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REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA
N.º 39
Otoño
2020
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REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA OTOÑO 2020
Número 39
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REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA es una publicación semestral
que tiene como objetivo
servir de plataforma de comunicación y diálogo sobre aspectos
relativos a la estabilidad
financiera, con especial atención a cuestiones de política
macroprudencial, regulación y supervisión.
Por su carácter abierto, en ella tienen cabida colaboraciones
personales de investigadores
y profesionales del sector financiero, que son sometidas a un
proceso de evaluación anónima.
Los autores interesados en publicar sus artículos pueden
contactar a través de la dirección
de correo electrónico [email protected].
Consejo Editorial
Presidenta: Margarita Delgado (Banco de España).
Miembros: Javier Aríztegui, Juan Ayuso (Banco de España),
Santiago Carbó (Universidad de Granada),
Ángel Estrada (Banco de España), José Luis Peydró (Universitat
Pompeu Fabra), Rafael Repullo (CEMFI)
y Carlos Thomas (Banco de España).
Secretaria: María Luisa Leyva (Banco de España).
Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus
autores y no reflejan
necesariamente la opinión del Banco de España ni del Eurosistema
o de las instituciones
a las que los autores pertenecen.
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Índice
La respuesta regulatoria y supervisora frente a la crisis
derivada del Covid-19 9
Rebeca Anguren, Luis Gutiérrez de Rozas, Esther Palomeque y
Carlos José Rodríguez García
Retos asociados al uso de las calificaciones crediticias de las
agencias en el contexto de la crisis del Covid-19 47
Elena Rodríguez de Codes, Antonio Marcelo, Roberto Blanco,
Sergio Mayordomo, Fabián Arrizabalaga y Patricia Stupariu
At-risk measures and financial stability 69
Jorge E. Galán and María Rodríguez-Moreno
Stablecoins: risks, potential and regulation 97
Douglas Arner, Raphael Auer and Jon Frost
Digitalization, retail payments and Central Bank Digital
Currency 129
Jorge Ponce
A future-proof retail payments ecosystem for Europe – the
Eurosystem’s retail payments strategy and the role of instant
payments therein 161
Mirjam Plooij
La incorporación de factores de sostenibilidad en la gestión de
carteras 181
Ricardo Gimeno y Fernando Sols
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La respuesta regulatoria y supervisora frente a la crisis
derivada del Covid-19
(*) Rebeca Anguren, Luis Gutiérrez de Rozas y Esther Palomeque
pertenecen a la Dirección General de Estabilidad Financiera,
Regulación y Resolución del Banco de España. Carlos José Rodríguez
García pertenece a la Dirección General de Supervisión del Banco de
España. Este trabajo se ha beneficiado de los comentarios de un
revisor anónimo. Los autores, asimismo, expresan su agradecimiento
a Daniel Pérez, Javier Mencía y Carmen Broto por sus comentarios y
sugerencias, que han ayudado a mejorar este artículo.
Rebeca Anguren, Luis Gutiérrez de Rozas, Esther Palomeque
y Carlos José Rodríguez García (*)
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BANCO DE ESPAÑA 11 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Resumen
El impacto de la pandemia de Covid-19 está suponiendo un desafío
sin precedentes a
escala internacional y la mayor prueba de resiliencia a la que
se enfrenta el sector
bancario —y el sistema financiero en su conjunto— desde la gran
crisis financiera de
2008. La rápida y decidida respuesta de los organismos
internacionales y de la UE con
responsabilidades en materia de regulación y supervisión
financiera ha tenido por
objetivo coordinar las actuaciones llevadas a cabo a escala
nacional y, de esta manera,
asegurar la financiación continuada de la economía real. Esa
actuación se ha producido
en diferentes áreas; entre ellas, las políticas microprudencial,
contable y macroprudencial.
El artículo ofrece una síntesis de los estándares, orientaciones
y medidas que, a partir
de marzo de 2020, se han impulsado desde distintas instancias
institucionales. La
amplia reacción regulatoria y supervisora ante el Covid-19 se
está configurando como
un rasgo distintivo de la gestión de la presente crisis que,
lejos de haber terminado,
deriva en un entorno de elevada incertidumbre y riesgos para el
sistema financiero que
se deberán seguir monitorizando y abordando de un modo
apropiado.
1 Introducción
Con la irrupción del Covid-19, el sistema financiero global
afronta una crisis
sin precedentes —y de impacto macroeconómico aún
desconocido1—,
desde una posición comparativamente más robusta que en la crisis
financiera
global de 2008, debido en buena parte a las reformas impulsadas
desde el
G-20 en la última década. Estas medidas se han desarrollado y
articulado a
escala global a través del Consejo de Estabilidad Financiera
(FSB, por sus siglas
en inglés) y los distintos organismos responsables de los
estándares internacionales
de regulación, incluido el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea (BCBS, por
sus siglas en inglés), así como a través de los organismos
encargados de la
regulación contable, la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad y la Junta
de Normas de Contabilidad Financiera (IASB y FASB,
respectivamente, por sus
siglas en inglés). Un ejemplo que cabe resaltar son los
estándares de Basilea III
del BCBS, que han auspiciado el incremento de los niveles de
capital y liquidez del
sector bancario y han sido claves para garantizar su actuación
como mecanismo
de absorción en lugar de amplificación de las perturbaciones
derivadas de la
pandemia.
1 Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estimaba en
junio una caída del PIB a escala global del 4,9 % en 2020 [Fondo
Monetario Internacional (2020)]; por su parte, el Banco de España
estimaba en septiembre una caída del PIB en España de entre el 10,5
% y el 12,6 % [Banco de España (2020c)].
LA RESpuESTA REguLAToRIA y SupERVISoRA FRENTE A LA CRISIS
DERIVADA DEL CoVID-19
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BANCO DE ESPAÑA 12 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Las actuaciones acometidas hasta el momento desde diversas
instancias
institucionales han abordado las distintas dimensiones del
impacto de la
crisis. Los gobiernos y los bancos centrales de numerosas
jurisdicciones han
adoptado medidas en el ámbito fiscal y de política monetaria
para afrontar los
distintos impactos, tanto sobre los sectores productivos y los
hogares y consumidores
como sobre los mercados financieros y el acceso a la liquidez.
Las autoridades de
mercado, por su parte, han adoptado medidas necesarias para
tratar de evitar
distorsiones en los mercados financieros a raíz de la
pandemia.
Las autoridades reguladoras y supervisoras bancarias continúan
vigilantes y
explorando actuaciones adicionales, dentro del ámbito de sus
competencias,
a escala tanto global como de la Unión Europea. Las actuaciones
acometidas se
han centrado, en el corto plazo, en asegurar que las entidades
bancarias continúen
concediendo crédito a hogares y a empresas solventes, tratando
de mitigar de este
modo parte del impacto económico. Asimismo, también se ha hecho
un esfuerzo en
reducir la carga operativa tanto para supervisores y reguladores
como para las
entidades bancarias, asegurando así que los recursos disponibles
se concentren
en las prioridades para la estabilidad financiera, como
consecuencia de la crisis
derivada de la pandemia. Los retos para las autoridades en el
medio y largo plazo
se centrarán en continuar haciendo seguimiento y valoración de
la evolución de los
riesgos financieros y operacionales para el sistema bancario,
con vistas a asegurar
la resistencia del sector bancario y la estabilidad
financiera.
Este artículo se centra en describir la respuesta regulatoria y
supervisora
hasta la fecha en el ámbito del sector bancario. En la sección 2
se explica
brevemente la motivación de la respuesta dada por parte de las
autoridades,
exponiendo la importancia de la coordinación a escala
internacional. En la sección 3
se describen las medidas adoptadas (desde el punto de vista
microprudencial,
contable y macroprudencial) para tratar de asegurar que el
sector bancario continúa
ejerciendo un papel mitigador en el impacto de la pandemia a
través de la concesión
de crédito a hogares y a empresas solventes. En la sección 4 se
explican brevemente
las medidas destinadas a aliviar la carga operativa tanto para
entidades como para
autoridades. Finalmente, en la sección 5 se extraen algunas
conclusiones iniciales,
dentro del contexto de incertidumbre existente tras los primeros
meses de impacto
de la pandemia, y se describen futuras áreas de atención.
2 ¿Por qué se necesita una respuesta por parte de las
autoridades reguladoras y supervisoras? El papel de la coordinación
internacional
El impacto del Covid-19 es un shock exógeno al sector bancario,
si bien sus
posibles consecuencias pueden amenazar la estabilidad del
sistema financiero
en general y del sector bancario en particular. A pesar de la
respuesta por parte
de gobiernos y bancos centrales, las autoridades reguladoras y
supervisoras
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BANCO DE ESPAÑA 13 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
desempeñan un papel muy relevante a la hora de afrontar esta
crisis, identificándose
al menos tres motivos para ello: i) aliviar la carga operativa
para la correcta
priorización de recursos; ii) asegurar que el sector bancario
ayuda a absorber las
consecuencias de la crisis, y iii) garantizar la resistencia del
sistema financiero.
Una de las enseñanzas de la crisis financiera global de 2008 es
la importancia
de la coordinación internacional para salvaguardar la
estabilidad financiera
en un mundo cada vez más interconectado. Aunque las
consecuencias de la
pandemia son heterogéneas en función de la incidencia a escala
nacional (no
solo de la pandemia en términos sanitarios, sino también en
función de la estructura
productiva y la dependencia económica de los sectores más
afectados) y se
hace necesaria una apropiada flexibilidad en la repuesta a este
nivel, la
dimensión global del sistema financiero en general, y del sector
bancario en
particular, hace imprescindible un esfuerzo por asegurar la
cooperación para
garantizar un terreno de juego competitivo nivelado y evitar una
fragmentación
a escala internacional.
Algunos ejemplos de esa coordinación se reflejan en las
actividades del FSB
y del BCBS desde el estadio inicial de la pandemia. El FSB ha
realizado un
seguimiento continuo de la situación y su impacto sobre la
estabilidad financiera
global, estableciendo además unos principios en los que se basa
la respuesta dada
por las autoridades [FSB (2020a)]. Dentro de estos principios,
las autoridades
reconocen la flexibilidad existente en los estándares para
apoyar la oferta de crédito
a la economía real y el correcto funcionamiento de los mercados,
así como para
acomodar unos planes de continuidad de negocio robustos. No
obstante, al tiempo
se destaca que las acciones por parte de las autoridades serán
coherentes con el
mantenimiento de unos estándares mínimos a escala internacional
que garanticen
la resistencia necesaria del sistema financiero y preserven un
terreno de juego
nivelado a escala global. Este trabajo ha tenido el respaldo
político del G-20, que
solicitó un seguimiento de las medidas adoptadas y su coherencia
con los
estándares, trabajo que ha llevado a cabo el FSB junto con los
distintos organismos
responsables de los estándares en el ámbito internacional. Como
conclusión inicial,
las medidas adoptadas, en su mayoría, hacen uso de la
flexibilidad ya existente en
los estándares internacionales y, en aquellos casos en los que
van más allá, las
modificaciones han sido en general transitorias2. Por su parte,
el Comité de Basilea,
manteniendo una adecuada coordinación con los distintos
organismos y autoridades,
está adoptando una serie de medidas de respuesta que han
supuesto un respaldo
para las tomadas a escala nacional, con el objetivo de evitar
una fragmentación a
escala internacional.
2 FSB (2020b). Ejemplos a este respecto serían la exención de
las reservas en bancos centrales y los bonos gubernamentales en la
ratio de apalancamiento en los casos de Estados Unidos o Canadá,
donde además no se introduce un ajuste o recalibración de la ratio
en respuesta a esta exención, algo que sí estaba previsto en el
marco de Basilea III.
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BANCO DE ESPAÑA 14 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
3 Medidas adoptadas para fomentar que las entidades bancarias
sigan prestando a hogares y a empresas solventes
Como se ha explicado, el Covid-19 es, por su naturaleza causal,
un shock exógeno,
que afecta tanto al crecimiento económico como al sistema
financiero. No obstante,
el impacto y la severidad últimos son de algún modo endógenos
respecto al
comportamiento del sector bancario, en particular en lo relativo
a la provisión de
crédito y otros servicios críticos a hogares y a empresas
solventes. En este contexto,
resulta fundamental que el sector bancario sirva como elemento
mitigador de la
crisis, evitando en la medida de lo posible que las entidades
opten por adoptar una
postura defensiva desapalancándose. Los reguladores han adoptado
medidas
desde el punto de vista microprudencial, macroprudencial y
contable con este fin.
Esta sección describe las medidas adoptadas hasta el
momento.
3.1 Tratamiento prudencial de las medidas extraordinarias
adoptadas por los gobiernos
Los reguladores han tratado de garantizar que la reducción del
riesgo que
estas medidas extraordinarias suponen sea plenamente reconocida
en el
cálculo de los requerimientos de capital. Los gobiernos y las
entidades bancarias
han introducido en múltiples jurisdicciones medidas
extraordinarias para aliviar el
impacto económico y financiero del Covid-19, en particular las
tensiones temporales
de liquidez en empresas y en hogares por la significativa caída
de la actividad. Estas
medidas incluyen un abanico de moratorias de pagos (suspensión
temporal del
pago de cuotas de préstamos, solo de principal o también de
intereses), así como
de avales públicos para la concesión de crédito al sector
empresarial. En este
ámbito, los reguladores han tratado de facilitar que la
normativa prudencial no
constituya un elemento desincentivador en la adopción de estas
medidas y tampoco
un detrimento sobre sus efectos positivos.
A escala internacional, el Comité de Basilea aclaró, a través de
la publicación
de guías técnicas, el tratamiento prudencial de los avales y las
moratorias. Por
ejemplo, las entidades podrán aplicar la ponderación por riesgo
correspondiente al
soberano a las exposiciones con garantía pública. Además, podrán
excluir las
moratorias de pagos en su clasificación de las exposiciones como
dudosas por
razón de la morosidad3 y como reestructuradas o
refinanciadas4.
En el ámbito europeo, resulta de especial interés el tratamiento
acordado
por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés) para las
3 Una operación crediticia se clasifica como dudosa por razón de
la morosidad cuando presenta importes vencidos y no pagados con más
de 90 días de antigüedad.
4 BCBS (2020b). El Comité también se pronunció respecto a los
estándares contables. Véase la sección 3.4.
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BANCO DE ESPAÑA 15 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
moratorias de pagos. En línea con el Comité de Basilea, la EBA
—en su
comunicado del 25 de marzo de este año [EBA (2020b)]— abogaba
por tratar las
moratorias de manera pragmática y flexible. Asimismo, anticipaba
que elaboraría
unas directrices más detalladas sobre esta materia. Las
directrices de las
moratorias [EBA (2020c)] se negociaron y desarrollaron con la
celeridad y urgencia
requerida por la situación y se publicaron solo unos días
después, el 2 de abril de
2020. En ellas, la EBA especifica el tratamiento prudencial
aplicable a las moratorias,
al tiempo que fija los criterios que estas deben cumplir a
efectos de ser elegibles
para este tratamiento.
En relación con el tratamiento prudencial de las moratorias, la
EBA ha combinado
acertadamente flexibilidad con una gestión sólida y prudente de
reconocimiento
de dudosos. Estas directrices clarifican cómo aplicar a las
operaciones que han
quedado sujetas a una moratoria elegible las definiciones
prudenciales5 de dudoso
(default) y de operación reestructurada/refinanciada
(forbearance).
Definición prudencial de dudoso. Las cuotas afectadas por las
moratorias no
se considerarán vencidas. Por lo general, la clasificación de
una operación como
de dudoso cobro conlleva un incremento de los requerimientos de
capital exigibles a
aquella. Esta clasificación puede producirse por dos motivos: de
manera automática
5 La definición de dudoso se recoge en el artículo 178 del
Reglamento (UE) n.º 575/2013, sobre los requisitos prudenciales de
las entidades de crédito y las empresas de inversión (CRR), y se
desarrolla en las directrices de la EBA sobre la aplicación de la
definición de default (EBA/GL/2016/07). La definición de operación
refinanciada/reestructurada se detalla en el artículo 47 ter de
este mismo reglamento.
Recuadro 1
CRITERIoS DE ELEgIBILIDAD DE LAS moRAToRIAS A EFECToS DE LAS
DIRECTRICES DE LA EBA SoBRE LAS moRAToRIAS LEgISLATIVAS y No
LEgISLATIVAS DE LoS REEmBoLSoS DE pRéSTAmoS ApLICADAS A LA Luz DE
LA CRISIS DEL CoVID-19
1 La moratoria se debe basar en una ley nacional (moratoria
legislativa), o ser una iniciativa privada en la que una entidad se
adhiera a un acuerdo alcanzado por el sector bancario, o una parte
significativa de este (moratoria no legislativa o privada). Por
tanto, no son elegibles ni las moratorias privadas establecidas por
las entidades a título individual, ni aquellas que se negocien caso
a caso con un cliente.
2 La moratoria debe afectar a un conjunto amplio de clientes, y
cualquier criterio empleado para definirlo ha de permitir al
acreditado beneficiarse de ella sin que se produzca una valoración
ex ante de su capacidad de pago.
3 La moratoria solo puede implicar una modificación en el
calendario de los pagos; es decir, la
suspensión, el retraso o la reducción de los pagos de principal,
de los intereses o de las cuotas completas, durante un período
predefinido.
4 La moratoria debe ofrecer las mismas condiciones a todas las
exposiciones sujetas a ella. La aceptación no es obligatoria para
los acreditados.
5 La moratoria no afecta a nuevos préstamos concedidos tras la
fecha del anuncio de aquella.
6 La moratoria debe haberse puesto en marcha en respuesta a la
crisis del Covid-19 y se tiene que haber aplicado antes del 30 de
junio de 2020. Con posterioridad, el 25 de junio de 2020 la EBA
amplió este plazo hasta el 30 de septiembre.
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BANCO DE ESPAÑA 16 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
(cuando un acreditado tenga una obligación material en situación
de impago más de
90 días) o a discreción de la entidad (cuando esta considere que
existen dudas
razonables de que haga frente a sus deudas). Este último
criterio se conoce como
unlikely to pay (traducido al español como «probable
impago»).
Las directrices interpretan que, cuando una operación quede
sujeta a una moratoria
elegible, las cuotas afectadas por ella no se considerarán
vencidas, y el cómputo de
los días de antigüedad se basará en el nuevo calendario
resultante de la aplicación
de la moratoria. Conviene aclarar que, con esta interpretación,
la EBA no hace sino
extender a todas las moratorias elegibles un criterio ya
existente para las moratorias
legales recogido en sus directrices sobre la definición de
default.
No obstante, durante la duración de la moratoria los bancos
tienen que seguir
analizando la solvencia de sus acreditados y su probable impago
(unlikely to
pay), de acuerdo con sus políticas generales vigentes a estos
efectos. Cuando
se concluya que un acreditado se encuentra en situación de
probable impago, este se
clasificará como dudoso. Se trataría, por tanto, de diferenciar
entre aquellos
acreditados que, debido los confinamientos decretados por los
gobiernos, están
atravesando dificultades puntuales de liquidez, pero cuentan con
negocios viables,
de aquellos otros que tienen problemas fundamentales de
solvencia. En este último
caso, las directrices de la moratoria son claras: los bancos no
deberán retrasar la
clasificación como dudoso, ni el reconocimiento de pérdidas.
Definición de operaciones reestructuradas o refinanciadas. Las
operaciones
afectadas por una moratoria elegible no deben, por sí mismas,
reclasificarse
como operación reestructurada/refinanciada. De acuerdo con la
regulación
prudencial, los bancos quedan obligados a informar a su
supervisor y al mercado de
aquellas exposiciones que hayan quedado sujetas a medidas de
reestructuración/
refinanciación. La definición de una medida de reestructuración
o refinanciación implica
la existencia de concesiones realizadas por una entidad a un
acreditado que esté
teniendo, o sea probable que vaya a tener, dificultades para
cumplir con sus
compromisos financieros. Es decir, que, para poder reclasificar
a un deudor como
refinanciado/reestructurado, este tiene que estar atravesando
dificultades financieras.
Siguiendo las directrices, las operaciones afectadas por una
moratoria elegible
no deben, por sí mismas, reclasificarse como operaciones
reestructuradas/
refinanciadas. Se ha permitido esta flexibilidad, entre otros
motivos, porque las
moratorias elegibles se conceden, en el marco de un programa
general, a
acreditados que cumplen determinados criterios, sin que entre
ellos se encuentre
la evaluación individual ex ante de su solvencia.
Asimismo, estas exposiciones, al no considerarse
reestructuraciones/
refinanciaciones necesariamente, quedarían también exentas del
test de
reestructuración forzosa. Este test se recoge en las mencionadas
directrices
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BANCO DE ESPAÑA 17 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
sobre la definición de default, y su no aplicación es un matiz
importante, ya que lo
contrario hubiera llevado posiblemente a la necesidad de
reclasificar muchas de
estas operaciones a la situación de dudoso.
Finalmente, cabe indicar que el vencimiento original de estas
directrices estaba
previsto para el 30 de junio de 2020. Sin embargo, la EBA
decidió prorrogarlo tres
meses más, hasta septiembre. Cuando se aproximaba esta fecha, la
EBA rechazó
una nueva prórroga de las directrices, lo que implica que las
moratorias concedidas
a partir de esa fecha no podrán sujetarse a lo establecido en
aquellas.
3.2 Otras medidas microprudenciales adoptadas a escala
europea
Además de las medidas orientadas a aclarar el tratamiento
prudencial de las
medidas extraordinarias, las autoridades europeas llevaron a
cabo una revisión
de urgencia sin precedentes de la normativa bancaria de
requerimientos de
capital (conocida como quick fix). Esta reforma responde al
objetivo de garantizar
que el sector bancario continúe apoyando a empresas y a hogares
a través de la
concesión de financiación. A continuación se detallan algunos de
estos cambios,
junto con su racionalidad e impacto esperado desde un punto de
vista conceptual6.
Filtro prudencial
Los movimientos en los mercados financieros pueden derivar en
cambios
importantes en el valor razonable de los activos, lo que en
términos prudenciales
puede suponer un impacto relevante en los niveles de capital7.
Con el fin de mitigar
este impacto repentino y ayudar a su absorción de forma gradual,
se reintroduce en
la legislación europea un filtro para las pérdidas/ganancias de
determinados
instrumentos financieros contabilizadas como fair value through
other
comprenhensive income (FVOCI). Este se aplicará a aquellos
activos en el balance
de la entidad que correspondan a gobiernos centrales, gobiernos
regionales o
autoridades locales elegibles para el 0 % bajo el método
estándar8. Se aplicará de
forma transitoria por un período de tres años, comenzando en el
100 % en 2020 y
disminuyendo al 70 % en 2021 y al 40 % en 2022.
6 Estas medidas incluyen además una revisión del tratamiento
prudencial de las provisiones por pérdida esperada (véase sección
3.4), así como otras modificaciones que no se detallan en este
artículo (por ejemplo, se reintroduce un tratamiento transitorio
favorable para las exposiciones a soberano emitido en moneda
extranjera a efectos del cómputo de activos ponderados por riesgo y
grandes riesgos, que ya se concedió previamente en la regulación
europea y cuyo plazo había finalizado). El principal objetivo sería
que los países europeos que no pertenecen al área del euro puedan
afrontar las potenciales dificultades para emitir en moneda
nacional, dado el efecto del Covid-19.
7 Los cambios de valor de instrumentos contabilizados a valor
razonable con cambios en patrimonio afectan directamente al CET1 de
la entidad. Por lo tanto, las minusvalías no realizadas reducen el
CET1 de las entidades introduciendo volatilidad en las ratios de
capital.
8 Tratados como soberano según los artículos 115.2 y 116.4,
excluyendo los del stage 3.
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BANCO DE ESPAÑA 18 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
El filtrado transitorio de las potenciales minusvalías o
plusvalías por cambios en el
valor de estos activos haría que no se tradujesen
automáticamente en consumo/
aumento del CET1 de la entidad. No obstante, como los cambios
permiten a las
entidades utilizar el filtrado y revertir esa decisión en una
ocasión, de facto podría
suponer que se filtrasen únicamente las disminuciones
patrimoniales y se admitieran
los aumentos. Lógicamente, el impacto dependerá de las tenencias
de deuda
soberana FVOCI de las entidades y de la intensidad de los
movimientos de su valor
razonable.
Además, con el objetivo de garantizar que el mercado entiende
los efectos de esta
medida y la transparencia de los nuevos requerimientos en caso
de su aplicación,
las entidades deben hacer públicas las ratios de capital que
habría tenido la entidad
en caso de no aplicarla.
Ratio de apalancamiento
Cuando las entidades hacen uso de las facilidades de liquidez
del banco central
aportando colateral, surgen en su activo, salvo que dicha
financiación se destine a
otros fines, depósitos en bancos centrales, manteniéndose
también el colateral en
el activo y suponiendo un aumento del balance que puede hacer
más restrictiva la
ratio de apalancamiento9. Basilea III ya introducía la
posibilidad de aprobar una
exención de las reservas en bancos centrales para excluirlas del
denominador de la
ratio de apalancamiento, a fin de facilitar la
operacionalización de la política
monetaria10. Esta exención debía ir acompañada de una
recalibración de la ratio de
apalancamiento para evitar liberar capital en el momento de su
entrada en vigor, y,
además, de un requerimiento de divulgación al mercado del
impacto de la exención
sobre la ratio de apalancamiento.
La posibilidad de introducir esta exención ya existía en la
regulación europea; sin
embargo, exigía un ajuste al requerimiento que neutralizaba
cualquier beneficio
de la exención (era un ajuste que variaba en el tiempo, en
función del volumen de
reservas). A través del quick fix se han introducido una serie
de modificaciones
que permiten hacer operativa la exención al evitar la
neutralización total del beneficio
y, además, que cuando se adopte la decisión pueda referirse a un
momento previo
a la decisión por parte de la autoridad competente en consulta
con el banco
central11.
9 En cambio, no afecta a la ratio de solvencia, ya que esos
depósitos en el banco central tienen una ponderación por riesgo
nula.
10 Y, en concreto, para tratar de evitar que las entidades
tengan incentivos a desapalancarse para mantener la ratio de
apalancamiento como consecuencia del efecto en dicha ratio del uso
de estas operaciones de liquidez de los bancos centrales.
11 Este aspecto es de especial relevancia con vistas a dar
margen a la autoridad para tomar la decisión y, además, para evitar
un reseteo del ajuste en caso de que se considere renovar la
exención por un período superior a un
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BANCO DE ESPAÑA 19 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Revisión del backstop prudencial para non-performing loans
El backstop prudencial existente a escala europea para préstamos
dudosos introduce
unos niveles de cobertura mínima de pérdidas sobre estas
exposiciones atendiendo
a unos calendarios específicos. Con los ajustes que se han
introducido en el marco
del quick fix, se incorpora un tratamiento favorable de forma
permanente para las
exposiciones con garantías proporcionadas por el «sector
público»12. En concreto,
se permite que, para la parte de la exposición dudosa
garantizada o asegurada por
el «sector público», la provisión sea del 0 % durante los siete
primeros años desde su
clasificación como non-performing. De este modo se evita un
impacto negativo en la
ratio de solvencia de las entidades en caso de que las
exposiciones garantizadas por
el sector público pasen a categorizarse como non-performing.
Adelanto de la entrada en vigor de algunas medidas de 2021
Se propone adelantar la entrada en vigor de factores de apoyo a
pymes13 y a
infraestructuras14, así como el tratamiento favorable de
préstamos a pensionistas
y a empleados con contrato indefinido garantizados por su
pensión o su sueldo, ya
incluidos en la regulación europea. Además, se propone adelantar
la entrada en
vigor del nuevo tratamiento prudencial del software (que
desarrolló la EBA a través
de un RTS que se publicó en octubre de 2020), de modo que sea
inmediata tras la
publicación del documento final en lugar de doce meses después,
como preveía
la regulación europea. Por otra parte, se incluyen
modificaciones que permiten
tratamientos favorables a efectos de transparencia y reporting
en la ratio de
apalancamiento15.
El objetivo de estos adelantos es anticipar medidas que
supondrán reducciones en
los requerimientos de capital, incentivando además la
financiación de determinados
sectores económicos.
año. Por otra parte, la medida permite evitar que el ajuste se
base en un valor específico de un día concreto de las reservas en
bancos centrales (que pueden mostrar volatilidad).
12 Entendido como: administraciones centrales y bancos
centrales, administraciones regionales o autoridades locales,
bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales
con ponderación del 0 % y entes del sector público, según el
artículo 201.1, letras a) a e), de la CRR sobre garantías
admisibles a efectos de riesgo de crédito, que sean elegibles para
la ponderación del 0 % bajo la parte tercera, título II, capítulo 2
(artículos 115.2 y 116.4 de la CRR).
13 En el caso de pymes, hasta ahora en la CRR los requisitos de
capital para el riesgo de crédito en exposiciones frente a pymes se
multiplicaban por el factor 0,7619 (solo para exposiciones
inferiores a 1.500.000). Ahora se establece que para la exposición
por debajo de 2.500.000 se le aplica un 0,7619, y por encima, un
0,85.
14 En el caso de infraestructuras, el factor de apoyo de
exposiciones frente a entidades que gestionan o financian
estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes o que prestan
o apoyan servicios públicos esenciales. Se aplica un factor de
0,75, siempre que la exposición cumpla unos criterios que se
definen en la CRR.
15 En concreto, la exclusión de reservas en bancos centrales del
denominador y un ajuste específico que permite el neteo de derechos
de cobro y obligaciones de pago de operaciones pendientes de
liquidación en la ratio de apalancamiento —ambas ya previstas
en la regulación europea para el momento de la entrada en vigor del
requerimiento de la ratio de apalancamiento, que será en junio de
2021—.
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BANCO DE ESPAÑA 20 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Ajustes de los requerimientos de riesgo de mercado
La extrema volatilidad de los mercados financieros a raíz del
impacto del Covid-19
puede suponer una huella relevante en los requerimientos de
capital por riesgo de
mercado de las entidades bancarias16. Los ajustes introducidos
por el quick fix
tienen por objeto otorgar cierta discrecionalidad a los
supervisores para ajustar los
requerimientos de capital, en circunstancias excepcionales y
para casos individuales,
a fin de no tener en cuenta posibles desviaciones acaecidas
durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2021, siempre y
cuando no deriven de deficiencias del modelo interno. Esta
corrección evita un
aumento en los activos ponderados por riesgo de mercado y, por
tanto, una caída
en la ratio de solvencia.
Sobre este aspecto, la EBA ya había recomendado aplicar
flexibilidad supervisora
en la parte cualitativa de los anteriores requerimientos. Con
este mismo objetivo
—eliminar los impactos negativos en capital de la excesiva
volatilidad de los
mercados financieros—, la EBA modificó de manera temporal sus
estándares
técnicos sobre valoración prudente.
Modificación del marco de titulizaciones
Al margen del quick fix, el 24 de julio, como parte de la
estrategia pos-Covid-19, la
Comisión Europea publicó un nuevo paquete de medidas
legislativas, con cambios
muy específicos centrados esta vez en el mercado de capitales.
Desde un punto de
vista de regulación prudencial, son especialmente relevantes las
modificaciones
propuestas al marco de titulizaciones.
Una titulización es una herramienta que permite transformar
activos bancarios poco
líquidos en valores negociables. Se trata de una herramienta muy
útil —aunque
no exenta de riesgos— tanto para las entidades originadoras
(normalmente,
entidades de crédito) como para los inversores. A las primeras
les permite obtener
financiación y/o gestionar los riesgos existentes en su balance,
liberando capital
que podrá ser utilizado en la concesión de nuevas operaciones.
Al mismo tiempo,
los participantes en los mercados pueden acceder a nuevas
oportunidades de
inversión, contribuyendo a una adecuada distribución de riesgos
en el conjunto
del sistema financiero.
16 Los requisitos de capital por riesgo de mercado por modelos
internos se ven aumentados a través de un multiplicador con una
parte cualitativa y otra cuantitativa, que depende del número de
overshootings. Los overshootings son las diferencias obtenidas en
la comparación del resultado del modelo interno con el P&L
(actual e hipotético). Con este cambio, los overshootings de 2020 y
2021 no se tendrían en cuenta, evitando un aumento de
requerimientos de capital por riesgo de mercado (actualmente, la
CRR permitía al supervisor ignorar solo parcialmente los
overshootings —los derivados de la comparación con el P&L
actual y no con el hipotético—).
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BANCO DE ESPAÑA 21 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Las modificaciones propuestas por la Comisión Europea tienen por
objeto potenciar
el papel que pueden tener las titulizaciones en la canalización
de crédito hacia la
economía, contribuyendo así a la recuperación económica
pos-Covid-19. En primer
lugar, se propone extender a las titulizaciones sintéticas de
balance17 el denominado
«marco STS» (simple, transparente y normalizado) existente para
las titulizaciones
tradicionales18, otorgando un tratamiento prudencial beneficioso
al tramo sénior
que el originador retenga en su balance. En segundo lugar, y en
línea con un
documento reciente de consulta del Comité de Basilea, se
proponen una serie de
medidas encaminadas a eliminar los obstáculos regulatorios
identificados en las
titulizaciones de activos dudosos (non-performing
exposures).
En el momento de la elaboración de este artículo, todos los
cambios comentados
sobre titulizaciones están pendientes de ser debatidos y
aprobados por el Parlamento
Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor.
3.3 Uso de los colchones de capital y de liquidez
El marco de Basilea III introdujo los colchones (buffers) de
capital y, además, un
requerimiento de liquidez a corto plazo que igualmente funciona
como un colchón
(no es un requerimiento mínimo, sino que se permite su uso en
situaciones de
estrés). Sin embargo, la experiencia con este marco no abarca
todavía un ciclo
financiero completo, por lo que una de las cuestiones que está
bajo debate es la
usabilidad de estos colchones y los posibles obstáculos que
pueden limitarla (véase
recuadro 2).
En este contexto, las autoridades han emitido recomendaciones
sobre su uso
en los ámbitos nacional, europeo e internacional. Por ejemplo,
el Comité de
Basilea ha reiterado en varios comunicados el objetivo de los
colchones de capital y
de liquidez y la posibilidad de usarlos de forma apropiada para
apoyar la economía
y absorber el shock actual. Además, ha aclarado la expectativa
de que los supervisores
provean a las entidades el tiempo suficiente para restaurar los
colchones de capital,
teniendo en cuenta las condiciones económicas y de mercado y las
circunstancias
individuales de cada entidad.
A escala europea, el 12 de marzo de 2020 la EBA emitió un
comunicado en el que
animaba a supervisores y reguladores a hacer uso de la
flexibilidad existente en el marco
regulatorio europeo para liberar capital y mitigar así el
impacto del Covid-19 en el sector
17 Una titulización sintética de balance consiste en transferir
el riesgo de crédito de un conjunto de préstamos (generalmente,
préstamos corporativos grandes o préstamos para pymes) mediante un
acuerdo de protección en el que el originador compra protección
crediticia al inversor. La protección crediticia se logra mediante
el uso de garantías financieras o derivados de crédito,
permaneciendo la propiedad de los activos en el originador.
18 Una titulización tradicional es aquella en la que las
exposiciones titulizadas se transfieren a un vehículo de propósito
especial (SSPE, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en
valores negociables.
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BANCO DE ESPAÑA 22 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
El marco de colchones de Basilea III busca cubrir un doble
objetivo:
— Dar una mayor flexibilidad a los bancos para absorber pérdidas
en momentos de estrés, aumentando su capacidad de resistencia y
mitigando externalidades macroprudenciales negativas, como el
desapalancamiento.
— Prevenir una reducción imprudente del capital, estableciendo
para ello restricciones a la distribución.
Basilea III exige que se constituyan con CET1 tres colchones: un
colchón de conservación del capital (2,5 %); un colchón adicional
para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM, o G-SIB
en inglés), comprendido entre el 1,0 % y el 3,5 % en función de su
nivel de importancia sistémica; y un colchón de capital anticíclico
(CCA, o CCyB en inglés), que será activado y desactivado por las
autoridades macroprudenciales atendiendo a la evolución del ciclo
económico. En el ámbito europeo es conocido como el «requerimiento
de colchón combinado», dentro del cual se incluye el denominado
«colchón de riesgos sistémicos»1.
Al mismo tiempo, se establece que su incumplimiento dará lugar a
restricciones automáticas a la distribución de beneficios (p. e.,
pago de dividendos, pago de cupones de los instrumentos de AT1,
recompra de acciones y pago de bonus), restricciones que son
crecientes a medida que se va haciendo un mayor uso del colchón2.
Este mecanismo automático se conoce en la normativa de la UE como
Maximum Distributable Amount (MDA), que determina el importe máximo
que se ha de distribuir para cada nivel de CET1 y una vez
incumplidos los colchones de capital.
La capacidad de uso de los colchones viene determinada por su
diseño y por las expectativas de los inversores y supervisores, así
como por los incentivos y la gestión del riesgo interno por parte
de las entidades [Borio et al. (2020)]. En este contexto, se hace
imprescindible entender cuáles son los obstáculos a la usabilidad y
de qué modo podrían abordarse:
1 Un factor que determina el posible uso de los colchones de
capital es la gestión interna del riesgo y la prudencia de las
propias entidades en la anticipación de futuras pérdidas. En un
contexto en el que las perspectivas macrofinancieras son negativas,
las entidades podrían no querer usar los colchones ante la
posibilidad de tener que afrontar pérdidas o aumentos de los
requerimientos de capital ante la materialización de mayores
riesgos.
2 En relación con lo anterior, existe un potencial efecto
estigma derivado de la presión del mercado de mantener unos niveles
de capital que muestren una determinada fortaleza de su posición de
solvencia, especialmente en situaciones de estrés. Las entidades
también podrían querer evitar ser «las primeras» en reducir sus
ratios de capital, si perciben que el mercado lo puede interpretar
como un signo de debilidad.
3 Otro posible desincentivo podría tener lugar si existe una
falta de claridad sobre las expectativas supervisoras acerca de la
flexibilidad y los plazos de los planes de reconstitución y su
relación con la normalización de la actividad económica y de los
mercados de capital. Este factor es de especial importancia
teniendo en cuenta las expectativas sobre la capacidad de
reconstituir el capital en el futuro. En un contexto de
perspectivas económicas negativas y presiones a la baja a la
rentabilidad, a lo que se suma en algunos casos la cancelación de
la remuneración al accionista, las entidades se enfrentan a
potenciales limitaciones en su capacidad de reconstituir el
capital, ya sea mediante la generación de beneficios o a través de
emisiones para el mercado. En este sentido, en el ámbito
internacional, algunas autoridades han señalado que se dará el
tiempo suficiente para su reconstitución atendiendo a la evolución
de la pandemia y a las circunstancias específicas de las entidades
[BCBS (2020c)].
4 Por último, un área que puede limitar la usabilidad de los
colchones de capital es el posible estigma derivado
Recuadro 2
USABiLiDAD DE CoLChoNES DE CApitAL: pRoBLEmátiCA y mEDiDAS
ADoptADAS
1 El colchón de riesgos sistémicos (CRS, o SyRB en inglés) es un
instrumento macroprudencial específico de la normativa de la UE por
el que se habilita a las autoridades designadas a exigir un
requerimiento de capital CET1 frente a riesgos sistémicos acíclicos
no cubiertos por el CCA o los colchones de entidades de importancia
sistémica.
2 La ratio de conservación depende del cuartil en el que se
sitúe la ratio de CET1: a menor cuartil, mayor ratio de
conservación y, por tanto, menor importe distribuible.
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BANCO DE ESPAÑA 23 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
bancario. En particular, la EBA señalaba el P2G19 como una
herramienta contracíclica
que podía ser utilizada por los supervisores para apoyar la
concesión de crédito.
En línea con esta recomendación, varios supervisores dieron
flexibilidad a sus
bancos para operar temporalmente por debajo de sus niveles de
P2G. En
19 En la UE, los requerimientos de capital por Pilar 2 están
integrados por dos componentes: por un lado, los requisitos de
fondos propios adicionales o P2R, que cubren riesgos o elementos de
un riesgo no cubiertos por Pilar 1; y, por otro, la orientación de
fondos propios adicionales o P2G.
Recuadro 2
USABiLiDAD DE CoLChoNES DE CApitAL: pRoBLEmátiCA y mEDiDAS
ADoptADAS (cont.)
del efecto de las restricciones automáticas a la distribución.
Estas restricciones afectan tanto al pago de dividendos como a las
recompras de acciones, los cupones sobre los instrumentos de
AT1 y la remuneración variable. En algunas ocasiones, el efecto
estigma puede ser más pronunciado, como es el caso del pago de
dividendos y el pago de cupones de AT1. Por su parte, la
remuneración variable podría suponer un efecto estigma menor en el
mercado, aunque puede tener consecuencias sobre la capacidad de
captación y mantenimiento de la alta dirección. En cuanto a la
recompra de acciones, aunque el efecto económico es similar al pago
de dividendos, podría tener una mayor flexibilidad al no percibirse
como algo recurrente, y, por tanto, cabe esperar que su
cancelación, en términos relativos, suponga un menor efecto
estigma. Esta práctica está más extendida en la actualidad en
Estados Unidos que en la UE.
En relación con este último punto, el Comité de Basilea ha
señalado que el uso de los recursos de capital y de liquidez debe
destinarse de forma prioritaria a absorber el shock y a apoyar la
economía real, frente a las distribuciones discrecionales. El
patrón de distribuciones en distintos países es heterogéneo a
escala internacional y el enfoque adoptado por las distintas
jurisdicciones difiere.
En el caso europeo, se ha optado por introducir una restricción
general al pago de dividendos y recompra de acciones, lo que ayuda,
en parte, a solventar el estigma derivado de la restricción
automática a la distribución. La EBA urgió a los bancos a no pagar
dividendos —ya fuera en efectivo o en forma de acciones—, a
no recomprar acciones y a revisar sus políticas de remuneración,
fijando la remuneración variable en un nivel conservador. Se
trataba de una decisión controvertida, en la medida en que podía
afectar
a las valoraciones del mercado de la banca europea, pero
necesaria para preservar el capital en los bancos y, con ello,
atender a las necesidades de crédito y liquidez de la economía.
Esta actuación de la EBA se adoptó de forma coordinada con el BCE.
Así, el 27 de marzo este organismo recomendaba a las entidades bajo
su supervisión: i) que no distribuyeran dividendos en relación con
los ejercicios de 2019 y 2020, al menos hasta el 1 de octubre de
este año, y ii) que se abstuvieran de llevar a cabo recompras de
acciones para remunerar a sus accionistas. Esta recomendación no se
posicionaba sobre el tratamiento que se había de dar a la
remuneración variable. Sin embargo, el 28 de julio, al tiempo que
el BCE extendía las anteriores recomendaciones hasta enero de 2021,
pedía también a las entidades que extremaran la moderación en sus
políticas de remuneración variable.
por último, los obstáculos identificados a la utilización de
colchones de capital por parte de las entidades para absorber
pérdidas afectan del mismo modo a los microprudenciales y a los
macroprudenciales. Por una parte, desde el punto de vista
macroprudencial, el colchón de capital anticíclico es activado y
desactivado por las autoridades; por tanto, aunque una vez que está
activo su incumplimiento da lugar a las restricciones automáticas a
la distribución, si las autoridades deciden reducirlo (como ha sido
el caso en la mayor parte de las jurisdicciones, según explica la
sección anterior), se resuelve el estigma asociado a las
restricciones automáticas a la distribución. Esto hace más efectivo
que la autoridad macroprudencial pueda reducir la calibración de un
determinado colchón, frente a la opción alternativa de mantenerlo,
al tiempo que se anima a las entidades a que lo consuman en caso de
necesidad para absorber pérdidas. Por otra parte, el uso del
colchón de conservación y del sistémico queda condicionado por el
mecanismo automático de restricciones a la distribución.
-
BANCO DE ESPAÑA 24 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
particular, el mismo 12 de marzo, el Banco Central Europeo
(BCE), haciéndose
eco de esta recomendación, pedía a los bancos que hicieran uso
de los colchones
de capital y liquidez; en particular, del colchón de
conservación de capital, del
P2G y del colchón de liquidez a corto plazo (LCR, por sus siglas
en inglés).
Argumentaba que estos habían sido diseñados precisamente para
afrontar
situaciones como la crisis generada por el Covid-19.
Posteriormente, el 28 de
julio, el BCE se comprometió a permitir a los bancos operar por
debajo de su P2G
y de su colchón combinado hasta por lo menos finales de 2022, y
por debajo del
LCR hasta finales de 2021.
La problemática sobre el uso de colchones puede afectar tanto al
ámbito de
capital como al de liquidez, si bien con la estabilización de la
actividad en los
mercados financieros las posibles tensiones sobre el uso de los
buffers de
liquidez son menores. Las medidas adoptadas por los bancos
centrales suponen
un acceso amplio a la liquidez por parte de las entidades, de
modo que el uso del
LCR se hace menos acuciante.
3.4 La respuesta en el ámbito de la aplicación de la normativa
contable
Tras la declaración de la pandemia global efectuada por la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, se sucedieron numerosas
comunicaciones
de reguladores contables y supervisores bancarios sobre la
aplicación de la
normativa contable.
Las citadas comunicaciones compartían el objetivo de
proporcionar orientaciones
sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera
adoptadas por la Unión Europea (en adelante, NIIF-UE)20. Más
concretamente, se
centraban en la aplicación de los criterios de la NIIF-UE 9,
sobre instrumentos
financieros, sobre la clasificación de las operaciones por
riesgo de crédito a los
efectos de la estimación de las coberturas por pérdidas
crediticias (conocidas como
«provisiones») y sobre la forma de realizar dichas
estimaciones.
La NIIF-UE 9 es una norma cuya primera aplicación es
relativamente reciente: se
produjo en enero de 2018. Esta norma internacional introdujo,
entre otras novedades
importantes, un nuevo enfoque para la estimación de las
provisiones, denominado
de «pérdida esperada». Una de las principales características de
este enfoque de
pérdida esperada es la necesidad de considerar en la estimación
información sobre
las condiciones futuras. Las comunicaciones mencionadas
perseguían mitigar el
20 En inglés, International Financial Reporting Standards
(IFRS). Las NIIF (o IFRS) son asimismo el marco contable de
referencia a escala global, con la excepción de Estados Unidos, que
tiene su normativa contable específica. Estas normas las elabora la
IASB y cobran fuerza vinculante en la UE a través del procedimiento
de adopción establecido en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la
aplicación de las normas internacionales de contabilidad
(Reglamento NIC).
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BANCO DE ESPAÑA 25 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
riesgo de que una aplicación inadecuada del nuevo enfoque de
pérdida esperada
tuviera efectos procíclicos.
Cuando se hace un resumen de alto nivel del contenido de las
comunicaciones
anteriores, generalmente se señala que estas orientan a las
entidades a que hagan
uso de la «flexibilidad» prevista en la normativa contable. El
mensaje que se quiere
transmitir con esta fórmula es que la aplicación mecánica de
algunos de los factores
e hipótesis que se han venido utilizando para la estimación de
la pérdida esperada
desde la primera aplicación de la NIIF 9-UE se han manifestado
como inadecuados
para la situación derivada del Covid-19, e incluso de cara al
futuro, y que caben
prácticas alternativas dentro del marco establecido en la norma
internacional.
La situación derivada del Covid-19 generó a las entidades dos
problemas
básicos a la hora de aplicar el marco de la NiiF-UE 9:
— Dificultades para la clasificación de las operaciones
crediticias por
riesgo de crédito (stages21): las medidas de contención de la
expansión
del coronavirus llevaron, en mayor o menor medida, al
confinamiento de la
población y al cierre de la actividad económica. En esta
situación, hogares
y empresas que hasta entonces tenían una capacidad de pago
adecuada
sufrieron una repentina reducción (o incluso desaparición) de
sus fuentes
de ingresos recurrentes. Las entidades tenían que analizar en
qué medida
cambios repentinos y a corto plazo en la situación del
acreditado dan
lugar o no a impactos significativos en su calidad crediticia
durante toda la
vida de la operación. Realizar este análisis ha resultado
complicado en
la situación derivada del Covid-19.
— Dificultades para la estimación de las coberturas de las
pérdidas
crediticias (provisiones): durante el primer semestre de 2020
existía un
alto grado de incertidumbre acerca del impacto sobre la
actividad económica,
tanto de las medidas de contención como de las medidas de apoyo.
Si
bien era indudable que se iba a producir un descenso de la
actividad
económica, existía un alto grado de incertidumbre sobre la
magnitud de
dicho descenso. Usando la terminología de Donald Rumsfeld, el
impacto
negativo del coronavirus sobre la actividad económica era un
known
unknown22. Lo anterior ha complicado la aplicación del enfoque
de pérdida
esperada.
21 Para la estimación de la pérdida esperada según la NIIF 9,
las operaciones crediticias se clasifican en tres categorías,
conocidas coloquialmente como stages. Estas categorías van del
stage 1 al stage 3, siendo la primera la de mejor calidad
crediticia. Generalmente, cuando empeora la clasificación de una
operación específica, aumenta la pérdida esperada asociada.
22 El 12 de febrero de 2002, cuando se le preguntó sobre Irak y
las armas de destrucción masiva, Donald Rumsfeld, entonces
secretario de defensa de Estados Unidos, respondió: «[…] there are
known knowns; there are things we know we know. We also know
there are known unknowns; that is to say we know there are some
things we do not know. But there are also unknown unknowns—the ones
we don’t know we don’t know.»
-
BANCO DE ESPAÑA 26 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
En la zona del euro, el BCE lideró la adopción de distintas
medidas prudenciales,
relacionadas con los requerimientos de capital y de liquidez de
las entidades de
crédito, además de dar orientaciones sobre la forma de aplicar
la NIIF-UE 9 en la
situación derivada del Covid-19. En este último caso, el
objetivo era mitigar el riesgo
de que prácticas inadecuadas en la clasificación de las
operaciones crediticias o en
la estimación de las provisiones tuvieran efectos procíclicos en
este contexto. En el
ámbito contable, la primera comunicación —y la de mayor impacto—
fue una nota
de prensa, del 20 de marzo de 2020, sobre flexibilidad adicional
para los bancos en
respuesta al coronavirus.
Unos días después, el de 25 de marzo de 2020, en el ámbito de la
UE, la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés)
publicó una
comunicación titulada «Las implicaciones contables del estallido
del Covid-19 en la
estimación de las pérdidas esperadas según la NIIF 9». Por su
parte, el mismo día,
la EBA publicó una comunicación sobre la aplicación del marco
prudencial en
relación con los impagos, las reestructuraciones o
refinanciaciones y la NIIF 9 a la
luz de las medidas derivadas del Covid-19.
El 27 de marzo de 2020, la IASB publicó un comunicado titulado
«NIIF 9 y Covid-19»23.
En dicho comunicado, la IASB recordaba que la aplicación de la
NIIF 9 requiere de
juicio experto, así como que esta norma permite y requiere a las
entidades que
adapten sus prácticas de estimación de coberturas de las
pérdidas crediticias a
las diferentes circunstancias. Además, se añadía que
determinados vínculos e
hipótesis que se habían realizado hasta ahora para estimar estas
coberturas
podrían no ser adecuadas en la situación derivada del Covid-19
y, por tanto, las
entidades no debían continuar aplicando sus prácticas existentes
de forma
mecánica.
Por último, el Banco de España, como regulador contable nacional
de las entidades
de crédito, publicó, el 30 de marzo de 2020, una nota
informativa sobre el uso de la
flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock
causado por el Covid-19.
Esta nota informativa fue complementada, el 3 abril de 2020, con
la publicación de
un documento de preguntas frecuentes, que fue actualizado el día
30 del mismo
mes.
A continuación, se van a comentar los principales mensajes
transmitidos en las
comunicaciones anteriores, abordando, en primer lugar, los
relacionados con la
clasificación para la estimación de provisiones de las
operaciones crediticias
por riesgo de crédito y, seguidamente, los relacionados con la
estimación de las
provisiones.
23 El título completo es «NIIF 9 y Covid-19. La contabilización
de las pérdidas crediticias esperadas aplicando la NIIF 9,
sobre instrumentos financieros, a la luz de la incertidumbre
existente derivada de la pandemia de Covid-19».
-
BANCO DE ESPAÑA 27 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Como se ha comentado, las medidas de contención adoptadas por
los gobiernos
para limitar la expansión del coronavirus han derivado en graves
consecuencias
para la actividad económica. Ahora bien, el impacto de la
situación derivada del
Covid-19 en los resultados operativos de una empresa o en la
renta de un hogar
durante el período de vigencia de las medidas de contención no
tiene por qué ser
igual que el que experimentará de forma permanente.
Las dificultades de liquidez en muchos acreditados desaparecerán
total o
parcialmente cuando dichas medidas de contención se levanten.
Además,
hay que tener en cuenta las excepcionales y significativas
medidas de apoyo
público dirigidas a mitigar las dificultades temporales de
liquidez de los acreditados
afectados por situación derivada del Covid-19.
En su comunicado, la ESmA recuerda que se puede refutar la
presunción de
que las operaciones con importes vencidos con más de 30 días de
antigüedad
se reclasifican del stage 1 al stage 2 (lo que supone,
generalmente, un incremento
en el nivel de provisiones para la operación). Con esto, el
mensaje que lanza la
ESMA es que, en el contexto generado por el Covid-19, no se debe
aplicar de forma
mecánica, a la hora de clasificar por stages, el hecho de que la
operación presente
importes vencidos y no pagados.
Además, la ESmA recuerda que los aumentos significativos en el
riesgo de
crédito desde la concesión, que llevan a la clasificación como
stage 2, se
determinan considerando toda la vida esperada de la operación.
En
consecuencia, las entidades tienen que analizar en qué medida
cambios repentinos
y a corto plazo en la situación del acreditado dan lugar a
impactos durante toda la
PRINCIPALES COMUNICACIONES CONTABLESPrimer semestre de 2020
Esquema 1
FUENTE: Elaboración propia (a partir de información
pública).
Declaración pandemia OMS
11.3.2020
Comunicación BCE
Comunicación Bank of England
20.3.2020
Comunicación ESMA
Comunicación EBA
25.3.2020
ComunicaciónIASB
27.3.2020
ComunicaciónBanco de España
30.3.2020
Documento preguntas frecuentes
Banco de España
3.4.2020
-
BANCO DE ESPAÑA 28 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
vida de la operación. Además, se subraya que las moratorias —u
otras medidas que
permiten el aplazamiento de los pagos— concedidas ante la
situación generada por
el Covid-19 no tienen que llevar automáticamente a la
identificación de un aumento
significativo del riesgo de crédito. Esto es, se advierte contra
un vínculo mecánico
entre la modificación de las condiciones contractuales de una
operación crediticia y
su reclasificación al stage 2.
En la misma línea, además de la mencionada nota informativa, el
Banco de España
tramitó, por el procedimiento de urgencia, un cambio en el anejo
9 de la Circular
4/201724. El objetivo de este cambio era romper el vínculo
automático que existía
hasta la fecha entre la reestructuración o refinanciación de una
operación y su
reclasificación fuera de la categoría de riesgo normal
(categoría equivalente al
stage 1).
Una reestructuración o refinanciación es la modificación de las
condiciones
contractuales de una operación crediticia motivada por las
dificultades financieras
del acreditado. Antes del cambio descrito en el anejo 9 de la
Circular 4/2017, se
partía de la premisa de que la reestructuración o refinanciación
de una operación
suponía automáticamente que había ocurrido un evento de
incremento significativo
del riesgo de crédito —lo que lleva a la clasificación como
riesgo normal en vigilancia
especial, que es equivalente al stage 2— o de deterioro
crediticio —lo que lleva a
riesgo dudoso o stage 3—. La situación derivada del Covid-19
puso de manifiesto
que esa premisa no se verificaba necesariamente, tanto en dicha
situación
excepcional como de cara al futuro.
Por un lado, el hecho de que el acreditado esté atravesando de
forma repentina por
dificultades financieras temporales no tiene por qué implicar
necesariamente que
se haya producido un aumento significativo del riesgo de crédito
considerando
toda la vida esperada de la operación. Por otro lado, incluso
cuando se hubiera
producido, dicho aumento puede revertir antes de que transcurra
el período mínimo
de dos años durante el que una reestructuración o refinanciación
debe estar
identificada como tal, por lo que la reclasificación a la
categoría de normal debería
ser posible antes de que una reestructuración o refinanciación
deje de estar
marcada como tal.
Tras el cambio, la reestructuración o refinanciación ahora
funciona en el anejo 9
como una presunción refutable de que se ha producido un aumento
significativo del
riesgo de crédito. Una operación podrá permanecer clasificada
como riesgo normal
24 Esta circular recoge el régimen contable aplicable a las
entidades de crédito españolas en los estados financieros
individuales. Su denominación completa es Circular 4/2017, de 27 de
noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros. Los criterios recogidos en dicha circular
sobre el registro contable de los instrumentos financieros están
alineados con los de la NIIF-UE 9 (norma internacional que es de
aplicación directa en los estados financieros consolidados para la
práctica totalidad de las entidades). El anejo 9 de la Circular
4/2017, sobre análisis y cobertura del riesgo de crédito,
desarrolla el enfoque de pérdida esperada de la NIIF-UE 9.
-
BANCO DE ESPAÑA 29 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
si la entidad justifica que, en el momento de su
reestructuración o refinanciación, no
se ha identificado un evento que evidencie un aumento
significativo en su riesgo de
crédito.
Considerando todo lo anterior, en sus estados financieros
correspondientes a los
dos primeros trimestres del 2020, las entidades no se vieron
forzadas a reclasificar
automáticamente a un categoría (stage) «peor», en términos de
calidad crediticia, las
operaciones que tenían importes vencidos entre 30 y 90 días, las
concedidas a
acreditados que habían sufrido un descenso repentino en sus
ingresos o aquellas
otras cuyas condiciones contractuales se habían modificado para
facilitar el pago
por parte de acreditados afectados por la situación derivada del
Covid-19. De este
modo, las entidades contaban con un margen mayor para recopilar
y analizar
información sobre las operaciones, de cara a identificar
aquellas en las que las
dificultades de liquidez habían sido transitorias y no suponían
una merma significativa
de su calidad crediticia.
En una situación como la derivada del Covid-19, factores
generales, como que la
operación presente importes vencidos más de 30 días o haya
sufrido una modificación
de sus condiciones, pueden no constituir evidencia suficiente de
una merma
significativa de su calidad crediticia. En consecuencia, para
clasificar correctamente
la operación puede ser necesario analizar factores de riesgo
adicionales que
permitan estimar la magnitud del descenso en los ingresos
recurrentes del deudor
o si este descenso va a prolongarse en el tiempo.
Uno de los fenómenos que se combate cuando se busca que un
sistema funcione
correctamente es el denominado tight coupling. Con este término
se hace
referencia a la necesidad de completar muchos procesos
estrechamente
vinculados en poco tiempo; en estos casos, es probable que se
produzca un
funcionamiento anómalo en situaciones de estrés, que no se
produciría si se
dispusiera de un período mayor para ejecutarlos. Con las medidas
comentadas
respecto de la clasificación por riesgo de crédito, se
facilitaba que, en la situación
de crisis derivada del Covid-19, las entidades no tuvieran que
tomar decisiones
apresuradas, reduciendo así el riesgo de que adoptaran
decisiones erróneas, lo
que es una cuestión clave, dada la importancia para los hogares
y las empresas
de las decisiones sobre financiación.
En relación con la estimación de las coberturas de las pérdidas
crediticias
(provisiones), como se ha comentado, en el enfoque de pérdida
esperada de la NIIF-
UE 9 se tiene que tener en cuenta información sobre las
condiciones futuras para
determinar si es necesario ajustar, y en qué medida, la
información histórica sobre
el comportamiento de pago de los acreditados y las pérdidas
observadas en las
operaciones crediticias. Generalmente, la información sobre las
condiciones futuras
que tiene en cuenta una entidad consiste en previsiones sobre la
evolución futura de
las variables macroeconómicas.
-
BANCO DE ESPAÑA 30 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
Si bien era indudable que la situación derivada del Covid-19 iba
a suponer un
descenso de la actividad económica, durante el primer semestre
de 2020 existía
un alto grado de incertidumbre sobre la magnitud de dicho
impacto. Se trataba
de una situación de incertidumbre radical, en la que era
extremadamente difícil
generar escenarios macroeconómicos y asignarles
probabilidades.
En su comunicado, la iASB señalaba que, al evaluar las
condiciones futuras,
las entidades deberían tener en cuenta los efectos de las
medidas de
contención y de las medidas de apoyo. Dado que en aquel contexto
iba a ser
difícil hacerlo de otra manera, la IASB explicaba que las
entidades podían realizar
ajustes sobre los resultados obtenidos de sus modelos de pérdida
esperada para
considerar ambos efectos. La idea era que, transcurrido el
tiempo, cuando la
situación comenzara a estabilizarse, las entidades podrían
entonces actualizar sus
escenarios macroeconómicos y las probabilidades asociadas. Con
este mensaje se
buscaba fomentar un enfoque práctico en la aplicación de la
norma, en vez de uno
dogmático y complejo.
Otra de las características del enfoque de pérdida esperada de
la NIIF-UE 9 es la
utilización de la probabilidad de incumplimiento durante toda la
vida de la operación
para estimar las provisiones de las operaciones en el stage
2.
En este contexto, el BCE recomendó a las entidades que dieran un
mayor peso
a las previsiones a más largo plazo, más estables, basadas en el
comportamiento
histórico. De este modo, quedarían mitigados los efectos de la
volatilidad generada,
en un entorno que estaba sujeto a frecuentes cambios a medida
que se iba obteniendo
nueva información.
Por último, junto con las moratorias, la otra medida a la que se
ha recurrido
frecuentemente ha sido el otorgamiento de garantías públicas
para determinadas
operaciones crediticias; por ejemplo, en el caso español, están
las líneas de avales
del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En estos casos, el
comunicado de la ESMA
subraya que el importe de la provisión asociada a la operación
se puede ver reducido
por el efecto de estas garantías. En la medida en que la
garantía del sector público
cubre específicamente los impagos de un acreditado, el importe
de la pérdida
esperada asociada a la operación se verá reducida.
3.5 Tratamiento prudencial de las provisiones
Con la primera aplicación de la NiiF_UE 9, el Comitéd de Basilea
acordó a
escala internacional introducir la posibilidad de que el
probable impacto de
las provisiones sobre el capital regulatorio de las entidades se
pudiese diferir
en el tiempo. Se distinguían dos componentes: uno estático, por
el aumento de
provisiones en la fecha de la entrada en vigor de la NIIF-UE 9;
y otro dinámico, por
-
BANCO DE ESPAÑA 31 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
la diferencia de las provisiones de las exposiciones mantenidas
en los stages 1 y 2
en cada momento de cálculo con las registradas el 1 de enero de
2018. Este
tratamiento transitorio permitía añadir al capital de máxima
calidad (CET1) parte de
estas provisiones atendiendo a unos porcentajes decrecientes en
un período no
superior a cinco años. Este ajuste al CET1 regulatorio se
denomina add-back.
Los efectos de la pandemia pueden derivar en un aumento de las
provisiones
por pérdida esperada, con el consiguiente impacto en capital.
por ello, el
Comité de Basilea acordó revisar el tratamiento transitorio para
dar flexibilidad
y ayudar a diluir este impacto en el tiempo. En concreto, se
permite que las
jurisdicciones incorporen dicho tratamiento transitorio a su
regulación, aunque no lo
hubieran hecho con anterioridad, dando además flexibilidad a las
entidades para
usar el enfoque más favorable (dinámico o estático). Respecto al
diseño, se permite
a las jurisdicciones aumentar el coeficiente de ajuste al 100 %
durante 2020 y 2021
(aunque también pueden mantener el porcentaje existente si lo
estiman oportuno),
reseteando el período transitorio, por lo que se ampliaría de
nuevo a cinco años.
Y, por último, se permite el uso de metodologías alternativas
para el cálculo del
impacto de la entrada en vigor de la pérdida esperada.
Ajustes introducidos a escala europea con el quick fix
En consonancia con el Comité de Basilea, las autoridades
comunitarias de
la UE revisaron, dentro del paquete europeo conocido como quick
fix, el
tratamiento transitorio de las provisiones por pérdida esperada
en el marco
prudencial. Por una parte, se revisa el tratamiento del
componente dinámico, que
a partir de ahora se divide en dos: i) aumento de provisiones
entre el 1.1.2018 y el
31.12.2019, que seguirá sujeto al tratamiento transitorio ya
existente25, y ii) aumento
de provisiones a partir del 1.1.2020 (que podrían asociarse a
las derivadas del
impacto del Covid-19), para el que se revisa el tratamiento. En
concreto, la propuesta
es resetear para las segundas el período transitorio
(ampliándolo de nuevo a cinco
años) y, además, se revisan los porcentajes de reconocimiento en
CET1,
empezando en el 100 % los dos primeros años y con un phase-in
lineal los tres
siguientes. Esta modificación permitirá a las entidades seguir
dotando las provisiones
requeridas sin que esto consuma capital regulatorio durante los
dos primeros
años —aumentando el consumo progresivamente los tres años
siguientes—, a
pesar de que sí se contabilizarían en la cuenta de resultados y
en el patrimonio
neto contable.
El impacto de esta medida dependerá mucho de la clasificación de
exposiciones
en los distintos stages de la NiiF-UE 9. Si se da un movimiento
al stage 3 o si se
dan de baja de balance por paso a fallidos, entonces esas
provisiones dejan de
25 El 70 % en 2020 y decreciente hasta alcanzar el 0 % en
2023.
-
BANCO DE ESPAÑA 32 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
computar de cara al tratamiento transitorio. Sobre las
exposiciones que se mantienen
en stage 1 y stage 2, el nuevo componente dinámico tiene un
doble beneficio. Por
una parte, aumenta del 70 % al 100 % el add-back aplicable al
stock de provisiones
desde el 1.1.2020, alargándose además el calendario. Por otra,
se permite a las
entidades que solo tengan en cuenta la variación en el stock de
provisiones en los
años 2018 y 2019 si suponen un beneficio en el cálculo del
componente dinámico.
Es decir, solo si aumentasen sería tenido en cuenta su efecto,
evitando de ese modo
que potenciales caídas en el stock en 2018 y 2019 compensen o
reduzcan los
beneficios del nuevo tratamiento transitorio.
3.6 La respuesta de la política macroprudencial
La política macroprudencial tiene como objetivo mitigar, de
forma preventiva,
los riesgos de naturaleza sistémica que puedan afectar a la
estabilidad
financiera. Las autoridades encargadas de la política
macroprudencial para el
sector bancario disponen de un conjunto de instrumentos
macroprudenciales
contemplados en la regulación nacional, para su aplicación en
función de
las circunstancias cíclicas y estructurales del sistema
financiero de cada
jurisdicción.
Con la adopción del marco de Basilea iii, las autoridades
bancarias de las
principales jurisdicciones a escala global —incluidos la UE
y todos sus Estados
miembros— tienen a su disposición desde 2016 el CCA, así como
los colchones
de capital para entidades de importancia sistémica global o
nacional. En el
caso de la UE, la normativa comunitaria contempla instrumentos
adicionales, como
el CRS o la posibilidad de fijar ponderaciones de riesgo más
elevadas frente a
exposiciones crediticias por consideraciones de estabilidad
financiera. Por su parte,
un número significativo de países de dentro y de fuera de la UE
se ha dotado en su
normativa nacional de un conjunto complementario de instrumentos
macroprudenciales
con los que reforzar la capacidad de actuación de sus
autoridades. Entre estos
instrumentos, destacan los límites y las condiciones a la
concesión de préstamos por
parte de las entidades de crédito, como los límites a la ratio
de préstamo-valor de
tasación —Loan to Value (LTV)—.
El CCA es el instrumento más genuinamente macroprudencial, por
su objetivo
de reforzar la solvencia bancaria, particularmente cuando la
situación
macrofinanciera es favorable y antes de que los riesgos
sistémicos se
materialicen. El CCA es exigido a las entidades de crédito
durante períodos expansivos
para que pueda ser liberado durante una fase subsiguiente de
contracción. De esta
forma, el CCA refuerza la solvencia del sistema bancario durante
las fases de
crecimiento, que es cuando habitualmente se produce una
acumulación de riesgos, y
ayuda a mitigar la disminución del flujo de crédito nuevo a la
economía cuando dichos
riesgos se materializan. En consecuencia, el CCA ayuda a
incrementar la capacidad de
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BANCO DE ESPAÑA 33 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
las entidades de crédito para hacer frente a potenciales
pérdidas futuras. Su liberación
en entornos recesivos contribuye a suavizar la contracción del
ciclo crediticio, lo que a
su vez podría limitar la magnitud de las caídas del PIB durante
las recesiones. El CCA
se instrumentaliza mediante el anuncio trimestral por parte de
la autoridades
macroprudenciales nacionales de un porcentaje de capital
requerido sobre los activos
ponderados por riesgo de las exposiciones crediticias asociadas
al país26.
tras la declaración de la pandemia global de Covid-19 el 11 de
marzo de 2020, se
sucedieron, con notable celeridad, numerosos anuncios de medidas
por parte
de autoridades macroprudenciales nacionales, y, en paralelo,
comunicados de
organismos europeos y globales en aras de una acción colectiva
coordinada.
La reacción de las autoridades nacionales vino condicionada por
la diversidad de
situaciones en cuanto a requerimientos macroprudenciales
exigidos antes del Covid-19.
En líneas generales, estos anuncios han puesto de manifiesto la
importancia que tienen
la comunicación y la transparencia en el diseño de las políticas
macroprudenciales, así
como la extraordinaria necesidad de señalizar a todos los
agentes económicos y
sociales la disposición de las autoridades macroprudenciales a
adoptar medidas con
las que amortiguar el impacto adverso e incierto del
Covid-19.
El cuadro 1 recoge los anuncios de medidas macroprudenciales del
CCA
registradas en reacción al Covid-19. En total, una quincena de
países (en su mayoría,
europeos, por ser Europa el continente más activo en el uso de
este instrumento en
los últimos años) han liberado este instrumento. En la mayoría
de los casos, la
liberación del CCA ha sido completa —revirtiendo el porcentaje
al 0 % y, en su caso,
anulando los anuncios del CCA realizados durante los doce meses
inmediatamente
anteriores, que en aquel momento no eran aún efectivos—. Por el
contrario, en unos
pocos países se ha optado por una reducción parcial o por una
liberación por etapas
del CCA. Hasta la fecha, solo un país —Luxemburgo— ha decidido
mantener inalterado
su porcentaje positivo del CCA. España no está entre los países
que han reducido el
CCA, al encontrarse este ya fijado en el porcentaje mínimo del 0
% al comienzo de la
crisis, debido a la ausencia de señales evidentes de acumulación
de riesgos sistémicos
cíclicos previos al Covid-19.
El cuadro 2 resume los anuncios de otras medidas
macroprudenciales
nacionales (distintas del CCA) en respuesta al Covid-19. Un
total de nueve
países han tomado medidas macroprudenciales de ajuste relativas
a la implantación
26 El porcentaje del CCA suele fijarse en niveles comprendidos
entre el 0 % y el 2,5 % [en escalones de 0,25 puntos porcentuales
(pp)]. Por encima del 2,5 %, el porcentaje del CCA deber ser
reconocido expresamente por las autoridades macroprudenciales de
otros países para que sus entidades lo tengan en cuenta en el
cálculo de sus CCA específicos. A partir de los porcentajes de CCA
de cada país, las entidades bancarias deben calcular el
requerimiento de capital que le es aplicable a nivel consolidado en
función de la diversificación geográfica de sus exposiciones
crediticias resultante de su negocio internacional (el denominado
«CCA específico de la entidad»). Desde el momento en el que se
produce un anuncio de aumento del CCA por la autoridad, las
entidades disponen de un año para cumplir con el requerimiento En
caso de reducción del CCA, la medida tiene efecto con carácter
inmediato.
-
BANCO DE ESPAÑA 34 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
de requerimientos previamente anunciados. Seis países redujeron
de manera
completa o selectiva por entidades sus colchones estructurales,
como el CRS o el
colchón de entidades de importancia sistémica nacional. Ambos
colchones, si bien
están concebidos para hacer frente a riesgos acíclicos y/o
estructurales de entidades,
ofrecen un elevado grado de discrecionalidad para su activación
y desactivación
por parte de las autoridades, circunstancia que ha contribuido a
facilitar su liberación.
De manera destacada, ninguna jurisdicción ha reducido los
colchones para EISM27.
Asimismo, la existencia de niveles mínimos positivos para la
calibración de los
27 Esta circunstancia se explicaría por el hecho de que la
regulación de este instrumento no contempla ninguna contingencia
por la que el requerimiento se pueda fijar en el 0 % o ni siquiera
en un nivel inferior al acordado cada año por el FSB a propuesta
del BCBS.
MEDIDAS NACIONALES DEL COLCHÓN DE CAPITAL ANTICÍCLICOCuadro
1
FUENTE: Elaboración propia (a partir de información pública
disponible a 15 de julio de 2020).NOTA: La tercera columna se
refiere al último valor del CCA que fue anunciado antes de la
propagación del Covid-19, y que habría entrado en vigor doce meses
después del anuncio. La liberación del CCA tiene efectos
inmediatos. Los países del cuadro que no han modificado el CCA tras
el Covid-19 figuran sin dato en las columnas dedicadas a este
instrumento. No figuran en el cuadro los países europeos que no han
modificado ningún instrumento macroprudencial a causa del
Covid-19.
Efectivo marzo 2020
Último anuncio antes del Covid-19
Anunciado tras el Covid-19 (2020)
Fecha del anuncioAutoridad responsable
DE Alemania 0,00 0,25 0,00 18-mar Comité de Estabilidad
Financiera (AFS) de Alemania
31-mar BaFin
BE Bélgica 0,00 0,50 0,00 11-mar Banco Nacional de Bélgica
BG Bulgaria 0,50 1,50 0,50 19-mar Banco Nacional de Bulgaria
DK Dinamarca 1,00 2,00 0,00 12-mar Gobierno
SK Eslovaquia 1,50 2,00 1,50 28-abr Banco Nacional de
Eslovaquia
1,00 14-jul
FR Francia 0,25 0,50 0,00 18-mar Consejo Superior de Estabilidad
Financiera (HCSF) de Francia
IE Irlanda 1,00 1,00 0,00 18-mar Banco Central de Irlanda
IS Islandia 2,00 2,00 0,00 18-mar Banco Central de Islandia
LT Lituania 1,00 1,00 0,00 18-mar Banco de Lituania
NO Noruega 1,00 2,50 1,00 13-mar Banco de Noruega
13-mar Gobierno
UK Reino Unido 1,00 2,00 0,00 11-mar Banco de Inglaterra
(FPC)
CZ República Checa 1,75 2,00 1,75 19-mar Banco Nacional
Checo
0,50 18-jun
SE Suecia 2,50 2,50 0,00 13-mar - 16-mar Finansinspektionen
CH Suiza 2,00 2,00 0,00 25-mar Banco Nacional Suizo
27-mar Gobierno
HK Hong Kong 2,00 2,00 1,00 16-mar Autoridad Monetaria de Hong
Kong
CCA (%)
País
-
BANCO DE ESPAÑA 35 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 39
OTOÑO 2020
colchones de entidades sistémicas nacionales (D-SIBs u O-SIIs,
por sus siglas en
inglés) acordados por el BCE para aplicación en el área del euro
[BCE (2016)] habría
actuado como freno a la adopción de más medidas en relación con
este instrumento,
si bien dos países —Chipre y Portugal— han adoptado interrumpir
de manera
transitoria la senda de acumulación gradual de este colchón. En
este tiempo, en
España se han venido exigiendo colchones de capital
macroprudenciales a cinco
entidades de crédito españolas de importancia sistémica. La
calibración de estos
colchones, coincidentes con los niveles mínimos previstos en la
normativa vigente y
en las orientaciones del BCE, no ofrecía margen para su
reducción por parte del
Banco de España.
Resulta destacable la ausencia general de medidas
macroprudenciales
relativas a límites y condiciones de concesión de crédito
(límites de LtV, Lti,
OTRAS MEDIDAS MACROPRUDENCIALES NACIONALESCuadro 2
FUENTE: Elaboración propia (a partir de información pública
disponible a 25 de junio de 2020).NOTA: CCA y CRS son el colchón de
capital anticíclico y el colchón de riesgo sistémico,
respectivamente. OEIS son las otras entidades de importancia
sistémica. La tercera columna se refiere al último valor del CCA
que fue anunciado antes de la propagación del Covid-19, y que
habría entrado en vigor doce meses después del anuncio. La
liberación del CCA tiene efectos inmediatos. Los países del cuadro
que no han modificado el CCA tras el Covid-19 figuran sin dato en
las columnas dedicadas a este instrumento. No figuran en el cuadro
los países europeos que no han modificado ningún instrumento
macroprudencial a causa del Covid-19.
nóicpircseDdadirotuAFecha del anuncio (2020)
CY Chipre 10-abr Banco Central de Chipre Aplazamiento por un año
(hasta 2023) del final del período de implantación de los colchones
de OEIS
SI Eslovenia 08-abr Banco de Eslovenia Restricción temporal a la
distribución de beneficios de las entidades de crédito
22-may Banco de Eslovenia Modificación de una medida de límites
a la ratio de servicio de la deuda sobre ingresos para familias
afectadas por el Covid-19
EE Estonia 25-mar Banco de Estonia Reducción completa del
CRS
FI Finlandia 18-mar Finanssivalvonta (FIN-FSA) Reducción
completa del CRS y reducción selectiva de los colchones de OEIS
HU Hungría 01-abr Banco Nacional de Hungría Reducción completa
de los colchones de OEIS
senohcloc sol ed y SRC led avitceles y laicrap nóiccudeRadnaloH
ed ocnaBram-71LNde OEIS
Aplazamiento de la introducción de suelos
