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TOCA CIVIL 280/2015
MAGISTRADO RELATOR:
ALEJANDRO HUERECA SANTOS.
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
JESÚS MATA HERRERA.
Saltillo, Coahuila, a veintiocho de octubre de dos mil quince.
V I S T O para resolver el toca civil 280/2015 relativo al recurso
de apelación interpuesto por el licenciado **********, apoderado
general para pleitos y cobranzas de **********, en contra de la
sentencia definitiva de fecha veintisiete de abril de dos mil
quince, dictada por el Juez de Primera Instancia en materia Civil
del Distrito Judicial de Acuña, con residencia en aquella ciudad,
dentro de los autos del juicio ordinario civil, expediente **********,
promovido por la representada del recurrente en contra de
licenciado Luis Pedro Maltos Villarreal en su carácter de Notario
Público número 3, **********, ********** y el Director Registrador
del Registro Público; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. La sentencia recurrida en apelación concluyó con los
siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- Procedió la vía Ordinaria Civil intentada y
tramitada.
SEGUNDO.- La parte actora Licenciado **********,
apoderado para pleitos y cobranzas de ********** no
justificó los elementos constitutivos de su acción, en
consecuencia; y los demandados licenciado Luis Pedro
Maltos Villarreal, Notario Público 1, **********, ********** y
Director Registrador del Registro Público, probaron sus
defensas, y por tanto subsiste la escritura pública **********
TOCA CIVIL 280/2015
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de fecha Quince de octubre de dos mil once, pasada ante la
fe del Licenciado Luis Pedro Maltos Villarreal, notario público
1 de este distrito notarial.
TERCERO.- Se condena a la actora al pago de las costas
judiciales que se hayan originado con motivo de la
tramitación del presente juicio por considerar que no haber
rendido pruebas para justificar la pretensión ejercida de
conformidad con el Artículo 136 del código adjetivo civil
CUARTO.- Notifíquese personalmente, (…)
SEGUNDO. Inconforme con dicha resolución **********,
apoderado general para pleitos y cobranzas de **********,
interpuso recurso de apelación que le fue admitido en el efecto
devolutivo mediante auto de fecha veintinueve de junio de dos
mil quince.
TERCERO. Recibidos en esta Sala Civil los autos originales de la
primera instancia, se formó el toca correspondiente y,
sustanciado que fue el recurso, por auto de fecha dos de octubre
del año en curso, se citó a las partes para oír sentencia, la que
hoy se pronuncia; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 865 del
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, al resolver el
recurso de apelación el tribunal de alzada podrá revocar o
modificar el auto o la sentencia recurridos, si estima fundados los
agravios del apelante; o bien, confirmar la resolución apelada si
considera infundados dichos agravios.
SEGUNDO. El recurrente identificó dos agravios en su
impugnación; sin embargo, del estudio integral del escrito de
apelación se advierte que, en esencia, son tres los motivos de
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disenso expresados por ********** los que se constriñen a lo
siguiente:
a. El juez se equivoca al determinar la nulidad pretendida
como absoluta, pues al ser susceptible de convalidarse se trata
de una nulidad relativa.
b. La codemandada ********** excedió los límites del poder
general para pleitos y cobranzas, actos de administración, y
especial para actos de dominio conferido a su favor por
**********, ya que carecía de claúsula especial para donar los
inmuebles en cuestión.
c. El juez de forma ilegal, sin fundar ni motivar, determinó
que la revocación del poder general para pleitos y cobranzas,
actos de administración, y especial para actos de dominio
otorgado por ********** a favor de **********, debió notificarse en
forma fehaciente a su mandatario.
I. Motivo de disenso identificado con el inciso a.
En este primer agravio el apelante señala que el juez de
origen no estuvo en lo correcto al determinar que se trataba de
una nulidad absoluta ya que una de las características que debe
reunir este tipo de nulidad (absoluta) es que no desaparece por
confirmación ni por prescripción.
A diferencia de lo anterior, indica que la nulidad relativa si
es susceptible de convalidarse por lo que, afirma el recurrente,
se trata de una nulidad relativa y no absoluta.
Este motivo de disenso es fundado.
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En principio conviene señalar que del escrito de demanda
se desprende que la parte actora no precisó si su petición
principal se trataba de una nulidad absoluta o relativa, sino
simplemente solicitó la “nulidad” de la escritura número **********
de fecha quince de octubre de dos mil once.
El juez natural después de exponer algunas
consideraciones fácticas y jurídicas concluyó que la nulidad
solicitada por la parte actora se trataba de una nulidad absoluta.
El a quo señaló que de una interpretación armónica de los
artículos 2154, 2155, 2156 y 2157 del Código Civil del Estado, la
ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto puede dar lugar a la
nulidad absoluta o a la nulidad relativa del mismo.
El juzgador razonó, de igual manera, que las características
que debe reunir la nulidad absoluta es que no desaparece por
confirmación ni por prescripción y que puede hacerse valer por
todo aquel que tenga interés que el acto no produzca efectos.
Finalmente destacó el juez que la nulidad relativa se
caracteriza por no reunir todos los datos que distinguen a la
nulidad absoluta.
Ahora bien, contrario a lo afirmado por el juez de origen,
esta Sala considera que la nulidad pretendida por la actora se
trata de una nulidad relativa.
El más alto Tribunal de nuestro país ya ha determinado que
los actos celebrados en nombre de otra persona, cuando
exceden los límites del poder conferido sin haber sido ratificados
por el representado o por su mandante, están afectados de
nulidad relativa.
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Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, emitió una jurisprudencia la cual es
consultable en el IUS 2011, disco compacto, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación bajo el número registro 1725661
bajo el rubro y texto siguientes:
CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA
CUANDO SON CELEBRADOS POR FALSO
REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES
DEL PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR
EL MANDANTE.
Los actos celebrados en nombre de otra persona, cuando
exceden los límites del poder conferido, sin haber sido
ratificados por parte del representado o por su mandante,
están afectados de nulidad relativa. La anterior conclusión
deriva de la interpretación armónica de los artículos 2225,
2226 y 2227 del Código Civil para el Distrito Federal, que
establecen, respectivamente, que la ilicitud en el objeto,
motivo o fin del acto puede dar lugar a la nulidad absoluta o
a la nulidad relativa del mismo; que las características que
debe reunir la nulidad absoluta es que no desaparece por
confirmación ni por prescripción y que puede hacerse valer
por todo aquel que tenga interés que el acto no produzca
efectos; y, que la nulidad relativa se caracteriza por no
reunir todos los datos que distinguen a la nulidad absoluta.
Por tanto, el acto celebrado ya sea por el representante o el
mandatario extralimitando sus facultades, o sin ser legítimo
representante, y sin que dicho acto hubiere sido ratificado
por el mandante, está afectado de nulidad relativa, pues
aun cuando pudiera estimarse que adolece de ausencia o
falta total del consentimiento, como elemento esencial o de
existencia del contrato celebrado con el tercero, esta
1 Novena Época. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXV, Mayo de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 7/2007. Página: 251
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ausencia es susceptible de convalidarse por ratificación,
por disposición expresa de los artículos 1802 y 2583 del
Código Civil para el Distrito Federal, los cuales, como
quedó asentado en párrafos precedentes, establecen, el
primero de ellos, que los contratos celebrados a nombre de
otro por quien no sea su legítimo representante, serán
nulos, a menos que los ratifique la persona a cuyo nombre
fueron celebrados; y el segundo, que los actos que el
mandatario practique a nombre del mandante, pero
traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos
con relación al mandante, si no lo ratifica tácita o
expresamente. Esta ratificación constituye la manifestación
de voluntad del mandante de aceptar los efectos del
negocio realizado por quien dijo ser su representante y lo
perfecciona, porque cuando el representante realiza actos
más allá de los que le fueron autorizados, no se
compromete la responsabilidad del mandante ni puede
obligarlo a su cumplimiento; y es sólo con la ratificación que
este último haga del negocio jurídico celebrado en su
nombre y representación, que los efectos jurídicos
realizados por el mandatario recaerían directa y
retroactivamente en él.
Luego, del escrito de demanda se advierte que la nulidad
solicitada por ********** se sustenta en el hecho que su
apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y especial para actos de dominio ********** no se
encontraba facultada para efectuar la donación de dos inmuebles
de su propiedad a favor de **********.
Por tanto, la parte actora sustenta precisamente su petición
de nulidad en el hecho que su apoderada ********** no se
encontraba facultada para realizar la donación de dos inmuebles
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a favor de **********, es decir, que su apoderada excedió los
límites del poder conferido.
Así, y sin haber entrado al estudio de lo resuelto por el juez
de origen y determinar si estuvo o no en lo correcto al dejar
subsistente la escritura número ********** de fecha quince de
octubre de dos mil once, este órgano colegiado con base en la ya
citada jurisprudencia considera que la nulidad solicitada por la
parte actora ********** se trata de una nulidad relativa.
No pasa inadvertido que la referida jurisprudencia
interpreta los artículos 2225, 2226, 2227, 1802 y 2583 del Código
Civil para el Distrito Federal; sin embargo, tales disposiciones
legales establecen supuestos análogos a los previstos por los
artículos 1954, 2156, 2160 y 2162 del Código Civil del Estado de
Coahuila, de manera que resulta aplicable al caso que nos ocupa
precisamente por analogía.
En adición a lo anterior, en términos de los artículos 2154,
2156, 2157 y 2158 del Código Civil del Estado, y como antes se
trajo a cuenta al citar los argumentos del juez, las características
que debe reunir la nulidad absoluta es que no desaparece por
confirmación ni por prescripción, además de que puede hacerse
valer por todo interesado, mientras que la nulidad relativa se
caracteriza por no reunir todas las características que distinguen
a la nulidad absoluta, es decir, que sí puede convalidarse.
Ahora bien, el artículo 1954 del Código Civil del Estado
establece en lo conducente que ninguno puede obligarse a
nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley.
Agrega el numeral invocado que los negocios jurídicos
celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo
representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo
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nombre fueron celebrados, los ratifique antes que se retracten
por la otra parte.
De manera que si la parte actora se duele que su
mandataria no se encontraba facultada expresamente para donar
inmuebles de su propiedad, tal hecho era susceptible de
convalidarse, esto si la mandante hubiere ratificado dicha
donación (lo que en la especie no ocurrió).
Lo antes precisado conlleva a afirmar que la nulidad
pretendida por la actora reviste, como ya se dijo, el carácter de
relativa.
II. Motivo de disenso identificado con el inciso b.
En el agravio anterior se decidió que la nulidad pretendida
por la actora se trata de una nulidad relativa.
Corresponde ahora a esta Sala Colegiada determinar si el
juez de primera instancia estuvo o no en lo correcto en dejar
subsistente la escritura número ********** de fecha quince de
octubre de dos mil once, o bien si debió declarar la nulidad
relativa de la misma. Esto es la materia del segundo agravio.
El apelante expone que ********** (mandataria) excedió los
límites del poder conferido a su favor, ya que el poder otorgado
carecía de cláusula especial para donar los bienes en cuestión.
El inconforme cita una jurisprudencia emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro
CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA
CUANDO SON CELEBRADOS POR FALSO
REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL
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PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR EL
MANDANTE (citada con anterioridad en esta sentencia).
Señala el recurrente que ********** en el poder general para
pleitos y cobranzas, actos de administración, y especial para
actos de dominio otorgado a favor de ********** nunca otorgó
cláusula expresa para donar los inmuebles en cuestión.
De ahí su afirmación en el sentido que la codemandada
********** (apoderada) carecía de facultades para celebrar el
contrato de donación cuya nulidad se solicita.
El inconforme también cita una diversa jurisprudencia
emitida por contradicción de tesis por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro DONACIÓN.
MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES PARA
CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER
GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR
CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO FACULTA A REALIZAR
AQUEL ACTO JURÍDICO DE DISPOSICIÓN (ARTÍCULOS 2554
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 2528
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).
Al respecto refiere que el a quo ni siquiera entró al estudio
de dicha jurisprudencia, siendo que se encontraba obligado a ello
en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, e insiste que
para hacer donaciones no basta un poder general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y dominio, sino que debe
existir el animus donandi.
Ahora bien, de la sentencia recurrida se advierte que el
juez de la causa señaló que valoró las pruebas en términos del
artículo 513 del Código Procesal Civil del Estado, y que realizó
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un análisis en su conjunto de acuerdo con los principios de la
lógica y las máximas de la experiencia.
Concluyó el resolutor que las probanzas no le generaban
convicción para acoger la pretensión de la parte actora porque de
la facultad conferida en el inciso c) de la escritura pública número
********** de fecha dos de febrero de dos mil once se limitó el
ejercicio del poder especial para actos de dominio respecto de
los inmuebles que describe el accionante, y que ********** ejerció
dicha facultad tal y como le fue conferida.
Al efecto, en el inciso c del poder de referencia se hizo
constar un poder especial para actos de dominio. Dice:
c).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Con
facultades de dueño, podrá adquirir, enajenar y gravar los
bienes y derechos de la poderdante en el valor, a precio y
condiciones que libremente estime convenientes, en los
términos del tercer párrafo del Artículo (3008) tres mil ocho
del Código Civil vigente para el Estado de Coahuila y su
correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.
Como se ve, es cierto que en el inciso c) de la referida
escritura ********** concedió un poder especial para actos de
dominio a favor de la ahora codemandada ********** y que éste
sería con facultades de dueño pudiendo adquirir, enajenar y
gravar bienes y derechos de la poderdante.
Sin embargo, también es cierto que del referido inciso c
también se desprende que dicha facultad de adquirir, enajenar y
gravar bienes y derechos de la poderdante sería en el valor,
precio y condiciones que libremente se estimaran convenientes.
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Lo antes destacado revela que tal facultad para “disponer
de bienes y derechos” de la poderdante se encontraba de
manera necesaria supeditada a que, en ese caso, la apoderada
obtuviera una retribución por el acto jurídico que se tratara; sin
embargo, ello en la especie no acontenció pues se celebró una
donación a título gratuito de la que ningún provecho obtuvo el
mandante.
Ahora, como se anticipo, en la especie se pide la nulidad
de la escritura pública número ********** de fecha quince de
octubre de dos mil once, y del estudio integral de dicha escritura
se advierte que en la misma se hizo constar un contrato de
donación celebrado por **********, en su carácter de apoderada
general para pleitos, cobranzas, actos de administración y
especial para actos de dominio de la señora ********** como
donante y ********** como donataria.
Respecto a lo anterior el artículo 3008 del Código Civil del
Estado establece que en los poderes generales para ejercer
actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que
el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a
fin de defenderlos.
Es decir, el mandato se confiere para la administración y
conservación del patrimonio del mandante, en términos
generales para defender el patrimonio y no para disponer del
mismo, ello salvo permiso que de forma expresa hubiere
otorgado el mandante en cláusula específica.
En el caso citado, no habría lugar a dudas que aunque el
mandato es para defender los bienes del mandante, la voluntad
del poderdante fue la de conceder al tercero la posibildad de
disponer de su patrimonio.
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Como se ha dejado ver, en el contrato de mandato el
mandante deposita su confianza en el mandatario para que éste
defienda los bienes de aquél, lo que sin duda no puede darse en
el caso de que el mandatario realice una donación de bienes
propiedad de su mandante sin el consentimiento expreso de
este, máxime si en la especie se trata de una donación a título
gratuito en la que ningún provecho o beneficio obtendría el
mandante.
Ahora bien, el artículo 2768 del Código Civil del Estado
establece que pueden donar sus bienes todas las personas
capaces que puedan disponer de ellos, pudiendo hacerlo por sí o
por mediación de un apoderado expresamente autorizado al
respecto, y agrega que los representantes legales jamás podrán
donar los bienes de sus representados.
Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación también ya se ha pronunciado al respecto emitiendo
una jurisprudencia por contradicción de tesis que establece que
es preciso que el mandatario con poder general para actos de
dominio cuente con cláusula especial para realizar donaciones.
La jurisprudencia en cita es consultable en el IUS 2011,
disco compacto, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación
bajo el número de registro 1976872:
DONACIÓN. MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES
PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE
OMITE INSERTAR CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO
FACULTA A REALIZAR AQUEL ACTO JURÍDICO DE
2 Novena Época. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo VI, septiembre de 1997. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/97. Página: 213.
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DISPOSICIÓN (ARTÍCULOS 2554 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 2528 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).
De una interpretación literal de los artículos 2554 del
Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del
Estado de Chiapas, el mandatario con poder general para
actos de dominio requiere autorización expresa del
mandante para celebrar contrato de donación. Los motivos
y fundamentos son los siguientes: a) El contrato de
donación es un contrato gratuito en tanto que genera
provecho para una de las partes y principal, ya que tiene un
fin propio independiente de los demás; b) El contrato de
mandato no lleva un fin en sí mismo, sino que se celebra
como medio para la realización de otro acto o contrato; c)
El mandato generalmente se confiere para la
administración y conservación del patrimonio del mandante
y no para la desintegración del mismo, salvo permiso
especial otorgado en cláusula específica. En el propio
artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y su
correlativo 2528 para el Estado de Chiapas, se establece:
"En los poderes generales, para ejercer actos de dominio,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin
de defenderlos"; d) De una interpretación analógica o por
mayoría de razón, de conformidad con lo que establece el
artículo 2499 del Código Civil para el Distrito Federal y el
2473 correlativo para el Estado de Chiapas, si el
administrador no está facultado para conceder el uso
gratuito de una cosa a través del comodato, sin permiso
especial del comodante, como disposición temporal, con
mayor razón, tampoco el mandatario general para actos de
dominio debe considerarse autorizado a donar sin permiso
expreso y especial del mandante y, e) Por razones
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análogas no pueden los padres ni los tutores hacer
donaciones de los bienes de sus representados
(artículos 436 y 576 del Código Civil para el Distrito
Federal y sus correlativos 431 y 570 del Código Civil para
el Estado de Chiapas). Por estos motivos, el mandato debe
interpretarse con un criterio restrictivo. En el mandato
existe la colaboración o la cooperación jurídica de una
persona en los negocios de otra. Existe una utilidad
práctica para suplir las deficiencias de conocimiento o para
suplir dificultades de tiempo, lugar o multiplicidad de
ocupaciones. Dadas las características de ambos
contratos, donación y comodato, que tienen como
característica común que se celebran intuitu personae (en
el primero se toma en cuenta a la persona del donatario y
en el otro a la del mandatario), en el contrato de donación
existe el animus donandi, el que requiere tanto el
enriquecimiento de un sujeto como el correlativo
empobrecimiento de otro. En el contrato de mandato, el
mandante deposita su confianza en el mandatario, para
que éste defienda los bienes de aquél, como si el negocio
fuese propio (artículo 2531). Por los anteriores motivos, en
los que las causas de los contratos pueden ser opuestas,
es preciso que el mandatario con poder general para actos
de dominio cuente con cláusula especial para realizar
donaciones.
Como se ve, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que es
necesario que el mandatario con poder para actos de dominio
cuente con autorización expresa del mandante para celebrar
contrato de donación.
De ahí que este segundo agravio es fundado y suficiente
para REVOCAR la sentencia recurrida pues, contrario a lo
TOCA CIVIL 280/2015
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afirmado por el juez de origen, la mandataria ********** (aun con
poder especial para actos de dominio) requería de cláusula
expresa de su mandante para poder celebrar el contrato de
donación cuya nulidad nos ocupa.
En esas condiciones, por ser fundado el agravio que se
estudia, este órgano colegiado revisor, al no existir reenvío,
determina que la referida escritura de fecha dos de febrero de
dos mil once no contiene cláusula expresa facultando a la
mandataria (**********) para poder donar bienes de su mandante
(**********).
En este entorno, ha lugar a declarar la nulidad de la
escritura pública número ********** de fecha quince de octubre de
dos mil once, en la que se hizo constar un contrato de donación
celebrado por ********** en su carácter de apoderada general
para pleitos, cobranzas, actos de administración y especial para
actos de dominio de la señora ********** como donante y la
********** como donataria.
III. Motivo de disenso identificado con el inciso c.
En un tercer agravio el apelante señala que el juez de
origen no funda ni motiva su determinación en el sentido que la
revocación del poder general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y especial para actos de dominio, debía
notificarse en forma fehaciente al mandatario para que produjera
sus efectos. Estima que tal determinación es ilegal.
Este motivo de disenso es inoperante.
De autos se advierte que la parte actora acompañó a su
demanda copia certificada de la escritura pública número
********** de fecha dos de febrero de dos mil once, que contiene
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el poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración
y especial para actos de dominio otorgado por ********** a favor
de **********.
También se advierte que la actora anexó a su demanda
copia certificada de la escritura pública número ********** de
fecha catorce de febrero de dos mil once, de la que se desprende
la revocación del poder general para pleitos, cobranzas, actos de
administración y especial para actos de dominio otorgado en la
ya mencionada escritura pública número ********** de fecha dos
de febrero de dos mil once.
Por su parte, la escritura declarada nula por no contar con
cláusula especial en la que de forma expresa se facultara a la
mandataria para donar bienes propiedad de su mandante es de
fecha quince de octubre de dos mil once.
En base a lo anterior, se puede afirmar que para la fecha
en que ********** (mandataria) celebró la donación consignada en
la escritura declarada nula, ya no contaba con poder de **********
(mandante) pues ésta le había sido revocado desde el día
catorce de febrero de dos mil once.
Respecto a este tópico el juez natural determinó que la
revocación de mandato aludida por la actora no se había hecho
del conocimiento oportuno de la mandataria y que si bien por
regla general el mandante puede revocar el mandato cuando y
como le parezca, resultaba indispensable que la decisión
revocatoria fuera conocida por el mandatario.
A este respecto agregó que no hay ningún dato o medio de
prueba que indique la notificación de revocación al mandatario ni
que dicha revocación haya sido inscrita en el Registro Público de
la Propiedad.
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Ahora bien, tal determinación del resolutor de primera
instancia no fue combatida por el apelante en el agravio que se
estudia.
El apelante no combate el hecho que (contrario a lo
afirmado por el juez de origen) se hubiere demostrado que hizo
del conocimiento de su mandataria la revocación de mandato
consignada en la escritura pública número escritura pública
número ********** de fecha catorce de febrero de dos mil once.
El agravio se dirige a que el juez no funda ni motiva tal
determinación, considerándola ilegal; sin embargo, de la
sentencia recurrida se advierte que el juez de la causa utilizó
como fundamento de su resolución los artículos 2597, 2599,
2602, 2604, 3055, 3059, 3061, 3062, y 3592 fracción XIII, del
Código Civil del Estado, y algunas tesis jurisprudenciales.
Además, motivó su resolución precisamente en el hecho
que no contaba con pruebas para tener por demostrado que la
revocación de mandato se hubiere hecho del conocimiento de la
mandataria, lo que considero indispensable.
Por su parte, el apelante también señala que en términos
del artículo 3054, fracción I, del Código Civil del Estado, el
mandato termina por revocación, y que conforme al artículo
3055 del mismo ordenamiento el mandante y el mandatario
pueden, libremente y en todo tiempo, revocar o renunciar
respectivamente el mandato, salvo que éste sea irrevocable.
Sin embargo, el juez de origen no afirmó que ello no
pudiera ser así, sino determinó que tal revocación no fue hecha
del conocimiento de la mandataria, lo que se insiste no fue
contradicho por el apelante.
TOCA CIVIL 280/2015
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No obstante lo antes expuesto, el agravio que nos ocupa es
inoperante en función que aun y cuando no se demostró que se
hubiere hecho del conocimiento de la mandataria la revocación
de su mandato, la escritura pública número ********** de fecha de
fecha quince de octubre de dos mil once fue declarada nula en
virtud que requería de cláusula expresa de su mandante para
poder celebrar el contrato de donación que celebró con **********.
Dicho en otras palabras, aun y cuando la actora no
demostró haber hecho del conocimiento de su mandataria la
revocación de su mandato, ésta no podía efectuar donación
alguna en virtud de no haber sido autorizada expresamente para
ello.
TERCERO. Ahora, en virtud de la revocación de la resolución
combatida, esta Sala con plenitud de jurisdicción y
sustituyéndose al juez de primer grado, entra al estudio y análisis
de las defensas y excepciones que hubiere opuesto la parte
demandada. Así se brinda a las partes una justicia completa.
Ahora bien, del escrito de contestación de demanda de
**********, se desprende que señaló que la actora carecía de
acción derecho para demandarle en virtud que le había conferido
el ya citado poder general para pleitos, cobranzas, actos de
administración y especial para actos de dominio; agregó que la
actora en ningún momento le notificó la revocación de dicho
poder.
En esencia indicó que el mandatario general con facultades
para actos de dominio no necesita autorización expresa para
celebrar contrato de donación o cualquier otro permitido por la ley
y que, para el caso de que el mandante no deseara otorgar el
contrato de donación, debió restringir ese mandato mediante
TOCA CIVIL 280/2015
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cláusula especial. Cita el artículo 3008 del Código Civil del
Estado.
Por otra parte, la codemandada ********** al contestar la
demanda instaurada en su contra también señaló que la actora
carecía de acción y derecho para demandarle y admite la
celebración del contrato de donación de fecha quince de octubre
de dos mil once.
Como se puede ver, ambas codemandadas señalan que la
parte actora carece de acción y derecho para demandarlas: la
primera ********** aduce que derivado del poder para pleitos,
cobranzas, actos de administración y especial para actos de
dominio, conferido a su favor por ********** contaba con
facultades para efectuar la multicitada donación de inmuebles; la
segunda ********** únicamente admitió la celebración de tal
donación.
Sin embargo, en obvio de reproducciones innecesarias esta
Sala Colegiada, en ambos casos, se remite a las
consideraciones ya expuestas en el estudio y resolución del
segundo de los agravios expuestos por el apelante.
Se reitera, pues, que el artículo 3008 del Código Civil del
Estado establece que en los poderes generales para ejercer
actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que
el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a
fin de defenderlos.
Es decir, que el mandato se confiere para la administración
y conservación del patrimonio del mandante, en términos
generales para defender el patrimonio y no para disponer del
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mismo, ello salvo permiso que de forma expresa hubiere
otorgado el mandante en cláusula específica.
Así, en términos del artículo 2768 del Código Civil del
Estado, si bien pueden donar sus bienes todas las personas
capaces que puedan disponer de ellos, pudiendo hacerlo por sí o
por mediación de un apoderado, para ello se requiere que se
encuentre expresamente autorizado el apoderado.
Contrario a lo afirmado por las citadas codemandadas, la
mandataria ********** (aun con poder especial para actos de
dominio) sí requería cláusula expresa de su mandante para
poder celebrar el contrato de donación de fecha quince de
octubre de dos mil once a favor de **********
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ya se ha pronunciado al emitir por contradicción de tesis la
jurisprudencia citada en el cuertpo de esta sentencia, del rubro
DONACIÓN. MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES
PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE
INSERTAR CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO FACULTA A
REALIZAR AQUEL ACTO JURÍDICO DE DISPOSICIÓN
(ARTÍCULOS 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y 2528 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
CHIAPAS).
De manera que, en base a lo anterior, se puede concluir
que las codemandadas ********** y ********** no acreditaron sus
excepciones y defensas.
En cuanto al codemandado Luis Pedro Maltos Villarreal en
su carácter de Notario Público número 1 de Acuña, Coahuila,
debe decirse que sólo negó la procedencia de las pretensiones
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de la parte actora; sin embargo, de igual forma esta Sala se
remite a las consideraciones ya expuestas en esta resolución.
Por lo que hace al diverso codemandado Director
Registrador del Registro Público, de su escrito de contestación
de demanda se desprende que se limitó a afirmar o negar
hechos y señaló que no podía actuar de oficio para efectuar la
cancelación de datos registrales solicitada por la actora y que
requería en su caso de mandato de autoridad competente para
ello, por lo que ninguna excepción o defensa existe por estudiar y
resolver.
Por lo que, en las antedichas razones, quedan analizadas y
declaradas improcedentes las excepciones y defensas
planteadas por los codemandados.
CUARTO. En tanto que esta Sala ha determinado revocar la
sentencia de primer grado por las razones invocadas al dar
contestación a los agravios que anteceden, es pertinente
avocarse al análisis de la procedencia, o no, de las demás
prestaciones reclamadas.
Por lo que hace a la cancelación de la partida ********** de
fecha veintisiete de octubre de dos mil once, ello deberá ser
consecuencia necesaria de la declaración de la nulidad de la
escritura pública número **********, por lo que se ordena al
Registro Público de la Propiedad la cancelación de tales datos
registrales. Para ello deberá girarse el oficio respectivo a dicha
oficina registral.
Finalmente, se estima que el caso a estudio no se
encuentra comprendido en ninguno de los supuestos previstos
por el artículo 131 del Código Procesal Civil de Coahuila, por lo
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que no ha lugar a hacer especial condenación en costas en
primera instancia.
QUINTO. No cabe hacer especial condena en costas en esta
segunda instancia en virtud que no se actualizan las hipótesis
previstas por el artículo 138 del Código Procesal Civil.
Por lo expuesto y fundado en los anteriores considerandos,
y con fundamento en los artículos 865 del Código Procesal Civil
de Coahuila, 135, 136, 137, 140 y 141 de la Constitución Política
del Estado, 16, 18 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, se concretan los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de primera instancia cuyos
datos han quedado debidamente precisados en el proemio de
esta resolución y, en su lugar se resuelve:
PRIMERO. Se declara la nulidad relativa de la escritura
pública número ********** de fecha quince de octubre de dos
mil once.
SEGUNDO. No ha lugar a hacer especial condenación en
costas en primera instancia.
TERCERO. Se ordena al Registro Público de la Propiedad la
cancelación de la partida ********** de fecha veintisiete de
octubre de dos mil once.
CUARTO. Notifíquese personalmente (…)
SEGUNDO. No ha lugar a hacer condena al pago de las costas
causadas en segunda instancia.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al tenor de lo dispuesto por
el artículo 211, fracción V, del Código Procesal Civil vigente; con
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testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales
al juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el
toca como totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Pleno de la Sala
Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado integrado por los magistrados Martha Elena Aguilar
Durón, Miriam Cárdenas Cantú, Gabriel Aguillón Rosales,
Carlos Javier García Mata y Alejandro Huereca Santos,
siendo ponente el último de los nombrados, ante la licenciada
María Blanca Estela Subealdea Rodríguez, Secretaria de
Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe. Doy fe.
Martha Elena Aguilar Durón
Miriam Cárdenas Cantú
Gabriel Aguillón Rosales
Carlos Javier García Mata
Alejandro Huereca Santos
María Blanca Estela Subealdea
Rodríguez
Esta sentencia se incluye en la lista de acuerdos de esta fecha.
Conste.
La licenciada María Blanca Estela Subealdea Rodríguez, secretaria de acuerdo y
trámite de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, hago constar y certifico que, en términos de lo previsto en los artículos 27,
fracción IX, 58 y 75 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en esta versión pública se
suprime la información considerada como reservada o confidencial que encuadra en
el ordenamiento mencionado y en las disposiciones aplicables.
Este documento fue cotejado previamente con su original por el licenciado Jesús
Mata Herrera, secretario de estudio y cuenta, quien elaboró la presente versión
pública.
María Blanca Estela Subealdea Rodríguez
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