Embed Size (px)
Citation preview
1
Incidencia de los cambios en las políticas sociales entre los colectivos de inmigrantes y posibles efectos en los
procesos de integración
The impact of the change in social policies on the inmigrant population and the effects on the processes of
social integration
Miquel Ángel Oliver Perelló
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Fernanda Caro Blanco
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Resumen
En el actual contexto de crisis económica, duradera y de gran impacto para amplios
sectores de la población, resulta necesario identificar situaciones concretas por la que están
atravesando determinados colectivos de la sociedad española, especialmente a partir de la
adopción, por parte del gobierno central y los distintos gobiernos autonómicos, de una serie de
medidas que suponen cambios muy importantes en áreas clave del Estado de Bienestar y que
afectan a ámbitos esenciales de la vida de las personas. En el caso concreto de las personas
inmigrantes y partiendo de una mayor vulnerabilidad existente en el citado colectivo, el presente
trabajo describe, por una parte, los efectos que dichas medidas representan en el momento actual
y, tomando también como modelo de análisis la situación en el contexto concreto de las Islas
Baleares, reflexiona acerca del impacto que las mismas pueden significar en los procesos de
integración de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida y las posibles repercusiones
para el conjunto de la sociedad en relación a la pretendida cohesión social.
2
Palabras clave: Políticas sociales; colectivos de inmigrantes; integración; cohesión social;
vulnerabilidad.
Abstract:
In the actual context of long-lasting economic crisis, which is having an important impact on
large sectors of the population, it is urgent to identify the concrete situations endured by certain
groups of the Spanish society as a consequence of the measures adopted by the central and
regional governments of a series of measures that have had an important impact on key areas of
the Welfare State. In the case of the immigrant population, the situation is even harder given the
higher insecurity in which they were placed. The present paper describes, on the one hand, the
general effects of these (liberal?) measures, and it takes the Balearic Islands as a case of study to
analyse the impact that these measures have on the processes of integration of the immigrants
and the possible consequences for social cohesion.
Keywords: Social policies; inmigrant population; social inclusion; social cohesion;
vulnerability/insecurity
1. Introducción: la crisis como telón de fondo
La crisis global propiciada por la crisis financiera que se inició en el año 2007 con la
quiebra de Lehman Brother, junto con el acceso generalizado al poder de gobiernos neoliberales,
está generando profundos cambios en las estructuras de bienestar, muy especialmente en los
países de la Europa del Sur.
Sin duda, uno de los datos que mejor reflejan la crisis en España lo constituye el
espectacular aumento del desempleo que, según la Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el primer trimestre de 2013, sitúa la
tasa de paro en el 27,16%, un punto más con respecto al cuarto trimestre de 20121 y representa
la cifra de 6.202.700 personas2, destacando un paro especialmente significativo en los jóvenes de
entre 20 y 24 años y situando a España como el país con mayor tasa de desempleo de la UE, cuya
media del conjunto de países es del 9,7%. Si nos referimos específicamente a la población
extranjera, según la misma fuente y referido al primer trimestre de 2013, hay que reseñar una
1 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya alertaba sobre la posibilidad de que en el año 2013 el desempleo en España llegara al 27 %. 2 Según la misma fuente (EPA del INE) en un año la cifra total de desempleados se ha incrementado en 563.200 personas.
3
subida del paro de 80.500 entre los extranjeros, lo que representa una tasa de paro de este grupo
de población del 39,21%, 14,1 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española
(25’11%).
A las altas tasas de desempleo, tanto las referidas a la población general como a grupos
específicos, hay que añadir el impacto de las políticas de austeridad, que se han visto reflejadas en
sucesivas reformas que han afectado directamente a los principales sistemas de protección social
de un ya maltrecho Estado del Bienestar español. Las reformas en los Sistemas Públicos de
Protección Social del estado español se inician a partir de la aprobación del Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Este
decreto, con el que se inicia un rápido proceso de reforma la protección social española, tiene
importantes y sucesivos efectos en el conjunto de áreas propias de las políticas sociales a partir de
reformas legislativas claves3.
Una primera observación sobre las repercusiones que tanto el desempleo como los
recortes en políticas sociales están teniendo sobre la población española la aporta el Informe Anual
de 2012 del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), que indica que la tasa de pobreza en
nuestro país - una de las más elevadas de la UE, situándose junto a países como Portugal, Grecia
y Polonia, y sólo superada por Rumania y Letonia- afectó en ese año al 21’8% de la población.
Según el informe del OSE, el aumento que se ha producido en la tasa de pobreza en España se
puede relacionar tanto con el aumento del desempleo al que anteriormente hemos hecho
referencia, como a las políticas de austeridad.
La Fundación FOESSA (2012) alerta acerca del incremento de la exclusión social, así
como de la disminución en el umbral de pobreza, de forma que ahora, en España, “los pobres
ahora son más pobres”. Según los datos aportados por FOESSA la pobreza en nuestro país se ha
hecho más extensa, dado que se ha incrementado en número de hogares y personas; más
intensa, debido entre otras razones, a las dificultades de acceso a los derechos básicos; y más
crónica, porque las situaciones de pobreza ya no pueden ser calificadas como pasajeras. Se
3 En el Mercado de Trabajo el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; en el Sistema de Salud el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; en el Sistema Educativo el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, además de la actualmente en discusión Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Por otra parte, la reforma de la Justicia anunciada por el Gobierno de Rajoy, con el Ministro Gallardón al frente, augura profundos cambios en este Sistema que incluirán también reformas en la Ley del Menor, aunque por el momento, en este mismo sistema, se ha aprobado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Respecto al Sistema de la Dependencia, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introduce profundas reformas que representan una práctica paralización de su aplicación.
4
destacan, asimismo, dos importantes aspectos. Por una parte, la existencia de más de 900.000
personas a las que se puede considerar “trabajadores pobres”, referido a aquellas personas que aun
disponiendo de empleo la precariedad del mismo no les permite superar el umbral de la pobreza.
Junto a esto se destaca también el importante riesgo de ruptura de la cohesión social que se
empieza a reflejar en la distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la población y
al 20% más pobre, siendo este aumento el mayor de los 27 Estados de la UE.
Desempleo, aumento de la pobreza y crecimiento de la desigualdad4 como consecuencias
más impactantes de la crisis, junto con un escaso gasto social que, en España, se sitúa 15 puntos
por debajo del de la mayoría de los países del euro con mayor nivel de renta, golpea de manera
muy significativa a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, entre los que se encuentra la
población inmigrante.
2. La vulnerabilidad de la población inmigrante
Existen una serie de elementos que configuran una especial vulnerabilidad de la población
inmigrante frente a la población autóctona, y que se agravan significativamente con la crisis.
Describimos brevemente algunos de ellos.
La inestabilidad jurídica puede considerarse tal vez el principal factor agravante de las
condiciones de vida y que suponen un grave riesgo de marginación social para las personas
inmigrantes, no sólo por la situación en sí sino por todas las consecuencias que comporta
respecto a la pérdida de ciudadanía social.
El prejuicio étnico, el racismo y la xenofobia constituyen otro factor de
vulnerabilidad. Algunas interpretaciones explican que en un contexto de desigualdades crecientes,
fomentada por la escasez de recursos laborales y sociales, la competencia social por un puesto de
trabajo o por una determinada prestación, se vive en términos de competencia desleal entre
extranjeros y autóctonos y se elabora en el marco de un discurso xenófobo y racista. Gran
responsabilidad tienen en esta situación los discursos de determinados representantes políticos y
de los medios de comunicación con la difusión sistemática de imágenes negativas y estereotipadas
de los extranjeros que hacen que se vincule a estos con la delincuencia, la prostitución o el tráfico
de drogas.
4 El crecimiento de la desigualdad en España duplica el de Francia, triplica el de Alemania y es casi cinco veces mayor que el de la media de la UE de los quince.
5
La competencia lingüística, constituye también un aspecto a destacar puesto que
impide que las puedan "manejarse" en las situaciones habituales: comprender y hacerse
comprender ante la administración, en el trabajo, el colegio de los hijos, etc. Esta situación se
agrava en Comunidades Autónomas, como es el caso de la de Illes Balears que cuenta con una
segunda lengua oficial, además del castellano.
El desconocimiento del medio social de acogida, constituye uno de los factores que
comparten sectores de la población autóctona e inmigrante, y hace referencia al desconocimiento
del funcionamiento de la administración pública, de los procedimientos y tipos de gestión, así
como de los valores y costumbres que regulan las relaciones entre los miembros de la sociedad,
etc. En relación a las necesarias relaciones con la administración, la desorientación que el
desconocimiento de ello representa se traduce en no pocas ocasiones, en un tráfico por las
instituciones con la consecuente pérdida de tiempo y frustración, viéndose limitadas además las
capacidades de las personas para ejercer sus derechos como ciudadanos y su participación en la
sociedad.
En el déficit en las redes de apoyo naturales es donde se encuentran muchas de las
situaciones de vulnerabilidad que se dan en nuestra sociedad y destacan sobremanera en el caso
de las personas inmigrantes. La menor disposición de redes de apoyo familiar en destino por
parte de las personas inmigrantes, conlleva a que en determinadas situaciones se dé un mayor
riesgo de transitar desde la vulnerabilidad a la exclusión social. Si bien es cierto que entre el
colectivo de personas inmigrantes se dan también redes de apoyo formadas por miembros del
propio colectivo de origen que trascienden a la familia y que llegan en cierta medida a sustituir a
ésta, resultando en ocasiones fundamentales en el asentamiento en la nueva sociedad, no es
menos cierto que el hecho de que las redes sociales queden restringidas a la comunidad de origen,
además de interpretarse como resultado de las afinidades socioculturales que vinculan a sus
miembros, puede también ser resultado de las barreras que interfieren en el proceso de
integración social y como efecto de los procesos de exclusión.
3. Medidas estatales como respuestas a la crisis e impacto de las
mismas sobre la población inmigrante
Ya en la última legislatura del partido socialista, y aún a pesar de algunas tímidas medidas
de apoyo a la familia y fomento del empleo puestas en marcha a principios del 2009, destacan
6
como medidas que se adoptaron para hacer frente a la crisis, el recorte del gasto público social5
que suponen la congelación de las pensiones, la reducción del salario de los empleados públicos y
la puesta en marcha de una reforma laboral muy contestada socialmente y de dudosos resultados
para la mejora de la situación económica del país en su conjunto. Será sin embargo a partir del
año 2011, con el nuevo gobierno conservador, cuando se producen los recortes más
significativos: nueva reforma laboral y medidas como el aumento del IVA, recortes en los
derechos de los trabajadores - como la disminución de la base reguladora del seguro de
desempleo - , y en sistemas de protección públicos como la sanidad y la educación. Estas y otras
medidas, iniciadas desde el gobierno del estado, han sido aplicadas por los gobiernos
autonómicos, suponiendo un retroceso sin precedentes en las políticas sociales, en base a los
importantes recortes que se han realizado en áreas esenciales del Estado del Bienestar.
En este contexto, la inmigración, considerada como un factor estructural de riesgo de
exclusión (Foessa. 2009), está siendo progresivamente excluida de determinados derechos
sociales. Por si fuera poco, algunas de las reformas que están causando esta exclusión parecen
encontrar su argumentación en el el hecho de señalar a los inmigrantes como causantes de las
dificultades financieras del sistema, con lo cual se contribuye a que éstos sean percibidos por gran
parte de la población como una carga social y una competencia en la lucha por conseguir
prestaciones sociales que ya de por sí son escasas. Un escenario que, sin lugar a dudas, contribuye
a reforzar la estigmatización de la población inmigrante.
Si nos centramos en el análisis de las respuestas institucionales a la crisis observadas en las
Islas Baleares, y su impacto sobre los procesos de integración de los colectivos de inmigrantes,
podemos identificar claramente un antes y un después en las políticas de inmigración en esta
comunidad y que nos hace transitar de un panorama esperanzador a un escenario de profunda
desolación.
Manteniendo la tendencia de las dos últimas décadas, a principios de 2013 Baleares sigue
siendo la comunidad del estado español con un mayor porcentaje de población extranjera,
representando un 20,1 % respecto al total de la población balear6, frente a un 11,7 de la media
estatal. Aún a pesar de este alto porcentaje cabe tener en cuenta que a comienzos de 2013 residían
5 Con el Real Decreto-ley 8/2010 anteriormente mencionado, se procedió a un recorte del gasto público social por valor de unos 15.000 millones de euros. Entre las partidas recortadas se aplicó una reducción media del 5% del sueldo de los trabajadores públicos. Otra de las medidas fue la eliminación del cheque-bebé y la congelación de las pensiones (excepto las pensiones mínimas y no contributivas). 6 Avance de resultados del Padrón Municipal. Instituto Nacional de Estadística (INE). 22 de abril de 2013
7
en Islas Baleares un total de 223.605 personas de otros países7, frente a las 242.570 de un año
antes. Se trata de un descenso del 7,8 por ciento, el más alto de todo el Estado entre ciudadanos
extranjeros. Los extranjeros que más han reducido su presencia en Baleares son, en primer lugar
los ciudadanos de la Unión Europea, seguido del colectivo de latinoamericanos, con cerca de
4.500 menos que hace un año.
Con respecto a la política migratoria, es importante reseñar que en el caso concreto de
Baleares se habían dado avances muy importantes en la materia. Como ejemplos de ello puede
citarse la existencia en 2005 de una consejería específica de inmigración, de servicios específicos
de orientación laboral para personas inmigrantes, así como el hecho de que las personas en
situación irregular podían acceder a determinadas acciones de formación. La atención a
inmigrantes se venía realizando tanto a partir de dispositivos normalizados como específicos,
como las Oficinas de Información, Orientación y Asesoramiento a Inmigrantes (OFIM), que aún
continúan funcionando hoy en día y constituyen instrumentos válidos para favorecer los procesos
de integración de las personas inmigrantes en el territorio concreto de Baleares.
Podría afirmase con ello que en los últimos años y hasta el inicio de la actual legislatura,
en las islas se ha venido facilitando a la población inmigrante un acceso bastante normalizado al
conjunto de prestaciones dirigidas a la población general, y al mismo tiempo se ha ido dotando
también al sistema de una serie de recursos específicos de apoyo a la integración de las personas
inmigrantes desde la consideración de la existencia de dificultades particulares que afectan citado
colectivo.
Es sin embargo a partir de mediados del año 2011, con la llegada al conjunto de
instituciones públicas de gobiernos conservadores, cuando se producen cambios importantes en
esta situación y los avances que se habían ido dando en esta materia han ido desapareciendo
rápidamente.
Las distintas medidas legislativas aprobadas desde el gobierno del estado y aplicadas al
conjunto del territorio español tienen claras repercusiones en el acceso a derechos y prestaciones
en cada uno de los ámbitos de protección social. Reseñamos a continuación los aspectos más
significativos y su especial incidencia en el territorio balear.
7 Entre el colectivo de extranjeros, los que disponen de más población en el Archipiélago son los procedentes de la Unión Europa (118.574). Por países de origen, Alemania, con 29.934 habitantes, se sitúa a la cabeza. Le siguen Marruecos (24.473), Reino Unido (21.918), Italia (17.443), Rumanía (13.697), Ecuador (9132), Argentina (8369) y Colombia (7.823). Los municipios de las Islas con un mayor porcentaje de población extranjera son aquellos de entre 50.001 y 100.000 habitantes, en los que se concentran el 32 % de ciudadanos extranjeros.
8
3.1. Medidas y repercusiones en el ámbito sanitario
Una de las medidas adoptadas por el gobierno central para reducir costes y que tiene
como víctimas a los inmigrantes en situación administrativa irregular es su exclusión de la
asistencia sanitaria normalizada8. Si hasta ahora era suficiente con estar empadronado para
disponer de la tarjeta sanitaria, a partir del cambio reglamentario se exige la residencia legal, es
decir, tener permiso de residencia en vigor y tener a los familiares directos también regularizados.
Los que se hallen en situación administrativa irregular, solo podrán ser atendidos en urgencias, y
se respeta la garantía de asistencia básica a menores y mujeres embarazadas. Una medida que tira
por tierra los avances en materia de atención a la salud conseguidos a partir de la aprobación de la
ley 4/2000 de derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
Baleares se encuentra entre las 9 comunidades autónomas que aplican a rajatabla el Real
Decreto Ley 16/2012 del gobierno central. Además de afectar ello especialmente a personas con
enfermedades crónicas, puede también - como ya han indicado diversos expertos -, afectar a la
sanidad pública por la no detección de enfermedades contagiosas, con especial riesgo en cuanto a
la dificultad de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tal y como ha denunciado la
entidad Médicos del Mundo, en Baleares además, se iniciaron una serie de prácticas que
restringen el acceso a la salud de las personas inmigrantes antes de la entrada en vigor de la
normativa: retirada de las tarjetas sanitarias próximas a caducar, paralización de la emisión de
nuevas tarjetas facturación de la atención personas extranjeras con derecho a asistencia según el
propio Real Decreto, casos de inasistencia a menores, casos de facturación por asistencia al parto,
ausencia de asistencia farmacológica a personas con enfermas crónicas, falta de asistencia
farmacológica por patologías severas, entre otras medidas como la reducción del número de
mediadores interculturales adscritos a los hospitales.
3.2. Medidas y repercusiones en el ámbito Educativo
Si bien la legislación sobre extranjería establece el derecho de los menores inmigrantes a la
educación, ello no resulta suficiente para garantizar que esta se realice en igualdad de condiciones
con respecto a los autóctonos, lo que se traduce en peores resultados académicos y en mayores
probabilidades de abandonar antes los estudios, con las repercusiones que esto tiene en el acceso
al mercado de trabajo (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo. 2011).
8 Según datos del Ministerio de Trabajo esta medida puede afectar aproximadamente a medio millón de personas.
9
La realidad de la situación actual muestra que los recortes adoptados por las
administraciones en materia educativa muestran un camino muy distinto al recomendado por el
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 español (intensificar la educación en valores,
desarrollo de programas de integración y convivencia; desarrollo de programas de acogida y
planes de convivencia escolar, programas de mediación social intercultural…) Los recortes en
materia educativa en España afectan a las inversiones, al gasto de funcionamiento y muy
especialmente a los gastos de personal, lo cual supone: la reducción de un 14,4 % de gasto en
política educativa que se traduce en un recorte de 2.600 millones de euros; una pérdida de 62.000
trabajadores en el sector educativo mayoritariamente público; la reducción de la partida de becas
y ayudas en un 3,8 por ciento; el recorte de 7 millones de euros en la partida de becas para libros
de texto; el incremento en un 20 por ciento en la ratio de alumnos por clase; el aumento del
número de horas lectivas del personal; la suspensión de la obligación de ofertar dos modalidades
de bachillerato; la no cobertura de bajas inferiores a diez días.
Todos estos recortes afectan especialmente a alumnado con mayores necesidades
educativas, o a aquellos cuyo núcleo familiar vive situaciones de precariedad que no les permite
suministrarse otro tipo de apoyos.
Sumadas a estas medidas estatales, el ejecutivo autonómico balear pone en marcha
medidas complementarias como la eliminación del Programa de Acogida, Integración y Refuerzo
Educativo para inmigrantes recién llegados (PAIRE), la reducción de las ayudas de comedor o en becas
para libros y en subvenciones para la realización de las actividades extraescolares o la reducción
de la oferta de cursos de Catalán para personas extranjeras.
3.3. Medidas y repercusiones en el ámbito Laboral
El impacto de la crisis sobre el empleo afecta en mayor medida a la población inmigrante,
lo cual se demuestra con la existencia de tasas muy superiores de desempleo en este colectivo, tal
y como se ha apuntado anteriormente en referencia a datos aportado por la EPA. Entre las
causas de dicha situación cabe destacar, la concentración de la población extrajera en sectores
laborales más afectados por la crisis como la construcción y los servicios.
Además de la ausencia de ingresos que conlleva la pérdida del trabajo, en el caso de los
extranjeros la pérdida de empleo supone también consecuencias directas para la renovación de las
autorizaciones de residencia ya que nuestra legislación de extranjería, resultado de un modelo
migratorio basado en el mercado laboral, renueva los permisos de residencia y trabajo sólo en la
medida en que la persona inmigrante ha cotizado a la Seguridad Social. Con ello, y una vez que la
10
persona inmigrante no dispone siquiera de prestaciones de desempleo, se cae en situación de
irregularidad administrativa, aumentando los riesgos de explotación y precarización laboral al
verse obligados a trabajar en la economía sumergida para poder subsistir. En definitiva una
pérdida de derechos en cadena que impide además el acceso a prestaciones tanto contributivas
como asistenciales como la Renta Mínima de Inserción (RMI), y la pérdida del derecho a iniciar
procesos de reagrupación familiar, con lo que se desprovee a la persona extranjera, además, de
redes primarias de apoyo.
En Baleares, la eliminación de las figuras de los Orientadores Laborales y Agentes de
Desarrollo Local contratados a través del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) contribuye
a dificultar a la formación profesional y la cualificación necesaria para que las personas
extranjeras accedan a nuevos sectores de ocupación.
3.4. Medidas y repercusiones en el ámbito de los Servicios Sociales
En el ámbito de los Servicios Sociales, las medidas de mayor impacto parece ser que están
aún por llegar, pero se las espera con la anunciada reforma de la administración local9 que en su
exposición pretende suprimir las 3.725 entidades locales menores existentes y eliminar las
mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada mientras que sus competencias
pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales. Respecto a los Servicios Sociales, el
Anteproyecto de Ley pretende su eliminación o privatización en 7.741 de los 8.116
ayuntamientos que hay en España, es decir, aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes y
que representan, por otra parte, el 95% del total de corporaciones.
Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la
memoria del Plan concertado para la Prestaciones Sociales Básicas (PPB) correspondiente al
periodo 2010-2011, en los servicios sociales municipales trabajan actualmente cerca de 50.000
personas y cada año, siete millones de ciudadanos se benefician de ellos. De forma que con la
eliminación de los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes se
condenará a la marginación a las zonas rurales toda vez que en ellas los servicios sociales no solo
cumplen una función social y solidaria sino que además, son un elemento que favorece la
permanencia de los habitantes en el territorio. Pero además, también los grandes municipios se
verán afectados a través de una drástica reducción de las competencias en políticas sociales
obviando lo que vienen destacando todos los expertos en las últimas décadas: la importancia y el
9 Anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. Consejo de Ministros, 15 de febrero de 2013.
11
liderazgo que debe ejercerse desde la administración local en esta materia por ser la más cercana
al ciudadano y las mayores facilidades de organización para adaptarse a las necesidades de la
población desde un mejor y más cercano conocimiento de las mismas.
En Baleares, las medidas concretas de reducción del Sistema Público de Servicios Sociales
(SPSS) no se ha hecho esperar, y esta se está llevando a cabo a través de: la reducción del
presupuesto de la RMI y la modificación de los requisitos para acceder a la RMI a las personas
extranjeras en situación irregular; la eliminación del servicio de Teletraducción a Víctimas de Violencia
de Género, dependiente del Instituto Balear de la Mujer (IBD); la suspensión del Fondo Estatal para la
Integración de las personas Inmigrantes del cual dependen la mayoría de contrataciones y subvenciones
para Entidades Locales y ONG’s, para la atención a la población inmigrante a través de la
contratación de profesionales especializados, programas de formación y programas de
sensibilización e inserción.
3.5. Medidas y repercusiones en otros ámbitos y prestaciones
Llama la atención constatar que, junto a las citadas medidas de recorte del gasto público,
se han visto reforzadas sin embargo otro tipo de acciones como la referida al Programa de Retorno
Voluntario10 destinando el Gobierno entre 2,4 y 6,9 millones de euros a dichos programas de
retorno voluntario de personas inmigrantes, solicitantes de asilo o personas que gocen de alguna
protección internacional, con el objetivo de propiciar "una reintegración positiva en el país de origen" y
con el compromiso de estos de no retornar a España en el plazo de tres años a partir del
momento de su salida para realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o
ajena.
En Baleares, también resultan llamativas algunas medidas como el aumento de la
dotación presupuestaria para la ejecución de las expulsiones. Al mismo tiempo se ha producido
un retraso considerable en la tramitación de los expedientes en la Oficina de Extranjeros, se han
modificado las condiciones para la Reagrupación Familiar de ascendentes mayores de 65 años y
se ha aprobado un aumento de las cuantías de ingresos para poder solicitar la reagrupación
familiar de hijos y cónyuge, junto a la supresión de los convenios con programas de mediación de
alquiler de viviendas.
Los efectos de algunas de las citadas medidas quedan reflejados en la memoria de Caritas
Mallorca 2011, que destaca que el 67,1% de las personas atendidas en esta entidad son de
10 Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario de personas inmigrantes (BOE, núm. 78, 1 de abril de 2013)
12
nacionalidad extracomunitaria. En muchos casos, se trata de familias inmigrantes que se
encontraban en situación regular y que debido a la pérdida del trabajo durante un largo periodo
de tiempo, han perdido también la situación de regularidad administrativa, y en bastantes de estos
casos, la pérdida de ingresos ha supuesto también la pérdida de la vivienda. La citada memoria
resalta como significativo el caso de los hombres inmigrantes, mayoritariamente nigerianos y
senegaleses, jóvenes y muchos de ellos con cargas familiares en sus países de origen, en situación
administrativa irregular y con muy pocas posibilidades de obtener la regularización debido a la
ausencia de ofertas de empleo.
4. Apuntando conclusiones acerca de las políticas sociales y los
procesos de integración de las personas inmigrantes: efectos en los niveles
de cohesión social
La complejidad del fenómeno migratorio y lo acelerado de los cambios en las políticas
sociales que se están produciendo actualmente en la mayoría de las sociedades occidentales y de
manera particular en España, no permite en este momento llegar a conclusiones rigurosas que
permitan señalar de manera clara los efectos que estos tendrán sobre los procesos de integración
de los inmigrantes en un futuro.
No obstante, sí es posible a partir de la identificación de las distintas tendencias, señalar
los posibles efectos de las mismas tanto en relación a los procesos de integración de la población
inmigrante como para la sociedad de acogida en su conjunto.
Las cuestiones que nos planteamos a este respecto tienen que ver con las dificultades para
avanzar en un modelo de integración cuando está claramente limitada la estabilidad laboral y
jurídica de las personas extranjeras y cuando la convivencia social se hace cada vez más difícil en
un contexto de progresiva marginación respecto a los derechos de ciudadanía de determinados
grupos dentro de un mismo territorio. Nos preguntamos entonces cómo afectará todo ello a la
identidad de los individuos, entendiendo que esta siempre es percibida en el encuentro con el
otro -el otro individual, pero también el otro institucional- cuando esta se ve confrontada por
actitudes de rechazo.
Considerando, por tanto, los elementos presentes que contribuyen a aumentar el riesgo de
exclusión de las personas inmigrantes así como el riesgo de alteración de la convivencia y la
cohesión social, destacamos las siguientes conclusiones preliminares:
13
4.1. La escalada de recortes sociales disminuye la igualdad de oportunidades,
genera un marco de desigualdad creciente y dificulta los procesos de integración
Resulta evidente que las familias inmigrantes lo tienen hoy más difícil que hace una
década, y sus dificultades actuales de acomodación así como las actitudes de rechazo que
perciben, pueden tener consecuencias en un futuro próximo. Pero además, las dificultades
actuales de los adultos, no pasarán desapercibidas por sus hijos e influirán indudablemente en
ellos.
Con las medidas de reducción en las políticas generales y la generación de una estructura
de oportunidades desigual algunas cuestiones trascendentales, como el éxito educativo, será
mucho más difícil de conseguir entre los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades,
que verán mediatizada de forma muy negativa su futura inserción laboral, y como consecuencia
su posición social. Y esta posición social influye también en los sentimientos de pertenencia e
identificación con la sociedad de acogida.
Otras dificultades como la adquisición de la lengua, las dificultades para acceder al
mercado de trabajo y la inestabilidad jurídica que determina el marco normativo, condicionan los
procesos de integración y pueden convertir a las personas inmigrantes en una subclase
socialmente marginada y dependiente de las instituciones del Estado.
Si la persona inmigrante precisa dotar de sentido su presencia entre nosotros, el hecho de
cercenar o dificultar el acceso y la igualdad en el ejercicio de determinados derechos en distintos
ámbitos conducirá probablemente a que la persona se sienta en riesgo, “en tierra de nadie”, lo que
facilitará su camino hacia procesos de exclusión social.
Las políticas sociales constituyen un elemento fundamental para la cohesión social, y al
verse estas tan gravemente modificadas en un contexto como el actual sin duda redundará en una
profundización en la desigualdad, a la vez que se está contribuyendo de manera acelerada a la
formación de una sociedad dual.
En el caso español, donde el fenómeno migratorio puede calificarse aún como reciente, la
mayoría de los inmigrantes se han ido adaptando hasta ahora al hecho de ocupar los sectores
laborales en las condiciones más duras de nuestro mercado laboral, en trabajos precarios, mal
pagados y poco valorados socialmente. Sin embargo, cabe preguntarse si los hijos de los
inmigrantes que han nacido aquí o han crecido entre nosotros, aceptarán ocupar el mismo status
social con resignación, conocedores de que no han disfrutados de las mismas oportunidades que
los nacionales y que han crecido en un contexto que los discrimina en función de su origen o de
la situación jurídica y social en que los coloca el origen de sus progenitores.
14
4.2. Estigmatización de grupos sociales que comparten un mismo territorio
Los discursos que ofrecen únicamente una visión negativa y estereotipada del fenómeno
migratorio, legitiman respuestas institucionales que favorecen la exclusión de las personas
inmigrantes de determinados derechos, contribuyendo a la estigmatización de un sector de la
población con el cual se comparte un mismo territorio.
Esto representa un cuestionamiento de la ciudadanía, entendida como la privación del
ejercicio de los derechos humanos fundamentales. La globalización y el multiculturalismo que, de
modo irreversible, caracteriza a nuestras sociedades, debe también contemplar entre sus objetivos
la integración del conjunto de ciudadanos que comparten un mismo territorio y dicho objetivo
resulta inalcanzable con medidas que significan segmentación y estratificación social. Puesto que
la diversidad de nuestras sociedades es inevitable, enfrentarse a ello con hostilidad posibilita
sentar las bases para la aparición de nuevos problemas o para el agravamiento de los ya existentes,
como puede ser la competencia entre distintos grupos que se hallan en contextos de
multiculturalidad. En cualquier caso, las respuestas que ofrecen los gobiernos en esta materia,
representan de algún modo, posicionamientos a través de los cuales se va definiendo la sociedad
con respecto a la inmigración.
4.3. Marco de competencia por los recursos sociales y riesgo de actitudes y
comportamientos xenófobos
La posibilidad de que se incremente el rechazo que determinados sectores de población
autóctona manifiesta ya hacia la población inmigrante resulta evidente, y con ello también
aumenta el riesgo de alteración de la convivencia en un escenario percibido como de clara
competencia entre distintos sectores de población por unos recursos sociales cada vez más
escasos. Las mayores dificultades creadas para el acceso a necesidades básicas de colectivos
vulnerables, como el que representa el colectivo inmigrante, suponen un elemento más a añadir
al conjunto de ingredientes que dificultan de manera notable los procesos de integración.
El aumento generalizado del paro, un volumen considerable de inmigración en Europa, la
percepción de competencia por parte de algunos sectores de población en relación al acceso a
unos recursos cada vez más escasos en un contexto de recesión económica y de
desmantelamiento del Estado del Bienestar, ha generado un clima propicio para la extensión de
los discursos xenófobos heredados de épocas fascistas. Los inmigrantes son así presentados
como una carga y un problema -ligado a cuestiones de inseguridad ciudadana- y se opta desde
15
estas posiciones por ofrecer respuestas populistas y simples para resolver situaciones que resultan
ser de una gran complejidad.
Es el caso de la emergencia de partidos de ultraderecha en Europa, caracterizados todos
ellos por la exaltación de la xenofobia y el rechazo “al diferente”. Esta situación, que se inició a
finales de la década de los 80 en países como Francia con el Frente Nacional o con la Unión por el
Futuro (BZÖ), que llegó a ser la segunda fuerza más votada en Austria, y ha continuado en los
años posteriores con la Liga Norte en Italia11 o el Partido de la Libertad en Holanda, se ha visto
agudizada en el actual periodo de crisis. Sirva como ejemplo el caso de Grecia, donde el partido
de extrema derecha Amanecer Dorado, ha llegado a pedir12 “la reinstauración de la pena de muerte en el
país para los inmigrantes culpables de crímenes violentos” argumentando que “inmigrantes asesinos han
transformado el país en una selva” y solicitando “que la policía tenga permiso para emplear armamento militar
con el que combatir a las bandas criminales de inmigrantes fuertemente armadas”. Conviene no olvidar que
el partido Amanecer Dorado obtuvo 21 diputados en el Parlamento griego en 2012 gracias al apoyo
de casi el 7 % de los votantes, muy probablemente provenientes, gran parte de ellos, de las clases
trabajadoras.
El auge de este tipo de partidos en Europa y con la crisis económica de fondo ha
supuesto como era de esperar, un endurecimiento de las políticas de inmigración: ha sucedido en
el caso del Reino Unido, con el endurecimiento del acceso para los inmigrantes a las prestaciones
sociales o en Francia anteriormente, con el endurecimiento también de las condiciones de acogida
de personas extranjeras en el año 2011 por parte del gobierno de Sarkozy, del cual cabe también
recordar las expulsiones de gitanos rumanos en el verano de 2010, y también en España, con la
exclusión de los inmigrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud (.SNS)
4.4. Escasa contribución desde las políticas sociales actuales a la creación de
vínculos identitarios de las personas inmigrantes con el entorno de acogida, con claro
riesgo de alteración de la convivencia
Es precisamente en la interrelación entre autóctonos e inmigrantes, donde se modela la
identidad y con ello las respuestas y conductas que se irán dando en el futuro. ¿Cómo se irán
construyendo estas respuestas si la percepción de determinados colectivos es de marginación o
11 La Liga Norte, propuso atajar la inmigración ilegal calificándola de delito castigado con penas de prisión de entre uno y cuatro años, y en el año 2011 el ejecutivo de Berlusconi instauró la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos de residencia y el visado por puntos para todos los inmigrantes, ampliando de seis a 18 meses el plazo máximo de retención a ciudadanos extranjeros en los centros de expulsión. 12 En Publico.es de 30 de marzo de 2013.
16
discriminación? ¿Cuáles serán las estrategias y decisiones de las personas que perciban un entorno
como conflictivo?
La reivindicación y expresión de pertenencia a un grupo desfavorecido puede
manifestarse de muchas maneras, y una de ellas es con actitudes de hostilidad hacia el entorno.
Las actitudes de rechazo conducen no solo a conflictos de identidad entre las personas
inmigrantes, sino que también llevan a la conflictividad social.
Si la pertenencia a una determinada comunidad se realiza fundamentalmente a través de
vínculos identitarios que es necesario cultivar, en relación a ello adquieren especial importancia la
igualdad en derechos y deberes, debiendo estos recoger: los referidos a la salud, la educación, el
acceso al trabajo y a la vivienda, y en el caso concreto de las personas inmigrantes además, el
reconocimiento del derecho pleno a la reagrupación familiar sin que se haga de ello un
instrumento más de la política migratoria. El respeto por los derechos individuales constituye sin
duda, un instrumento importante sobre el que construir la convivencia en la diversidad, y en todo
ello hay una responsabilidad pública de los gobiernos que debe ser exigible por parte de los
ciudadanos, entre otras razones, porque también la sociedad civil ostenta determinadas
responsabilidades públicas.
Con las medidas actuales de limitación de derechos, se dificulta la formación de
sentimientos de pertenencia y de identificación con la sociedad receptora, favoreciéndose la
generación de actitudes defensivas por parte de las personas inmigrantes frente a la percepción de
discriminación o rechazo. En este escenario se ven disminuidas al mismo tiempo las posibilidades
de establecimiento de vínculos con miembros de la sociedad de acogida que resultan
imprescindibles para favorecer los procesos de integración.
4.5. Ausencia de políticas claras y gestión “cortoplacista” del fenómeno migratorio
La habitual mirada “cortoplacista” de los responsables políticos parece olvidar lo que
debería ser una preocupación por el devenir futuro de la sociedad en relación a la gestión del
fenómeno migratorio, puesto que lo que se está poniendo en juego, más allá de medidas y
acciones concretas, es un modelo de sociedad y un modelo de integración.
Hace ya más de dos décadas la propia Comisión europea manifestaba en uno de sus
informes que “no habría paz social en Europa si no se solucionaba la buena integración de los inmigrantes”13,
y eso actualmente parece haberse olvidado. Del mismo modo que parecen haber pasado al olvido
13 Informe final sobre las “Recomendaciones y Propuestas a los Responsables en las Relaciones Intercomunitarias e Interétnicas en Europa”, núm. 2, Estrasburgo. Consejo de Europa, 1991.
17
otras situaciones más recientes como las revueltas de años atrás en Francia protagonizadas por
los jóvenes franceses hijos de familias inmigrantes y que deberían servirnos para reflexionar
acerca de las condiciones en que se desarrollará la segunda generación de inmigrantes en España
y cómo influirán en ella las medidas que se están tomando en la actualidad. ¿Cuál es el entorno y
el contexto en el cual están creciendo los hijos de las familias de inmigrantes y cómo afectará el
mismo a la vinculación emocional de estos con nuestro país? ¿Podemos ser optimistas con
respecto a sus logros futuros si se consolida un contexto de discriminación? ¿Cuál será su nivel de
integración y cómo responderán estos jóvenes a ello?
5. Algunas propuestas y consideraciones para la mejora de los
procesos de integración en contextos de crisis
Resulta evidente que la complejidad del fenómeno migratorio, más aún en el actual
contexto de crisis, no permite aventurar “fórmulas o recetas mágicas” al respecto, pero si en cualquier
caso es posible realizar algunas consideraciones que deben considerarse como propuestas para
mejorar la integración de las personas inmigrantes y el marco de convivencia en situaciones tan
particulares como la actual:
• Trabajar en la línea de ofrecer una mayor garantía de derechos, entendiendo que
con ello se favorece la integración social: por todo lo expuesto hasta ahora, deben
ampliarse al conjunto de personas que residen en un mismo territorio los derechos
básicos que resultan fundamentales en la vida de las personas, independientemente de la
situación administrativa, evitando la estigmatización y la generación de grupos excluidos
socialmente.
• Generar espacios para el encuentro que debiliten la estigmatización de
determinados grupos: deben dedicarse esfuerzos en crear espacios para el encuentro
común entre las distintas culturas que comparten el territorio y desde la comprensión
definitiva que los procesos de integración son de doble sentido, entre inmigrantes y
población autóctona.
• Adoptar medidas de refuerzo para evitar abusos y situaciones de explotación de
las personas inmigrantes: es importante poner en marcha de una serie de medidas que
desde un enfoque preventivo actúen para evitar el abuso y explotación de los trabajadores
18
inmigrantes que se dan en contextos que favorecen el trabajo irregular14, no únicamente
por la explotación que representan sino por las consecuencias futuras respectos a la
limitación en el acceso a prestaciones. Este tipo de actividades laborales han tenido, y aún
tienen, una extraordinaria importancia en la consolidación del fenómeno migratorio de las
Baleares, actuando por una parte como elemento de atracción y como factor favorecedor
de conflictividad social por otra.
• Desarrollar estrategias que favorezcan los procesos de integración de las personas
inmigrantes eliminando las políticas asistencialistas: El objetivo de la integración
no debe entenderse en términos de solidaridad, porque como señalan Laparra y Cachón
(2009), la inmigración es entonces solo percibida en términos de costes, olvidando los
beneficios que para el conjunto de la sociedad y a distintos niveles esta misma representa.
La exclusión social es el resultado de las condiciones de un contexto caracterizado, entre
otros factores, por el debilitamiento de la protección social, la inestabilidad jurídica, la
existencia de áreas marginales, es decir, es entendida como un fenómeno multicausal que
necesita intervenciones integrales, desde los distintos sistemas de protección. La atención
de las personas inmigrantes prácticamente en exclusiva desde los Servicios Sociales le
otorga un cierto carácter de marginalidad.
• Procurar el fortalecimiento de las redes sociales, imprescindible en un contexto
donde las necesidades superan a los recursos: La administración por si sola ha
demostrado ser incapaz de resolver problemáticas sociales complejas que afectan a
distintos actores y a diferentes ámbitos. Deben crearse canales que favorezcan
participación social, especialmente importante en el contexto local, sin olvidar que la
responsabilidad principal recae en la administración.
• Desarrollo de planes de actuación con enfoque comunitario y la participación
conjunta entre los distintos agentes: Evitar las medidas aisladas y plantear respuestas
globales que incluyan a los distintos agentes con capacidad de generar cambios. Insistir en
cualquier caso, en el liderazgo que debe ejercer, especialmente, la administración local.
Es cierto que la intensidad en el volumen de llegadas al territorio español en un periodo
muy corto de tiempo ha sido de tal magnitud que ha planteado no pocos retos en ámbitos como
el educativo, el sanitario, el de la propia convivencia en la comunidad. Sin embargo, puede decirse
14 La economía sumergida en España, estimada por la OCDE en el 20% del PIB, era preexistente a la llegada de la inmigración.
19
que tanto en el territorio concreto de Illes Balears como en el conjunto del estado, se han
conseguido avances muy significativos respecto a la integración social y la convivencia. El
contexto actual pone en grave riesgo estos avances y con ello los niveles conseguidos de cohesión
social. Sólo por esta razón se hace imprescindible que tanto las instituciones públicas como la
ciudadanía en su conjunto, articulen mecanismos urgentes para revertir esta tendencia.
20
3. Bibliografía
� APARICIO, Rosa. (2012) “La integración de las segundas generaciones en Europa”.
Máster U. en Migraciones Internacionales Contemporáneas. U. P. Comillas
� CACHÓN, Luis. y LAPARRA, Miguel. (eds.) (2009): Inmigración y políticas sociales.
Barcelona: Ediciones Bellaterra.
� CARITAS MALLORCA (2012). Memoria 2011.
� FUNDACIÓN FOESSA (2012) Exclusión y desarrollo social en España. Análisis y perspectivas.
� ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). Primer trimestre 2013. Instituto
Nacional de Estadística (INE).
� GABINETE DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE
AHORROS (FUNCAS) (2012) “Relaciones intergeneracionales en las sociedades
actuales”. Panorama Social núm. 15.
� CONSEJO DE EUROA (1991) Informe final sobre las “Recomendaciones y Propuestas
a los Responsables en las Relaciones Intercomunitarias e Interétnicas en Europa”, núm. 2,
Estrasburgo
� LA PARRA, D. y TORTOSA, (2002). J.M. “Procesos de exclusión social: redes que dan
protección e inclusiones desiguales”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
número 35, pp. 55-64.
� MÉDICOS DEL MUNDO (2012). “Semáforo por comunidades sobre el real decreto y el
derecho a la salud”
� MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2012).
Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales,
años 2010-2011.
� MORENO, F.J. y BRUQUETAS, M. (2011). “Inmigración y Estado de Bienestar en
España”. Barcelona: Obra Social “La Caixa”
� NAVARRO, Vicenç. (Coordinador) (2004). “El Estado de Bienestar en España”.
Diputación de Barcelona.
� OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (2012). Octavo Informe
Anual Sostenibilidad en España.
� ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (2012) “Impactos
de la crisis sobre la población inmigrante".
21
� MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración para los años 2011-2014.
