Jueces sin EstadoLa justicia colombiana en zonas de conflicto armado

BIBLIOTECA jOsé mArTÍ

ColecciónDERECHO Y CIUDADANÍA

Comité EditorialMauricio García VillegasÁngel Nogueira DobarroCésar Rodríguez GaravitoRodrigo Uprimny Yepes

Jueces sin EstadoLa justicia colombiana en zonas de conflicto armado

Mauricio García VillegasDirector

Traducción deÁngela Calvo de Saavedra

Siglo del Hombre Editores

THE JOHN MERCK FUND

Jueces sin Estado: la justicia colombiana en zonas de conflicto armado / Mauricio García Villegas... [et al.]. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores,

Dejusticia, Fundación Konrad Adenauer, The John Merck Fund, 2008.

228 p. (incluye insertos); 21 cm.

1. Jueces - Colombia 2. Administración de justicia - Colombia 3. Conflicto armado - Colombia 4. Justicia - Colombia 5. Estado 6. Filosofía del derecho

7. Derecho y sociedad I. García Villegas, Mauricio.

347.014 cd 21 ed.A1181594.

.CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

© Mauricio García Villegas

La presente edición, 2008

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Diseño de carátulaAlejandro Ospina

Diseño de la colección y armada electrónicaPrecolombi, David Reyes

ISBN: 978-958-665-117-2

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S.A.

Calle 65 Nº 95-28, Bogotá D.C..

Impreso en Colombia-Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS ................................................................ 11

INTRODUCCIÓN ........................................................................ 13 Mauricio García Villegas

Capítulo 1. ESTADO, TERRITORIO Y CIUDADANÍA ........ 19 Mauricio García Villegas

La formación del Estado en Europa ...................................... 21 Estado y territorio en Colombia ............................................. 26 Territorio y conflicto armado .................................................. 33 Control del territorio, conflicto armado y monopolio de la violencia ........................................................... 34 Los efectos perversos de la guerra .................................. 36 Fragmentación institucional ............................................ 38 La justicia ......................................................................... 41 Algunas conclusiones preliminares ........................................ 42 Referencias bibliográficas ....................................................... 45

Capítulo 2. ESTADO Y TERRITORIO EN LAS REGIONES: ESTUDIO DE CASOS ........................... 49 Camilo Castillo, Mauricio García Villegas y Sebastián Rubiano

Guerra y justicia en Putumayo ............................................... 49 La justicia en Putumayo .................................................. 56 Estado, territorio y ciudadanía en Urabá ............................... 58 Introducción .................................................................... 58 Aproximación geográfica ................................................ 58 La época colonial y la República ..................................... 60 La colonización antioqueña, la violencia política y la industria bananera ................................................ 64 Los nuevos colonos .................................................. 64 La violencia política y la industria del banano ........ 66 La violencia guerrillera y paramilitar .............................. 69 Guerrilla y sindicalismo ........................................... 69 El paramilitarismo .................................................... 73 El Urabá de hoy ............................................................... 74 Destellos de paz ........................................................ 75 La violencia reciente ................................................. 76 El Sur de Bolívar ..................................................................... 78 La colonización del Sur de Bolívar ................................. 81 La Nación y la región ....................................................... 85 Referencias bibliográficas ....................................................... 88

Capítulo 3. RELATOS DE JUECES .......................................... 93 Mauricio García Villegas

Y yo con esas ganas de ser juez ............................................... 93 La justicia guerrillera en Pinillos ............................................ 106 La fiscal de la funeraria ........................................................... 110 Administrando justicias en el Sur de Bolívar ......................... 117 El juez comunitario ................................................................. 122 Cuando sea magistrado lo cuento todo .................................. 138 Toledo queda en la frontera .................................................... 150 La justicia en medio de la guerra ............................................ 157

Capítulo 4. LA JUSTICIA EN ZONAS DE CONFLICTO ARMADO ............................................... 165 Camilo Castillo, Mauricio García Villegas, Soledad Granada y Adriana Villamarín

La relación entre violencia y justicia ....................................... 166 Investigación preliminar ......................................................... 172 Resultados generales ........................................................ 175 Lesiones personales y hurtos ........................................... 176 Investigación de fondo ............................................................ 176 Análisis por características de la población (densidad poblacional) ............................................. 177 Total entradas y salidas de casos vs. eventos de conflicto ......................................................... 177 Entradas y salidas en municipios con conflicto y sin conflicto ...................................................... 181 Distribución de las entradas y salidas de justicia en relación con la influencia de los actores armados .............................................................. 182 Total entradas y salidas de casos por homicidios vs. homicidios y muertes a causa del conflicto ....... 184 La distribución geográfica de los casos y la justicia ........ 186 La relación entre violencia y justicia ........................ 187 Conclusiones ........................................................................... 189 Referencias bibliográficas ....................................................... 194

Capítulo 5. JUSTICIA CON ESTADO ..................................... 197 Mauricio García Villegas

Instituciones y contexto social ................................................ 201 Las condiciones para el fortalecimiento estatal ..................... 205 Jueces y Estado en zonas de conflicto .................................... 209 Referencias bibliográficas ....................................................... 213

AUTORES ................................................................................... 217

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AGRADECIMIENTOS

Durante la investigación que dio lugar a este libro recibimos la ayuda de mucha gente. Queremos agradecerles a todos, en particu lar a los miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), de quienes obtuvimos no sólo valiosos comentarios académicos, sino también el soporte admi-nistrativo necesario para llevar a buen término la investigación que dio lugar a este libro. Queremos expresar nuestra especial gratitud a Rodrigo Uprimny (director) y a Flor Elba Castro (di-rectora de Cooperación Internacional y Programación) por ayu-darnos a sortear las dificultades propias que surgen en este tipo de investigaciones.

También queremos agradecer al Consejo Superior de la Judi-catura, en particular a Gloria Moreno, de la sección de análisis y estadística, por la información que nos proporcionó sobre de-manda y oferta de justicia en todos los juzgados y tribunales del país. También manifestamos nuestro reconocimiento al Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), y en especial a Jorge Restrepo, su director, por la ayuda prestada en la parte estadística de este libro.

Esta investigación fue financiada en gran parte por The John Merck Fund. A sus miembros, y en particular a su asistente de dirección, Nancy Stockford, también va nuestra gratitud. Lo mis-

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mo manifestamos respecto de la Fundación Konrad Adenauer —a través de Rudolf Huber director, en la oficina de México, del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica— que nos dio su apoyo para financiar parte de la investigación y la publicación de esta obra.

Algunas personas hicieron valiosos comentarios en versiones iniciales de algunos de los capítulos de este libro, en especial, Fernán González, Gustavo Duncan, Julieta Lemaitre, Ángela Aranzazu, Héctor Abad Faciolince, Diego López, Fabio Sán-chez, Ernesto Castillo, Olimpia Sánchez y Ethel Castellanos. A todos ellos mil gracias.

Finalmente queremos expresar nuestro reconocimiento a los jueces que entrevistamos. Ellos no sólo nos entregaron, de ma-nera generosa y sincera, información definitiva para las hipótesis formuladas en este libro, sino que nos enseñaron mucho sobre el país en el que vivimos.

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INTRODUCCIÓN

Mauricio García Villegas

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La teoría jurídica supone que el Estado —como Dios— tiene el poder de estar en todas partes, es decir, en todo el territorio na-cional. Esto es lo que dice el llamado principio de territorialidad, según el cual un Estado ejerce su poder dentro del espacio com-prendido entre sus fronteras, sin interferencia alguna de otros Estados o de otros poderes. Eso es lo que dice el derecho y lo que suponen los gobernantes. Pero en la práctica las cosas son muy distintas. Nominalmente el Estado puede estar presente en casi todo el territorio nacional; hay alcaldes y concejos municipales por todas partes; también hay policías, jueces, e incluso represen-tantes de los organismos de control. Pero de allí no se sigue que todos esos funcionarios tengan el poder suficiente para tomar el tipo de decisiones que contemplan la Constitución y la ley. En algunos sitios sí, sobre todo en zonas urbanas, pero en muchos otros las instituciones municipales son inexistentes o están captu-radas por intereses locales de todo tipo —a veces ilegales— que dominan en tales municipios.

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Uno de los retos de las ciencias sociales y políticas en Colom-bia, y desde luego también de los gobiernos y de las políticas pú-blicas, consiste en captar esta complejidad y en no contentarse con la visión jurídica que supone que el derecho y las instituciones están y funcionan bien en todas partes.1

El interés —académico y político— por la institucionalidad local no radica simplemente en la defensa de los derechos de la población que se encuentra en esas zonas, o en la defensa de la soberanía nacional, sino también en el hecho de que, como lo demuestran los escándalos recientes de la parapolítica, el buen funcionamiento de las instituciones nacionales, con sede en Bo-gotá o en las principales ciudades del país, también depende de que las instituciones locales —en el Cesar o en Córdoba, por ejemplo— no sean capturadas por poderes ilegales o mafiosos. Existe una interdependencia entre lo local y lo nacional que va mucho más allá del tema electoral y que hasta el momento no ha sido suficientemente estudiada en Colombia.

Parte fundamental de la reconstrucción institucional del Es-tado local pasa por el tema de la justicia. Aquí también los es-pecialistas tienen grandes retos: el primero de ellos consiste en superar los análisis y las visiones tradicionales que sobre el tema existen en Colombia. Sobre la justicia suele haber dos perspec-tivas dominantes. La primera observa el asunto desde el punto de vista normativo; esto es, a través de los códigos y los proce-dimientos que se requieren para resolver los conflictos y, sobre todo, para enfrentar a los grupos criminales. Esta es la visión que usualmente adoptan los ministerios de justicia, los consejos de la judicatura, los abogados y hasta los periodistas. La segunda ve la justicia como un asunto gerencial, y por eso estima que sus pro-blemas principales son la congestión, el déficit de oferta, la falta de independencia, la ineficiencia, entre otros. Tales problemas,

1 En este sentido avanza en la actualidad un importante proyecto interinstitucional liderado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y de-nominado “Observatorio para el desarrollo, la convivencia y el fortalecimiento institucional”.

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introducción

según esta perspectiva, sólo pueden ser resueltos a través de una administración más racional y eficiente del aparato judicial.

Estas perspectivas son importantes. Sin embargo, tomadas de manera aislada, tienen una visión parcial del problema de la justicia. Es necesario, no sólo una mayor comunicación entre los voceros de estas visiones, sino una mayor conciencia del carácter parcial de cada una de ellas. Partiendo de esta premisa, aquí he-mos adoptado una tercera visión, más integral y socio-jurídica de la justicia y de sus problemas. Esta visión supone que el buen des-empeño del poder judicial no sólo depende de factores internos, propios de su funcionamiento, sino del entorno social, político e institucional en el cual opera: la capacidad institucional, el buen funcionamiento del sistema electoral, la existencia de órganos de representación política fuertes y el respaldo de la fuerza pública son condiciones necesarias para que la justicia cumpla con sus cometidos, tanto como lo son la existencia de cierta equidad so-cial y de una ciudadanía fuerte y activa.

No es suficiente tener un juzgado municipal para que exista justicia en un municipio. Los jueces que están en zonas de con-flicto armado —aproximadamente la tercera parte de los jueces municipales del país— operan con toda la apariencia de norma-lidad. Sin embargo, cuando se mira en detalle lo que hacen, se constata que allí lo que existe es, o bien una justicia oficial que compite con una justicia ilegal, o bien una justicia inocua, que no tiene mayor trabajo porque no hay conflictos, y no los hay por-que la población vive fajo la férula de un ejército de ocupación. Nada de esto parece interesarle al Ministerio del Interior, ni a la División de Justicia de Planeación Nacional, y menos aún al Con-sejo Superior de la Judicatura. Estos organismos se conforman con que los jueces estén nombrados. No importa si son jóvenes recién egresados de facultades mediocres —otro de los males de la justicia—,2 sin experiencia y sin capacidad para tomar decisio-

2 La creación y desarrollo de los programas de derecho —más de 180 en la ac-tualidad— no tiene casi ningún control en Colombia. Más de la mitad de esos

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nes que afecten los intereses de las mafias y ejércitos locales, o si no pueden decidir con base en la Constitución y las leyes porque corren el riesgo de ser asesinados.

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La coyuntura institucional actual del país plantea importantes retos para la justicia: de un lado los jueces han adquirido un protagonismo insospechado en la definición de los principales problemas institucionales. La crisis de la representación políti-ca y la corrupción han ocasionado una especie de intervención excepcional de los jueces en asuntos que inicialmente no les co-rrespondían. De otro lado, la incapacidad creciente de la justicia para responder a las demandas de seguridad que se originan en la acción de las organizaciones armadas, pone de presente una crisis profunda en el funcionamiento de la justicia. Protagonismo político y deficiencias funcionales se encuentran necesariamente conectados: mientras la justicia no resuelva sus problemas fun-cionales y adquiera fortaleza y capacidad mediante el logro de sus compromisos sociales naturales, su intervención en los grandes debates políticos puede ser el pretexto para una desviación de objetivos y para un debilitamiento aún mayor de sus cometidos.

La justicia ha intentado responder a estos retos —necesidades de legitimación e incremento de la eficacia— a través de la adop-ción de reformas al sistema penal y al sistema de justicia consti-tucional. De otra parte, las políticas judiciales en Colombia han logrado avances importantes durante las últimas dos décadas, sobre todo en temas tales como la oferta de justicia y la protec-ción de los derechos fundamentales.

¿Qué impacto han tenido estas reformas en relación con los jueces que trabajan en zonas de conflicto armado en Colombia?

programas tiene un registro de funcionamiento provisional. A esto se suma que los egresados de esas facultades no requieren de ningún examen o de ninguna preparación especializada para ser jueces.

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introducción

No hay estudios que respondan a este interrogante, y ello no obs-tante la importancia que ha adquirido esta pregunta durante los últimos años, a raíz de los escándalos sobre captura del Estado por parte de la guerrilla y los paramilitares. En el caso de los pa-ramilitares el problema es hoy particularmente delicado. En los últimos años se ha visto cómo el desmonte del paramilitarismo no se acaba con la entrega y perdón de los jefes paramilitares. Ahí empieza otro calvario: el de la justicia. El paramilitarismo es un poder ilegal conectado estrechamente con el poder legal. Por eso es tan difícil desmontarlo. Cuando se negocia con los para-militares se logra que se desmovilicen algunos, pero la estructura legal que los soporta sigue intacta y en cualquier momento vuelve a parir la ilegalidad. El desafío que el Estado colombiano tiene hoy con el paramilitarismo no es vencerlos militarmente sino vencerlos judicialmente.

El plan gubernamental de recuperación de territorios toma-dos por la guerrilla o por los paramilitares es ante todo un plan militar. Ese plan es necesario pero insuficiente. Para reconstruir las instituciones se requiere de la participación de otros organis-mos del Estado, y particularmente de los jueces. Los militares, por sí solos, no son los más indicados para restaurar la institucio-nalidad. Menos aún en territorios dominados por organizaciones paramilitares con las cuales el Ejército ha tenido, en muchos ca-sos, una actitud ambigua cuando no francamente complaciente. Además, el hecho de que la justicia no haga parte de la receta de reconstrucción, denota un tipo de concepción de Estado y de la autoridad pública preocupante, por decir lo menos.

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Este libro es el resultado de una investigación de dos años, lle-vada a cabo en Dejusticia, sobre la justicia en zonas de conflicto armado en Colombia. Dada la falta de información disponible sobre el tema, lo primero que hicimos fue entrevistar a jueces que trabajan en zonas de conflicto. Para ello seleccionamos tres

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zonas: el Sur de Bolívar, Urabá y Putumayo. Allí hablamos con algo más de 25 jueces, a quienes entrevistamos durante muchas horas y en algunas ocasiones durante varios días. De esas entre-vistas surgieron los ocho relatos contenidos en este libro (capítulo 3). En ellos se ilustra la vida cotidiana de los jueces que conviven con los actores armados.

La investigación cualitativa fue luego complementada con el análisis estadístico de datos provenientes del Consejo Superior de la Judicatura sobre los casos que los jueces reciben y las decisiones que toman. Esos datos se originan en los informes periódicos que los jueces están obligados a enviar al Consejo Superior de la Judi-catura sobre sus despachos. En Dejusticia, nos dimos a la tarea de depurar y filtrar esa base de datos. Una vez depurada, trabajamos en alianza con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), quienes son especialistas en la exploración estadística y econométrica, para el análisis estadístico de los datos.

Finalmente, después de toda la información cualitativa y cuan-titativa recogida, intentamos formular una explicación teórica de las deficiencias de la justicia en estas zonas, y a partir de allí, pre-sentamos unos lineamientos de políticas públicas destinados a la reconstrucción de la institucionalidad en zonas de conflicto arma-do. Estos son los temas de los últimos dos capítulos del libro.

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capítulo 1

ESTADO, TERRITORIO Y CIUDADANÍA EN COLOMBIA

Mauricio García Villegas

Según la teoría política clásica, el Estado moderno tiene tres atri-butos esenciales: la soberanía, la territorialidad y la nacionalidad (Jellinek 1981; Carré de Malberg 1922). Para explicar esos atribu-tos, algunos profesores de derecho y ciencia política se valen de la metáfora de la lámpara: la soberanía estatal —dicen— es como una luz que irradia y controla todo el territorio y la población de una nación. Se supone entonces que todo queda iluminado, sin que existan zonas de penumbra, o grises, en ese territorio cubier-to por el poder estatal.

Como en todas las metáforas, en ésta de la lámpara hay algo de verdad y algo de mentira. La verdad es que el poder estatal es un poder supremo que no tiene competencia en lo que al uso de la violencia y del poder de regulación social se refiere. El Estado es, por definición, un poder no disputado. La mentira consiste en que estos atributos no son absolutos sino relativos: ningún Estado, por poderoso que sea, logra siempre una soberanía y un

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control pleno sobre su territorio y sobre su población. Siempre hay zonas de penumbra, zonas en las cuales el Estado no logra imponer su ley. Eso sucede, incluso en los Estados más desarro-llados y consolidados.

Los atributos del Estado son, entonces, graduales. Un Estado es una organización política que concentra una gran cantidad de fuerza física y de control sobre gran parte de un territorio y frente a una gran cantidad de población. ¿Pero cuáles son los mínimos necesarios que se requieren de esas cantidades para que exista un Estado? La sociología política se ha interesado por caracte-rizar esos grados mínimos, es decir, en términos de la metáfora de la lámpara, la iluminación mínima indispensable para que pueda hablarse de un Estado. Algunos países en África y Asia se encuentran en esa situación fronteriza entre la existencia y el colapso del Estado.

Mucho menos estudiado, sin embargo, ha sido el caso de aquellos Estados cuya existencia nadie pone en duda, pero que consiguen grados muy dispares de concentración de poder, o de iluminación, en el territorio nacional. En lugar de estar iluminado plenamente o de tener una luz opaca, su territorio tiene algunos parches oscuros, otros opacos y otros plenamente iluminados. El Estado existe y es fuerte, pero no siempre, ni en todas partes. Ese es el caso de algunos países periféricos y, en particular, ese es el caso de Colombia.

La caracterización de esos claroscuros es el objeto de este capítulo. Lo que sigue está dividido en tres partes. La primera se ocupa de la historia de la formación del Estado en Europa. La segunda, de los avatares que esa misma historia ha tenido en América Latina y particularmente en Colombia. Y, finalmente, la tercera se refiere al conflicto armado colombiano y a su incidencia negativa en la consolidación del Estado.

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estado, territorio y ciudadanía en colombia

la formación del estado en europa

Muchos de los conceptos políticos fundamentales que utilizamos en América Latina, como por ejemplo el Estado, la soberanía y la sociedad civil, tuvieron origen en Europa y en circunstancias muy diferentes a las nuestras. Surgieron y prosperaron en unas realidades sociales y fueron exportados a otras realidades dife-rentes. Ese transplante, como era de esperarse, tuvo dificultades. Las nuevas instituciones encontraron un terreno poco propicio —como cuando una planta que es de una región, un clima, un tipo de tierra, es transplantada a otro sitio en el cual no existen esas condiciones de origen—, y por eso no produjeron los resul-tados esperados.1 Esa es la razón por la cual no siempre existe una correspondencia entre estos conceptos y las realidades que queremos explicar. O, dicho en otros términos, allí está el origen de esa sempiterna disociación latinoamericana entre los textos legales y políticos, de una parte, y las prácticas sociales, de la otra. La dificultad para comprender nuestra historia —dice Octavio Paz— radica en que en América Latina las ideas y las institucio-nes disfrazan la realidad en lugar de expresarla o de clarificarla (Paz 1972).

Así pues, lo que denominamos hoy en día Estado moderno es el resultado de un tipo particular de organización política que logró consolidarse en Europa a partir de un tipo particular de configuración social.2 Pero su creación no se hizo de la noche a la mañana; por el contrario, fue el resultado de un largo proceso

1 A propósito de la metáfora de las plantas, Peter Evans utiliza el concepto de “monocultivo institucional” (institucional monocroping) para criticar esa ten-dencia que consiste en transplantar instituciones de un lado a otro sin tener en cuenta los contextos en los cuales se implantan (Evans 2004); véase igualmente Portes (2005).

2 Sobre la formación del Estado europeo existe una amplísima literatura. Véan-se, entre otros, Tilly (1990, 1995, 1985, 2005); Elias (1982); Huntington (1968); Olson (1982, 1993); Kennedy (1987); Moore (1966); Gellner (1977); Abrams (1988); Bourdeau (1970); Skocpol (1979) y Evans, Rueschemeyer y Skocpol (1985).

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de concentración y monopolización del poder, que duró aproxi-madamente ochocientos años. Según Tilly (1990), se pueden di-ferenciar cuatro períodos en este largo proceso de formación del Estado. El primero de ellos (patrimonialism) —desde el año 1000 al 1400 dC— estuvo dominado por las guerras intestinas entre tri-bus, señores feudales y milicias, y se caracterizó por la dispersión de poderes y de recursos económicos y militares. El monarca sólo era capaz de recaudar tributos y de ofrecer seguridad en pequeñas porciones de territorio que estaban bajo su directo control. En un segundo período (brockage) —1400-1700— se logró fortale-cer el poder monárquico, el cual se ejercía de manera indirecta, a través de intermediarios locales —mercenarios, nobles y burgue-ses— que cumplían diferentes funciones, entre ellas la de hacer la guerra, recaudar impuestos, impartir justicia y asegurar el orden interno. En un tercer período (nationalization) —1700-1850— se crearon los grandes ejércitos nacionales, dotados de una admi-nistración compleja y dependiente del Estado central. Con esos ejércitos, el monarca no sólo dejó de hacer la guerra mediante la contratación de mercenarios, sino que eliminó buena parte de los intermediarios, de tal manera que pudo imponer un control direc-to, tanto fiscal como militar, sobre las localidades. Para lograr este propósito, el poder central no sólo impuso una cultura nacional, con una lengua y una simbología patria, sino que cerró y controló sus fronteras. En el último período (specialization) —desde 1850 hasta hoy— los ejércitos crecieron como ramas especializadas del gobierno central, se logró una clara separación entre los asuntos fiscales y los militares, se fortaleció la capacidad de control de los órganos de representación política y, por último, se aumentó el poder regulador y distribuidor del Estado.

Como puede observarse en esta cronología, la paulatina con-centración del poder que fue dando lugar al Estado moderno estuvo impulsada por la guerra y por el cobro de impuestos para hacer la guerra. La organización fiscal y el ejército fueron enton-ces fundamentales para que el Estado emergiera como un poder superior. Pero Tilly no es el único en poner el acento en estos

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estado, territorio y ciudadanía en colombia

elementos. Esta es la manera como Norbert Elias explica la con-centración de poder en manos del Estado:

Los medios financieros que afluyen a este poder central sostienen el monopolio de la violencia; y el monopolio de la violencia sostiene el monopolio fiscal. Ambos son simultáneos; el monopolio financiero no es previo al militar y el militar no es previo al financiero, sino que se trata de dos caras de la misma organización monopolística. (Elias 1986: 345)

La dosis de impuestos y de coerción no siempre fue la misma en todos los países, explica Tilly (1985, 1990): allí donde pre-dominaba el campesinado, el Estado impuso su dominio prin-cipalmente a través de la coerción sobre la población rural; allí donde prevalecían las grandes ciudades y la población urbana, en cambio, el Estado se impuso a través de la tributación y la ex-tracción de capital.

En un mundo dominado por la guerra, la seguridad es el bien más preciado. Por eso los gobernantes ofrecían seguridad a cam-bio de lealtad y dinero. Ellos eran, dice Tilly (1990) una especie de chantajistas: ofrecían protección contra ciertos males que ellos mismos podrían de otra manera infligir, o por lo menos permitir que se infligieran. Pero se trataba de un chantaje que le dejaba a la población, o por lo menos a una parte de ella, cierto grado de negociación. La población no asistía de manera pasiva a las prácticas de coerción y explotación impuestas por el poder es-tatal. “Ningún monarca podía hacer la guerra —dice Tilly— sin asegurar el consentimiento de la gran mayoría de sus súbditos y la activa colaboración de algunos pocos con poder” (Tilly 1990: 75). La primera prueba del poder negociador de la población tuvo lugar en Inglaterra, cuando el Rey Juan sin Tierra intentó obtener dinero de sus barones para hacer la guerra contra Francia. En esa ocasión los barones no sólo se negaron a seguir al Rey, sino que le hicieron firmar la célebre Carta Magna de 1215, en la cual se imponían condiciones estrictas para el cobro de impuestos. Siglos