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Tendencias Regionales 2000-2015 & Perspectivas 2015-2030

Eje 1 - Personas y Comunidades

Asia-OceaniaAfricaMENAWider EuropeAmericas Africa

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NOTA AL LECTORLos informes regionales de NGD sobre el Eje 1, “Personas y comunidades”, analizan tendencias y proyecciones en la gober-nabilidad democrática desde una perspectiva fundamentalmente sociopolítica, basándose en una plantilla multidimensio-nal específicamente diseñada a tal efecto por el Club de Madrid, con la colaboración de la Bertelsmann Stiftung.

Los informes regionales de NGD han sido redactados por los Coordinadores Regionales del Índice de Transformación Ber-telsmann (BTI, por sus siglas en inglés) y ampliamente debatidos con el equipo del BTI, la Secretaría del CdM y los socios regionales de NGD. Constituyen el primer paso del proceso de NGD, que, poco a poco, irá organizando prácticas e ideas transformadoras con arreglo a esa misma plantilla y, posteriormente, confeccionará agendas regionales de NGD para reac-cionar a las señales de deterioro democrático y promover la democracia en todo el mundo.

Los informes regionales de NGD comienzan con un resumen de las tendencias de conformidad con la plantilla de NGD. El resumen incluye recuadros de colores y flechas que reflejan la situación actual y la evolución a los largo de los últimos 15 años de gobernabilidad democrática para cada uno de los indicadores relevantes. Las fuentes empleadas para el cálculo de las tendencias son el BTI y los Indicadores de Gobernabilidad Sostenible (SGI, por sus siglas en inglés), también desarro-llados por la Bertelsmann Stiftung.

Para una explicación detallada de la metodología, véase la Nota Metodológica de NGD en: www.nextgenerationdemocracy.org

The NGD Regional Report (Track I) for the Americas has been written by Peter Thiery, Research Fellow at Heidelberg University and BTI Regional Coordinator for Latin America and the Caribbean. The report benefitted from the feedback of Adrián Bonilla, Secretary General of FLACSO, San José; Mathew Burrows, Director of the Strategic Foresight Initiative at the Atlantic Council, Washington D.C.; and Angelita K. Baeyens Programs Director, Partners for Human Rights Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, Washington D.C. La edición ha sido hecha por Luis Peral, Analista Senior, CLub de Madrid.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) supported the production of this publication. The views in this publication do not necessarily represent the views of International IDEA, its Board or its Council Members.

Los recuadros indicadores tienen colores distintos para diferenciar la situación actual de cada indicador regional (BTI/SGI 2014). Verde, amarillo y rojo indican, respectivamente, un “nivel alto”, un “nivel medio” y un “nivel bajo” de calidad relativa. Los niveles de cada indicador regional están basados en medias tanto interregionales como intrarregionales, por lo que los recuadros indicadores ponen de relieve las fortalezas y debilidades relativas de una región, pero también indican cuál es la puntuación de la región a escala mundial.

Las flechas de tendencia muestran si la situación ha mejorado o empeorado a lo largo de los últimos 15 años. Los recuadros indicadores contienen cinco tipos de flechas de tendencia, que indican “mejora significativa”, “mejora”, “continuidad”, “deterioro” y “deterioro significativo”. La tendencia positiva o negativa refleja cambios en las medias por encima o por debajo de un determinado umbral para el respectivo indicador regional, que varía en función del tamaño de la muestra del país. Los cambios de más del doble de ese umbral constituyen una tendencia significativa.

Por tanto, la combinación de colores y flechas muestra si se puede observar un determinado cambio, así como la velocidad con la que se produce, desde un nivel de partida bajo o alto. En el primero de esos casos, una ten-dencia positiva significa que se ha producido un modesto cambio a lo largo de los últimos años en una situación que continúa siendo problemática. En el segundo caso, dependiendo de la velocidad a la que se produzca el cambio, un cambio positivo puede indicar que una situación que ya tiene un nivel alto está mejorando aún más. Si la tendencia es negativa y la situación actual es de baja calidad, se está produciendo un retroceso, a pesar de tratarse de una situación problemática. Por último, tendencias negativas en un contexto de elevada calidad indican un posible deterioro en aspectos muy arraigados de la democracia.

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Valores e Instituciones Aceso e Inclusión Administración y Políticas

Tendencias 2000 – 2015 Perspectivas 2015 – 2030

Participación Política

Proceso ElectoralLos procesos electorales son bastante estables y cumplen su función razonablemente bien, pero contratiempos ocasionales dan como resultado un notable deterioro.

• La participación política está profun-damente arraigada y es poco probable que se produzca una regresión. Es más probable que continúe arraigando la poliarquía.

• Continúa habiendo fuentes de incerti-dumbre, especialmente en los estados más débiles: pobreza, desigualdad y polarización, violencia, crimen organi-zadorelacionadoconelnarcotráficoycorrupción.

Derechos de Asociación y ReuniónEl respeto por y el ejercicio de estos derechos han alcanzado un nivel bastante alto. Los contratiempos han sido pasajeros o se han limitadoaalgunoslugaresconflictivos.

Libertad de ExpresiónLa libertad de expresión se mantiene de forma satisfactoria, pero se encuentra sometida a unapresiónconstanteenlospuntosconflicti-vos del continente.

Estado de Derecho

Separación de PoderesLos mecanismos de control (checks and balan-ces) únicamente funcionan y se respetan en unos pocos países. Las constantes violaciones dan como resultado un notable retroceso.

• El Estado de Derecho sigue siendo débil, y las perspectivas de mejora son bastante sombrías en la mayoría de los países.

• Las profundas divisiones sociales y la polarización política tienden a socavar el cumplimiento de la ley entre los ciudadanos y las élites.

• Los problemas de seguridad continúan debilitando el Estado de Derecho, ge-nerando violaciones ocasionales de los derechos humanos.

Independencia del poder judicialSe trata de la más débil de todas las institucio-nes, con muy escasas excepciones. La mejor noticia es que, pese a su mediocre nivel, no se ha producido un mayor deterioro.

Derechos CivilesA pesar de la mejora observada a lo largo de las décadas, la situación de los derechos humanos lleva estancada desde 2000. Siguen producién-dose graves violaciones en algunas regiones.

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Valores e Instituciones Acceso e Inclusión Administración y Políticas


Integración Política y Social

Sistema de PartidosCon escasas excepciones, los sistemas de partidos son bastante débiles, si bien se vienen observando algunos signos de estabilización desde 2000.

• La capacidad de organización política y social para integrar un considerable abanico de preferencias de los ciu-dadanos en las políticas se mantiene fuerte en la mayoría de los países.

• Otros países se enfrentarán a constan-tesdificultadessilaprofundapolari-zación y la debilidad de los sistemas de intermediación continúan siendo la norma.

Grupos de InterésLa agrupación y articulación de intereses fun-ciona bastante bien, pero la situación de los grupos de interés continúa estando desequili-brada en la mayor parte de los países.

Capital SocialEl capital social se mantiene, por lo general, débil,connivelesbastantebajosdeconfianza,pero la autoorganización parece estar aumen-tando.

Inclusión y No-discriminación

Identidad NacionalCon unas pocas y notables excepciones, no existen problemas con la nacionalidad o la legi-timidad de los estados nacionales, y no se han producidocambiossignificativos.

• Sin una considerable redistribución de la riqueza, la falta de inclusión y la discriminación seguirán constituyendo importantes problemas para la demo-cracia, generando el caldo de cultivo perfecto para el populismo, la violencia y el desprecio por el Estado de Dere-cho.

• La dependencia de las exportaciones podría agravar la situación en épocas de una menor demanda mundial.

Barreras SocioeconómicasLas profundas desigualdades continúan exclu-yendo a segmentos sociales de una participa-ción equitativa en la vida económica, social y política.

Igualdad de OportunidadesLa igualdad de oportunidades solamente sigue siendo satisfactoria en los países más desarro-llados, con mejoras bastante dispersas.

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Valores e Instituciones Acceso e Inclusión Administración y Políticas


Capacidad y Eficiencia Estratégicas

Establecimiento de PrioridadesCon escasas excepciones, los sistemas de partidos son bastante débiles, si bien se vienen observando algunos signos de estabilización desde 2000.

• La participación de una sociedad civil a menudo pujante y dinámica en el establecimiento de las políticas públi-cas tenderá a aumentar, pero el éxito global dependerá de que existan estra-tegias políticas de desarrollo creíbles, incluyendo un consenso básico de las élites.

• El establecimiento de una dinámica de buena gobernabilidad continuará constituyendo un ambicioso desafío para la mayor parte de los países, y será prácticamente una quimera para los estados más débiles.

ImplementaciónEn mayor o menor grado, la mayoría de los países carecen de una capacidad de imple-mentación efectiva, pero se han producido mejoras parciales.

UsoeficientedelosactivosConescasasexcepciones,laeficienciaeneluso de los recursos continúa siendo mediocre, aunque con leves mejoras en aproximada-mente la mitad de los países.

Políticas anti-corrupciónAparte de unos pocos casos ejemplares, los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción continúan siendo muy débiles. Se han producido mejoras, aunque en su mayoría desde un nivel bajo.

Construcción de Consensos

GestióndeFracturassocialesyconflictosLamayoríadelosgobiernoshantenidodificul-tadesparahacerdemoderadoresenlosconflic-tos, y algunos incluso han agravado la polariza-ción.

• Tras una década de, por momentos, abierta confrontación, es probable que una serie de gobiernos se esfuercen por buscar más consensos con el obje-to de fortalecer la gobernabilidad.

• La participación de una sociedad civil a menudo pujante y dinámica resulta crucial, siempre y cuando los gobier-nos desarrollen estrategias creíbles.

Participación de la Sociedad CivilEn la mayoría de los países, la participación de la sociedad civil ha seguido siendo limitada, oscilando entre una tímida implicación y la total indiferencia.

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Introducción

Tan sólo tres países al sur del Río Grande (Uruguay, Costa Rica y Chile) cuentan con una tradición de regímenes constitucionales – o incluso democráticos – duraderos comparables a los de Estados Unidos y Canadá, interrumpidos tanto en Chile como en Uruguay por los periodos de dictadura. La falta de inclusión social, con unos considerables niveles de pobreza, discriminación y desigualdad, los últimos de los cuales superan aún con creces los existentes en otras regiones del planeta, continúa ejerciendo una considerable presión en los sistemas políticos de la región. Los desafíos populistas se dirigen una y otra vez contra regímenes constitucionales que a menudo se encuentran firmemente asentados en manos de élites que desean preservar el statu quo.

Sin embargo, Latinoamérica ha cosechado un notable éxito a la hora de estabilizar regímenes democráticos desde su vuelta a la democracia, que dio comienzo a finales de la década de 1970. En la actualidad, el hemisferio occidental es en su inmensa mayoría democrático, si bien muchas de las democracias de América Latina siguen teniendo problemas para consolidarse, con evidentes retrocesos o movimientos inconstitucionales ocasionales. A día de hoy, sólo tres países incumplen las reglas democráticas: Cuba, la última autocracia clásica; Venezuela, una denominada autocracia electoral con un equilibrio de poderes totalmente debilitado; y Haití, un estado fallido que, no obstante, conserva libertades y derechos importantes.

A lo largo de los últimos 15 años, los avances y retrocesos en el desarrollo democrático de la región se han ido compensando mutuamente. Si bien ello ha supuesto una lenta, pero constante consolidación en unos pocos casos, tales como Costa Rica, Chile y Uruguay, también ha significado el estancamiento de un grupo mayor de países, que van desde la República Dominicana, Honduras y Panamá hasta Argentina y Paraguay. Claros avances en materia de democratización en Brasil y Colombia contrastan con severos retrocesos en Ecuador, Guatemala, México y Venezuela.

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Valores e Instituciones

Panorama Regional

Desde la desaparición de los regímenes autoritarios en Latinoamérica, el continente ha alcanzado un nivel relativamente elevado de poliarquía y estabilidad institucional. Los claros retrocesos han sido infrecuentes, mientras que unos pocos estados han avanzado hacia la consolidación democrática. Sin embargo, a los largo de toda la pasada década, la calidad democrática se ha resentido sin duda en un tercio de todos los países de América Latina. Persisten los problemas de estatalidad, en particular en los Andes, América Central y México, al tiempo que un debilitamiento del compromiso con la democracia y, sobre todo, con el Estado de Derecho –tanto entre las élites como entre algunos sectores de la ciudadanía– ha contribuido a crear una situación ambigua.

En líneas generales, las Américas, como continente mayoritariamente democrático, cumplen con los principios de la democracia y el Estado de Derecho, aunque la calidad de las democracias varía considerablemente. Una característica común ha sido la diferencia entre la fortaleza de la región en lo que respecta a participación política y la evidente debilidad del Estado de Derecho, que apenas ha mejorado a lo largo de las dos últimas décadas, e incluso se ha deteriorado en

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algunos casos. Los problemas de estatalidad han aumentado, en particular, a lo largo de las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica, poniendo en peligro el desarrollo político, sobre todo, en Centroamérica y México. La institución más débil continúa siendo el poder judicial, que no parece funcionar correctamente en casi la mitad de los países, algo que también afecta a la trayectoria relativamente positiva en materia de derechos civiles.

Junto a Canadá y Estados Unidos, tan sólo Uruguay, Costa Rica y Chile pueden considerarse democracias consolidadas con un nivel global elevado de calidad democrática. Aunque no sin problemas, estos cinco países son también los únicos que disfrutan de un Estado de Derecho que puede considerarse funcional, en el cual se respetan y protegen los derechos civiles.

En el otro extremo de la balanza encontramos tres regímenes no democráticos. Cuba es un estado autoritario clásico con un gobierno de partido único, sin separación de poderes y con fuertes restricciones de la participación política. Venezuela es un régimen autoritario electoral, con una legitimidad electoral bastante endeble totalmente socavada por un fuerte deterioro de la separación de poderes. Haití es un estado fallido con unas instituciones políticas inestables y poco fiables, prácticamente inexistentes, y un gobierno con una más que dudosa legitimación electoral. Su nivel de desarrollo socioeconómico es extremadamente bajo y supone un lastre para cualesquiera esfuerzos de democratización futuros.

Entre estos dos grupos, encontramos una mayoría de 15 países con deficiencias y problemas de consolidación democrática más o menos graves. En los puestos más altos de este ranking se encuentran Brasil y Jamaica, donde las fortalezas en materia de participación política se suman a una situación, cuando menos, satisfactoria en lo que respecta al Estado de Derecho, si bien en el caso brasileño es posible que lo dicho únicamente resulte aplicable a nivel federal. En la mayoría de los países de este grupo intermedio, desde Argentina y Bolivia hasta Honduras y Colombia, conviven fortalezas y, en ocasiones, graves debilidades, con especiales problemas en lo que respecta a la separación de poderes y el poder judicial. Pese a algunas incertidumbres aún por resolver, tales como la escalada de violencia en México y América Central o el proceso de paz en Colombia, las instituciones clave están en su mayoría a salvo y consolidadas.

Los problemas de calidad y consolidación democráticas son claramente más pronunciados en Ecuador, Guatemala y Nicaragua, aunque por motivos distintos. La democracia guatemalteca adolece de una debilidad institucional generalizada, mientras que en Ecuador y Nicaragua los presidentes han ido socavando la separación de poderes y la independencia del poder judicial, mostrando una cierta tendencia a gobernar a la venezolana.

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Análisis


Proceso Electoral ¿En qué medida se escoge a los representantes políticos por medio de elecciones generales, libres y justas?

Los procesos e instituciones electorales en el continente americano se han mantenido bastante estables y cumplen su función razonablemente bien. Las elecciones son en su mayoría libres y justas y constituyen uno de los principales activos del conjunto de instituciones democráticas, siendo las principales excepciones el estado fallido de Haití y la autoritaria Cuba. Las diferencias de calidad son consecuencia de problemas organizativos, así como de irregularidades ocasionales y sistemas de financiación de campañas poco transparentes, sobre todo en los estados más débiles de los Andes y en América Central.

Sin embargo, a lo largo de la pasada década se ha producido un cierto descenso de la calidad en algunos países de Latinoamérica, motivado en parte por una marcada polarización social y política y/o por unas políticas populistas encaminadas a lograr el control de distintas agencias del gobierno, sobre todo en Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, y, en menor medida, también en la República Dominicana y en Guatemala. En estos países, esa profunda polarización ha afectado también, hasta cierto punto, al compromiso de los ciudadanos y de las élites con la adhesión a unas normas electorales imparciales. Además, los golpes de estado en Honduras y Paraguay han puesto de manifiesto que el derecho de veto aún puede saltarse el resultado de las urnas si éste es contrario a sus intereses más elementales. Las puntuaciones obtenidas en el BTI indican que el deterioro en el ámbito de las elecciones libres y justas ha supuesto el más grave de los retrocesos en la calidad de la democracia en Latinoamérica en los 10 últimos años.

Derechos de Asociación y Reunión¿En qué medida puede la gente formar y afiliarse a agrupaciones políticas o movimientos civiles independientes? ¿En qué medida pueden estas agrupaciones operar y reunirse libremente?

Con algunas excepciones, el respeto por y el ejercicio de los derechos de libre asociación y de reunión han alcanzado un nivel bastante alto, pasando a formar una de las más indiscutibles piedras angulares de la fortaleza democrática de la región. Aparte de la autocrática Cuba, solo existen problemas graves en las altamente polarizadas Venezuela y Guatemala, donde un racismo y una violencia firmemente arraigados han afectado a todos los derechos políticos. Por distintos motivos, ocasionalmente algunos otros gobiernos (Bolivia, Ecuador y Perú) también han ejercido cierta presión sobre agrupaciones políticas o civiles, pero no se ha producido un deterioro generalizado. Por su parte, las protestas ciudadanas en Chile y Brasil representan un claro signo de la confianza de los ciudadanos a la hora de alzar la voz y exigir una respuesta por parte del gobierno.

Libertad de Expresión ¿En qué medida pueden ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación expresar sus opiniones libremente?

La libertad de expresión ha alcanzado un nivel satisfactorio a lo largo y ancho del continente americano. Aparte de Cuba, las excepciones más significativas siguen siendo Ecuador, Guatemala y Venezuela. En estos países, actores estatales o poderes informales tales como el crimen

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organizado restringen la influencia de los medios críticos y hacen peligrar la libertad de expresión. En algunos países, incluidos Canadá y Chile, la pluralidad de medios se halla considerablemente mermada. Por diversos motivos, la libertad de expresión se ha visto sometida a una presión cada vez mayor en los últimos años, en particular a lo largo de las rutas del narcotráfico que discurren de Sudamérica hasta Estados Unidos, esto es, en América Central, México y el Caribe, donde a menudo los gobiernos son demasiado débiles o ni siquiera se muestran dispuestos a buscar soluciones contra el crimen organizado y la corrupción.

Estado de Derecho Aparte de Canadá y Estados Unidos en el norte y –si bien en menor medida– Chile, Costa Rica y Uruguay en el sur, el Estado de Derecho continúa siendo el eslabón más débil del desarrollo político de la región. Aunque en mejor forma, en cualquier caso, que en las restantes regiones del globo (aparte de Europa), el nivel general del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley es, en ocasiones, precario. Desde 2000, no se ha producido ninguna mejora significativa debido, según los casos, a la reticencia a introducir reformas, la corrupción o nuevos desafíos que reducen el grado de aceptación de mecanismos de restricción del poder y –en un contexto de desigualdad y exclusión sociales– el respeto por la ley en general.

Separación de Poderes ¿En qué medida existe una separación de poderes real con mecanismos de control (checks and balances)?

Con la excepción de Haití, Canadá y la mayor parte del Caribe anglófono, todos los países americanos han escogido sistemas presidenciales. En América Latina, la legitimación electoral directa del presidente a menudo ha servido para invocar una legitimidad superior y justificar la concentración de poder en el ejecutivo, menoscabando el propio equilibrio de poder. En el caso de un gobierno dividido, el bloqueo en lo institucional ha conducido en reiteradas ocasiones a un callejón sin salida en lo político, como el ocurrido en Estados Unidos, y a veces también ha servido para justificar una quiebra de los procedimientos constitucionales. Aparte de Estados Unidos y Canadá, tan sólo Chile, Costa Rica, Uruguay y –aunque con algunas limitaciones– Brasil, Jamaica y México han demostrado tener una separación de poderes que funciona de forma sistemática. Por el contrario, casi una docena de países latinoamericanos presentan un equilibrio de poder bastante endeble, siendo los casos más problemáticos Ecuador, Haití, Nicaragua y, sobre todo, Venezuela. A lo largo de la última década, se han producido notables deterioros en la República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay, así como en Estados Unidos, donde la rendición de cuentas horizontal se ha visto comprometida desde las maniobras del presidente Bush para concentrar el poder, reinterpretando de ese modo tanto el Estado de Derecho como el sistema de mecanismos de control (checks and balances).

Independencia del Poder Judicial ¿En qué medida existe un poder judicial independiente?

Aunque tradicionalmente fuerte en los países de procedencia angloamericana, históricamente el poder judicial en Latinoamérica siempre ha tenido fama de debilidad. Tan sólo Chile, Costa Rica y Uruguay han logrado (re)instaurar un poder judicial fuerte e independiente, con algunos otros casos (Brasil, Colombia) en los que, al menos, se han hecho algunas mejoras. A menudo asediado por deficiencias profesionales y una corrupción generalizada, por lo general el poder judicial es visto como un obstáculo por las élites gobernantes y sociales, contribuyendo así al desprecio o la manipulación del poder judicial y a la reticencia a embarcarse en una reforma de la judicatura. Desde 2000, este panorama apenas ha cambiado y, de hecho, se observa un deterioro aun mayor en Ecuador, Venezuela y Nicaragua, así como en el conflictivo México. Unas fuerzas de

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orden público débiles, la impunidad y el aumento del crimen organizado han contribuido a generar unos bajos niveles de confianza en el poder judicial, reduciendo así las perspectivas de un fortalecimiento del Estado de Derecho.

Derechos Civiles¿En qué medida están garantizados y protegidos los derechos civiles, y hasta qué punto pueden los ciudadanos obtener una compensación por las violaciones de estos derechos?

Con contadas excepciones, los derechos civiles, como piedra angular y base de una democracia liberal, han tenido una historia problemática en el continente americano. Sin embargo, los derechos civiles en Latinoamérica han ido consolidándose poco a poco y cada vez se respetan más, aun cuando subsistan importantes restricciones. Las excepciones más problemáticas a esta trayectoria global positiva siguen siendo la autoritaria Cuba, el estado fallido de Haití y los países que, actualmente, viven asediados por la violencia, sobre todo Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Desde 2000, la situación de los derechos civiles únicamente ha experimentado una leve mejoría, y sobre todo en países que, previamente, presentaban un pobre historial en materia de derechos humanos (Colombia, Cuba y Haití). Varios países han dado pasos importantes para investigar y llevar ante los tribunales las flagrantes violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado. No obstante, el acceso a la justicia para los menos favorecidos sigue constituyendo un grave problema en todo el hemisferio. Un importante retroceso –y un mal augurio para los defensores de los derechos humanos– fueron los graves recortes de libertades civiles introducidos tras el comienzo de la “guerra contra el terror” por parte del presidente Bush, al parecer con el respaldo de ciudadanos estadounidenses dispuestos a sacrificar la libertad personal a cambio de una mayor seguridad.

Proyecciones 2015 – 2030


La participación política, incluyendo unas elecciones libres y también en su mayoría justas, se ha convertido en la principal fuente de democracia en las Américas, si bien a veces esto es aprovechado por líderes populistas y, en ocasiones, incluso ha llegado a provocar la crisis de más de un régimen. Es probable que la competencia continúe siendo un rasgo del paisaje político en todas las sociedades de Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba. El panorama político de toda la región ha mejorado considerablemente desde finales del siglo XX, y probablemente siga siendo así en un futuro próximo. No cabe duda de que se ha producido un proceso de aprendizaje entre las élites, así como entre la ciudadanía, que parece improbable que vaya a revertirse. La adhesión a la poliarquía se ha extendido por todo el continente americano, lo cual se ve reflejado en las reacciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a cualquier acción política inconstitucional. Suponiendo que no se produzcan grandes conmociones en la región, es probable que la poliarquía continúe echando raíces y que cree los canales para un gobierno más receptivo. Sin embargo, no se pueden descartar retrocesos ocasionales. Entre las principales fuentes de incertidumbre se incluye la profunda polarización existente en varios países y los problemas de gobernabilidad derivados de las continuas desigualdades, las tentaciones populistas y el elevado nivel de violencia relacionado con la proliferación del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Por consiguiente, un escenario alternativo –en caso de que la sociedad civil mantenga su infrarrepresentación en los procesos de toma de decisiones políticas– podría ser la continuidad de sociedades elitistas y socioeconómicamente excluyentes que dificultan la democratización.

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Estado de Derecho

Las perspectivas de lograr un Estado de Derecho más fuerte son escasas en todo el continente, debido a la existencia de divisiones sociales tanto de larga tradición como de nuevo cuño (desigualdad y exclusión), élites que tratan de burlar el Estado de Derecho o que, al menos, no muestran interés alguno en mejorarlo, actores informales tales como el crimen organizado transnacional que crean territorios sin ley por todo el continente, y la proliferación de la violencia organizada y cotidiana. Además de una ausencia de voluntad política, trayectorias de dependencia que se remontan al siglo XIX y, en algunos casos, a la época colonial, han hecho que resulte difícil abordar estos problemas por medio de reformas. Con escasas excepciones –Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay–, el consenso básico entre las élites, así como entre los ciudadanos de a pie, en lo que respecta al cumplimiento de la ley se ha debilitado, aunque en distinto grado en función del caso. Las profundas divisiones sociales, que pueden verse agravadas por un posible estancamiento económico, favorecen el desprecio por el cumplimiento de las leyes más básicas. El respeto por el Estado de Derecho resultará especialmente difícil de alcanzar dadas las preocupaciones añadidas por cuestiones de seguridad tales como la guerra contra el terror de EE UU o la amenaza que supone el crimen organizado.

Combatir el crimen organizado para mejorar el Estado de Derecho constituye un esfuerzo a medio, si no a largo plazo que precisa de un aumento de la cooperación regional. Entre los factores estructurales, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad son dos de las tareas más importantes para combatir el crimen organizado. Pero, incluso cuando y donde exista la voluntad política, es probable que numerosos países no dispongan del músculo económico para luchar contra el crimen organizado. Dada la capacidad de adaptación y la movilidad del crimen organizado, y la posibilidad de que se produzca una recesión o al menos una ralentización de la economía, muchos países –en particular en Centroamérica y el Caribe– tendrán dificultades para introducir las reformas económicas, sociales, políticas y de lucha contra la criminalidad que resultan necesarias para acabar con el crimen organizado. .

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Acceso e Inclusión

Panorama Regional

Si bien la región presenta algunas fortalezas, así como importantes debilidades, en términos de representatividad del sistema político, el principal problema en lo que respecta al acceso y la inclusión ha sido siempre la arraigada desigualdad social, combinada con una, en ocasiones, onerosa pobreza. Los únicos países que han logrado compaginar con éxito integración política e inclusión social son Canadá, Uruguay, Estados Unidos y en menor medida Chile y Costa Rica. A estos países se suma un segundo grupo –Argentina, Brasil, Jamaica y Panamá– cuyos miembros registran, al menos, un nivel relativamente aceptable en ambas dimensiones, si bien, en el caso de Jamaica y Panamá, la pobreza y la desigualdad son bastante pronunciadas.

Se observa un patrón de sólidos mecanismos de integración política unidos a extraordinarios problemas de desigualdad social en Bolivia, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Paraguay. Un cuarto grupo muestra, en cambio, considerables debilidades en materia de representación y agrupación de intereses, y en el ámbito del capital social. Mientras que Nicaragua presenta enormes deficiencias tanto en acceso como en inclusión, en los restantes países –Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela– la inclusión social es claramente más fuerte

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que la integración política. Cuba y Venezuela, sobre todo, evidencian un nivel bastante aceptable de desarrollo social, si bien esto no puede compensar la relativa debilidad de los mecanismos de integración política. En el extremo de esta escala, el estado fallido de Haití y la débil nación de Guatemala presentan niveles alarmantemente bajos tanto de integración política como de inclusión social.

Análisis

Integración Política y Social Sistema de Partidos

¿En qué medida existe un sistema de partidos estable y socialmente arraigado capaz de articular y agrupar los intereses de la sociedad?

Los distintos países que conforman el continente americano muestran una trayectoria dispar, con escasos cambios desde 2000, en lo que se refiere a un sistema de partidos que funcione correctamente como requisito indispensable para la gobernabilidad democrática y un equilibrio de alternativas para la ciudadanía. Junto con los de Estados Unidos y Canadá, los sistemas de partidos de Chile, El Salvador, Jamaica, México y Uruguay han demostrado ser relativamente estables y sólidos, e incluso resistentes en épocas de transformación social. Esto también resulta aplicable, en menor medida, a Costa Rica, la República Dominicana, Honduras, Panamá y Paraguay. Con la excepción del rígido sistema bipartidista de Estados Unidos, surgido como consecuencia de la regla de la mayoría, estos sistemas han sido capaces de integrar a nuevas fuerzas políticas y, de ese modo, ampliar las posibilidades de elección del ciudadano, pese a las notorias ambigüedades inherentes a los patrones de afiliación clientelistas, en especial en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, casi la mitad de los países de América Latina no alcanzan a instaurar un sistema de partidos plenamente funcional, en parte debido a unas normas electorales disfuncionales (Brasil), y en parte debido a simples fallos del sistema de partidos y a la permanente lucha asociada a la reestructuración (por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Venezuela desde 2000; o Perú desde principios de la década de 1990).

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Grupos de Interés¿En qué medida existe una red de asociaciones cooperativas o grupos de interés que hagan de mediadores entre la sociedad y el sistema político?

Junto con Estados Unidos y Canadá, casi la mitad de los países de América Latina demuestran tener un sistema de grupos de interés que, en lo esencial, funciona correctamente, aunque por lo general presente desequilibrios con respecto al amplio espectro de intereses sociales. Aparte de Cuba y Haití, solo Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela se encuentran realmente lejos de poseer un sistema de mediación de estas características, con cierta tendencia o incluso intención de excluir a determinados intereses de la participación en la esfera política. Desde 2000, las tendencias han sido divergentes, con un evidente deterioro en Ecuador y Venezuela, pero exitosas reestructuraciones en Bolivia, Honduras y Jamaica.

Capital Social ¿En qué medida han avanzado la autoorganización social y la construcción del capital social?

Aparte de los países de América del Norte, que tradicionalmente han ido a la cabeza, así como de Costa Rica y Uruguay, el capital social continúa siendo bastante débil en las Américas, lo cual se debe principalmente a las profundas divisiones sociales, unidas a una violencia y una criminalidad generalizadas, siendo los casos más precarios Guatemala y Haití, junto con la autoritaria Cuba. Si bien la confianza en el pueblo se ha mantenido, por lo general, baja, la capacidad para la autoorganización ha mejorado un tanto a lo largo de la última década, en particular a medida que algunos países han sido capaces de superar un pasado plagado de conflictos (por ejemplo, Colombia y Honduras).

Inclusión y no discriminación

Identidad Nacional¿En qué medida gozan todos los grupos sociales de acceso a la nacionalidad y la naturalización? ¿En qué medida están de acuerdo todos los grupos relevantes de la sociedad en lo que respecta a su nacionalidad y aceptan como legítimo el estado nacional?

Por regla general, no existen problemas importantes en materia de nacionalidad y naturalización, y los diferentes estados nacionales son vistos como legítimos por la mayoría de los ciudadanos. Existen algunos problemas en unos pocos países con minorías étnicas (por ejemplo, los haitianos en la República Dominicana) o porque el estado nacional no se considera enteramente legítimo (Canadá, Haití). Un problema cada vez mayor desde 2000, y en particular en estos últimos años, ha sido la masiva emigración de países de América del Sur y Central hacia el norte, que ha provocado la adopción de duras medidas por parte de las autoridades de Estados Unidos y de algunos sectores de la ciudadanía.

Barreras Socioeconómicas ¿En qué medida están quedando sectores importantes de la población prácticamente excluidos de la sociedad por causa de la pobreza y la desigualdad?

Aparte de Canadá, Estados Unidos y Uruguay, todos los países del hemisferio padecen, en mayor o menor medida, de una fuerte pobreza y de profundas desigualdades que impiden que algunos sectores de la población disfruten de una participación equitativa en la vida económica, social e incluso política. Desde 2000, las mejoras han sido escasas, a pesar del impresionante crecimiento económico experimentado por la mayor parte de los países y las enérgicas políticas sociales en, al menos, algunos de ellos. Los casos más precarios son Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.

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Se aprecian algunos avances en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero estos países continúan dependiendo fuertemente de las exportaciones de recursos.

Igualdad de oportunidades¿En qué medida existe una igualdad de oportunidades?

Dado el profundo arraigo de las desigualdades, en particular en Latinoamérica, la situación de numerosos grupos desfavorecidos ha seguido siendo difícil en la mayoría de los países, pese a algunas medidas encaminadas a incrementar la igualdad de oportunidades. Aparte de las más avanzadas Costa Rica y Uruguay, tan sólo Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Cuba pueden garantizar unas oportunidades relativamente aceptables. La situación en otros países continúa siendo sumamente problemática, en especial en la República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Y se aprecian algunas mejoras en países comparativamente más desarrollados, entre los que se incluyen Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Patrones de Discriminación¿En qué medida se ve entorpecida la inclusión de determinados grupos sociales por una discriminación estructural basada en criterios étnicos, religiosos o de género?

El grado de inclusión en el continente americano viene determinado principalmente por la clase y, por tanto, se trata de una cuestión de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos, un hecho que también se refleja en las grandes disparidades a nivel educativo. Sin embargo, en casi todos los países esta desigualdad básica viene acompañada de otras formas de discriminación, si bien en mayor o menor medida dependiendo del caso. La más marcada es la combinación de clase y etnia, en particular en relación con los pueblos indígenas de todo el continente (desde Canadá y Estados Unidos en el norte hasta Chile y Argentina en el sur) y con los ciudadanos de ascendencia africana (sobre todo en Estados Unidos, el Caribe, Brasil, Colombia y, en menor medida, Venezuela, Ecuador y Perú). El grado de exclusión en lo que respecta a la discriminación por criterios étnicos varía en función del tamaño de la población indígena y/o negra, así como de los mecanismos de integración existentes (incluidos mecanismos informales tales como una cultura de mutua aceptación). Argentina, Costa Rica y Uruguay son los menos afectados; un segundo grupo, con una discriminación étnica considerable, pero un tanto limitada, incluye a países tales como Canadá, Chile, Cuba, México y Venezuela; un tercer grupo, con patrones de discriminación étnica más arraigados, aunque a menudo sutiles, está compuesto por Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Estados Unidos; y un cuarto grupo comprende países con patrones de discriminación considerables, sobre todo Guatemala, pero también Bolivia y Perú.

Aún peor es la combinación de clase, grupo étnico y género, que se manifiesta sobre todo en la situación de las mujeres indígenas que viven en barriadas metropolitanas o en regiones rurales. Sin embargo, pese a las enormes deficiencias –en especial en relación con los roles tradicionales en zonas de América Latina donde impera el machismo y los vergonzosos femicidios en América Central y México–, se han producido considerables avances en materia de igualdad de género, con esfuerzos en ocasiones bastante exitosos por incrementar la representación política y/o la igualdad de las mujeres en la educación. Menos alentadora es la situación económica de estas mujeres, en particular en lo tocante a la calidad de los trabajos y al problema de la igualdad de salarios.

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Integración Política y Social

La integración política y social varía enormemente a lo largo y ancho del continente americano, lo cual establece un punto de partida bastante distinto en el desarrollo de sistemas más inclusivos. Si bien la mayoría de los países cuentan, al menos, con una sólida base que les permite dar cabida fácilmente a nuevos intereses o intereses que hasta ahora estaban excluidos, otros tendrán serias dificultades para hacerlo. Este último grupo incluye países que se encuentran afectados por una profunda polarización política (Ecuador, Nicaragua, Venezuela y es posible que también Estados Unidos), así como países con sistemas de intermediación extremadamente débiles y reducidos niveles de capital social, tales como Guatemala o Perú. Una amenaza adicional afrontan los países que se hallan expuestos a la expansión del crimen organizado, que no sólo se ha infiltrado en el sistema institucional, sino que también se ha establecido como un grupo de interés concreto.

Inclusión y no discriminación

La desigualdad y la exclusión son terreno abonado para una serie de fenómenos que resultan perjudiciales para la consolidación democrática, incluyendo el populismo, la violencia y el desprecio por el Estado de Derecho. Si bien el auge económico de la última década ha ayudado a mitigar la situación en la mayor parte de los países, aún perduran ciertas limitaciones estructurales. La dependencia que mantiene Latinoamérica de las exportaciones de recursos podría convertirse en el talón de Aquiles de un ulterior desarrollo si la demanda procedente del extranjero llegara a estancarse o, incluso, disminuir. Aunque la clase media ha aumentado considerablemente en la última década, existe un riesgo real de que esta tendencia se estanque o, incluso, experimente un retroceso. Se prevé que a las economías latinoamericanas les vaya relativamente bien en los próximos años, pero una reducción mayor de lo previsto de los precios de las materias primas, unida a una recesión en otras economías emergentes (por ejemplo, China), afectaría negativamente al crecimiento económico de todo el continente americano. Incluso si el crecimiento de la región disminuye a una media anual del 3% (lo cual se considera probable), muchas de estas nuevas clases medias y bajas podrían volver a caer en la pobreza.

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Administración y Políticas

Panorama Regional

La calidad de la gestión política en las Américas varía desde casi excelente a deplorable. Con muy escasas excepciones, un problema general en el continente americano continúa siendo la eficiencia de los gobiernos y, sobre todo, la corrupción.

Junto con Uruguay, que goza de un buen gobierno, algunos países entre los que se incluyen Canadá y Estados Unidos en el norte y –aunque con algunas debilidades– Brasil, Chile y Costa Rica en el sur, muestran una trayectoria global de buen gobierno. La búsqueda de consensos y, en particular, la participación de la sociedad civil han sido excepcionales en Uruguay y, cuando menos, notables en Brasil, mientras que Canadá, Chile y Estados Unidos obtuvieron un resultado bastante bueno en lo que respecta a capacidad y eficiencia del gobierno. Estos países son también los que mejores puntuaciones registran en lo relativo a medidas anticorrupción, con Costa Rica y, más claramente, Brasil un tanto rezagados.

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Por el contrario, otros seis países, que ocupan la parte más baja de la tabla, están deficientemente o, incluso, mal gobernados, y combinan graves deficiencias en ambas dimensiones de la gobernabilidad. Esto resulta aplicable, sobre todo, a Venezuela, políticamente muy dividida, y al estado fallido de Haití, con unas instituciones famosas por su debilidad que hacen de la formulación e implantación de políticas prácticamente una quimera. Cuba ha demostrado, al menos, una leve mejoría durante la era de Raúl Castro, aproximándose al nivel de Guatemala como la democracia peor gobernada del continente, al igual que Ecuador y Nicaragua, con su escasa capacidad de creación de consensos.

De los restantes países, El Salvador está un tanto más avanzado debido, principalmente, a una sólida capacidad para la formulación de políticas y unos resultados relativamente buenos en lo que respecta a la construcción de consensos, con Perú un tanto por detrás por problemas con la gestión de conflictos y la participación de la sociedad civil. Los países que ocupan la parte central de la tabla –desde Bolivia, Jamaica y Paraguay hasta la República Dominicana– comparten, más o menos, los mismos rasgos de débil capacidad de los gobiernos y escasa búsqueda de consensos, lo cual da como resultado, en el mejor de los casos, una gobernanza mediocre, con la República Dominicana y Panamá rayando en lo que cabría denominar una gobernabilidad pobre. Una importante debilidad que comparten estos países con los peor clasificados es su deficiente trayectoria en temas de eficiencia y, especialmente –con la excepción de Perú–, su incapacidad o falta de voluntad para luchar contra la corrupción.

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Análisis

Capacidad estratégica y eficiencia

Establecimiento de Prioridades¿En qué medida el gobierno fija y mantiene prioridades estratégicas?

La fijación de prioridades estratégicas únicamente es una fortaleza en un puñado de gobiernos de la región, incluidos Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, junto con Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, un número similar de países en su mayoría no populistas, tales como Colombia y México, han hecho, al menos, serios esfuerzos por mejorar su capacidad de priorizar. Además, cabe señalar que incluso el gobierno de Morales en Bolivia, cuyos objetivos estratégicos comprenden conceptos de democracia e inclusión que difieren de los principios de la democracia liberal y la economía de mercado, ha sido capaz en gran medida de fijar y mantener objetivos estratégicos con, al menos, un éxito parcial en lo que respecta a desarrollo social. Por otro lado, aparte de los simples fracasos (Cuba, Haití y Venezuela), tan sólo Ecuador y Guatemala registraron notables deficiencias. En general parece que, desde 2000, un considerable número de gobiernos se han mostrado dispuestos y capaces de mejorar su labor de priorización, entre ellos Colombia, Costa Rica y Perú.

Implementación¿En qué medida es eficaz el gobierno a la hora de implementar sus propias políticas?

Mientras que países de la OCDE como Canadá y Estados Unidos tienen a su disposición complejas estructuras de implementación (que, no obstante, pueden fallar en épocas de bloqueo), la implementación de políticas públicas plantea algunos problemas a los países latinoamericanos. Tan sólo unos pocos gobiernos –Brasil, Chile, El Salvador y Uruguay– han cosechado un éxito generalizado a la hora de implementar sus políticas, mientras que países como Perú o México han tenido al menos un éxito parcial. Los fracasos en la implementación más evidentes se pueden apreciar en Venezuela y, por supuesto, en el estado fallido de Haití. Lo que, a menudo, dificulta la obtención de unos mejores registros de implementación son barreras estructurales tales como deficiencias en las infraestructuras, una orografía complicada (Perú), unos bajos niveles de profesionalidad, la ausencia de una burocracia y una función pública basadas en la meritocracia, y una escasa institucionalización. No obstante, la eficacia en la implementación mejoró ligeramente en términos generales a lo largo de la última década, en parte debido a los procesos de aprendizaje desarrollados en países tales como Ecuador, Perú e incluso Cuba.

Uso eficiente de los activos ¿En qué medida hace el gobierno un uso eficiente de los recursos humanos, financieros y organizativos disponibles?

Si bien, con el tiempo, Canadá y Estados Unidos han ido desarrollando unas administraciones eficientes, la eficiencia en el uso de los recursos nunca ha sido uno de los puntos fuertes de los países latinoamericanos debido a unas estructuras burocráticas sobredimensionadas, al clientelismo y a unas políticas fiscales un tanto imprevisibles. Sin embargo, desde las crisis de la deuda y monetaria, los gobiernos se han visto sometidos a un creciente escrutinio, lo cual ha generado presiones para que se embarquen en reformas del estado. No obstante, pese a los múltiples propósitos de iniciar una segunda generación de reformas, en la actualidad tan sólo Brasil, Chile y Uruguay se aproximan a un nivel aceptable de eficiencia, con Costa Rica e, incluso

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en mayor medida, Colombia, El Salvador y México un tanto rezagados. Los restantes gobiernos del hemisferio han fracasado, total o parcialmente, a la hora de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, un patrón que es particularmente pronunciado en el estado fallido de Haití y en Venezuela, que son también los países más corruptos del continente. Desde 2000, pese a algunas mejoras en la media regional, el despilfarro de recursos continúa prácticamente imparable.

Políticas anti-corrupción¿En qué medida logra el gobierno contener la corrupción?

La mayoría de los países del continente americano tienen dificultades para combatir la corrupción y para crear mecanismos anticorrupción apropiados. Junto con Estados Unidos y Canadá, sólo Chile, Costa Rica y Uruguay han tenido éxito a la hora de luchar de forma sistemática contra la corrupción, mientras que Brasil y Perú alcanzan, al menos, un nivel intermedio. Estos mismos cinco países son además considerados como no demasiado corruptos, según Transparencia Internacional. Sin embargo, el resto del continente ha fracasado, en su mayor parte o incluso completamente, a la hora de implementar cualquier política anticorrupción seria, siendo los casos más flagrantes los de la República Dominicana, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. Dicho esto, desde 2000 varios países –aunque partiendo, en su mayoría, de un nivel entre bajo y catastrófico– han luchado al menos por mejorar sus mecanismos anticorrupción, entre ellos, muy en particular, Paraguay y Perú. No obstante, dado el alcance de las prácticas corruptas, las mencionadas mejoras podrían ser pasajeras y ser susceptibles de reversión.

Construcción de consensos

Gestión de fracturas sociales y conflictos ¿En qué medida son capaces los líderes políticos de hacer de moderadores en conflictos basados en fracturas sociales?

Los conflictos basados en fracturas sociales están presentes por todo el continente americano, incluyendo en Canadá y Estados Unidos, donde, tradicionalmente, unas estructuras democráticas y unas sociedades civiles pujantes y dinámicas han servido de factores moderadores. Sin embargo, tendencias recientes en Estados Unidos indican que la polarización ha alcanzado niveles sin precedentes, lo cual ha dado como resultado una división de los medios de comunicación, agrupaciones civiles partidistas y una capacidad cada vez menor para la construcción de consensos políticos, lo cual dificulta gravemente la gobernabilidad del país. En América Latina, numerosos conflictos han sido largo tiempo reprimidos o simplemente ignorados, aflorando únicamente una vez que la democracia ha permitido su articulación pública por medio de la protesta o, sencillamente, mediante votación.

En algunos casos, como en Perú en 1990 – 1992 y más recientemente en Bolivia, Ecuador y Venezuela, estos cambios han provocado el colapso del orden establecido. En otros casos, los cambios han ido produciéndose de forma menos traumática, si bien los gobiernos no siempre han sido capaces o han tenido la voluntad suficiente para aprovechar las oportunidades. En la actualidad, en un contexto de fuerte consenso entre las élites de todo el hemisferio en lo relativo a la gobernabilidad democrática, la capacidad para moderar conflictos basados en fracturas sociales únicamente es fuerte en Uruguay, si bien es al menos aceptable en Brasil, Chile y Costa Rica. Por el contrario, la mayoría de los gobiernos aún tienen dificultades para hacer de moderadores en conflictos –como en el caso de Perú, con sus débiles estructuras de intermediación– o incluso han agravado definitivamente la polarización, como ha sido el caso de los gobiernos en Ecuador, Venezuela y –hasta hace poco– Argentina. Dado que, con frecuencia, los patrones de gestión de conflictos cambian con los gobiernos, no existe una tendencia clara desde el año 2000.

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Participación de la Sociedad Civil¿En qué medida hacen posible los líderes políticos la participación de la sociedad civil en el proceso político?

Aunque la mayoría de los gobiernos enarbolan la participación de la sociedad civil como una meta importante, en la práctica su influencia es bastante limitada. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, cada uno por distintos motivos, invitan a participar a grupos de la sociedad civil, si bien continúa habiendo deficiencias, como en el caso de sus poblaciones indígenas. Sin embargo, en Latinoamérica solo Brasil y Uruguay y, en cierta medida, Bolivia y Costa Rica invitan habitualmente a agentes de la sociedad civil a participar en procesos de consulta y toma de decisiones. En los restantes países –incluido Chile, al menos hasta la reelección de la presidenta Bachelet–, la implicación de la sociedad civil continúa siendo tímida, conflictiva (Perú), de confrontación (Venezuela) o simplemente clientelista (Honduras), si es que no se ignora por completo (Cuba). Al igual que ocurre con la gestión de conflictos, la participación de la sociedad civil depende de los estilos de gobierno individuales; así pues, no hay una tendencia clara desde 2000, aunque cabe reseñar la mejora del estilo de gobierno participativo del ejecutivo de izquierdas en El Salvador.


Capacidad y eficiencia estratégicas

Una gobernabilidad mediocre ha sido identificada como uno de los principales rasgos característicos del desarrollo político en Latinoamérica desde la década de 1980, culpable de unos resultados decepcionantes, así como de la desafección del pueblo y, por ende, de la existencia de unos procesos de consolidación democrática lentos o, incluso, erráticos. Recientes acontecimientos ocurridos en Latinoamérica podrían apuntar a la posibilidad de que las élites políticas de, al menos, algunos países –y no sólo gobiernos aislados– hayan reconocido la importancia de una buena gobernabilidad, aunque, con frecuencia, su capacidad para convertir la teoría en reformas prácticas se vea entorpecida por obstáculos estructurales. Los éxitos de Chile y Uruguay indican, sin lugar a dudas, que ciertos legados históricos y circunstancias del contexto favorecen la aparición de una vía hacia una buena gobernabilidad. Si bien esto no excluye la posibilidad de que surjan oportunidades para romper con el pasado y establecer una nueva dinámica de régimen, para ello serán necesarios enérgicos esfuerzos de búsqueda de consensos entre las élites y los ciudadanos, y habrán de explorarse detenidamente las limitaciones estructurales. Algunas de estas, tales como el narcotráfico y el crimen organizado, no pueden ser solucionadas por un único país, actuando en solitario. No obstante, es posible que, en último término, países como Brasil, Colombia, México y, tal vez, Bolivia y Perú escojan el camino del buen gobierno. Menos favorables son las perspectivas para la rentista Venezuela, al igual que para la mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe.

Construcción de consensos

Una apropiada búsqueda de consensos parece ser un recurso ampliamente desaprovechado en la gobernabilidad democrática latinoamericana, no sólo en países polarizados tales como Ecuador o Venezuela, sino también en otros, como Chile o México, que hasta la fecha han preferido un estilo de gobierno más tradicional. No obstante, para hacer uso de este recurso son de vital importancia unas estrategias creíbles y el conocimiento de anteriores vías de desarrollo. Ejemplos tales como el del presidente Morales en Bolivia o, más recientemente –aunque de forma tímida–, la presidenta Fernández en Argentina apuntan a la posibilidad de que, en países en los que la polarización no ha alcanzado un nivel insalvable, la búsqueda de consensos se encuentre de

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nuevo en auge. Los recientes acontecimientos de Brasil y Chile también podrían proporcionar un nuevo estímulo para la participación de la sociedad civil si los gobiernos gestionan los conflictos de la forma apropiada. Otros acontecimientos recientes indican asimismo que, al menos en algunos países tales como Colombia y México, los gobiernos están tomando conciencia de la utilidad de la construcción de consensos entre las élites políticas, lo cual supuso un importante factor de éxito en el Chile post-Pinochet.

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