ABRIL, 2009 No. 73 APRIL, 2009 INDICE INDEX

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OPINION 2 OPINION ARTICULO # 1: EL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y EL LIBRO EJERCICIO PROFESIONAL 3 ARTICLE #1: BASIC LAW OF THE JUDICIAL FUNCTION AND PROFESSIONAL FREELANCE ARTICULO #2: EL ABUSO DE LA AYUDA INTERNACIONAL Y EL FRAUDE FISCAL 7 ARTICLE #2: MISUSE OF INTERNATIONAL AID AND TAX EVASION ARTICULO #3: CONFLICTOS MARCARIOS EN BASE A LA PREEXISTENCIA DE UN REGISTRO CADUCADO 13 ARTICLE #3: MARK CONFLICTS BASED ON THE PRE – EXISTENCE OF AN EXPIRED REGISTRATION JURISPRUDENCIA: PROCEDENCIA DEL RECURSO DE NULIDAD EN CONTRA DE UN LAUDO ARBITRAL 16 JURISPRUDENCE: ORIGIN OF THE ACTION TO HAVE AN ARBITRAL AWARD DECLARED VOID NOVEDAD LEGISLATIVA MENSUAL: CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL 17 MONTHLY LEGISLATIVE NEWS: BASIC LAW OF THE JUDICIAL FUNCTION NOVEDAD LEGISLATIVA - LA NUEVA CONSTITUCION: TITULO #4 20 LEGISLATIVE NEWS – THE NEW CONSTITUTION: TITLE # 4 INDICADORES ECONOMICOS 22 ECONOMIC INDICATORS EVENTOS 23 EVENTS Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Víctor Emilio Estrada # 814 - A Piso 10 entre Guayacanes e Higueras Telf. (5932) 2266062 Telf. (5934) 2386665 Fax (5932) 2266061 Fax (5934) 2358973 Quito – Ecuador Guayaquil - Ecuador

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OPINION

Luego de casi 6 meses de transición, el mes de Abril de 2009, es un mes decisivo en el ámbito político, económico, legal, y en general en todo ámbito para el Ecuador, ya que se elegirán a las distintas dignidades que durante los próximos 4 años dirigirán el país y tomarán sus riendas. Con estas elecciones, termina el régimen de transición que junto con la Constitución Política fue aprobado en la anterior consulta popular y a partir del cual, la Comisión de Legislación y Fiscalización ha reformado, derogado y creado distintas normas que las venimos tratando en nuestras distintas ediciones de LEX ECUADOR con el único afán de mantener informados a nuestros suscriptores. En esta ocasión, en la edición del mes de Abril de 2009 de LEX ECUADOR aprovechando el régimen de transición y de reformas, derogatorias y creación de normas que se vive en el Ecuador, presentamos un artículo crítico y de análisis relativo al nuevo Código Orgánico de la Función Judicial y el Ejercicio Profesional de los Abogados, que se regula en esta nueva norma, escrito por el Asesor de la Presidencia de la Primera Sala de la Corte Constitucional, el Dr. Msc. Pedro Javier Granja. Concordantemente, en nuestra sección de novedad legislativa, hacemos un análisis a las principales reformas e innovaciones que esta norma trae consigo en el ámbito de la Función Judicial. Como profesionales del derecho no podemos estar a favor o en contra de una norma legal, es nuestro deber profesional éticamente observar y cumplir la ley para todos. Cumpliendo con nuestro compromiso de difundir los principales cambios de la Constitución Política vigente desde Octubre de 2008, en esta edición tratamos el Título IV de dicha norma constitucional, relativo a la Participación y Organización del Poder.

OPINION After almost 6 months of transition, April 2009 is a decisive month for Ecuador, in its political, economic, legal, and, in general, every aspect, since the different authorities, that will direct the country and take charge during the next 4-year period, will be elected. These elections complete the transition regime that was approved by the previous referendum, along with the Political Constitution, and from which the Legislation and Control Commission has amended, abrogated and created different norms that we have analyzed in our different editions of LEX ECUADOR, with the sole purpose of maintaining our subscribers well informed.

In this occasion, in the April 2009 issue of LEX ECUADOR, taking advantage of the transition and amendments, derogations and creation of norms regime that is going through in Ecuador, we present a critical and analytical article about the new Basic Law of the Judicial Function and Lawyers Professional Freelance, that is regulated in this new norm, written by the Advisor to the Presidency of the First Room of the Constitutional Court, Pedro Javier Granja A. MSc. Correspondingly, in our section of legislative news, we analyze the main amendments and innovations that this norm brings to the scope of the Judicial Function. As lawyers, we cannot be in favor of or against a legal norm; it is our professional duty to ethically observe and fulfill the law for everyone.

Complying with our commitment of spreading the most important changes of the Political Constitution in force since October 2008, in this issue we examine Title IV of the said constitutional norm, regarding the Participation and the Organization of Power.

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EL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y EL LIBRE

EJERICIO PROFESIONAL

Autor: Msc. Pedro Javier Granja A. Asesor de la Presidencia de la Primera Sala de la Corte Constitucional Secretario del Colegio de Abogados del Guayas

La Carta Magna no le otorga la capacidad al Consejo de la Judicatura para entrar a regular actividades ejercidas por PARTICULARES. Si mal no recuerdo, en La Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, tuvo lugar el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. El Ecuador suscribió ese Convenio Internacional, que debería ser considerado parte de nuestra legislación. En dicho conclave, se discutieron y finalmente aprobaron “Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, formulados para ayudar a los Estados Miembros, en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados, los que según el texto del propio tratado “deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se aplicarán también, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados”. Veamos que dice el Art. 16 de este Acuerdo Internacional “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de

BASIC LAW OF THE JUDICIAL FUNCTION AND PROFESSIONAL

FREELANCE Author: Pedro Javier Granja A. Msc.

Advisor to the Presidency of the First Room of the Constitutional Court Secretary of the Guayas Professional Association of Lawyers

The Constitution does not grant competence to the Judgeship Counsel to regulate activities exercised by INDIVIDUALS. If I remember right, in Havana, from August 27 to September 7, 1990, the VIII United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders took place. Ecuador subscribed that International Convention that should be considered as part of our legislation. In the said meeting, "the Basic Principles on the Role of Lawyers, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers were discussed and finally approved, which according to the text of the own convention, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers". Let’s see what Art. 16 of this International Treaty foresees "Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other

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cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. La pregunta que surge de esto es la siguiente ¿El legislador ecuatoriano conocía de la existencia de este Tratado Internacional antes de entrar a redactar los aspectos relacionados con sanciones a los abogados en su libre ejercicio profesional por parte del Consejo de la Judicatura? El Art. 20 del Convenio referido ut supra, dice “Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo”. Realmente una lástima, porque a los miembros de la Comisión de Legislación de la Asamblea, sencillamente esto no les va. Y tanto no les va, que han facultado a un órgano propio de la Función Judicial para castigar a los abogados, que sin tener la calidad de judiciales, incurran en la “grave infracción” de decirle a un juez cuál es su real marco de acción y en qué yerros incurren. A los legisladores conservadores, gracias a su magistral capacidad para simplificarlo todo, siempre que la simplificación consistiera en proteger sus particulares intereses de clase, les debemos, por ejemplo, un mecanismo sui generis para el funcionamiento del aparato judicial. Ellos, hicieron que la Constitución reine pero jamás gobierne. No era más que un documento impreso que servía para que sus afiliados o aliados pudieran posesionarse en Carondelet. Ellos crearon una Ley, jerárquicamente hablando, mucho más trascendente que la Constitución. Así nació la Ley del Embudo. Cómo no adolezco del defecto de ser desmemoriado, jamás olvidaré este nefasto legado, que tanto daño le ha causado a mi país.

sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics." The question that arises is the following: Was the Ecuadorian legislator aware of the existence of this International Convention before entering to edit the aspects related to sanctions to the lawyers in their free professional exercise by the Judgeship Counsel? Art. 20 of the above-mentioned Convention, states "Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority". It is really a pity, since the members of the Legislative Commission of the Assembly, simply do not accept this. So much they do not recognize this that they have also authorized an organ of the own Judicial Function to punish lawyers, which without having the judicial quality, incur in "serious infraction" by telling a judge which is his/her real framework of action and what mistakes he/she commits. To the conservative legislators, thanks to their magisterial capacity to simplify everything, provided that the simplification would consist of protecting its private interests of class, we owe them, for example, a very particular mechanism for the operation of the judicial system. They made the Constitution reign but never govern. It was not more than a printed document that enabled their members or allies to take possession in Carondelet. They created a Law, hierarchically speaking, a lot more significant than the Constitution. So the One Sided Law was created. Since I do not suffer from the defect of being forgetful, I will never forget this harmful bequest that has caused so much damage to my country.

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Tratando de ser lo más objetivo posible, reflexiono y considero que en el país es muy poco lo que ha cambiado. Nuestros legisladores están elaborando una serie de leyes que evidencian un franco desdén por la Carta Magna. No la respetan, no la observan y a momentos parecería que ni siquiera la elaboraron ellos mismos. Entre otras inconstitucionalidades, este cuerpo legal, que se compone de 340 artículos, 11 disposiciones transitorias y 26 disposiciones reformatorias y derogatorias pretende facultar al Consejo de la Judicatura, para sancionar a los abogados por “infracciones” cometidas durante su ejercicio profesional. ¿A qué legislador, con un mínimo de ilustración sobre el tema, le parecería posible dotar de atribuciones fiscalizadoras a un órgano que pertenece a otra esfera, para que actúe como ente acreditador de la calidad moral, intelectual y por ende profesional del abogado? Pues solamente a abogados que nunca han ejercido la profesión o en su defecto ignoran la esencia misma de tan noble actividad. Veamos que dice la Constitución al respecto “Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:

1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.

2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.

3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. 4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.

Trying to be as objective as possible, I reflect and consider that in the country there is very little that has changed. Our legislators are creating a series of laws that show a clear disdain for the Constitution. They do not respect it, they do not observe it and sometimes it seems that they did not even create it. Among other unconstitutionalities, this legal body, that is composed of 340 articles, 11 transitory dispositions and 26 reformatory and derogation provisions, intends to authorize the Judgeship Counsel, to sanction the lawyers for "infractions" committed during their professional exercise. To which legislator, with a minimum knowledge on the theme, would it seem possible to provide control attributions to an organ that belongs to another sphere, in order to act as entity that accredits the intellectual, moral and therefore professional quality of the lawyer? Only lawyers that have never exercised the profession or, on the contrary, that ignore the essence itself of so noble activity. Let’s see what the Constitution establishes on the matter "Art. 181.- The functions of the Judgeship Counsel will be, in addition to the ones determined by the law: 1. To define and execute the policies for the improvement and modernization of the judicial system. 2. To know and approve the budget draft of the Judicial Function, except for the autonomous organs. 3. To conduct the selection processes of judges and other servants of the Judicial Function, as well as their assessment, promotion and sanction. All the processes will be public and the decisions motivated. 4. To administer the career and the judicial professionalization, and to organize and negotiate schools of formation and judicial training.

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5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial…”

Olvidan quienes aprobaron el Código Orgánico de la FUNCIÓN JUDICIAL que es la Ley la que debe adecuarse a la Constitución (ver Guastini) y de modo alguno, es a la inversa. Ciertamente las Leyes desarrollan los principios constitucionales pero guardando plena observancia respecto de éstos. La Carta Magna no le otorga la capacidad al Consejo de la Judicatura para entrar a regular actividades ejercidas por PARTICULARES. ¿O es que acaso nuestros legisladores van a subsidiar a todos los abogados del Ecuador con un salario mensual y por ende los convertirán en empleados de la Función Judicial? Los abogados no podemos ser juzgados por quienes no tienen la competencia constitucional ni justificadamente legal para hacerlo. Allí, los autores de este Código incurren en otra inobservancia al Codex Supremo, puesto que ningún ciudadano, al menos en sociedades democráticas, en las que no impere la arbitrariedad, puede ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Así lo consagrara la letra k) del número 7 del Art. 76 de un libro que creo que tiene algún valor en este país. Se llama Constitución y lo prefiero por sobre el Mein Kampft de Hitler. Ahora bien, si la Constitución en el numeral 13 del Art. 66 garantiza a los ciudadanos el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, lo que en consonancia con lo determinado en el Art. 24 de la Convención Internacional que regula los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que señala “los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales autónomas e incorporarse a estas asociaciones, con el propósito de representar sus intereses, promover su constante formación y capacitación, y proteger su integridad profesional. El órgano ejecutivo de las asociaciones profesionales será elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas”, quiere decir, que en cuanto no se obligue a ningún profesional

5. To ensure the transparency and efficiency of the Judicial Function…" The ones that passed the Basic Code of the JUDICIAL FUNCTION forget that it is the Law the one that should be adapted to the Constitution (see Guastini) and it is no way the opposite. Certainly the Laws develop the constitutional principles but keeping full observance regarding them. The constitution does not grant the capacity to Judgeship Counsel to regulate activities exercised by INDIVIDUALS. Or, is it that perhaps our legislators are going to subsidize all Ecuadorian lawyers with a monthly salary and therefore they will become employees of the Judicial Function? Lawyers cannot be judged by those that do not have the constitutional either legal justified competence to do it. There, the authors of this Law incur in another non-observance to the Codex Supreme, since no citizen, at least in democratic societies, in which no the arbitrariness reign, can be judged by courts of exception or by special commissions created for that effect. This is consecrated by letter k) of number 7 of Art. 76 of a book that I believe has some value in this country. It is called Constitution and I prefer it over the Mein Kampft of Hitler. Now, if the Constitution, in number 13 of Art.66, guarantees the citizens the freedom of association and to reunite and express in a free and voluntary way, in harmony with what is foreseen in Art. 24 of the International Convention that rules the Basic Principles on the Role of Lawyers that indicates “Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference”; this means, that as

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a afiliarse a un gremio, aún existe el amparo estatal para que quienes tengamos el deseo de agremiarnos lo podamos hacer. Si esto es así ¿No se estaría violando el derecho de asociación voluntaria y cumpliendo todos los requisitos legales?, ¿Dónde quedan las facultades de los Tribunales de Honor de los Colegios profesionales, que pueden existir, como es apenas lógico, siempre que no utilicen la coerción para obligar a los profesionales que no tengan interés en pertenecer a los mismos? Esto viola lo preceptuado en el Art. 26 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que dice “La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas”. Sobre esta inadecuación latente entre ciertos preceptos del Código Orgánico de la Función Judicial respecto de garantías fundamentales consagradas claramente en la Ley Suprema, les corresponderá pronunciarse no sólo a los Colegios de Abogados del país, sino también a las Facultades de Jurisprudencia. En el Ecuador, la que se supone debe ser la más importante de las Leyes, es considerada, por los propios “padres de la patria”, aunque cueste creerlo, como una “Cenicienta”. El tema, sin duda, promete, un debate muy interesante, sobre que es lo que prima realmente en el Ecuador: La Constitución o la voluntad de una transitoria mayoría parlamentaria.

EL ABUSO DE LA “AYUDA INTERNACIONAL” Y EL FRAUDE

FISCAL

Por: Dr. Javier Bustos A. Profesor de la Universidad San Francisco de Quito

Tradicionalmente los países en general diseñaron sus sistemas tributarios para exonerar del pago de impuestos a la ayuda

soon as no professional is obliged to affiliate to a guild, there is still the state protection for those that have the desire to join them, to do it. If this is so wouldn’t that be violating the right of voluntary association and comply all the legal requirements? Where are the faculties of the Honor Courts of the Professional Schools, that can exist, as is barely logical, provided that they do not utilize the constraint to oblige the professionals that do not have interest in belong to the same? This violates what is foreseen in Art. 26 of the Basic Principles on the Role of Lawyers, that states "Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms". On this latent inadequacy among certain precepts of the Basic Law of the Judicial Function regarding consecrated fundamental guarantees clearly in the Supreme Law, it will correspond to pronounce not only to the Bar association of the country, but also to the Faculties of Jurisprudence. In Ecuador, the one that is supposed to be the most important of Laws, is deemed, by the own “parents of the country”, although it is hard to believe, as a "Cinderella". The subject, without doubts, promises, a very interesting debate, on what truly prevails in Ecuador: The Constitution or the will of a transitory parliamentary majority.

MISUSE OF "INTERNATIONAL AID" AND TAX

EVASION By: Dr. Javier Bustos A.

Lecturer of San Francisco de Quito University

Traditionally, countries in general designed their tax systems to exonerate the aid provided by governments and international

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proporcionada por gobiernos y organismos internacionales; considerando que no podía encarecerse la ayuda con una carga impositiva de aranceles y con impuestos directos e indirectos; además, por ejemplo, los recursos financieros provenientes de organismos internacionales en los convenios expresamente excluye que se utilicen para financiar impuestos en el país hacia donde se destinan los recursos, generalmente países del tercer mundo. El Ecuador es uno de los países que en su legislación incorpora disposiciones que exoneran del pago de impuestos a la ayuda del extranjero, la forma más clara y utilizada es la devolución del IVA pagado a quienes hayan sido designados ejecutores en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. La devolución de IVA procede en todas las compras locales e importaciones que se efectúen con cargo a los fondos provenientes del convenio o del crédito. (Art. 73 de la Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno). Sin embargo existen otras formas de exención, por ejemplo: 1. Las donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las instituciones del Estado y las de cooperación institucional con instituciones del Estado; gravan tarifa 0% de IVA (Art. 55, num. 9. lit. c) de la Ley de Régimen Tributario Interno). 2. Están exonerados del impuesto a la renta los ingresos obtenidos por las instituciones de carácter privado, sin fines de lucro, legalmente constituidas. (Art. 9 num. 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno). 3. Están exonerados de tributos al comercio exterior las donaciones provenientes del exterior, a favor del Estado o de instituciones privadas sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, investigación científica y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del

agencies from the payment of taxes; considering that the aid could not be risen with a duties tax burden and with direct and indirect taxes; besides, for example, covenants explicitly exclude that financial resources that come from international agencies be used for funding taxes in the country toward which the resources are allocated, generally third world countries. Ecuador is one of the countries that incorporates in its legislation provisions that exonerate foreign aid from the payment of taxes, the clearest and used form is the paid VAT return to those who have been appointed executors of international covenants, credits from government to government or from multilateral agencies such as the World Bank, the Andean Development Corporation and the Inter-American Development Bank - BID. The VAT return proceeds in every local purchase and imports performed to be paid with the funds originated from the covenant or the credit. (Art. 73 of the Internal Tax System Basic Law). Nevertheless, there are other forms of exemption, for example: 1. The donations that come from overseas, that are performed in favor of the institutions of the State and the ones of institutional cooperation with the institutions of the State; are levied with rate 0% VAT (Art. 55, num. 9, letter c) of the Internal Tax System Law). 2. The incomes obtained by non-profit institutions of private character, legally constituted, are exonerated from the income tax. (Art. 9, num. 5 of the Internal Tax System Law).

3. The donations originated from overseas, in favor of the State or private non-profit institutions, destined for covering healthiness services, food, technical support, charity, health care, education, cultural and scientific investigation, are exonerated of taxes to foreign trade, provided that they have subscribed contracts of cooperation with institutions of the State (Art. 27 letter e) of the

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Estado. (Art. 27 lit. e) de la Ley Orgánica de Aduanas). Y en general la suspensión del pago de impuestos por los regímenes especiales aduaneros. Así por ejemplo, la importación temporal de bienes que efectúe un técnico extranjero, inclusive los que tengan residencia fiscal en el país, al amparo de un contrato con una institución pública o privada, pudiendo permanecer los bienes en el país hasta nueve meses. A esto se añade que si el técnico extranjero tiene su residencia en un país que tenga firmado con el Ecuador un Convenio para evitar la doble imposición tampoco estará sometido al impuesto a la renta en nuestro país. 4. Están exonerados del impuesto de alcabala las donaciones que se hagan al Estado o entidades de derecho privado con finalidad social o pública y las que se realicen a sociedades o instituciones particulares de asistencia social, educación y otras funciones análogas. (Art. 351 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal) 5. Exoneración general del pago de impuestos a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales en las operaciones de apoyo económico y desarrollo social. (Art. 35, num. 5 del Código Tributario). Un régimen de exenciones de este tipo, no solo significa un sacrificio de recursos para financiar el gasto público sino que además estas disposiciones se prestan para el cometimiento de fraude fiscal. Así por ejemplo la Administración Tributaria detectó una evasión millonaria por casos en que varios contribuyentes que habían presentado solicitudes de devolución del IVA pagado en importaciones, que supuestamente se realizaban al amparo de Contratos de Financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de esta manera obtuvieron resoluciones que atendieron favorablemente las devoluciones, sin embargo, después de algún tiempo este organismo financiero certificó que no había suscrito contrato alguno de financiamiento con estos contribuyentes, iniciando la Administración recursos de revisión de oficio para invalidar

Basic Law of Customs); and, in general, the suspension of the payment of taxes by special customs regimes. Thus, for example, the temporary import of goods performed by a foreign technician, inclusive by those who have their fiscal residence in the country, under the protection of a contract with a public or private institution, the goods being able to remain in the country up to nine months. In addition to this, if the foreign technician has his residence in a country that has signed a Covenant with Ecuador, to avoid double taxation, will neither be submitted to the income tax in our country. 4. Donations in favor of the State or companies of private law with social or public purpose and the ones performed to companies or private institutions of social assistance, education and other analogous functions are exonerated from the Real Property Municipal Tax. (Art. 351 of the Municipal Basic Law) 5. General Exoneration of the payment of taxes from the United Nations, the Organization of American States and other international agencies in the performance of economic support and social development. (Art. 35, num. 5 of the Tax Code).

Such system of exemptions does not only mean a sacrifice of resources to finance public expenditure but also, these provisions open the door to the fulfillment of tax evasion. Thus, for example, the Tax Administration detected a millionaire evasion due to cases in which several taxpayers that have presented a claim for the return of VAT paid in imports, supposedly carried out under the protection by Financing Contracts with the Andean Development Corporation (CAF) and, in this way, they obtained resolutions that pay favorable attention to the returns; nevertheless, after a while, this financial agency certified that it had not subscribed any financing contract with these taxpayers. The Administration, then, initiated the appeal for review by virtue of the law in order to

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las resoluciones y exigir la devolución del IVA indebidamente otorgado. O lo que sucedió en el caso de un contribuyente que obtuvo una “certificación de tarifa 0%” en la importación de un buque pesquero fundamentado en lo que disponía a la fecha el numeral 16 del artículo 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre las transferencias e importaciones con tarifa cero, que decía:

“Las importaciones de bienes de capital o de materiales que se realicen al amparo de convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales”

Disposición que ahora está vigente a través de un mecanismo distinto, pago de IVA con derecho devolución. La Corte Suprema de Justicia1 confirmó la improcedencia de la “certificación de tarifa 0%” a dicha importación efectuada al amparo de un contrato de préstamo (Programa Global de Crédito Multisectorial) entre un banco local y el contribuyente, como el contrato de redescuento entre la Corporación Financiera Nacional y el banco local; en razón de que se demostró que el financiamiento fue otorgado por instituciones financieras nacionales, la una privada y la otra pública que no corresponden a la condición de organismo multilateral exigido por la Ley. El Ecuador por este beneficio ha reconocido la devolución de IVA por $197,371,713 en el año 2004; $233,310,775 en el año 2005 y $184,893,375 en el año 20062. Ahora bien, si la intención de los organismos internacionales y de los gobiernos es prestar ayuda a los países menos desarrollados deberían cubrir los costos tributarios por los proyectos que impulsan en estos países.

1 Sentencia 130 –2003 publicada en el Registro Oficial No. 555 del 31 de marzo de 2005 2 Fuente: Unidad de Devoluciones de IVA del Servicio de Rentas Internas. Información del año 2006 hasta el mes de agosto

invalidate the resolutions and to demand the return of the unduly granted VAT. Another case is the one of a taxpayer that obtained a “VAT rate 0% certification” in the imports of a fishing ship based on what, to the date, number 16 of article 54 used to foresee, on the transfers and imports with rate zero, which said:

“The imports of capital or material goods performed under the protection of international covenants, credits from government to government or from multilateral agencies”

Provision that is in force now, through a different mechanism: VAT payment with right to return. The Supreme Court of Justice3 confirmed the inappropriateness of the “VAT rate 0% certification” to the said import performed under the protection of a loan contract (Global Multisectoral Credit Program) between a local bank and the taxpayer, as well as the rediscount contract between the National Financial Corporation and the local bank; since it was demonstrated that the financing was granted by national financial institutions, one of them private and the other public which do not belong to the condition of multilateral agency required by the Law. Ecuador, by this benefit, has recognized the VAT return of $197.371.713,00 within the year 2004; $233.310.775,00 in 2005 and $184.893.375,00 within the year 2006 4. However, if the intention of international agencies and governments is to grant aid to less developed countries, they should pay the tax costs of those projects they propel in these countries.

3 Sentence 130 –2003 published in the Judicial Gazette

No. 555 of March 31, 2005. 4 Source: VAT Returns Department of the Internal

Revenue Service. Information up to August, 2006.

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En algunos casos los donantes pueden oponerse activamente a proporcionar cualquier tipo de ayuda al gobierno que pueda ser utilizada para gastos presupuestarios generales. Así por ejemplo, el donante puede responder a una crisis humanitaria y proporcionar la ayuda directamente a los refugiados y no dar ninguna ayuda al gobierno. Esta actitud puede responder a un sinnúmero de razones de política extranjera, o estar relacionado, por ejemplo, con el juicio del donante de que la gerencia del gasto público del Estado receptor de la ayuda, es tan corrupto que una ayuda directa en dinero corre el riesgo en gran parte de perderse o ser distraída de sus fines. Esta situación ha llevado a muchos de los donantes a revisar su política de exención de impuestos y a los Estados a modificar sus políticas respecto a las exoneraciones otorgadas como un medio de atraer recursos de estos organismos; debido principalmente a dos motivos. Primero, porque existe el reconocimiento de que la exención de impuestos conduce a una serie de problemas: aumenta los costes de la transacción respecto a la ayuda internacional, facilita el fraude del impuesto, conduce a distorsiones económicas y genera costos adicionales en la Administración para efectuar un control; en el caso del Ecuador de personal y recursos destinados a la devolución de impuestos. En segundo lugar, los progresos alcanzados por un número importante de países receptores de la ayuda internacional ha debilitado uno de los motivos para insistir en la exención de impuestos y reconocer que las reglas generales tributarias de un país no tendrían por qué no aplicarse a los fondos y proyectos que se financian por la ayuda internacional. Así nuestra legislación concede el derecho a la devolución del IVA a las agencias especializadas, organismos no gubernamentales y personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales o créditos de organismos multilaterales, tales como, “el Banco Mundial, la Corporación

In some cases, the donors can be actively opposed to provide any type of aid to government which may be used for general budgetary expenses. Thus, for example, the donor can respond to a humanitarian crisis and provide the aid directly to refugees without giving any aid to the government. This attitude can be the answer to an endless number of reasons concerning foreigner policy, or be related, for example, to the judgment of the donor that the management of the public expenditure of the State that receives the aid, is so corrupt that a direct aid in money runs the risk, in a large extent, of being lost or of being distracted from its objectives. This situation has led many donors to review their taxes exemption policies and States to modify their policies about the exonerations granted as a mean to attract resources from these agencies; due, mainly, to two reasons. First of all, because it has been recognized that taxes exemption conducts to a series of problems: it increases the transaction costs regarding the international aid, it makes the tax evasion easier, it guides to economic distortions and it generates additional costs of Management in order to execute control; in the case of Ecuador, of personnel and resources destined to taxes return. In second place, the progresses reached by an important number of countries that receive the international aid have weakened one of the reasons to insist on taxes exemption and recognize that there would be no reason to do not apply general tax rules of a country to the funds and projects financed by international aid. Thus, our legislation grants the right to VAT return to specialized agencies, non-governmental agencies and legal persons of private law that have been appointed executors by means of international covenants or credits of multilateral agencies, such as, “the World Bank, the Andean Development Corporation and the Inter - American

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Andina de Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo BID”; justamente por las políticas que mantenían estos organismos a nivel mundial de que los fondos por ellos destinados no cubrían el pago de impuestos en los países receptores de los recursos. Sin embargo y por las razones ya expuestas estas políticas han cambiado. Así el Banco Mundial en su “Manual de Operaciones”, BP 6.00 de Abril de 2004, en la parte correspondiente a “Parámetros de financiamiento para los países” en el numeral primero literal d) sobre el financiamiento de impuestos, el Banco considera que ello (financiamiento de impuestos) procede siempre que de la revisión del régimen fiscal se determine que los niveles de impuestos no sean excesivos y siempre que fueren pertinentes. Del mismo modo el Banco Interamericano de Desarrollo en su documento “Modernización de Políticas y Prácticas de Restricción al Uso de Recursos en Préstamos de Inversión”, GN-2331-5 de 21 de octubre de 2004 el grupo de expertos reconoce que el no financiar el pago de impuestos con los recursos del préstamo se podría afectar la ejecución de los proyectos, y constituye una falta de armonización con respecto al Banco Mundial, que recientemente eliminó esta restricción por considerar que es inapropiada, costosa, difícil de implementar, conduce a inconsistencias en el tratamiento de los impuestos, y tiende a sesgar el aporte local, en función de los impuestos estimados, en lugar de consideraciones relacionadas con la responsabilidad del proyecto y su efecto en el desarrollo. Por lo que en la propuesta se sugiere que los recursos que destina el Banco cubran el pago de impuestos y tasas asociadas que representen un mayor costo en la adquisición de bienes y servicios (impuestos de importaciones, tasas consulares o portuarias, o impuestos al valor agregado) siempre que los montos de dichos impuestos y tasas sean razonables para el Banco.

Development Bank –BID”; precisely because of the policies this agencies used to maintain on a worldwide basis that the funds granted by them would not cover the payment of taxes in the countries that receive the resources. Nevertheless, and for the reasons already exposed, these policies have changed. Thus, the World Bank in its “Manual of Operations”, BP 6.00 of April, 2004, in the part related to “Parameters of financing to countries”, in the first number, letter d) on taxes financing, the Bank considers that it (taxes financing) proceeds provided that from the review of the tax system, it would be determined that the tax levels are not excessive and provided that they were applicable. Likewise, the Inter-American Development Bank, in its document “Modernization of Policies and Restriction Practices for the Use of Resources in Investment Loans”, GN-2331-5 of October 21, 2004 where the group of experts recognizes that to not finance the payment of taxes with the resources of the loan, allows the execution of the projects and it constitutes a lack of harmonization regarding the World Bank which recently eliminated this restriction because it was considered inappropriate, expensive, difficult to implement, conducts to an inconsistency in the tax treatment, and it tends to slant the local contribution, based on the valued taxes, instead that on considerations related to the responsibility of the project and its effect in the development. For that reason, the proposal suggests that the resources the Bank grants must cover the payment of taxes and associated fees that represent a greater cost in the acquisition of goods and services (imports taxes, consular or harbor fees, or value-added taxes) provided that the totals of the said taxes and fees be reasonable for the Bank.

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Lo expuesto es mérito para que se efectúe una revisión de las normas tributarias vigentes que conceden exoneraciones o sistemas devolución en la compra o importación de bienes, así como en la contratación de servicios que se financian con fondos provenientes de estos organismos o de gobiernos extranjeros.

CONFLICTOS MARCARIOS EN

BASE A LA PREEXISTENCIA DE UN REGISTRO CADUCADO

Por: Ab. Napoléon Zambrano Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO

En los últimos años el registro de signos distintivos ha tomado gran importancia, convirtiéndose en un factor indispensable para proyectar y posesionar la imagen corporativa de una compañía y a su vez en el caso de las marcas, identificar los productos o servicios ofrecidos en un mercado determinado frente a los de su competencia, los mismos que pueden ser asociados por los consumidores por su calidad, precio, características, origen empresarial, entre otros.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones al igual que la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, consagran la temporalidad de los registros marcarios los mismos que tienen una duración de diez años, pudiendo ser renovados indefinidamente por parte de sus titulares en las mismas condiciones que fue concedido el registro original, previa solicitud formulada ante la autoridad competente dentro del término legal incluido el período de gracia, es decir que se podrá solicitar su renovación en el plazo máximo de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.

La falta de renovación oportuna de un registro marcario acarrea la caducidad del mismo, lo cual implica la extinción del derecho por parte del titular de la marca, quedando la misma a disponibilidad del público en general, posibilitando que cualquier interesado pueda

The abovementioned is worth so as to the tax norms in force, that grant exoneration or return systems in the purchase or import of goods, as well as in the contracting of services financed with funds of these agencies or foreign governments, be reviewed.

MARK CONFLICTS BASED ON THE PRE-EXISTENCE OF AN EXPIRED

REGISTRATION By: Ab. Napoléon Zambrano VIVANCO & VIVANCO Law Firm Currently, the registration of distinctive signs has turned very important in recent years, becoming an indispensable factor to project and possess the corporate image of a company and at the same time, in the case of the marks, to identify the products or services offered in a specific market against the ones of its rival, the same that can be associated by the consumers for their quality, price, characteristics, business origin, among others.

Decision 486 of the Andean Community of Nations as well as the Ecuadorian Intellectual Property Law, consecrate the lifetime of mark registrations, the same that have a duration of ten years, with the possibility to be indefinitely renewed by their holders in the same conditions in which the original registration was granted, prior request formulated before the competent authority within the legal term including the grace period, that means that its renewal can be requested in a maximum time limit of six months after the due date of the registration. The lack of opportune renewal of a mark registration leads to its expiration, which implies the extinction of the right of the holder of the mark, remaining it available to the public in general enabling any interested to request the same mark

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pueda solicitar el mismo registro marcario, inclusive su antiguo titular, quien no gozará de privilegio alguno sobre el mismo, quedando en igualdad de condiciones frente a las personas interesadas en solicitar la misma marca que caducó por falta de renovación, siendo la primera solicitud de registro preferente a las solicitudes posteriores.

Ahora bien considerando la imposibilidad de registrar signos iguales o similares a los que previamente han sido registrados, así como teniendo en cuenta las consecuencias negativas que implica la caducidad de un registro que no ha sido renovado oportunamente, resulta pertinente preguntarse ¿Cuál es la normativa aplicable en caso de que se niegue de oficio un registro marcario en base a la preexistencia de una marca anteriormente registrada, resolución administrativa que es impugnada por el solicitante y mientras se ventila el recurso de apelación, la marca previamente registrada por la cual se negó el registro del signo solicitado se extingue por falta de renovación?

Con relación a la presente problemática, considerando que los asuntos sobre la propiedad industrial que no se encuentren comprendidos en la normativa andina, deberán ser regulados por la legislación interna de cada país, encontramos que dentro de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, existe un evidente vacío legal frente al presente problema, sin que el mismo se encuentre regulado o por lo menos se mencione la forma de proceder al momento de resolver la presente controversia.

No obstante, considero que a fin de responder a la interrogante planteada en este artículo, la autoridad competente al momento de resolver debe considerar que el ejercicio y derecho sobre una marca, se encuentra limitado por su tiempo de vigencia, por lo que al operar la caducidad de una marca, con ella se extinguen todos los derechos que sobre ella recaen, debiendo aceptar el recurso de apelación y conceder el registro de la misma marca que ha caducado a favor de un nuevo titular, en virtud de que el registro anterior

registration, including its previous holder, who will not enjoy any privilege on the same one, remaining on equal terms with the other interested persons that are requesting the same mark that expired for lack of renewal, being the first request of preferential registration to the subsequent ones. Now, considering the impossibility of registering equal or similar signs to the ones that have been previously registered, as well as taking into account the negative consequences that the expiration of a registration that has not been opportunely renewed implies, it is pertinent to ask which is the applicable regulation in the event that a mark registration is denied by operation of law based on the pre-existence of a mark previously registered, administrative resolution that is challenged by the applicant and while the remedy of appeal is considered, the previously registered mark by which the registration of the sign requested was denied is extinguished for lack of renewal?

In relation to the present difficulty, considering that matters of the industrial property that are not included in the Andean regulation, should be ruled by the domestic legislation of each country, we find that in our Intellectual Property Law, an evident legal vacuum exists regarding the present problem, without regulating it or at least mentioning the form of proceeding at the moment of solving the current controversy.

Nevertheless, I consider that in order to answer to the question posed in this article, the competent authority should consider, at the moment of deciding, that the exercise and the right over a mark, is bounded by its validity time, for which when the expiration of a mark applies, with it all the rights with respect to it are extinguished, having to accept the remedy of appeal and granting the registration of the same mark that has expired in favour of a new holder, since the previous

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perdió vigencia en el tiempo, extinguiéndose los derechos sobre el mismo.

En el eventual caso de que se llegue a negar el recurso de apelación por parte de la autoridad competente, en virtud de que se desconocía que la marca previamente registrada había caducado sin que se encuentre vigente, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 178 contempla el recurso extraordinario de revisión, el mismo que en su parte pertinente dispone lo siguiente:

“Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la administración pública central autónoma, la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate...”

Por lo tanto en caso de que se rechace el registro de un signo distintivo, en base a la preexistencia de una marca que se encuentra caducada, el interesado podrá hacer uso del recurso extraordinario de revisión, a fin de que se rectifique el error incurrido por parte de la autoridad marcaria, que impidió el registro de un signo distintivo en base a un registro anterior que se extinguió en el tiempo.

En consecuencia la caducidad de un registro marcario implica la extinción de todos los derechos que se deriven de una marca, sin que puedan surtir efectos jurídicos con posterioridad a la fecha de vigencia del registro incluido el período de gracia, con la única excepción de aquellas marcas notorias las cuales gozan de una protección especial, lo cual impide el registro de dichas marcas a favor de un distinto titular aunque éstas se encuentren caducadas, tal como lo ha

registration lost force in time, extinguishing the rights over it.

In the eventual case that the remedy of appeal is denied by the competent authority, because it was not known that the previously registered mark had expired without being in force, the Statute of the Administrative Judicial Regime of the Executive Function in its article 178 establishes the extraordinary appeal for judicial review, the same one that in its pertinent part states the following: "The administered or the ministers of State or the maximum authorities, in case of resolutions sent off by such organs, by their subordinates or by appointed institutions, will be able to interpose before the ministers of State or the maximum authorities of the public autonomous central administration, the review of final acts or resolutions when some of the following causes occur: b) When documents of transcendental value subsequently appear, which were ignored at the moment of issuing the referent act or resolution...” Therefore, in the event that the registration of a distinctive sign is rejected, based on the pre-existence of a mark that is expired, the interested will be able to make use of the extraordinary appeal for judicial review, in order to rectify the error incurred by the trade mark authority, that impeded the registration of a distinctive sign in base of a previous registration that was extinguished in time.

Consequently, the expiration of a mark registration implies the extinction of all the rights that are derived from a mark, without allowing future legal effects after the validity date of registration including the grace period, with the only exception of those notorious marks that enjoy a special protection, which impedes the registration of such marks in favour of a different holder even though they are expired, just as expert Jorge

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reconocido el tratadista Jorge Otamendi al mencionar que “no es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, sino también un engaño al público, que creerá que el fabricante es el mismo de siempre”.

JURISPRUDENCIA

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE NULIDAD EN CONTRA DE UN

LAUDO ARBITRAL La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema en la casación interpuesta por la compañía Latin American Telecom Inc. en contra de Pacifictel S.A., resolvió casar el auto recurrido y resolvió rechazar la acción de nulidad del laudo arbitral interpuesta por Latin American Telecom Inc. La nulidad de un laudo arbitral se persigue por medio de una acción, y no, por medio de un recurso. El procedimiento especial de la acción de nulidad del laudo arbitral se encuentra establecido en el art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación y su objetivo no es otro que el verificar la existencia o no de determinados vicios anulatorios en el procedimiento arbitral y/o en este caso, determinar si la resolución arbitral fue o no extra o ultra petitia, lo cual impide a los órganos jurisdiccionales que conocen tal acción, el dictaminar sobre el fondo del asunto sometido al procedimiento arbitral ya que lo que en éste se resuelve de conformidad con el art. 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada. Vale la pena señalar que no corresponde o que atenta la naturaleza de la acción de nulidad de laudo recogida en las causales constantes del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, analizar si el tribunal arbitral hizo bien o

Otamendi has recognized when mentioning that "it is not fair that a mark that reached great notoriety and prestige in its registered life can be appropriated by a third party at the expiration of five years. It would not only permit an undue profit of the effort of someone else, but also a deceit to the public that will believe that the manufacturer is the same as always".

JURISPRUDENCE

ORIGIN OF THE ACTION TO HAVE AN ARBITRAL AWARD DECLARED

VOID

The Second Room of Civil and Commercial Affairs of the Supreme Court, within the annulment interposed by the company Latin American Telecom Inc. against Pacifictel S.A., resolved to annul the appealed order and to reject the action to have the arbitral award declared void presented by Latin American Telecom Inc.

The nullity of an arbitral award is pursued through an action and not through a remedy. The special procedure of the action to have an arbitral award declare void is established in art. 31 of the Law on Arbitration and Mediation and its objective is not other than to verify the existence or not of specific voidable vices in the arbitration procedure and/or in this case, to determine if the arbitral order was or not extra or ultra petitia, which hinders the jurisdictional organs to know about such action, to judge on the basis of the matter submitted to the arbitration procedure since what it is resolved within it, according to art. 32 of the Law on Arbitration and Mediation, has the effect of final judgment and res judicata.

It is worth mentioning that it does not correspond or that it attempts to the nature of the action to have the award declared void foreseen within the motives stated by article 31 of the Law on Arbitration and Mediation, to analyze whether the arbitration court acted correctly or wrongly when accepting the mal

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en acoger los principios y las bases legales que fundamentaron su decisión, porque dicha acción de nulidad de laudo no comporta un recurso de alzada contra la resolución arbitral adoptada. Finalmente dentro de este fallo es importante recalcar que a litis arbitral en el caso de la relación contractual entre Latin American Telecom Inc. y Pacifictel S.A. no podía referirse a una liquidación de determinados valores a favor de ninguna de las partes, mientras no se haya establecido y declarado el derecho de las partes a percibirlos, mediante un proceso declarativo por el órgano jurisdiccional competente. Además que la omisión en la práctica de pruebas atribuible a culpa del tribunal arbitral, sino a la negligencia de una de las partes, no cabe la nulidad del laudo por no haber cumplido las partes con pruebas debida y oportunamente ordenadas por el tribunal arbitral. Fuente: R.O. Suplemento No. 542 del 6 de Marzo de 2009

NOVEDAD LEGISLATIVA

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL

Conformación de la Función Judicial.- Integran la Función Judicial y se denominan, en general, servidores de la Función Judicial: 1. Las juezas y jueces; las conjuezas y los

conjueces, y demás servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales y juzgados de primer nivel;

2. Las juezas y jueces temporales, mientras

estén encargados de la unidad; 3. Las vocales y los vocales, y los demás

servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en el Consejo de la Judicatura;

principles and the legal basis that supported its decision, because the said action to have the award declared void does not entail an appeal against the resolution adopted by the Arbitration Court to a tribunal immediately above it. Finally, within this judgment, it is important to emphasize that the arbitration suit, in the case of the contractual relation between Latin American Telecom Inc. and Pacifictel S.A., could not be related to a liquidation of determined values in favor of any of the parties, while the right to the parties to perceive them has not been established and declared by means of a declarative process by the competent jurisdictional organ. Besides, the omission in the examination of evidences is not attributable to the arbitration court’s fault, but to the negligence of one of the parties, the award cannot be declared void because the parties did not fulfill the due and appropriate evidence ordered by the arbitration court.

Source: Judicial Gazette Supplement No. 542 of March 6, 2009

LEGISLATIVE NEWS

BASIC LAW OF THE JUDICIAL

FUNCTION Constitution of the Judicial Function.- The following civil servants, in general, form part of the Judicial Function: 1 Judges; associate judges, and other

officials and civil servants of the Judicial Function that render their services in the National Court of Justice, provincial courts, tribunals and first instance courts;

2. Temporary judges, while they are in

charge of the unit; 3. The members and other civil servants

of the Judicial Function that render their services in the Judgeship Counsel;

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4. Las demás servidoras y servidores de la Fiscalía pertenecen a la carrera fiscal administrativa;

5. Quienes prestan sus servicios como

defensores públicos pertenecen a la carrera de la defensoría; y,

6. Las demás servidoras y servidores de la

Defensoría Pública pertenecen a la carrera defensorial administrativa.

Cuando una servidora o servidor que pertenece a una carrera administrativa ingrese a las carreras judicial jurisdiccional, fiscal o de la defensoría, tendrá derecho a que se le reconozca el tiempo que haya prestado servicios como servidora o servidor de carrera administrativa, de manera que se cuente ese tiempo como años de ejercicio profesional desde la obtención de su título profesional. Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes, las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las conjuezas y conjueces, la Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensora Pública o el Defensor Público General, las notarias y notarios y quienes prestan sus servicios en las notarías, así como las servidoras y servidores que desempeñan labores en que prima el esfuerzo físico sobre el intelectual, no pertenecen a ninguna de estas carreras. Otras reformas importantes de resaltar en este Código son: - Los policías y militares podrán ser juzgados por jueces ordinarios. - El Consejo Nacional de la Judicatura estará por encima de la Corte Nacional de Justicia, la cual sólo se dedicará a administrar. - Los policías y militares podrán ser juzgados por jueces ordinarios.

- La Fiscalía pierde su autonomía, con esta reforma estará controlada por el Consejo de la Judicatura y será éste Consejo quien designe a los fiscales.

4. The other civil servants of the Attorney's General Office that belong to the prosecution administrative career;

5. Those who render their services as

public defender belong to the career of public advocacy; and,

6. The other civil servants of the Office of

the Public Defender that belong to the public defender administrative career.

When a civil servant that forms part of an administrative career enters to the jurisdictional judicial, prosecution or public defender careers, he/she will have the right to have the time that he/she had rendered services as civil servant of the administrative career recognized, so that this time can be counted as years of professional exercise since he/she obtained his/her professional degree. The member of the Judgeship Counsel and their substitutes, the judges of the National Court of Justice and the associate judges, the Attorney General of the State, the General Public Defender, the notaries and those who render their services at the notary’s offices, as well as the civil servants that carry out tasks in which the physical work prevails over the intellectual one, do not belong to none of these careers. Other important reforms to point out in this Code are: - The police officers and armed forces can be judged by ordinary judges. - The Judgeship National Counsel will be above the National Court of Justice, which will only be dedicated to administer. - The police officers and armed forces can be tried by ordinary judges. - The Attorney's General Office loses its autonomy, with this reform it will be controlled by the Judgeship Counsel and it will be this Counsel the one that will appoint public prosecutors.

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- Con el principio de lealtad propuesto, el abogado o profesional del derecho que en un litigio haya creado incidentes innecesarios, pagará las costas del proceso. Los abogados pueden ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. - Las sentencias o resoluciones no serán tomadas con mayoría de votos, o es con mayoría absoluta, sino se recurre al conjuez o el Presidente de la Sala quienes tendrán votos dirimentes. - Los Tribunales Contenciosos Administrativos y Fiscales, ya no serán tribunales, con la reforma serán jueces, lo que implica que ya no va directo sus resoluciones a casación, sino que se apelará ante los jueces provinciales. - Los jueces de lo Civil ya no tendrán competencia para temas familiares como divorcios, paternidad, ahora los competentes serán los jueces de familia, niñez y adolescencia. - Se crean nuevas Salas: a) Sala de Adolescentes Infractores, b) Sala de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; c) Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia; y, d) Sala de lo Contencioso Tributario. - Los abogados para patrocinar causas y/o a sus clientes, deberán formar parte del Foro mediante su incorporación al registro que, al efecto, mantendrá el Consejo de la Judicatura, a través de las direcciones regionales. El número de la inscripción en el libro respectivo, será el de la matrícula profesional, que incorporado a un carné servirá como acreditante ante los órganos jurisdiccionales y demás organismos del sector público y privado, de la calidad profesional de abogada o abogado. - Los abogados que integran estudios jurídicos colectivos pueden sustituirse indistintamente en el patrocinio de los asuntos a su cargo y se representan, unos a otros, ante las cortes, tribunales y juzgados correspondientes. La conformación de un estudio jurídico colectivo será puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura, acompañando la nómina de los integrantes,

- With the proposed principle of loyalty, the lawyer or legal professional that has created unnecessary incidents in a lawsuit will pay the costs of the process. The lawyers can be punished by the Judgeship Counsel. - The judgments or resolutions will not be made by majority of votes; they are made by absolute majority, if the associate judge or the President of the Room, who will have decisive votes, are not resorted. - The Contentious Administrative and Fiscal Courts will no longer be courts, with the reform they will be judges, which implies that their resolutions will no longer go directly to appeal to the Supreme Court, but they can be appealed before the provincial judges. - The civil judges will no longer have competence in family issues as divorces, paternity, now the competent ones will be the family, childhood and adolescence judges. - New Rooms are created: a) Adolescent Offenders Room, b) Military Criminal, Police Criminal and Traffic Affairs Room; c) Room of the Family, Childhood and Adolescence; and, d) Room of Contentious Tax affairs. - The lawyers, in order to sponsor cases and/or their clients, should form part of the Forum by means of their incorporation to the registry that, to the effect, will maintain the Judgeship Counsel, through the regional directions. The number of the registration in the respective book will be that of the professional one, that incorporated to a credential will serve as accreditation before the jurisdictional organs and other agencies of the private and public sector, of the professional quality of lawyer. - The lawyers that form part of collective law firms can be substituted indistinctly in the sponsorship of the matters to their charge and they can represent each other, before the corresponding courts, tribunals and first instance courts. The constitution of a collective law firm will be transmitted to the Judgeship Counsel, accompanying the list of the members, establishing the date of its

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con señalamiento de la fecha de su incorporación al Foro y el número de matrícula respectiva. El Consejo de la Judicatura, a través de la Direcciones Regionales pondrá en conocimiento de tribunales y juzgados esta nómina. - Serán órganos autónomos la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Las Notarias serán órganos auxiliares y el órgano administrativo y disciplinario de Gobierno es el Consejo de la Judicatura. - Para la designación de la nueva Corte Nacional de Justicia, el nuevo Consejo de la Judicatura en el plazo máximo de 30 días desde su posesión convocará a concurso de méritos y oposición para nombrar y designar a los nuevos jueces de dicha Corte. Los jueces y conjueces actuales, continuarán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

Fuente: Registro Oficial Suplemento No 544 del 9 de Marzo de 2009.

NOVEDAD LEGISLATIVA

LA NUEVA CONSTITUCION –

TITULO IV

El Título IV de la Constitución Política vigente, se compone de dos partes importantes, la primera de Participación y la segunda de Organización del Poder. En esta ocasión nos limitaremos a analizar los principales cambios relativos al Capítulo de Participación. Este capítulo, en esencia recoge los principios de participación, garantizando el poder ciudadano para participar en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y para organizarse colectivamente para ejercer un control social de niveles de gobierno, de entidades privadas o públicas que presten servicios públicos.

incorporation to the Forum and the respective registration number. The Judgeship Counsel, through the Regional Directions will share this list with tribunals and courts. - The Attorney's General Office and the Ombudsman’s Office will be autonomous organs. The Notaries will be auxiliary organs and the disciplinary and administrative organ of the Government is the Judgeship Counsel. - For the appointment of the new National Court of Justice, the new Judgeship Counsel, in the maximum time limit of 30 days since its possession, will call to selection process involving interviews and competitive examinations to name and appoint the new judges of the said Court. The current judges and associate judges will continue in their functions until they are legally replaced. Source: Judicial Gazette Supplement No. 544 of March 9, 2009.

LEGISLATIVE NEWS

THE NEW CONSTITUTION – TITLE IV

Title IV of the Political Constitution in force is composed of two important parts: the first one, of Participation; and, the second one, of the Organization of Power. In this occasion we are going to limit our analysis to the main changes related to the Chapter of Participation. This chapter, in essence, collects the principles of participation, guaranteeing the citizen power to participate in the decision making, planning and management of public matters and to be organized collectively to exercise a social control of certain levels of government, of private or public entities that render public services.

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En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, y la participación en los diferentes niveles de gobierno será para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y ciudadanos, para definir agendas de desarrollo, impulsar procesos de comunicación, etc. Se reconoce el derecho de la democracia directa, mediante el cual la iniciativa popular podrá proponer la creación, reforma o derogatoria de leyes ante la Función Legislativa, siempre que cuente con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. Si la Función Legislativa no trata las propuestas en 1 año, los proponentes podrán solicitar consulta popular sin necesidad de contar con el 8% del padrón electoral. La ciudadanía podrá solicitar la consulta popular de carácter nacional siempre que cuente con el respaldo de un número no inferior al 5% del padrón, cuando sea de carácter local no podrá ser inferior al 10% del padrón.

En todos los casos de consulta, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Se prevé la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, incluido Presidente de la República para lo cual en caso de cualquier dignidad se requiere un número no inferior al 10% del padrón electoral, para el caso del Presidente de la República no podrá ser inferior al 15% del registro electoral.

Instances of participation will conform in all levels of government, they will be integrated by elected authorities, and their participation in the different levels of government will be to draw up plans and national, local and sector policies between the governments and citizens, to define development agendas, to prompt communication processes, etc. The right to direct democracy is recognized, by means of which the popular initiative may be able to propose the creation, reform or derogation of laws before the Legislative Function, provided that it has the support at least with 0,25% of the people recorded in the electoral roll of the corresponding jurisdiction. For the presentation of constitutional reform proposals, the support of at least 1% of the people recorded in the electoral roll will be required. If the Legislative Function does not consider the proposals in 1 year, the ones who proposed will be able to request a referendum without needing the support of 8% of the electoral roll. The citizenship will be able to request a national referendum provided that have the support of at least 5% of the roll, when it is local, the support cannot be lower than 10% of the roll. For all cases of referendums, prior opinion of the Constitutional Court about the constitutionality of the proposed questions will be required. The annulment of the mandate to the authorities of popular election is foreseen, including the President of the Republic. For this, in the case of any authority, at least 10% of the electoral roll is required; in the case of the President of the Republic, it cannot be lower than 15% of the electoral roll.

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INDICADORES ECONOMICOS

Reserva Internacional De libre disponibilidad

Mill.US$ 3184,61

Producto Interno Bruto 2009

Mil.US$ 23,998

Variación del PIB 2008

% 5,32

PIB Per Cápita 2008 US$ 1,714Importaciones a Febrero 2009

Mill.US$ FOB 2,315

Exportaciones de Febrero 2009

Mil.US$ FOB

1,634

Balanza Comercial de Febrero 2009

Mill.US$ - 681

Inflación Marzo 09 % 1,09Inflación Año 2008 % 8,36 Inflación Promedio Acumulada a Marzo 09

%

2,28

Tasa Activa % 9,24Tasa Pasiva % 5,35Tasa Legal % 9,24Máximo Convencional % 9,33Tasa Efectiva Comercial Corporativo

%

9,24Tasa Efectiva Referencial Comercial PYMES

%

11,12Tasa Efectiva Referencial Consumo

%

15,77Tasa Efectiva Referencial Vivienda

%

11,03Tasa Efectiva Microcrédito Acumulación Ampliada

%

22,08Tasa Efectiva Microcrédito Acumulación Simple

%

28,80

ECONOMIC INDICATORS

International Monetary Reserve

Mill US$ 3184,61

Gross Domestic Product GDP 2009

Mil.US$ 23,998

Annual GDP Variation Rate 2008

% 5,32

GDP per capita 2008 US$ 1,714 Total Imports to February 2009

Mill.US$ FOB 2,315

Total Exports from January 2009

Mil.US$ FOB 1,634

Balance of Service February 2009

Mill.US$ - 681

Inflation March 09 % 1,09 Inflation Year 2008 % 8,36 Average Inflation until March 2009

%

2,28

Ask Rate % 9,24Bid Rate % 5,35Legal Rate % 9,24Maximum Conv. Rate % 9,33Commercial Corporative Effective Rate

%

9,24Commercial PYMES Effective Rate

%

11,12Consumption Effective Rate

%

15,77

Home Effective Rate %

11,03Microcredit Effective Rate Increased Accumulation

%

22,08Microcredit Effective Rate Simple Accumulation

%

28,80

LEX ECUADOR λ 23

EVENTOS

ABRIL 16 “Ya tiene lista su Declaración Patrimonial?” Organizado por: Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (CEDEM) con el aval de Servicio de Rentas Internas SRI. Lugar: Instalaciones de AMCHAM, Quito. Información: (593-2)2507-450 ABRIL 23 “Actualización Ley de Seguridad Social” Organizado por: RG Capacitación y Consultoría Lugar: Guayaquil Información: (593-2)2495-278 ABRIL 24 “Como manejar y evitar las Demandas Laborales” Organizado por: Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (CEDEM) Lugar: Instalaciones de AMCHAM, Quito. Información: (593-2)2507-450 ABRIL 27 - 28 “Taller de Negociación – Teoría y Herramientas del Proyecto de Negociación de Harvard” Organizado por: Centro Internacional de Arbitraje y Mediación CIAM Lugar: Quito Información: (593-2)2226-348

EVENTS

APRIL 16 “Did you have ready your Patrimonial Statement?” Organized By: Development Enterprising Studies Corporation (DESC) and the Ecuadorian – American Chamber Commerce with the collaboration of the Internal Revenue Services (IRS) Place: Chamber Instalations, Quito (AMCHAM) Information: (593-2)2507-450 APRIL 23 “Updating for the Social Security Law” Organized By: RG Capacitación y Consultoría Place: Guayaquil Information: (593-2) 2495-278 APRIL 24 “How to prevent and manage the Labour Complaints” Development Enterprising Studies Corporation (DESC) and the Ecuadorian – American Chamber Commerce Place: Chamber Instalations, Quito (AMCHAM) Information: (593-2)2507-450 APRIL 27 - 28 “Negotiation Workshop – Theory and Tools of the Negotiation of Harvard ” Organized By: International Center for Mediation and Arbitration Place: Quito Information: (593-2)2226-348