El Sindicalismo Colombiano Actor Social en Medio de La Guerra

8/2/2019 El Sindicalismo Colombiano Actor Social en Medio de La Guerra...

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PRESENTACINEn el ao 2000 pertenecan a una organizacin sindical 849.212 ciu-dadanos colombianos1. Los trabajadores sindicalizados representa-ban en ese momento menos del 5% de la poblacin econmicamenteactiva del pas. Sin embargo, nadie puede negar que las organizacio-nes sindicales siguen siendo la institucin en Colombia que ms per-sonas agrupa, siguen poseyendo altos niveles de organizacin yaccin sistemtica, y tienen el mayor nmero de cuadros social y

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1 Escuela Nacional Sindical, Registro de informacin sindical (2000).

Juan Bernardo Rosado Duque*

El sindicalismo colombiano:

actor social en medio de la guerra,

y el temor a la libertad

*Coordinador del rea de DDHH y Laborales. Escuela Nacional Sindical-rea deDerechos Humanos y Laborales.

Rosado Duque, Juan Bernardo.El sindicalismo colombiano: actor social en medio de la guerra, y el temor a la libertad. En libro: Sindicatos y nuevos movimientos sociales en Amrica Latina. Enrique de la Garza Toledo (compilador). Coleccin Grupos de Trabajo, CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2005. 224 p.

Disponible en la web: htt ://bibliotecavirtual.clacso.or .ar/ar/libros/ ru os/sindi/du ue. df

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polticamente formados dentro de las organizaciones de la sociedadcivil colombiana.

Es tambin la organizacin social ms perseguida por los acto-res de la guerra y la ms controlada por el Estado. La legislacin labo-ral colombiana, en contrava de los convenios de la OIT, sigue restrin-giendo la accin sindical y limita el derecho de asociacin. Ms de1.800 sindicalistas han sido asesinados desde 1991. Sindicalizarse enColombia es cada vez ms un acto de herosmo cuando cada ao laCIOSL2 nos dice que el 80% de los sindicalistas que mueren violenta-mente en el mundo son colombianos.

Los sindicalistas colombianos son vctimas de una persecucinsistemtica sin parangn histrico y que no necesariamente tienecomo causa la guerra entre el Estado, la subversin y las autodefen-sas. Se ha comprobado que muchos de ellos mueren en medio de con-flictos laborales en los cuales estos actores armados son el medio utili-zado por terceros para acabar esos conflictos.

La guerra, el miedo a otorgar libertades, la debilidad institucio-nal y la fragmentacin social y poltica son rasgos de la conformacinnacional que marcan la historia, el presente y el futuro de las organi-

zaciones sindicales. Intentemos explicar la crisis del sindicalismocomo parte de la crisis de la nacin colombiana.

EL ESTADO DE GUERRA, HILO CONDUCTOR DE NUESTRA HISTORIA

La historia, los cambios y la realidad actual de esos 850 mil sujetos yde sus organizaciones estn plenamente ligados a la evolucin de lasociedad y el Estado colombianos. Una historia regida por la fragili-dad institucional, la fragmentacin social y territorial, y la presencia

de estados de guerra permanentes y prolongados3.Nuestra dbil nacin es producto de la incidencia de un conflicto

armado prolongado en la conformacin de sentidos comunes y en lasmaneras como se imagin la nacionalidad4. En Colombia, los discur-sos, las metforas, las imgenes, los vocabularios utilizados para nom-brar la identidad nacional, as como la accin poltica y las disputas

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Sindicatos y nuevos movimientos sociales en Amrica Latina

2 Confederacin Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

3 La nocin de estado de guerra puede verse en Thomas Hobbes (1983: 136) y en MichelFoucault (1992: 101).

4 Ver Uribe, de Hincapi Mara Teresa (2002: 10).


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por el poder, van conformando y consolidando esas identidades, y estoen general caracteriza cualquier proceso de conformacin nacional.

Lo que hace particular el proceso de conformacin de nuestranacionalidad es la guerra, ese hilo imaginario que atraviesa la viday moldea el alma de la nacin colombiana, una guerra entendidacomo estado de guerra en el sentido Hobbesiano, como eseanimusbelli permanente que muestra en los diferentes actores la voluntadindeclinable de no someterse a la autoridad instituida y de no aceptarun poder distinto del propio5 combatiendo al enemigo con las armassi fuese necesario.

Despus de la guerra de independencia, mito fundacional denuestra nacionalidad, y constituida una comunidad pequea de hom-

bres libres instituida en repblica, Colombia se desbarranc en innu-merables guerras civiles nacionales y locales6, las guerras por el ordeninstitucional7, guerras que definieron fronteras y poblamientos, peroque principalmente definieron la adscripcin de regiones y ciudadanosa los partidos polticos tradicionales, enfrascados en una pugna perma-nente y radical por el papel del Estado, el conjunto de libertades de losciudadanos, el papel de la iglesia catlica, las dems instituciones de lasociedad civil, y el control de la creciente burocracia.

Y si bien esas guerras civiles en principio fueron asunto de lospocos ciudadanos conscientes de ser y sentirse como tales, participan-tes activos en la vida poltica naciente, la dinmica blica fue inclu-yendo a la inmensa mayora a travs de la experiencia vital de la gue-rra y de los sufrimientos de todos, que fueron llevando a los habitan-tes del pas a pertenecer a un bando o a otro sin saber muy bien la ide-ologa o el programa del partido al que se perteneca. Y los incluy apesar del miedo al pueblo acendrado en la elite de los dos partidos,

sobre todo despus de la guerra de los artesanos de 1854

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.Fue ms bien el odio, el deseo de venganza frente al otro parti-do, cuyos ejrcitos y funcionarios agredan, confiscaban, destruan oreclutaban forzosamente, lo que nos ligaba a un bando, liberal o con-servador; y esas pertenencias operan an hoy en muchas zonas del

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Juan Bernardo Rosado Duque

5 Ibd. p. 11.

6 Segn los historiadores, en Colombia, en el siglo XIX, hubo siete guerras civiles, dosgolpes de estado y una innumerable variedad de motines, revoluciones y asonadas.

7 Ver Uribe, de Hincapi Mara Teresa (2002: 17).

8 A partir de ese ao, an los liberales abandonaron, hasta 1918, la idea de ampliar laciudadana y promover el sufragio universal directo.


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pas y se mezclan con sectores de una sociedad ms compleja en laque ya no se puede hablar de identidades nacionales, de pertenencia apartidos, instituciones o discursos nacionales.

La frgil sociedad colombiana, altamente jerarquizada, regidapor el catolicismo y cimentada en la pertenencia a dos partidos tradi-cionales que alcanz a perdurar hasta los aos setenta del siglo pasado,no existe ms: explot en miles de fragmentos todava sin armar, quehacen ms difcil hablar hoy de una identidad nacional colombiana.

LAS VIOLENCIAS ACTUALES EN COLOMBIA: UN INTENTO DEINTERPRETACIN

El problema de la violencia endmica que azota al pas ha suscitadovarias toneladas de anlisis y toda una escuela de pensamiento en lasociologa y la filosofa poltica en Colombia.

Muchos analistas han tratado de encasillar la guerra colombia-na contempornea en los esquemas pensados por autores recientesque han intentado caracterizar las guerras y los conflictos internos dela posguerra fra. El texto de Mary Kaldor9 es un clsico reciente sobreel tema, constantemente citado por los estudiosos de nuestro conflic-to. En resumen, las nuevas guerras, en las que clasificaremos a la

colombiana, son conflictos de la posguerra fra con carcter poltico,en donde la distincin entre violencia poltica, crimen organizado y

violaciones masivas y sistemticas de los derechos humanos resultams bien difusa, cuando no inexistente. En Colombia se ha vivido unaguerra de ms de 160 aos, que en su fase actual tiene races en la vio-lencia de los aos cincuenta y en la guerra fra, si bien desde media-dos de los ochenta hay un cambio sustancial, aunque sus actoressigan siendo los mismos.

Estos conflictos son civiles o internos en principio, pero estnsalpicados completamente de repercusiones globales en las que tieneun gran peso el nuevo intervensionismo moral10 que no est slo enmanos de las agencias de las Naciones Unidas o en el ComitInternacional de la Cruz Roja, sino tambin en la vasta y complejared de organizaciones no gubernamentales internacionales. Songuerras privatizadas, informales, virtuales y degeneradas no slo porsu aspecto genocida, sino tambin porque se dan en medio de la ero-

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9 Ver Kaldor, Mary (2001).

10 Ver Ignatieff, Michael (2001: 153224).


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sin de la autonoma del Estado, en su desintegracin o la de losactores armados.

Para Mary Kaldor, son guerras signadas ms por unapoltica delas identidades que por objetivos geopolticos, ideolgicos o territoria-

les. Parecen ser una contestacin al espritu cosmopolita, universalis-ta y multicultural que promueve la globalizacin, un alarido sangrien-to de los excluidos de la mundializacin. Esta poltica de identidadeses a la vez local y trasnacional, ha cambiado la forma de combatir, usala guerra de guerrillas, pero retoma de las tcticas contrainsurgentesel uso de tcnicas de desestabilizacin dirigidas a sembrar el miedo yel odio. Son guerras altamente descentralizadas, con mltiples acto-res, que se sostienen por la reproduccin de la violencia.

Frente a las diversas interpretaciones existentes sobre la natura-leza de nuestro conflicto, podemos reconocer algunos puntos deacuerdo y muchas divergencias. Presentaremos a continuacin esosescasos puntos en los que hay consenso, y las dos caracterizacionesms populares producidas en los ltimos tiempos en el pas11.

Un vistazo a los conflictos armados de la posguerra en el mundonos puede dejar cuatro conclusiones. En primer lugar, que estos handisminuido; en segundo lugar, que Amrica Latina es la zona del plane-ta ms pacfica; en tercer lugar, que la mayora de los conflictos de pos-guerra se han resuelto en procesos de paz; por ltimo, que los conflic-tos causados por hondas disputas ideolgicas han desaparecido12.Ahora bien, el conflicto armado colombiano no parece concatenar conestas afirmaciones. Sin embargo, estableciendo tres principios bsicosde nuestro conflicto podemos decir, en primer lugar, que es un conflic-to interno, que gracias al intervencionismo norteamericano, el inter-

vencionismo humanitario y la expansin del conflicto a las zonas fron-terizas de nuestros vecinos, hace que probablemente estemos cayendo

en lo que algunos han llamado un conflicto regional complejo.Evidentemente la nuestra es una guerra no convencional, una

guerra de guerrillas. No obstante, las Fuerzas Armadas Revolucionariasde Colombia (FARC) intentaron desde 1994 transitar hacia la guerraregular con xitos militares iniciales importantes, contrarrestados porel reforzamiento del ejrcito durante el gobierno de Pastrana.

Y es un conflicto que tiene su origen en disputas ideolgicas,inicialmente en el conflicto entre liberales y conservadores durante la

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11 Ver Pizarro, Len Gmez Eduardo (2001: 164-180).

12 Ver Wallensteen, Peter y Margareta Sollenberg (2001).


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violencia13 y que un poco ms adelante, en los sesenta, despeg con elauge de la revolucin cubana. Hoy podemos tambin decir en base alporcentaje que ocupa la violencia poltica (entre el 20% y el 30% deltotal de la violencia nacional) que estamos pasando de un conflicto debaja intensidad, con 2.500 a 3 mil vctimas por ao, a uno de escalaintermedia en el que se registran entre 4 mil y 5 mil vctimas, con ejr-citos ms grandes, mejor dotados, de alcance nacional, y responsablesde las ms graves violaciones a los derechos humanos y al derechointernacional humanitario.

GUERRA CIVIL VS. GUERRA CONTRA LA SOCIEDAD

En un reciente y polmico artculo de prensa14

el ensayista FernandoUricoechea defina el conflicto colombiano como una guerra civil,como el enfrentamiento entre dos proyectos antagnicos de sociedad,causantes de una profunda polarizacin interna y la existencia de una

soberana escindida, es decir una base social, y un territorio donde seejerce un poder al menos sistemtico.

En apoyo de esta idea acude el agudo ensayista Jorge Giraldo15

para defender una tesis que ha ido en contrava del pensamiento debuena parte de la comunidad cientfica del pas y de la dirigencianacional del Estado. Partiendo de la conviccin de Clausewitz en elsentido de que toda guerra es una accin poltica, y de la definicin deguerra civil hecha por el derecho internacional humanitario comoconflicto armado no internacional que se desarrolla sobre el territo-rio de un Estado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disi-dentes, o grupos organizados que, bajo las rdenes de un mando conresponsabilidad, ejercen control sobre una parte de su territorio, loque les permite llevar a cabo operaciones militares continuadas y con-

certadas16, sostiene que todas estas condiciones se cumplen enColombia. De manera intensa, que se expresa en los actos y en el usode la fuerza, los grupos armados ilegales tratan de imponer sus visio-nes omnicomprensivas del mundo, su manera distinta de entender lainstitucionalidad social, econmica y poltica, en profunda oposicin

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13 Manuel Marulanda Vlez, uno de los fundadores y comandante en jefe de las FARC-EP, fue en sus comienzos guerrillero liberal.

14 Urocoechea, Fernando (2000).15 Giraldo, Ramrez Jorge (2002[a]: 1322).

16 Ver Bouchet-Saulnier, Francoise (2001: 365).


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al rgimen poltico que la mayora de la sociedad colombiana se hadado. Para Giraldo, asumir el conflicto colombiano como una guerracivil contribuira a entender la excepcionalidad del conflicto paraactuar en consecuencia y desde una postura democrtica con el objetode fortalecer la exigencia y las posibilidades de lograr una solucinnegociada. Esto impedira a las partes eludir el respeto del derechohumanitario, e impulsara la necesidad de que el Estado afronte lasexigencias internacionales de respeto al DIH, ganando con legitimi-dad apoyo para su causa.

Los crticos de este punto de vista afirman que no es posibledecir que las FARC o el ELN son representantes de los sectores popu-lares, ni las AUC pueden denominarse como representantes de las cla-

ses medias agredidas por una guerrilla en estado de barbarizacin.Todas las encuestas de opinin muestran que en Colombia el apoyopopular a los actores no estatales del conflicto no supera, sumadostodos ellos, el 2%. Pueden s auto-representarse. Y en cuanto al temade la soberana escindida, los actores no estatales pueden cumpliralgunas funciones del Estado en determinadas zonas del pas, pero notienen reconocimiento internacional y nadie fuera del pas ha puestoen duda la soberana del Estado colombiano.

En el lado opuesto de esta teora se encuentran colombianistascomo Daniel Pecaut. Basados en el mnimo apoyo social con el quecuentan los actores armados no estatales, y en el hecho de las perma-nentes agresiones contra la poblacin civil y los escasos combatesentre los ejrcitos, estos colombianistas han denominado nuestroconflicto como una guerra contra la sociedad17, un conflicto entreuna reducida pero poderosa minora en contra del conjunto de lapoblacin. Esta caracterizacin olvida el importante componente

poltico que todava sostiene el conflicto, la existencia de diversosejrcitos que se enfrentan contra el Estado, y que en todo conflictoarmado los principales afectados son los civiles. Atemorizarlos y des-plazarlos es parte de la estrategia de una guerra en la que el controlterritorial es fundamental.

Hasta ah podemos ver el tamao y las diferencias de este deba-te. Asumiendo la primera posicin, que define a nuestro conflictocomo una guerra civil, podemos buscar alternativas democrticas quereconozcan el carcter poltico del mismo y posibiliten que la puerta

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17 Ver Pecaut, Daniel (2001).


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de la negociacin permanezca abierta. Adems, estamos seguros deque slo una poltica de negociacin y de solucin poltica del conflic-to, que hoy parece ser la nica viable, puede detener la masacre quepadecen las organizaciones sindicales colombianas.

Asumiendo las conclusiones y propuestas del texto de MaryKaldor mencionado, el nudo de cualquier solucin completa pasa porrestaurar en el nivel de las autoridades de todos los rdenes el controlsobre la violencia organizada. Este en un proceso que va de lo polti-co a lo jurdico en el que se va restableciendo la confianza en la auto-ridad y la legitimidad de un sistema de valores incluyente y democr-tico, as como en el imperio de la ley. Es necesaria una alianza entrelos defensores locales del civismo y las instituciones humanitarias

trasnacionales que ponga en prctica las normas del derecho interna-cional, de los derechos humanos y el derecho internacional humani-tario. Los mtodos actuales de intervencin, el ajuste estructural o laintervencin humanitaria, deben ser sustituidos por una nuevaestrategia de reconstruccin que restablezca las relaciones sociales,cvicas e institucionales18.

OTROS RASGOS DE NUESTRA PERSONALIDAD HISTRICA

No podemos igualmente dejar de lado otros rasgos de la historia delpas que marcan a las organizaciones de los trabajadores. Siguiendo auno de los ensayos ms lcidos sobre nuestra historia19, Colombia essin lugar a dudas un pas en el que el trmino medio ha sido la regla,excepto tal vez para el ejercicio de la violencia. Su crecimiento econ-mico ha sido siempre discreto y sin bonanzas milagrosas. No huboeconomas de plantacin como las de Cuba o Brasil o grandes indus-trias mineras. No ha sido un pas marcado por el caudillismo, ya sea

civil o militar. La clase dirigente colombiana ha estado segura de smisma y ha sido flexible en los casos necesarios. No hay en el hemisfe-rio, a excepcin tal vez de Chile, un caso tan excepcional de consisten-cia y permanencia, en el que el hasta hace poco slido bipartidismo, yla introspeccin del ejrcito, han contribuido tambin a consolidaresa hegemona tradicional.

A pesar de nuestra tendencia exacerbada al reformismo insti-tucional, hay una fuerte resistencia al cambio. A pesar de oleadas de

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18 Ver Kaldor, Mary (2001: 45175).

19 Ver Uribe, Jaime Jaramillo (1994: 1747).


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estatutos y reformas legales, persisten rasgos an no modificados. Elrepublicanismo, el presidencialismo, el confesionalismo, el centra-lismo y el otorgamiento siempre limitado de libertades pblicas sonlos ms visibles20.

Adems, ha sido un pas aislado por excelencia. Un dato impor-tante ha sido su escasa integracin interna, la ausencia de inmigra-cin, y una tendencia promovida, sobre todo por largos gobiernosconservadores, a sospechar de los modelos polticos y sociales extran-

jeros. El pas es liberal en lo econmico y conservador en lo poltico.Hemos padecido desde el principio la precariedad de las institucionesestatales o el hecho de no haber sido posible instaurarlas nacional-mente, as como una desconfianza, que persiste, hacia el poder.

Colombia es uno de los pases del mundo en donde el Estadotiene menos control sobre la sociedad a pesar de la politizacin precozde la poblacin. Precoz fue la aparicin del liberalismo radical colom-biano, pero tambin la contrarrevolucin conservadora. La hegemo-na goda desde 1884 hasta 1930 hizo que la consolidacin relativa delas instituciones nacionales tuviera ese signo poltico y no el liberal,como ocurri en el resto de Latinoamrica21.

Surgida por la violencia de la guerra de independencia, lanacin colombiana, as como las dems de Hispanoamrica, es elproducto de la ruptura radical con Espaa. Nuestra nacionalidad esel resultado de la guerra y de la institucionalizacin jurdica poste-rior; no como en Europa, donde se dio a travs de la decantacin desiglos de amalgamiento de tradiciones, parentescos, creencias y

valores que dieron lugar de manera natural a conformar estadosnacionales. En comparacin, el surgimiento del estado nacional enColombia ha sido un artificio creado a bala, con escasa inclusinsocial, poca ciudadana, fragilidades y fraccionamientos sociales y

territoriales que perduran y causan la guerra que padecemos. Detodas maneras, aceptar que en Colombia la guerra ha sido la produc-tora de la poltica no puede conducir a afirmar que la historia delpas se reduzca a la guerra.

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20 Ver Valencia, Villa Hernando (1987).

21 Martnez, Frdric (2001: 3548).


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EL SINDICALISMO, UN REFLEJO DE LA FRAGILIDAD NACIONAL

El surgimiento y la institucionalizacin de las organizaciones sindica-les en Colombia estn profundamente marcados por nuestra tenden-

cia histrica al reconocimiento limitado de libertades civiles y polti-cas y al reformismo legal.

Al comienzo del siglo XX el pas dej de lado por un algn tiem-po la guerra civil, y concentr algn esfuerzo en el desarrollo econ-mico. Cambi el modelo librecambista hacia un proteccionismo limi-tado y produjo una cierta acumulacin de capitales como resultadodel aumento considerable de las exportaciones, especialmente de caf,lo que desat un incipiente proceso de industrializacin al mismo

tiempo que s fortaleca el Estado. A esto contribuy adems el pagode una indemnizacin por veinticinco millones de dlares por partede EE.UU. en reconocimiento de los perjuicios causados a Colombiapor la separacin de Panam.

Colombia entr de lleno en un proceso de industrializacin, deconsolidacin de un mercado interno, del establecimiento de enclavesdedicados a la agroindustria de exportacin, como la zona bananeradel Magdalena (propiedad de la United Fruti), y de otros dedicadas a

la explotacin petrolera, al mismo tiempo que se inici un perodo deconstruccin de vas frreas y de carreteras.

Las consecuencias sociales y demogrficas no se hicieron espe-rar. El fortalecimiento del Estado produjo un aumento notable de laburocracia. La industrializacin hizo surgir pequeos aunque aisla-dos sectores obreros, aument la inmigracin del campo a las ciuda-des, y hubo necesidad de formar profesionales y tcnicos, ya no sloabogados y sacerdotes. En consecuencia, la sociedad colombiana se

hizo ms compleja. Surgieron entonces nuevos actores sociales quetambin fueron influidos por las corrientes y los hechos polticosmundiales en boga en aquellos aos.

Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por la emocin.Mientras en Amrica Latina todos estos cambios fueron sustancialesy abruptos, en Colombia fueron moderados, y no produjeron unaruptura institucional. Los nmeros nos muestran tambin la escasezde la industrializacin y del nmero de obreros existentes al llegar

1930, as como la imposibilidad de los nuevos partidos o movimien-tos sociales de disputar la hegemona bipartidista. Aparecieronindustriales, aumentaron los banqueros y los comerciantes, pero la


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poltica econmica estuvo diseada para seguir favoreciendo los inte-reses exportadores22.

Es en este momento histrico en el que surgen las primerasorganizaciones sindicales colombianas. Algunos23 sitan la fundacindel primer sindicato en 1908, en el municipio de Sonsn, departamen-to de Antioquia. De ah hasta 1928, el sindicalismo vivir su Perodo

Heroico24, una etapa marcada por el desconocimiento legal del dere-cho de sindicalizacin, una fuerte legislacin de orden pblico, y larealizacin de las primeras huelgas en los enclaves de exportacin y eltransporte fluvial y frreo. El momento culminante de este periodo,que marca el paso hacia la institucionalizacin del sindicalismo, es lamasacre de las bananeras, en la ciudad de Cinaga, departamento del

Magdalena, en 1928, cuando se desarrolla una larga huelga de los tra-bajadores, apoyados por los comerciantes y los pequeos cultivadoresde banano, en contra de la United Fruit Company.

Este hecho es el hito de la transicin de una poca de gran desa-rrollo y liberalismo econmico, aparejada con la hegemona polticadel Partido Conservador mantenida con leyes represivas, y el cambiode gobierno, que en 1930 pasar a manos del partido liberal. Estecambio poltico, fundamental en nuestra historia, significar tambin

el comienzo de la poca de la expansin e institucionalizacin del sin-dicalismo colombiano.

Desde 1929 y hasta 1934 se producirn algunas leyes laborales yse reconocer, con todos los controles, el derecho de huelga. Pero es apartir de 1934 y hasta 1938, durante el gobierno de Alfonso LpezPumarejo, que se produce el inicio de la institucionalizacin y el reco-nocimiento poltico y jurdico de la existencia del sindicalismo.

Sin embargo, debemos regresar a los aos veinte para entender

por qu el Partido Liberal propiciar este reconocimiento. En esadcada surgen los primeros partidos de izquierda, ligados al surgi-miento del sindicalismo obrero, mientras que al mismo tiempo el libe-ralismo deja de lado los ltimos restos de su programa decimonnicoy asume, por conviccin o con simple nimo de cooptacin, parte deldiscurso sindical y de la izquierda incipiente.

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22 Muchos autores han trabajado este periodo y estos temas. Los ms importantes son

Bergquist, Charles (1999); Kalmanovitz, Salomn (1986); Pecaut, Daniel (1987).23 Ver Giraldo, Ramrez Jorge (2002[b]).

24 Ver Celis, Juan Carlos (1995: 3943).


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Cuando Lpez Pumarejo llega al poder en 1934, intenta desatarun proceso profundo -para el siempre moderado promedio colombia-no- de reformas polticas y legales que pretenden abrir el cerradoespacio poltico, cambiar el papel del Estado e integrar en la vida pol-

tica y social del pas a los nuevos sectores sociales que emergan demanera incipiente y conflictiva.

La Repblica Liberal, que Lpez y el sector progresista delPartido Liberal intentaron construir durante el gobierno de laRevolucin en marcha, se acerca al sindicalismo y a los partidos deizquierda buscando apoyo para su programa de reforma constitucio-nal, de institucionalizacin de las relaciones laborales y de reformaagraria. En este perodo se funda la CTC25, una central sindical

influenciada por el Partido Liberal y el Partido Comunista en la queambos actuarn de consuno en una especie de Frente Popular, queperdurar hasta 1945. En este perodo, el partido y los sindicatoscomunistas apoyarn con los ojos cerrados y contra viento y marea alos gobiernos liberales, que a pesar de sus divisiones y de la crecienteoposicin conservadora dejaron de perseguir al sindicalismo e inclusopromovieron su fortalecimiento. No obstante, para 1941, la CTC noagrupaba ms que a 187 sindicatos y 15 mil afiliados26. Nunca se con-solid en Colombia un movimiento o una clase obrera moderna27.

Durante la Repblica Liberal se institucionaliz el derecho deasociacin, y el derecho de huelga se convirti en un derecho constitu-cionalmente reconocido. Sin embargo, es en este perodo que se limi-tar tambin el campo y la libertad de accin de los sindicatos. ElEstado impondr fuertes controles para su creacin, limitar severa-mente su autonoma, reducir su accin al campo de la negociacincolectiva en la empresa y, aunque no las prohibir, dejar sin fuerza alas organizaciones sindicales de la industria. Las confederaciones

nacionales estarn carentes de recursos y de poder de negociacin(por rama o a nivel nacional), y el Estado las dejar sin capacidad departicipar en la vida poltica del pas. En sntesis, el liberalismo pro-movi la institucionalizacin de un sindicalismo circunscrito a laempresa, intensamente regulado en su nacimiento y accin, marcada-mente apoltico y alejado de la lucha de clases. Este modelo sindicalrestringido pervive hasta hoy.

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25 Confederacin de Trabajadores de Colombia.26 Pecaut, Daniel (2001: 309).

27 Palacios, Marco (1995: 155160).


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No obstante, es imposible desconocer los avances que el PartidoLiberal promovi con la aprobacin en el Congreso de la primeralegislacin laboral coherente28, en la que se reconocieron garantaslaborales mnimas como la jornada mxima de trabajo, las vacaciones

pagas, las horas extras, la indemnizacin por despido, y se establecila figura del contrato de trabajo, las facultades de inspeccin para elMinisterio de Trabajo y la justicia laboral.

Desde ese momento, 1945, hasta la instauracin del FrenteNacional en 1957, el pas se interna en el periodo de La Violencia, queno es sino el intento por las armas de hacer una contrarrevolucinconservadora, ultra-catlica y corporativista frente al reformismoliberal. En ese perodo nace la UTC29, auspiciada por el Partido

Conservador, la Iglesia Catlica y los gremios empresariales. El parti-do liberal, el comunista y la CTC pasan prcticamente a la clandestini-dad o se alzan en armas contra la reaccin conservadora.

En 1958 el Frente Nacional comenz para el sindicalismocolombiano, con la expulsin del sector comunista de la CTC, que seaglutin en la CSTC30. En esos aos, de calma relativa, habr unanueva poca de crecimiento econmico y de expansin de los sectoresde clase media que tendr dos consecuencias para el movimiento sin-dical. En primer lugar, la tasa de sindicalizacin pasar entre 1959 y1965 del 5,5% al 13,4 % de la poblacin econmicamente activa, loque representa el mximo histrico, y de 250 mil a cerca de 700 milafiliados en ese mismo perodo. Y en segundo lugar, el liderazgo sindi-cal pas de manos de dirigentes y organizaciones obreras a organiza-ciones profesionales de clase media, entre las cuales se destacaron lasde los maestros.

Hubo adems un aumento sustancial de los movimientos huel-gusticos debidos al aumento de la inflacin y al abandono de la tutela

bipartidista y de la iglesia sobre el sindicalismo. A las huelgas, elEstado respondi con leyes que fortalecan el sindicalismo de empre-sa y regulaban an ms el derecho de huelga, creando la figura de lostribunales de arbitramento obligatorios. Esta oleada de huelgas, y elsurgimiento de un nmero importante de organizaciones sindicalesindependientes influenciadas por la izquierda, desgastaron a la diri-gencia de las federaciones sindicales tradicionales, la CTC y la UTC,

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28 Ley 6 de 1945.29 Unin de Trabajadores de Colombia.

30 Confederacin Sindical de Trabajadores de Colombia.


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mientras los sectores populares buscaban nuevas formas de moviliza-cin a travs del paro cvico31.

El desmonte del Frente Nacional entre 1974 y 1978 ocurri enmedio de una crisis de legitimidad del Estado y de los partidos tradi-cionales que tuvo su punto culminante en septiembre de 1977, conun paro nacional convocado por todas las centrales obreras que fue

violentamente reprimido por el gobierno. La magnitud del paro, quedetuvo el primer intento de reformas neoliberales en Colombia, des-at un nuevo periodo de estado de sitio, violencia y represin queira hasta 198232.

Tanto el gobierno de Alfonso Lpez Michelsen (1974/1978)como el de Julio Cesar Turbay (1978/1982) transcurrieron en medio de

la crisis econmica mundial iniciada en 1973. Pero fue en el gobiernodel conservador Belisario Betancur cuando la recesin entra en unafase crtica. La crisis se trat de resolver a travs de un acuerdo deestabilizacin con el Fondo Monetario Internacional que gener fuer-te ajuste fiscal, cada en la inflacin y disminucin de los salarios. Lareaccin de las centrales obreras y los crecientes movimientos cvicosconsisti en convocar a paros nacionales que carecieron del xito delde 1977. Betancur, sin contar con el apoyo de la derecha y de la

izquierda, de manera tmida, trat infructuosamente de iniciar dilo-gos de paz y busc ampliar los espacios democrticos a travs de unareforma poltica33.

En este periodo, adems de la persecucin legal que sufre ladirigencia sindical por el estado de sitio, los niveles de afiliacinempiezan a descender y las centrales tradicionales siguen estancn-dose y fragmentndose. Muchos vean necesaria ya una renovacinconceptual del sindicalismo colombiano, pero el liderazgo se definepor una renovacin orgnica que va a tener, en la fundacin de laCUT34 en 1986, su mayor logro. La CUT aglutina en 1991 al 58% deltotal de los sindicalizados del pas. Sin embargo, el proceso de uni-

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31 Palacios, Marco (1995: 248250).

32 En 1978, el presidente liberal Julio Cesar Turbay, con base en las facultades que laConstitucin de 1886 le otorgaba en periodos de estado de sitio, expidi el Estatuto deSeguridad, que aument la autonoma y los poderes de las Fuerzas Armadas, que en unao y segn datos oficiales, detuvieron a cerca de 60 mil personas, todas de izquierda osindicalistas. En 1980 Amnista Internacional sealaba la existencia de 33 centros espe-

ciales de detencin en donde se aplicaban 50 formas diferentes de tortura.33 Palacios, Marco (1995: 267282).

34 Central Unitaria de Trabajadores.


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dad no logra resolver el papel de los partidos polticos dentro de laCUT, es decir, el problema de la autonoma sindical. Siguen presen-tndose fenmenos de paralelismo y predominio del sindicalismo debase, y no se logra establecer alianzas duraderas y efectivas con otrosmovimientos sociales.

Esta renovacin sindical parcial y orgnica, discursiva en elterreno conceptual, no logra dar mayor fuerza a un conjunto de orga-nizaciones que en 1990 perdern su primera gran batalla, la de lareforma laboral, la cual desmont cincuenta aos de legislacin labo-ral y margin an ms al sindicalismo. El neoliberalismo haba llega-do para quedarse.

19902002: RETROCESO ORGANIZATIVO Y AUMENTO DE LAVIOLENCIA

La fundacin de la CUT coincide con el agravamiento de la guerrainterna y el aumento desmesurado de la violencia social en Colombia.Y si bien hasta ese momento el sindicalismo colombiano haba sufri-do persecucin, muerte y violaciones sistemticas de derechos huma-nos, al final de los aos ochenta comienza una poca de terror no

vista hasta entonces, que an persiste.Desde 1990 y hasta 1993 se produce un nuevo proceso de refor-

ma institucional que se debate entre la concrecin en Colombia delprograma del Consenso de Washington, la apertura de mercados, laprivatizacin y la disminucin del tamao del Estado o la flexibiliza-cin laboral, entre otras polticas que afectaron la capacidad deaccin y de reproduccin del sindicalismo, mientras que por el otrolado acudimos a un nuevo intento de apertura poltica y expansin delas libertades ciudadanas a travs de la aprobacin de una nueva

constitucin en 1991.El recrudecimiento de la guerra tiene a los sindicalistas como a

uno de sus blancos preferidos y, en casi todo el pas esto impide a lostrabajadores fundar sindicatos, negociar colectivamente o ir a huelga.Las leyes que flexibilizaron la contratacin laboral, la cultura antisin-dical que ha crecido en el pas, la debilidad del Estado para inspeccio-nar las condiciones de trabajo y hacer cumplir al menos la ley laboral,tambin contribuyen a la crisis del sindicalismo.

En poco tiempo el mundo del trabajo cambi radicalmente, ylas consecuencias se empezaron a sentir en Colombia en los noven-ta. Ante este reto, las organizaciones sindicales apenas comienzan a


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pensar en cmo cambiar ellas tambin para poder responder a esosdesafos, los de la guerra, los de las globalizaciones y los de la preca-riedad laboral interna profundizada por la recesin que padece elpas desde 1998.

Hoy la mayora de la poblacin est ocupada en el sector delos servicios y en la administracin del Estado y no en la industriamanufacturera o extractiva, en las que fue tradicionalmente fuerte elsindicalismo. Adems, se presenta una creciente participacin demujeres y jvenes trabajadores, que tienen una expectativa frente altrabajo muy diferente a la que han tenido los trabajadores tradicio-nales, que esperaban mantenerse en sus puestos de trabajo hasta laedad de jubilacin.

En el contexto nuestro, adems de los impactos negativos queestas transformaciones han tenido en las posibilidades del desarrolloeconmico e industrial, se agrega una caracterstica que dificulta enmayor medida las posibilidades de sindicalizacin y de accin porparte de los sindicatos: la mayor parte de la poblacin ocupada, el60%, se encuentra en el sector informal, la temporalidad supera el30%, y las personas sin contrato de trabajo estn en el 40%35.

LA REDUCCIN DEL TAMAO DEL SINDICALISMOLos cambios que el mercado laboral y la legislacin del trabajo

han tenido en esta dcada han repercutido en el tamao del sindicalis-mo colombiano y en los sectores de la economa en los que este toda-

va tiene presencia. Haciendo una comparacin de los censos sindica-les de 1991 y 2002 podemos concluir lo siguiente.

En 1991, 891.913 personas pertenecan a 2.538 sindicatos. En2002 hay 849.212 trabajadores sindicalizados, que pertenecen a 2379

sindicatos: 42.701 personas y 159 organizaciones sindicales menos.En 1991, 377.855 trabajadores, el 44,5% del total nacional, per-tenecan a 1,847 organizaciones sindicales del sector privado. En2002, 417.017 trabajadores sindicalizados, el 46,76% del total de afi-liados del pas, pertenecen a 1.977 sindicatos del sector privado de laeconoma.

En 1991 el 32% de los afiliados, 284.713 trabajadores sindicali-zados, eran mujeres. Para 2002 el nmero de mujeres sindicalizadaspas a 313.768, el 36,56% del total nacional.

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35 Vsquez, Fernndez Hctor (2002[a]: 59).


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En 1991, la CUT tena 520.650 afiliados, el 58% del total de sin-dicalizados del pas, agrupados en 863 sindicatos. Hoy agrupa a539.102 trabajadores de 659 sindicatos, que representan el 63,5% deltotal de sindicalizados.

434.072 trabajadores afiliados a 1.372 sindicatos tenan sudomicilio en las 5 mayores ciudades del pas: Bogot, Medelln, Cali,Barranquilla y Bucaramanga. En 2002 son 384.082 personas, pertene-cientes a 1.227 organizaciones sindicales: 145 organizaciones sindica-les y 49.990 personas menos36 y 37.

Adems de la disminucin bruta, es peor la disminucin cuanti-tativa neta de la tasa de sindicalizacin frente al aumento vertiginosode la poblacin econmicamente activa. La tasa de sindicalizacin ha

cado del 5,92% en 1996 al 4,7% en 2002.A continuacin nos referiremos extensamente a dos problemas

centrales que afectan igualmente al sindicalismo colombiano: la ero-sin del derecho de negociacin colectiva y la violencia contra los tra-bajadores sindicalizados colombianos.

LIMITACIONES Y ESTANCAMIENTO DE LA NEGOCIACIN COLECTIVAEN COLOMBIA

La negociacin colectiva constituye uno de los pocos espacios de con-certacin que se ha logrado consolidar con muchas dificultades enColombia, debilitada por la cultura antisindical de los empleadores, losgobiernos y los altos funcionarios del Estado; la violencia contra sindi-calistas; la ausencia de una legislacin laboral que recoja y aplique demanera integral los convenios internacionales de la OIT; la recesineconmica y las polticas neoliberales, que propugnan por un mundosin sindicatos ni normas que regulen el mercado de trabajo. Adems, la

negociacin colectiva, que es la actividad central de los sindicatos, seresiente por la forma espontnea y poco preparada en que muchasorganizaciones la asumen, constituyndose este descuido en un factorque debilita la posicin de los trabajadores y afecta sus resultados.

La legislacin laboral colombiana reconoce tres clases deConvenios Colectivos de Trabajo: la convencin colectiva; los pactoscolectivos de trabajo; y el contrato sindical38. La aprobacin de la

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36 Escuela Nacional Sindical. Registro de informacin sindical (1991).37 Escuela Nacional Sindical. Registro de informacin sindical (2002).

38 Artculos 467, 481 y 482 del CS del T.


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reforma laboral de 1990 provoc un evidente debilitamiento de laaccin sindical, sobre todo en el sector privado, y la negociacincolectiva entr en crisis. Esa crisis se manifest en los nulos avancesen materia de conquistas convencionales, y en la disminucin del

nmero de convenios colectivos y de la cobertura de los trabajadoresbeneficiados por los mismos.

CUADRO 1CONVENCIONES, PACTOS Y COBERTURA DE LA CONTRATACIN COLECTIVA

Fuente: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (2002).

CUADRO 2TRABAJADORES BENEFICIADOS POR LA CONTRATACIN COLECTIVA

Fuente: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (2002).

Hay una cada sustancial en la cobertura de la contratacin colectiva:409.918 personas en los aos 94-95; 373.433 en los aos 96-97,326.807 en 97-99; y 302.916 en 2000 y 2001. Tampoco se ha innovado

en los contenidos de la contratacin colectiva. Se avanz muy poco enla utilizacin de acuerdos en torno al desarrollo conjunto de polticasentre empresas y sindicatos para mejorar la productividad y en gene-ral se busc detener la flexibilizacin contractual.

Adems del problema de la debilidad cuantitativa, un segundoproblema del sindicalismo ha sido que la negociacin sectorial, porrama de industria o actividad econmica, est proscrita de la prcticade la negociacin colectiva, por la resistencia de los empleadores, ladebilidad organizativa de los trabajadores y el predominio de unaestructura sindical obsoleta.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

660 487 468 467 496 517 607 376 502 264 491 328

258 184 356 184 321 307 334 257 252 214 153 149

4 1 1 4 6

918 671 824 651 817 824 945 634 755 478 648 483

Convencin

colectiva

Pacto Colectivo

Contrato sindical

Total

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

196.241 244.677 169.505 203.928 176.741 150.066 186.963 115.153


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Un tercer problema es la figura del pacto colectivo, establecidoen nuestra legislacin como una alternativa de negociacin para lostrabajadores no sindicalizados. Estos pactos no representan un proce-so de negociacin real: muchas veces el pacto viene impuesto desde

arriba, y es usual que muchas empresas lo utilicen como una estrategiaantisindical a travs de la cual se presiona a los trabajadores para querenuncien a las organizaciones sindicales. Como si fuera poco, senten-cias recientes de la Corte Suprema de Justicia en relacin con la titula-ridad del conflicto laboral han otorgado a los empleadores la facultadde revisar las convenciones colectivas, y los tribunales de arbitramentoobligatorios pueden fallar ya en torno a las demandas de estos.

El proceso de contratacin colectiva se ha visto debilitado en

sus resultados39 por las estrategias de competitividad que han adopta-do la mayora de las empresas, las cuales, antes que centrarse en eldesarrollo de polticas de competitividad durable, como la calidad, eldesarrollo tecnolgico, la productividad, la innovacin y el conoci-miento, se han concentrado en la estrategia de reducir los costos labo-rales a travs de la precarizacin de las condiciones de contratacin40.

EL ANIQUILAMIENTO SISTEMTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE

LOS TRABAJADORESTan antiguo como la historia sindical colombiana es el recurso a lasarmas para acallar a los lderes de las organizaciones de trabajadores.Y tan variados son los responsables de esta sangrienta tradicin comodiversos han sido los grupos de poder en el pas. Para desgracia denuestras instituciones polticas, el Estado ha sido un protagonista deprimera lnea en esta historia. De un lado, mediante la represinarmada, frecuentemente injusta y siempre desproporcionada, a las

luchas obreras41

. De otro, a travs de actividades clandestinas de algu-nos miembros de las Fuerzas Armadas guiados por manos invisiblesque se delatan cuando asesinan sindicalistas en medio de conflictos

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39 Es decir, en la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida a travs del mejora-miento de las remuneraciones de los trabajadores, lo cual indudablemente tendra unimpacto positivo en la perspectiva de fortalecer el mercado interno, y con l la dinmicade crecimiento del sector real de la economa.

40 Vsquez, Fernndez Hctor 2002[b].

41 Como se manifiesta en episodios como la matanza de trabajadores cementeros enSanta Brbara (Antioquia) en 1963, el asesinato de Fermn Amaya en la ocupacin mili-tar a las plantas de Ecopetrol en 1977, o el del tambin obrero de base Arnulfo Tafur amanos de la polica durante la huelga de la textilera Coltejer en 1982.


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laborales42. Los empresarios, pblicos o privados, no han estadoausentes de esta historia criminal. Lo prueban los testimonios de lossindicalistas amenazados por gerentes y administradores, y las cifrasde trabajadores asesinados por ejercer su derecho de asociacin43 osecuestrados disuasivamente.

Hasta aqu, nuestra historia podra ser la clsica historia euro-pea de la lucha de clases. Pero no: las guerrillas proclamadas deizquierda iniciaron el largo aprendizaje de disparar a las gentes delcomn y a sus dirigentes al menos desde 1978. Al caso de Jos RaquelMercado, presidente de la Central Sindical CTC secuestrado y poste-riormente asesinado por el M-19, se suma la lista de sindicalistasmuertos a manos de las FARC en la dcada de los noventa, y las peri-

dicas muertes de obreros bananeros hasta las masacres que entre1994 y 1996 arrojaron un saldo de cerca de 200 jornaleros agrcolasmuertos por este grupo guerrillero.

Los grupos paramilitares aprendieron esta leccin44 y acudieronal desplazamiento, secuestro y asesinato de trabajadores como nuevaforma de operacin armada. Los trabajadores son obligados a liquidarsus sindicatos y convertirlos en cooperativas. Juntas directivas enterasfueron desplazadas totalmente u obligadas a renunciar al sindicato y a

su condicin de dirigentes sindicales.Obviamente, esta se ha convertido en una nueva expresin de laguerra colombiana. No se distinguen civiles, y poco importa que setrate de lderes de organizaciones que otrora aparecan como simpti-cas o connaturales a ciertas causas de los grupos armados. Ahora, undirigente o una organizacin son percibidos slo como elementos dela estrategia militar, y en cuanto tales, son considerados como enemi-gos absolutos.

El sindicalismo no ha estado exento de responsabilidad en estasituacin. En algunos casos, en especial desde 1960, amplios sectoressindicales se volvieron prisioneros de la lgica amigo-enemigo en lasrelaciones laborales y creyeron que el camino de renovacin del sin-dicalismo pasaba por hipotecar su representacin poltica. En estemarco, los atentados y asesinatos de directivos empresariales empe-

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42 Como los del municipio de Cali, o como en el atentado contra el dirigente de losempleados pblicos Wilson Borja en diciembre de 2000.

43 Como pas con los bananeros de Urab hasta 1990 y con los lderes de IndustrialHullera en 1999.

44 En esta afirmacin nos basamos en la tesis de Mary Kaldor (2001: 23).


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zaron a darse como represalia de las guerrillas a ciertas conductas delos empresarios durante los conflictos laborales, sobre todo en ladcada del setenta.

Las voces provenientes del sindicalismo condenando el recursoa la violencia han sido histricamente tan escasas como las de losempresarios. Obviamente, no es del mismo tenor la responsabilidadde los sindicalistas (basta mirar nmero de casos y modalidades de

violencias), vctimas preferidas de esta dramtica costumbre de solu-cionar conflictos normales por la va del uso de la violencia, que la delEstado y dems ejrcitos en contienda45.

Existe entonces una relacin intrnseca entre la guerra civil quepadecemos y la violacin sistemtica de los derechos fundamentalesde los trabajadores colombianos. La agudizacin de la crisis poltica,la descomposicin y multiplicacin creciente de los actores de la gue-rra, la complejizacin del conflicto, y la quiebra en los procesos denegociacin poltica entre las guerrillas y el gobierno, conforman eloscuro escenario en el que la situacin de derechos humanos de lossindicalistas se va deteriorando.

Hoy el de los trabajadores colombianos es un movimientosocial profundamente vulnerable a las prcticas y a las lgicas de losactores armados, representado en la cifra de 1.869 sindicalistas, delos cuales 421 eran dirigentes sindicales, asesinados en la dcada delos noventa (1991-2002).

Sin embargo, la agudizacin de la guerra en el pas, que coinci-de con el progresivo deterioro de los derechos humanos de los sindica-listas, no puede conducir a que se oculte, invisibilice e ignore que las

violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en Colombia

son, en la mayora de los casos, una consecuencia directa del desarro-llo de la actividad sindical de las vctimas. Tres cuartas partes de losataques en contra de sindicalistas ocurren en momentos en que seresuelven o terminan conflictos laborales, durante la realizacin deparos o jornadas de protesta nacionales y locales, o cuando los trabaj-dores se atreven a intentar formar un sindicato46.

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45 Ver Giraldo, Ramrez Jorge (2002[b]: 710).

46 Una prueba contundente de lo anterior es que en 2001 y 2002, del total de 998 viola-ciones contra el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas, el76,85% se atribuye al ejercicio de la actividad sindical y slo el 14,23% a acciones direc-tamente ligadas al conflicto armado que vive el pas.


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La violacin a los derechos fundamentales de los trabajadoreses una prctica comn de sectores institucionales y no institucionalesque sealan al sindicalismo colombiano como enemigo del biencomn. Muchos sectores de la sociedad siguen acusando a las organi-

zaciones sindicales como servidoras funcionales de los grupos arma-dos, como enemigas del Estado y de los empresarios.

Otra forma de persecucin contra el sindicalismo es el desplaza-miento forzado, que descubre y revela la situacin de guerra que expe-rimentan amplias zonas del pas y es un instrumento importante de laestrategia de guerra implementada por los actores armados paracopar territorios, ejercer en ellos actos de soberana, y establecer allotros rdenes. En trminos estadsticos esto se evidencia en los 1.100

trabajadores sindicalizados amenazados y desplazados de enero de1997 a octubre de 2002.

Mirando hacia atrs en esta historia de horror, 1996 es el puntode inflexin en cuanto a muertes de sindicalistas: 284 sindicalistasasesinados en todo el pas, de los cuales 195 murieron en varias masa-cres en la zona bananera de Urab, en el departamento de Antioquia.Esta situacin, ocurrida en medio de una guerra brutal por el controlde esa regin, fue una consecuencia directa del frenes de la polticade guerra adelantada por mltiples y poderosos sectores de estedepartamento en su proyecto de pacificacin armada del Urab. Tesispoco novedosa si miramos cmo en los dos ltimos aos el frenes dela poltica de guerra total ha convocado a amplios sectores de la socie-dad colombiana47 y ha desdibujado las lneas entre las polticas de pazy las polticas de guerra.

La violacin masiva de los derechos humanos de los trabajado-res sindicalizados colombianos est marcada tambin por los siguien-tes fenmenos:

La expansin nacional del proyecto paramilitar por todo el pasy la aparicin de nuevos territorios disputados por los actores.

La estigmatizacin y la persecucin generalizada de la protesta,ligada a la expedicin de medidas contra el derecho de reuninpacfica. Permanentemente se declaran paros como ilegales, y lapolica y las Fuerzas Armadas hostigan todo movimiento de

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47 En 1996, era gobernador de Antioquia el actual presidente de Colombia lvaro UribeVlez, elegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo de 2002. Enla regin de Urab y en el departamento de Antioquia se ensayaron sus actuales polti-cas de seguridad.


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protesta. Usualmente, adems de choques con la fuerza pblica,ocurren amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales48.

Existe una lgica de exterminio contra altos dirigentes sindica-

les y dirigentes regionales. Un 31% del total de 5.443 violacionesal derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabaja-dores colombianos entre 1991 y 2002 fueron cometidas contradirigentes sindicales pertenecientes a federaciones y centralessindicales, especialmente de FECODE49 y la CUT.

En el perodo 1991-2002, la CUT es la ms afectada por la vio-lacin a los derechos humanos. El 90% (4.996 casos) del totalde violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la integri-dad de los sindicalistas se cometi contra trabajadores afilia-dos a la CUT.

Las violaciones de derechos humanos contra miembros de orga-nizaciones sindicales del sector pblico son muy graves. En pri-mer lugar, por el peso del sindicalismo pblico, que agrupa al55% de trabajadores sindicalizados en el pas, y segundo, por elpapel que este sector ha cumplido en la discusin de las polti-cas de ajuste fiscal y de privatizacin50.

De los casos registrados en los que conocemos al presunto res-ponsable, un 89% de las violaciones son cometidas por los gru-pos paramilitares, en un escenario marcado por la poca capaci-dad de respuesta institucional del Estado colombiano. Muchosde los trabajadores asesinados o que sufrieron atentados fsicos,amenazas o desplazamiento forzados, haban solicitado protec-cin al Estado sin obtener respuesta alguna.

El Estado colombiano ha rechazado siempre su responsabili-

dad por la matanza contra el sindicalismo, y se ha opuesto sis-temticamente a que se nombre una Comisin de Encuestapara Colombia en la OIT. Eso le significara reconocer la res-

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48 El caso ms relevante al respecto fue el asesinato de nueve dirigentes sindicales,entre ellos el vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega Garca, durante los 21 das quedura el paro nacional de trabajadores en 1998. Vase Escuela Nacional Sindical (2001).

49 Federacin Colombiana de Educadores.

50 Los trabajadores del sector pblico fueron en el periodo 1991-2002 vctimas del

61% del total de violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad. Estesector agrupa a los trabajadores del magisterio, la salud, los entes territoriales (traba-jadores municipales y departamentales), sector judicial y algunos sindicatos del sectorelctrico.


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ponsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanosde los sindicalistas. Su posicin irreductible ha sido la de noreconocerse como responsable directo de un conflicto armadoque le ha hecho perder su capacidad de control y regulacin de

la vida social.

El departamento de Antioquia ha sido durante la ltima dcadaun escenario cardinal en la disputa territorial de los actoresarmados. Reporta, desde 1991, el mayor nmero de homicidiosy violaciones a la libertad y a la integridad de los sindicalistas ydirigentes sindicales51 en Colombia. All se cometi el 42% deltotal nacional de las violaciones a los derechos a la vida, la inte-gridad y libertad de los trabajadores sindicalizados, y el 55% del

total de los homicidios de sindicalistas en todo el pas.En la ltima dcada, y en especial en el ltimo lustro, comoconsecuencia de la estrategia de los actores armados de copar ydisputar territorios dentro de las ciudades, se present unaumento de los casos de violacin a los derechos humanos delos trabajadores sindicalizados que desarrollan sus labores engrandes centros urbanos del pas. Dentro de este contexto gene-ral de urbanizacin del conflicto armado se destacan los casos

de Bogot, Medelln, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja yBarranquilla.

Igualmente, aument significativamente la violencia y la viola-cin a los derechos humanos de los sindicalistas en los departa-mentos del Valle, Csar, Cundinamarca, Tolima, Atlntico,Nario y Santander. Esto est ntimamente ligado a la impor-tancia que adquirieron los mismos en el contexto de las dispu-tas territoriales que libran los grupos insurgentes y las organiza-

ciones paramilitares.El 13,3% del total de violaciones a los derechos humanos de lostrabajadores sindicalizados, en el perodo 1991-2002, se come-ti contra mujeres. Las violaciones ms frecuentes contra lasmujeres sindicalistas son las amenazas de muerte y el desplaza-miento forzado.

Los atentados con bombas y petardos constituyen una de lasprcticas usadas para coaccionar, amedrentar y desarticular al

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51 Cuando hablamos de dirigentes sindicales nos referimos a los miembros de juntasdirectivas, activistas sindicales, miembros de comits obreros y delegados sindicales.


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movimiento sindical. En el periodo de 1996 a 2002 se registra-ron 16 atentados contra sedes sindicales (la mayora de ellasubicadas en los departamentos de Antioquia y Atlntico).

El sindicalismo colombiano se encuentra en una situacin de crecien-te erosin cuantitativa y discursiva, en medio de una sociedad cadada ms polarizada, vctima de ms de doce aos de reformas estruc-turales neoliberales, que al da de hoy no dejan sino mayor pobreza yla tasa de desempleo ms alta del hemisferio.

Perseguidos en mayor o menor medida por todos los actores dela guerra, hoy es prcticamente imposible fundar un sindicato en lamayor parte del territorio del pas. El nuevo gobierno, fuertementeligado a la gran empresa, no parece dispuesto a concertar un nuevo

paquete de reformas laborales presentado recientemente al Congreso,el cual empobrecer an ms a los pocos asalariados que quedan.

Nacidas al comienzo del siglo pasado en la sociedad ms con-servadora y aislada del hemisferio, las organizaciones sindicalessiguen luchando, muchas veces a pesar de ellas mismas, contra su

voluntarismo, su fragilidad y dispersin, por demostrar que para ellas,para los trabajadores o an para la sociedad colombiana, la historiano ha terminado.

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