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Título del documento: Ciudad de Medellín: realidades institucionales y límites ideacionales del gobierno abierto 1 Documento para su presentación en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP. (Madrid, España) del 25 al 28 de septiembre de 2017. Autor(es): Corrales Acosta, Franci M Email: [email protected] Twitter: @hischis 1 La presente ponencia es un avance de la investigación: Cambio de las políticas públicas de gobierno abierto: Caso Medellín 2000-2016, para optar el título de Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO sede Ecuador).

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Título del documento: Ciudad de Medellín: realidades institucionales y límites

ideacionales del gobierno abierto1

Documento para su presentación en el VIII Congreso Internacional en Gobierno,

Administración y Políticas Públicas GIGAPP. (Madrid, España) del 25 al 28 de

septiembre de 2017.

Autor(es): Corrales Acosta, Franci M

Email: [email protected]

Twitter: @hischis

1 La presente ponencia es un avance de la investigación: Cambio de las políticas públicas de gobierno

abierto: Caso Medellín 2000-2016, para optar el título de Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de

Ciencias Sociales (FLACSO sede Ecuador).

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Resumen/abstract:

El Estado se ha visto impelido a generar procesos innovadores para atender a los

acelerados cambios y la emergencia de multiplicidad de cuestiones que afectan el

mundo de la vida. En este sentido, cobra relevancia la pregunta ¿qué tan preparado está

el Estado para pasar de una administración tradicional, encargada de las operaciones

organizativas a una administración con líderes que crean valor público y los que se les

demanda innovación?. Se sostendrá que, por un lado el diseño organizativo del Estado

limita la acción de los actores, porque en la carrera por implementar medidas

anticorrupción y de transparencia, se crean normas que eleva el control sobre la función

pública y crea mayores responsabilidades para los intermediarios que llegan a cumplir

un rol de cuasi-gobierno. Por otro lado, los actores técnicos-profesionales, se están

formando en lógicas administrativas que llevan implícita la innovación, no como una

teoría sino como habilidad, conocimiento y acción y es, en esta perspectiva amplia,

cuando las ideas encuentran su límite.

Palabras clave: gobierno abierto, ideas, instituciones, innovación, Medellín, política

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Nota biográfica:

Autora:

Franci M. Corrales Acosta

E-mail: [email protected]

Título de pregrado: Sociología

Título de posgrado: Magister en Ciencias Políticas

Universidad: Universidad de Antioquia

Ciudad: Medellín

País: Colombia

Año: 2016

Filiación Institucional: Estudiante de Maestría de Políticas Públicas de la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- Sede Ecuador.

El presente artículo es producto de la reflexión temática desarrollada para la tesis de la

Maestría de Políticas Públicas: Cambio de las políticas públicas de gobierno abierto:

Caso Medellín 2001-2016. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –

FLACSO- Sede Ecuador.

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I. Introducción

Tal parece que la innovación se ha instalado en el lenguaje público como una forma de

llevar a cabo los desafíos de una sociedad que está en continuo cambio, interconectada y

que ha diversificado el mercado del conocimiento. Pero los cambios en la

administración pública, han sido una constante que le ha acompañado históricamente,

toda vez, que la renovación de cada gobierno trae consigo unos desafíos políticos para

los cuales, parece, la gestión pública no se ha adaptado. Así que, la demanda por la

innovación es una exigencia de múltiples entradas a la que no es sencillo dar respuesta.

Además, la naturaleza logra tener un efecto invaluable en esos cambios cuando decide

tener una expresión de desencanto con los cursos de acción de un territorio, este es el

marco extremo de las emergencias que requieren acciones inmediatas. Pues estas

pueden ocasionar efectos inesperados que demandan no solo atender la emergencia, sino

que sugiere una dosis de innovación.

En este sentido, cobra relevancia la pregunta ¿qué tan preparado está el Estado para

pasar de una administración tradicional, encargada de las operaciones organizativas a

una administración con líderes que crean valor público y los que se les demanda

innovación?. Se sostendrá que, por un lado, el diseño organizativo del Estado limita la

acción de los actores, porque en la carrera por implementar medidas anticorrupción y de

transparencia, se crean normas que eleva el control sobre la función pública. El efecto

más cercano es la coexistencia de formas de gestión pública: burocrática, gerencial y de

gobernanza que termina por priorizar las responsabilidades de entidades que llegan a

cumplir un rol de cuasi-gobierno, que profundizan la desconfianza.

Por otro lado, el efecto institucional de la acción pública entra en contradicción con los

actores técnicos-profesionales que se están formando en lógicas administrativas que

llevan implícita la innovación, no como una teoría sino como habilidad, conocimiento y

acción quienes no encuentran legitimidad para actuar, es allí donde las ideas encuentran

su límite.

Instituciones realidades sostenibles

El institucionalismo sociológico ha introducido el proceso organizativo al análisis de la

política, en especial para exponer en qué medida la norma y valores estructuran las

conductas y por tanto, las decisiones de los individuos. Los institucionalistas, proponen

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dos dimensiones: una cultural, constituida por valores y creencias; y una estructural,

entendida como las formas en que las instituciones se relacionan con la sociedad, los

individuos y el Estado. De esta manera, el individuo está determinado (incluyendo sus

conductas, intereses e ideas), por la cultura, las normas y valores. La premisa de esta

corriente es la actuación de los actores fundada en la “lógica de lo adecuado”.

El rol de las instituciones entonces es clave para la definición de los cursos de acción.

De acuerdo con March y Olsen (1997) es este marco de interpretación que evidencia

una relación recíproca entre política y sociedad, una interdependencia que hace de las

instituciones una dinámica parmente. Según lo señala Peters las instituciones son el

rasgo estructural de la sociedad o de la forma de gobierno tanto en su carácter formal

(reglas, normas, leyes, ministerios) como informal (costumbres, hábitos, prácticas

aceptadas por un grupo). Sin embargo, pese a la relación reciproca con la sociedad, las

instituciones trasciende los individuos, haciendo de las interacciones, un rasgo

predecible fundamentalmente porque las instituciones suponen sostenibilidad en el

tiempo, valores compartidos y pertenencia.

La innovación paradojas y realidades

La estructura organizativa del Estado se ha afianzado a lo largo de la historia. Este

proceso de desniveles ajustes y desajustes ha representado, por lo menos, en los últimos

30 años una tendencia fuerte a centrar la atención en la “organización de la

desconfianza”2 (Elster). No significa que sea un tema nuevo, por el contrario, siendo

parte de organización del Estado y que ha acompañado su desarrollo, por ejemplo el

sistema de pesos y contra pesos; lo que se ha renovado es sus perspectivas y

orientaciones. En otras palabras, asistimos a un momento en el que la sociedad ha hecho

uso de mecanismos de vigilancia que ha perfeccionado el Estado y las multinacionales

hacia afuera y, están virando hacía el Estado mismo. Es como hacer que el ojo se mire

así mismo. No obstante, emerge de este viraje unas interesantes paradojas:

Mientras crece las demandas ciudadanas en volumen y en diversidad, el

funcionario público tiene que lidiar con la desconfianza pública. La sociedad no

confía ni en la capacidad ni en la intensión innovadora del funcionario técnico –

burócrata –. A menudo se piensa que, el funcionario público maximiza los

2

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beneficios en favor propio o, del político electo (Moore 1998). Sin embargo, la

innovación se le admite al directivo político.

Así que, de este se origina otra paradoja: se demanda al político la innovación,

pero quien está en la cotidianidad de la implementación de las políticas públicas

son los funcionarios técnicos. Ahora bien, la diferencia entre funcionario técnico

(burócrata) y un directivo político, es decir, la diferencia teórica y práctica entre

política y administración constituyen más una dificultad para la gestión, que una

posibilidad. Según Moore, la sociedad no está preparada para exigir que la

innovación produzca valor público (Moore 1998, 44).

Por lo tanto, emerge la paradoja discrecionalidad vs transparencia, la primera

como competencia de los políticos que siguen siendo amplia. Mientras, la

segunda afecta funcionario público (técnico). Se constriñe con mecanismos de

control que, por un lado, le exige atender a las demandas del ciudadano como si

se tratase de un cliente, en otras palabras satisfacer el cliente. Y por otro, se le

exige responder “legal y éticamente al Estado” haciendo que en ocasiones no

coincidan las demandas de los ciudadanos con las decisiones de política (Peters

1995).

Estas paradojas se cierran con el secreto y la transparencia. En esta, el centro

son los mecanismos que hay a disposición para el control de la acción política.

Mientras la sociedad del conocimiento, una sociedad tecnologizada y cambiante,

exige innovación y respuestas a los emergentes problemas, el Estado

permaneces rígido, al menos eso evidencia la normatividad.

Como se verá más adelante, estas paradojas se conjugan en una serie de prácticas

institucionales que no son ni homogéneas ni predecibles, por lo que, este ponencia se

presenta como una aporte a la discusión que un requiere mayor profundidad y por

supuesto, otras perspectivas de análisis.

1. La idea de gobierno abierto: una gran paradoja

La paradoja entre secreto y transparencia, va más allá de la discrecionalidad como una

cuestión de seguridad nacional. Como se mencionó anteriormente, los mecanismos que

se han perfeccionado en el Estado, se están volviendo hacía él. Esto es posible si se

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tiene en cuenta que hoy la discrecionalidad no es un discurso que revista un valor

público en sí. Ni se promueve un estado de cosas que favorecen el rol invisible de la

burocracia que sí lo era en palabras de Bobbio para El Príncipe de Maquiavelo (Bobbio

1986, 69). Este era un buen referente de la racionalidad tradicional, incluso la

racionalidad carismática de Weber operaba bajo este privilegio, o en palabras de Ramió

las prácticas de spoils system que configura el modelo de patronazgo y clientelar (2016,

2-3).

Contrario a este sistema de prebendas y de “poder invisible” en el campo político actual,

la transparencia se ha constituido en un principio fundamental que integra la

información y el conocimiento como proceso de ajuste al rol del Estado y del

ciudadano. El giro que esto significa, genera la posibilidad de abrir el gobierno hacía

alternativas para afrontar la “inmoralidad de la política”. Implica conocimiento experto,

información abierta y en otras palabras, hacer público el poder invisible, que a decir de

Bobbio, es la gran promesa de la democracia como régimen “en el que el poder supremo

(supremo en cuanto es autorizado a usar, exclusivamente y en última instancia, la

fuerza) es ejercido en nombre y por cuenta del pueblo mediante el procedimiento de las

elecciones” (Bobbio 1986, 80).

Un principio entonces de la democracia, radica en la que los gobernantes son vistos por

los gobernados, y estos a su vez son vistos por los gobernantes. Así, los portales de

transparencia y las políticas de gobierno abierto en Medellín, son muestra de una

apuesta de la administración pública por “desenmascarar lo invisible”, esto es: “formas

de "desocultamiento" por medio de la crítica libre y el derecho de expresión de los

diversos puntos de vista” (Bobbio 1986, 80). Esto a su vez, supone la separación con

respecto al modelo clientelar y de patronazgo del que habla Ramió.

Con la influyente legislación internacional que incorpora la información como un

derecho, múltiples propuestas se han gestados. Algunos defendiendo estas perspectivas

como parte de la libertad de expresión en la democracia liberal y otros como, parte de la

opinión pública. No obstante, lo significativo es que la información desde 1948 es un

Derechos Humanos (Fuentemayor 2004, 15). En Colombia, por ejemplo la Constitución

de 1991 así lo proclama, razón por la cual ya desde 1995, en Medellín el derecho a la

información estaba incorporado a las demandas de la ciudadanía.

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A partir del gobierno de Sergio Fajardo (2004) es que se incorpora al Plan de Desarrollo

Municipal de Medellín, lo que se constituye en importante hito para la participación de

ciudadanos informados, una ciudadanía que tiene poder. Paralelo a ello, en 2004 ya se

iniciaba al Estado la necesidad de abrir los datos, una demanda que se habría fortalecido

por el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Este concepto ya se

usaba en Inglaterra, en los años 50, cuando se demandaba “abrir las ventanas” del

Estado y reducir la discrecionalidad burocrática, con lo cual se lograría someter al

escrutinio público las acciones de la administración pública (Ramírez-Alujas 2013,

204).

La información y la apertura toman un matiz estratégico cuando el BID comienza a

hablar de transparencia en los años 90. Proteger la inversión, luchar contra la corrupción

y vigilar las políticas de los países receptores de la cooperación internación, se

constituye en la primera estrategia pragmática que posibilitaba “abrir las ventanas” del

Estado. A este proceso se sumó la ciudadanía con mecanismos de veedurías y de control

social con “espíritu de visión, ambición, confianza y cooperación que han caracterizado

nuestros esfuerzos por combatir esta cara de la corrupción internacional y por crear un

mundo más transparente y justo” (BID, 2013).

De las múltiples mecanismos, estrategias e ideas que han abordado la transparencia. El

gobierno abierto ha significado la (re)creación de valor público de la información, los

datos y el conocimiento a partir de tres (3) elementos de la democracia:

información/conocimiento, transparencia y participación. Y aporta un elemento

adicional que llega a facilitar el proceso de la creación de valor público y es la

colaboración. Lo que para Bobbio sería el “poder público en público” se facilitaría con

esta perspectiva de reducción a la discrecionalidad (Bobbio 1986, 69).

Esta compleja confluencia de factores ideacionales del gobierno abierto, no llega

reinventar o renovar la democracia; por el contrario, el Gobierno Abierto complejiza las

relaciones Estado-sociedad, gobierno-ciudadanía. No solo se está hablando de informar

acerca de cómo se toman las decisiones, sino que se promueve el conocimiento que no

se limita a la difusión de datos o publicación de las acciones del Estado, sino que

promueve una acción que involucra habilidades, creencias pero también valores.

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Este cambio además, plantea una nueva perspectiva a la ya amplia discusión acerca de

la participación. El esquema “ustedes opinan yo decido” está en peligro de ser

desplazada por una idea de participación que se ha dado en llamar, participación por

implicación. Esto es, que los diferentes actores involucrados en un determinado

problema social, no solo opinan, sino que están presentes en los ciclos de la política.

Desde el problema hasta la toma de decisión, pasando por la implementación y la

evaluación. Al menos en el plano de lo ideal, este es el aporte de la propuesta

colaborativa. La incidencia de los diversos actores en la gestión de las políticas. Para

lograrlo, el Estado tiene que ceder poder, pues como lo señala Maynz (2005), hoy no es

posible pensar en un Estado que es capaz de garantizar la resolución a todos los

problemas.

Otro elemento significativo que aporta el gobierno abierto, es los datos abiertos. Si bien

Bobbio se refería a la publicidad de las decisiones, el gobierno abierto apunta a una

democracia directa que implica mayor nivel de conocimiento de los gobernados frente a

los que hacen y deciden los gobernantes. Esta perspectiva, complejiza la propuesta de

Bobbio que planteaba, por cuenta de la democracia representativa la desaparición de la

“anacrónica democracia directa”. La complejiza en tanto que, vincula mecanismo de

interconexión que parece servir como discurso de ventajas competitivas incorporando

métodos y referentes de la administración privada reduciendo cada vez más, la ya

delgada línea entre los público y lo privado en función de la eficientización de servicios

y derechos que provee el Estado y, abre la posibilidad, cada vez más clara, para la

actuación de diversos actores privados y no públicos en la toma de decisión. Tal vez, lo

más complejo en esta perspectiva es la relación siempre compleja entre instituciones

democráticas y el poder de los hombres.

La apertura de las formas de gobernar que tradicionalmente se han centrado en la

actuación del Estado y, avanza en la perspectiva de promover una acción más activa de

los diversos actores que les afecta las cuestiones relacionadas con lo público, no ha sido

solo una perspectiva del gobierno abierto, la gobernanza ya lo habría abordado. No

obstante, lo controversial que aparece ante esta renovada relación público-privado: es

las dinámicas de la gestión pública en un contexto de democracia representativa. En

consonancia con lo propuesto por Ramió, Calame dirá: “las sociedades mismas se

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transformaron y los modelos clásicos de la democracia y de la acción pública ya no

corresponden a las necesidades de la época” (2008, 30). Para la mayor parte de estos

autores la gobernanza reduce las competencias del Estado, ya por la autogestión como

lo propuesto por Mayntz (2005) o por un gobierno más interactivo en la esfera global

como lo enunciado por Calame (2008).

Para Ramió, la gobernanza debilita el Estado, sin embargo, la perspectiva futura que

propone es una “gobernanza institucionalizada e inteligente con una notable expansión

del Estado”, un modelo, que según señala, es una red de metagobernanza con un

importante rol de la institución del Estado, no para contraer sus competencia sino una

continua expansión de las mismas derivadas de la expansión de los bienes públicos, que

dirige la Administración Pública (Ramió 2016, 13). En sentido amplio, abrir los datos y

sobre todo, un gobierno abierto en perspectiva de gobernanza, incide en por lo menos

tres (3) diferentes dimensiones de la democracia, tal como:

a) El campo corporativo que se expresa en los partidos políticos y sindicatos.

Quienes se han sentido afectados, tanto por la información que llega a los

ciudadanos y la ampliación y diversificación de las demandas de estos, como por

la expansión de expertos-tecnócratas que intervienen en las decisiones y por

consiguiente en la orientación de las políticas (Ramió 2016, 9);

b) Las elecciones y, por supuesto el voto como su común forma de expresión; en el

que se ha desplegado múltiples estrategias, que mediante la utilización de la web

2.0. Permite a los políticos procesos de proximidad con el electorado como lo

que desencadenó la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 en Estados

Unidos y campañas como: el referendo por la paz en Colombia, el Brexit en

Inglaterra y demás, en una colisión de multiplicidad de información que tiene el

peligro de producir efecto de saturación y a su vez de desinformación;

c) El ejercicio del gobierno y con este la gestión pública: que además de la toma de

decisiones pública posee como objeto de estudio la organización y

administración de los recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos

de las administraciones públicas canalizados en procesos de trabajo orientados a

la eficacia y eficiencia de los resultados (Ramió 2016, 76). A quienes se les está

demandando mayor cercanía a la ciudadanía, experticia y responsabilidad en los

ajustes o transformación de este momento social.

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Esta última esfera es de interés en esta ponencia, por cuanto rige no solo las decisiones

sino la operación misma de las administraciones públicas; significa la confluencia de la

democracia electoral en cuanto al poder jerárquico de los representantes y las

necesidades y demandas de las poblaciones. Tomando como referente la propuesta de

Ramió, los ajustes tecnológicos y los cambios económicos sociales y políticos

“vislumbra una transformación radical, al enésimo intento, del modelo burocrático

impulsado durante el siglo XX” (Ramió 2016, 1). Sin embargo, que significa para una

ciudad como Medellín adoptar este discurso como componente de la gestión pública. A

continuación se presenta algunas reflexiones al respecto, tomando como referencia las

transformaciones administrativas en la ciudad.

2. Medellín las realidades institucionales y los límites ideacionales

Medellín ha sido una ciudad aplicada que ha incorporado las transformaciones de la

gestión pública en las diferentes fases de cambio de acuerdo a los movimientos que se

han gestado en los niveles internacionales y nacionales. Desde el año 2000 con el

gobierno de Luis Pérez Gutiérrez (2001 – 2003), se realizaron esfuerzos por concretar la

modernización del Estado y la aplicación de políticas anticorrupción; propuestas como

new public management , la gobernanza, el gobierno en línea y administración en línea,

fueron algunos de los referentes más recurrentes de este proceso. Que se han concretado

en las diferentes versiones de Planes de Desarrollo en las Alcaldías de: Sergio Fajardo

(2004-2007) con la digitalización del gobierno el énfasis es la transparencia y la ética

pública; Alonso Salazar (2008-2011) que adopta el buen gobierno como principio para

la competitividad de la ciudad; Aníbal Gaviria (2012-2015), con la modernización y

restructuración de una administración más gerencial y su propuesta de conglomerado

administrativo y, finalmente, la confianza institucional y la innovación administrativas

en el Gobierno de Federico Gutiérrez (2016-2019). Todo ello, reflejado en instrumentos

de la políticas como:

Cuadro 1.1. Instrumentos de la política

Tipo de Instrumento Instrumento Características

Estructura de

implementación

Programa Medellín Digital

Comité de Dirección

Secretaria de planeación

La política de gobierno en línea incluye una estructura

de implementación amplia; cada secretaria representa

un propósito que se busca coordinar para hacer de

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(Organización) Secretaria de Servicios

Administrativos

Secretaria de educación

Secretaria de participación3

Plataformas temáticas

www.medellin.gov.co

Medellín una ciudad Digital, posteriormente, los

perspectiva de hacer un uso de los datos inteligente,

sugiere la adopción del gobierno abierto.

Normativos

Política Pública de transparencia:

Acuerdo Municipal No. 086 de 2008

Programa Medellín Digital: Acuerdo

Municipal 821 de 2007

Estrategia Medellín Ciudad

Inteligente

Masificación de internet: Acuerdo

Municipal 68 de 2010 Municipal

Planes de Desarrollo Municipales

entre 2007 y 2012

Ruta N Acuerdo Municipal 284 de

2010 (Asociación del Municipio con

la Corporación Ruta N

Información y probidad

Educación, cultura del emprendimiento y los

programas de gobierno electrónico son los

fundamentos de este acuerdo municipal

Modernización del gobierno

Las metas definidas por cada gobierno entre 2007

y 2012, se observan en el plan de Desarrollo, que

al inicio de cada periodo

Innovación y conocimiento para el desarrollo

Económico

Información y

comunicación

pública

Pilar contenidos y Servicios

Pilar de comunicación Pública

Portales ciudadanos:

www.medellin.edu.co;

www.culturaemedellin.gov.co;

www.reddebibliotecas.org.co;

www.medellindigital.gov.co;

www.medellincultura.gov.co

Contenidos para las plataformas digitales de las

secretarias municipales

Reducción tramites y procesamientos de

información

Difusión de la inversión del Municipio de Medellín

y programa asociados a las secretarias de: Cultura,

Educación, Planeación y Privada

En una ciudad como Medellín, no es posible pensar el gobierno abierto, sin darle una

mirada al modelo de ciudad, el modelo de la sociedad del conocimiento. Como se puede

observar en el Cuadro 1.1, la modernización de la gestión pública ha estado

acompañada de dos elementos: la competitividad y la tecnología. Desde 2000 hasta

2017, este ha sido el leguaje que ha hecho que la ciudad transite entre la ciudad digital y

la ciudad inteligente. La educación ha sido el gran pilar de esta transformación:

“preparación de las generaciones futuras”. Posteriormente, con la creación de Ruta N, la

innovación y el emprendimiento terminarían de conjugar la visión de una sociedad que

hace uso inteligente de los datos, de las tecnologías y se proyecta en el mundo. En

3 La secretaria de participación no está implicada en los procesos de gestión de las tecnologías, al menos no de manera formal. Sin embargo, se incluye por la importancia que ha tenido en la ciudad de Medellín los procesos participativos. En el artículo no se toma en cuenta este aspecto, pero es considerado relevante porque la participación es uno de los pilares del gobierno abierto.

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últimas, siendo un poco reduccionista, una ciudad con tal potencial, requiere un Estado

moderno y por supuesto, un Estado conectado y garante de estos propósitos.

La ciudad cuenta con las condiciones para la construcción y renovación de las prácticas

de gestión pública, como se observa en el Cuadro 1.1., transparencia, datos, tecnologías,

recursos e innovación, son parte de un engranaje amplio que facilita la acción de un

gobierno abierto. No obstante, La política tiene muchas aristas que se atomizan en una

o varias entidades de la administración pública; algunas se han logrado integrar, otras

permanecen desarticuladas y otras, se articulan de manera tangencial. Con la política

pública de transparencia se promueve la visibilidad de la información pública, para ello

se cuenta con medios virtuales e interactivos con la expectativa de facilitar el acceso a la

información y mejorar los resultados. El énfasis de la política es el control sobre lo que

no me detendré. Lo que interesa destacar en este momento es que, si bien, existe una

política como la de transparencia lo que no está claro es el manejo de los datos abiertos,

de la información. Para ilustrar esto, veamos el siguiente caso:

Entre octubre de 2016 y abril de 2017 se ha registrado en la ciudad de Medellín, por lo

menos, tres (3) alertas públicas ambientales. La perspectiva de tener un aire

contaminado permanentemente ha llevado a las autoridades a desplegar una serie de

herramientas que permitan, no solo tomar decisiones inmediatas, sino que posibilite

contar con la legitimidad suficiente para llevar a cabo acciones impopulares capaces de

revertir el daño. Una preocupación que coincide con ciudadanos que se han movilizado

en favor de una aire limpio y, de condiciones ambientales saludables, que implican la

interoperabilidad de varias de las dependencias de la administración pública.

Estos siete (7) meses han sido importantes para que los actores se encuentren y

promuevan acuerdos que aporten al mejoramiento del medio ambiente. Para ello, la

Administración Municipal promovió información abierta, se gestaron datos abiertos, a

través de los sistemas de medición ambiental y una serie de recomendaciones se

comenzaron a hacer públicas; al parecer la innovación colaborativa, tendría una

oportunidad. Este proceso fue posible, gracias a la plataforma MiMedellín, una ideación

que surge por iniciativa del programa Medellín Ciudad Inteligente y que integra los

principios del gobierno abierto de acuerdo a la figura 1.1.

Figura 1.1

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De este evento, en el que se permitió el acceso a datos para dar inicio a la creación

colaborativa entre ciudadanos y gobierno, y bueno, empresa privada, quedaron acciones

significativas que comienzan a tener dinámica propia en la ciudad. De las que destaco

tres premisas

a) la colaboración entre empresa privada y gobierno inicia con la movilidad como

preocupación y lleva a la construcción de alternativas

b) la alianza entre la empresa privada y organización de la sociedad civil, permite

crear alternativas para monitorear el medio ambiente, que llevará a la producción

de datos cualificados.

c) la colaboración y participación de la empresa privada en este proceso, inicia el

mercado de los datos, que de ser el único referente, afectará no de manera muy

oportuna las políticas públicas.

¿Qué pasó con los datos? ¿En qué quedó el proceso de participación y colaboración?.

Las políticas se han centrado en transparencia haciendo énfasis en la responsabilidad y,

escasamente, se valoran los criterios de colaboración y participación ni que decir, de los

datos abiertos que, por demás, parecen funcionar de manera aislada en entidades

separadas. En el caso ambiental, se puede observar que pese a que se generen todos los

procedimientos, la decisión vuelve a la responsabilidad centralizada del gobierno, así el

ciclo que se podría asumir desde el gobierno abierto, se cierre de manera insospechada.

Tal vez esto explique que un grupo de actores haya tenido la suficiente fuerza como

para generar mayor presión que deriva en menos acción colectiva; esto tiene impacto en

las decisiones públicas que minaron esta oportunidad y, la decisión volvió a ser un tema

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de Estado centralizado y jerárquico. Como consecuencia hay un repliegue institucional,

se genera el “cierre de datos” y se retorna a la circulación fragmentada de información.

En lo formal, los procedimientos del gobierno abierto están visibles, enunciados en el

ley, no obstante este resultado de la acción pública puede entender en la coexistencia de

tres modelos: el gerencial que busca eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos;

el tradicional que representa la permanencia de una burocracia pesada, rígida y

apolítica, la encargada de la racionalidad del Estado y la gobernanza, que lleva implícita

la colaboración entre actores –desde diferentes perspectivas, unas más orientadas a la

empresa privada otras, a la sociedad civil, en algunos caso a la confluencia de ambos –

en palabras de Ramío, esta coexistencia deja vacíos en los espacios en el que, a la menor

oportunidad se reactiva el viejo modelo de patronazgo y clientelar (Ramió 2015).

A este vacío, como argumentaré a continuación, se suma que en el proceso de

escalamiento, o incrementalismo de las políticas de ajustes a la gestión pública se han

configurado otros valores materiales y morales. Por consiguiente, se pasa de un poder

en público a la creación de un nuevo valor de la función pública, que le banaliza, pues

eleva a un creciente valor de mercado a través de la actuación de un gobierno que llena

los vacíos mediante la diferencia en las formas de operar la implementación de las

políticas. Para este caso las políticas de gobierno abierto y de TICs, debilitando la

imagen del funcionario público. Es en este sentido en el que se profundiza la

desconfianza, desestima la innovación y se procura mayor control.

Medellín un ciclo idas y venidas: realidad institucional

Para Bobbio la reducción de secretismo es posible verlo reflejado en el gobierno local,

por la posibilidad de ser vigilado, de ser controlado. El gobierno local está en esa

“pecera totalmente transparente” en la que el ciudadano puede escrutar. Para la

construcción esa gran pecera, las normas internacionales iniciaron con la transparencia y

posteriormente con las tecnologías de información y comunicación. Luego de que el ojo

del gran hermano se hiciera un acompañante permanente por los avances tecnológicos,

se puede decir, que en términos de construcción social y conocimiento, se incorporó a la

cotidianidad de las ciudades.

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En particular, si se tiene en cuenta que el ojo que vigila está en todas parte, por cuenta

de una tendencia a constituirnos en vigilantes de la sociedad. Quien arroja un papel al

suelo, la persona que fuma en un establecimiento público y en general la ampliación del

escrutinio público de la moral social, llego al fin, a la administración del Estado. Vigilar

al vigilante. Posteriormente, con el lenguaje de la transparencia, dos elementos se

conjugaban en cuidado de lo público y los mecanismos para cuidarlos un proceso que se

había abierto con la Nueva Gestión Pública e implicaba eficiencia, eficacia y

modernización.

En el caso de Medellín, entre 1995 y 2017, se han implementado programas de

conectividad en toda la ciudad, que derivan en infraestructura física y digital4. La gran

pecera se complejiza, la infraestructura física crece a pasos agigantados y se

complementa como los entornos virtuales. En efecto de esa acción del gobierno local,

no descentraliza la administración, sino desconcentra la acción (Entrevista realizada

mayo de 2014, Iván Darío Castrillón). Es decir, se crean alternativas para llegar a

lugares donde antes no había presencia del Estado. Esto tiene un doble efecto por un

lado, se amplía la oferta de la administración pública y con ello, la facilidad para

atender las necesidades del Estado. Por el otro se incrementa la presión sobre los

empleados públicos que por demás no están preparados para el cambio, como se expone

a continuación.

La función pública y sus complejidades

La adecuación de la forma de gestión ha llevado a la implementación de diversos

enfoques, haciendo una diferenciación en la forma de atender a la ciudadanía, en la que

prima la búsqueda de alternativas que permitan a la ciudad incorporarse al mercado de

manera más rápida. Ello, se evidencia en las diferencias de acuerdo las formas de

asumir la gestión del gobierno haciendo uso de las tecnologías de información y

comunicación en tres instrumentos de política de la Alcaldía Medellín:

4 Programas que preparan la como Medellín Digital, Ruta N, Parques Bibliotecas, Aulas Abiertas, Telecentros, entre

otros, han girado en torno a este propósito.

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Tabla 1.2

Programa Propósito Modelo de gestión Resultado

Ruta N5 Innovación/competitividad Gobernanza Dinámicas de mercado

MEDInteligente6 Ciudadanía/ tecnología Gerencia Gobierno abierto marginal

Telecentro7 Ciudadanía/conectividad Burocracia Acceso a servicios

La convergencia de estos tres instrumentos, es que inciden en la transformación de la

relación ciudadanía-Estado. Los dos últimos: Medellín Inteligente y Telecentros

iniciaron con la implementación de estrategias de gobierno en línea. El segundo,

Medellín Inteligente, posibilitó la transición hacia el gobierno abierto con la plataforma

MiMedellíne, en la que convergen los tres pilares de: transparencia, colaboración y

participación y, el ultimo Ruta N, significa una reorientación a la forma de entender los

datos, adopta para sí la plataforma MiMedellín, le cambio de orientación y comienza a

elaborar, una propuesta para la adopción de políticas de datos abiertos en la ciudad.

Con los telecentros se destaca la tendencia a una gestión burocrática. En este caso en

particular, el propósito es garantizar, mediante la presencia de técnicos expertos, la

eficiencia de los recursos y la eficacia en la satisfacción de la necesidad, Sin embargo,

no resulta favorable para una parte de estos ciudadanos. Según expresan los

representantes de la comunidad que tienen a su cargo la conducción de los telecentros.

Los “funcionarios” [sic.] no saben cuáles son las necesidades: “programa un curso de

web 2.0 con la Universidad Católica del Norte en poblaciones que no saben, siquiera,

manejar el Word” (Grupo Focal realizado en abril de 2014, Líderes promotores de

Telecentros en Medellín). Por tanto, mientras la ciudadanía demanda del proceso

5 La Fundación Ruta N es una organización mixta en la que intervienen Proantioquia como la organización que agrupa las empresas más importantes de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. UNE y EPM. Creada en 2009, tiene en mandato de gestionar los procesos de innovación tecnológica y económica de la Ciudad. A partir de 2015 tiene a cargo la plataforma MiMedellín y se encuentra elaborando una propuesta para la implementación de gobierno abierto6 Medellín Inteligente, es el tránsito de ciudad Digital a ciudad Inteligente que tiene como propósito “fomentar y facilitar el buen uso de las Tecnologías de la Información en la ciudadanía, fundamentalmente en educación, tanto para el segmento escolar oficial como para el apoyo a la Cultura del Emprendimiento y los programas de gobierno electrónico”7 Lo telecentros son centros de cómputo coordinados por líderes barriales, fundamentalmente de las Juntas de Acción Comunal. Quienes además de gestionarlos, se han capacitado en el manejo de los entornos virtuales de gobierno en línea y operan como centros de acompañamiento para trámites en línea. Una discusión que ha atravesado el proceso es la autogestión y autosostenibilidad; hasta el 2014 el debate estaba entre consolidarlas como una empresa social o seguir como un proceso de carácter comunitario, asunto que no resolvió el Consejo Municipal entre 2011 y 2015.

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gestión para el desarrollo económico, autosostenibilidad y autonomía. Para la

administración este proceso, tenía más un componente de intervención para facilitar el

acceso a TIC, a la ciudadanía.

En lo sustancial parece no haber acuerdo, tanto más si se considera las diferencias del

papel de los Telecentros a partir de la visión del gobierno y de la ciudadanía. Así que,

afecta otro aspecto fundamental de este proceso y es, que no se cumple la función

fundamental de hacer que la ciudadanía haga un uso de los servicios y los dispositivos

diseñados para ello, de manera innovadora. Más bien, se ha privilegiado el uso

instrumental del gobierno en línea, resolver inquietudes, realizar trámites y consultas

resulta fácil y asequible por estos medios. Pero los proceso participativos, siguen siendo

refrendados en el tradicional espacio de lo público, separando en este caso, la

participación de las tecnologías.

Esto se debe, en principio a que si bien los telecentros son una iniciativa comunitaria,

las habilidades cognitivas y la conexión del instrumento con el potencial competitivo no

se ha logrado. En palabras de los funcionarios, la ciudadanía no tiene el conocimiento

para aprovechar las tecnologías de información y comunicación para su desarrollo. En

esta medida, la función del Estado, interventor y garante, es llevar las tecnologías. Un

enfoque de políticas distributiva, que en segunda instancia, provee los servicios pero se

ocupa marginalmente de las condiciones integrales de la población que accede a ellos.

En ese sentido, lo que evidencia la forma de operar este proceso en particular es que las

contradicciones entre la sociedad del conocimiento y la sociedad industrial, no se cierra

con intervenciones focalizadas en solo aspectos técnicos.

Al parecer, la función de potenciar las tecnologías para un uso inteligente es de

Medellín Digital. De acuerdo con el propósito del Acuerdo Municipal 821, mediante la

educación, le empresa y el gobierno en línea se construía el camino para la Sociedad del

Conocimiento. Los avances en educación y en gobierno, han sido significativos, pues

además de reducir la brecha digital a 49% de la población que no cuenta con

conectividad, se ha digitalizado la mayor parte de la función pública en Medellín. Lo

que resulta significativo de este proceso, es que la opción de implementación se ha

llevado a cabo bajo la figura de gerencia administrativa.

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La característica de Medellín Digital es que cuenta con autonomía administrativa. Se

centra en los resultados más que en el proceso. Si bien, la operación de este proceso al

principio no sugería retornos económicos, en un segundo momento, se intentó mediante

una propuesta de auto-sostenibilidad, lograr la venta de servicios para un sector de la

sociedad y la garantía de acceso para otra. De cualquier manera la idea de hacer una

administración eficiente y eficaz, marcó la estrategia de Medellín Digital. Cabe anotar,

que la implementación ha estado a cargo de una institución externa. En todos los casos

son empresas sociales del Estado: la Universidad Pascual Bravo y la Fundación

Empresas Públicas de Medellín.

RutaN es la representación de la Gobernanza inteligente que sugiere la transformación

de las interacciones con el propósito de generar entornos colaborativos para la toma de

decisión que es la disposición de tecnologías al servicio de la ciudadanía, para acceder a

la toma de decisión como se ilustra en la figura 1.1, pues en Ruta N donde encuentra

asiento la estrategia de MiMedellín, para lo cual “un ágora virtual, como territorio

colectivo, es un escenario deseado y un avance en los propósitos participativos”

(Corrales 2015).

En este sentido, la sociedad no está preparada para hacer frente a la paradoja de la

innovación, a menos que priorice una tendencia de estas hacia el mercado. Es decir, uno

de los mayores retos de los telecentros, es reducir la brecha digital en poblaciones

marginales. Con los procesos de inversión social y restructuración del estado de cosas

en la ciudad de Medellín, las fronteras de la marginalidad se han desplazado, por lo cual

los Telecentros han dejado de ser parte de los territorios marginales para ocupar un

lugar en los barrios emergentes de la ciudad. Ahora bien, con los procesos de

participación ciudadana, la “profesionalización de la participación” han facilitado que

los líderes comunitarios, no solo cuente con un importante número de certificados sino

que han hecho de los espacios del voluntariado, una fuente de ingreso económico

(Saldarriaga, López y Corrales 2013). Se conjuga entonces, una tendencia a

mercantilizar las formas de expresión de lo social. Tal vez, así se halle un lugar más

activo en la sociedad del conocimiento.

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En efecto, puede decirse que las comunidades han asimilado la importancia del internet,

como instrumento para acercarse al Estado y por consiguiente, al mercado. Con los

telecentro, salas de internet accesibles a las comunidades, el gobierno se proponía

reducir la brecha digital. A su vez, a través de estos se proporciona conectividad, se

dinamiza procesos de apropiación y, disponen recursos anuales de sostenimiento y

capacitación. La oportunidad que observó la comunidad más afectadas por los conflictos

y por tanto, de más inestabilidad económica, los telecentros se han convertido en un

proyecto de sostenibilidad (Grupo Focal realizado en abril de 2014, Líderes promotores

de Telecentros en Medellín). La perspectiva es convertir los más de 64 telecentros de la

ciudad en microempresas sostenibles, cambiando su valor de uso. La administración

municipal, habría propuesto hacer de los telecentros, laboratorios de innovación y

colaboración a través de un mecanismo subsidiario de Ruta N. Sin embargo los líderes

de los telecentro se adelantaron a su propuesta y con esto, se generó un escenario de

disputa del bien común, una disputa entre lo que el gobierno que considera que los

Telecentros deben ser un proyecto de innovación liderado por los profesionales y

expertos y, lo que las comunidades hacen de él, para su beneficio, no del todo colectivo;

por tanto, de ambos lados la idea del valor público se desdibuja.

Los incentivos para la innovación en Medellín, se han asegurado a través de Ruta N.

Así, el gobierno cuenta con procedimientos que permiten llevar la administración

pública más allá de las fronteras de restricción propias de la Ley y, se ha consolidado

como una ciudad inteligente que trastoca los límites del Estado y asegura una relación

directa con grandes empresas del sector telecomunicaciones. Por tanto, Medellín es una

ciudad con los mejores estándares de servicios de Colombia. Con un nivel bajo de

corrupción y una nivel alto de inversión. Al menos, así lo evidencia la Contraloría de la

Nación, en los informes de hace por lo menos 10 años que certifica a la ciudad como

pionera en los procesos de transparencia8. Es a esta forma de confianza a la que virado

los esfuerzos de la ciudad. el juego mediático que ha tenido Medellín, no solo ha

impactado la confianza inversionista, sino que le ha proporcionado reconocimientos a

nivel mundial como ciudad digital en el 20119 y la ciudad más innovadora del mundo en

8 Los boletines de la contraloría de Medellín, así lo afirma. Ver página de la contraloría http://www.cgm.gov.co/paci/rpc/SitePages/Inicio.aspx9 Ver: http://www.elcolombiano.com/historico/medellin_recibio_el_reconocimiento_de_ciudad_digital-CYEC_151829

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201310 y recibió el reconocimiento “Premios Asiet Ciudades Digitales 2015” como

ciudad inteligente11.

Los incentivos a la innovación se han plasmado en las esferas más significativas del

desarrollo urbano; los parques, las infraestructura tecnológica y las alianzas público

privado han servido para dinamizar la economía local y para modernizar la

administración pública a la vez que la ha vuelto más dinámica y eficiente. No obstante,

la relación público privada se ha fortalecido a favor de las multinacionales, la muestra

de ello es que los telecentros aún continúan en una frontera borrosa que no le facilita

salir de la vocación comunitaria, no porque no haya proyecto, sino porque la ciudad está

proyectando mayor nivel de intervención del mercado. La ciudadanía, con limitaciones

en su conocimiento, no solo obstaculiza tal pretensión. Sino que sugiere, que este tipo

de “innovaciones” serán marginales frente a las propuestas del mercado. De esta

manera, se asegura el juego de los expertos. La tendencia al uso de MiMedellín, para la

construcción colectiva de propuestas innovadoras se han centrado en los flujos del

mercado más que en la solución de los problemas sociales relativos a la injusticia social

y la histórica desigualdad social.

La fuerza del mercado en Medellín, no solo está definiendo las sendas de los que es

políticamente importante, sino que ya participa de debates en el concejo Municipal, no

para definir las políticas públicas, sino para informar las decisiones que se han tomado

en la pecera pública, la administración pública. Una controvertida sociedad entre

Millicom12 y Une, esta última empresa mixta del Estado. Y no es que haya violado la

Ley, sino que justamente haciendo uso de las disposiciones legales es que han cambiado

las formas de contratación de más de 1100 empleados, a través de una SAS13 que creó la

compañía Millicom. Esta acción, significa la reducción de salarios y pone en riesgo la

estabilidad laboral y la liquidación de estos “empleados públicos”; esto no es

10 Ver: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/por-qu-medell-n-es-ciudad-m-s-innovadora-mundov11 Ver: http://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-premiada-por-parques-del-rio-y-como-ciudad-inteligente-AH300970512 Millicom International Cellular, S.A. es un operador de telefonía móvil que opera comercialmente bajo la marca Tigo, con presencia en América y África.13 Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio. Esta figura por su flexibilidad tiene como función social las microempresas de baja cuantía, estimula el emprendimiento y a innovación. No obstante, empresas multinacionales como Millicom hacen uso de esta figura, no solo para evadir impuestos, pues no inscriben patrimonio, sino que le facilita declararse en quiebra y por tanto, no asumir responsabilidad civil en caso de liquidación de los empleados.

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precisamente corrupción o clientelismo. Esto es, uno de los males que considero más

peligroso en el marco de una gobernanza inteligente y es, que en el proceso de

innovación del Estado y con la incorporación de la Empresa privada, el valor del bien

común, se transformado por cuenta de la valor comercial que este ha adquirido con

fuerza, al menos en Medellín, en los últimos 20 años.

En este sentido, con lo señalado hasta ahora, además de la brecha económica y de

acceso al mercado como lo que ocurre entre los telecentros, que podría ser solo

anecdótico en una ciudad de cualquier rincón de Colombia, pero se trata de la “ciudad

inteligente” la de los privilegios a la sociedad Une-Millicom. Una dimensión emerge y

se interpone entre el proceso de producción de información, es decir, entre el open data

y la participación y, me refiero al conocimiento. La forma en que se presente el

gobierno abierto como lo está sugiriendo Ruta N, demanda el manejo especializado, no

solo de las tecnologías, sino de la información. Un conocimiento especializado del uso

de la data que circulan en los espacios flujos, demanda un ciudadano experto, que con

sus habilidades podrá participar en términos de sus demandas, pues se amplía el

supuesto de que “cada grupo específico de ciudadanos comprenda lo que se está

informando” (Kaufman 2013, 2).

Esta puede nombrarse como otra brecha, la del conocimiento. Pues sin conocimiento

experto, no se podrá decodificar la información que circula. Además, al aumentar

difusión de información, se amplía el data y se complejiza los servicios, para lo que,

cada vez más, al Estado se le dificulta garantizar la gestión sistemáticas y manejo de

documentos con datos estándares de acceso público y de comprensión en lenguajes

comunes. Una muestra de ello, es el aumento de derechos de petición, que según los

señalan los funcionarios públicos, debilita la administración pública. Si bien, los datos

están en la página web y el acceso a la información se ha cualificado, la creciente

necesidad de los ciudadanos por obtener información detallada y procesada, hace que se

recurra de nuevo al mecanismo análogo de información.

El efecto que ha generado estas diversas vertientes de la transformación de la relación

Estado-sociedad deriva en los que Peters (1995) llama el “Estado vaciado”.

En el nivel macro: la pérdida de legitimidad de la acción pública. por un lado la

creciente desconfianza hacía la incapacidad de Estado para el recaudo de

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impuesto y la desconfianza en la capacidad que tiene el Estado para garantizar

derechos. Como el acceso a la información, al conocimiento y por su puesto a

las tecnologías. En últimas, se trata de la desconfianza hacia el Estado por

cuenta de un desdibujamiento en sus capacidades básica para la atención de los

ciudadanos.

En el nivel meso: que deriva en la reducción de las competencias del Estado

para la prestación de los servicios básicos. Lo que se evidencia en la creación de

Ruta N como garante de la innovación en Medellín que “actúan en nombre del

Estado pero sin los controles asociados al hecho de ser un servidor del Estado”

(Peters 1996, 408)

En el nivel micro: tanto los políticos como los ciudadanos desconfían del

funcionario público y si bien, en este relato no es posible evidenciarlo. Si se

puede observar la tendencia a disociar las demandas ciudadanas como es el caso

de los telecentros y las decisiones del gobierno local.

Además de lo señalado por Peters, la información también se convierte en un elemento

que escenifica el “Estado vaciado” pues, de las políticas de accountability, que según el

autor debilita la responsabilidad social del funcionario; también hace de los mecanismo

como el derecho de petición un factor de desconfianza. Pues a través de este no

necesariamente se resuelve de manera más clara las inquietudes de la ciudadanía. Cabe

anotar, que esta necesidad es nueva y, que amplía las características del Estado vaciado

de Peters de acuerdo a lo que se observa de acuerdo al gobierno abierto.

En este sentido, la información se constituye en una pugna pues su interpretación y

manejo queda de nuevo del lado de los expertos, haciendo que se creen empresas de

interpretación de datos que procesan y vende la información, una vez más, se devuelve

al mercado la posibilidad de “tipificar la necesidad” (Ramió 2016). Esto se corresponde

a una crítica al supuesto de que “a mayor acceso a la información en línea, menores

niveles de comprensión del mundo real” (Kaufman 2013, 2-6), que no necesariamente

llega a todos los ciudadanos y las ciudadanas, ni a todos los funcionarios y funcionarias.

Pues, pongamos que a los ciudadanos les interese el tema de la nueva plataforma de

contratación de Une-Millicon ¿cuántos saben a qué funcionario habría que dirigirle el

derecho de petición?. Sí llega a la Secretaria de Desarrollo Económico ¿todos los

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funcionarios podrán dar cuenta de esta decisión?. Si es así ¿se cuenta con la información

clara, accesible y oportuna?.

Esta perspectiva pone en aprietos la perspectiva de Levy, toda vez que considera que: “a

mayor conocimiento, mayor democracia porque hay más intercambio y porque se

ampliaría las bases para la construcción de identidades colectivas y las del

conocimiento. Según señala, favorecería la difusión y circulación de los conocimientos,

las inteligencia, en los espacios flujos. Además esto facilitaría la evaluación de procesos

e información en tiempo real y daría lugar a la nueva forma de la democracia virtual”

(Levy 2004, 48).

3. Epilogo: para continuar la reflexión

Lo más significativo de esta exposición es como las realidades institucionales han

adoptado diversidad de caras dependiendo de instrumento de política del que se trata.

En este caso tenemos tres instrumentos para la Sociedad del Conocimiento que han

implicado la coexistencia de tres formas de administración de lo público, la burocrática,

la gerencialista y la gobernanza. Esta coexistencia lo que permite concluir es que,

además de afectar la lógica de interacción ciudadanía-Estado, deja un vacío en el que se

ha posicionado una tendencia hacia el mercado y un ocultamiento a las necesidades

sociales históricas de la ciudad. Un contexto que limita la emergencia de ideas

innovadoras en una población y facilita la del mercado.

Tanto la ciudadanía como los funcionarios públicos, requieren una cualificación propia

de las demandas de un mundo moderno que requiere habilidades y conocimiento que

permita responder a los retos de la innovación. Innovar no es inventar, pero crear y

recrear el espacio social es un aprendizaje en construcción. La ciudadanía y la

administración del futuro, aún no está en la academia. De acuerdo con Giraldo, los

desarrollos de la academia en Medellín ha girado en torno a la brecha dura: hardware y

software, conectividad y acceso (Entrevista realizada mayo 2014, María Elena Giraldo);

laboratorios de hardware como Ruta N y, las ingenierías de universidades como EAFIT,

Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. Además de los canales

de comunicación Teleantioquia y Telemedellín. Y los programas de parques

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Bibliotecas, Telecentros y demás, han sido un significativo esfuerzo para que la ciudad

inteligente sea una realidad. Al menos eso es claro en el portal MedInteligente.

Si bien es cierto, como perspectiva futura puede ser una oportunidad, en la realidad, el

conocimiento y el aumento de información que circula es un arma de poder que abruma,

segrega y profundiza la desigualdad. Sí a esta condición le sumamos que la balanza se

sigue inclinando hacía un lado de la sociedad, hacia el lado del mercado, se observa

pocas probabilidades de una gobernanza más justa que transforme las condiciones de la

sociedad en general.

No obstante, una perspectiva es observable y deseable. Se trata de re- producción de

territorialidades virtuales, no solo como ágoras de deliberación, pues en los metrarelatos

digitales se comparte información a través de Facebook, Twitter, entre otros, pero no se

procesa. Sin embargo, la circulación de información tiene sentido en la media en que los

grupos sociales definen las dinámicas de los espacios flujos. Estos espacios en

perspectiva futura podrían ser orientados a que los metarelatos se especialice –no

profesionalmente, sino como demanda ciudadana- ahí sí, para transparentar la gran

pecera desde afuera, pues mientras el valor de lo pública siga siendo un producto del

mercado, las relaciones del Estado sigan estando del lado de las mercancías y a los

gobierno les interese la publicad para marcar favoritismo en las encuestas y para ganar

premios, solo quedará el recurso de la vitrina de las redes sociales para exponer, la

injusta inclinación de la balanza.

Ya no se trata de la corrupción, que es suficientemente interpelada y perseguida por una

amplia red de instituciones que juegan del mismo lado del mercado como el Banco

Mundial, sino, como una red de ciudadanos y funcionarios públicos que puedan hacer

observable el fango que se levanta en la pecera, cuando un político de la nueva era, tan

mediático y “popular” se encuentra en la mesa de negociación del invisible mercado,

que no termina por transparenta sus intenciones. Esta sería una buena manera, aunada al

principio de colaboración para que la ciudadanía, siga presionando la transformación de

la gestión pública en beneficio de la mayoría y no de los poderes ocultos.

Referencia

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