el nivel de vida y
desarrollo del ser humano, fundamentándose en instrumentos internacionales, que para
efectos de investigación es necesario hacer mención
23
“El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer Ministro representante del Gobierno de S. M. en el
Reino Unido, habiéndose reunido en el Océano, juzgan oportuno hacer conocer algunos principios sobre los cuales
ellos fundan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo y que son comunes a la política nacional de sus
respectivos países: 1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo. 2. No desean ver
ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados de los pueblos interesados.
3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y
desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han
sido arrebatados por la fuerza. 4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a
todos los Estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones de igualdad al
comercio y a las materias primas mundiales que son necesarias para su prosperidad económica. 5. Desean realizar
entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a
todos las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social. 6. Tras la destrucción
total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el
interior de sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin
miedo ni pobreza. 7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los océanos. 8.
Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de orden práctico como de carácter
espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la fuerza. Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si
las armas terrestres, navales o aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, o son
susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, en espera de poder establecer
un sistema de seguridad general, amplia y permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente
ayudarán y fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los armamentos que abruma
a los pueblos pacíficos”. Franklin D. Roosevelt — Winston Churchill. Carta del Atlántico. 14 de agosto de 1941
Estado Actual: Vigente.
- 14 -
Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se hace
énfasis en la defensa de la propiedad privada.24 Aunque no hace mención específica de
la expropiación forzosa, si hace mención a que nadie podrá ser privado de forma
arbitraria de su propiedad, lo que da a entender que únicamente podría ocurrir dicho
supuesto si hay orden emanada legislativamente que haga valer dicha situación con el
correspondiente pago de la indemnización que tenga derecho el sujeto expropiado.
Así también a nivel regional dentro de la Convención Americana de los Derechos
Humanos (Pacto de San José), se hace alusión expresa al derecho a la propiedad
privada y la expropiación forzosa25, indicando que no se puede privar a nadie del uso y
goce de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones
de utilidad pública o interés social y dentro de las formas previamente establecidas
dentro de la ley.
Aunque varios de estos instrumentos han sido aceptados o ratificados a nivel
mundial y regional, existe diversidad de países en donde se continúan con prácticas
arbitrarias que amenazan la defensa del derecho de propiedad privada, en donde el
régimen en el poder decide que hacer con las propiedades de los particulares
incurriendo en diversidad de ocasiones en actos meramente confiscatorios amparados
bajo una figura legal retorcida y sujeta a arbitrariedades como lo constituye la “utilidad
pública o el interés social” a favor del gobierno de turno.
24 Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948. Estatus actual: vigente. 25 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. Convención Americana de los Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. Suscrita en la Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, noviembre de 1969. Estatus actual: vigente.
- 15 -
1.2.6 Guatemala:
Para comprender el caso guatemalteco en efectos de investigación, es necesario
consultar todos los antecedentes que a nivel constitucional pueden ser aplicables, aun
cuando no necesariamente fueran aplicables al entorno actual nos demuestran el
contexto y la intención bajo la cual una determinada norma fue creada dentro de un
determinado entorno político e histórico.
Como primer antecedente hay que referirnos a los últimos años del período de la
colonia en donde las huestes de Napoleón Bonaparte dominaban buena parte de
Europa. Es por ello que José Bonaparte quien fuera nombrado por Napoleón para que
rigiera los destinos de España hace alusión de lo siguiente dentro de la Constitución de
Bayona de 1808. “En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la
gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias. Habiendo oído a la Junta nacional,
congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano
Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación
del Rin… Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde
como ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros
pueblos con nosotros, y a nosotros con nuestros pueblos”. En dicha Constitución si
bien es cierto no hace mención a la expropiación forzosa en sí, prohíbe la confiscación
de bienes de conformidad con su artículo 304.
Posteriormente ya con la derrota de Napoleón Bonaparte y el retorno de la
monarquía española que se dicta la Constitución Política de la Monarquía Española o
conocida como Constitución de Cádiz de 1812 la cual regula en su artículo 172,
cláusula décima lo siguiente: “No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular
ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún
caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de
un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el
- 16 -
buen cambio a bien vista de hombres buenos”.26 El artículo anteriormente citado tiene
elementos interesantes. Por una parte regula la no violación al derecho a la propiedad
privada y por otra parte la indemnización se tiene que hacer a buen cambio a vista de
hombres buenos, esto contiene un elemento de honorabilidad por medio del cual las
personas que darían fe del valor de la indemnización serían personas que obrarían de
buena fe.
Es dentro del contexto de la independencia de Guatemala, su posterior anexión y
desanexión a México y el intento de unión centroamericana, se regula la Constitución
de la República Federal de Centro América, dada por la Asamblea Nacional
Constituyente de 1824, misma que prohíbe la confiscación y los tratos crueles en contra
de los detenidos, así como el respeto a la propiedad privada, salvo a favor público.27
Con la Ley Constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea
Nacional Constituyente en el año de 1879 que durante el gobierno liberal de Justo
Rufino Barrios, se hace mención por primera vez de la expropiación forzosa como
institución reconocida a nivel constitucional, para ello en el contexto del reordenamiento
jurídico existente a la fecha se reconoce dicho aspecto de conformidad con su artículo
28, haciendo exposición de la necesidad de un “interés público” como causal primordial
para iniciar una expropiación forzosa por parte del Estado.28
26 Cortes de Cádiz, Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.
Estado actual: derogada. 27 “Artículo 175. No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades: …4. Tomar la propiedad de
ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, si no es en favor del público cuando lo exija una grave
urgencia, legalmente comprobada, y garantizándose previamente la justa indemnización… 6. Permitir el uso del
tormento y los apremios: Imponer confiscación de bienes, azotes y penas crueles”. Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución de la República Federal de Centro América”. 22 de noviembre de 1824. Estado Actual: Derogada.
28 “Artículo 28. La propiedad es inviolable; sólo por causa de interés público legalmente comprobado, puede
decretarse la expropiación; y en este caso, el dueño, antes de que su propiedad sea ocupada, recibirá en moneda efectiva su justo valor. En caso de guerra, la indemnización puede no ser previa.” Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Estado Actual: Derogada.
- 17 -
Posteriormente dentro del contexto del gobierno del General Jorge Ubico, en 1935
se implementan una serie de reformas a la Constitución de 1879, procediéndose a
modificar el artículo relativo a la expropiación forzosa de la siguiente manera.
“Artículo 11. El artículo 28 queda así: “Artículo 28. La propiedad es inviolable y no
será objeto de confiscación. Sólo por causa de utilidad y necesidad públicas legalmente
comprobadas, procederá decretar su expropiación: pero el dueño recibirá su justo valor
en moneda efectiva, antes que la propiedad sea ocupada. En estado de guerra la
indemnización puede no ser previa. En ningún caso será intervenida o secuestrada la
propiedad por causa de delitos políticos. Los latifundios cuyo rendimiento no sea
adecuado a su extensión y condiciones serán objeto de un sistema particular de
imposición fiscal. Una ley determinará lo referente a esta materia. Es Tesoro cultural de
la nación la riqueza artística e histórica del país, cualquiera que sea un dueño, y es
obligación del Estado su defensa y conservación. Sólo los guatemaltecos a que se
refiere el artículo 5º, de esta Constitución podrán ser propietarios de inmuebles y tener
derechos reales sobre ellos en la faja de quince kilómetros de ancho a lo largo de las
fronteras.”29
Como se puede apreciar, se sustituye la “utilidad pública” de la Constitución anterior
por los conceptos de utilidad y necesidad pública legalmente comprobadas como
causales para proceder a la expropiación de un determinado bien. Así también dicha
reforma prohíbe la expropiación de bienes por motivos de delitos políticos, situación que
queda plenamente vigente hasta los acontecimientos de la revolución de octubre de
1944.
Con los acontecimientos de la Revolución del 20 de octubre de 1944 y con el
gobierno de Juan José Arévalo en pleno desarrollo se decreta la Constitución de 1945,
29
Decreto número 4 que reforma la Constitución de la República de Guatemala de 1879, decretada el 11 de julio de
1935. Estado Actual: Derogada.
- 18 -
misma que expone en materia de expropiación lo siguiente: “Artículo 92. Por causa de
utilidad o necesidad pública o interés social legalmente comprobado, puede ordenarse
la expropiación de la propiedad privada, previa indemnización. En caso de invasión o
ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior, no es forzoso que la
indemnización sea previa. Con motivo de guerra la propiedad enemiga puede ser objeto
de intervención y si fuere expropiada cabe reservar el pago de la indemnización para
cuando la guerra concluya. Una ley determinará el procedimiento de expropiación. Por
causa de delito político no puede ser limitada la propiedad en forma alguna. Se prohíbe
la confiscación de bienes.”30
El gobierno de Arévalo desarrolla una seria de políticas novedosas y a la vez
agresivas, entre ellas la implementación del Código de Trabajo, la creación del sistema
de seguridad social y una reforma a nivel educativo con la creación del sistema de
escuelas tipo federación. Todo ello amparado en una visión romántica e idealista del
potencial del pueblo de Guatemala: “Nuestra revolución no puede explicarse por el
hambre de las masas sino por su sed de dignidad… Por lo tanto, nuestro socialismo no
desea una ingeniosa distribución de bienes materiales para igualar a los hombres
económicamente diferentes. Nuestro socialismo busca la liberación psicológica y
espiritual de los hombres. Deseamos dar a todos y cada uno de los ciudadanos no sólo
el derecho superficial de votar, sino el derecho fundamental de vivir en paz con su
conciencia, con su familia, con su propiedad y su destino. Llamamos a este socialismo
de posguerra espiritual porque el mundo, al igual que en Guatemala, hay un cambio
fundamental en los valores humanos. El concepto materialista se ha convertido en arma
en manos de las fuerzas totalitarias. El comunismo, el fascismo y el nazismo han sido
también socialistas. Pero ése ha sido un socialismo que da de comer con la mano
izquierda y con la derecha mutila los valores cívicos y morales del hombre”.31
30
Asamblea Constituyente. Constitución de la República de Guatemala de fecha 11 de marzo de 1945. Estado
Actual: Derogada.
31 Kinzer Stephen y Schlesinger Stephen “Fruta amarga, la C.I.A. en Guatemala”. 4ª edición. Siglo XXI editores.
España 1987. Página 65.
- 19 -
El llamado “socialismo espiritual” de Arévalo pretendía darle al ciudadano
guatemalteco una mejor condición de vida a nivel integral, no se trataba únicamente de
darle pan para que ya no hubiera hambre, sino ayudarlo también a desarrollarse en
todas las áreas de su vida, situación que intentó implementar en su gobierno con sus
aciertos y errores, criticados o aplaudidos, dependiendo de quién apreciaba los mismos.
La Ley que se encargó de regular el procedimiento de expropiación es la que sigue
vigente al día de hoy en el Estado de Guatemala. El Decreto 529 del Congreso de la
República de Guatemala, que crea la Ley de Expropiación cuyo marco legal será
analizado posteriormente dentro de la presente investigación y le dará al lector una
fuente de referencia para comprender la misma.
Cabe hacer referencia que la Constitución de 1945 dentro de su contexto social
daría lugar a una de las leyes más polémicas que ha existido dentro del sistema jurídico
guatemalteco, la misma ha dado lugar a estudios en la actualidad, contando con
amplitud de gente que admiradores y detractores, siendo este el caso del Decreto 900 o
Ley de Reforma Agraria. La misma creada durante el segundo gobierno de la
revolución guatemalteca durante el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán,
pretendía darle acceso a tierra y a créditos al campesinado guatemalteco que hasta ese
entonces no contaba con acceso a la tierra, para cultivar sus alimentos.
Stephen Schlesinger hace mención sobre el caso de Arbenz indicando que:
“Durante su primer año, Arbenz dedicó la mayor parte de su energía a la aprobación de
su máximo sueño: una autentica ley de reforma agraria. El documento, aprobado
finalmente el 27 de junio de 1952, marcó un punto decisivo para Guatemala, en donde
el 90% de los trabajadores eran rurales… Bajo las disposiciones del Decreto 900, el
gobierno estaba autorizado para expropiar únicamente las porciones no cultivadas de
las grandes plantaciones. Las fincas menores de 90 hectáreas no estaban sujetas a la
- 20 -
ley, ni tampoco aquellas entre 90 y 270 hectáreas que estuvieran cultivadas al menos
en sus dos terceras partes”. 32
Así también dicha ley tuvo una cuestión determinante, regulaba que las tierras
expropiadas debían pagarse con obligaciones de veinticinco años emitidas por el
gobierno con una tasa de interés del 3% anual, así también el avalúo de tierras iba a
ser determinado por el valor declarado para impuestos hasta mayo de 1952, siendo
esta una disposición que inevitablemente perturbaría a la United Fruit Company, la que
había infra valuado su tierra durante años para reducir sus impuestos.
Para la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) “la reforma
agraria de 1952 también combinó modalidades distributivas y redistributivas. En el
primer caso se distribuyeron fincas nacionales y fincas ofrecidas por los mismos
dueños, quienes tenían la potestad de conservar las áreas de mayor valor. Al igual que
la anterior administración, el objetivo del Decreto 900 fue contribuir a la modernización
de la economía, haciendo más amplia la base campesina. La medida no solamente
disminuiría la desigualdad social desarrollando la economía de las familias del campo al
fortalecer la propiedad individual, sino que desarrollaría la economía capitalista en
general, estimulando y respetando las empresas agrícolas establecidas.”33
La Coordinadora de igual forma continúa manifestando que en “los 18 meses que
duró la aplicación de la ley, se emitieron 1,002 decretos de expropiación, los cuales
afectaron 754,233 manzanas de tierras expropiadas provenientes de cerca de 800
fincas privadas. El 17% del total de tierra en manos privadas fue confiscado o estaba en
proceso de confiscación antes de la caída del gobierno en 1954. Se calcula que
297,460 manzanas pasaron a control del Estado, lo que en conjunto suma 1, 051,693
32
Kinzer Stephen y Schlesinger Stephen, Op Cit. Página 67.
33 Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. (CNOC) “Propuesta de Reforma Agraria Integral”.
Guatemala, julio del año 2005. Página . Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.cnoc.org.gt/contenido/05Propuestas/996Reforma_Agraria.pdf
- 21 -
manzanas afectadas por la reforma agraria. Los beneficiarios de la ley se determinaban
en el proceso mismo de denuncia, sin embargo ciertas prioridades eran establecidas.
En el caso de fincas nacionales y en la práctica en las grandes fincas los primeros
beneficiarios eran los mozos y los trabajadores de las fincas a quienes se les asignaba
entre cinco y diez manzanas de tierras cultivables o entre quince y veinticinco de tierra
rustica. El número de beneficiarios se ha establecido entre 75,000 y 88,000, en parcelas
repartidas provenientes de confiscaciones, y entre 23,000 y 30,000 beneficiarios de las
fincas nacionales. Por lo tanto se puede afirmar que fueron más de 100,000 familias las
beneficiadas, lo que se convierte en más de 500,000 personas, de un total de 3
millones de habitantes.”34
El investigador considera que no se puede negar la incidencia del movimiento de la
reforma agraria en Guatemala, lamentablemente dicha iniciativa tuvo un contexto
fuertemente político, dentro de un momento sumamente turbulento como lo era la
guerra fría, así también no hubo un apoyo concreto por parte de la implementación de
políticas que dieran como pauta la reactivación de las tierras asignadas por la reforma
agraria por lo que muchas propiedades pasaron a ser tierras ociosas en virtud que los
campesinos beneficiarios no tenían ni herramientas, ni créditos ni capacitaciones para
tener un mejor control de los recursos asignados.
Así también Schlesinger expone que “El cumplimiento de la ley demostró ser un
problema. Campesinos ansiosos por obtener más tierras, otros a los que aún no se les
habían concedido las fincas que habían solicitado y otros más, simplemente hostiles a
propietarios arrogantes o atemorizados, empezaron a invadir tierras que no habían sido
legalmente concedidas. Los líderes comunistas junto con otros radicales, intentando
impulsar la revolución más rápidamente alentaban esas invasiones”.35 Dicha situación
sería perfectamente aprovechada por los detractores de la reforma agraria quienes
propiciarían los acontecimientos que darían lugar a la contrarrevolución guatemalteca 34
Op. Cit.
35 Kinzer Stephen y Schlesinger Stephen, Op Cit. Página 69.
- 22 -
que en el año de 1954 derrocaría al gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, para
dar lugar al del Coronel Carlos Castillo Armas, que posteriormente en su gobierno, se
decreta la Constitución de la República de Guatemala de 1956, misma que a diferencia
de sus antecesoras y por el antecedente directo de la Ley de Reforma Agraria expone
una serie de artículos en materia de defensa de la propiedad privada y la expropiación
forzosa, mismos que son transcritos a continuación.
“Artículo 124. Se garantiza la propiedad privada. El Estado debe asegurar al
propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y utilización de sus bienes.
El propietario tendrá las obligaciones que la ley establezca. La ley determinará las
limitaciones a la propiedad que sean adecuadas para la transformación de la tierra
ociosa, la protección del patrimonio familiar y el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales de la Nación. Las tierras ociosas, laborables pero no cultivadas, podrán
gravarse o expropiarse. Para este efecto se atenderá a sus diferentes condiciones, bien
sean geográficas, topográficas, climatéricas o económicas y a su ubicación y facilidades
de explotación. La ley fijará su gravamen, y regulará su expropiación. Las tierras
ociosas expropiadas deberán adjudicarse en propiedad privada, con el fin de atender al
desarrollo agrario del País. De acuerdo con las condiciones y características de cada
región, la ley fijará términos prudenciales para que los propietarios de las tierras ociosas
procedan a su cultivo. Ese término empezara a computarse a partir de la declaratoria de
ociosidad. Las reservas forestales que determine la ley, no serán consideradas tierras
ociosas.”36
Como se puede apreciar en este caso, el artículo citado demuestra una seria de
cuestiones bajo las cuales puede operar la expropiación. Su amplio desarrollo solo
puede deberse a los acontecimientos de la reforma agraria anterior. Se pretendía el
bloquear cualquier intento que fuera a ocasionar una expropiación no deseada como las
36 Asamblea Constituyente. Constitución de la República de Guatemala decretada el 2 de febrero de 1956. Estado
Actual: Derogada.
- 23 -
ocurridas en contra de la United Fruit Company. Aun así es interesante examinar que
de alguna forma se reconocía el derecho a la expropiación de tierras ociosas para
procurar un desarrollo agrario en el país, aunque sin una postura radical.
Por su parte el artículo 125 del cuerpo legal citado expone lo siguiente: “En casos
concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva,
beneficio social o interés público, debidamente comprobados. La expropiación deberá
sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará
por expertos, tomando como base su valor actual. Para valuar una propiedad se
tomarán en cuenta todos los elementos, circunstancias y condiciones que determinen
su precio real, sin sujetarse exclusivamente a la declaración fiscal, estimación del
catastro municipal, informe o dato de cualquier otra dependencia del Estado, o
documento prexistente. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de
curso legal, a menos que, con el interesado, se convenga en otra forma de
compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la
paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa
indemnización, pero ésta deberá hacerse efectiva inmediatamente después que haya
cesado la emergencia. La Ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad
enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas
será fijada por la Ley. En ningún caso el termino para hacer efectivo dicho pago podrá
exceder de diez años.” (El subrayado es propio).37
Este artículo demuestra un punto sumamente importante dentro del ordenamiento
jurídico guatemalteco y es el surgimiento del justiprecio como determinador de la
valoración de un determinado bien sin tomar en cuenta elementos como la declaración
fiscal que incluso en la actualidad muchas personas pretenden pagar menos impuestos
declarando un menor valor por un determinado bien inmueble. Situación que dentro del
contexto del Decreto 900 no fue aplicable ya que llegó un momento en que Arbenz
ofreció pagarle a la United Fruit Company por las tierras expropiadas de conformidad
37
Op. Cit.
- 24 -
con el valor fiscal, sumamente inferior al valor real con el cual se encontraban
registradas en ese momento. No se puede negar entonces que dicha situación otorga
una herramienta de valoración a favor del sujeto expropiado.
Con los acontecimientos del asesinato de Carlos Castillo Armas y el derrocamiento
posterior del General Miguel Idígoras Fuentes por parte de su ministro de la Defensa,
General Enrique Peralta Azurdia, dentro del contexto de una restructuración legislativa
a nivel nacional, se crea la Constitución de 1965, misma que regula la expropiación
forzosa en una forma bastante similar a la de su antecesora, con la diferencia que hace
una separación entre lo que es la mera expropiación forzosa38 en su artículo 71, y por la
otra parte todo lo relativo a la expropiación por motivos agrarios, con la que se
pretendía dar una herramienta a campesinos pobres para que pudieran acceder a
tierras en virtud que las mismas no se encontraban cultivadas, pero estableciéndose
una serie de requisitos para ello de conformidad con el artículo 126 de la citada Carta
Magna.39
38 “Articulo 71. En casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva,
beneficio o interés público, debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Para valuar una propiedad se tomará en cuenta todos los elementos, circunstancias y condiciones que determinen su precio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos prexistentes. La indemnización deberá ser previa y en moneda de curso legal, a menos que se convenga en otra forma de compensación. Sólo en casos de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación de la paz, podrá ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero ésta deberá hacerse efectiva inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La propiedad de los Estados en guerra con Guatemala o la de sus nacionales, podrá expropiarse, ocuparse o intervenirse, sin las formalidades exigidas en el párrafo anterior. Una ley regulará esta materia. No podrá exigirse indemnización alguna por la constitución de servidumbres de utilidad pública, excepto como compensación por los daños efectivamente causados al patrimonio. Cuando se trate de expropiación de terrenos para construcción de caminos o carreteras, la indemnización podrá no ser previa. La ley determinará la forma de pago y el procedimiento. Para la realización de las obras de electrificación nacional podrá ocuparse el área que sea indispensable, del bien afectado, pero deberá depositarse previamente el monto del avalúo en una institución bancaria a través de la autoridad que conozca del asunto, de conformidad con la ley”. Asamblea Constituyente. “Constitución de la República de Guatemala”, 15 de septiembre de 1965. Estado Actual. Derogada. 39 Artículo 126. El Estado promoverá el desarrollo agropecuario del país, para cuyo efecto deberá fomentar y
apoyar a las empresas agrícolas y pecuarias que exploten racionalmente la tierra y contribuyan al progreso económico y social. Asimismo deberá realizar programas de transformación y reforma agraria, proporcionando a los campesinos, pequeños y medianos agricultores, los medios necesarios para elevar su nivel de vida y los que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional. Estos programas serán regulados por la ley de la materia y se basarán en los siguientes principios fundamentales: …6. Las tierras ociosas laborables pero no cultivadas, podrán gravarse o expropiarse. La ley determinará la cuantía del impuesto atendiendo a las diversas
- 25 -
Con los cambios ocurridos a partir del golpe de Estado ocasionado por el General
Humberto Mejía Victores, en contra del General Efraín Ríos Montt como Jefe de Estado
a principios de los años ochenta, se constituye la Asamblea Nacional Constituyente de
1984-1985, misma que tiene como misión crear una nueva Constitución que estuviera
ambientada en un entorno democrático y de respeto hacia los derechos humanos,
situación que da como consecuencia a la Constitución Política de la República de
Guatemala que en su artículo 40 se regula lo que se conoce actualmente como
expropiación forzosa de conformidad con lo transcrito a continuación:
“Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser
expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público
debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos
señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como
base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de
curso legal, a menos que, con el interesado se convenga en otra forma de
compensación. Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la
paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa
indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la
emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La
forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijada
por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de
diez años.”40
condiciones topográficas, climatológicas, calidad de los suelos, ubicación, y facilidades de explotación. Además, fijará el término prudencial para que el propietario las ponga en producción, tomando en, cuenta las condiciones antes dichas. Vencido ese término, podrá procederse a la expropiación, sin que sea necesario declararse la utilidad y necesidad de esta medida, haciéndose el avalúo de conformidad con lo que estipula el artículo 71 de esta Constitución. 7. Cuando proceda la expropiación en materia agraria, el pago de la indemnización correspondiente podrá diferirse hasta por un término no mayor de diez años, según el monto de la misma. Los bonos respectivos, con plazo de vencimiento adecuado, devengarán el interés que determine la ley… Asamblea Constituyente. “Constitución de la República de Guatemala”, 15 de septiembre de 1965. Estado Actual. Derogada 40
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. 31 de Mayo de 1985 con
vigencia a partir del 14 de enero de 1986. Estado Actual: Vigente.
- 26 -
Como se puede apreciar la forma bajo la cual actualmente se regula la expropiación
forzosa es sobre las causales de utilidad colectiva, beneficio social o interés público
debidamente comprobadas, tal como se expondrá de una forma más desarrollada en el
proceso de investigación, pero es de importancia resaltar el hecho que actualmente la
Constitución Política de la República no contempla una definición de lo que comprende
específicamente los supuestos anteriormente enunciados.
1.3 Naturaleza jurídica:
La naturaleza jurídica de la expropiación forzosa conlleva a que se razone de
inmediato de que es una institución del Derecho Público, ello radica en el sentido que
es una institución regulada por entes gubernamentales, cuya aplicación tiene que estar
amparada bajo una norma positiva de carácter vigente, queriendo decir por ello que sea
una norma de aplicación al caso concreto, estando en vigencia dentro del ámbito del
tiempo y el espacio. Supondrá además una institución de naturaleza lesiva ya que
afecta directamente el patrimonio del expropiado en nombre del beneficio del Estado
que está ordenando la misma.
Se puede decir entonces que la expropiación es un medio o instrumento legal
otorgado en la Constitución a favor del Estado para poder apoderarse de la propiedad
privada de un individuo o grupo de individuos, cuando esta constituye un obstáculo o a
su vez una herramienta para la realización de sus fines de servicios públicos y sociales
El fundamento principal de la institución de la expropiación forzosa es la facultad de
carácter constitucional basada en el interés social y en el beneficio de la colectividad.
Tal como se podrá apreciar dentro del desarrollo de la presente investigación, existirán
infinidad de situaciones bajo las cuales un Estado puede invocar la expropiación, ya
que la misma va desde cuestiones como el cumplimiento de los intereses generales, la
defensa de la soberanía del territorio o por motivos de seguridad y salubridad pública.
- 27 -
1.4 Características:
Tomando en cuenta la naturaleza jurídica bajo la cual se funda la expropiación
forzosa, siendo esta una institución del Derecho Público resulta indispensable para el
objeto de la investigación el indicar según el criterio del investigador cuáles son las
características esenciales de la expropiación forzosa:
1.4.1 Individualización: La privación de la propiedad es de carácter singular e
individualizado ya que se detalla cual es el bien a expropiar. Resulta por ello
conveniente indicar que nunca se expropiará de forma generalizada, sino que el
decreto por medio del cual se va a iniciar una expropiación, debe indicar
claramente quien o quienes serán los afectados por dicha medida.
1.4.2 Declaratoria previa: Tiene que haber una previa declaración de utilidad pública o
interés social por medio del cuerpo legislativo correspondiente justificando los
motivos por los cuales se está llevando a cabo la expropiación, caso contrario se
incurriría en confiscación
1.4.3 No confiscatoria: Dicha declaración tiene que ser realizada por medio de la
emisión de una ley por medio del cuerpo legislativo correspondiente. La
confiscación como tal se encuentra prohibida dentro de la Constitución Política
de la República de Guatemala en su artículo 40.
1.4.4 Coactiva: La privación de la propiedad es de carácter coactivo ya que caso
contrario estaríamos ante otra figura tal como una donación o compraventa por
un particular hacia el Estado. Esta situación resulta entendible directamente
partiendo del hecho del título de la presente expropiación ya que la misma
siempre será forzosa para ser reconocida como tal ya que caso contrario
efectivamente se incurriría en otra figura jurídica, misma que no es objeto dentro
de la presente investigación.
- 28 -
1.4.5 Afecta bienes y derechos: La misma afecta bienes muebles, inmuebles y
derechos sobre los mismos: Una cuestión sobre la cual ha habido discusión, es
en el sentido sobre que bienes aplica dicha disposición, para ello la aunque la
mayoría de las expropiaciones se refieren a la transmisión del derecho de
propiedad de un terreno; en realidad, puede ser expropiado cualquier tipo de
bien: desde obras de arte a derechos reales, títulos y acciones, concesiones y
cualquier bien que pueda tener una utilidad pública en el momento que sea
necesaria su ocupación. Esto implica por lo tanto, que la expropiación no sólo
afecta a terrenos y edificios, pero además también puede comprender cualquier
forma de privación de derechos a la propiedad privada o de derechos e intereses
patrimoniales legítimos.
1.4.6 Parcial o total: Puede ser parcial o total, sobre los bienes que afectará la
expropiación forzosa ya que únicamente tiene que ser utilizada para el fin
específico y previamente establecido en la ley.
1.4.7 Finalista: Es finalista en el sentido que una expropiación para ser declarada
como tal, debe ser emitida por medio de una norma que especifiqué el motivo
bajo el cual se está limitando el derecho a la propiedad de un individuo a favor
del Estado.
1.4.8 Unilateral: Es de carácter unilateral ya que al expropiado no se le pregunta si
tiene deseo de que su bien inmueble sea expropiado a favor del Estado,
simplemente el Estado en su facultad de poder público actúa en beneficio de la
colectividad.
1.4.9 Legalidad: El procedimiento de expropiación forzosa tiene que estar regulada
dentro de la ley. Con este presupuesto jurídico se cumple el principio de
legalidad esencial para que la institución de la expropiación forzosa pueda nacer
a la vida jurídica. No se trata simplemente que se expropie por una razón
- 29 -
determinada, ya que la misma tiene que estar regulada en la ley, así como el
procedimiento bajo el cual una situación abstracta se llevará a cabo.
La expropiación forzosa se diferencia de la restricción administrativa que
conlleva el hecho que una persona no pueda obrar libremente con relación a un
bien de su propiedad debido a una ordenanza de carácter administrativa, siendo
esta situación usual cuando una persona no puede construir o modificar de forma
contemporánea un bien inmueble como en el caso del Centro Histórico de la
Ciudad de Guatemala al existir prohibición para dicha modificación o la
restricción por licencia de construcción. Así también se diferencia en el caso de
las servidumbres administrativas ya que la servidumbre únicamente afectará una
porción de un determinado bien, atendiendo a supuestos puntualmente
desarrollados como la conducción de energía eléctrica o conducción de agua por
ejemplo.
1.4.10 Indemnización previa: Tiene que haber una indemnización a favor del expropiado
Para Richard Pipes, se entiende como propiedad al derecho del dueño o de los
dueños, reconocidos formalmente por la autoridad pública, a explotar los activos
excluyendo a todos los demás y a venderlos o disponer de ellos de otra forma.
"Lo que distingue la propiedad de la simple posesión momentánea es que la
propiedad es un derecho que se reconoce por la sociedad o el Estado, por la
costumbre, por la convención o por la ley”. En la práctica, postula una autoridad
pública de cierto tipo. El concepto se originó en la Roma antigua, cuyos juristas
designaron con el término de dominium a lo que entendemos por "propiedad".41
Esta situación constituye la piedra angular de la expropiación forzosa ya que
para que exista la misma tiene que haber el pago de una compensación a favor
del sujeto expropiado, ya que caso contrario como se indicó con anterioridad se
41
Pipes, Richard. “Propiedad y Libertad. Piedra angular de la sociedad civil”. Fundación Friederich Naumman.
México 2005. Página 6.
- 30 -
incurriría en una mera confiscación arbitraria que violentaría el derecho humano
a la propiedad.
Continúa manifestando el señor Pipes que la propiedad es de dos tipos:
productiva, es decir, la que puede crear más propiedad (por ejemplo, tierra,
capital) y personal, que sirve exclusivamente para usarse (por ejemplo, vivienda,
ropa y joyas). Así es como se usa comúnmente.42La aseveración del señor Pipes
es sumamente interesante en el sentido que hay expropiaciones que
efectivamente pueden crear más propiedades como en el caso de los bienes
inmuebles y otras que tienen específicamente un uso designado como en el caso
de las joyas o una obra de arte por ejemplo, aunque para este último supuesto
siempre se tiene que invocar una causa de utilidad pública o interés público,
siendo este otro supuesto a criterio del autor uno de los puntos más
controversiales dentro de la institución de la expropiación forzosa.
Se dice que es controversial ya que un determinado gobierno o partido político
con control legislativo puede amparar cualquier proyecto legislativo de
expropiación forzosa utilizando únicamente el nombre de la “utilidad pública e
interés público”, sin necesidad de profundizar específicamente aunque tuviera
toda la responsabilidad para hacerlo tanto para la defensa de los intereses del
Estado, como para brindar certeza jurídica a los habitantes del mismo y sus
bienes
1.5 Justificación de la expropiación forzosa.
A lo largo de la historia de la humanidad el derecho a la propiedad privada ha sido
objeto de disputa y controversia. Para sistemas transpersonalistas como los del
comunismo o el fascismo, el individuo debe de sujetarse a la voluntad del “pueblo, líder
o régimen”, esa sujeción se ha manifestado en infinidad de ocasiones en donde se han
42
Loc. Cit.
- 31 -
cometido abusos en contra de la propiedad del ser humano atendiendo a intereses por
lo regular injustificados y que únicamente han servido de detrimento para la condición
humana. Instituciones como los de la confiscación únicamente sirvieron para enriquecer
a unos pocos en perjuicio de muchos.
Para gobiernos o entes de tendencia liberal en cambio el derecho a la propiedad
privada constituye una de las máximas expresiones de la libertad del ser humano ya
que le permite adquirir algo, poseerlo y utilizarlo como mejor le parezca, ello debido a
que con su trabajo ha podido adquirir lo que ahora disfruta. El liberalismo dicta algo bien
interesante en el sentido de que el derecho a la propiedad, permite al individuo crecer y
seguir con ello apoyando al desarrollo no solo de su familia, sino también del Estado en
General.
Rodolfo Vinelli, por su parte nos expone que “En los momentos de Reorganización
Nacional el derecho de propiedad debe prevalecer incólume como el derecho a la vida,
a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Todo ataque o desliz perturbador debe
defenderse en lucha abierta y clara porque está entonces en juego la esencia misma de
nuestra nacionalidad, de nuestras instituciones proclamada en la Constitución Nacional,
que es la más sagrada heredad de nuestra patria. Recordemos que hay muchas formas
de abolir la propiedad privada, o sea las bases de la libertad; por expropiaciones,
reglamentaciones, cargas vejatorias impositivas, prohibiciones, coacciones,
planeamientos, restricciones de uso, discriminación de subdivisiones, o directamente
poniendo en manos de burócratas la interpretación de montañas de leyes inconsultas y
absurdas que, pretendiendo defender intereses superiores, atentan contra el derecho
natural de los ciudadanos, tal como lo denunciaron Aristóteles, Cicerón, Adam Smith,
von Mises y Alberdi.”43
43
“La Propiedad Privada” Vinelli Rodolfo, Centro de Estudios Económicos y Sociales. 2006 Disponibilidad y acceso:
http://www.cees.org.gt/topicos/print/topic-454.doc Guatemala 03 de Junio de 2008 16:40 horas
- 32 -
La postura de Vinelli a criterio del autor resulta bastante extrema ya que expone
que la propiedad como tal no puede ser afectada en ningún momento, ello en virtud que
dicho derecho es equiparable al derecho de la vida. El autor difiere en parte en el
sentido que la historia ha demostrado en diversas ocasiones que la expropiación por
causas justificadas ha sido necesaria para reasentar las bases democráticas de una
nación y buscar el desarrollo de la misma, aunque el autor también está consciente que
ha habido infinidad de ejemplos de que tal como exponía el señor Vinelli, las
limitaciones al derecho a la propiedad privada, ya sea por medio de revoluciones o
leyes de carácter político, no han hecho más que destruir la economía y la riqueza de
diversas naciones
Un ejemplo claro de la aplicación de la institución de la expropiación forzosa y
duramente criticada para muchos fue la promulgación del Decreto 900 o Ley de
Reforma Agraria de Guatemala. La aplicación de dicha ley, lejos de la realidad social e
histórica del país, así como de las circunstancias del mundo en esos momentos con
una guerra fría que mantenía polarizada al planeta entero entre el bando capitalista
encabezado por Estados Unidos y el bando comunista encabezado por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, hizo que el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz
Guzman se derrumbara al haber intentado realizar una serie de expropiaciones sin una
política clara de reactivación económica y asistencia, mismas que sirvieron como
excusa para que por medio de una invasión orquestada por los Estados Unidos, se
derrocara a dicho gobierno, y se iniciara así también una serie de cambios y
descontentos que en unos años desencadenaría el amargo conflicto armado interno
que tuvo una duración de treinta y seis años y que desgarró en sobremanera a nuestra
nación.
Jorge Mario Castillo González en su análisis a la Constitución Política de la
República de Guatemala, indica que ningún Estado puede expropiar el bien de un
- 33 -
individuo salvo que la ley así lo permita con el pago de una indemnización previa. 44 Tal
como se ha expuesto con anterioridad la Constitución regula las causas por las cuales
se puede limitar el derecho a la propiedad privada. Aquí hay algo importante que
resaltar, y es el hecho de que el analista indica que la expropiación únicamente tendrá
lugar “en casos concretos”, lo que significa que se elimina la posibilidad de dos o más
inmuebles atribuyéndoles un mismo valor, ello se hizo en virtud de evitar abusos que
conllevara a graves pérdidas para aquellas personas que sufrieran de la expropiación
forzosa.45
La Ley de Expropiación (Decreto 529 del Congreso de la República) únicamente
indica en su artículo 1 que se “entiende por utilidad pública o interés social, para los
efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de
orden material o espiritual”. A criterio del investigador la presente definición resulta
sumamente ambigua y puede dar lugar a interpretaciones totalmente desviadas del
espíritu y la naturaleza bajo la cual nace la institución de la expropiación forzosa la cual
es la de beneficiar a la colectividad. Es por ello que a continuación se desglosará cada
uno de los elementos bajo los cuales se puede invocar expropiación de conformidad
con la Constitución Política de la República de Guatemala para que los mismos puedan
ser comprendidos por el lector:
1.5.1 Utilidad Colectiva:
Por utilidad colectiva se entiende a todas aquellas expropiaciones de bienes o
derechos que tendrán como fin el ser de provecho y utilidad para un determinado grupo
44
Castillo González, Jorge Mario. Constitución Política de la República de Guatemala. Comentarios, explicaciones,
interpretación jurídica, documentos de apoyo, opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
Guatemala, Editorial Impresiones Gráficas. 2003. Página 82.
45 Ibíd. Pág. 83.
- 34 -
de personas, a criterio del investigador la utilidad colectiva va íntimamente relacionada
con el beneficio social ya ambas tienen como fin el de promover el desarrollo del ser
humano pero a diferencia del beneficio social que tiene como fin el apoyar a todos los
miembros de una nación, la utilidad colectiva solo beneficia a un determinado grupo
específico. Por ejemplo la expropiación de un bien inmueble que será posteriormente
desmembrado y repartido única y exclusivamente a los habitantes de una aldea dentro
de un determinado departamento de la República, para afrontar la pérdida de sus
hogares a raíz del temporal que azotó la región en determinado año. Tal como se
puede contemplar en el ejemplo anterior, el bien inmueble sirvió para un grupo
determinado y específico de personas, promoverá su desarrollo, pero a la vez el mismo
únicamente tendrá un marco específico de personas a las cuales apoyará.
1.5.2 Beneficio Social:
Por beneficio social se entiende a todas aquellas expropiaciones que tienen
como fin el de promover el desarrollo integral del ser humano, lo cual tendrá a su vez
como objeto el promover el desarrollo del Estado. Entre esta cuestión sujeta a análisis
podríamos mencionar como ejemplo la expropiación de un bien inmueble para la
construcción de una escuela, o un hospital nacional, mismos que estarán a disposición
de cualquier persona no importando en lo absoluto su origen o el lugar en el que viva,
pero que simplemente gozará del derecho de disfrutar de dicho bien construido para
beneficiar al ser humano en general.
Para el jurista Oscar Barahona Strerber haciendo alusión al beneficio social
mencionaba que: “Hace cincuenta años solo se hablaba de Garantías Individuales en
las diversas constituciones que surgieron condicionadas por el influjo redentor de la
Gran Revolución Francesa, como único modo verdadero de evitar que se volviese a la
situación feudal en que un Estado prepotente aplastaba a los individuos. Pero después
de la Primera Guerra Mundial, cuando justamente estamos conmovidos por una nueva
y más horrorosa catástrofe colectiva, que legará a los pueblos toda una forma superior
- 35 -
de Democracia, resulta imposible detener la evolución humana con el artificioso
expediente de ignorar lo que a nuestro alrededor pasa. Los problemas económicos han
cambiado, y, consecuentemente, ya las grandes masas populares no se conforman con
libertades políticas porque muchas veces ellas resultan líricas, sino que buscan
ansiosamente el complemento material necesario para que se transformen en
realidades... En efecto, si en verdad las constituciones proclaman la igualdad de todos
los hombres ante la ley, no es menos cierto que esta igualdad es teórica mientras haya
desmedida riqueza -sinónimo de poderío- acumulada en unas pocas manos. Por ello ha
surgido, como reacción contra el excesivo privilegio de quienes todo lo tienen y como
única manera de mantener el equilibrio y la tranquilidad entre las distintas clases
sociales, el novísimo concepto jurídico de las GARANTIAS SOCIALES que no quieren -
como las individuales- proteger a los ciudadanos frente a los abusos del Estado, sino
que buscan el amparo de los grandes núcleos humanos, de las grandes masas
trabajadoras, frente a los excesos que pueden cometer las minorías adineradas”.46
Por su parte la iglesia católica, por medio de su autoridad máxima a nivel
terrenal, el Papa ha emitido encíclicas por medio de las cuales se ha desarrollado el
tema de la justicia social. En este caso Pio XI en su momento publicó la encíclica
“quadragesimo anno” sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de
conformidad con la ley evangelizadora. En la misma, la autoridad papal expone que la
justicia social constituye un límite al que debe de sujetarse la distribución de la riqueza
en una sociedad, de tal modo que se reduzca la diferencia existente entre ricos y
pobres.47
46
Guardia Calderon, Presidente Constitucional de la República de Costa Rica. “Las garantías sociales”. Portal El
espíritu del 48. San José Costa Rica, 2008. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.elespiritudel48.org/docu/h084.htm
47 Pio XI, “Quadragesimo anno – Sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con
la ley evangelizadora. Santa Sede del Vaticano. 1931. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.gui.uva.es/~cuenca/enciclic/quadrage.htm
- 36 -
Por su parte Pio XI continúa manifestando con relación a este tema que a cada
cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo
necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas
del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán
gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos
cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados.48
Es con el calificativo anteriormente expuesto, lo que a criterio del investigador
puede determinarse como pilar o fundamento del beneficio social, ya que la misma va
íntimamente relacionada al beneficio directo de aquellas personas que son las más
pobres y necesitadas del acceso de servicios básicos que les pueda permitir el llevar
una vida más decorosa. En otras palabras el beneficio social tiene que ir en promoción
de los derechos de las mayorías más necesitadas, aunque lamentablemente esta
justificación puede ser objeto de utilización de políticas demagógicas y populistas de
sujetos o movimientos políticos que pregonan por una repartición irresponsable de los
bienes del Estado en beneficio de las grandes mayorías, sin medir las consecuencias
que dichos actos puedan tener en el desarrollo de un determinado país.
1.5.3 Interés Público:
Siendo uno de los justificativos esenciales de la expropiación forzosa, el mismo
es a la vez uno de los más polémicos en el sentido que el mismo puede dar lugar a una
interpretación extensiva a irresponsable por el órgano estatal que tenga la facultad
dictar las leyes y procedimientos en materia de expropiación. A criterio del investigador,
se considera como interés público todo aquello que conlleve al Estado a encontrarse en
capacidad de cumplir con los fines garantizados dentro de la Constitución Política de la
República, así como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
48
Op. Cit.
- 37 -
Aun así se insiste en la amenaza que la mala utilización de este concepto podría
conllevar.
Es a partir de la defensa del interés públicos que gobiernos tanto de índole
democrática, como dictatorial han justificado sus políticas públicas implementadas por
medio de leyes. No es de extrañar entonces el motivo por el cual se le guarda tanto
recelo y es el hecho que al día de hoy no existe un criterio uniforme de que se puede
considerar como “interés público”, pueden existir ejemplos doctrinarios, cuerpos legales
específicos que puedan desarrollar dicho concepto, pero no hay un acuerdo pleno que
permita identificar qué situación puede reconocerse efectivamente como interés público
y cual no, que pueda servir a la vez como un freno ante las intenciones legislativas del
ente correspondiente.
Para citar un ejemplo, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el
presidente Hugo Chávez Frías ha decretado con las amplias facultades que las leyes
de ese país le han otorgado centenares de expropiaciones forzosas en nombre del
“interés público”, en otras palabras usando el poder coactivo del Estado se ha
encargado de expropiar para beneficio del Estado cualquier tipo de bienes muebles e
inmuebles que justifiquen las políticas que desea implantar en su país, no importándole
las consecuencias que dichas decisiones tengan sobre la economía, el desarrollo y la
seguridad jurídica de los bienes de sus ciudadanos.
Por último, es necesario a criterio del investigador, para clarificar lo expuesto
dentro de las causales para la expropiación forzosa de conformidad con lo indicado en
el artículo cuarenta de la Constitución Política de la República de Guatemala, ante la
ausencia de una definición de lo que se comprende por los elementos anteriormente
citados, que la Corte de Constitucionalidad como máximo tribunal en materia de
constitucionalidad índica lo siguiente: "...Nuestro ordenamiento jurídico no hace una
enumeración casuística de lo que significa 'utilidad colectiva, beneficio social o interés
- 38 -
público', la Ley de Expropiación se limita a establecer en su artículo lo que se entiende
por utilidad o necesidad públicas o interés social, para los efectos de esta ley, todo lo
que tienda a satisfacer una necesidad colectiva. Sin embargo, como no queda a criterio
de la autoridad expropiante esa interpretación, se encomienda tal función al Organismo
que le es propio legislar por mandato constitucional y que se integra con los
representantes del pueblo, al cual corresponde, siguiendo el proceso de formación y
sanción de la ley, emitir la declaración de que en un caso concreto procede expropiar
por las razones indicadas, creando así el marco legal necesario para el desarrollo de la
subsiguiente actividad administrativa. Es por ello que al emitir tal declaratoria, es el
Estado de Guatemala el que actúa en ejercicio de la soberanía, por medio del
Organismo Legislativo. En tal virtud, la facultad del Estado de expropiar es legalmente
incuestionable, pero su ejercicio se sujeta al cumplimiento de los requisitos que el
mismo pueblo se ha impuesto, en orden de no invadir las libertades y derechos
individuales, sino en la medida que resulte necesaria para el beneficio de la
colectividad...”49 (El énfasis es propio).
Del análisis efectuado por parte del tribunal constitucional, los tres justificativos
desarrollados dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala tienen
como finalidad similar el hecho de satisfacer una necesidad de carácter colectivo,
entendiéndose por el mismo a un beneficio plural. Ahora bien, se vuelve a entrar en
conflicto cuando se pretende buscar cual es ese fin colectivo. Para el autor de la
presente investigación, el mismo considera que el espíritu del constituyente dentro de la
regulación de la expropiación forzosa, fue única y estrictamente el beneficio de las
mayorías por medio de la defensa y promoción del bien común.
49 Amparo promovido por los señores José Domingo, José Humberto, Porfirio Efraín, todos de apellidos Samayoa
Rueda, y la señora Joaquina Samayoa Rueda viuda de Mármol, contra el Congreso de la República, con motivo del
proyecto de ley (ahora Decreto cincuenta guión ochenta y seis) que declara de utilidad y necesidad públicas la
expropiación de la finca "San José de los Encuentros" y anexos .Gaceta No. 3, expediente de amparo No. 97-86,
página No. 17, sentencia: 25-02-87 de la Corte de Constitucionalidad.
- 39 -
La Constitución Política de la República establece en su artículo 1 la defensa de
dicho postulado al indicar que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la
persona y a la familia, teniendo como fin supremo la realización del bien común. Dicha
situación deja en claro el sentido colectivista que tiene desarrollada la carta magna
guatemalteca al defender los derechos de las mayorías para promocionar el desarrollo
del Estado.
Para sustentar el criterio anteriormente expuesto se transcribe lo contenido
dentro del proceso de Inconstitucionalidad general parcial de ley número 12-86
tramitado ante Corte de Constitucionalidad en la cual dentro de la respectiva sentencia
expone que: "...la Constitución Política dice en su artículo 1 que el Estado de
Guatemala protege a la persona... pero añade inmediatamente que su fin supremo es la
realización del bien común, por lo que las leyes... pueden evaluarse tomando en cuenta
que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de su
concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la
consecución del bien común. Al respecto conviene tener presente que la fuerza debe
perseguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares...".50
La Corte de Constitucionalidad hace la clara advertencia de que
independientemente a que se invoque uno de los tres preceptos bajo los cuales se
puede dictar una normativa de carácter expropiatoria, este nunca debe de buscar fines
particulares, sino únicamente perseguir objetivos generales, siendo el más importante la
50 Planteamiento de Inconstitucionalidad general parcial de ley presentado por Jonás Alvise Vásquez Alvarado en el que pide resolver en sentencia se declare a) Inconstitucionales las normas Jurídicas contenidas en los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, once párrafo primero trece y catorce incisos primero segundo, tercero y cuarto del decreto Ley 1-85 (Ley de Protección al Consumidor) y diez y seis del reglamento de la ley de protección al consumidor anteriormente relacionadas b) Sin vigencia las normas jurídicas impugnadas de inconstitucionalidad relacionadas anteriormente. Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986 de la Corte de Constitucionalidad.
- 40 -
realización del bien común de conformidad con lo contenido en la Constitución Política
de la República de Guatemala.
1.6 Crítica por parte de la escuela libertaria y el neoliberalismo:
Dentro de la corriente libertaria51 ha habido expositores que han defendido
férreamente la defensa a los derechos individuales, específicamente la libertad y la
propiedad privada. Para labores de exposición dentro del presente trabajo de
investigación, se recurre a uno de sus máximos expositores quien en pleno siglo XIX,
siendo este Frederick Bastiat52 quien por medio de su obra intitulada “La Ley” hace una
fuerte crítica a lo que considera como una injerencia abusiva de los entes encargados
de dictar las leyes en beneficio de intereses que únicamente conllevaran a la
destrucción de la seguridad jurídica de los ciudadanos y de sus bienes en nombre de
cuestiones tan ambiguas y sujetas a manipulaciones como el interés de la colectividad.
51
El libertarismo es una filosofía política que mantiene que el ser humano debe tener la libertad de hacer lo que
quiera con su propia vida, siempre y cuando su conducta sea pacífica. Por lo tanto, los libertarios bogan porque, mientras uno se abstenga de asesinar a los demás, dañarlos físicamente, robarlos, defraudarlos, invadir su propiedad y de cometer algún otro acto violento contra ellos o contra su libertad o su propiedad, el Estado debe dejarlo tranquilo. Efectivamente, los libertarios creen que uno de los propósitos principales del Estado consiste en enjuiciar y en castigar a las personas antisociales que inician la fuerza contra los demás. Cada persona debe tener la libertad de participar en cualquier proyecto económico sin tener que pedir permiso del Estado o que soportar sus injerencias. Por ende, los libertarios se oponen a las leyes que exigen licencias para poder llevar los negocios y a los reglamentos económicos de la actividad comercial. Los libertarios además creen que cada persona tiene el derecho de quedarse con lo que se gana y de decidir por sí misma lo que vaya a hacer son su propio dinero: gastarlo, invertirlo, ahorrarlo, acapararlo o dárselo a otros. “Que es ser libertario”. The Future of Freedom Foundation. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web: http://www.fff.org/spanish/nosotros/intro.asp
52 Frederick Bastiat: (1801-1850) merece un lugar venerable en los anales de la economía política. Miembro de la
escuela de economistas liberal francesa, o laissez faire, que incluía al gran J. B. Say, Bastiat orientó su lógica,
claridad y agudeza exuberante a la causa de entender la sociedad, prosperidad y libertad. En una serie de ensayos y
panfletos breves y en un tratado sobre la economía política, Bastiat enseñó, contra Rousseau, que hay un orden
armonioso natural en el mundo social, un orden que emana del libre intercambio entre seres humanos conducidos
a satisfacer sus ilimitados deseos con recursos limitados. El resultado es un progreso seguro al bienestar material
de todos. La interferencia con esa libertad y con sus corolarios, propiedad y competencia, escribió, deja a la gente
más pobre y más oprimida. Esto es así porque la intervención impide a los individuos la acción creadora en que de
otro modo se podrían haber comprometido. El fruto de la creatividad así olvidado es "lo que no se ve" en ningún
acto de intervención. Biografía de Bastiat en http://bastiat.org/es/.
- 41 -
Atendiendo a la crítica que muchas veces se le hace a la cuestión de la legalidad o
ilegalidad de una norma dentro de una institución como lo es el caso de la expropiación
forzosa, investigadores como Walter Williams, señalan al señor Frederick Bastiat, como
uno de los mayores exponentes de la defensa de la propiedad privada e indicaba que
Bastiat advirtió que "como el hombre naturalmente se inclina a evitar el dolor y debido a
que el trabajo duele, preferirá saquear cada vez que el saqueo sea más fácil que el
trabajo". Continúa manifestando: “¿Qué quiere Bastiat decir con saqueo? Saquear es
tomar por la fuerza la propiedad de otro. El saqueo legalizado ocurre cuando la gente
utiliza al gobierno para hacerlo. Bastiat sostenía que el Estado es la gran ficción a
través de la cual todo el mundo trata de vivir a cuestas de todos los demás. Debido a
que la gente desea lo ajeno, es evidente que el gobierno debiera utilizar la fuerza para
evitar esa tendencia, en lugar de hacer lo contrario: "todas las medidas de la ley
deberían proteger la propiedad y castigar el despojo".53
Williams sigue manifestando citando a Bastiat que: ¿Acaso los representantes que
elegimos protegen la propiedad y castigan el saqueo o, por el contrario, castigan la
propiedad y favorecen el saqueo? "cuando la ley y la moral se contradicen una a otra,
el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su
respeto por la ley". Este sigue siendo nuestro gran dilema hoy en día.54 Este es uno de
los argumentos mayormente defendidos por quienes aseguran que una ley nunca debe
de legalizar un saqueo, sino más bien debe defender la propiedad privada.
Esta crítica es la que es defendida abiertamente por la escuela libertaria que
aboga por la defensa de las libertades individuales ante la amenaza que supone la
53
Elcato.org. Williams Walter. Instituto El Cato, “Bastiat, defensor de la libertad”. Estados Unidos de América. 2001.
Disponibilidad y acceso: http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2001-07-19.html consultado en
Guatemala el 03 de Junio de 2008 21:04 horas
54 Op. Cit.
- 42 -
injerencia gubernamental al obligar a un sujeto a entregar uno o varios bienes en
beneficio de un grupo de ciudadanos. Dicha alusión a saqueo es fuertemente expuesta
en la obra citada anteriormente y ha servido como pilar de defensa para aquellos que
consideran como un acto de abierto abuso de autoridad el hecho por parte de las
autoridades de gobierno al disponer de los bienes de un individuo, aun cuando sea para
beneficio colectivo.
1.7 Limitaciones de la expropiación forzosa.
Tomando en cuenta lo anteriormente desarrollado se puede apreciar que tiene que
existir una fundamentación preestablecida para que la expropiación pueda ser
declarada. La misma no puede ser declarada por el Órgano Ejecutivo mediante la figura
del Acuerdo Gubernativo, mucho menos por parte de un Ministro por medio de un
Acuerdo Ministerial, sino que para ello en el caso que interesa, el órgano competente el
cual es el Congreso de la República de Guatemala deberá hacer la declaración
respectiva por medio de una ley la cual deberá exponer claramente los motivos y las
necesidades que han conllevado a tomar una determinada legislación de carácter
expropiatoria que restringa el derecho a la propiedad privada.
La declaratoria de expropiación deberá de ceñirse a aquellos bienes que sean
necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo, lo que
hace necesario exigir con precisión exacta los bienes a expropiar, así como la utilidad
que tendrán los mismos dentro de la expropiación forzosa. Ahora bien resulta
indispensable aclarar que si un bien principal es expropiado, esto no significa que se
prohíba el retiro de los bienes accesorios del mismo, salvo que estos sean
indispensables para el funcionamiento del principal,
- 43 -
Otra limitación existente radica en el sentido de que el bien expropiado debe de ser
utilizado para el fin bajo el cual fue expropiado, no se puede invocar ninguna otra
causal, sino la cual motivó la expropiación de un determinado bien.
Como último cabe destacar que una limitación dentro de la expropiación forzosa es
la de la indemnización ya que la misma debe de ser previa a la expropiación, así
también que estar pagada en moneda de curso legal y de acorde al precio este mismo
será justipreciado por expertos en la materia atendiendo al valor actual del bien sujeto a
expropiación.
Ahora bien por ejemplo la jurista Magda Carolina Cuevas Del Cid, en su tesis55 “El
problema de los intereses patrimoniales legítimos como objeto de la potestad
expropiatoria” hace un análisis con relación a la naturaleza de la potestad expropiatoria,
así como de los sujetos que hacen uso de la misma. La autora llega a una dura
conclusión al respecto y es el hecho de que por el bien que pierde el expropiado, éste
debería recibir una justa y previa compensación, pero lamentablemente esta
indemnización no se equipara al valor real del bien sujeto a expropiación, ya que nunca
se llega a resarcir plenamente todos los daños y perjuicios ocasionados en detrimento
del patrimonio expropiado.
1.8 Sujetos de la expropiación forzosa
1.8.1 El sujeto expropiante: Para el autor, se comprende como sujeto expropiante, a
todos aquellos entes de carácter gubernamental o particular que pueden solicitar
la declaratoria de expropiación forzosa ante el órgano legislativo
correspondiente, el cual en el caso particular de Guatemala le corresponde
55
Cuevas Del Cid, Magda Carolina “El problema de los intereses patrimoniales legítimos como objeto de la potestad
expropiatoria”. Tesis presentada a la junta directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Guatemala Marzo de 2006. Página 81.
- 44 -
mayormente al Congreso de la República, pudiendo delegar dicha función por
medio de una ley especial con su propio procedimiento.
Dentro de la legislación guatemalteca tal como indica el licenciado Picó Lorenzo,
“la titularidad activa de la potestad expropiatoria radica tanto a entes públicos
territoriales titulares de poderes públicos como el Estado y las municipalidades, y
una institución concreta, siendo esta la Universidad de San Carlos de
Guatemala, como a particulares que se verán beneficiados en su actividad bien
por autorizarlo previamente la legislación, empresas o compañías particulares,
bien para poder cumplir de manera satisfactoria los fines del contrato o
concesión los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y de
servicios de utilidad pública”.56
Para que un particular pueda ser el beneficiado con la expropiación forzosa de
otro particular, eso sí, tomando en cuenta que dicho beneficio no es personal,
sino que el mismo debe de valer sobre los preceptos anteriormente desarrollados
de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Por ejemplo el caso de la
construcción de una autopista que conectará a varios departamentos de la
República, promoviendo el desarrollo comercial de la nación, siendo el caso que
otorga un contrato de concesión a la empresa constructora, la cual fue
autorizada para la construcción de la obra, quien contando con el apoyo del
Congreso de la República quien por medio de una ley específica se realizará la
expropiación forzosa de los bienes afectos a dicha obra, previa indemnización.
1.8.2 El sujeto expropiado: En el caso del sujeto expropiado, se entiende por el mismo
a todo aquel titular de un derecho o cosa susceptible de ser expropiado. El
mismo puede ser una persona individual o jurídica. Se tiene que tener en cuenta
56
Et. Al. Manual de Derecho Administrativo. Una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y
España. España 2002. Página 401
- 45 -
el hecho de que el sujeto no es el afectado en cuestión, ya que por ejemplo
puede ocurrir la situación en que el sujeto expropiado venda el bien inmueble a
un tercero, momentos antes de ser expropiado el mismo. En esta situación el
Estado se ampara de que no se pretende atacar al particular, sino únicamente
expropiar determinado bien mueble, inmueble o derecho, por lo que únicamente
en este caso ocurriría, sería expropiar el bien o derecho a aquella persona que lo
posea, independientemente de si el mismo gozó de la propiedad sobre el mismo
en un día.
De igual forma en materia de expropiación sobre un bien hipotecado o sujeto a
otro tipo de gravámenes, los mismos desaparecen sobre los bienes expropiados
ya que el sujeto activo al recibirlos, los recibirá totalmente saneados de cualquier
gravamen que pudiera perjudicarle. Por lo que puede observarse además que la
eliminación de gravámenes puede perjudicar a otras personas como los
acreedores, tal como veremos más adelante.
Así también en el caso de una expropiación forzosa sobre un bien inmueble
consistente en patrimonio familiar, el Código Civil regula en su artículo 366 que:
“Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la
indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se
constituye un nuevo patrimonio familiar.” Como se puede apreciar, la norma en
este caso pretende amparar a la familia afectada, dejando el dinero depositado
dentro de una institución bancaria buscando el que se restituya el patrimonio
familiar en otro lugar y no dilapidando el dinero como podría ocurrir, todo ello
debiendo contar con la respectiva autorización judicial.
1.8.3 El Beneficiario: Para el autor, el beneficiario es toda aquella persona susceptible
de recibir un beneficio proveniente de la expropiación de un determinado bien. El
concepto debe de comprenderse ampliamente, ello debido a que regularmente
- 46 -
es el Estado el primer beneficiario directo dentro de una expropiación forzosa,
pero también puede serlo otras personas individuales o jurídicas, que pueden
resultar beneficiadas del mismo, atendiendo al principio del beneficio colectivo y
el interés público.
1.8.4 El tercero afectado: Dentro de la institución de la expropiación forzosa, como en
toda institución jurídica en la cual se ataca un derecho tan delicado como lo es el
de la propiedad privada, en la misma suele resultar inevitable que haya aparte
del propietario de la cosa, terceros que resulten perjudicados a consecuencia del
actuar del Estado.
Es para ello que el Código Civil de Guatemala en el caso que interesa, regula
algunas situaciones, así como sus soluciones respectivas, tal es el caso de la
hipoteca, en la cual al ser un gravamen impuesto sobre un bien inmueble
específico, resulta susceptible de ser afectado cuando el mismo es expropiado a
su propietario.
Para este caso particular, el Código Civil nos expone en el artículo 830 sobre la
extensión de la hipoteca, y esta misma indica en su inciso cuarto que la misma
se extiende a las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados
concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y
perjuicios. En este caso de conformidad con el artículo 831 del mismo cuerpo
legal sujeto a análisis, se indica que: “En caso de indemnización los acreedores
hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague, si fuere por
expropiación por utilidad pública.” Claramente se puede apreciar el hecho de que
las deudas provenientes en este caso sobre la hipotecas, serán las primeras a
cancelar dentro de los bienes sujetos a expropiación, aunque el resultado de las
mismas no alcancen, serán divididas proporcionalmente entre los acreedores.
- 47 -
Hay otro caso más drástico y es la situación relativa al arrendamiento en donde
el Código Civil regula en el artículo 1929 que dentro de las causales de
terminación del contrato del arrendamiento se encuentra la expropiación de la
cosa arrendada, con lo cual a criterio del autor se deja en estado de total
indefensa al arrendatario ya que el mismo no estará sujeto a la indemnización
que recibirá el arrendante, mucho menos contará con la facilidad de moverse de
casa de habitación o buscar otro lugar para desarrollar su trabajo en caso que
fuera sobre un lugar comercial.
1.9 Clases de expropiación:
A criterio del autor existen tres clases de expropiación forzosa que son aplicadas
dentro de la mayoría de naciones que reconocen dicha potestad de carácter Estatal, así
como la institución de la confiscación que vale la pena ser analizada con el objeto de
establecer su diferencia con las demás clases de expropiación.
1.9.1 Expropiación Común: La expropiación común consiste en aquella que se
encuentra regulada dentro de la normativa ordinaria, siendo en el caso objeto de
investigación para Guatemala el Decreto 529 del Congreso de la República de
Guatemala conocida como Ley de Expropiación. La misma contiene un
procedimiento por medio del cual el bien inmueble únicamente puede ser
expropiado habiéndose realizado una declaratoria sobre el mismo, con una
indemnización previa hacia el sujeto expropiado. La misma ocurre en situaciones
de estabilidad social en una nación.
1.9.2 Expropiación de urgencia: Ahora bien se entra a desarrollar este tipo de
expropiación, porque el mismo merece atención en virtud de estar regulada
dentro de la ley guatemalteca. La misma se da en situaciones de guerra e
- 48 -
inestabilidad social en la cual el Estado se encuentra incapacitado de realizar el
procedimiento ordinario, como el de la previa indemnización por lo que la misma
en su carácter de urgencia prevé en el caso de Guatemala de conformidad con el
artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala lo siguiente
en su parte conducente: “Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave
perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse
sin previa indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después
que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la
propiedad enemiga.”
Como se pudo apreciar anteriormente la Carta Magna estipula esta situación de
urgencia que puede ocurrir, misma que aún así indica claramente que al haber
cesado la emergencia se tiene que hacer pago de la indemnización respectiva lo
que varía totalmente de la institución de la confiscación la cual es analizada a
continuación dentro del presente trabajo de investigación:
1.9.3 La Confiscación: La figura de la confiscación, misma que tiene carácter arbitraria
se da únicamente en tiempos de guerra o calamidad pública o en aquellos
Estados en los cuales existe una suspensión de garantías de protección para sus
ciudadanos. Su origen es sumamente antiguo y se pueden destacar infinidad de
ejemplos, tal es el caso de la confiscación de bienes de una nación enemiga en
época de guerra, tal es el caso de lo ocurrido con bienes inmuebles de los bienes
de ciudadanos alemanes en Guatemala durante la segunda guerra mundial.
La confiscación actualmente se encuentra prohibida dentro de la Constitución
Política de la República de Guatemala tal como se desarrolla en su artículo 41,
mismo expuesto a continuación: Artículo 41. Protección al derecho de propiedad:
“Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de
propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición
- 49 -
de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del
impuesto omitido.”
La figura de la confiscación como se pudo apreciar anteriormente, únicamente
tiene aplicación en un ambiente total de caos y anarquía en donde únicamente
impera la ley del poderoso sobre el débil, es por ello que a criterio del autor dicha
figura se encuentra prohibida dentro de la legislación guatemalteca, siendo su
máxima expresión la Constitución Política de la República de Guatemala en su
artículo 41 el cual establece directamente: “Protección al derecho de propiedad.
Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de
propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición
de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del
impuesto omitido.”
Por su parte la Corte de Constitucionalidad reafirma la postura de la no
confiscación de los bienes dentro de la presente sentencia: "...Este artículo
constitucional contiene diferentes fracciones, cuya inteligibilidad puede resultar
de su sola lectura aislada, sin que sea necesario deducirlas de otras La
descomposición factorial del artículo daría el resultado siguiente a) por causa de
actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma
alguna; b) se prohíbe la confiscación de bienes; c) se prohíbe la imposición de
multas confiscatorias; y d) las multas en ningún caso podrán exceder del valor
del impuesto omitido. La circunstancia de que en el mismo artículo se incluyan
normas que garantizan derechos políticos (a) y derechos a la propiedad (b) con
disposiciones relativas al régimen tributario (c y d), no justifica la tesis que... por
no incluirse referencia al motivo político no puede estimarse que haya limitación
al derecho de propiedad, confiscación de bienes o multa confiscatoria, ya que,
como se ha visto, estos tres aspectos son separados de la norma precisa que
figura en la primera parte del citado artículo, por lo que deberá entenderse que el
resto de supuestos del mismo (prohibición de confiscar bienes y de imposición
de multas confiscatorias y la regulación sobre el monto máximo de las multas por
- 50 -
impuestos omitidos) operan en cualquier caso, haya o no haya motivo político. El
hecho que este último aspecto, de conocida justificación histórica por las
vicisitudes políticas del país, se haya incluido en dicho artículo, no lo liga
necesariamente con las prohibiciones referidas, que tienen imperatividad para
todos los casos, independientemente de sus motivos..."57 Esta norma tal como
resultó siendo interpretada clarifica el hecho de que independientemente de las
causas, sean o no políticas existe prohibición sobre la confiscación de bienes,
cualquier tipo que sea, aunque no se tiene que confundir a la confiscación con la
figura del comiso de bienes provenientes de actividades ilícitas de conformidad
con lo expuesto en el Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la
República), en su artículo 60 el cual expone: “El comiso consiste en la pérdida, a
favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los
instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un
tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso
prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue
a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos
decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta
incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial.”
Así tampoco se puede confundir con la extinción de dominio de bienes de
conformidad con el Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala
el cual regula el procedimiento bajo el cual los bienes provenientes de
actividades ilícitas marcadas específicamente en dicho cuerpo legal como el
narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, terrorismo, etc., pueden
ser objeto de extinción de dominio a favor del Estado de Guatemala, aun cuando
habrá que analizar a futuro si la aplicación de la norma aludida traerá 57
Planteamiento de inconstitucionalidad general presentada por Jonás Alvise Vásquez Alvarado quien
actúa con el patrocinio profesional de los abogados Julio Valladares Castillo, Mano Fuentes Destarac y
Alfredo Rodríguez Mahuad, quien pide que en sentencia se declare: "( ..) La inconstitucionalidad parcial
(...) ;contra el Decreto número 23-87 del Congreso de la República de Guatemala. Gaceta número 7,
expediente número 164-87 página número 28, sentencia 25 de febrero de 1988 de la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala.
- 51 -
consecuencias beneficiosas para el Estado o si solamente entramparía
mayormente el engranaje burocrático en cuanto a la adquisición de un bien por
origen ilícito en beneficio del Estado, dejando en un estado de falta de certeza
jurídica a toda aquella persona que de buena fe haya adquirido un determinado
bien del cual no tiene conocimiento que proviene de una actividad ilícita de la
delincuencia organizada, aunque dicha situación pudiera resultar difícil de
comprobar en especial y en cuanto a la intención del adquiriente de buena fe..
El supuesto de la confiscación aplica únicamente cuando se pretende despojar
de forma ilegitima de la propiedad de un determinado bien a un ciudadano
cumplidor de las leyes guatemaltecas, caso contrario habría una grave violación
al derecho de propiedad privada garantizada en la Constitución Política de la
República de Guatemala.
1.10 Derecho de Revisión o Reversión:
El Doctor Manuel Ossorio define a la reversión como a la restitución de una cosa a
un estado anterior. 58 Para el autor, La revisión o reversión constituye la garantía de
carácter legal que posee todo individuo o ente que fue sujeto de expropiación para que
pueda solicitar ante el Estado la devolución del bien o derecho expropiado al haber
finalizado el objeto o causa bajo la cual el mismo fue expropiado. Así también puede
ocurrir el supuesto que el objeto expropiado no fue utilizado para el fin indicado de
utilidad pública o interés social por lo que se pueden iniciar dichas acciones que tienen
como fin el recuperar lo que fue expropiado por medio del procedimiento de reversión,
mismo que será analizado dentro del presente trabajo. .
Picó Lorenzo indica que “La normativa guatemalteca, al igual que otras, no ha
constitucionalizado el derecho sino que le confiere exclusivamente un rango legal por lo
58
Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1981.
Página 678.
- 52 -
que no toda expropiación reconoce y respeto el derecho de revisión, sino
exclusivamente aquellas modalidades expropiatorias debidamente reconocidas en la
ley”.59 Si bien es cierto por medio de la reversión el expropiado puede recuperar la
propiedad del bien o derecho expropiado, el también tiene que responder, devolviendo
la suma de lo cancelado en concepto de indemnización. Ello con el objeto de procurar
quedar en el estado previo en el que se encontraban las cosas frente al Estado. Dentro
de la Ley de Expropiación, la reversión se encuentra contemplada en su artículo 37 en
donde se indica que el expediente se puede someter a revisión bajo los dos siguientes
supuestos:
1.10.1 Cuando el expropiante dé un uso distinto al bien expropiado del que se había
considerado ser tomado para su expropiación, salvo invocación de causal
establecida por medio de ley, teniendo la sustitución como causa el interés
público.
1.10.2 En caso de no ejecutarse la obra que hubiere exigido la expropiación para lo que
el expropiado podrá pedir la reversión o devolución del bien reintegrando a la
entidad expropiante su valor, más las mejores si se hubieren realizado.
El derecho de reversión anteriormente aludido únicamente puede ser ejecutado
en el primero de los supuestos en un año contado desde el momento que se le diere al
bien o derecho un uso distinto al pactado y en el segundo supuesto desde el momento
en que el expropiante entrara en posesión del bien expropiado
59
Et. Al. Manual de Derecho Administrativo. Una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y
España. España 2002. Página 410
- 53 -
CAPÍTULO 2.
EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA EN GUATEMALA.
A continuación se desarrolla el procedimiento contenido tanto dentro de la Ley de
Expropiación (Decreto 529 del Congreso de la República), así como dentro de la Ley de
Alianzas Para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Decreto 16-2010 del
Congreso de la República)
2.1 Ley de Expropiación
2.1.1 Diligencias previas:
Existen requisitos previos fundamentales para llevarse a cabo una expropiación
forzosa, siendo estos en primer lugar el que exista una institución autorizada por la ley
que pueda instar a la expropiación, por instar se entiende a aquella institución que
puede solicitar al Congreso de la República de Guatemala, la expropiación de
determinado o determinados bienes y derechos. Dichas instituciones de conformidad
con el artículo 4 de la Ley de Expropiación son las siguientes:
2.1.1. A El Estado de Guatemala y sus instituciones, en lo que respecta a situaciones
de interés nacional, necesidad pública y desarrollo social.
2.1.1. B Las Municipalidades. Este presupuesto se fundamenta con lo regulado en el
artículo 3 del Código Municipal el cual desarrolla lo siguiente: “Autonomía. En
ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República
garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de
ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de
- 54 -
sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la
emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines
que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del
Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda”.
Tal como vimos anteriormente el hecho que las autoridades municipales en
virtud de haber sido elegidas en representatividad de sus respectivas
comunidades, las mismas tienen el control de sus recursos, así también son
las conocedoras de las necesidades fundamentales y esenciales para el
desarrollo de sus comunidades, lo cual encuadra perfectamente dentro de las
cuestiones de utilidad y necesidad pública que regula la expropiación al
efecto.
2.1.1. C. Los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios
de utilidad pública en lo que sea necesario para poder cumplir
satisfactoriamente los fines del contrato o concesión celebrados con el
Estado de Guatemala.
2.1.1. D. Las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente
autorizadas, siempre y cuando se cumplan de igual forma los supuestos de
utilidad o necesidades públicas o interés nacional.
2.1.1. E. La Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes
indispensables para llevar a cabo su cometido el cual es la impartición de la
educación superior de Guatemala.
2.1.2 Tramitación de la expropiación forzosa:
Habiendo ya reconocido las instituciones que pueden instar a la expropiación ante el
Congreso de la República de Guatemala, se continúa con el siguiente punto el cual es
la Declaración de un bien afecto a utilidad o necesidad pública o interés nacional por
parte del Órgano Legislativo por medio de una ley. Habiéndose llenado los requisitos de
conformidad con el artículo 20 de la ley de expropiación, la institución expropiante
- 55 -
requiere ante el propietario del bien o derecho a expropiar a que haga una oferta por la
cual aceptaría como pago de indemnización.
La contestación de requerimiento debe ser dada dentro del plazo fijado, mismo que
no puede ser menor que 5 ni mayor que 10 días, contados desde la fecha fijada en la
notificación, más el término de la distancia computados de conformidad con la Ley del
Organismo Judicial. El término de la distancia constituye una cuestión que queda en
libertad de la autoridad el decidir sobre cuanto tiempo adicional procurará darle un
mayor beneficio de tiempo por razón de la distancia a una determinado sujeto al cual se
le está desarrollando un procedimiento de expropiación de un bien de su propiedad.
La ley contempla el caso por medio del cual los propietarios se encuentren
domiciliadas fuera de la República o si su residencia se desconociere, para este
supuesto se le citará mediante la publicación de edictos por medio del Diario Oficial y
otro de mayor circulación tres veces durante un mes, requiriendo su presencia de forma
personal o por medio de apoderado que tenga conocimiento del bien a expropiar dentro
del término de 15 días contados a partir de la fecha de la última publicación so pena de
realizarse el resto de notificaciones por medio del Diario Oficial.
Si no existiere oposición por parte del propietario con respecto a la indemnización,
previo a otorgarse la misma se procederá a otorgar la escritura traslativa
correspondiente, siendo la misma trasladada libre de todo gravamen o limitación. En
caso de que no existiera un acuerdo entre el expropiante y el expropiado, podrá
consignarse ante juez competente el monto del avaluó que el expropiante haya
realizado. En el caso de contratistas o concesionarios de servicios públicos de
conformidad con el artículo 21 de la Ley de Expropiación, los mismos podrán efectuar la
adquisición de conformidad con lo anteriormente expuesto, pero contando con la
anuencia de la autoridad encargada de fiscalizar la fiscalización o cumplimiento del
contrato.
- 56 -
Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 de la ley objeto de análisis, se
procederá a la expropiación inmediata si ocurren los siguientes supuestos:
2.1.2.A En los casos de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación
del orden público. Tal como vimos anteriormente esta es la conocida
expropiación de urgencia la cual ocurre en momentos de una grave
perturbación de la paz.
2.1.2.B Si el propietario no manifiesta sus pretensiones en lo relativo a la
indemnización que tiene derecho a solicitar.
2.1.2.C Si la estimación hecha por el propietario excede de un 30% de la declaración
fiscal. Esta postura es criticable en el sentido de que a nadie le gustaría que
se le pagara menos del valor real del bien inmueble, cuando es una práctica
común la de declarar fiscalmente un valor inferior al real, ello con el objeto de
pagar una cantidad menor de impuestos aunque dicho presupuesto
contraviene lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera
mismo que resalta lo que debe satisfacerse a favor del propietario en
concepto de expropiación, lo cual no se trata únicamente con el estricto valor
del bien pero con todos aquellos elementos susceptibles de resarcimiento,
aun así es de resaltar que resulta interesante que dicha reforma haya nacido
a partir de la Ley de Inversión Extranjera.60
60
ARTICULO 17.- Se reforma el artículo 10 de la Ley de Expropiación, Decreto Número 529 del
Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: "ARTICULO 10.- La indemnización debe
comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y
erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, ante cualquier atraso, el pago de
intereses que empezarán a computarse desde la fecha de expropiación o pérdida y hasta la fecha
efectiva de pago de la indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla este artículo,
dicho interés será igual al promedio de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema
al día anterior a la fecha de su fijación. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia,
se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo." Decreto 9-98 del
Congreso de la República de Guatemala “Ley de Inversión Extranjera”. Estado actual: vigente.
- 57 -
2.1.2.D Si no existe acuerdo entre expropiante y expropiado con respecto a la
indemnización
2.1.2.E Si el bien fuera propiedad de menores, incapaces y ausentes.
Con las situaciones indicadas ya anteriormente y de conformidad con el artículo 23 de
la Ley de Expropiación, el expediente de expropiación se sustanciará ante la
Gobernación Departamental por medio de solicitud hecha por parte de la entidad
expropiante, mismo que contendrá:
i. Gobernación a la que se dirige.
ii. Nombre de la institución expropiante.
iii. Nombre, apellido y domicilio del propietario.
iv. Designación del bien a expropiar con todos los datos de identificación posibles
que sirvan para identificarlo.
v. Certificación de la oficina respectiva en donde conste el valor de la declaración
fiscal, siendo en este caso la emitida por parte de la Dirección de Catastro y
Avaluó de Bienes Inmuebles DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas.
vi. Indicación del fundamento legal bajo el cual se ampara la utilidad o necesidad
pública o interés del bien.
vii. Indicación de la suma que ofrece el expropiante en concepto de indemnización
haciendo en la misma un fundamento de sus conclusiones bajo las cuales se
llegó a dicha oferta de indemnización.
viii. Informe técnico por medio del cual se indique la razón del porque el bien
inmueble expropiado es el que se necesita para ejecutar la obra.
A partir de la presentación de la solicitud ante la Gobernación departamental
respectiva se correrá audiencia por el término de siete días al expropiado dentro del
cual podrá presentar el escrito de contestación, misma que contendrá lo siguiente:
i. Nombre, apellido y domicilio.
- 58 -
ii. Exposición de la conformidad o inconformidad con los datos que el
solicitante atribuye del bien, en caso de inconformidad rectificando dichos
datos al respecto.
iii. Indicación de los gravámenes o limitaciones que pudiera tener el bien
inmueble a expropiar.
iv. Expresión de conformidad u oposición a la expropiación, debiendo
fundamentar sus conclusiones al respecto, así como la suma que pretende
en concepto total de indemnización.
v. El título de propiedad bajo el cual se ampara su derecho, en el caso de
bienes inmuebles la certificación expedida por el Registro General de la
Propiedad.
vi. Indicación de persona o personas que pueden ser perjudicadas con las
gestiones de expropiación.
Si habiendo transcurrido el tiempo de audiencia conferido al propietario este no se
manifestare, el expediente se seguirá en su rebeldía, salvo que haya necesidad de ser
suspendido para declarar la ausencia del propietario a efecto de nombrarle un
representante legal.
2.1.3 Período de prueba:
De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Expropiación, habiendo transcurrido
los siete días, existiendo oposición por parte del propietario o habiendo pasado el
tiempo sin haberlo evacuado, se abrirá a prueba el expediente por el término de 20 días
en donde las partes están facultadas de justificar sus pretensiones. En caso de prueba
de peritos, de conformidad con el artículo 27, cada parte nombrará a uno, el gobernador
al efecto convocará a las partes, a una audiencia en la que se propondrán los puntos
sobre los cuales debería de versar el expertaje, así como la designación del tercero en
- 59 -
caso de discordia. En caso de discordia en este aspecto o bajo el supuesto que una de
las partes no hubiera nombrado al suyo el gobernador lo hará de oficio.
2.1.4 Fase de consumación:
De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Expropiación, habiéndose agotado
los trámites anteriores se conferirá audiencia a la Procuraduría General de la Nación y
previo pago o depósito de la indemnización se ordenará que se otorgue la escritura
traslativa de dominio, escribiéndose el bien si fuere susceptible de ello en un término
que no exceda de 5 días de la notificación.
Si existiera el caso en que el expropiado se negare a firmar la Escritura Pública, la
hará el gobernador en su lugar, ello ante el Escribano de la Escribanía de Cámara y de
Gobierno, mismo que se encuentra en la sede del Ministerio de Gobernación,
indicándose además el hecho de haberse pagado o depositado el monto de
indemnización
2.1.5 Determinación del justiprecio:
Azucena García nos indica que la expropiación forzosa implica la "transmisión" del
derecho de propiedad de un particular a la Administración, que puede apropiarse de
determinados bienes independientemente del consentimiento del dueño. Si dicha
expropiación está justificada por el supuesto de utilidad pública, el propietario no puede
oponerse a la decisión de la Administración. La expropiación forzosa suele ser motivo
de recelo entre los ciudadanos al verse obligados a entregar a la administración pública
un terreno o un bien que les pertenece. Ante la construcción de una carretera, un
puente o un polideportivo, las cuales son infraestructuras públicas, a menudo es
necesario reclamar la propiedad de terrenos que pertenecen a particulares. Hay que
- 60 -
tener en cuenta que la Administración es la única entidad con potestad para llevar a
cabo esta operación, caracterizada porque el supuesto legal de utilidad pública implica
que el dueño del bien no puede oponerse. A cambio, el propietario recibe una
compensación económica o la permuta por otro bien, una figura que se conoce con el
nombre de 'justiprecio, pero que, sin embargo, en ocasiones no es tan justo y se
convierte en la principal fuente de polémica en todo el proceso.61
Es aquí en donde resulta necesario exponer acerca de la forma en que se hará
dicha compensación económica. Para el Grupo Santander de España, el justiprecio se
entiende simplemente por el precio que se le pagará al expropiado por su bien
inmueble.62 En sentido más amplio para el profesor Manuel Serra Moret, se entiende
como justiprecio a la estimación o apreciación de una cosa en su justo valor. La idea del
precio justo deriva de las enseñanzas de los escolásticos, particularmente el monje
Tomás de Aquino (1225-74), quien creía que el precio de una mercancía para ser justo
tenía que permitir a 'su productor o al artesano de aquella época conservar su nivel de
vida. Los precios, antiguamente, eran fijados por las autoridades y los gremios, pero,
aun así fluctuaban por razones de cosechas, escasez de operarios o de materias
primas.63 Se continúa manifestando además que el emperador Carlomagno (742-814)
dictó leyes muy severas para imponer la estabilidad de los precios, pero las fuerzas
económicas operan independientemente de las nociones éticas, y de ahí que los
61
Gaceta del Consumidor de España. García Azucena. “La Expropiación Forzosa”. España, 2006. Disponibilidad y
Acceso: http://www.consumer.es/web/es/vivienda/comunidades_vecinos_y_legislacion/2006/05/18/152109.php
Guatemala 03 de Junio de 2008 21:20 horas
62 Glosario del Grupo Financiero Santander. España 2004. Disponibilidad y Acceso en la siguiente página web:
http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioj.htm Guatemala 06 de Junio de 2008 07:29 horas
63 EUMED.NET Diccionario Económico de Nuestro Tiempo. Moret, Manuel Serra “EL JUSTIPRECIO” España 2005.
Disponibilidad y Acceso: http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/j/jus.htm (Consultado en Guatemala el 06 de
Junio de 2008 08:00 horas)
- 61 -
escolásticos más esclarecidos admitiesen que el precio justo no ha de ser precisamente
un precio fijo o estable64
2.1.6 El pago
Habiéndose practicado el justiprecio se llega el momento por medio del cual se
tiene que hacer el pago efectivo de la indemnización. Para Manuel Serra Moret, se
entiende como indemnización a la cantidad que una persona o entidad percibe en
compensación de daños o perjuicios ocasionados por otra o como pago de ciertas
pérdidas o servicios. Lo que se recibe en pago de lo que ha sido expropiado por
razones de utilidad pública. Es por ello que para el autor, la indemnización en el caso
que nos interesa es la obligación en la que incurre el Estado para reparar un daño
causado hacia otra persona o ente, ello en virtud que dentro de la expropiación forzosa
se produce un daño a la libertad y al derecho a la propiedad privada del individuo, por lo
que éste tiene derecho a recibir una compensación económica, justa y acorde a lo que
ha perdido.
Dentro de esta fase entra lo explicado anteriormente en caso de que el bien
expropiado tuviera algún gravamen en su contra o fuere por ejemplo un bien inmueble
sobre el cual se constituyó patrimonio familiar, mismo que en consecuencia no se
extingue ya que el derecho sobre el mismo consistente en la indemnización queda
resguardado en un Banco del sistema nacional hasta el momento en que el nuevo
patrimonio familiar queda constituido.
Aunque el pago al final de cuentas se realizara, casi nunca existirá un
resarcimiento pleno a favor del sujeto expropiado ya que no habrá, salvo en situaciones
excepcionales una cuestión que le haga recuperar lo que ha perdido anteriormente.
64
Op. Cit.
- 62 -
2.2. Ley de Alianzas Para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Decreto 16-
2010 del Congreso de la República).
La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, promulgada
en el año 2010 tiene como finalidad la de implementar proyectos en conjunto tanto a
nivel gubernamental, como con el apoyo de la iniciativa privada para poder desarrollar
proyectos de infraestructura que promuevan el desarrollo económico del Estado de
Guatemala tales como puertos, aeropuertos, carreteras, fábricas, instalaciones
industriales etc.
En su parte considerativa, dicha ley expone que “la realización de los proyectos
de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, permitirán liberar recursos
y aumentar la magnitud y calidad de la inversión, beneficiar a los sectores más
dinámicos para que aumenten su productividad y competitividad, impulsar el
crecimiento del país, generación de empleos y recursos fiscales adicionales, que se
materializarán en un mayor grado de inversión y gasto social, actual y futuro”.
En su artículo 2 se detalla el objeto bajo el cual fue creado dicho cuerpo legal tal
como se transcribe a continuación: “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley se
aplicará a los contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica,
destinados a la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento,
mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras,
puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y comercialización eléctrica
y ferroviaria, incluyendo la provisión de los equipamientos necesarios para el
cumplimiento de la presente Ley y su reglamento.
Asimismo, la prestación de servicios asociados y otros complementarios a éstos.
En todos los casos, deberán ser proyectos de infraestructura que se inicien después de
- 63 -
la entrada en vigencia de la presente Ley. La creación, construcción y desarrollo de
infraestructura deberá privilegiar, pero sin exclusividad y conforme a los parámetros de
la presente Ley, la atención de las regiones de menor desarrollo relativo del país, así
como respetar el patrimonio cultural de la Nación.”65
Es con este marco legal que se pretende mejorar o revolucionar lo contenido en
la Ley de Expropiación, ya que por lo regular las causales bajo las cuales se
implementaría una expropiación, son para los proyectos indicados anteriormente en
materia de desarrollo económico, aunque puede tener sus excepciones bajo las cuales
la normativa en materia de expropiación siga siendo aplicable como el caso de una
expropiación para la construcción de una escuela o una institución pública.
Curiosamente la normativa objeto de análisis crea un procedimiento propio de
expropiación para la realización de los fines, mismo que se resume específicamente en
el artículo 66 de dicha Ley, mismo que en su parte conducente expone las causales
bajo las cuales se puede invocar al procedimiento de expropiación marcado en la
normativa: “se declaran de utilidad colectiva, beneficio social interés público, las
expropiaciones necesarias para realizar proyectos de alianzas para el desarrollo de
infraestructura económica. El Consejo de la Agencia66 será el encargado de aprobar
de manera razonada esa justificación. En caso de requerirse expropiaciones y el
establecimiento de derechos de vía, la Dirección Ejecutiva tendrá facultades para
gestionar por sí misma o a través de la institución contratante del Estado, la
expropiación de las propiedades necesarias para esos efectos, para lo cual se le
aplicarán las siguientes reglas especiales” (El énfasis y el subrayado es propio).
65
Congreso de la República de Guatemala. Decreto 16-2010 (Ley de Alianzas para el desarrollo de infraestructura
económica). Estado actual: vigente.
66 “Artículo 3. Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente Ley, se entenderá por: Agencia Nacional
de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, o Agencia: Es la institución especializada del Estado
responsable del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento…” Op. Cit.
- 64 -
Dicha situación hace necesario que el artículo se desglose para poder ser comprendido
por parte del lector de conformidad con el proceso expuesto a continuación.
2.2.1 Diligencias previas: La Dirección Ejecutiva iniciará el expediente y lo elevará al
Consejo con el objeto de que éste, mediante acuerdo fundado, adoptado por mayoría
de sus integrantes, declare la utilidad colectiva, el beneficio social o el interés público
sobre el bien o bienes objeto de la expropiación en materia de alianzas para el
desarrollo de infraestructura económica, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro de los ocho días siguientes a su emisión y notificarse al propietario del bien o
bienes afectados, a fin de que éstos realicen sus propuestas y designen, dentro del
perentorio plazo de quince días, a un perito valuador autorizado por la Dirección
General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles adscrito al Ministerio de Finanzas
Públicas y presente además cualquier otro medio de prueba para fundamentar su
postura en cuanto a la indemnización que pretenda de conformidad a valores de
mercado.
Para el investigador la Ley analizada otorga una postura muy controversial ya
que permite que la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica a diferencia de la expropiación forzosa
regulada en la Ley de Expropiación que era necesariamente decretada por medio del
organismo legislativo, por lo que actualmente se delega en dicha Dirección Ejecutiva la
facultad de iniciar las gestiones de expropiación de un determinado bien en beneficio de
un proyecto de desarrollo económico.
2.2.2 El justiprecio: De conformidad con lo actuado la Ley indica que el Director
Ejecutivo, por su parte, designará a un perito valuador autorizado por la Dirección
General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles adscrito al Ministerio de Finanzas
Públicas, a efecto de que realice, en representación de la Agencia, la justipreciación del
bien o bienes que se necesiten expropiar en proyectos de alianzas para el desarrollo de
- 65 -
infraestructura económica, a valores de mercado. El Consejo deberá autorizar el
nombramiento de ambos peritos, dentro del plazo de los quince días siguientes a su
proposición. El Consejo sólo podrá rechazar dicho nombramiento, si el perito designado
incurre en algunos de los impedimentos siguientes
1. Tengan antecedentes penales o hayan sido condenados en juicio de cuentas.
2. Tengan conflicto de intereses con ofertantes o participantes privados.
3. Sean parte o tengan interés en algún litigio, acto, contrato o garantías
vinculados con la suscripción o ejecución de contratos de alianzas para el
desarrollo de infraestructura económica, o estén relacionados con sociedades
que se encuentren en la situación descrita.
4. Tengan parientes dentro de los grados de ley, con interés directo o indirecto
en proyectos y contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura
económica.
5. Tengan parentesco dentro de los grados de ley con algún participante
privado.
6. Sean parientes dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la
institución contratante del Estado y de la Agencia.
7. Hayan aceptado herencia, legado o donación de alguno de los participantes
privados en procesos de licitación.
8. Sean socios o participes de algún participante privado.
Los impedimentos anteriormente expuestos procuran garantizar que el
procedimiento sea lo más transparente posible y que la evaluación que vayan a realizar
los peritos nombrados sea la más precisa y objetiva de todas, pudiendo darle al sujeto
expropiado un valor objetivo dentro del mundo del mercado de los bienes.
Los peritos deberán enviar al Consejo sus dictámenes razonados dentro de un
plazo que no podrá exceder de 30 días a partir de su nombramiento. Si el dictamen del
- 66 -
perito de la parte afectada y el de la Dirección Ejecutiva fueran concordantes, se
procederá por parte del Consejo a autorizar la escritura de traspaso de dominio del
bien, ante el Escribano de Cámara y de Gobierno y formalizar el pago. Los
desembolsos necesarios podrán ser a cargo del participante privado o de la Agencia,
según se establezca en las bases de licitación.
2.2.3 El pago y la actitud del propietario afectado.
Como se puede apreciar anteriormente, si en dado caso el dictamen hubiera sido
aceptado tanto por parte de la Dirección Ejecutiva como por el afectado, se procede a
autorizar la escritura de traspaso de dominio, formalizándose además el pago. Pero
además puede ocurrir el supuesto bajo el cual el propietario no presentare su
propuesta, no nombrara perito o no presentara el dictamen pericial dentro del plazo
señalado en la ley. Para este caso el Consejo autoriza al Director Ejecutivo para que en
nombre del sujeto expropiado cree una cuenta corriente bancaria a nombre del afectado
con la cantidad de dinero determinada por medio del avalúo realizado.
Ello permitirá a la Dirección Ejecutiva poder tomar posesión del bien expropiado
y poder continuar con la ejecución del proyecto, teniendo como consecuencia que el
afectado no pueda reclamar modificaciones al monto consignado anteriormente. Aún
así podrá solicitar una “reconsideración” de la decisión del Director Ejecutivo, para ser
conocida por el Consejo, no pudiendo superar el monto reclamado un 10% del valor
avaluado anteriormente.
Así también en caso que se hubieran cumplido los plazos por parte del afectado,
pero en cuanto a que existiera discrepancia en lo relativo a los montos de la
indemnización se procederá a iniciar una fase de negociación entre la Dirección y el
- 67 -
afectado dentro de los quince días siguientes a la recepción de los dictámenes para
procurar alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Si se alcanzare un acuerdo se procederá al faccionamiento de la Escritura
Pública correspondiente ante el Escribano de Cámara y de Gobierno. De no alcanzarse
acuerdo se volverá nuevamente al valor valuado por parte del valuador de la Dirección,
confiriéndole la facultad al sujeto expropiado de interpone el recurso de reconsideración
de conformidad con lo expuesto anteriormente, aunque caduque su derecho a solicitar
un reajuste al monto objeto de discordia. Aquí se puede apreciar el poder coactivo del
Estado en donde raramente perderá la batalla para expropiar un determinado bien
inmueble como en los casos que regula esta ley.
Así también es interesante que en caso se hubiera hecho el pago
correspondiente a favor del expropiado y habiéndose tomado posesión del bien para
continuar la ejecución del proyecto, que el propietario podrá mediante un procedimiento
de conciliación y arbitraje que no podrá durar más de seis meses, el solicitar el reajuste
de la indemnización con base al avaluó realizado por su perito y cualquier otro medio de
prueba que justifique dicha situación.
Si se resolviera el ajuste solicitado, el mismo deberá de pagarse en el plazo de
los treinta días siguientes a la resolución que lo disponga sin necesidad de cobro y
requerimiento alguno. Dicha situación garantiza que el Estado no alegue
desconocimiento para efectuar el pago del reajuste solicitado. En el acto se procederá a
realizarse la escrituración que se ha indicado anteriormente. Por último En caso que el
propietario afectado no se presente a recoger los señalados pagos a él depositados,
dentro del plazo de dos años desde que se efectuó la consignación bancaria, el monto
se consignará judicialmente. Ello con el fin de evitar que el dinero objeto de
indemnización sea desviado de su destino originalmente y para hacer constar también
dentro de proceso judicial que el Estado ha cumplido con la obligación de garantizar la
- 68 -
indemnización. La cantidad de dinero objeto de indemnización deberá ser pagada en
moneda efectiva de curso legal, esto quiere decir que se efectuará en quetzales, a
menos que el interesado acuerde otra forma de compensación
- 69 -
CAPÍTULO 3.
IMPUGNACIONES EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN.
La expropiación forzosa, dentro del Estado de Guatemala, establece una serie de
acciones a tomar por parte de todo aquel sujeto que sintiéndose inconforme con sus
derechos vulnerados, pueda acudir tanto al órgano administrativo correspondiente,
como al organismo jurisdiccional que conocerá sobre el respectivo proceso y que
resolverá o fallará lo que en derecho corresponde. Dentro del presente capítulo se
desarrollan las siguientes acciones, siendo estas:
3.1 Acciones administrativas.
3.4.1 Recurso de revocatoria: Los artículos 7 y 8 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo regulan lo relativo al presente recurso otorgando al interesado la
posibilidad de recurrir al mismo en contra de las resoluciones dictadas por
autoridad administrativa que tenga superior jerárquico interponiéndose el mismo
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución. Con ello la
autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones a la autoridad
superior con informe circunstanciado en donde se detallaran las razones de dicha
actuación.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo se le
conferirá audiencia por cinco días tanto a las personas interesadas en el
expediente administrativo, así también al órgano asesor técnico o legal de la
institución, así también a la Procuraduría General de la Nación para que se
pronuncie al respecto, se pueden practicar diligencias para mejor resolver por un
plazo de diez días. Posterior a ello el ente recurrido tendrá quince días para
resolver lo que en derecho corresponde.
- 70 -
Claro está que si de conformidad con el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo transcurren treinta días a partir de la fecha en que el expediente se
encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad
correspondiente haya dictado la resolución correspondiente, se tendrá para el
efecto de usar la vía contencioso administrativa, por agotada la vía gubernativa y
por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El interesado si
conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que
incurrió en el silencio. Dicha situación es de importancia ya que ha sido tomado
como fundamento para la interposición del proceso de amparo cuando la entidad
recurrida se ha negado a resolver el derecho de petición contenido dentro de la
Constitución Política de la República, así como la petición en materia
administrativa.
3.1.2 Recurso de Reposición: Por su parte el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo expone que contra las resoluciones dictadas por las autoridades
superiores, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días
siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la
autoridad recurrida tomándose como tramitación el mismo que el de la revocatoria,
salvo la situación de la elevación de las actuaciones ya que en este caso es la
autoridad máxima la que conoce al respecto. Tanto dentro del contexto de la
revocatoria, como dentro de la reposición, el mismo tiene como base de
interposición el hecho que la autoridad impugnada emita una resolución que tenga
como intención el implementar o solicitar una política de carácter expropiatoria
3.1.3 Recurso de Reconsideración: Dentro del entorno de la Ley de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica, dicha ley faculta al sujeto afectado por
una proceso de expropiación de conformidad con el artículo 66 de dicho cuerpo
normativo a solicitar una reconsideración en cuanto al monto sobre el cual se le
- 71 -
desea pagar en concepto de indemnización, mismo que no puede sobrepasar el
10% del valor avaluado por parte del ente expropiante.
3.5 Acciones judiciales:
3.5.1 Proceso Contencioso Administrativo:
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo,
dicho proceso será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos
suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo
contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que
lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las
partes. La misma únicamente puede iniciarse cuando se haya causado estado, esto
quiere decir que se haya agotado la vía administrativa correspondiente o en su caso
haya existido silencio administrativo que hará que se pueda recurrir a este proceso.
El autor cree que en el caso, sujeto a análisis, es poco probable que dentro del
proceso contencioso administrativo el tribunal de lo contencioso ordene efectos
suspensivos en la resolución que admite para su trámite dicho proceso, ya que
resultaría complejo que una obra producida a partir de una expropiación forzosa, se
detenga por un proceso contencioso administrativo iniciado en su contra.
Volviendo al tema desarrollado, el proceso contencioso administrativo debe de
plantearse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la última notificación
realizada dentro de la última resolución del procedimiento administrativo previo o dentro
del silencio administrativo de 30 días que explicamos anteriormente. Estando
presentada la demanda el tribunal solicitará los antecedentes directamente al órgano
administrativo correspondiente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación
- 72 -
de la misma. Habiendo sido recibida dicha solicitud por el órgano administrativo, este
tiene diez días para hábiles para poder enviar los antecedentes. Es a partir de dicha
remisión que el tribunal decidirá a los tres días siguientes si admite o no para su trámite
el proceso planteado.
Con la admisión de la demanda para su trámite, se emplazará al órgano
administrativo demandado, a la Procuraduría General de la Nación, así como a las
demás personas con intereses dentro del expediente pudiendo interponer dentro del
quinto día las excepciones previas reguladas dentro de dicha ley en su artículo 36,
mismas que serán resueltas dentro de la vía de los incidentes reguladas dentro de la
Ley del Organismo Judicial. Posteriormente a haberse dictado la resolución
correspondiente habiéndose declarado sin lugar las excepciones previas, se le
concederá 5 días a la entidad impugnada para que conteste la demanda, en la misma
podrá interponer las excepciones perentorias que estime convenientes, siendo las
mismas resueltas en sentencia. De la razón por la cual la Procuraduría General de la
Nación es parte, es por el hecho que dicho organismo gubernamental es la
representante legal de los intereses del Estado de Guatemala de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 512 del Congreso de la
República).
Posteriormente al haber transcurrido el término para la contestación de la
demanda, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días de conformidad con el
artículo 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pudiendo utilizar al respecto los
medios de prueba regulados al efecto dentro del Código Procesal Civil y Mercantil.
Habiendo vencido el mismo se señalará día y hora para la vista en donde las partes
podrán presentar sus alegatos finales. Así también el tribunal puede dictar diligencias
para mejor fallar dentro por un término de diez días para así poder dictar la sentencia
que en derecho corresponde.
- 73 -
Algo que es sumamente importante señalar con relación al término de los diez
días para dictar las diligencias para mejor fallar, se tiene conocimiento que estos plazos
por lo regular no se cumplen en la práctica y es en el sentido que al momento de dictar
este tipo de diligencias, la entidad recurrida por lo regular solicita opiniones y
dictámenes tanto de carácter técnico como jurídico, situaciones que hacen que los
procesos se retarden no necesariamente de forma maliciosa, pero sí por el hecho que
el engranaje burocrático no se mueve a la velocidad que las normas le han impuesto
que tenga que resolver sobre lo solicitado violentándose el “deber ser” de la aplicación
legislativa.
Ahora bien una cuestión que vale la pena analizar dentro del presente proceso son
las prohibiciones para poder accionar el mismo, contenidas dentro del artículo 21 de la
ley objeto de análisis ya que la misma indica que es improcedente “1º.) En los asuntos
referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones
que procedan.” A criterio del investigador esta situación encuadraría perfectamente
dentro de las expropiaciones de urgencia, regulada dentro de Ley de Expropiación ya
que la misma opera en momentos en los cuales, implementar un proceso de carácter
administrativo, carecería de sentido en virtud de existir una grave emergencia de
carácter nacional, como una guerra por ejemplo o una grave situación de calamidad
pública.
Como se puede apreciar, este proceso puede llevarse a cabo libremente dentro
del contexto del desenvolvimiento normal de las funciones de un Estado, con las
excepciones indicadas anteriormente, como por ejemplo en el caso de una expropiación
de urgencia.
Otros procesos que pueden entablarse en materia judicial, del tema investigado
son el amparo que será analizado más adelante en su apartado específico, o el caso
del proceso ordinario en materia civil para reclamar el pago de daños y perjuicios
- 74 -
ocasionados en contra del Estado u entidad expropiante cuando la causal de la
expropiación forzosa no estuviera justificada, así también en contra del propietario al
momento de haberse hecho efectiva la indemnización y el mismo no hubiera pagado
sus deudas pendientes con respecto a una hipoteca o prenda que pesara sobre el bien
expropiado.
Un caso que resulta de interés analizar es el de la hipoteca en donde el artículo
831 del Código Civil nos indica que “En caso de indemnización los acreedores
hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague, si fuere por
expropiación por utilidad pública. Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por
incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el
valor del seguro quedará afecto al pago. Si fueren varios los acreedores hipotecarios, el
monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el
Registro, se depositará a la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad
con lo dispuesto en el artículo siguiente”.
Ahí es donde podemos ver una situación en la cual por ejemplo un ciudadano
posee un bien inmueble sujeto de expropiación sobre el cual pesan dos hipotecas,
quizá en un tiempo las mismas estarían pagadas, pero en virtud de la expropiación, no
queda más que repartir lo que quede a raíz de la indemnización. Para lo anteriormente
planteado se toma como fundamento lo indicado en el artículo 96 del Código Procesal
Civil y Mercantil en donde se indica que todas aquellas contiendas que no tengan
señalada tramitación especial en dicha ley se llevarán por la vía ordinaria.
Por ejemplo dentro del recurso de revisión, si en la misma se pudiera comprobar
que el bien inmueble expropiado no se le dio el uso para el que fue expropiado, el
antiguo dueño de la cosa o el derecho puede iniciar un proceso ordinario de daños y
perjuicios en contra del Estado de Guatemala por medio de la entidad que realizó la
expropiación por la causa que fue probada injustificadamente. Para ello el artículo 1434
del Código Civil nos explica que los daños consisten en las pérdidas que el acreedor
- 75 -
sufre en su patrimonio, y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de
percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se
hayan causado o que necesariamente deban causarse.
3.6 Acciones constitucionales:
De conformidad con La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad
(Decreto 1-86 del Congreso de la República de Guatemala) se regulan tres garantías en
materia de defensa del orden constitucional, siendo estas el de amparo, exhibición
personal e inconstitucionalidad de leyes en casos concretos y en casos generales,
siendo estas últimas dos cuando por medio de leyes se atente de forma específica o
general a lo preceptuado dentro de lo contenido en la Constitución Política de la
República de Guatemala.
No se puede negar que tanto la Constitución Política de la República junto con los
instrumentos internacionales en materia de protección a los derechos humanos, son los
cuerpos legales más susceptibles de vulneración y amenaza por parte de quienes
aprovechando su cuota de poder dentro del ejercicio de sus funciones
gubernamentales, puedan amenazar los derechos de los ciudadanos, en específico
dentro del entorno de la institución de la expropiación forzosa.
El proceso de amparo, de conformidad con la ley sujeta a análisis dentro del
presente apartado en su artículo 8º nos explica lo pertinente al objeto del amparo
siendo este: “El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a
sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido.
No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos,
resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza,
restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.
- 76 -
Es por ello que el proceso de amparo protege a la persona por una parte, como un
mecanismo preventivo ante la amenaza de vulneración de sus derechos, y por la otra
como un mecanismo reparador en caso que sus derechos hubieran sido efectivamente
violados, sin restricción alguna. El proceso constitucional de amparo no protege
solamente los derechos garantizados en la Constitución pero también las demás leyes
de conformidad con el artículo anteriormente expuesto cuando en el caso que compete
no hayan sido respetadas por parte del sujeto que procura realizar una expropiación.
Así también la negativa de contestación del derecho de petición por parte del
sujeto afectado por una expropiación puede hacer susceptible la interposición de un
proceso de amparo para que la autoridad recurrida se obligue a resolver la petición
planteada por parte del interesado.
Así también la inconstitucionalidad general de leyes y en caso concreto
constituyen herramientas bajo las cuales, cualquiera que se sienta agraviado ante el
incumplimiento de las normas constitucionales que defienden el derecho a la propiedad
privada y al adecuado procedimiento en materia de expropiación forzosa de
conformidad con la ley, pueda reclamar ante el tribunal constitucional el respeto a dicho
derecho. A continuación se expone un caso particular en el cual la institución del
amparo sirvió para proteger los derechos de un ciudadano quien encontrándose
amenazado su derecho a la propiedad privada y al debido proceso, acudió ante la Corte
de Constitucionalidad, misma que resolvió el amparo presentado de la siguiente forma:
3.4 Caso práctico de utilización de recursos en una expropiación.
El veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos se publicó en el
Diario de Centro América, el Decreto número 63-92 del Congreso de la República, en el
- 77 -
que se declaró de utilidad colectiva y necesidad pública, la expropiación a favor del
Estado de tres fincas, entre ellas la finca urbana inscrita en el Registro General de la
Propiedad de la Zona Central con el número ochocientos noventa y cinco, folio ciento
veinte, del libro veintiuno del departamento de Escuintla, propiedad de la señora Angela
De la Gloria Taracena Orellana, con una extensión de trescientos veinticuatro mil
setecientos sesenta punto cincuenta y cuatro metros cuadrados, la cual se localiza en
jurisdicción de Iztapa del departamento de Escuintla.
Con fecha uno de abril de mil novecientos noventa y tres, la Dirección General de
Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, por
resolución número un mil veinticinco, aprobó el avalúo practicado por esa Dirección a
dicho inmueble, por un valor de un millón cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos
noventa y siete quetzales con ochenta y siete centavos (Q.1.437,897.87).
El Ministerio de Finanzas Públicas mediante resolución número siete mil
cuarenta y cuatro, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres
hizo saber a la señora Taracena Orellana si aceptaba el valor del avalúo practicado a
dicho inmueble, quién en esa misma fecha manifestó su inconformidad y estimó éste en
un valor de diez millones de quetzales.
El nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en resolución número
un mil ciento ochenta y dos, el Ministerio de Finanzas Públicas designó a los señores
Raid Orlando Melgar Palencia, Inspector de la Dirección General de Inspecciones
Fiscales y Herbert Antonio Calvillo Luna, de la Dirección General de Catastro y Avalúo
de Bienes Inmuebles, para que conjuntamente con el señor Fernando Antonio
González, propuesto por la parte interesada, integraran la comisión de valuación a la
finca antes relacionada.
- 78 -
El cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, los valuadores Raid
Orlando Melgar Palencia y Herbert Antonio Calvillo Luna emitieron su dictamen de
avalúo número DGIFI guión I guión diecinueve guión noventa y cuatro correspondiente
a la finca antes indicada, a la cual le asignaron un valor de seis millones doscientos
noventa y tres mil doscientos nueve quetzales con setenta y cuatro centavos
(Q.6.293,209.74) especificando que ese avalúo no coincidió con el del señor Fernando
Antonio González Melgar, quién le dio un valor de siete millones doscientos ochenta y
nueve mil setecientos catorce quetzales con sesenta y seis centavos (Q.7.289,714.66).
El Ministerio de Finanzas Públicas en resolución número ocho mil ciento
cincuenta y cuatro, de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro, aprobó el avalúo practicado por la Dirección General de Catastro y Avalúo de
Bienes Inmuebles DICABI según resolución número un mil veinticinco, del uno de abril
de mil novecientos noventa y tres, el cual ascendió a la suma de un millón cuatrocientos
treinta y siete mil ochocientos noventa y siete quetzales con ochenta y siete centavos
(Q.1,437,897.87).
Contra esta resolución la señora Taracena Orellana interpuso recurso de
revocatoria, el que fue declarado sin lugar por el Ministerio de Finanzas Públicas,
confirmando la resolución impugnada, según resolución número dos mil ciento cuarenta
y dos del dos de abril de mil novecientos noventa y seis. En contra de esta última
resolución se interpuso recurso de carácter Contencioso Administrativo que fue
declarado con lugar en sentencia de fecha doce de diciembre de mil novecientos
noventa y seis.
En la sentencia aludida, la Sala en su parte resolutiva expone que se declara con
lugar el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Angélica o Ángela De la
Gloria Taracena Orellana en contra de la resolución número cero dos mil ciento
cuarenta y dos (02142) de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y seis,
- 79 -
proferida por el Ministerio de Finanzas Publicas; teniendo como consecuencia el
revocar la resolución anteriormente identificada ordenando el pago por indemnización a
la actora, debido a la expropiación de su propiedad; pago que deberá efectuarse
conforme el monto que arrojó el avaluó de fecha cinco de abril de mil novecientos
noventa y cuatro, realizado por parte de la comisión valuadora integrada para el efecto,
siendo éste valuado en: seis millones doscientos noventa y tres mil doscientos nueve
quetzales con setenta y cuatro centavos (Q.6.293,209.74). Fijándole al Ministerio de
Finanzas Públicas el plazo de quince días para que haga el pago respectivo a la
recurrente.
La Sala llegó a la conclusión para la sentencia anteriormente aludida el hecho
que la resolución recurrida no se encuentra arreglada a la ley ni a las actuaciones
procesales, pues en el expediente administrativo correspondiente, el cual se tuvo como
prueba en el período probatorio del Recurso Contencioso Administrativo, consta que la
señora Angélica o Angela de la Gloria Taracena Orellana, probó ser la única propietaria
de la finca cuya expropiación se declaró por medio del Decreto 63-92 del Congreso de
la República, lo que acreditó con la fotocopia certificada extendida por el Registrador
General de la Propiedad de la Zona Central, de fecha veinte de abril de mil novecientos
noventa y seis, en la que consta la historia registral de la finca cuestionada, y que obra
del folio ciento treinta y seis al ciento cuarenta y ocho de las diligencias administrativas.
Dicho documento no fue redargüido de nulidad o falsedad, por lo que hace y produce fe
en juicio de conformidad con la ley. Además, el Ministerio de Finanzas Públicas en la
resolución impugnada en este recurso judicial que se examina, no observó el
procedimiento previsto en el artículo 12 de la Ley de Expropiación, contenida en el
Decreto 529 del Congreso de la República y sus reformas introducidas en el Decreto
número 277 del Presidente de la República y en el Decreto número 1793 del Congreso
de la República, al no haber aceptado el avalúo practicado por la Comisión de Expertos
Valuadores, y confirmar la resolución número ocho mil ciento cincuenta y cuatro de
fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por ese
mismo Ministerio, por la que aprobó el avalúo de fecha uno de abril de mil novecientos
- 80 -
noventa y tres de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de
dicho Ministerio, por valor de un millón cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos
noventa y siete quetzales con ochenta y siete centavos, en concepto de indemnización
para la expropiación de la finca antes aludida; el cual no fue aceptado por la referida
propietaria, al no comprender a satisfacción el valor real y actual del bien relacionado; y
por esa razón se conformó la Comisión de Expertos Valuadores.
Los expertos valuadores designados por la Autoridad recurrida, en las diligencias
administrativas, al emitir su dictamen calcularon la indemnización en el valor de seis
millones doscientos noventa y tres mil doscientos nueve quetzales con setenta y cuatro
centavos, y para ello, indicaron que tomaron como base el sector urbano, sub urbano,
rústico, ubicación, acceso, características, análisis, rangos de valores y topografía, sin
tomar en cuenta la infraestructura que existe en la finca, ya que la misma se hizo por
Administraciones Municipales y los pobladores, según conclusión número cuatro del
dictamen respectivo.
La Sala estimó que las objeciones vertidas en contra del avalúo por parte del
Ministerio no fueron suficientes y carecían de consistencia legal para la no aceptación
del mismo ya que el avalúo fue practicado de conformidad como lo establece la Ley de
Expropiación, buscando guardar el justiprecio relación justa con el inmueble, siendo
aceptado por la recurrente según se desprende de lo manifestado en el memorial de su
demanda.
No conforme el Ministerio de Finanzas Públicas interpuso recurso de casación
por motivo de fondo e invocó como sub caso de procedencia error de hecho en la
apreciación de la prueba, contenido en el inciso 2o. del artículo 621 del Código Procesal
Civil y Mercantil. El Ministerio de Finanzas Públicas al denunciar este submotivo,
expresa que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, incurrió en
- 81 -
error de hecho en la apreciación de la prueba al asignarle un significado diferente a la
prueba documental siguiente: a) Certificaciones extendidas por el Registrador General
de la Propiedad de la Zona Central, respecto de la finca inscrita bajo el número
ochocientos noventa y cinco (895), folio ciento veinte (120) del libro veintiuno (21) del
departamento de Escuintla, que obran a folios dos, veinticuatro, setenta y cinco y
setenta y ocho. b) Testimonio Especial de la escritura pública número ciento treinta y
uno, faccionada el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco por la
notario Consuelo Ruiz Scheel, obrante a folio ochenta. c) Informe de fecha tres de
febrero de mil novecientos noventa y tres del Departamento de Investigaciones de
Bienes Inmuebles Estatales, de la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, que obra a folio veintitrés. d) Informe de valuación de
fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que obra a folio número
sesenta y siete. Los documentos anteriormente descritos, se encuentran incorporados
al expediente administrativo.
La entidad recurrente plantea el recurso de casación por error de hecho en la
apreciación de la prueba y lo fundamenta en el inciso 2o. del artículo 621 del Código
Procesal Civil y Mercantil. Su primera argumentación la expone de la siguiente manera:
"A) Los señores Magistrados de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, al dictar la sentencia relacionada, consideraron que la señora Angélica o
Ángela de la Gloria Taracena Orellana, probó ser la "única propietaria" de la finca cuya
expropiación se declaró por medio del Decreto 63-92 del Congreso de la República lo
que acreditó con la fotocopia certificada extendida por el Registro General de la
Propiedad de la Zona Central, de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y
seis. De dicha consideración se evidencia el error en que incurrió la Sala, que dio lugar
a que equivocadamente tomara esa determinación, puesto que las certificaciones que
obran en el expediente administrativo, en los folios 2, 24, 75, y 78; todas relativas a la
finca inscrita bajo el número 895 folio 120 del libro 21 de Escuintla, no acreditan que la
señora Taracena Orellana, sea la legítima propietaria de dicha finca, puesto que en su
contenido claramente indica que dicha persona es CESIONARIA DE DERECHOS
- 82 -
HEREDITARIOS, dos situaciones jurídicas que son totalmente distintas, lo que
evidencia que los señores Magistrados otorgaron un significado diferente a los hechos
contenidos en esos documentos. Por otra parte, en esos documentos no se consigna
que la señora Taracena sea la legítima propietaria para poder negociar con el Estado.
En consecuencia, es evidente que existe error porque se tergiversó el significado de los
hechos que constan en los documentos, cada uno de los cuales está extendido por
funcionario público, y tienen fuerza probatoria, de tal manera que si no se hubiera
incurrido en este error los resultados del fallo fueran diferentes."
Como puede observarse, el error de hecho en la apreciación de la prueba que se
acusa cometió la Sala sentenciadora en la apreciación de la certificación extendida por
el Registro General de la Propiedad, se basa en que en el expediente administrativo
figuran otras certificaciones, las cuales no acreditan que la señora Taracena Orellana
sea la legítima propietaria de dicha finca, sino que es cesionaria de derechos
hereditarios, por lo que se trata de dos situaciones jurídicas que son totalmente
distintas, pero la entidad recurrente falla al no explicar concretamente en qué consiste
la diferencia apuntada.
Pero la Cámara Civil al hacer el análisis respectivo, determina que la Sala en su
sentencia apreció la certificación de fecha 20 de abril de 1996, siendo la última que
obraba en el expediente, con lo que se prueba que la señora Angélica o Ángela de la
Gloria Taracena Orellana, probó ser la única propietaria de la finca cuya expropiación
se declaró por medio del Decreto 63-92 del Congreso de la República, lo que acreditó
con la fotocopia certificada anteriormente aludida, siendo dicho documento auténtico del
original al no haber sido redargüido de nulidad o falsedad, por lo que hace y produce fe
en juicio de conformidad con la ley.
De esa cuenta, la certificación con la cual la Sala estimó probada la propiedad de
la finca objeto del recurso contencioso administrativo, fue la última presentada en la
- 83 -
cual efectivamente consta que la señora Taracena Orellana es la propietaria de la
totalidad de la finca, como se afirma, y en consecuencia, no pudo haber cometido error
de hecho en su apreciación.
Si la autoridad recurrente deseaba impugnar este documento en sí mismo, la vía
utilizada no es la adecuada, porque las otras certificaciones a que alude el recurrente, y
que se encuentran en los folios que puntualiza, son de fechas anteriores a la del veinte
de abril de mil novecientos noventa y seis, y no fueron analizadas por la Sala, porque
ésta tomó en cuenta la última, lo que podía hacer con toda validez jurídica, porque el
expediente administrativo fue tenido como prueba en el curso de la tramitación del
recurso contencioso administrativo.
La Sala no pudo haber cometido error de hecho en la apreciación de las otras
certificaciones señaladas por el recurrente, puesto que no las apreció, por la razón
indicada, y aunque hubiera omitido su apreciación, tales certificaciones son incompletas
si se las relaciona con la última de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y
seis, por lo que tampoco podían influir de manera determinante en el fallo. En adición a
lo anterior, si hubiera alguna irregularidad en la certificación de fecha veinte de abril
citada, o en los hechos o actos jurídicos que documenta, el recurrente debió, en su
oportunidad, impugnarla de nulidad o falsedad, pero no lo hizo así.
Por otra parte, en cuanto a que la señora Taracena Orellana sólo ostenta la
calidad de cesionaria de derechos hereditarios y no la calidad de propietaria, cabe decir
que el recurrente no desarrolló su tesis en este sentido y que, la adquisición de
derechos hereditarios por cesión, de personas que tienen inscritos los mismos en el
Registro General de la Propiedad, sí configura una forma de adquirir derechos de
propiedad en un inmueble.
- 84 -
En el caso relativo a los expertos valuadores y el avalúo practicado, la Cámara
determinó que los argumentos atacando la labor de los valuadores carecen de
fundamento ya que los avalúos fueron practicados de conformidad con la ley, peor aún
es el hecho que el recurrente no respetó el procedimiento previsto en el artículo 12 de
la Ley de Expropiación al no haber aceptado el avalúo practicado por la comisión de
expertos valuadores.
Claramente el Decreto 63-92 por medio del cual se ordenó la expropiación del
bien objeto de litis, se indica claramente en su artículo segundo que: "La expropiación
deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la Ley y los bienes deberán
justipreciarse por expertos conforme lo establece la Ley. La indemnización deberá ser
previa y en moneda efectiva de curso legal a menos que con los interesados se
convengan en otra forma de compensación." Con ello nuevamente se destruye la tesis
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas al alegar error de hecho, cuando fue dicho
Ministerio quien violentó la ley al no aceptar el avalúo practicado de conformidad con la
ley.
Es con ello que, con lo anteriormente expuesto se derriba la tesis expuesta por el
Ministerio de Finanzas Públicas y en consecuencia dentro del Recurso de Casación 1-
97 en contra de la sentencia de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y
seis proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
virtud de “Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba” se dictó sentencia el veinte de
marzo de mil novecientos noventa y siete en la cual se desestima el recurso de
casación relacionada, condenando al recurrente al pago de las costas del mismo, así
como de una multa de trescientos quetzales. Este caso particular claramente demuestra
las intenciones por parte de la autoridad recurrida, de cometer un acto contrario a lo que
se encuentra regulado dentro de la Ley de Expropiación y sus reformas, pero que el
Organismo Judicial como ente garante de la justicia, dictó la sentencia que en derecho
correspondía, amparando a la señora Taracena Orellana en su derecho.
- 85 -
CAPÍTULO 4.
LEGISLACIÓN COMPARADA
No hay nada más enriquecedor que el tener la oportunidad de realizar una
comparación entre cuerpos normativos que regulan la institución sujeta a investigación
pero que emanan de diferentes países. Solamente así se podrá apreciar las fortalezas y
debilidades que hay en el sistema guatemalteco en relación a los sistemas
comparados.
De las razones por la cual se eligió a El Salvador, Nicaragua y Venezuela para
la presente comparación legislativa. Fundamentalmente son dos motivos, en primer
lugar el investigador considera el hecho de ser países del continente americano y en
segundo porque los países sujetos a comparación al igual que Guatemala son
democracias emergentes dentro del contexto de la finalización de sus respectivos
conflictos armados internos o con modelos de gobierno cuestionados como en el caso
de Venezuela, pero cuentan también con similitudes en cuanto a la forma de gobierno y
los partidos políticos que tienen actualmente el poder, como en el caso de El Salvador
que actualmente se encuentra gobernado por el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN), el caso de Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), todos ellos partidos de
izquierda que tienen como meta el implementar soluciones de carácter colectivista ante
los problemas que han tenido que enfrentar, en especial con el combate a la pobreza y
la falta de desarrollo humano.
No se puede negar que el caso venezolano es el que más pasiones ha
despertado en los últimos años. Con un presidente que se mantiene en el poder desde
1999, ha procedido amparado ante la debilidad institucional existente, y con una
Asamblea Nacional con mayoría oficialista a una amplia política de expropiación de una
- 86 -
inimaginable cantidad de bienes muebles e inmuebles, contando con situaciones tan
inverosímiles como una casa en Caracas en la que vivió Simón Bolívar, hoteles,
fábricas, fincas ganaderas, etc.
Es por ello que para la presente labor de investigación, se analizan los cuerpos
legislativos en materia de expropiación existentes en el Salvador, Nicaragua y
Venezuela, para así poder brindar un panorama sobre la forma en la cual se encuentran
reguladas las mismas en comparación con el sistema guatemalteco.
4.1 Legislación de la República de El Salvador:
Siendo El Salvador una nación vecina al Estado de Guatemala, resulta de suma
importancia investigar dentro del presente trabajo la forma del cómo se encuentra
regulada la expropiación forzosa. Para ello podemos remitirnos directamente a la
Constitución Política de la República de El Salvador la cual claramente desarrolla lo
relativo a la expropiación forzosa de la siguiente manera: Artículo 106. “La expropiación
procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y
previa una justa indemnización. Cuando la expropiación sea motivada por causas
provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el
aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de
carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser
previa”.
Aquí encontramos una de las primeras diferencias con respecto a la legislación
guatemalteca ya que si bien es cierto se desarrolla dentro de nuestras leyes lo relativo a
la utilidad pública, interés social, así como el principio de una previa y justa
indemnización, la Carta Magna salvadoreña va más allá y desarrolla el hecho de forma
realista que en cuestiones por ejemplo “por aprovisionamiento de agua o energía
- 87 -
eléctrica, así como la construcción de viviendas o carreteras, la indemnización podrá no
ser previa.” Ello claramente desarrollado en el sentido que efectivamente pueden ocurrir
situaciones en que efectivamente el bien común sobrepase al particular y atendiendo a
una situación de grave emergencia se tenga que recurrir a expropiar por ejemplo los
generadores de energía eléctrica de determinada institución para poder ser utilizados
en un beneficio determinado de la nación, dejando la puerta abierta al Estado para que
en estas situaciones pueda también realizar la expropiación forzosa sin indemnización
previa, claro está que si tiene que realizar el pago eventualmente, caso contrario se
estaría incurriendo en confiscación la cual se encuentra prohibida.
El Salvador tiene como mayor exponente en materia de expropiación forzosa el
Decreto número 33 o Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado
publicado en agosto de 1939, pero con varias reformas, tales como las reguladas en
1998.
Si bien es cierto la figura de la expropiación forzosa dentro de la legislación
salvadoreña data de hace casi ochenta años, la forma de desarrollo de la misma resulta
interesante de exponer en el sentido que entre los bienes a expropiar resulta de
carácter restrictiva al indicar únicamente cuales son los bienes susceptibles de
expropiación ya que la ley lo regula en tres grandes grupos, mismos que se encuentran
subdivididos en su artículo segundo, siendo estos el de A) Obras de servicio público; b)
Patentes de Invención y C;) La Industria Minera.
Vale la pena desarrollar lo relativo al artículo 6 de dicha ley en donde se habla
que en el caso de los representantes legales de menores, los privados de la
administración de los bienes, los ausentes y demás personas con impedimento legal
para vender tienen toda la libertad y sin necesidad de autorización ni intervención
judicial el convenir en la expropiación arreglando de forma amistosa el monto de la
indemnización y obrar con libertad como si se trataren de sus bienes sin necesidad de
- 88 -
contar con autorización judicial. Ello a criterio del investigador puede ser sujeto a
arbitrariedades e irregularidades que puedan afectar los bienes del interesado.
Se destaca además el hecho regulado en el artículo 7 del cuerpo legal bajo
análisis que en caso de carencia de representante legal para un dueño ausente de un
bien sujeto a expropiación, será nombrado por un Juez el Curador Especial, el cual
representará a los bienes del expropiado.
Tampoco aparece desarrollada la figura del Procuraduría General de la Nación
ya que en el caso de El Salvador la función de representación del Estado la realiza la
Fiscalía General de la República, ya que la misma tiene como misión la de “Defender,
representar y tutelar los intereses de la Sociedad y del Estado Salvadoreño, actuando
con seriedad, eficiencia y responsabilidad; conforme los principios de legalidad, justicia,
seguridad e imparcialidad.”67
Es de considerar también como en el artículo 11 se desarrolla lo relativo al juicio
civil sumario de expropiación por medio del cual se tramita dicho proceso en caso de
que haya oposición a la expropiación. Entre las medidas a destacar a criterio del
investigador, se encuentra la del acto previo por parte del juez quien de oficio mandará
a anotar la solicitud de expropiación al Registro de la Propiedad, siendo a partir de ese
momento nulo cualquier traspaso o gravamen posterior a su presentación.
Por su parte el artículo 21 detalla lo relativo al caso en el que apareciera un
tercero alegando derecho sobre la cosa o su valor, independientemente a ello el trámite
de la expropiación continuará, mandando a que el tercero use su derecho ante la
autoridad y el juicio correspondiente. En esta situación al momento del pago de la
indemnización el Juez ordena que se deposite en un banco hasta que por sentencia
67
Fiscalía General de la República de El Salvador. El Salvador, 2008. Disponibilidad y acceso:
http://www.fgr.gob.sv/site/ (Consultada realizada el 04 de Diciembre de 2008. 13:23 horas)
- 89 -
ejecutoriada se termine el pleito entre el dueño y el tercero. Una cuestión es clara y es
el hecho de que pase lo que pase, el bien será expropiado. Así también en el caso en
de que un bien estuviera embargado judicialmente de igual forma será susceptible de
expropiación y únicamente el dinero por concepto de indemnización será depositado a
favor de los acreedores que ejecuten la obligación.
Otro tema de suma importancia y desarrollado dentro del Título II de la ley es lo
relativo a la expropiación de las patentes de invención, mismas que solo pueden ser
expropiadas si las mismas serán para beneficio exclusivo del Estado, así también que
sean susceptibles de crear un ramo importante de riqueza nacional o de cooperar en la
defensa del país. La expropiación de patentes se encuentre regulada dentro de los
artículos 31 al 34 de la ley sujeta a análisis.
Por último dentro de la expropiación forzosa salvadoreña se desarrolla la
institución de la requisición (Artículos 45 al 56), misma que únicamente puede ocurrir en
casos de ocupación para fines militares en caso de guerra, lo que en Guatemala se le
conoce como la expropiación de urgencia, pero con la diferencia que en El Salvador, se
indica cuales son los bienes sujetos a requisición, siendo estos en su mayoría bienes
muebles tales como vehículos, animales, medicinas, artículos de primera necesidad,
medicinas, materiales de construcción, etc. El artículo 53 indica claramente que en caso
de haber terminado las operaciones militares, el poder Ejecutivo está obligado a señalar
plaza para que los tenedores de constancias que son los documentos de garantía
entregados por las fuerzas armadas a las personas que hubieran sido expropiadas de
sus bienes en situación de guerra se puedan presentar a las oficinas respectivas para
determinar el monto de las indemnizaciones que no hubieren podido ser fijadas, siendo
el gobierno el facultado para indicar la forma y condiciones de pago.
Es de destacar el hecho que la legislación salvadoreña, aunque sumamente
antigua tiene sus motivos para seguir vigente. A criterio del investigador el hecho que
- 90 -
se especifique los bienes sujetos a expropiación otorga certeza jurídica a muchas de las
actuaciones del Estado frente a los particulares, más restringe su papel, en virtud de
que el derecho es evolutivo y bastaría con indicar que tanto los bienes y derechos son
susceptibles de expropiación, salvo que los mismos no denigren la condición de
dignidad de los individuos con la respectiva indemnización previa, salvo los casos de
urgencia tales como los de servicios esenciales para beneficio de la comunidad como lo
son el agua por ejemplo.
4.2 Legislación de la República de Nicaragua:
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua indica que se “garantiza el
derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los
instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad,
este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las
limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los
bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de
expropiación de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.
Tratándose de la expropiación de latifundios no cultivados, para fines de reforma
agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se
reconozcan en concepto de indemnización. Se prohíbe la confiscación de bienes. Los
funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo
por los daños inferidos.”
Tal como se puede apreciar anteriormente la Constitución de Nicaragua, nacida
durante el gobierno Sandinista de Daniel Ortega a finales de los años ochenta pretendió
dar un respaldo a la propiedad privada pero haciendo constar además que existen
- 91 -
situaciones por medio de las cuales dicho derecho debe de ser limitado en virtud de un
beneficio a la colectividad.
Nicaragua al igual que Guatemala ha desarrollado una historia reciente
sumamente turbulenta empañada por guerras civiles que causaron dolor y devastación
a miles de familias. Durante el gobierno de Anastasio Somoza Debayle se decretó la
Ley No 229 del 3 de marzo de 1976, misma que contiene la Ley de Expropiación, en 49
artículos. Dicha ley tiene como objeto tal como indica su artículo primero la de la
expropiación de toda clase de bienes o derechos, cualquiera que fuere la persona o
entidad a quien pertenezcan.
Para el autor esta definición resulta más adelantada que la de la legislación
nacional ya que en la Ley de Expropiación de Guatemala en su artículo 5 únicamente
se expone lo relativo “los bienes”, estén o no en el comercio, mientras que la legislación
nicaragüense va más allá indicando que también son susceptibles de expropiación los
derechos, no importando a quien sea la persona o entidad que le pertenezcan los
mismos.
El artículo 2 de la ley de Expropiación de Nicaragua indica que para los efectos
de la ley se entiende que son de utilidad pública… todo aquello que tienda a
proporcionar a la Nación en general o a una parte de la misma, derechos, usos,
mejoras o disfrutes de beneficio común o que sean necesarias para el logro de los fines
del Estado y sus instituciones, aún cuando tengan que ser ejecutados con particulares.
El concepto guatemalteco de utilidad pública es demasiado sencillo ya que se
desarrolla a la utilidad o necesidad pública o interés social como una misma situación
que únicamente tienda a satisfacer una necesidad colectiva sea de orden material o
espiritual cuando ya se vio anteriormente que si pueden haber diferencias entre los
conceptos.
- 92 -
En el artículo 3 de la Ley de Expropiación se entiende que existe causa de
interés social cuando se trate de levar a cabo obras, servicios o programas en
cumplimiento de la función social de la propiedad y de la política de división de los
latifundios incultivados, conservación y difusión de la mediana y pequeña propiedad
rural, de colonización, de agrupamiento, de población rural… y progreso del orden
social. Tal como se puede apreciar el concepto es bastante amplio a diferencia del
concepto sencillo plasmado en la legislación guatemalteca, mismo que a criterio del
investigador debería de ser cambiado.
Algo interesante a destacar dentro de la presente ley es sobre el hecho que al
momento de desarrollarse el juicio de expropiación forzosa por motivo de existir
oposición, la misma claramente indica en su artículo 11 que solamente procederá bajo
los siguientes puntos, siendo estos: a) el monto de la indemnización; b) si la
expropiación deber ser total o parcial; c) si los bienes o derechos objeto de la demanda
están afectados o no por la declaración de utilidad pública o interés social en que dicha
demanda se basa. La legislación guatemalteca por su parte en su artículo 25 dentro de
la ley de expropiación únicamente indica que el expropiado deberá manifestar su
conformidad u oposición fundamentando sus conclusiones, ello si bien es cierto es
bastante general, a criterio del investigador la legislación nicaragüense resulta más
acertada al indicar las causales que son las más comunes bajo las cuales se puede
manifestar una oposición dentro de una expropiación forzosa.
Otro punto de interés es la facultad del Estado a la hora de expropiar el hecho de
que pueda pagar la indemnización por dinero en efectivo o por medio de bonos, los
cuales se encuentran regulados en los artículos 34 al 47 atendiendo a las
circunstancias. Los mismos se emitirán en forma nominativa con un plazo máximo de
veinte años, devengando el interés anual que fije la ley respectiva. La emisión de bonos
en la ley guatemalteca no se encuentra regulada en materia de expropiación forzosa,
pero Ley de Expropiación de Guatemala resulta acertada al indicar que la suma de
- 93 -
indemnización será pagada en dinero, salvo que las partes acuerden otra forma de
pago, lo cual deja las puertas abiertas a que por ejemplo se realice un intercambio de
bienes entre el expropiante y el expropiado.
4.3 Legislación de la República Bolivariana de Venezuela:
"¡Exprópiese!". Poco tiempo atrás no era raro ver a Hugo Chávez en televisión nacional
decretando la toma por parte del Estado de alguna empresa u edificio.”
(Jean Paullier).
El caso de Venezuela es el más emblemático de todos, desde la ascensión al
poder por parte de Hugo Chávez Frías en 1999 y la implementación de una agresiva
campaña de expropiaciones de todo tipo, hace necesario que este país sea objeto de
análisis dentro de la presente investigación, ello con el fin de poder verificar cuales son
los avances y retrocesos existentes a raíz de las políticas de expropiación decretadas
por tan emblemático sujeto de la política internacional.
Para Jean Paullier, Las expropiaciones han sido una de las constantes en el
gobierno del presidente venezolano, aunque antes de llegar al poder, en 1999, insistiera
en que no tenía ninguna intención de llevar a cabo nacionalizaciones. Lo cierto es que
con la declaración de utilidad pública y en aras de construir un modelo de desarrollo
productivo socialista, el gobierno lleva desde hace años una política de expropiaciones.
El resultado, argumentan tres economistas en el libro de reciente publicación, "Gestión
en rojo”, deja que desear pues no han cumplido los objetivos trazados.68
68
Paullier, Jean. “Venezuela, expropiaciones en números rojos”. Portal de la BBC Mundo. Edición del 16 de agosto
del año 2011, Caracas, Venezuela.. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110812_venezuela_economia_expropiaciones_empresas_jp.shtm
l
- 94 -
Continúa manifestando Paullier citando a Richard Obuchi, Anabella Abadi y
Bárbara Lira, del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), que se
evaluaron 16 empresas que fueron intervenidas, absorbidas o creadas por el Estado en
los últimos diez años. Obuchi exponía que "Hay dificultad para cumplir las metas,
algunas incluso producen menos que antes de ser expropiadas. No son
autosustentables, tienen a ser deficitarias, requieren subsidios y en algunos casos no
tienen suficientes ingresos para pagar la nómina completa".69
No se puede negar que la intención del gobierno venezolano es la de mantener el
control total de los medios de producción. Con el hecho de contar con una fuente de
combustible fósil, no se puede cuestionar que se cuenta con una capacidad adquisitiva
enorme, misma que le ha permitido a Chávez el dirigir la política de expropiación
existente. El problema es que en cada ocasión existen más y más excusas sobre los
motivos por los cuales se mantienen estas políticas de expropiación de bienes ubicados
en territorio venezolano ya sea el proteger la estabilidad laboral, la soberanía
alimentaria combatiendo la especulación, así como el proveer un mejor nivel de vida a
los venezolanos que no cuentan con un hogar.
Pero para llegar a esta situación se necesita contar con un marco regulatorio que le
permita tantas libertades al gobierno actual, y en este caso es el de la “Ley de
expropiación por causa de utilidad pública o social” del 1 de julio del año 2002, misma
que ha permitido llevar a cabo cuanta expropiación desee el interesado.
Para empezar se inicia exponiendo el artículo 1 de la citada ley en donde no se
puede negar que la legislación venezolana es bastante actualizada en el sentido de
exponer que la expropiación forzosa procede sobre los derechos y bienes
69
Op. Cit.
- 95 -
pertenecientes a los particulares que sean necesarios para la satisfacción del bien
común.
Su artículo 2 expone el concepto legal que se entiende por expropiación forzosa,
siendo en este caso que: “La expropiación es una institución de Derecho Público,
mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de
interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de
propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia
firme y pago oportuno de justa indemnización.” Todo ello a diferencia de las demás
leyes analizadas que no regulan específicamente en que consiste la expropiación
forzosa.
De igual forma se conceptualiza la “utilidad pública” en el artículo 4, situación
bastante particular a diferencia de los casos anteriormente expuestos en donde se
indica que “se considerarán como obras de utilidad pública, las que tengan por objeto
directo proporcionar a la República en general, a uno o más estados o territorios, a uno
o más municipios cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien
sean ejecutadas por cuenta de la República, de los estados, del Distrito Capital, de los
municipios, institutos autónomos, particulares o empresas debidamente autorizadas.
Si bien es cierto las legislaciones anteriormente analizadas preceptúan
específicamente la necesidad que tiene que existir una declaratoria de utilidad pública,
el panorama venezolano es complejo en el sentido que el mismo en uno de sus
artículos regula las llamadas excepciones a la declaratoria de utilidad pública, no
habiendo necesidad para hacer uso de la misma tal como se describe a continuación.
“Excepción de la declaratoria de utilidad pública. Artículo 14. Se exceptúan de la
formalidad de declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de: ferrocarriles,
- 96 -
carreteras, autopistas, sistemas de transpone subterráneo o superficial, caminos,
edificaciones educativas o deportivas, urbanizaciones obreras, cuarteles, hospitales,
cementerios, aeropuertos, helipuertos, los terrenos necesarios para institutos de
enseñanza agrícola y pecuaria, las construcciones o ensanche de estaciones
inalámbricas o conductores telegráficos, así como los sitios para el establecimiento de
los postes, torres y demás accesorios de las líneas conductoras de energía eléctrica;
acueductos, canales y puertos; las sistemas de irrigación y conservación de bosques
aguas y cualquiera otra relativa al saneamiento, ensanche o reforma interior de las
poblaciones; la colonización de terrenos incultos y la repoblación de yermos y montes.
Asimismo, las caídas de agua para instalación de plantas hidroeléctricas y
construcciones anexas, únicamente en beneficio de la República, de los estados, del
Distrito Capital de los territorios federales y los municipios, con el fin de proveer de
fuerza y de alumbrado eléctrico a sus poblaciones. Se exceptúan igualmente de la
declaración previa de utilidad pública las obras comprendidas en los planes reguladores
de los estados, del Distrito Capital y de los municipios, en los planes de
acondicionamiento o modernización de otras ciudades o agrupaciones urbanas,
siempre que se elaboren y aprueben previamente por las autoridades competentes,
limitándose las afectaciones a lo estrictamente necesario, salvo lo dispuesto en el
artículo 15 de esta Ley. En todos estos casos bastará el decreto de la autoridad a cuya
jurisdicción corresponda la obra respectiva.”.70
El artículo anteriormente citado es sumamente delicado ya que otorga herramientas
de poder excesivas al interesado para decretar la expropiación sin necesidad de que
haya una previa declaratoria de utilidad pública, salvo el pago correspondiente de la
indemnización, situación que ha dado un mensaje sumamente negativo a cualquier
persona que desee invertir en Venezuela.
70
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o
Social. Caracas, Venezuela, 2002. Estado actual: vigente.
- 97 -
Es de destacar por último la facultad de retrocesión en la cual dentro del artículo 51
de la ley en mención confiere el derecho que en caso el expropiante se decidiera a
enajenar el bien expropiado, le dará prioridad al sujeto expropiado. Así también en caso
que el propietario del bien expropiado, supiera que el bien no ha sido utilizado para la
obra de utilidad pública o interés social que motivo su expropiación, podrá adquirirlo
nuevamente por el mismo precio por el cual lo adquirió el expropiante,
independientemente de las acciones legales que por daños y perjuicio se ejerzan.
El caso venezolano no dejará de tener polémica en cuanto el gobierno de Hugo
Chávez siga manteniéndose en el poder o si siguen implementándose las políticas
agresivas de expropiación existentes, aun cuando no hayan verdaderos resultados de
beneficio para la sociedad venezolana en general.
4.4 Cuadro de Cotejo:
A continuación se expone un análisis cualitativo del cuadro de cotejo incorporado
en los anexos de la presente en donde se han medido los cuerpos legales consistentes
en: a) Decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Expropiación;
b) Decreto 33, Ley de Expropiación de El Salvador; c) Ley 229, Ley de Expropiación de
Nicaragua; y d) Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social de Venezuela
del año 2002.
Los resultados obtenidos a partir de las unidades de análisis sujetas a
comparación y sus respectivos indicadores procuran dar respuesta a la pregunta de
investigación y confirman el cumplimiento de los objetivos expuestos en la introducción
de la presente investigación, ya que se proporciona dentro del apartado de anexos los
formatos de los instrumentos utilizados, transcribiéndose únicamente las partes
- 98 -
conducentes en el cuerpo del presente artículo dando al lector una herramienta
comparativa de relevancia.
En el cuadro comparativo número uno, desde la perspectiva del derecho
comparado se exponen seis indicadores de las leyes de expropiación de los países
objeto de investigación, siendo estos: A) Vigencia; B) Contexto histórico de la ley; C)
Justificación para expropiar; D) Bienes sujetos a expropiación; E) Justiprecio; y F)
Derecho de Reversión.
Iniciando con el primero de los indicadores de las leyes analizadas, relativo a la
vigencia de las mismas, la ley más antigua que es la del Salvador data de 1939, y la
más nueva la de Venezuela que es del año 2002. Como elemento común en todas las
leyes es que las mismas fueron dictadas en tiempos turbulentos ya sea bajo una
dictadura como en los casos de El Salvador y Nicaragua, en tiempos de
transformaciones o revoluciones sociales como en Guatemala o de un acaparamiento y
búsqueda de control sistemático de todos los entes de producción como en el caso de
Venezuela.
En el segundo indicador relativo al contexto histórico de la ley, se expone que en
el caso de El Salvador en 1939, el General Maximiliano Martínez llevaba ya ocho años
en el poder. “En 1932, poco después de comenzar la construcción de la carretera
Panamericana, ocurrió un levantamiento de campesinos e indígenas debido a que en
las elecciones municipales, el gobierno desconoció la victoria de los candidatos
comunistas y fueron reprimidos con gran violencia ocasionado la muerte de 15 mil ó 30
mil campesinos e indígenas que fueron asesinados o murieron en las refriegas. La cifra
varía según la procedencia de las fuentes. Luego de "la matanza", Agustín Farabundo
Martí, el líder del levantamiento, que eran un intelectual de clase media alta, fue
encarcelado y luego ejecutado. La matanza sería recordada y ha sido causa de la gran
división que existió entre militares y civiles en El Salvador. En 1932, fue legalizado el
- 99 -
gobierno de Martínez y en las siguientes elecciones de 1935 fue elegido por un término
de 4 años. En 1939 nuevamente ganó las elecciones para un período de seis años.”71
El caso de Martínez que militarizando el entorno político administrativo de El
Salvador conllevó a que dictada normas como el caso de la Ley de expropiación y
ocupación de bienes del estado ya que dicha ley le garantizaría acceso a la obtención
de propiedades para la construcción de obras públicas en beneficio del régimen,
aunque posteriormente sería derrocado en 1944, la ley seguiría vigente al día de hoy.
El caso de Guatemala no es menos ajeno, ya que si bien es cierto la norma se
decreta durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo Bermejo, la
misma no carecería de polémica, en virtud que el gobierno en turno se encontraba
enfrentado diversas pruebas de fuego al ser el primer gobierno democráticamente
electo luego de los acontecimientos del 20 de octubre de 1944. La norma continúa
vigente hasta la fecha salvo algunas reformas implantadas en 1979.
Para Nicaragua, caso similar al de El Salvador, la norma expropiativa fue
decretada dentro del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, en plena guerra civil
nicaragüense en contra de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), la implementación de dicha norma le permitiría a Somoza el agenciarse con
una gran cantidad de bienes utilizando como justificación la necesidad de
reconstrucción del país a raíz del terremoto de 1972, así como el contexto de la guerra.
De igual forma la norma continúa vigente al día de hoy.
En Venezuela por su parte si bien es cierto la norma es la más moderna en
comparación con la demás, la misma ha sido implementada dentro de la política
71
Breve Reseña de la Historia de la República de El Salvador. Exordio – Portal de la segunda guerra mundial 1939-
1945. Disponibilidad y acceso en: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/Latinoamerica/salvador.html.
- 100 -
nacional de expropiación dictada por parte de Hugo Chávez Frías quien desde 1999 se
mantiene en el poder. Está a consideración del investigador es la norma más
adelantada en el sentido que ofrece una conceptualización de lo que se entiende por
expropiación forzosa, por utilidad pública, así como otras herramientas para hacer valer
los derechos del sujeto expropiante y expropiado
Para el tercer indicador relativo a la justificación para decretar una expropiación,
para Guatemala, la misma se fundamenta en lo transcrito en su artículo 1 que hace
énfasis en la utilidad pública, necesidad pública o interés social que tienda a dar un
beneficio material o espiritual, concepto que se mantiene en la actual Constitución
Política de la República de Guatemala, aunque con la salvedad que la ley específica
hace una distinción entre los beneficios considerados como materiales y espirituales.
Lamentablemente la legislación guatemalteca hace una exposición clara sobre lo
que se entiende por utilidad pública, necesidad pública o interés social, que constituyen
principios de orden social, al igual que la Constitución Política de la República, solo
hace mención de los supuestos, pero no índica cual es su significado, a diferencia de la
legislación nicaragüense que expone en una forma profunda a que se le puede invocar
como utilidad pública e interés social de conformidad con lo expuesto a continuación en
sus artículos 2 y 3. El segundo desarrolla lo contenido dentro de lo que se entiende
como utilidad pública, mientras que el artículo tercero explica a que se entiende por
interés social.
“Artículo 2: Para los efectos de esta ley se entiende que son de utilidad pública
para la expropiación, las obras, servicios o programas que tiendan a proporcionar a la
Nación en general o a una parte cualquiera de la misma, derechos, usos, mejoras o
disfrutes de beneficio común o que sean necesarios para el logro de los fines del
Estado o sus instituciones, aun cuando deban ser ejecutados por particulares.”
- 101 -
“Artículo 3: Existirá causa de interés social para la expropiación cuando se trate
de llevar a cabo obras, servicios o programas en cumplimiento de la función social de la
propiedad y de la política de división de los latifundios incultivados, de conservación y
difusión de la mediana y pequeña propiedad rural, de colonización, de agrupamiento de
población rural, de construcción de viviendas para trabajadores, de constitución de
patrimonios familiares y en general de obras, servicios o programas que impongan el
mantenimiento y progreso del orden social.”72
Para Venezuela de igual forma se regula ampliamente dentro de su ley la
expropiación forzosa por utilidad pública e interés social en nombre del bien común,
dando además una definición de la institución de la expropiación forzosa, así como del
concepto de la utilidad pública, situación que es sumamente novedosa, tomando en
cuenta que otras leyes no necesariamente exponen la misma.
En el cuarto indicador relativo a los bienes sujetos a expropiación, la ley
salvadoreña en su artículo 2 separa los bienes susceptibles de expropiación en tres
grandes grupos (obras públicas, patentes de invención y la industria minera), situación
que es sumamente restrictiva, mientras que por su parte la ley nicaragüense es
sumamente amplia al reconocer que cualquier bien o derecho es susceptible de
expropiación, la ley de expropiación guatemalteca únicamente reconoce lo relativo a
bienes y sus accesorios más no habla de derechos que a su vez podrían ser sujetos de
expropiación. En el caso de Venezuela los bienes sujetos a expropiación son bastante
amplios abarcando bienes y sus derechos, bienes que no necesitan declaratoria de
72
Congreso Nacional de Nicaragua. Ley 229. Ley de Expropiación del 3 de marzo de 1976 y sus reformas. Estado
Actual. Vigente.
- 102 -
utilidad pública, trato preferente a los bienes que constituyan riqueza arqueológica entre
otros.
En el quinto indicador en materia de justiprecio, de las leyes analizadas se puede
decir que las legislaciones guatemalteca y venezolana están adelantadas en
comparación de las dos restantes en virtud que si determina elementos sobre los cuales
deberá versar el justiprecio como por ejemplo el valor actual de los bienes. Para
Venezuela en el caso particular expone elementos obligatorios para la apreciación del
justiprecio (artículo 36), tales como en el caso de los bienes inmuebles en el valor fiscal
aceptado por el expropiado, el valor de los actos de transmisión realizados seis meses
antes de la expropiación, los precios medios en que se hayan vendido inmuebles
similares en los últimos doce meses; y para los bienes muebles (artículo 38) aprecia su
clase calidad, dimensiones, marcas, tipo, modelo, vida útil, etc. Aparte también para el
caso de expropiaciones de industria la compensación tiene que abarcar los daños y
perjuicios por el cese de actividades y traslado de maquinaria. Todo ello a diferencia de
los casos de Nicaragua y El Salvador en donde únicamente hace alusión a los informes
que deberán de rendir los peritos ante el Juez competente como base para el
justiprecio.
En el caso de la última unidad de análisis que detalla si el derecho de reversión
se encuentra contemplado, en el caso guatemalteco, la Ley de Expropiación (artículos
37 y 38), si detalla un procedimiento de reversión en el cual el expropiado puede
reclamar la devolución del bien expropiado en caso que no se ejecutare la obra o se le
diera un uso distinto al decretado (salvo que la sustitución tenga causa en el interés
colectivo), teniendo que pagar el valor percibido más las mejores si se hubieran
realizado, contando con un año para ello.
Para Venezuela, también se regula un procedimiento de retrocesión (artículo 51),
por medio del cual se le faculta al expropiado a solicitar la devolución del bien inmueble
- 103 -
cancelando el valor que se le otorgó a su favor, no necesitando más que la inspección
judicial que acredite que el bien no ha sido utilizado para la causa bajo la cual fue
expropiado.
En las leyes de Nicaragua y el Salvador no se tiene regulación sobre la
reversión, estando en el caso nicaragüense únicamente contemplado el hecho que
pueda el sujeto expropiado tener derecho a prioridad en caso de que el bien expropiado
vaya a ser vendido por parte del ente expropiante.
Con todo lo anteriormente expuesto, hay que indicar que la legislación
venezolana es la más adelantada en cuanto al desarrollo de la institución de la
expropiación forzosa, siendo interesante que sea la única de las leyes comparadas que
haga una conceptualización específica sobre lo que se entiende como expropiación
forzosa, obras de utilidad pública y formas de valoración específica sobre bienes
muebles e inmuebles, a diferencia de otras legislaciones que se quedan cortas al efecto
como en los demás casos.
Lamentablemente ninguna ley hace alusión sobre qué es lo que se comprende
como “interés público”, dejando muy a discreción la facultad que tienen los entes
legislativos de dictar cuanta expropiación consideren necesaria haciendo alusión a
dicho concepto. El caso venezolano es el más preocupante, en el sentido que a pesar
que su legislación es novedosa al regular amplitud de situaciones, el solo hecho que se
regule una amplia gama de bienes que pueden ser expropiados a discreción sin
necesidad de una declaratoria de utilidad pública, resulta preocupante, para toda
aquella persona que desee adquirir determinados bienes o invertir en los mismos.
- 104 -
CAPÍTULO 5.
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
La finalidad del presente trabajo de investigación consiste en determinar si la
legislación existente en materia de expropiación forzosa dentro de lo contenido en la
Ley de Expropiación (Decreto 529 del Congreso de la República), es adecuada y
encuadra dentro de lo contenido en el ordenamiento jurídico de guatemalteco para así
determinar fortalezas y debilidades de la norma anteriormente aludida. .
Para ello, de conformidad con lo expuesto en los capítulos 1 y 2 del presente
trabajo, la Ley de Expropiación (Decreto 529 del Congreso de la República) surgió
como la norma principal en materia de expropiación dentro del contexto de la revolución
guatemalteca de octubre de 1944. La misma procuraba garantizar en ese momento un
proceso eficiente por medio del cual el Estado pudiera contar con una herramienta legal
que pudiera legitimar al ente expropiante la facultad de expropiar un determinado bien
para la satisfacción del bien común.
Como toda norma de Derecho, la misma es necesario que se acomode al
contexto histórico en el cual se encuentra en la actualidad. Dicha situación resulta una
tarea titánica ya que presupone la existencia de una agenda legislativa consciente y
responsable por parte del Congreso de la República, pero en muchas circunstancias
lamentablemente la situación queda en el olvido y normas que eran perfectamente
aplicables en una determinada parte de la historia, quedan relegadas en el olvido o lo
que es peor aún, se continúan aplicando aun cuando las mismas han dejado de ser
funcionales dentro del presente. El tema de central de análisis del ordenamiento jurídico
en materia de expropiación forzosa versa en el sentido de verificar si dicha legislación
es adecuada para el entorno actual.
El Estado de Guatemala no ha sido la excepción, teniendo un historial
sumamente particular en lo relativo a la expropiación forzosa, ya que pese a que se
- 105 -
encuentra dentro del cuerpo normativo guatemalteco, la institución como tal ha sido
cuestionada en diversidad de ocasiones. Es por ello que el presente trabajo de
investigación parte del sentido en el que el investigador se ampara bajo la hipótesis de:
a mayor certeza jurídica dentro de la institución de la expropiación forzosa, habrá menor
riesgo de abusos por parte del Estado hacia los particulares. Para ello dicha hipótesis
se pretende responder con la siguiente interrogante: ¿Se encuentra regulada
adecuadamente la expropiación forzosa dentro del ordenamiento jurídico
guatemalteco?
Para establecer la percepción general sobre el ordenamiento jurídico en materia
de expropiación forzosa dentro de Guatemala, fue necesario recurrir a un estudio
mediante entrevistas practicada a 10 profesionales del Derecho que laboran dentro de
instituciones del Estado, así como profesionales que laboran por su cuenta o en
entidades privadas, lo cual permite considerar que los mismos constituyen la población
adecuada para obtener la información correspondiente en la realización del presente
trabajo de investigación, siendo presentados los siguientes resultados obtenidos a
continuación:
5.1 Entrevistas realizadas:
Primera pregunta. ¿Conoce usted el procedimiento de expropiación forzosa
contemplado dentro de la Ley de Expropiación (Decreto número 529 del Congreso
de la República)?:
Los resultados obtenidos reflejan que el 100% por de los entrevistados tienen
conocimiento del procedimiento de la expropiación forzosa contemplada
específicamente dentro de la Ley de Expropiación. A través de este resultado se puede
establecer que hay un conocimiento por lo menos superficial sobre el tema objeto de
investigación.
- 106 -
Si conoce100%
No conoce0%
Conocimiento sobre el procedimiento de expropiación forzosa
Si30%
No70%
¿Está usted de acuerdo con la forma como la ley regula quienes pueden instar a la expropiación
forzosa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Expropiación?
Segunda pregunta: ¿Está usted de acuerdo en la forma como la Ley de
Expropiación regula quienes pueden instar a la expropiación forzosa de
conformidad con el artículo 4 de dicha Ley?:
Los resultados obtenidos para esta pregunta demuestran que únicamente tres de
los entrevistados, que constituyen un 30% se manifiestan de acuerdo en la forma con la
cual se regula la expropiación forzosa en el supuesto de quienes pueden instar a la
expropiación, en contraposición con el 70% de los entrevistados que se oponen
rotundamente sobre dicho marco legal en cuanto a la cuestión objeto de pregunta.
- 107 -
Tercera pregunta: ¿Cree usted que el concepto de utilidad pública e interés
público han sido debidamente utilizados a la hora de procederse en una
expropiación forzosa?
Códigos Categoría de Respuesta Frecuencia
1 Concepto no se ha utilizado
adecuadamente por su fácil tergiversación
o manipulación para fines egoístas y
populistas
6
2 Concepto no se ha utilizado
adecuadamente por servir como
justificación a intereses políticos
3
3 Concepto da lugar a diversas
interpretaciones de carácter subjetivo ya
que cualquier beneficio colectivo aunque
innecesario será utilizado como
justificación
4
4 Concepto ha sido utilizado de forma
adecuada
1
Del resultado de la pregunta anterior se puede deducir que la generalidad de los
entrevistados aducen que el concepto de utilidad pública e interés público no han sido
debidamente utilizados, en virtud que da lugar a diversidad de interpretaciones
subjetivas que van desde cuestiones de carácter político, intereses populistas o
egoístas, por lo que el marco legal demuestra una debilidad en cuanto al vacío
existente sobre lo que debe de ampararse para utilizar el concepto de utilidad pública e
interés público.
- 108 -
Cuarta pregunta: ¿Considera que el Estado resarce plenamente los daños
ocasionados por medio de la indemnización a favor del sujeto expropiado de
forma satisfactoria?
Códigos Categoría de Respuesta Frecuencia
1 El daño nunca queda resarcido
plenamente para el expropiado
10
2 Hay otros daños que nunca quedan
cubiertos como los psicológicos para
aquellos que ven su patrimonio expropiado
1
3 El Estado siempre abusa de su posición y
el particular siempre pierde con la
expropiación
4
4 El sujeto expropiado se ve obligado a
resignarse a las condiciones bajo las
cuales se le expropia
7
5 Salvo que el sujeto expropiado sea afín al
partido de gobierno podría no ser tan
perjudicial la expropiación
2
Lo evaluado en la pregunta anterior da una de las respuestas más interesantes
con relación a la expropiación forzosa, y es el hecho que la totalidad de los
entrevistados considera que el Estado nunca resarce plenamente los daños
ocasionados a favor del sujeto expropiado, pero a la vez la respuesta principal otorga
otros matices en el sentido de indicar que el Estado siempre abusa de su posición de
superioridad, que el sujeto expropiado tiene que resignarse a aceptar las condiciones
impuestas, que quedan daños psicológicos que no se resarcen así como solamente si
se tiene privilegios con una administración del gobierno el daño será menor.
- 109 -
Quinta pregunta: ¿Considera que la legislación actual en materia de expropiación
forzosa necesita reformarse?
Códigos Categoría de Respuesta Frecuencia
1 Es necesaria una actualización legal en
materia de expropiación forzosa en cuanto
a adecuar la normativa a la actualidad
8
2
Se tiene que crear un cuerpo normativo
específico en materia de expropiaciones
contemplando todas las modalidades y no
de forma dispersa como en el caso de la
Ley de Alianzas para el desarrollo de
infraestructura económica
5
3 No vale la pena realizar reformas porque
de todos modos El Estado nunca pierde.
2
4
La Universidad de San Carlos no debería
de tener injerencia en el proceso de
expropiación, por lo que debería de
derogarse su facultad para solicitar que se
expropie un determinado bien.
1
De conformidad con las respuestas obtenidas en la última pregunta se determina
que la mayoría de entrevistados ve necesaria una actualización legal en materia de
expropiación forzosa, proponiendo una nueva ley que se acople a las necesidades de
los tiempos actuales, así también otros ven como un problema el hecho de que haya
leyes dispersas como el caso de la Ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura
económica, ya que la misma otorga un procedimiento distinto al de la Ley de
- 110 -
expropiación, situación que puede provocar confusiones, por lo que sería ideal unificar
los procedimientos en un mismo cuerpo normativo.
Así también hubo respuestas radicales en el sentido de afirmar que no había
necesidad de reformar la ley porque de todos modos el Estado nunca pierde al
momento de realizar una expropiación, no dejando más derechos al sujeto expropiado
que el de un debido proceso a favor del mismo y una debida utilización de los bienes
objeto de expropiación en beneficio de la colectividad, mientras que hubo otro más allá
en el sentido de indicar que era necesario remover a la Universidad de San Carlos de
Guatemala como sujeto que puede instar a la expropiación de un determinado bien de
conformidad con el artículo 4 de la Ley de Expropiación.
Como se podrá apreciar, los instrumentos utilizados a lo largo de la investigación
pretendieron dar como fin el otorgar elementos para dar respuesta a la pregunta de
planteada en la introducción misma que consistía en ¿Se encuentra regulada
adecuadamente la expropiación forzosa dentro del ordenamiento jurídico
guatemalteco?
La anterior interrogante, fue respondida a lo largo de la investigación, siendo
necesaria una actualización general de la ley de expropiación en Guatemala,
adecuándola a lo contenido en la Constitución Política de la República, la realidad
nacional existente en estos momentos ante amenazas constantes como lo constituyen
el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como el hecho de regular
específicamente el concepto de expropiación, el concepto de utilidad pública e interés
público, así como la forma de valoración de los bienes para realizar el justiprecio.
Por su parte los objetivos planteados a lo largo de la investigación fueron
alcanzados satisfactoriamente ya que se realizó un estudio a profundidad de la
expropiación forzosa, tomando diversidad de fuentes bibliográficas y procurando tomar
- 111 -
como base además diversidad de estudios e investigaciones recientes sobre el tema
así como el realizar un estudio de legislación comparada entre naciones del continente
americano, siendo estas el caso de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, resaltando
aspectos particulares de cada una de las mismas.
No se puede negar que la expropiación ha existido a lo largo de la historia de la
humanidad, primero como una mera acción confiscatoria en la cual el grupo de poder
procedía a despojar sin compensación alguna un determinado objeto para ser utilizado
en provecho del ente confiscador, para luego pasar a una institución respaldada
legalmente con mecanismos que buscan evitar abusos, pero que lamentablemente
tienen la amenaza de las corrientes populistas que no respetan ideología alguna y que
se encuentran en muchos gobiernos que actualmente mantienen el poder en América
Latina, situación que hace temer que la la expropiación forzosa sea muy mal utilizada
para únicamente procurar destruir el derecho a la propiedad privada.
El extremo anteriormente expuesto tendrá respuesta únicamente en el futuro,
quedando como deber el defender el Estado de Derecho y la institucionalidad de
nuestros pueblos ante la amenaza de una mala aplicación legal de una institución
necesaria y polémica como lo es la expropiación forzosa.
- 112 -
CONCLUSIONES
1. La expropiación forzosa es una institución del derecho público de carácter lesivo
por medio de la cual el Estado utilizando sus facultades legislativas, en nombre
de la “utilidad colectiva”, “beneficio social” e “interés público” procede a despojar
de uno o más individuos, de una o más propiedades específicamente
relacionadas con la ejecución de un determinado proyecto que conlleve
beneficios de carácter colectivo.
2. Para que pueda existir la misma, esta tiene que emanar necesariamente de un
cuerpo legislativo que faculte la ejecución de la expropiación forzosa teniendo
que detallar la forma en la que se llevará la misma, así como las propiedades o
bienes que resultaran afectados y los mecanismos legales con los cuales contará
el sujeto expropiado.
3. La institución objeto de análisis tiene que partir fundamentalmente de una
necesidad de carácter colectiva con una previa indemnización y justificación
hacia el sujeto expropiado quien es el que se ve perjudicado.
4. Es de carácter unilateral ya que en ningún momento se le pregunta al sujeto
expropiado si está de acuerdo con que se le expropie un determinado bien,
quedando este sujeto únicamente a las acciones judiciales que considere, así
como al beneficio de la indemnización como compensación.
5. La expropiación de un determinado bien afecta directamente al derecho a la
propiedad privada, siendo fuertemente cuestionada por aquellos que defienden
la misma, en especial con acontecimientos que han evidenciado una mala
práctica de dicha institución como en el caso de la promulgación del Decreto 900
o Ley de Reformar Agraria en donde la política de expropiación del Presidente
Jacobo Arbenz Guzmán no contó con una verdadera implementación de
desarrollo rural, acorde a la realidad nacional y mundial dentro del contexto de la
- 113 -
guerra fría, situación que sirvió de justificación para su posterior derrocamiento
en el año de 1954.
6. La legislación vigente en materia de expropiación dentro de Guatemala tiene
más de setenta años de vigencia, por lo que es necesario que se haga una
nueva legislación acorde a la realidad del siglo XXI y que abarque no solamente
bienes muebles o inmuebles, sino también los derechos que haya sobre los
mismos.
7. La valorización en concepto de indemnización que se pretende pagar a favor del
sujeto expropiado no llenará los requisitos del mismo, por la naturaleza coactiva
existente dentro de la institución de la expropiación forzosa.
8. Es preocupante que al día de hoy dentro de la legislación guatemalteca no existe
una definición expresa de lo que se entiende por “utilidad colectiva”, “beneficio
social” e “interés público”. Ya que la mera utilización de estos vocablos podría
servir como instrumento para ejecutar leyes de expropiación sin que
verdaderamente haya una justificación que haga valer dicha facultad.
- 114 -
RECOMENDACIONES
1. La legislación en materia de expropiación forzosa está inadecuada a la realidad
social del momento, ello en virtud que dicha ley fue promulgada durante el
Gobierno del Doctor Juan José Arévalo Bermejo hace más de sesenta años por
lo que una reforma general de conformidad con la ley, resulta más que
necesaria.
2. Dentro de las reformas necesarias a la actual Ley de Expropiación se destaca el
hecho que se tiene que regular lo relativo a las definiciones sobre lo que se
entiende por utilidad pública e interés nacional, ya que actualmente dichos
conceptos pueden ser mal utilizados en forma ambigua por el interesado a
expropiar un bien inmueble invocando dichas causales de forma extensiva.
3. Otro problema está sobre los bienes que pueden expropiarse, ya que la Ley de
Expropiación hace referencia a toda clase de bienes, estén o no en el comercio.
Dicha situación es general pero a su vez deja dudas ya que el investigador
considera necesario que se hable también de los derechos que puedan surgir de
los mismos, no limitarse únicamente en el sentido estricto de los bienes.
4. A criterio del autor resulta necesario abordar en mayor profundidad el tema de
los expertos valuadores, ya que los mismos deberían de ser indicados con
claridad las calidades que deben gozar para ser considerados tales, ya que
incluso en una situación determinada puede darse la circunstancia que una
persona no capacitada en el tema sea quien esté dando una valuación
totalmente ajena a la realidad.
5. Es fundamental además, a criterio del autor el actualizar nombres que pueden
despertar confusión dentro de la tramitación de una expropiación forzosas tales
como puede ocurrir con la intervención del Ministerio Público, siendo la
Procuraduría General de la Nación, así como la Dirección General de Rentas
Internas, cuando dicha dependencia dejó de existir para dar lugar a la actual
Superintendencia de Administración Tributaria.
- 115 -
6. Resulta necesario plasmar a nivel académico una mayor disposición de
contenido, así también mantener la discusión sobre el tema al respecto para que
así pueda ser objeto de análisis, para futuras contribuciones sobre el tema objeto
de investigación.
- 116 -
REFERENCIAS
1. Referencias bibliográficas:
1.1 Acosta Romero, Miguel. “Teoría General del Derecho Administrativo. México.
Editorial Autónoma de México. 1964.
1.2 Álvarez Gendin y Blanco, Gabino. “Tratado General del Derecho Administrativo”.
España. Casa Editorial Urgel. Barcelona. 1962.
1.3 Cabanellas, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial
Heliasta S.R.L. 1979.
1.4 Castillo González, Jorge Mario. Constitución Política de la República de
Guatemala. Comentarios, explicaciones, interpretación jurídica, documentos de
apoyo, opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala
Editorial Impresiones Gráficas de Guatemala. 2003
1.5 Castillo González, Jorge Mario. “Derecho Administrativo”. Guatemala. Editorial
Impresiones Gráficas. 2004.
1.6 Castillo González, Jorge Mario. “Derecho Procesal Administrativo”. Guatemala.
Editorial Impresiones Gráficas. 2004.
1.7 Et. Al. “Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala” Guatemala. Fundación para
la cultura y el desarrollo “Asociación Amigos del País”. 2004.
1.8 Et. Al. Manual de Derecho Administrativo, Una perspectiva desde los
ordenamientos jurídicos de Guatemala y España. España. 1992.
1.9 Guzmán Hernández, Martín Ramón “El Amparo Fallido”. Publicación de la Corte
de Constitucionalidad. Guatemala Editorial Serviprensa. 2004.
1.10 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1981
1.11 Paz Cárcamo, Guillermo “Guatemala. Reforma Agraria”. Guatemala. Publicación
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 1997.
1.12 Pereira-Orozco Alberto y Richter, Marcelo Pablo E. “Derecho Constitucional”.
Guatemala. Ediciones de Pereira. 2008.
- 117 -
1.13 Schlesinger Stephen. “Fruta amarga” la C.I.A. en Guatemala. Siglo XXI Editores.
4ª edición en español. España 1987.
2. Referencias normativas:
2.1 Constitución Política de la República de Guatemala.
2.2 Decreto Ley 106 “Código Civil”.
2.3 Decreto número 529 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de
Expropiación”.
2.4 Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal.
2.5 Decreto número 16-2010 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”.
2.6 Decreto número 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de
Extinción de Dominio”.
2.7 Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos. (Pacto de San José)
2.8 Instituto Interamericano de Derechos Humanos “Instrumentos Internacionales de
Protección de los Derechos Humanos”. 2ª Edición. San José Costa Rica 1998.
3. Referencias electrónicas:
3.1 Breve Reseña de la Historia de la República de El Salvador. Exordio – Portal de la
segunda guerra mundial 1939-1945. Disponibilidad y acceso en:
http://www.exordio.com/1939-1945/paises/Latinoamerica/salvador.html.
3.2 Blanco, Juan Ramón. “Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776.” Derechos
Humanos. Blog sobre sociedad y derecho de tendencia en materia de libertades
individuales. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-Derechos-de-Virginia-de-12-
de-junio-1776_a107.html
3.3 Blanco, Juan Ramón. “Declaración de los derechos y deberes del hombre y el
ciudadano de 1793”. Derechos Humanos. Blog sobre sociedad y derecho de
- 118 -
tendencias. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-los-Derechos-del-Hombre-y-
del-Ciudadano-Paris-1793_a48.html
3.4 De la Red Fernández Camilo. “El premio de afección”. Temas de Actualidad.
Revista de Abogacía Española en línea. Consejo General de la Abogacía
Española. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1187956716576.pdf
3.5 Diccionario Económico de Nuestro Tiempo. Serra Monet Manuel
http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/
3.6 Diccionario de economía política de Borizov, Shamin y Marakova.
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/expropia.htm
3.7 “Expropiaciones en Venezuela” Agencia de Prensa Rural de Colombia.
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?breve230
3.8 Fiscalía General de la República de El Salvador. El Salvador, 2008. Disponibilidad
y acceso: http://www.fgr.gob.sv/site/
3.9 Glosario del Grupo Financiero Santander. Banco de capital español.
http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioj.htm
3.10 Guardia Calderon, Presidente Constitucional de la República de Costa Rica. “Las
garantías sociales”. Portal El espíritu del 48. San José Costa Rica, 2008.
Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.elespiritudel48.org/docu/h084.htm
3.11 Paullier, Jean. “Venezuela, expropiaciones en números rojos”. Portal de la BBC
Mundo. Edición del 16 de agosto del año 2011, Caracas, Venezuela..
Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110812_venezuela_economia_expro
piaciones_empresas_jp.shtml
3.12 Pio XI, “Quadragesimo anno – Sobre la restauración del orden social y su
perfeccionamiento de conformidad con la ley evangelizadora. Santa Sede del
Vaticano. 1931. Disponibilidad y acceso en la siguiente página web:
http://www.gui.uva.es/~cuenca/enciclic/quadrage.htm
- 119 -
3.13 Que es ser libertario”. The Future of Freedom Foundation.
http://www.fff.org/spanish/nosotros/intro.asp
3.14 Versión electrónica de la 22ava edición del diccionario de la lengua española de la
Real Academia de la Lengua Española). http://buscon.rae.es/draeI/
3.15 Vinelli, Rodolfo. “La Propiedad Privada y la Libertad” Centro de Estudios
Económicos y Sociales. http://www.cees.org.gt/topicos/print/topic-454.doc
3.16 Williams, Walter. Instituto Cato http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-
2001-07-19.html
4. Otras referencias:
4.1 Cuevas Del Cid, Magda Carolina “El problema de los intereses patrimoniales
legítimos como objeto de la potestad expropiatoria”. Guatemala 2006. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 105
páginas.
4.2 Polanco Ordoñez, Mirna Yesenia. “La Adecuada Valoración de Bienes Inmuebles
para la Indemnización en la Expropiación de la Propiedad”. Guatemala 2007.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala. 93 páginas
- 120 -
ANEXO I
Esquema del proceso de expropiación forzosa contenida dentro del Decreto
529 del Congreso de la República (Ley de Expropiación)
Esquema del procedimiento legal de la expropiación forzosa regulada de conformidad
con el Decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala
Estado
Municipalidades
Universidad de San Carlos
Contratistas o Concesionarios de obras y
servicios públicos
Declaratoria de expropiación de utilidad pública de bien afecto a expropiación
Expediente se diligencia ante la Gobernación
Departamental
En caso de oposición se abre a prueba por el
término de 20 días.
En caso de personas domiciliadas fuera de la
República o cuyo paradero se ignore, se realizarán
tres publicaciones en el Diario Oficial y otro de
mayor Circulación. En caso el mismo no dejara
mandatario facultado, se le seguirá notificando de
las incidencias de la expropiación por medio de
publicaciones en el Diario Oficial
De la solicitud se le corre traslado al sujeto
expropiado por el término de 7 días para que se
pronuncie
Requerimiento de oferta al propietario, misma que
tiene que ser presentada entre 5 y 10 días desde la
fecha de notificación
Si existiera acuerdo previo pago se procede al
traslado de dominio por medio de la Escritura
Traslativa de Dominio correspondiente, con lo cual
se finaliza el procedimiento
No hay acuerdo con relación al precio entre
el expropiante y el sujeto a expropiar
- 121 -
En caso de prueba de peritos, cada una de las
partes en discordia nombra a uno, y el tercero será
electo por el gobernador departamental en caso de
no existir acuerdo entre las partes
Habiéndose agotado los procedimientos se le
confiere audiencia a la Procuraduría General de la
Nación para que se pronuncie
Se realiza pago o depósito de indemnización y con
ello se realiza la Escritura Traslativa de Dominio.
En caso de rebeldía comparece el gobernador
departamental de la localidad.
- 122 -
ANEXO II
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS LEGISLACIONES DE GUATEMALA,
EL SAVADOR Y NICARAGUA EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
UNIDADES DE ANÁLISIS
Indicadores
GUATEMALA
DECRETO 529 “LEY
DE EXPROPIACIÓN”
EL SALVADOR
DECRETO 33 “LEY DE
EXPROPIACIÓN Y
OCUPACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO”
NICARAGUA
LEY 229 - LEY
DE
EXPROPIACIÓN
VENEZUELA
LEY DE
EXPROPIACIÓN
POR CAUSA DE
UTILIDAD PÚBLICA
En vigencia
desde
24 de julio de 1948,
reformado por Decreto 14-79 del Congreso de
la República.
25 de julio de 1939,
reformada por el Decreto Legislativo
número 467 del 29 de octubre de 1998.
3 de marzo de 1976
01 de julio de 2002
Contexto
histórico de
la ley
Decretada dentro del contexto de la
revolución de octubre de 1944, dentro del
primer gobierno revolucionario presidido
por Juan José Arévalo Bermejo
Surgida dentro del gobierno de facto del General Maximiliano
Martínez quien gobernara con puño de hierro los destinos de El
Salvador desde 1931 hasta su derrocamiento
en 1944
Surgida dentro del gobierno de
Anastasio Somoza Debayle dentro del conflicto armado
interno nicaragüense en contra del Frente
Sandinista de Liberación Nacional y con posterioridad
al terremoto que destruyó Nicaragua
en 1972
Decretada por la Asamblea Nacional
bajo control del partido de gobierno
de Hugo Chávez Frías. Presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela desde 1998, en donde ha iniciado una amplia
política expropiatoria.
Justificación
para
expropiar
Utilidad pública, necesidad pública o
interés social que tiendan a dar un
beneficio material o espiritual (Artículo 1)
Utilidad pública previamente
comprobada (Artículo 1)
Utilidad pública e interés social.
Ambos se encuentran
desarrollados en sus respectivos
artículos (Artículos 2 y 3)
Utilidad pública e interés social en nombre del bien
común. (Artículo 1).
- 123 -
Bienes
sujetos a
expropiación
Toda clase de bienes (Artículo 5) así como sus accesorios (Artículo 8)
Obras de Servicio Público, Patentes de
Invención y la Industria Minera (Artículo 2)
Toda clase de bienes y derechos
(Artículo 1)
Derechos y bienes de los particulares
(Artículo 1).
Aunque es de destacar que en la
legislación Venezolana se
contempla un amplio listado de bienes que no son susceptibles de declaratoria de
utilidad pública.
Justiprecio
Elementos y circunstancias que
determinen su precio real
El valor actual Ofertas recíprocas.
Los medios de prueba que ofrezcan las partes
Expertos valuadores nombrados de
conformidad con Código Procesal Civil y
Mercantil (Artículo 12)
Peritos nombrados de conformidad con las
leyes civiles, son los que determinan el valor a
pagar por el bien expropiado (Artículo 14)
Nombramiento de perito de
conformidad con la ley de expropiación
(Artículo 14). Los peritos determinan el valor a pagar por
el bien sujeto a expropiación
(Artículo 38). Se especificará su
clase, calidad, dimensiones, marcas, tipo,
modelo, vida útil, estado de
conservación y demás
características. Los peritos tomarán
obligatoriamente en cuenta el valor de
adquisición; el valor actualizado,
atendiendo al valor de reposición y a la
deprecación normalmente
aplicable; los precios medios del mercado
para bienes muebles similares, y cualesquiera otras circunstancias que
influyan en los análisis
y cálculos necesarios para realizar el
avalúo
- 124 -
Derecho de
revisión o
reversión.
Regulado dentro del artículo 35 de la Ley de
Expropiación
No regulado dentro de la ley de la materia. Lo
único a lo que tiene posibilidad el
expropiado es a tener derecho de compra
sobre el bien expropiado si el
expropiante ya no lo utilizara o le quedara
algún sobrante (Artículo 27)
No regulado dentro de la ley de la
materia sujeta a investigación
Regulado en el artículo 51, expresa
el derecho de retrocesión, en el
cual se le permite al expropiado a
adquirir nuevamente el bien por el valor
cancelado a su favor. No necesitándose
más que la inspección judicial
que certifique dicho extremo.
- 125 -
ANEXO III
MODELO DE ENTREVISTA
Agradeceré sirva usted a responder a las siguientes preguntas, mismas que tienen como objeto
fortalecer la labor de investigación y sustentación del desarrollo del tema de la expropiación
forzosa.
Nombre: ____________________________________________________________________________
Entidad para la que trabaja: ____________________________________________________________
Cargo que desempeña: ________________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________________________
Instrucciones: De acuerdo a sus conocimientos y/o experiencia personal conteste las siguientes
preguntas:
1. ¿Conoce usted el procedimiento de expropiación forzosa contemplado dentro del Decreto
número 529 del Congreso de la República “Ley de Expropiación”.
SI________________ NO________________
2. ¿Está usted de acuerdo en la forma como la ley regula quienes pueden instar a la expropiación,
de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Expropiación?
SI________________ NO________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- 126 -
3. ¿Cree usted que el concepto de utilidad pública e interés público han sido debidamente utilizados
a la hora de procederse en una expropiación forzosa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Considera que el Estado resarce plenamente los daños ocasionados por medio de la
indemnización a favor del sujeto expropiado de forma satisfactoria?
SI________________ NO________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Considera que la legislación actual en materia de expropiación forzosa necesita reformarse?
SI________________ NO________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
