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—A las 16 horas y 59 minutos, bajo la Presidencia Con la inmunidad levantada, el señor Palomo

(Ley N.° 27399)Previa dispensa del trámite de distribuciónde copias, se aprueba el texto sustitutorio,propuesto por la Comisión de Constitucióny Reglamento, en virtud del cual se regulanlas investigaciones preliminares previstas enla Ley N.° 27379 tratándose de los funciona-rios públicos comprendidos en el artículo 99.°

de la Constitución Política del Perú

El señor PRESIDENTE.— Se va a dar cuentade dos documentos llegados a la Mesa.

El RELATOR da lectura:

"Lima, 11 de enero de 2001

Señor doctorCarlos Ferrero Costa,Presidente (a.i.) del Congreso de la República

Me es grato dirigirme a usted, señor Presidente,para solicitarle que, de conformidad con el artícu-lo 78.° del Reglamento, consulte al Pleno la dis-pensa del plazo para la distribución de copias deldictamen de la Comisión de Constitución y Regla-mento, recaído sobre el Proyecto de Ley N.° 1189/2000-CR, que propone la regulación de las inves-tigaciones preliminares previstas en la Ley N.°27379, tratándose de los funcionarios comprendi-dos en el artículo 99.° de la Constitución Política.

Atentamente,

RICARDO MARCENARO FRERS,Presidente de la Comisión de Constitución yReglamento del Congreso de la República."

El señor PRESIDENTE.— Se va a consultarel pedido formulado por el presidente de la Comi-sión de Constitución y Reglamento, a efectos deexceptuar del plazo de distribución de copias aldictamen de la Comisión de Constitución y Re-glamento sobre el Proyecto de Ley N.° 1189/2000-CR.

(1) Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado MiguelGrau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado laRepresentación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Los señores congresistas que estén a favor se ser-virán expresarlo levantando el brazo. Los queestén en contra, de la misma manera. Los que seabstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda el pe-dido de dispensa del plazo de distribuciónde copias al dictamen de la Comisión deConstitución y Reglamento sobre el Proyec-to de Ley N.° 1189/2000-CR.

El señor PRESIDENTE.— Ha sido acordado.

Se va a dar cuenta del dictamen.

El RELATOR da lectura:

Dictamen de la Comisión de Constitución y Re-glamento, por unanimidad, recaído en el Proyectode Ley N.° 1189/2000-CR, referente a la investi-gación preliminar en el caso de la presunta co-misión de delitos de función atribuidos a los fun-cionarios públicos comprendidos en el artículo99.° de la Constitución Política.(*)

El señor PRESIDENTE.— Al Orden del Día.

El señor PRESIDENTE.— En debate el textosustitutorio contenido en el dictamen unánimede la Comisión de Constitución y Reglamento,recaído en el Proyecto de Ley N.° 1189/2000-CR.

Tiene la palabra el congresista Marcenaro Frers,presidente de la comisión informante.

El señor MARCENARO FRERS (C90-NM).—Señor Presidente: Como todos recordarán, confecha 21 de diciembre del año pasado fue publi-cada la Ley N.° 27379, que establece medidas ex-cepcionales de limitación de derechos en investi-gaciones preliminares.

Esto significa que cuando se requiere realizar unainvestigación preliminar se pueden adoptar lassiguientes medidas limitativas de derechos: de-tención preliminar, con el fin de impedir que unapersona se dé a la fuga; impedimento de salidadel país o de la localidad donde domicilia, con elfin de que la persona permanezca en el lugar dondese encuentra establecida; incautación, aperturae interceptación de sus documentos privados, li-bros contables, bienes y correspondencia; embargou orden de inhibición para disponer o gravar bie-nes, que se inscribirán en los Registros Públicoscuando correspondan; y finalmente el levanta-miento del secreto bancario y de la reservatributaria.

Estas medidas excepcionales se dieron a conse-cuencia de los hechos —que todos conocemos—ocurridos en los últimos tiempos; y fue necesarioadoptarlas para cautelar los procesos, los bienes,la información, etcétera.

Evidentemente, esta norma se dio para la pobla-ción en general; pero debemos recordar que tan-to nosotros como algunas otras personas estamossujetos a un régimen especial; es decir, a los altosfuncionarios del Estado les asiste dos garantíasespeciales: una de ellas es la necesidad de unaautorización previa del Congreso para procesar-los penalmente; y la otra es la necesidad de unaautorización previa del Congreso para privarlosde la libertad personal, en este caso, a los congre-sistas, a los Magistrados del Tribunal Constitu-cional y al Defensor del Pueblo. En consecuen-cia, se reconocen dos tipos de garantías especia-les: primero, que las personas a que nos vamos areferir dentro de un momento no pueden ser pro-cesadas penalmente; y segundo, que las perso-nas que se enumeran en el cuadro que se mues-tra en pantalla no pueden ser privadas de su li-bertad personal. ( N.° 1.)

(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.

Se reconocen a los Altos Funcionarios del Estado dos garantías:

• Necesidad de previa autorización del Congreso para procesarlospenalmente. (Artículo 99.° de la Constitución)

• Necesidad de previa autorización del Congreso para privar de libertadpersonal a:

• — Congresistas.• — Magistrados del Tribunal Constitucional.• — Defensor del Pueblo.

(Artículos 93.°, 161.° y 201.° de la Constitución)

Cuadro N.° 1

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Como podemos observar en el cuadro siguien-te, las personas que se encuentran sujetas alantejuicio político, es decir, que previamentetienen que ser sometidas a un proceso en elCongreso, son: el Presidente de la República,los representantes a Congreso, los Ministrosde Estado, los miembros del Tribunal Consti-tucional, los miembros del Consejo Nacionalde la Magistratura, los vocales de la Corte Su-prema, los Fiscales Supremos, el Defensor delPueblo y el Contralor General, por: a) infrac-ción constitucional y b) por todo delito que co-metan en el ejercicio de sus funciones y hastacinco años después de que hayan cesado en és-tas. (Cuadro N.° 2.)

La razón histórica de que exista inmunidad escon el fin de garantizar la libertad personal. Esfundamental señalar que lo que se busca, y éstafue la razón por la cual se creó este sistema, esgarantizar la libertad personal de los altos fun-cionarios.

Debo advertir que por libertad personal se en-tiende no sólo la reclusión de la persona en unadependencia policial o carcelaria, sino tambiénla detención o arresto domiciliario u otras res-tricciones similares; porque si no, a cualquierade nosotros, sin necesidad de estar en la cárcel,se nos podría decir: "Usted no se mueve de sucasa, señor congresista; de ella no puede salir".

Muy bien, para garantizar esa libertad personal,para que el parlamentario o las personas a quehe hecho mención no se vean impedidos de reali-zar su actividad oficial, es que se ha creado estafigura; porque si se me prohíbe salir de mi casa,

cómo puedo venir a cumplir mis funciones en elPleno del Congreso o en las comisiones, cómo ejer-cito mi derecho político a actuar como congresis-ta. Por esa razón, se ha creado esta figura quepermite a los altos funcionarios del Estado teneruna situación de privilegio; y además porque, sise pudiese detener a una persona en su domici-lio, se estaría alterando la composición o el fun-cionamiento del órgano constitucional del queprocede.

En el caso de un congresista, si yo quiero afectarla mayoría que tiene un grupo político en el Par-lamento, podría, a través de algunos de estosmecanismos, iniciarle un proceso y decirle: "us-ted no se puede mover de su casa", con lo que nopodría actuar en ninguna de las comisiones a quepertenece, razón por la cual su grupo político ter-minaría teniendo minoría. Para garantizar todosestos derechos políticos es que se ha creado estafigura en el curso de la Historia.

Muy bien. ¿Qué dice, por ejemplo, el doctor Mar-cial Rubio Correa en su libro con relación al artícu-lo 99.° de la Constitución Política del Perú? Voydar lectura en forma textual a su cita: "Este artícu-lo establece la institución del antejuicio político,que es una prerrogativa que el Derecho Consti-tucional otorga a determinados altos magistra-dos del Estado, con la finalidad de que no seanprocesados ante el Poder Judicial sin antes reci-bir la venia del Congreso a través del procedi-miento establecido, tanto en la Constitución comoen el Reglamento del Congreso"; es decir, los al-tos magistrados del Estado sí pueden ser proce-sados, pero, evidentemente, con la venia del Con-greso.

Artículo 99.°.— Corresponde a la Comisión Permanente acusar anteel Congreso:

• Al Presidente de la República;• A los representantes a Congreso;• A los Ministros de Estado;• A los Miembros del Tribunal Constitucional;• A los Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura;• A los Vocales de la Corte Suprema;• A los Fiscales Supremos;• Al Defensor del Pueblo, y;• Al Contralor General.Por:a Infracción de la Constitución; y,b Por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta

cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Cuadro N.° 2

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Y a continuación dice: "El antejuicio es una pre-rrogativa porque el principio general es que todapersona puede ser demandada o denunciada antelos tribunales y, en tal caso, queda sometida ajurisdicción. Cuando se trata de las personas aquienes se hace antejuicio, la situación es distin-ta: ninguna demanda o denuncia que se haga con-tra ellos los somete a la jurisdicción de los tribu-nales a menos que el Congreso autorice tal pro-cesamiento". Cita del doctor Marcial Rubio. Es-tudio de la Constitución Política de 1993.

Y el doctor Enrique Bernales Ballesteros sobreel particular señala lo siguiente: "El tratamientoconstitucional parte de la premisa de que exis-ten algunos funcionarios del Estado que por ra-zones de su cargo o investidura no pueden estarsujetos a acusación de cualquier persona o ins-tancia, por los eventuales delitos o violacionesde la Constitución que pudieran cometer en elejercicio de sus funciones, pues así se podría fa-vorecer el abuso, la venganza política y la anar-quía". Eso sostiene el doctor Enrique BernalesBallesteros en relación con el artículo 99.° de laConstitución.

En consecuencia, se debe distinguir —como seseñala en el proyecto sustitutorio contenido enel dictamen de la Comisión de Constitución yReglamento—, entre la investigación preliminar,que viene a ser la etapa previa que permite de-terminar si realmente existen fundamentos ra-zonables para iniciar un proceso judicial al "sin-dicado", y el procedimiento judicial o inculpaciónformal, que constituye la segunda etapa.

Según he consultado con algunos prestigiososconstitucionalistas, la Constitución del Estado serefiere a esta segunda etapa. Es decir, en estecaso, ninguna de las personas comprendidas enel artículo 99.° puede ser sometida a procesamien-to judicial o inculpación formal sin que previa-mente el Congreso no haya dado su visto bueno,o no autorice el procesamiento a través del ante-juicio. Nuestra Constitución —dicen estos seño-res— no establece absolutamente nada con rela-ción a una investigación preliminar; en otras pa-labras, no es necesario pedir autorización al Con-greso para que un fiscal pueda dar inicio a unproceso previo de investigación.

Muy bien; pero como la norma que cité al iniciode mi intervención, de la cual parte mi exposi-ción —me refiero a la Ley N.° 27379—, en cuan-to a investigaciones preliminares, establece de-terminadas medidas limitativas de derechos, pues,averigüemos cuáles son esas medidas limitativasde derechos. La detención preliminar, el impedi-mento de salida del país o de la localidad donde

domicilia, la incautación, apertura e intercepta-ción de documentos privados, libros contables,bienes y correspondencia, etcétera.

Por lo tanto, la pregunta que debemos formular-nos es la siguiente: ¿Se aplican o no estas medi-das limitativas a todos los funcionarios compren-didos en el artículo 99.° de la Constitución? Poresa razón la Comisión de Constitución y Regla-mento pone a consideración del Pleno esta pro-puesta legislativa, que consta de dos artículos, elprimero de los cuales, relativo al titular de la in-vestigación preliminar, dice lo siguiente: "El Fis-cal de la Nación puede realizar investigacionespreliminares al procedimiento de acusación cons-titucional por la presunta comisión de delitos defunción atribuidos a funcionarios del Estado com-prendidos en el artículo 99.° de la Constitución".

Se nos está diciendo, entonces, que para estoscasos especiales, previstos en el artículo 99.° denuestra Carta Magna, el Fiscal de la Nación pue-de realizar investigaciones preliminares, y queel plazo de la investigación preliminar no podráexceder los 60 días naturales. Por consiguiente,en caso de encontrar...

El señor PRESIDENTE.— Dispone usted deltiempo necesario para continuar su exposición,congresista Marcenaro Frers.

El señor MARCENARO FRERS (C90-NM).—Decía, señor Presidente, que en caso de encon-trar evidencias o indicios razonables de la comi-sión de delitos, el Fiscal de la Nación formula ladenuncia constitucional correspondiente, adjun-tando copia autenticada de los actuados en dichadiligencia.

No obstante ello, lo que nos interesa saber a no-sotros es ¿cuáles son las medidas limitativas quese podrán aplicar a los funcionarios comprendi-dos en el artículo 99.° de la Constitución? Paraello, el artículo 2.° del proyecto sustitutorio endebate dice lo siguiente: "Los funcionarios delEstado comprendidos en el artículo 99.° de la Cons-titución pueden ser objetos de las medidas limi-tativas de derechos previstas en la Ley N.° 27379.Esta disposición no es aplicable a los funciona-rios mencionados en el primer párrafo del artículo93.° de la Constitución". En consecuencia, quedaclaro que esta disposición no es aplicable a losCongresistas de la República, pero sí a los demásfuncionarios del Estado.

A continuación, el artículo 2.° dice textualmen-te: "Están excluidas de las medidas limitativasde derechos las previstas en el artículo 143.° delCódigo Procesal Penal así como las establecidas

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en el artículo 2.° de la Ley N.° 27379 en su inciso1) y el impedimento de salir de la localidad endonde domicilie o del lugar que se le fije previstoen su inciso 2)". Lo que se busca con esta medidaes que la persona no pueda salir del país; pero nose le impide movilizarse dentro del territorio na-cional por tratarse, en este caso, de un funciona-rio del Estado.

El tercer párrafo del artículo en mención dice losiguiente: "El Fiscal de la Nación solicita la apli-cación de las medidas limitativas de derechos alVocal Titular menos antiguo de la Sala Penal dela Corte Suprema, el cual puede concederlas me-diante resolución motivada. Asimismo, puede pe-dir el levantamiento del secreto bancario y la re-serva tributaria sin requerir autorización judi-cial".

Y nosotros hemos agregado un cuarto párrafo ala propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, cuyotexto señala lo siguiente: "Las subcomisiones in-vestigadoras designadas por la Comisión Perma-nente del Congreso, ésta última o el Pleno delCongreso, según corresponda, pueden requeriral Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penalde la Corte Suprema la cesación, modificación oimposición de las medidas limitativas indicadasen el presente artículo, desde el inicio del proce-dimiento de acusación constitucional y hasta quese comunique al Fiscal de la Nación la Resolu-ción del Congreso que pone fin al procedimientode acusación constitucional". En consecuencia,el Congreso también podría decir: "Oiga, señor,está usted cometiendo un abuso, por tanto, esasmedidas limitativas deben quedar sin efecto".

Éstas son las consideraciones principales que laComisión de Constitución y Reglamento ha te-nido en cuenta al momento elaborar su dictamen,el cual fue aprobado por la unanimidad de susmiembros, pero con reservas; y precisamente lareserva consiste —si me equivoco, alguno de losexpositores me puede corregir— en si es o noconveniente excluir a los congresistas de los al-cances de la presente norma. Debo reconocer queal momento de la votación algunos representan-tes dijeron: "estamos de acuerdo con el concepto,en general, salvo con el hecho de que se excluyade la ley a los congresistas; ellos también debenestar incluidos dentro de esas medidas".

Ése es el inconveniente que se nos presentó yque traemos a consideración de ustedes, señorescongresistas, para que nos ayuden a adoptar unadecisión, aun cuando ésta ya fue tomada por losmiembros de la Comisión de Constitución y Re-glamento, que, como es evidente, se trata de ungrupo más reducido de señores representantes.

Por consiguiente, lo que ahora tenemos que ha-cer es tomar la decisión más apropiada para queesta propuesta, respecto de la cual entiendo laimportancia y la necesidad que tiene el Poder Eje-cutivo de que sea aprobada para que no ocurranhechos de los que ya muchos tenemos conocimien-to, pueda ser aplicada a la brevedad posible.

Ésa es la importancia y la necesidad de que estapropuesta legislativa pueda ser sancionada el díade hoy por el Pleno del Congreso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Según lo acordadoayer en la reunión de directivos-portavoces, seha convenido conceder un máximo de 15 minu-tos a grupo parlamentario en el presente debate.

Tiene la palabra el congresista Altuve-FebresLores.

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— SeñorPresidente: Lamentablemente, debo señalar queno estoy de acuerdo con la opinión del presidentede la Comisión de Constitución y Reglamento—a la cual he pertenecido—, por un motivo muyevidente: realmente no entiendo la razón del pro-yecto de ley en debate; porque si este proyecto esaprobado el día de hoy por el Pleno, a partir delmomento de su promulgación va a regir para losseñores ministros del gobierno actual o para losfuncionarios comprendidos en el artículo 99.° dela Constitución del Estado.

Pero no se me ocurre pensar que un procedimientonuevo vaya a ser aplicable a los funcionarios delEstado que han tenido una función cuando esteprocedimiento aún no existía; porque la ley no esretroactiva ni en la substancia ni en la forma.Por lo tanto, el procedimiento actual no puedeser aplicable a ningún funcionario que haya co-metido alguna irregularidad durante el gobiernopasado. Si ello ocurriese, se estaría incurriendoen la vulneración de sus derechos; y la vulnera-ción de sus derechos a un debido proceso podríaacarrear la nulidad de todo el proceso que se lehubiese seguido a esos señores.

Por lo tanto, este proyecto de ley —muy respeta-ble, por cierto— podría servir como llave doradapara que esos señores funcionarios, si han come-tido alguna irregularidad, salgan libres de polvoy paja porque el debido proceso ha sido vulnera-do, debido a que se ha creado un procedimientoespecial, posterior a la comisión del acto supues-tamente delictivo, para juzgarlos.

Por consiguiente, cualquier tribunal internacio-nal diría que se ha vulnerado el debido proceso,

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que el procedimiento es nulo y, por tanto, los res-ponsables quedarían libres.

¿Acaso nosotros queremos eso? Por supuesto queno. Creo que las personas que tienen responsa-bilidad deben ser procesadas; pero deben ser pro-cesadas con la ley y con el procedimiento queexistía en el momento en que cometieron los de-litos.

No les tiremos un salvavidas que puede traerseabajo todos los procedimientos que existen y abriruna puerta que los libere; porque en cualquiertribunal internacional de derechos humanos estapropuesta podría ser la llave de oro.

Lamentablemente, las circunstancias son ésas.A nadie se le puede condenar con una ley que noexistía al momento de la comisión del delito, nimenos con un procedimiento nuevo. Esto, indu-dablemente, es mucho más grave que las acusa-ciones que se hicieron cuando funcionaban lossupuestos tribunales sin rostro.

Por lo tanto, les adelanto que no voy a respaldareste proyecto de ley, porque tengo mucho temorde que por querer hacer un bien terminemoshaciendo un daño, y que por hacer justicia este-mos lanzando a aquellas personas una llave maes-tra. Por eso considero que éste no es un proyectoconveniente; creo, en cambio, que los proyectosanticorrupción aprobados si fueron enormementepositivos.

Señor Presidente, el gobierno y el Poder Judi-cial, ahora renovado, cuentan con los instrumen-tos adecuados para hacer justicia. ¡Ni siquierahemos visto cuáles han sido los resultados ple-nos de esas leyes anticorrupción y ya queremosdar otra ley más!

Sinceramente debo decir que este proyecto de leyes excesivo, porque vamos a terminar generan-do un gran problema y se nos van a escapar to-das las personas que hoy están sometidas a in-vestigación, sólo por aplicar un procedimiento queno existía al momento de la comisión del delito.

El señor MARCENARO FRERS (C90-NM).—¿Me permite una interrupción, congresista Altu-ve-Febres Lores?

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— Mepide una interrupción el señor Marcenaro Frers,señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede usted inte-rrumpir, congresista Marcenaro Frers.

El señor MARCENARO FRERS (C90-NM).—Señor Presidente, por su intermedio, quiero re-cordar al colega Altuve-Febres Lores que las nor-mas procesales se aplican a los procedimientosen forma inmediata; y además, que el proyectode ley materia del presente debate ha sido solici-tado por el Poder Ejecutivo con carácter de ur-gente. En consecuencia, no se trata de ningunainiciativa de la Comisión de Constitución y Re-glamento, sino de un pedido urgente de parte delPoder Ejecutivo, es decir, ellos consideran que estanorma es fundamental para poder actuar conrapidez.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Altuve-Febres Lores.

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— SeñorPresidente, entiendo perfectamente la posicióndel doctor Marcenaro Frers; pero creo que el Po-der Ejecutivo está totalmente equivocado, pues-to que anteriormente se le dio las leyes antico-rrupción. Reitero, me parece que en este puntoel Poder Ejecutivo está completamente equivo-cado.

El Poder Ejecutivo siempre envía proyectos deley al Poder Legislativo y nos pone en jaque, paraver si aprobamos o no las propuestas que remite,o si estamos a favor o no de las leyes antico-rrupción. Por supuesto que estamos a favor deellas; pero tampoco podemos permitir los exce-sos.

Nosotros podemos decir claramente al Poder Eje-cutivo: "ya tienen ustedes los instrumentos, de-muestren ahora que pueden trabajar con ellos; ysi no es así, después veremos". Pero este proyec-to de ley me parece totalmente excesivo, porquepareciera que vulnera los derechos de los proce-sados.

Por otro lado, no comparto la opinión del doctorMarcenaro Frers respecto a su interpretación deque las normas procesales pueden aplicarse a losprocedimientos en forma inmediata; más bien creoque de esa forma se está violando el fuero de laspersonas que tenían un derecho adquirido; perosi ello ocurriese, lamentablemente vamos a con-seguir que el remedio sea peor que la enferme-dad.

Simple y llanamente represento un solo voto yprobablemente pierda al momento en que estapropuesta se someta a votación, en realidad, nolo sé; pero es mi responsabilidad decir lo que pien-so.

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Señor Presidente, el gobierno ya ha recibido nues-tro apoyo al aprobar las leyes anticorrupción ylas seguirá recibiendo; pero, por lo pronto, esteproyecto de ley no va a recibir ningún respaldode mi parte, porque creo que aquí se va a come-ter un exceso.

Por consiguiente, como señalé hace un momen-to, invoco a la Representación Nacional a que nocometamos un error, a que no cometamos un ex-ceso y que pensemos en que podemos hacerle dañoa todo lo que nosotros queremos que se cumpla,esto es, la persecución y la sanción efectiva paralos responsables.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Bartra Gonzales.

El señor BARTRA GONZALES.— Señor Pre-sidente: No soy especialista en derecho, pero heconsultado con la colega Donayre Pasquel, per-sona muy versada en la materia, quien me hamanifestado que este dispositivo sí es aplicable,de acuerdo con las teorías y doctrinas que ellaprobablemente explicará en el momento en quele toque intervenir.

Yo, por mi parte, voy a ser muy concreto; senci-llamente voy a hablar como un peruano común ycorriente. En esta ocasión, voy a votar a favordel Proyecto de Ley N.° 1189/2000-CR, remitidopor el Poder Ejecutivo con carácter de urgente,para que, una vez aprobado por el Pleno, el Fis-cal de la Nación pueda realizar investigacionespreliminares al procedimiento de acusación cons-titucional por la presunta comisión de delitos defunción atribuidos a los altos funcionarios del Es-tado que gozan del beneficio del antejuicio polí-tico.

Es indudable que esta propuesta constituye unamedida de excepción; por consiguiente, es correctoque el plazo de la investigación preliminar noexceda los sesenta días naturales; y en caso deencontrar evidencias o indicios razonables de lacomisión de los delitos antes mencionados, el Fis-cal de la Nación debe proceder a formular la de-nuncia constitucional correspondiente, adjuntan-do copia autenticada de los actuados en dichainvestigación.

Voy a votar a favor de esta propuesta para evitarque aquellos que, abusando de su cargo, trafica-ron con el dinero público, en perjuicio del ham-bre y la necesidad popular, puedan recurrir al fá-cil recurso de fugar del país para disfrutar deldinero malhabido.

Voy a votar a favor de estas propuesta para queno se repitan denuncias como la que en este mo-mento voy a pasar a relatar: según el diario Ex-preso del 14 de diciembre del año 2000, el actualMinistro de Economía y Finanzas, doctor JavierSilva Ruete, declaró que durante dos años y me-dio el gobierno anterior había otorgado a los ban-cos una ayuda económica consistente en mil 62millones de dólares, de los cuales 437 ya estabanperdidos y sólo faltaba recuperar 625 millonesde dólares.

Me pregunto: ¿cómo es posible que altos funcio-narios del Estado, que se han especializado entemas económicos tanto en el Perú como en elextranjero, puedan echar a perder 437 millonesde dólares, cuando nosotros vivimos luchando pormigajas para los agricultores, para terminar ca-rreteras o para continuar algunos proyectos deinversión que brindan a la población agua, ener-gía eléctrica, alimentos y empleos, como Olmos,por ejemplo?

¿Ustedes saben cuánto representa en soles 437millones de dólares? Aproximadamente mil 424millones de nuevos soles, es decir, un poco másde lo que constituye el presupuesto del SectorTransportes para el año 2001, incluyendo pagode planillas, beneficios sociales, construcción yrehabilitación de carreteras, compra de equipos,compra de bienes y servicios, entre otros. ¿Pue-de considerarse una actitud racional, justa y co-herente negar ayuda a los transportistas, a losagricultores y a los maestros, y por otra parteotorgar con excesiva generosidad mil 62 millo-nes de dólares a los poderosos del país?

Me pregunto: ¿qué pasará con estos corruptos decuello y corbata? ¿Quién nos protege de la inca-pacidad y, sobre todo, de la inmoralidad de losque tienen la sagrada tarea de gobernar? Tal vezdeberíamos copiar algunas medidas que se apli-can en la República Popular China, que en no-viembre del año pasado ejecutó públicamente alvicepresidente de la Asamblea Nacional por ha-ber aceptado un soborno. Aplicar una sanción deesa naturaleza en nuestro país, sin duda alguna,sería ir contra la doctrina moderna de la justicia,contra el artículo 140.° de la Constitución Políti-ca del Perú y contra la Convención Americana deDerechos Humanos.

Señor Presidente, en las actuales circunstancias,considero que la medida que se contempla en elProyecto de Ley N.° 1189/2000-CR es la más per-tinente, para evitar dar luz verde a la corrupción,para evitar ser burlados por aquellos quemancillan la función pública, convirtiéndola ensinónimo de corrupción. Y a aquellos que proba-

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blemente nunca escucharon hablar de Rabin-dranäth Tagore, les cito una frase de este cele-bre poeta: "Soñé que la vida era servicio y serví,y al despertar comprobé que el servicio era ale-gría", a la cual yo agregaría "y no robo", comoaquí viene ocurriendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer usode la palabra el congresista Serrato Puse.

El señor SERRATO PUSE (VV).— Señor Pre-sidente: Si se acusa al gobierno del ex presidenteFujimori de tener un asesor sin rostro, que sehizo multimillonario a costa de dineros sucios,el gobierno actual del doctor Valentín Paniaguatiene su asesor con rostro; pues sabemos que todoesto no viene directamente del Poder Ejecutivo,sino que primero pasa por la oficina del ministroGarcía-Sayán. Ustedes y todo el Perú lo puedecomprobar, señor Presidente. Cuando a él le con-viene, o cuando son clientes o ex clientes de suestudio, tiene que aplicarse lo que recomienda odispone la Corte Interamericana de DerechosHumanos; pero cuando no es así, como es el casode Alan García, opina y dice: Bueno, lo he pasa-do a la Corte Suprema; pues que ella decida se-gún su parecer.

Sabemos, además, que hay por ahí un dictamende la Comisión de Justicia con el fin de reincor-porar a los vocales apristas que fueron cesadosen el Poder Judicial en el año 1992; y así por elestilo. Señor Presidente, esto es lo que actual-mente viene ocurriendo en nuestro país; lo úni-co que falta acá es que se dé una ley para reducirla pena a los terroristas y a los subversivos.

Tanto le costó al Perú, a la gente pobre, a la gen-te humilde, que veía derramar sangre día a día,noche tras noche, lograr su estabilidad; sin em-bargo, ahora se pretende echar todo por la bor-da. Quiéranlo o no, jamás podrán negar los mé-ritos de la gente que en su oportunidad participóactivamente para conseguir la estabilidad socialdel país; pero ahora con este tipo de leyes, comomuy bien señaló el doctor Altuve-Febres Lores,automáticamente se está destrozando todo lo re-gular, lo bueno o poco bueno que se hizo duranteel régimen pasado.

¡Basta ya de manejar la justicia a nuestro capri-cho! ¡Basta ya de manejar la justicia de acuerdocon nuestros propios intereses! Señor Presiden-te, si queremos investigar, hagámoslo pero deverdad. Sobre este particular ayer he presenta-do una moción de orden del día, que voy a alcan-zar a la Mesa, con el fin de crear una comisión

multipartidaria que investigue los actos de co-rrupción desde el año 1970. Hace pocos días, porejemplo, el diario El Comercio, decano de la prensanacional, reveló en una de sus páginas que Ar-gentina nos ganó 6 a 0 porque el gobierno militarhabía negociado el partido; y así, cosas por el es-tilo.

En consecuencia, aquellos senadores, aquellos di-putados de entonces y aquellos gobernantes quehan tenido que ver con el manejo del Tesoro Pú-blico habrán de ser exhaustivamente investiga-dos. Voy a alcanzar a la Mesa la moción de ordendel día que presenté ayer, cuya finalidad es quese investiguen los actos de corrupción de los go-biernos de los últimos 30 años, porque —comoalguien dijo por ahí— tan ratero es el que robaen el año 2000 como el que robó en 1970, 1974,1980 ó 1985.

Hay mucho por investigar, señor Presidente; peroesa investigación tiene que ser realizada por unacomisión multipartidaria del Congreso en dondeestén representados todos los grupos parlamen-tarios que en verdad quieran limpiar al país de lacorrupción.

Si tenemos que ir al fondo del asunto, pues ha-gámoslo; pero no dejemos una labor a medias tin-tas.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra lacongresista Alva Hart.

La señora ALVA HART (UP).— Señor Presi-dente: Este proyecto de ley ha sido dictaminadofavorablemente ayer en la Comisión de Consti-tución y Reglamento, después de dos días deamplio debate, por cuanto buscamos apoyar al-guna medida o mecanismo con el fin de lucharcontra la corrupción; y no es, como se ha dichohace un momento, que se trate de un proyectoque vulnere la Constitución y la ley.

En este sentido, discrepo del colega Altuve-FebresLores, por cuanto los miembros de la Comisiónde Constitución y Reglamento entendemos quecon la aprobación de este proyecto de ley, que cons-tituye una norma de carácter procesal, en el casoque nos ocupa se va a aplicar la teoría de los he-chos cumplidos, esto es, la aplicación inmediatade la ley al proceso que se inicie como investiga-ción preliminar; porque no estamos hablando deun procedimiento de carácter judicial, sino de unainvestigación preliminar que se va a llevar a caboy que lo único que recoje son medidas de carác-ter cautelar.

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Voy a explicar a los señores congresistas que noson abogados, que las medidas cautelares son aque-llas que permiten que un proceso de investiga-ción se pueda llevar a cabo sin que en ella se pre-senten obstáculos de ninguna clase, como, porejemplo, que la persona investigada pueda fugar-se del país, como lamentablemente ocurrió en elcaso Kouri, en el que la comisión no pudo hacerabsolutamente nada, porque el señor Kouri se fuedel país y nadie pudo impedir su salida, habidacuenta de que sus facultades ya no estaban vigen-tes; asimismo, se pueda proceder a levantar el se-creto bancario, a allanar inmuebles, a incautar do-cumentos, etcétera. Éstas son algunas de las me-didas denominadas medidas cautelares, que lo queúnico que hacen es permitir que la investigaciónpreliminar pueda rendir los frutos esperados.

En ese sentido, señor Presidente, considero queesta norma es muy importante, porque lo quehace es complementar las leyes anticorrupción aque se han referido varios colegas en el trans-curso del debate.

Si nosotros considerásemos que esta norma setiene que aplicar de aquí en adelante, nos esta-ríamos atando de manos para investigar los ac-tos de corrupción cometidos en el gobierno pasa-do, porque los hechos que supuestamente cons-tituyen los delitos se cometieron con anteriori-dad a la vigencia de cualquier norma que sobreel particular podamos aprobar en este Congreso.En ese entendido, la Ley Anticorrupción tampo-co podría aplicarse a los señores ministros y a losfuncionarios del régimen pasado.

Señores, estamos aquí aprobando proyectos ba-sados en la teoría de los hechos cumplidos, demanera que tenemos que estar tranquilos res-pecto a que se trata de normas que rigurosamentecumplen con la Constitución y las leyes.

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— ¿Mepermite una interrupción, colega Alva Harth?

La señora ALVA HART (UP).— Me solicita unainterrupción el congresista Altuve-Febres Lores,señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede interrum-pir, congresista Altuve-Febres Lores.

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— SeñorPresidente, me permito discrepar de la congre-sista Alva Hart en cuanto al punto fundamental,porque nosotros muy bien sabemos que aquí huboun caso muy comentado, el del congresista Palo-mo Orefice, respecto del cual no ocurrió nada;pero no se acabó el mundo por eso.

Por lo tanto, no entiendo por qué se dice que estanorma va a servir para que no haya persecuciónen los casos que se suponen son de corrupción,porque eso viene ocurriendo con las leyes que sehan aprobado hasta el momento. No obstante ello,considero que las cosas se están haciendo bas-tante bien.

El punto que quiero recalcar es que los señoresque están involucrados en muchos de estos casosvan a alegar que se les ha creado una suerte deinterferencia en el debido proceso. Hoy, por ejem-plo, en una revista que aparece todos los jueves,hemos visto publicados los nombres de los exministros a los que se está investigando con unprocedimiento anterior al que se va a aprobar aquíhoy día, con el propósito de aplicarles ahora estenuevo procedimiento.

Por consiguiente, me permito discrepar de la co-lega Alva Harth en relación con ese punto; y sipierdo en esta ocasión, el tiempo dirá si los tribu-nales internacionales le dan la razón a los quehan sostenido y fundamentado esta ley o le danla razón a los que hemos sostenido esta otra opi-nión. Pero el costo será muy alto, señor Presi-dente, debido a que se nos escaparán todos loscorruptos por el hecho de haberse vulnerado eldebido proceso, que es un principio del derechointernacional consagrado en la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Alva Hart.

La señora ALVA HART (UP).— Dentro de unmomento le concedo la interrupción que me soli-cita, colega Ramos Santillán.

Señor Presidente, precisamente por no contar conmedidas cautelares como aquellas que ayer seaprobaron en la Comisión de Constitución y Re-glamento, no se encuentran en el país el generalMalca Vilanueva ni, ahora, el congresista KouriBumachar.

El caso del congresista Palomo Orefice es ajeno aesta situación, es totalmente diferente. Por lotanto, basados en esa circunstancia, no podemosvenir aquí a decir que éste es un proyecto de leyque atenta contra la Constitución y la ley. Obvia-mente, quien se sienta perjudicado por esta pro-puesta legislativa, porque tiene rabo de paja, vaa tener que usar la vieja estrategia de que la mejordefensa es el ataque y no va a aceptar que le le-vanten el secreto bancario o que le incauten do-cumentos, ni va a aceptar que le restrinjan lasalida del país.

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En ese sentido, señor Presidente, yo sí tengo latranquilidad de decir que este proyecto de ley noatenta contra la Constitución ni las leyes.

El señor RAMOS SANTILLÁN (FP).— ¿Mepermite una interrupción, congresista Alva Hart?

La señora ALVA HART (UP).— Me solicita unainterrupción el congresista Ramos Santillán, se-ñor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Aún dispone de unminuto, señora Alva Harth.

Puede interrumpir, congresista Ramos Santillán.

El señor RAMOS SANTILLÁN (FP).— SeñorPresidente, sólo para preguntar a la colega AlvaHart por qué razón se ha excluido de los alcancesde esta propuesta a los congresistas. Si realmentequeremos tener una norma adecuada debemos in-cluir en ella a los congresistas. Si esto ocurre, vo-taré a favor de la iniciativa en debate; caso con-trario, sólo estaremos aquí haciendo demagogia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Le pido que con-cluya su intervención, congresista Alva Hart.

La señora ALVA HART (UP).— Presidente,sólo quiero dar respuesta a la inquietud del cole-ga Ramos Santillán, en los quince segundos queaún me quedan. Los congresistas vamos a estarincluidos en los alcances de la norma, pues la Co-misión de Constitución y Reglamento se ha com-prometido el lunes —para respetar nuestro fue-ro parlamentario y nuestra función de fiscaliza-ción— a hacer todo lo posible por perfeccionarcuanto se refiere al antejuicio político, con el finde que en el Reglamento del Congreso figurenlas medidas cautelares a las que vamos a estarsujetos todos nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra lacongresista Sánchez Pinedo de Romero.

La señora SÁNCHEZ PINEDO DE ROME-RO (PP).— Señor Presidente: Con el afán deque este poder del Estado otorgue las facilidadespara que la gestión del Poder Ejecutivo seviabilice, nosotros hemos creído conveniente daralgunas opiniones, más que sobre la cuestión defondo, sobre el contenido literal de algunos artí-culos de la fórmula sustitutoria del Proyecto deLey N.° 1189/2000-CR, contenido en el dictamende la Comisión de Constitución y Reglamento.

En el primer párrafo del artículo 1.° de la pro-puesta en debate, referido al titular de la investi-gación preliminar, opinamos que se debe supri-mir el vocablo de función, sobre todo, si tenemosen cuenta que tanto en la Constitución como enel proyecto ley remitido por el Poder Ejecutivo sealude a todo delito que esos funcionarios puedancometer durante el ejercicio de sus funciones.

Sabemos cuáles son, porque los delitos de fun-ción ya se encuentran debidamente tipificados;pero cuando consideramos que se debe eliminarde ese primer párrafo el vocablo de función, esporque no sabemos qué va a ocurrir con los deli-tos de extorsión, homicidio, violación, los cualesno podrían ser materia de la investigación preli-minar del Fiscal de la Nación. ¿Cuál es la razónpara hacer esta distinción de los delitos, cuandode lo que se trata es de establecer un procedi-miento especial para la condición de la gente?

En el segundo párrafo del artículo 1.° —y ésta esuna segunda opinión respecto al contenido de esedispositivo— se debe reemplazar la frase el Fis-cal de la Nación formula la denuncia constitu-cional correspondiente por el Fiscal de la Naciónenviará sus conclusiones debidamente fundamen-tadas al Congreso para los fines del antejuicioconstitucional, adjuntando copia certificada delo actuado.

Esa modificación se justifica por lo siguiente. Enprincipio, la investigación preliminar del Fiscalde la Nación no significa que se vaya a omitir elantejuicio político a cargo del Congreso. Por esarazón, precisamente, debe quedar establecido queel Fiscal de la Nación, una vez que ha encontra-do evidencias o indicios razonables de responsa-bilidad penal, deberá remitir los actuados y susconclusiones al Congreso, a efectos de que la Co-misión Permanente proceda a hacer la acusaciónconstitucional correspondiente.

La tercera opinión tiene que ver con el primerpárrafo del artículo 2.° del proyecto en debate,en el cual se debe reemplazar la frase compren-didos en el artículo 99.° de la Constitución porcomprendidos en la investigación preliminar;asimismo, se debe suprimir la parte final del pá-rrafo, cuyo texto dice: "Esta disposición no esaplicable a los funcionarios mencionados en elprimer párrafo del artículo 93.° de la Constitu-ción", y aquí me refiero a la situación política denosotros los congresistas.

Estos cambios se justifican de acuerdo con lo si-guiente. En el primer caso, resulta reiterativohacer referencia al artículo 99.° de la Constitu-ción; además, se sobreentiende que nos estamos

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refiriendo a los funcionarios comprendidos en lainvestigación preliminar, es decir, a los que sehace mención en dicho artículo.

Realmente no existe ninguna razón para que loscongresistas tengan un trato distinto de los de-más funcionarios objeto de antejuicio político.Además, legislar con ventaja podría tener efectoscontraproducentes en la opinión pública —reite-ro—, debido a la especial situación política en quevivimos y a la opinión que la ciudadanía tiene delos congresistas. Por lo tanto, cualquier argumentoa favor de los congresistas podría ser aplicable acualquiera de los otros altos funcionarios.

En el segundo párrafo del artículo 2.°, y ésta esla cuarta opinión sobre el texto en debate, se diceque están excluidas las medidas limitativas dederechos las previstas en el artículo 143.° delCódigo Procesal Penal y las contenidas en losincisos 1) y 2) del artículo 2.° de la Ley N.° 27379.

Creo que este segundo párrafo puede ser supri-mido si modificamos el primer párrafo en los si-guientes términos: "Artículo 2.°.— Los funciona-rios comprendidos en la investigación prelimi-nar pueden ser objeto de las medidas limitativasde derechos previstas en los incisos 3), 4), 5), 6),7) y 8) del artículo 2.° de la Ley N.° 27379".

Señor Presidente, en nombre del grupo parlamen-tario Perú Posible, pongo a disposición de la MesaDirectiva las modificaciones que acabo de propo-ner a los artículos 1.° y 2.° del texto en debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Lam Álvarez.

El señor LAM ÁLVAREZ (C90-NM).— SeñorPresidente: En verdad estoy muy preocupado poreste proyecto de ley, que posiblemente venga delPoder Ejecutivo con carácter de urgencia, por-que implica un tema en el que de por medio estáel derecho del antejuicio político de que gozanlos señores miembros del Congreso y los altosfuncionarios del Estado que tienen que cumplircon su responsabilidad; y en este caso, creo quedebemos ser mucho más reflexivos.

He escuchado la intervención de distinguidoscolegas abogados con relación a la propuesta endebate y, por ejemplo, por un lado advierto el pro-blema de la retroactividad de la norma, que, se-gún tengo entendido, es un derecho que asiste alciudadano. De acuerdo con la Constitución, si nome equivoco, ninguna ley tiene fuerza ni efectosretroactivos, salvo en materia penal, cuando fa-

vorece al reo. Sin embargo, señor Presidente,luego escucho a otros colegas referirse a la teoríade los hechos cumplidos, en la que en buena cuen-ta se nos dice que la retroactividad no vale; en-tonces, ahí sí tengo serias dudas en relación conesta figura.

Y por otro lado, hasta el momento no llego a en-tender lo que significa la investigación prelimi-nar. Desearía que alguno de los miembros de laComisión de Constitución y Reglamento haga unaexposición un poco más extensa si en verdad sequiere que en la presente sesión se apruebe esteproyecto de ley, que tiene que ver con nosotros ycon otros altos funcionarios del Estado.

¿A qué se refiere la investigación preliminar quepueda hacer el fiscal, señor Presidente? Se diceacá que no es lo mismo que el proceso penal, ¿peroimplica que el fiscal no puede citar a nadie sinnecesidad de que la Comisión Permanente o elPleno lo autorice? Eso realmente no me pareceadecuado, señor Presidente.

Con relación a la diferenciación que debe haberentre los altos funcionarios del Estado y los con-gresistas, yo sí creo que debe existir esa diferen-ciación, porque, según la Constitución del Esta-do, el mandato de los congresistas es incompati-ble con el ejercicio de cualquier otra función pú-blica, excepto la de Ministro de Estado, cuandoson llamados para desempeñar tal cargo.

En líneas generales, nuestra función se circuns-cribe principalmente a legislar y fiscalizar; noso-tros no tenemos ninguna injerencia en el manejode los recursos públicos, ésa es la gran diferenciaque entre nosotros y los funcionarios del PoderEjecutivo, que sí tienen el manejo directo de di-chos recursos. Por eso considero que debe haberuna diferenciación entre los otros funcionariosdel Estado y los congresistas, señor Presidente.

Por otra parte, con respecto al trato que se da alos señores congresistas, se ha mencionado acálo que ocurrió con el congresista Kouri Bumachar.En ese caso, creo que sencillamente no se aplicó,en su debido momento, lo que la ley no franquea;en cambio, desde mi punto de vista, se actuó conmucho apresuramiento en el caso del congresis-ta Palomo Orefice. ¿Por qué una medida de esanaturaleza no se pudo aplicar al congresista KouriBumachar?

En verdad creo que aquí existen los mecanismosnecesarios para establecer acciones rápidas y opor-tunas. A este Congreso ha llegado una serie deacusaciones constitucionales contra varios seño-res congresistas, pero nos demoramos demasia-

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do en darles trámite. En consecuencia, si ya con-tamos con los mecanismos adecuados y quere-mos que se haga justicia, simplemente tenemosque hacer que lo que ya se encuentra legisladose aplique de manera oportuna.

Señor Presidente, un proyecto de ley de esta na-turaleza merece una mayor reflexión; de lo con-trario, estaremos actuando con apresuramientosobre un tema de tal importancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Polack Merel.

El señor POLACK MEREL.— Señor Presiden-te: Estamos discutiendo en este momento el Pro-yecto de Ley N.° 1189/2000-CR, estamos hablan-do de moralización y estamos hablando de justi-cia; sin embargo, hace pocos días en este mismoCongreso, específicamente en la Comisión Wais-man, se le trató con guantes de seda, en una se-sión reservada, al señor Santiago Fujimori.

Lamento decir que el país se avergüenza de esaactitud, que el país siente que no se está apli-cando la justicia, que el país cree que el señorSantiago Fujimori no debió ser tratado de la for-ma en que se le trató en esa instancia legislati-va. Si queremos hacer justicia, tenemos que serjustos con todos, y no tratar a algunas personascon guantes de seda, como aquellas que estabana cargo de una camioneta que luego, en la inves-tigación, se demostró que estuvo en la matanzade Barrios Altos; o a una persona que es íntimoamigo de Fernando Zevallos Gonzales, el narco-traficante que se encuentra prófugo de la justi-cia; una persona que ha venido al Congreso dela República a recibir la bendición de la Comi-sión Waisman.

Lamentablemente estamos viviendo momentosque la historia algún día sabrá subrayar y expli-car por qué la señora Carmen Higaonna aún per-manece en el puesto que actualmente ocupa. Ojaláel Congreso tuviera la agilidad para separarla delcargo, ya que la señora Higaonna sabe que hayque investigar las irregularidades en Aduanas;pero Higaonna no podrá nunca investigar aHigaonna, de forma tal que nosotros seguiremosmanteniendo en el cargo a una Contralora queno nos da garantías para controlar e investigarabsolutamente nada.

Posiblemente la vida política del país se tengaque agitar mucho más, señor Presidente, porquevamos a tener la necesidad de levantar inmuni-dades en el Congreso, con el fin de investigar a

algunos congresistas íntimamente ligados a la vidadel señor Alberto Fujimori.

Todavía el Congreso y el país están tratando alseñor Alberto Fujimori como si fuera un profetaque se alejó atribulado de la tierra donde sirvió,y no nos damos cuenta de que es el peor presi-dente que ha tenido nuestro país.

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— Señor Presidente, solicito que el congre-sista Polack Merel retire las palabras injuriosasque acaba de verter.

El señor POLACK MEREL.— Señor Presiden-te, no sé si usted puede poner orden...

El señor PRESIDENTE.— Disculpe, señoraLozada de Gamboa, ¿cuál es la frase que ustedconsidera ofensiva?

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— Señor Presidente, el congresista PolackMerel está injuriando a la familia del ingenieroAlberto Fujimori.

El señor POLACK MEREL.— Señor Presiden-te, con el fin de aligerar el debate retiro la expre-sión peor Presidente y en lugar de ello digo quefue un Presidente desastroso para el país.

El señor PRESIDENTE.— Prosiga, congresistaPolack Merel.

El señor POLACK MEREL.— Señor Presiden-te, lamentablemente no voy a poder contestar ala colega; quisiera hacerlo ahora, pero me quedocon la miel en los labios; en otro momento lo haré,ya que tengo argumentos suficientes para hacerla aclaración respectiva.

Señor Presidente, la provocación viene desde lacazuela, posiblemente porque hay gente con rabode paja que no quiere dejar hablar. En todo caso,le pediría que ponga usted orden en la Sala.

Señor Presidente, parece que a algunos de los co-legas no les ha gustado que hablen de su líder,profeta y guía, que es una persona... ¡Vaya! Tam-poco les gusta lo de profeta ni lo de guía ni lo desalvador; lo siento mucho.

Señor Presidente, los peruanos sienten que elseñor Alberto Fujimori no debería estar en unpaís en donde la Coca Cola cuesta siete dólares,porque él no tiene plata con qué pagarla. ¿Conqué dinero vive en ese país el señor AlbertoFujimori, si acá a cada momento decía que sóloganaba dos mil nuevos soles mensuales?

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En este momento histórico, el país exige que setraiga de regreso al señor Alberto Fujimori, paraque, sin menoscabo del debido proceso, se le juz-gue y que después no se diga —porque la Histo-ria nos va juzgar a nosotros— que no hemos te-nido la capacidad y el coraje de juzgar a un Pre-sidente que realmente es una vergüenza en lahistoria del Perú.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra,congresista Ayaipoma Alvarado.

El señor AYAIPOMA ALVARADO (PP).—Señor Presidente: Este proyecto de ley, que sóloconsta de dos artículos, puede ser discutido entoda su extensión aquí en el Pleno; no obstanteello, quisiera aclarar algunos conceptos de ordengeneral que quizá constituyan interrogantes paranuestra población.

En primer lugar, debo decir que esta propuestano infringe la Constitución en lo relativo alantejuicio político de que gozan las autoridadespúblicas, altos funcionarios, etcétera, porque sólose trata de investigaciones preliminares y des-pués será el Congreso el que someta a estos altosfuncionarios al antejuicio en mención.

En segundo lugar, en ningún momento viola elestatuto de que gozan los altos funcionarios dela nación, porque esta propuesta legislativa noautoriza un procesamiento ni autoriza ningunadetención, sólo autoriza limitaciones temporalesde derechos, que son necesarias en esta clase deprocesos, tales como el levantamiento del secre-to bancario y de la reserva tributaria, el impedi-mento de salida del país, entre otras.

En tercer lugar, el procedimiento establecido enlos artículos 1.° y 2.° del proyecto de ley en deba-te tampoco infringen ninguna norma, puesto queen nada alteran el artículo 100.° del Código Pro-cesal Penal ni la legislación penal vigente, ya quelos investigados serán tratados por el Fiscal dela Nación y por los vocales supremos, como jus-tamente se establece para los altos funcionarios.

En cuarto lugar, el Congreso en ningún momen-to pierde la prerrogativa del antejuicio político;sin embargo, tiene la potestad de establecer laslimitaciones temporales de derechos contenidasen este importante proyecto, en tanto se lleva acabo el antejuicio político y en tanto no se entre-gue al Fiscal de la Nación el informe final o laresolución del Congreso que pone fin al procedi-miento de acusación constitucional.

Por esa parte se está respetando la potestad delCongreso de la República en cuanto a estos dosimportantes aspectos establecidos en la Consti-tución.

Y por último, señor Presidente, con respecto aeste proyecto de ley, se ha hablado aquí en dema-sía de la retroactividad de la norma. Sobre esteparticular, debo decir que el procedimiento quecontiene la propuesta en debate, al constituir unanorma de carácter procesal penal, podrá aplicar-se libremente en todos los casos relacionados afuncionarios que cometan irregularidades, lógi-camente, a partir de su entrada en vigencia.

Ustedes saben perfectamente que muchos fun-cionarios, que han cometido delitos durante elanterior gobierno, se han escapado, muchos sehan escondido y otros se han fugado del país; perotambién hay un sinnúmero de personas que aúnse encuentran en el país y que tendrán que sersometidos a este principio legislativo que ahoravamos a sancionar.

Por ello, la bancada de Perú Posible, como haseñalado la congresista Sánchez Pinedo de Ro-mero, va a votar a favor de este proyecto de ley,que, sin duda alguna, va a contribuir a limpiar alpaís de la corrupción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra lacongresista Schenone Ordinola.

La señora SCHENONE ORDINOLA.— SeñorPresidente: En relación con este proyecto de ley,que cuenta con dictamen unánime de la Comi-sión de Constitución y Reglamento, como aboga-da debo decir que tengo la plena certeza, y puedoponer mis manos al fuego, de que esta propuestade ningún modo vulnera los artículos de nuestraCarta Política, por tanto, en ella no hay ningunainconstitucionalidad.

Es muy fácil decir que algo es inconstitucionalsin siquiera mencionar qué artículo es el que seestá vulnerando, en dónde hay algún tipo de coli-sión y con qué norma. No, señores; no existe talcosa. Este proyecto es total y absolutamente cons-titucional, ya que se ciñe estrictamente a las fa-cultades que se establecen para el MinisterioPúblico y, por ende, para el Fiscal de la Nación.

Recordemos que el artículo 159.° de la Constitu-ción, en sus incisos 1) y 4), dice lo siguiente:

"Artículo 159.°.— Corresponde al Ministerio Pú-blico —y por el nivel de los funcionarios al Fiscalde la Nación—:

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1) Promover de oficio, o a petición de parte, laacción judicial en defensa de la legalidad y de losintereses públicos tutelados por el derecho.

4) Conducir desde su inicio la investigación deldelito. Con tal propósito, la Policía Nacional estáobligada a cumplir los mandatos del MinisterioPúblico en el ámbito de su función."

Es claro, entonces, el dispositivo que acabo dedar lectura; pero tampoco se puede decir que es-tamos constriñendo o atentando contra lo queconstituye la garantía contemplada en el artícu-lo 99.° de nuestra Constitución en favor de losaltos funcionarios del Estado. Acá no estamoshablando de otro tipo de delitos que no sean losdelitos de función, ciñéndonos estrictamente alo que establece el artículo 99.° respecto a la ga-rantía que corresponde a los altos funcionarios oex funcionarios del Estado por todo delito come-tido aprovechando justamente el ejercicio de susfunciones; no existe, por tanto, ningún tipo deaplicación retroactiva de la norma.

¿De qué estamos hablando, señor Presidente?Prácticamente estamos hablando de lo que cons-tituye el ámbito en el cual se realiza una investi-gación preliminar a nivel del Ministerio Públicoy de la Policía; estamos hablando del ámbito enel cual todavía no existe un proceso judicial, to-davía no existe una denuncia del fiscal, todavíano existe un auto de apertura de instrucción departe del juez penal. Recién a partir de ese mo-mento, estimados colegas, nosotros podríamosdecir que estamos cambiando algún tipo de re-glas para los altos funcionarios del Estado; y noestamos tampoco vulnerando la figura del ante-juicio político, sino estamos dando mayores ga-rantías a la ciudadanía, que espera justicia y quela lucha contra la corrupción no sólo sea un sim-ple discurso.

A mí, particularmente, como ex funcionaria delgobierno del ingeniero Alberto Fujimori, comoViceministra de Justicia y como Primera Ministrade Promoción de la Mujer y del Desarrollo Hu-mano, me interesa que mi nombre no esté vin-culado a otros funcionarios que hayan podido abu-sar de la situación en la que se encontraban. Noquiero, por ningún motivo, que se pueda tenderalgún tipo de velo o duda sobre lo que ha sido yes mi actuación dentro de la función pública.

Por ello, la ciudadanía, antes que nadie, tienederecho a la justicia; y los funcionarios compren-didos en el artículo 99.° de la Constitución tie-nen otros derechos mayores, porque esa investi-gación preliminar supone una garantía para evi-tar esa llamada cacería de brujas, ese aspecto casi

policial, casi psicosocial, de armar los denomina-dos andamiajes que muchas veces se crean paratener a alguien a quien señalar, cuando los ver-daderos culpables ya no se encuentran en el país,cuando no se les extradita, cuando no se hace usode los convenios de colaboración para poder traer-los, dentro de lo que constituye la lucha contra lacriminalidad, por haber incurrido en ese tipo dedelitos.

Por eso voy a votar a favor de la propuesta endebate, que constituye una garantía para todos;y doy mi conformidad a pesar de que se excluyede sus alcances a los congresistas.

Señor Presidente, la inmunidad no es sinónimode abuso; no obstante ello, acá nosotros los con-gresistas, con vergüenza, nos estamos excluyen-do del ámbito de esta norma. Mi voto en la Comi-sión de Constitución y Reglamento fue porquelos congresistas también estuviésemos compren-didos y no se nos excluyera de los alcances delartículo 99.° de la Constitución; lamentablemen-te, tuvo que salir en ese orden y se procedió adictaminar, porque es necesario que no retrase-mos más la aprobación de una ley de tanta im-portancia para dar muestras de que la lucha con-tra la corrupción tiene la legalidad y la consti-tucionalidad que todos reclamamos.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Flores-Aráoz Esparza.

El señor FLORES-ARÁOZ ESPARZA (PP).—Señor Presidente: El proyecto de ley en debate,remitido por el Poder Ejecutivo y dictaminado porla Comisión de Constitución y Reglamento, pre-tende que las disposiciones limitativas de dere-chos en investigaciones preliminares previstas enla Ley N.° 27379, aprobadas por este Congreso,también sean aplicables para los altos funciona-rios del Estado sujetos al antejuicio político y aquienes tienen la protección de la denominadainmunidad parlamentaria.

Esta propuesta en modo alguno colisiona con laConstitución del Estado, por lo menos en lo quese refiere al texto contenido en el dictamen de lacomisión informante, porque se trata de accio-nes previas al propio procedimiento de acusaciónconstitucional, es decir, de investigaciones preli-minares que puede hacer el Ministerio Público.

En la Comisión de Constitución y Reglamentohemos hecho diferencia entre los altos funciona-rios que tienen derecho al antejuicio político ylos congresistas, que adicionalmente gozan de in-

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munidad parlamentaria, que en modo alguno sig-nifica impunidad, sino que es un derecho que asis-te a los señores congresistas. ¿Para qué, señorPresidente? Para que puedan actuar con toda li-bertad y ejercer los derechos, las prerrogativas,las facultades y las atribuciones que la Constitu-ción les señala, con arreglo a ley.

Quien más defendió la inmunidad parlamenta-ria, en su momento, indiscutiblemente fue elmaestro Víctor Andrés Belaunde, en una situa-ción parecida a la que hoy estamos viviendo, conmotivo del debate constitucional, allá por el año1932. En una situación histórica muy parecida ala actual, el doctor Víctor Andrés Belaunde de-cía lo siguiente: "El principio de la inviolabilidadparlamentaria no es un privilegio personal; la in-violabilidad parlamentaria es la esencia de la per-sonalidad del Parlamento".

Y reiteró, además, lo que el maestro Duguit de-cía: "La inviolabilidad lo mismo que la irrespon-sabilidad no se establecen ciertamente en inte-rés del diputado que de hecho se aprovecha, sinoen interés del Parlamento, o sea, de la mismasoberanía nacional que el parlamento mismo estárepresentando".

Y qué dicen los constitucionalistas modernos, parano citar solamente a los nacionales. El maestroFernández Segado dice sobre este particular: "Lainmunidad se justifica en atención al conjuntode funciones parlamentarias respecto a las quetiene como finalidad primordial su protección".

Similares conceptos señala, por ejemplo, el maes-tro italiano Biscaretti, cuando dice: "Esas garan-tías, hoy en día la inmunidad, encuentran su ra-zón de ser en la independencia que debe caracte-rizar a toda cámara en su cualidad de órgano cons-titucional del Estado y no en la necesidad de tu-telar el Poder Legislativo de eventuales presio-nes del Poder Ejecutivo".

Entonces, ¿qué es lo que se busca con este pro-yecto de ley, cuyo dictamen viene de la Comisiónde Constitución y Reglamento? Permitir que enel proceso previo investigatorio se puedan tomardeterminadas medidas cautelares respecto de esosaltos funcionarios.

Y nosotros en la Comisión de Constitución y Re-glamento hemos hecho una exclusión, en pro dela inmunidad e inviolabilidad parlamentaria, por-que sólo nosotros, de conformidad con nuestroReglamento, podemos tener medidas limitativasde derechos dispuestas por nosotros mismos; peroen modo alguno dispuestas por un señor fiscal oun juez en un proceso investigatorio previo, ya

que ello atentaría contra la inmunidad parlamen-taria.

No se trata, entonces, de impunidad, que en modoalguno podríamos proteger, sino de inmunidad;pero nosotros mismos daremos nuestras propiasreglas y nuestras propias autorizaciones, y tam-bién levantaremos nuestra propia inmunidad, queprotege a los congresistas en su conjunto. Peroeso no lo podrá hacer, ni siquiera en un procesoinvestigatorio preliminar, ninguna autoridad delMinisterio Público o del Poder Judicial, si antesno cuenta con la autorización del Congreso, enbeneficio, en salvaguarda y en cautela de la pro-pia función parlamentaria que ejercen los con-gresistas individualmente y como órgano colecti-vo y colegiado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra lacongresista Lozada de Gamboa.

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— Señor Presidente: Definitivamente, te-nemos que ser muy responsables al momentode legislar, sobre todo cuando se trata de temastan sensibles como el que en este momento ocu-pa nuestra atención. Ante todo, debo manifestarque estoy plenamente de acuerdo con que se denaquí todas las normas necesarias para que en elPerú de una vez por todas se destierre la corrup-ción.

Quizá sea necesario hacer una revisión profundade nuestra normatividad legal vigente, con el finde poder dar, no sé si en éste o en el próximoCongreso, todo un marco legal que impida quelos focos o tumores de la corrupción, que han exis-tido en todos los gobiernos de nuestra Repúbli-ca, distorsionen realmente las buenas doctrinase intenciones de aquellas personas que ingresa-mos a la actividad política para servir al país.

Señor Presidente, noto que las disposiciones quevamos a aprobar el día de hoy en forma apresu-rada, tal como ha señalado el congresista Altuve-Febres Lores, deben ser motivo de una mayorreflexión, porque, al no poder ser aplicadas, enrazón de que en este caso la ley no es retroactiva,podríamos estar posibilitando la creación de he-rramientas para consolidar algunos focos de co-rrupción.

Esto me inquieta, señor Presidente, y por esarazón quiero dejar aquí sentada mi posición; perome inquieta mucho más cuando noto que en lapropuesta en debate se excluye de sus alcances alos señores congresistas, que también son altos

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funcionarios del Estado, y que si bien es cierto—como bien ha señalado el congresista LamÁlvarez— no administran recursos del Estado,porque su función principal es legislar y fiscali-zar, sin embargo, a través de la labor de fiscaliza-ción, también pueden cometer actos de corrup-ción, como viene ocurriendo en muchos casos, demanera que los congresistas no deben estar exen-tos, una vez levantado el fuero parlamentario,de un juicio y posterior sentencia y castigo.

Acá se ponen de pie los grandes moralizadores ycomienzan a acusar a quienes en alguna oportu-nidad les abrieron la puerta pero entraron por lapuerta falsa, exponiéndonos a todos los parlamen-tarios que desde hace muchos años mantenemosuna línea firme, que actuamos con convicción yque no cambiamos de camiseta, como hacen losjugadores de fútbol, que cada cierto tiempo, deacuerdo con un contrato o a lo que más les con-viene, cambian de equipo. Habemos personas deprincipios y que tenemos valores, que jamás va-mos a poner por debajo de nuestros intereses po-líticos a esos principios y valores.

Estas personas —así cause risa a algunas otrasque sí cambian de camiseta— quieren pasar inad-vertidas poniéndose de pie como grandes mora-lizadores y votando por normas que —según di-cen ellos, entre comillas— son para luchar con-tra la corrupción de los funcionarios públicos; peroexcluyen a los congresistas de sus alcances paraque puedan ser extorsionadores, difamadores,chantajistas y hasta amenazadores, como todossabemos que hay acá, que van por las universi-dades o por algunas empresas cobrando cupos,so pretexto de que si no se les paga comienzan ahacer una campaña de difamación, ya sea en losmedios de comunicación o utilizando al Congre-so para fiscalizar y dárselas así de grandesmoralizadores.

No, señor. Acá, todos los que servimos al Estadodebemos tener las mismas reglas, las mismasprerrogativas y las mismas exigencias. No es po-sible que se deje al congresista de lado, con cartalibre y un cheque en blanco para cobrar cuandose cambie de camiseta o cuando sabe Dios quécosas hace; mientras que los ministros de Esta-do, o aquellos funcionarios que van al Poder Eje-cutivo, están expuestos, incluso, a actitudesrevanchistas y a venganzas, como las que sabe-mos que existen y que por ahora esperemos queno comiencen a manifestarse en nuestro país, aun-que tengo serias dudas por algunas declaracio-nes que he escuchado.

Por lo tanto, si realmente queremos ser fiscali-zadores, empecemos por tratar en la Comisión

de Constitución y Reglamento, en el más breveplazo...

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lozadade Gamboa, la Presidencia le concede medio mi-nuto para que concluya su intervención.

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— No, señor Presidente; dispongo del tiempodel congresista Lam Álvarez, a quien le quedóun minuto con catorce segundos, y de otro colegaque creo que me va a ceder su turno.

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo, puedecontinuar, señora congresista.

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— Señor Presidente, en la Comisión deConstitución y Reglamento hay aproximadamente17 pedidos de levantamiento de inmunidad par-lamentaria que —con todo el respeto que se me-rece el congresista Marcenaro Frers, quien notiene la culpa de que en muchos casos no hayahabido quórum pese a que se citó a sus miem-bros oportunamente— están durmiendo el sue-ño de los justos; porque los congresistas, cuandotienen que ir a sustentar las razones por las quese ha solicitado el levantamiento de la inmuni-dad parlamentaria, se enferman y no acuden asesión; sin embargo, después vienen a este recin-to a pretender calificar a los presidentes de laRepública, a los hermanos o a quien sea, cuandoprimeramente debieran fijarse en la forma en queellos vienen actuando, y acá tengo los documen-tos que lo comprueban.

Así que a moralizar el país a fondo, señor Presi-dente, y no pretender excusarnos en nuestra in-munidad parlamentaria. Yo sería capaz de renun-ciar a mi inmunidad parlamentaria para realmen-te estar expuesta, como debe estarlo todo funcio-nario público, a cualquier investigación.

Basta ya de hacer normas sesgadas, donde sólose aplica mano dura a unos y a los otros se lesdeja...

El señor PRESIDENTE.— Tiene un minutoadicional, congresista Lozada de Gamboa.

La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).— No me interrumpa tanto, señor Presi-dente, que estoy diciendo cosas que, a muchosestán poniendo incómodos.

Para concluir, señor Presidente, simplementeplanteo que este tema sea visto junto con lo quese va tratar aquí el día lunes, de acuerdo con loque nos ha informado el presidente de la Comi-

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sión de Constitución y Reglamento, relacionadocon los procedimientos de acusación constitucio-nal y levantamiento de inmunidad de los seño-res parlamentarios.

Por lo tanto, como cuestión previa, planteo quese presente un proyecto integral sobre la mate-ria, tanto para los funcionarios del Estado comopara los señores parlamentarios. Ésa es la ma-nera real de luchar contra la corrupción, señorPresidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— En uso de las atri-buciones que establece el Reglamento, se va aponer al voto de inmediato la cuestión previa plan-teada por la congresista Lozada de Gamboa, aefectos de que se postergue el tratamiento de esteproyecto de ley para ser tratado junto con la pro-puesta legislativa que la Comisión de Constitu-ción y Reglamento dictaminará en su momento.

Previamente, solicito a los señores congresistasregistrar su asistencia por medio del sistema elec-trónico.

—Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.

El señor PRESIDENTE.— Han registrado suasistencia 74 señores congresistas. Se deja cons-tancia de la presencia en el Hemiciclo de la seño-ra Sánchez Pinedo y del señor Velit Granda.

Se va a votar.

—Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.

—Efectuada la votación, se rechaza, por 47votos en contra, 20 a favor y cinco absten-ciones, la cuestión previa planteada por laseñora Lozada de Gamboa, en el sentido deque la Comisión de Constitución y Regla-mento presente un proyecto integral sobrela materia que incluya a todos los funcio-narios del Estado, entre ellos a los señorescongresistas.

El señor PRESIDENTE.— Ha sido rechaza-da la cuestión previa.

"Votación de la cuestión previa de laseñora Lozada de Gamboa

Señores congresistas que votaron en con-tra: Acuña Peralta, Ayaipoma Alvarado, Bartra

Gonzales, Bueno Quino, Cáceres Pérez, CáceresVelásquez, Canales Pillaca, Chiroque Paico,Chocano Olivera, Cruz Loyola, D’Acunha Cuer-vas, Donayre Pasquel, Estrada Pérez, FarahHayn, Flores-Aráoz Esparza, Guerrero Figueroa,Helfer Palacios, Higuchi Miyagawa, Huamán Lu,Iberico Núñez, Jurado Adriazola, Lau Chufón,Marsano Chúmbez, Martínez Morosini, MasíasOyanguren, Monsalve Aita, Monteverde Temple,Morales Mansilla, Mucho Mamani, Núñez Cas-tillo, Ormeño Malone, Pease García, PennanoAllison, Polack Merel, Ramírez Canchari, RengifoRuiz, Ríos Salcedo, Rivadeneyra Reátegui, RodasDíaz, Saavedra Mesones, Salinas de Torres,Sánchez Pinedo de Romero, Schenone Ordinola,Serrato Puse, Solari de la Fuente, Soria Mongey Vásquez Valera.

Señores congresistas que votaron a favor:Aguirre Altamirano, Altuve-Febres Lores, ArroyoCobián, Blanco Oropeza, Castañeda Castañeda,Del Carpio Farfán, Gonzales Inga, Lam Álvarez,Lozada de Gamboa, Manrique Pacheco, RamosSantillán, Reátegui Flores, Reggiardo Sayán,Salgado Rubianes de Paredes, SarmientoMartínez, Terán Adriazola, Vara Ochoa, VásquezVillanueva, Vega Fernández y Vílchez Malpica.

Señores congresistas que se abstuvieron:Joy Way Rojas, León Trelles, Marcenaro Frers,Rodríguez de Aguilar y Velit Núñez."

El señor PRESIDENTE.— Continúa el deba-te sobre el tema principal.

Tiene la palabra la congresista Donayre Pasquel.

La señora DONAYRE PASQUEL (FIM).—Señor Presidente: Voy referirme a dos temas pun-tuales para el análisis del dictamen emitido porla Comisión de Constitución y Reglamento; elprimero de ellos es el referido a los privilegios delos señores parlamentarios, entre los cuales seencuentran —según tengo entendido— el de lainmunidad y el de la inviolabilidad parlamenta-rias; y el segundo, con relación a la aplicación dela ley en el tiempo, que ha sido cuestionado porel congresista Altuve-Febres Lores.

En cuanto al primer tema, debemos entender quelos privilegios de la inmunidad parlamentaria aveces suelen confundirse con el de la inviolabili-dad, aunque la inviolabilidad se refiere específi-camente a aspectos que están fuera de la funcióncongresal en sí, es decir, a la comisión de delitosde naturaleza penal, tal como ha expuesto el doc-tor Flores-Aráoz Esparza, que ha hecho la dis-tinción perfectamente.

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Estamos hablando de privilegios que tienen porobjetivo fundamental preservar el ejercicio de lafunción parlamentaria, de la función congresalen sí, es decir, son privilegios de los cuales nodebemos abusar, pues ellos crean una especie deprotección para poder preservar la libre expre-sión del parlamentario y el libre ejercicio de sufunción fiscalizadora. En ese sentido, tienen surazón de ser y tienen la protección que les brin-dan distintos ordenamientos a nivel mundial.

Incluso, señor Presidente, puedo citar autorescomo Cushing, quien señala que ningún miem-bro del Congreso puede ser cuestionado o casti-gado por ningún otro tribunal o autoridad, sinopor la misma Asamblea. Ésa es la razón por lacual en la Comisión de Constitución y Reglamentose ha propuesto que a los parlamentarios, si bienes cierto se nos excluye de los alcances de esteproyecto de ley, sí se nos incluya a través de unamodificación en el Reglamento del Congreso.

Que quede claro, señor Presidente, que los par-lamentarios no nos estamos excluyendo de ma-nera definitiva de los alcances de la ley, ya quevamos a proponer la modificación pertinente delReglamento. En la Comisión de Constitución yReglamento nos hemos comprometido ha presen-tar el proyecto de ley respectivo para que estelunes pueda ser aprobado por el Pleno. ¿Por qué,señor Presidente? Porque es la propia Asambleala que a nosotros, como representantes del pue-blo, nos tiene que quitar en algún momento esosprivilegios para poder pasar a otro poder del Es-tado completamente distinto, como es el PoderJudicial.

Por otro lado, simplemente de manera anecdótica,quiero citar la sentencia del Tribunal Constitu-cional español del 22 de julio de 1985, que preci-samente, con esa garantía de la inviolabilidad delos parlamentarios, los protege para evitar —dicela sentencia— que la vía penal sea utilizada conla intención de perturbar el funcionamiento delas Cámaras o de alterar la composición que alas mismas ha dado la voluntad popular. Ése esel meollo del asunto, señor Presidente.

La representación de la voluntad popular que nosha ordenado a nosotros estar aquí en el Congre-so es la que nos tiene que levantar la inmunidadparlamentaria a través de nuestros propios re-presentantes.

En cuanto al tema de la aplicación de la ley en eltiempo, debo sostener que, aparentemente, hayuna confusión entre lo que constituye la aplica-ción de la pena para los delitos que se han come-tido y la aplicación de esta norma que es de na-

turaleza eminentemente procesal, pues se refie-re a medidas preventivas para evitar que los efec-tos de estos delitos puedan tener lugar. Dentrode esos efectos probables están, por ejemplo, quese oculten algunos bienes para que no puedanser incautados, o que en algunos casos no puedarecuperarse algunos documentos que se encuen-tran en poder de algunos ex funcionarios.

Quiero citar, señor Presidente, al maestro Alzamo-ra Valdez, que muy claramente señala que nodeben confundirse los efectos retroactivos de laley con los llamados efectos inmediatos, teoría delos hechos cumplidos, contenida también en elTítulo Preliminar de nuestro Código Civil.

Los efectos inmediatos obran en dos circunstan-cias: una, cuando la ley modifica los hechos pro-ducidos después de su vigencia. ¿Y cuáles son,señor, los hechos producidos después de su vi-gencia? El que los señores que se vean afectadospor esta ley tiendan a esconder sus bienes o tien-dan a no proporcionar los documentos que les seanrequeridos. Y la otra circunstancia es cuando semodifica el curso de una relación jurídica. Es de-cir, en este supuesto estamos perfectamente...

El señor PRESIDENTE.— Tiene un minutopara concluir su intervención, señora DonayrePasquel.

La señora DONAYRE PASQUEL (FIM).—Tengo el tiempo que corresponde a mi bancada,señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Conforme. Puedeusted continuar, señora congresista.

La señora DONAYRE PASQUEL (FIM).—Antes, permítame conceder la interrupción queme solicita el congresista Altuve-Febres Lores,señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede interrumpir,congresista Altuve-Febres Lores.

El señor ALTUVE-FEBRES LORES.— SeñorPresidente, después de haber escuchado la bri-llante exposición de la colega Donayre Pasquel,una congresista hermosa e inteligente con la queme honro en discrepar, me permito decir que laley penal no se rige por analogía. Ergo, los temasde carácter civil y procesal civil yo no los compa-raría con los de la ley penal ni con los de la leyprocesal penal.

Sin embargo, de todas maneras considero brillan-tes los argumentos de la congresista DonayrePasquel, quien —como he dicho— es sumamen-

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te inteligente y ha tenido, además, una conductade permanente oposición y una trayectoria fir-me, sin adoptar actitudes novedosas o instantá-neas y sin cambiar de lugar en este Hemiciclo demanera repentina; por lo tanto, es un honor paramí recibir las críticas de la colega.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Donayre Pasquel.

La señora DONAYRE PASQUEL (FIM).—Muchas gracias, congresista Altuve-Febres Lo-res.

Voy a continuar, si ustedes me permiten. Por fa-vor, colegas congresistas, entiendo el entusias-mo que ha causado en ustedes las palabras delcongresista Altuve-Febres Lores; pero permítan-me seguir instruyendo sobre el tema en cuestión.

Decía, señor Presidente, con relación a la teoríade los hechos cumplido, citando ahora al doctorMarcial Rubio Correa, que fue también mencio-nado por el presidente de la Comisión de Consti-tución y Reglamento, que la teoría de los hechoscumplido opta por defender tanto la obligatorie-dad de la norma reciente —en este caso, de estanorma que se aplicará a partir de su vigencia—como la atribución que tiene el Estado de alterarlos mandatos, ya que el Estado está en su perfec-ta capacidad, a través del Poder Legislativo, deponer en vigencia una norma que permita ga-rantizar que estos funcionarios, habiendo come-tido delito, no puedan estar exonerados del cum-plimiento de la ley a través de medidas preventi-vas como las que hoy día vamos a aprobar.

Quiero dejar constancia de que mi voto va a ser afavor del proyecto de ley contenido en el dicta-men de la Comisión de Constitución y Reglamen-to, como oportunamente lo hice en esa instancialegislativa; y además debo señalar que tengo elcompromiso, no solamente con los integrantesde la comisión sino también con el pueblo perua-no, de aprobar un proyecto de ley de modifica-ción del Reglamento, porque el objeto y el espíri-tu de esta propuesta no es que los congresistasnos libremos de alguna investigación; no se tra-ta de eso, señor Presidente, nosotros queremosser sujetos de investigación si en algún momen-to cometemos un delito.

El objeto es que el procedimiento del antejuiciopolítico para los congresistas sea mucho más ágil;por esa razón, vamos a modificar el Reglamento,con el fin de que se pueda levantar nuestra in-munidad parlamentaria en el menor tiempo po-

sible y se nos pueda poner a disposición del Po-der Judicial, como debe ser.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra lacongresista Salgado Rubianes de Paredes.

La señora SALGADO RUBIANES DE PARE-DES (C90-NM).— Señor Presidente: Nadie eneste Congreso puede ni debe avalar la corrupción,menos aún después de los últimos descubrimien-tos que indignan a todos los peruanos y que ten-drán que ser investigados y sancionados con se-veridad.

Quiero decir, además, que si hubiera alguna per-sona que tuviese datos, indicios o pruebas de al-gún acto de corrupción e hiciera la denuncia res-pectiva, eso no seria suficiente, pues ésta tiene laobligación de llevar ante el Fiscal de la Nación oante el Congreso de la República esos datos, in-dicios y pruebas concretas.

Nosotros no podemos ni debemos avalar ningúnacto de corrupción, señor Presidente; pero tam-poco, por evitar que se cometa este tipo de actos,podemos pretender dar leyes que a la larga pue-den traer dificultades o problemas en las propiasinvestigaciones, como en su momento manifestóel congresista Altuve-Febres Lores.

Sabemos que ninguna ley tiene fuerza ni efectosretroactivos; pero podría darse el caso de que sitratamos de aplicar esta norma —de aprobarsehoy la propuesta en debate— a aquellas perso-nas que tienen responsabilidad por actos de co-rrupción, éstas podrían apelar ante las cortes in-ternacionales y, por un mal procedimiento, lograrser exculpados.

No pretendamos, entonces, dar normas que lue-go pueden ser mal aplicadas por cuestiones decarácter político. Nosotros, como parlamentarios,tenemos una función netamente política; y ca-sualmente ese derecho es con el fin de preservarnuestras ideas y nuestras posiciones políticas,porque nosotros no administramos recursos delEstado, no administramos presupuestos, ni ad-ministramos proyectos ni obra alguna, de mane-ra que nuestra función no se puede comparar conla que tiene un miembro del Poder Ejecutivo, yasea del Gobierno Central, del gobierno regionalo de los gobiernos locales.

Yo recuerdo que en la Comisión de Descentrali-zación se produjo un gran debate sobre si los al-caldes debían o no tener derecho a la inmunidady al antejuicio político, el cual fue oportunamen-

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te resuelto, porque ellos —según la norma— te-nían entre sus manos la administración de re-cursos públicos, que no constituyen dinero de ellossino del Estado. Ése fue el primer argumento paradecir: "No tienen derecho al antejuicio político,no les asiste ese derecho", que sí lo tenemos losparlamentarios.

Sin embargo, señor Presidente, quiero hacer no-tar que de aprobarse esta propuesta legislativa,podría darse el caso de que pueda ser aplicadapor gente obnubilada por el odio, que no está apre-ciando objetivamente las cosas basándose en prue-bas fundamentadas, sino que lo está haciendo conun rencor muy profundo, y me imagino que debetener sus razones; pero ésa no es la forma de ac-tuar de un parlamentario, de un juez o de unministro, que tienen que mantener la mente fríay actuar con objetividad ateniéndose a las prue-bas.

Quizá, señor Presidente, con esta norma —en lacual creo que debemos estar incluidos los con-gresistas— nos van a perseguir por nuestras ideas,para alterar la composición de nuestras agrupa-ciones políticas, y ninguno va a estar libre de ello;simplemente pondrán una acusación y punto. Yalos veo a ustedes incautando nuestra correspon-dencia, nuestros libros, y hasta nuestros dere-chos más privados que nos corresponde de acuerdocon el mandato constitucional.

En consecuencia, creo que esta propuesta legis-lativa, con la cual pretendemos que no se esca-pen del país quienes han infringido la ley, o so-bre quienes hay indicios o pruebas palpables, tieneque verse desde diferentes aspectos; y uno de ellosprecisamente consiste —como ya lo ha señaladola congresista Alva Hart y creo que también lacolega Donayre Pasquel— en que es necesariomodificar nuestro Reglamento, donde hay pasosmuy tediosos y hasta engorrosos para llegar a unmismo fin.

Creo que si aceleramos el procedimiento que ac-tualmente contempla nuestro Reglamento, va-mos a poder cumplir con el antejuicio político aque tienen derecho todos los altos funcionariosdel Estado; pero, a la vez, vamos a evitar queescapen aquellos que han infringido la ley.

En este caso, creo que el Reglamento es el armamás oportuna; tal vez ahora no sea la ley sino elReglamento el que tenga que dar celeridad a estederecho del que nosotros gozamos, pero en el quesi se comprueba que...

El señor PRESIDENTE.— Su tiempo ha con-cluido, señora Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES DE PARE-DES (C90-NM).— Permítame treinta segundospara concluir, señor Presidente.

—Asume la Presidencia el señor HenryPease García, durante la anterior interven-ción.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar porel tiempo que solicita, señora congresista.

La señora SALGADO RUBIANES DE PARE-DES (C90-NM).— Decía, señor Presidente, quesi se comprueba que el ministro, el Presidente,el vocal supremo o el alto funcionario ha incurri-do en la comisión de algún tipo de delito, éstetiene que ser sancionado con celeridad y severi-dad.

Por lo tanto, pese a que hace un momento la co-lega Lozada de Gamboa planteó una cuestiónprevia que fue desestimada, sugeriría a quieneshan elaborado esta propuesta legislativa, que serevise nuestro Reglamento antes de aprobar unproyecto de ley que podría no ser bien aplicado,dado que en estos momentos los odios están muyencontrados y en carne viva.

Muchas Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Guerrero Figueroa.

El señor GUERRERO FIGUEROA (SOMOSPERÚ).— Señor Presidente: Sin duda alguna,esta iniciativa tiene para nosotros una gran im-portancia en el momento actual; porque, en cin-co años de resistencia contra la dictadura fujimo-rista, si mal no recuerdo, de más de mil acusacio-nes constitucionales que se presentaron en esteCongreso, sólo cuatro de ellas fueron debidamenteresueltas: una contra los tres magistrados delTribunal Constitucional, dos contra congresistasde la oposición y una contra un congresista deloficialismo. El resto de acusaciones, hasta ahorasigue durmiendo el sueño de los justos.

La investidura que tenemos nosotros los congre-sistas, como bien se ha señalado hace un momentoen este Hemiciclo, supone básicamente las fun-ciones de legislar y fiscalizar; y precisamente estapropuesta tiene que ver con un asunto de fiscali-zación, del cual ningún peruano debe estar exen-to y menos nosotros, que tenemos el mandato deluchar contra el virus de la corrupción que hacorroído a la sociedad peruana y que está destru-yendo al Estado peruano, impidiendo que fun-cione una verdadera economía de mercado y querealmente se desarrolle el capital en el Perú, cuya

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incidencia es vital para que pueda haber trabajopara todos los peruanos.

Es en este contexto que tenemos que respaldaruna iniciativa de esta naturaleza, con el propósi-to de que el Fiscal de la Nación pueda realizarinvestigaciones preliminares al procedimiento deacusación constitucional por la presunta comi-sión de delitos de función atribuidos a funciona-rios del Estado, entre los cuales, indudablemen-te, tienen que estar incluidos los congresistas,ya que no existe ninguna razón para excluirlosde los alcances de esta propuesta.

Todos aquellos funcionarios que son sujetos deacusación constitucional necesariamente debenestar comprendidos en los alcances de la propues-ta en debate; por eso pediría al presidente de lacomisión informante que haga las precisiones delcaso, porque nuestro grupo parlamentario SomosPerú la va a respaldar en cuanto sea sometida avotación.

Por otro lado, debemos entender que nuestro Re-glamento, en lo que respecta al procedimientode investigación y de acusación constitucional,necesariamente tiene que ser modificado, porquequienes venimos trabajando en las comisiones in-vestigadoras encontramos que contiene demasia-dos parámetros, lo que no nos permite realizaruna investigación profunda, ni establecer rela-ción alguna, ni terminar con aquellos corruptosque usufructúan de los dineros del Estado, queactúan a través de lobbies, que emplean meca-nismos de persecución política o que buscan chan-tajear a los demás para seguir viviendo de situa-ciones que no son las más decorosas.

Desde ese punto de vista, señor Presidente, de-bemos recordar que han pasado 119 días del fa-moso vídeo Kouri-Montesinos; sin embargo, elpueblo peruano aún observa que muchos corrup-tos, que han minado y siguen minando el siste-ma, sencillamente continúan en libertad, sin re-cibir hasta el momento una sanción ejemplar;otros han fugado del país, otros se encuentranocultos y hacen lo que desean, etcétera; y los me-nos corruptos —llamémoslos así—, siempre sonlos que pagan los platos rotos.

Señor Presidente, así como los grandes narcotra-ficantes siguen libres, muchos de los medianos yde los pequeños se encuentran detenidos; es de-cir, aquellos que cuentan con un sistema organi-zado, simple y llanamente tienen la capacidadnecesaria para evitar ser encarcelados y juzgados.

Por las razones expuestas, señor Presidente, elgrupo parlamentario Somos Perú va a votar a

favor de esta propuesta legislativa; pero, induda-blemente, si bien es cierto que es necesario mo-dificar la parte pertinente del Reglamento, comobien ha señalado la colega Alva Hart, también esnecesario que en esta propuesta se precise en for-ma clara —hago este pedido al presidente de laComisión de Constitución y Reglamento— quelos congresistas también debamos estar compren-didos en los alcances de esta norma, a fin de queel Fiscal de la Nación pueda realizar las...

El señor PRESIDENTE.— La Presidencia leconcede un minuto adicional para que pueda con-cluir su intervención, congresista GuerreroFigueroa.

El señor GUERRERO FIGUEROA (SOMOSPERÚ).— Decía, señor Presidente, para que elFiscal de la Nación pueda realizar las investiga-ciones preliminares al procedimiento de acusa-ción constitucional por la presunta comisión dedelitos de función.

Por consiguiente, pido al señor presidente de la Comi-sión de Constitución y Reglamento que recoja eseplanteamiento, que también ha sido puesto demanifiesto por diversos señores congresistas, conlo cual nuestro grupo parlamentario votará a fa-vor de la propuesta, porque pensamos que la co-rrupción es un delito contra el cual tenemos queluchar y unirnos todos los peruanos, con el fin dedar ejemplos dignos y claros de sanción rápida yeficaz.

En esta tarea, todos estamos comprometidos,señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Acuña Peralta.

El señor ACUÑA PERALTA (UP).— SeñorPresidente: En primer lugar, debo anunciar quevoy a votar a favor de la iniciativa en debate.

Si en nuestro país hubiera habido una norma deesta naturaleza, de hecho que al día siguiente enque la población observó el famoso vídeo Kouri-Montesinos el fiscal hubiese procedido a adoptarlas medidas del caso y a realizar las investigacio-nes preliminares por la presunta comisión dedelitos.

Yo no soy abogado y creo que no es necesario serlopara decir que hoy más que nunca es necesarioaprobar un proyecto de ley de esta naturaleza conel fin de evitar la corrupción; hoy más que nuncatenemos que comprometernos a juzgar y sancio-

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nar a todos aquellos funcionarios que han come-tido delitos en el ejercicio de sus funciones, y noperder el tiempo o demorar el proceso de inves-tigación aprovechando lo que contempla el artí-culo 99.° de la Constitución.

Hay, además, una responsabilidad de parte delCongreso de la República de aprobar hoy esta pro-puesta, sobre todo, si tenemos en cuenta que hasido remitida con carácter de urgente por el Po-der Ejecutivo. Hoy más que nunca el ParlamentoNacional tiene que dar su respaldo al Poder Eje-cutivo con el fin de coadyuvar a la moralizacióndel país y para que en el menor tiempo posiblepuedan ser sancionados aquellos delitos cometi-dos por los funcionarios del gobierno anterior.

Nosotros, como Congreso, debemos dar muestrasal país de que tenemos el compromiso y la res-ponsabilidad de sancionar todos los actos de co-rrupción que se han cometidos durante el régi-men anterior y los que se podrían cometer en elpróximo gobierno.

Creo que este proyecto de ley va a servir paraque los funcionarios que se encuentran compren-didos en el artículo 99.° de la Constitución ten-gan cuidado de no cometer delitos en el ejerciciode sus funciones.

Esta propuesta legislativa va a permitir acelerarel castigo de los funcionarios públicos que pue-dan haber incurrido en actos de corrupción; y,además, va a permitir agilizar todos los trámitespara no demorar tanto tiempo en sancionar losdelitos que se puedan haber cometido.

Es cierto lo que señaló en su intervención el con-gresista Guerrero Figueroa, han pasado 119 díasdesde que pudimos observar el famoso vídeoKouri-Montesinos y, sin embargo, hasta la fechano ha ocurrido absolutamente nada. Sobre elparticular, creo que ya hay un informe acusato-rio de la subcomisión encargada de realizar lasinvestigaciones sobre la acusación constitucionalcontra el congresista Kouri Bumachar, que posi-blemente mañana se vea en el seno de la Comi-sión Permanente. A ese paso, quizá tengan quetranscurrir —me imagino— 150 días o más pararecién castigar a un congresista por la comisiónde un delito.

Por ello, quisiera pedir a los señores congresistasque nos despojemos hoy de nuestros interesespersonales y que respaldemos al Presidente de laRepública, a través de este proyecto de ley remiti-do por el Poder Ejecutivo, porque es la única for-ma, ahora que estamos en plena época electoral,de moralizar el país. Es necesario sancionar una

propuesta de esta naturaleza para que, a partirdel próximo 28 de julio, el gobierno que se instaleponga el mayor cuidado en lo se refiere a la res-ponsabilidad de los funcionarios del Estado com-prendidos en el artículo 99.° de la Constitución.

Ésa es la razón por la que voy a respaldar estainiciativa, así como todas las que vengan del Po-der Ejecutivo, porque creo que, hoy más que nun-ca, el Congreso de la República tiene que brindarsu respaldo al actual Presidente de la República,doctor Valentín Paniagua Corazao.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Del Castillo Gálvez.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ.— SeñorPresidente: En principio, debo decir que este pro-yecto de ley merece todo nuestro respaldo, por-que es indispensable adoptar medidas legislativasexcepcionales que autoricen algunas actuacionesde orden cautelar, tratándose de investigacionespor la presunta comisión de delitos atribuidos afuncionarios que gozan de fuero constitucional.

Hemos advertido que el fuero muchas veces pue-de convertirse en una suerte de protección exa-gerada, fuera de lugar, y yo diría que hasta pro-tectora de algunas situaciones de impunidad, enun marco en el que recién estamos de retorno ala democracia, empezando por un Poder Judicialque cada vez adquiere mayor independencia y au-tonomía como institución, e individualmente, através de sus magistrados; pues éste es un proce-so que confía en los jueces y en su discrecionalidadpara la mejor aplicación de su criterio.

Éste es un proceso autoritativo que termina enla decisión soberana del magistrado, quien debedecidir si adopta algunas medidas de carácterlimitativo para las personas que están sujetas aeste tipo de procedimiento.

De modo que nosotros estamos plenamente deacuerdo con los términos de la propuesta en de-bate, siendo sin duda discutible si los congresis-tas deben o no estar excluidos de sus alcances.Ése es realmente el punto esencial, ya que —como hemos podido advertir— en un caso, por lomenos, ha habido una virtual fuga del país, debi-do a que materialmente no hubo la posibilidadde impedirla; no obstante ello, este tipo de nor-mas, en manos de gobiernos autoritarios, nuncadejan de ser peligrosas.

En todo caso, señor Presidente, creo que, even-tualmente, esa interesante adición que proponen

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los señores congresistas, si fuera necesario y laMesa lo estimara conveniente, podría usted so-meterla a votación por separado. Pero en su con-junto, estamos completamente de acuerdo conlos términos del proyecto en debate, porque con-sideramos que debemos respaldar las medidas demoralización del gobierno a través de iniciativaslegislativas como las que hoy estamos comentan-do.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Chávez Sibina.

El señor CHÁVEZ SIBINA (SOMOS PE-RÚ).— Señor Presidente: Es indudable que elproyecto de ley en debate debe ser aprobado hoypor la Representación Nacional.

En ese sentido, este Congreso debe legislar conel fin de alcanzar al Ministerio Público los ins-trumentos legales pertinentes para que puedainvestigar los excesos del régimen anterior y tam-bién los del actual. Si el gobierno anterior hubie-se investigado en forma oportuna los actos decorrupción y las comisiones de este Congresohubiesen cumplido con su tarea fiscalizadora, hoyno estaríamos en una situación como ésta, Se-ñor Presidente.

A modo de información, debo decir que, entreagosto de 1998 y julio de 1999, la comisión quepresidía el colega Jorge Trelles Montero archivómás de 300 denuncias por delitos de corrupciónde ministros, presidentes de CTAR, fiscales, vo-cales, etcétera; y, entre agosto de 1999 y julio de2000, el colega Daniel Espichán Tumay archivómás de 272 denuncias de la misma naturaleza.Señor Presidente, en la memoria anual constaque, de 64 denuncias existentes, sólo se aprobóuna, contra la congresista Beatriz Merino Luce-ro.

El tema central, entonces, es la corrupción delos altos funcionarios del Estado, para lo cual elgobierno fujimontesinista convirtió el procedi-miento de acusación constitucional en un escu-do protector. Por eso hoy podemos entender cómoes que en cinco años —como mencionó en su in-tervención el congresista Guerrero Figueroa—que en este Congreso se presentaron más de milacusaciones constitucionales, jamás hubo sanciónalguna para los responsables.

Ahora podemos entender por qué en cinco añosno se sancionó absolutamente a nadie, y tambiénpor qué hoy estamos abocados a evaluar algunasformas de sanción para luchar contra la corrup-

ción, ya que ese escudo protector servía como unarma de persecución política, que tenía unapuertecita que podían abrir a través de este Con-greso, para sancionar injustamente a aquellos quediscrepaban de este gobierno.

Hoy en día tenemos un Ministerio Público nosubordinado al poder político, señor Presidente;por eso pensamos que este proyecto de ley es muyimportante para el país, porque va a permitiragilizar la lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, el congresista Velit Granda y quienhabla formamos parte de una subcomisión en-cargada de investigar los excesos de los funcio-narios públicos; pero, a decir verdad, en estemomento nos encontramos atados de manos pararealizar nuestra tarea. Por eso es necesario queel Reglamento del Congreso sea modificado, a finde que toda investigación que se lleve a cabo enel Parlamento pueda arribar a sanas conclusio-nes; porque se nos otorga un mandato para in-vestigar, mas en la investigación nos encontra-mos con cada cosa —imposible de revelar porquela comisión nos lo tiene prohibido— que no nospermite continuar con nuestro trabajo, por lo quesencillamente necesitamos que la Comisión Per-manente o el Pleno del Congreso nos autorice parainvestigar esas otras cosas. Hay, entonces, ennuestro Reglamento un entrampamiento quebeneficia a los corruptos, señor Presidente.

Por las razones expuestas, debo señalar que es-toy de acuerdo con la ponencia de varios congre-sistas del ex oficialismo y del grupo parlamenta-rio Somos Perú, a efectos de que la propuesta endebate incluya dentro de sus alcances a los seño-res congresistas. Así como ocurre con el Presiden-te de la República y los altos funcionarios delEstado, también los congresistas debemos serpasibles de investigación y de denuncia constitu-cional. ¡Aquí no debe haber personas que se sien-tan con corona o por encima de otros!

Antes de concluir, señor Presidente, anuncio quevoy a votar a favor de la propuesta en debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Jurado Adriazola.

El señor JURADO ADRIAZOLA (SOMOSPERÚ).— Señor Presidente: Es evidente que losactos de corrupción descubiertos en los últimosdiez años han hecho que los congresistas, el Po-der Ejecutivo y ahora este gobierno de transicióntengamos que meditar muy seriamente, con elfin de elaborar leyes anticorrupción que de una

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vez por todas hagan posible una democracia au-téntica.

Sinceramente creo que este proyecto de ley es demucha importancia, puesto que otorga faculta-des al Fiscal de la Nación para que pueda formularacusaciones constitucionales contra funcionariosdel Estado que antes sólo podían ser tocados porla Comisión Permanente del Congreso, de acuerdocon la Constitución y con el Reglamento del Con-greso, que tiene fuerza de ley.

En ese sentido, siendo conciso pero a la vez con-tundente, adelanto que los miembros del grupoparlamentario Somos Perú van a votar a favorde este proyecto de ley, con lo cual se pone enevidencia que un Fiscal de la Nación totalmenteindependiente puede...

El señor MARSANO CHÚMBEZ.— ¿Me per-mite una interrupción, señor Jurado Adriazola?

El señor JURADO ADRIAZOLA (SOMOSPERÚ).— Cómo no, con la venia de la Presiden-cia.

El señor PRESIDENTE.— Puede interrum-pir, congresista Marsano Chúmbez.

El señor MARSANO CHÚMBEZ.— Señor Pre-sidente, mi intervención es sólo con el fin de ha-cer una atingencia a la posición respecto de lacual algunos colegas vienen sosteniendo que no-sotros los congresistas deberíamos estar compren-didos en los alcances de la propuesta en debate;ésa es la única diferencia sustancial que existeentre el proyecto de ley remitido por el PoderEjecutivo y la formula sustitutoria contenida enel dictamen emitido por la Comisión de Consti-tución y Reglamento.

Sin perjuicio, por supuesto, de la forma en queha sido redactada, que, en mi criterio, constitu-ye un excelente trabajo en lo que a sus artículos1.° y 2.° se refiere; pero es fundamental que se-pamos que existe una diferencia jurídica entreel privilegio que asiste a un parlamentario y aquelque tiene un funcionario público. El privilegiode que goza el parlamentario nace del poder po-lítico, en el cual descansa el derecho; por esa ra-zón es que ese privilegio no puede ser recortado,señor Presidente.

Le agradezco al colega Jurado Adriazola que mehaya brindado esta oportunidad, ya que no dis-ponía de tiempo para intervenir.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Jurado Adriazola.

El señor JURADO ADRIAZOLA (SOMOSPERÚ).— Señor Presidente, efectivamente, esteproyecto de ley va a hacer mucho bien a la admi-nistración de justicia en nuestro país. Ultimamen-te hemos sido testigos de muchos casos de corrup-ción; sin embargo, muy pocas personas han sidoacusadas en cumplimiento de lo que la ley exige,no obstante haber otras que, habiendo ocupadoaltos cargos y asumido grandes responsabilida-des que el pueblo les dio, han incurrido en unaserie de delitos.

En ese sentido, considero que es sumamenteimportante incluir a los congresistas en los al-cances de la propuesta en discusión, porque hayquienes no vienen aquí a defender los interesesdel país, sino a defender los intereses de ciertoslobbies mineros, de las AFP, etcétera. Acá tene-mos que ser totalmente claros y, por ello, debe-mos poner de manifiesto que los congresistassomos iguales que los demás ciudadanos que ocu-pan ciertos cargos públicos, de modo que tam-bién deberíamos ser pasibles de acusación cons-titucional por parte del Fiscal de la Nación, si enalgún momento incurriésemos en actos que aten-ten contra la Constitución y las leyes.

Esto es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Morales Mansilla.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Señor Presidente: Cuántas horas de debate ycuántas de malas interpretaciones se hubieraevitado el Congreso, y se las hubiéramos evitadoal pueblo peruano, si en los últimos 10 años, an-teriores al gobierno de transición, los congresis-tas hubiesen cumplido con la tarea de fiscalizar,que es inherente a su función.

Los colegas que hace unos momentos han hechouso de la palabra han sido pródigos en recordarque son cientos de denuncias y cientos de acusa-ciones constitucionales que en cinco años fuerondesestimadas, por el solo hecho de venir de losgrupos de la oposición y de querer amparar a losfuncionarios del régimen que, felizmente, ya nogobierna más el país. ¡Qué lamentable situación,señor Presidente!

No obstante ello, en este momento el país está ala espera de acciones concretas para que el go-bierno constitucional de transición cumpla con

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los objetivos supremos por los cuales fue instala-do: en primer lugar, obviamente, está la reinstitu-cionalización democrática del Perú; en segundolugar, la necesidad de consolidar nuestra econo-mía; en tercer lugar, la responsabilidad de reali-zar elecciones transparentes para que el 28 dejulio próximo puedan instalarse, tanto en Pala-cio de Gobierno como en el Congreso de la Repú-blica, los representantes genuinos que emerjandel voto popular; y en cuarto lugar, y es el moti-vo de esta discusión, sentar las bases sólidas einiciar un real proceso de erradicación de la co-rrupción, pero sin vendetta política de ningunaclase y siempre dentro del marco de la Constitu-ción y de las leyes.

Seguramente ésa ha sido la razón, señor Presi-dente y señores congresistas, por la que el PoderEjecutivo nos ha remitido el Proyecto de Ley N.°1189/2000-CR, que ha merecido dictamen favo-rable de la Comisión de Constitución y Regla-mento; entre el cual y el proyecto de ley remitidopor el Poder Ejecutivo, como bien ha señalado elcongresista Marsano Chúmbez, hay una sola di-ferencia que podría prestarse a malas interpre-taciones, pero que necesita de un análisis serio y,sobre todo, constitucional. La diferencia radicaen la inclusión de los congresistas de la Repúbli-ca en el articulado del proyecto de ley remitidopor el Poder Ejecutivo.

Cabe, entonces, hacer una distinción y una pe-queña reflexión: el Congresista de la Repúblicaes un funcionario elegido por la voluntad popu-lar; no es designado como si lo es el funcionarioque tiene atribuciones ejecutivas, que maneja pre-supuestos y que, consecuentemente, puede co-meter algunas irregularidades o ilegalidades enel manejo de la cosa pública.

El señor PRESIDENTE.— Su tiempo ha con-cluido, señor congresista.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Cuento con el tiempo del congresista EstradaPérez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Morales Mansilla.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Decía, señor Presidente, que hay una diferenciaentre ambas propuestas. El voto popular, la or-ganización del Estado y particularmente la Cons-titución, han otorgado atribuciones específicaspara el desempeño de la función congresal; y entreesas atribuciones y el amparo de la Constitucióntenemos, en primer lugar, que los congresistasno estamos sujetos a mandato imperativo.

Como señaló el congresista Flores-Aráoz Espar-za, cuya intervención reviste gran importancia,existe la figura de la inmunidad parlamentaria;y si esto es así, entonces los congresistas no po-demos estar sujetos a los mecanismos que se hanestablecido para los funcionarios públicos, que,como sabemos, son designados de acuerdo con laConstitución y las leyes.

Entonces, es necesario tener en cuenta esa dife-rencia; pero esa diferenciación no significa quela inmunidad sea sinónimo de impunidad, de talmanera que los congresistas tenemos que asu-mir nuestras propias responsabilidades y, portanto, estar sujetos a fiscalización y a la sanciónrespectiva, en caso que cometamos irregularida-des o ilegalidades en el ejercicio de nuestras fun-ciones; pero, para ello, a nosotros nos asiste elfuero parlamentario, que es un fuero autónomo,propio de un poder del Estado. Consecuentemen-te, contamos con mecanismos propios para desa-rrollar procedimientos de sanción en función denuestra autonomía y nuestro fuero parlamenta-rio.

Señor Presidente, la colega Donayre Pasquel hasido bastante clara en relación con este punto,pues ha dicho que los congresistas no debemosestar exentos de sanción, ni podemos quedar almargen de hacernos responsables de los actos enque incurrimos.

En consecuencia, será la revisión exhaustiva y laconsiguiente reforma de nuestro Reglamento loque permitirá que elaboremos las disposicionesy las normas pertinentes que hagan que los par-lamentarios podamos estar sujetos a los meca-nismos de fiscalización, de asumir nuestras pro-pias responsabilidades e, incluso, de llegar hastalos tribunales de justicia en el órgano jurisdiccio-nal competente.

Por lo tanto, señor Presidente, debe quedar cla-ro para todos que nosotros no nos estamos ne-gando a ser fiscalizados ni menos a asumir nues-tras responsabilidades, sino que lo que queremoses que los congresistas, que emanamos de la vo-luntad popular, a los que asiste el fuero parla-mentario, hagan uso de los mecanismos propiosde un poder del Estado autónomo, para llevaradelante el proceso de moralización en nuestropaís.

Lo cierto, señor Presidente, es que estamos enuna emergencia moral, debido a que los valoreséticos están destruidos, lo cual no es culpa nues-tra; pero también es cierto que no es el momentode estar recriminándonos constantemente conepítetos y diatribas. Lo que importa ahora es

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entregar al Poder Ejecutivo y, por ende, al pue-blo peruano, los instrumentos legales que per-mitan la lucha frontal contra la corrupción; peroen forma oportuna y dentro del marco de la Cons-titución y las leyes. Ésa es la demanda de la horapresente, estimados colegas.

Dentro de ese contexto, corresponde ahora a losmiembros de este honorable Congreso aprobarel proyecto de ley en debate, que ha sido remiti-do por el Poder Ejecutivo y que cuenta con dicta-men favorable de la Comisión de Constitución yReglamento.

El señor BUENO QUINO (AP-UPP).— ¿Mepermite una interrupción, colega Morales Mansi-lla?

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Cómo no, con la venia de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer usode la interrupción el congresista Bueno Quino.

El señor BUENO QUINO (AP-UPP).— SeñorPresidente, los congresistas que no manejan fon-dos públicos también pueden ser víctimas devendettas políticas, como lo ha sido quien habla,gracias al famoso Poder Judicial.

El haber dicho vulgar tramitadora me ha oca-sionado serios problemas en el Parlamento Na-cional, pues, de alguna manera se me presionópara votar a favor de una Mesa Directiva en elCongreso anterior, por una simple querella quehasta la fecha no ha sido resuelta por la Comi-sión de Constitución y Reglamento. Esto, señorPresidente, demuestra que se pueden utilizar al-gunos mecanismos de esa naturaleza en contrade los señores congresistas.

El señor PRESIDENTE.— A concluido en ex-ceso su tiempo, congresista Morales Mansilla.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Señor Presidente, dispongo del turno que muygentilmente me ha cedido la doctora Helfer Pa-lacios.

El señor PRESIDENTE.— Conforme, congre-sista Morales Mansilla.

Puede usted continuar, señor Bueno Quino.

El señor BUENO QUINO (AP-UPP).— Porlo tanto, señor Presidente, no siendo el deseo deque los señores congresistas sean fiscalizados, esnecesario tener mucho cuidado sobre este parti-cular.

Hoy en día nos encontramos en una etapa civili-zada de transición democrática, señor Presiden-te; pero ¿qué va a ocurrir más adelante?, ¿quiénserá el nuevo Presidente?, ¿cómo se va a legislaren el próximo régimen?, ¿cuál será el esquemade manejo que se va a dar a los poderes autóno-mos del país?

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Morales Mansilla.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Reitero, señor Presidente, el gobierno constitu-cional de transición requiere de instrumentoslegales que le permitan luchar con eficiencia, coneficacia y con oportunidad para desterrar en for-ma definitiva la corrupción que impera en nues-tro país.

Por cierto, corrupción ha habido en todos los go-biernos de nuestra historia, como la ha habidoen todos los gobiernos del mundo; pero una cosaes la corrupción en sí y otra muy distinta es co-meter actos corruptos organizadamente desde lasaltas esferas del gobierno, como ha ocurrido ennuestro país en estos últimos 10 años.

Es más, aparte de proporcionar este importanteinstrumento legal que con carácter de urgenteha solicitado el Poder Ejecutivo, es necesario quela Comisión de Constitución y Reglamento —con-forme se ha comprometido la congresista DonayrePasquel— cumpla con presentar, luego de unaexhaustiva revisión, las reformas que requierenuestro Reglamento, a fin de que no se conviertaen un obstáculo para fiscalizar a los congresis-tas, sino que, por el contrario, sea una norma queviabilice los mecanismos que permitan que noshagamos responsables de nuestras propias acti-tudes y conductas.

El señor TERÁN ADRIAZOLA (VV).— Mepermite una interrupción, colega Morales Mansi-lla?

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Con todo gusto, con la venia de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE.— Puede interrumpir,congresista Terán Adriazola.

El señor TERÁN ADRIAZOLA (VV).— SeñorPresidente, estoy plenamente de acuerdo con elproyecto de ley en debate, pero creo que es nece-sario definir y dejar claramente establecido quenadie pretende aquí obstaculizar la labor delCongreso, en la medida en que, en las condicio-

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nes actuales, es necesaria una propuesta de estanaturaleza para controlar la corrupción existen-te en nuestro país; pero también debemos pen-sar en qué forma esta ley —de ser aprobada eldía de hoy— puede ser utilizada por el futurogobierno, ya que podría darle una indebida apli-cación.

En ese sentido, sugeriría que votemos este pro-yecto de ley sin incluir los aspectos que concier-nen al Congreso, los cuales —y ésta es la otrasugerencia— deberían ser tratados en el seno dela Comisión de Constitución y Reglamento.

De manera que esos aspectos deben quedar defi-nidos con toda claridad, creo que sería lo máslógico; en todo caso, ésa es mi propuesta, por su-puesto, si la tiene a bien aceptar el congresistaMorales Mansilla.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar,congresista Morales Mansilla.

El señor MORALES MANSILLA (AP-UPP).—Señor Presidente, creo que ha quedado claro, enlo que respecta a la figura del fuero parlamenta-rio, la necesidad que tiene el actual gobierno deun instrumento legal de esta naturaleza.

Espero, entonces, que el señor Presidente de laComisión de Constitución y Reglamento recojami planteamiento. Nosotros vamos a votar a fa-vor del proyecto de ley contenido en el dictamende la Comisión de Constitución y Reglamento;pero quisiéramos que se incluya un pequeño aña-dido: que esa norma tenga vigencia por no másde seis meses, de manera que, de alguna forma,podamos tener la garantía de que el próximo go-bierno no cometa excesos, que luego pueden sermuy lamentables, abusando del poder político.

Muy agradecido, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Chiroque Paico.

El señor CHIROQUE PAICO (GPI).— SeñorPresidente: En nombre del Grupo Parlamenta-rio Independiente, debo decir que todos los con-gresistas que tenemos nuestras conciencias ynuestras manos limpias estamos de acuerdo condar los instrumentos legales que el Gobierno deTransición requiere para comenzar a aplicar demanera efectiva la justicia en nuestro país; peroesa justicia debe empezar no por los más pobresdel Perú, sino por los altos generales y por losaltos funcionarios del régimen anterior que lu-craron con los dineros del Estado.

Todos los peruanos somos testigos de cómo losaltos funcionarios del gobierno anterior se hanllevado al extranjero miles de millones de dóla-res y, como se ha dicho acá repetidas veces, no hapasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porquecarecíamos de los instrumentos legales necesa-rios que nos permitiesen emprender acciones deinmediato.

Ahora, sin embargo, estamos buscando que to-dos esos actos no queden en la impunidad y quea través de acciones concretas se haga justicia ennuestro país; pero que ésta se inicie por los altosfuncionarios que durante el pasado gobierno co-metieron actos de corrupción e inmoralidad.

Por tal razón, los integrantes del Grupo Parla-mentario Independiente estamos de acuerdo conel proyecto de ley propuesto en el dictamen de laComisión de Constitución y Reglamento, y va-mos a respaldar en forma decidida todas las ac-ciones de combate contra la corrupción que em-prenda el gobierno de transición.

Creo que este Congreso debe dar muestras al pue-blo peruano de que todos los congresistas que te-nemos nuestras conciencias limpias y que quere-mos moralizar el país, estamos decididos a respal-dar las medidas de moralización que se adopten.

En verdad no me explico por qué algunos colegastienen miedo de que se emprendan acciones paraluchar contra la corrupción y contra la inmorali-dad; por el contrario, creo hay que dar muestrasal pueblo peruano de que en este recinto hay con-gresistas honestos que queremos que las cosasse hagan con transparencia y que la justicia im-pere en nuestro país.

Por eso nosotros, y estoy seguro de que todos loscongresistas que trabajan con honestidad, hemosvenido a servir al país con nuestras conciencias ynuestras manos limpias; por lo tanto —como di-cen por ahí algunas voces—, hay que proceder ainvestigar a todos aquellos colegas que han incu-rrido en actos de corrupción, si en verdad lo con-sideran conveniente.

Señor Presidente, nuestro grupo parlamentariova a respaldar decididamente todas las medidasy las acciones de combate contra la corrupciónque despliegue el gobierno de transición, para quede esa forma los delincuentes sean encarcelados.

Por lo expuesto, reitero, estamos de acuerdo conel proyecto de ley que en este momento ocupanuestra atención, con el cual daremos inicio a unanueva etapa de justicia en nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

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El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra elcongresista Arroyo Cobián.

El señor ARROYO COBIÁN (VV).— SeñorPresidente, voy a hacer uso de los 10 minutosque corresponden al tiempo del que aún dispo-ne el grupo parlamentario Vamos Vecino.

Señor Presidente: Lo peor que le puede ocurrir aun país es que se rompa su esquema institucional-organizacional por falta de honestidad.

En política no deben existir políticos deshones-tos; por el contrario, todos deben ser honestos.Pero la honestidad es una virtud que brilla aunsin decirla, ya que cuando uno repite a cada mo-mento estoy con las manos limpias, el reflejo deesa expresión no es el que el pueblo puede cap-tar y, por tanto, todo queda en mentira, en unasimple alusión literal.

En consecuencia, creemos que es importante res-tablecer en el país el orden, la disciplina y la ho-nestidad, como factores fundamentales de su or-ganización.

Señor Presidente, los que en el país tanto recla-maban leyes hoy vienen cometiendo una serie deatropellos, lo cual me lleva a preguntar: ¿está pre-dispuesto el Congreso de la República a respal-dar este proyecto de ley remitido por el PoderEjecutivo? Vamos a respaldarlo, señor Presiden-te, pero cuidando que no se comentan abusos.

En anterior oportunidad manifesté que las leyesque da este Congreso mayormente son buenas; elproblema es quien las aplica, porque los jueces ofiscales se sienten bajo presión cuando un gobier-no está por encima de ellos. Hay, pues, en todo elpaís el gran temor de que el abuso continúe.

Ayer, por ejemplo, dimos aquí una ley; sin em-bargo, ahora tenemos a una familia en circuns-tancias graves. Señor Presidente, la familia es lacélula viva de la sociedad; no obstante ello, elCongreso está dando leyes que van en contra deesa célula viva que constituye la familia.

No sé qué problemas tenga —porque no soy juez—el general Villanueva; pero hoy día salía de pri-sión su esposa llorando con sus dos niños, que na-da tienen que ver en el asunto. Es decir, cuandose aplica mal una ley caemos en el abuso y eso nocorresponde a una democracia, eso no es hacerjusticia; en este caso, estamos malinterpretandola ley.

Las leyes tienen que interpretarse en sus verda-deros términos y aplicarse de acuerdo con el es-píritu con que se hizo.

En términos generales, considero que esta pro-puesta se encuadra dentro de los alcances, inten-ciones e inquietudes que tenemos todos los con-gresistas para que la corrupción sea erradicadade nuestro país.

Todos queremos ver a los responsables pagandosus culpas por los actos que cometieron; por lotanto, es importante que la Comisión Waismannos presente cuanto antes su informe final, yaque a través de él vamos a saber matemáticamentecuántos y quiénes son los responsables. De esemodo, separando el grano de la paja, entre todoslos que formamos parte de la sociedad peruana,sabremos quiénes son los corruptos; y en todaslas bancadas sabremos quiénes son aquelloscongresistas que tuvieron estrecha vinculacióncon el ex asesor presidencial Vladimiro Montesi-nos.

Hace pocos minutos, Radio Programas del Perúha informado que uno de los vídeos incautados,en el que se podía observar a varias personas re-unidas con el doctor Vladimiro Montesinos con-versando sobre determinados temas, ha desapa-recido como por arte de magia.

Señor Presidente, creo que la corrupción en nues-tro país ha llegado demasiado lejos; consecuen-temente, este Congreso tiene que poner orden,pero para hacerlo debe tener calidad moral y elpueblo presiente la calidad moral cuando se prac-tica con el ejemplo y no sólo con la palabra.

He escuchado con mucha atención a algunos con-gresistas que han venido aquí a decir: "tenemoslas manos y nuestras conciencias limpias"; poreso considero que es necesario incluir a los con-gresistas en los alcances de la propuesta en de-bate, porque hay colegas que están debiendo asus pueblos, tanto por obras malversadas comopor obras sobrevaloradas.

Hay, por ejemplo, muchos alcaldes muy honora-bles, así como hay alcaldes que deben estar enprisión, y también hay alcaldes que manejan lachequera como si los fondos del municipio fue-ran de su propiedad.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que el Con-greso tiene la obligación moral de aprobar hoy lapropuesta en debate, incluyendo a los congresis-tas dentro de sus alcances. Esto nos permitirádar facilidades al Poder Ejecutivo, que nos haremitido este proyecto de ley con carácter de ur-gente, y por extensión al Ministerio Público y alPoder Judicial, para que investiguen a los fun-cionarios públicos de manera amplia y certera.

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No es posible, señor Presidente, que se pregonelo que no se practica. Lamentablemente, he es-cuchado a algunos colegas hacer nuevamentepromesas al pueblo del Perú, aun cuando sus con-ciencias están muy sucias. Es necesario tener encuenta que en este momento hay acusacionescontra varios señores congresistas a las que debedarse paso de una vez por todas. ¿Qué es lo queestá sucediendo en la comisión correspondienteque no se están atendiendo esos casos?

Soy miembro de la Comisión de Acusaciones Cons-titucionales, así como de otro grupo de trabajoque investiga ese tipo de acusaciones, en la cualestamos resolviendo con verdadera justicia lasquejas que tiene el pueblo contra el Poder Judi-cial y contra el Ministerio Público; por eso creoque una propuesta de esta naturaleza va a per-mitir, al incluir en sus alcances a los congresis-tas, tener una ley general para todos los funcio-narios del Estado.

Finalmente, quiero decir que el pueblo de Perúespera hoy la aprobación de este proyecto de ley;el pueblo del Perú espera que de una vez cese elodio y que se señale directamente a los respon-sables de los actos de corrupción.

Señor Presidente, nuestra bancada no va a car-gar con culpas ajenas; nosotros no vamos a asu-mir el activo y el pasivo de todo un proceso, sóloasumiremos la parte política que realmente noscorresponde. Nosotros no tenemos por qué car-gar las responsabilidades de aquellos que sim-plemente aprovecharon la confianza que el pue-blo o que un funcionario les dio para apropiarsede los dineros del Estado.

En ese sentido, invoco a la comprensión de losseñores representantes para que, consecuentescon lo que venimos manifestando, aprobemos uná-nimemente este proyecto de ley, pero con el in-grediente de que se considere dentro de sus al-cances a los señores congresistas, a fin de quetambién puedan ser investigados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Se da por agotadoel debate del presente proyecto de ley.

Finalmente, tiene la palabra el congresista Marce-naro Frers, presidente de la Comisión de Consti-tución y Reglamento.

El señor MARCENARO FRERS (C90-NM).—Señor Presidente, creo que sobre el proyecto deley en debate ya se ha dicho bastante el día de

hoy; por consiguiente, solicitaría que de una vezse pase a votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Se va a votar.

Previamente solicito a los señores congresistasregistrar su asistencia por medio del sistema elec-trónico.

—Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.

El señor PRESIDENTE.— Han registrado suasistencia 82 señores congresistas.

Se va a votar.

—Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.

El señor PRESIDENTE.— Pido a los señorescongresistas que no han podido votar por no ha-ber alcanzado a registrar su asistencia, que de-jen constancia de su voto por escrito.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 67votos a favor, tres en contra y ocho absten-ciones, el proyecto sustitutorio, contenido enel dictamen de la Comisión de Constitucióny Reglamento, en virtud del cual se regulanlas investigaciones preliminares previstasen la Ley N.° 27379 tratándose de los fun-cionarios comprendidos en el artículo 99.°de la Constitución.

—El texto aprobado es el siguiente:

"El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LAS INVESTIGACIONES PRELIMI-NARES PREVISTAS EN LA LEY N.° 27379 TRATÁN-DOSE DE LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN

EL ARTÍCULO 99.° DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 1.°.— Titular de la investigaciónpreliminar

El Fiscal de la Nación puede realizar investiga-ciones preliminares al procedimiento de acusa-ción constitucional por la presunta comisión dedelitos de función atribuidos a funcionarios delEstado comprendidos en el artículo 99.° de la Cons-titución.

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El plazo de la investigación preliminar no exce-derá de 60 (sesenta) días naturales. En caso deencontrar evidencias o indicios razonables de lacomisión de los delitos a que se refiere el párrafoprecedente, el Fiscal de la Nación formula la de-nuncia constitucional correspondiente, adjuntan-do copia autenticada de los actuados en dicha in-vestigación.

Artículo 2.°.— Medidas limitativas de dere-chos

Los funcionarios del Estado comprendidos en elartículo 99.° de la Constitución pueden ser objetode las medidas limitativas de derechos previstasen la Ley N.° 27379. Esta disposición no es aplica-ble a los funcionarios mencionados en el primerpárrafo del artículo 93.° de la Constitución.

Están excluidas de las medidas limitativas dederechos las previstas en el artículo 143.° delCódigo Procesal Penal, así como las establecidasen el artículo 2.° de la Ley N.° 27379 en su inciso1) y el impedimento de salir de la localidad endonde domicilie o del lugar que se le fije previstoen su inciso 2).

El Fiscal de la Nación solicita la aplicación de lasmedidas limitativas de derechos al Vocal Titularmenos antiguo de la Sala Penal de la Corte Su-prema, el cual puede concederlas mediante reso-lución motivada. Asimismo, puede pedir el levan-tamiento del secreto bancario y la reserva tri-butaria sin requerir autorización judicial.

Las subcomisiones investigadoras designadas porla Comisión Permanente, esta última o el Plenodel Congreso, según corresponda, pueden requeriral Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penalde la Corte Suprema la cesación, modificación oimposición de las medidas limitativas indicadasen el presente artículo, desde el inicio del proce-dimiento de acusación constitucional y hasta quese comunique al Fiscal de la Nación la Resolu-ción del Congreso que pone fin al procedimientode acusación constitucional. En caso de resolu-ción acusatoria de contenido penal aprobada porel Congreso, la vigencia de dichas medidas se man-tiene hasta 30 (treinta) días naturales despuésde publicada la resolución acusatoria.

Comuníquese, etc."

(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.