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derecho constitucional bolivioano
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Extracted from A Closer Look: Bolivia's New Constitution (Spanish)© International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010© Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 2010© Universidad Mayor de San Andrés 2010
International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden
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seGundA PArte títuLo v: FuncIones de controL de deFensA de LA socIedAd
y de deFensA deL estAdo
Análisis crítico
Carlos Alejandro Lara Ugarte
En el avance de la lectura del Título V de la nueva Constitución Política del Estado (nCPE) surgen interrogantes. ¿Qué razones constitucionales predominan para crear una institución de control y defensa del Estado y la sociedad? ¿En qué medida la función de control del Estado y la sociedad son para el ciudadano acciones restrictivas o acciones que tienden a fortalecer y enriquecer el ámbito democrático?
Carlos Alejandro LaraUgarte
Acompañó el Proceso Constituyente desde la Representación Presidencialpara la Asamblea Constituyente(REPAC). En octubre de2008 publica el ensayo “Construcción Social del Estado Boliviano” donde expone una interpretación del debate y la deliberación enel área urbana de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente se desempeña como responsable de viabilización de la demanda
social.
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Sin llegar a una respuesta que absolutice el rol de las instituciones, un sucinto seguimiento al constitucionalismo muestra que las instituciones creadas para ejercer el control y defensa de la sociedad y el Estado (Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Procuraduría) no se desarrollaron para defender la democracia boliviana como tal (fundamentalmente porque no nace de esos ideales), sino para sustentar un orden legal imponiendo límites al derecho ciudadano para mantener el orden establecido entre dos parámetros: el control del derecho y el uso libre del derecho individual y colectivo desde la acción de sectores organizados de la sociedad civil. En ese sentido, el control y la defensa de la sociedad institucionalmente se desarrollan ante el aumento del uso libre del derecho, el déficit de la acción coercitiva y la vigilancia del orden constitucional ligado a las funciones administrativas, civiles, penales, de defensa de
los derechos humanos y colectivos, la legalidad y el resguardo de los intereses del Estado entre los más tipificados en la construcción constitucional boliviana.
A continuación, en la búsqueda de datos históricos sobre la temática, el presente escrito puntea hitos institucionales, citando leyes y artículos constitucionales para sustentar interpretaciones particulares bajo la influencia del debate social, económico y político del presente. No se trata de resaltar defectos u omisiones sino de verificar cambios y transformaciones marcadas por la modernización y fortalecimiento de la institucionalidad estatal en el ámbito normativo del control y defensa del Estado y la sociedad.
1. Aspectos jurídicos, institucionales, históricos
Las referencias jurídicas reconstruidas desde el constitucionalismo y la legislación boliviana son el apoyo más inmediato para entender o al menos intuir procesos políticos de control y defensa de los intereses de clase, del Estado y la sociedad, en el marco de transformación y el cambio.
1.1. Función de Control: Contraloría General de la República
A mitad del siglo XIX, cuando del derecho ciudadano se excluía a las mujeres, a los indígenas y a los no letrados, la normativa constitucional (Art. 76.24, CPE de 1851) facultó al Congreso Nacional sancionar una Ley para el cuidado de las recaudaciones impositivas, la inversión de la renta pública y la administración de los bienes nacionales. En el siglo XX, el crecimiento poblacional, la explotación minera y las demandas de las organizaciones populares e indígenas orillaron a la modernización, ampliación y ordenamiento del sistema financiero. Esto se da con la Ley Orgánica para la Contraloría General de la República (Ley de 5 de mayo de 1928), durante el gobierno republicano de Hernando Siles.
La ley orgánica contemplaba la organización de la Contraloría, sus atribuciones y deberes, los funcionarios de recaudación e inversión de fondos, la recaudación de fondos, la inversión de fondos, las restricciones referentes a contratos y otras obligaciones, las finanzas, las sanciones, los informes mensuales y anuales, las estipulaciones generales y la Ley del Banco Central, Ley de presupuesto y la Ley de aduanas.
Durante el Gobierno de Germán Busch, en la época denominada del socialismo militar, la influencia obrera demandó apertura al intervencionismo estatal en contraposición a la consigna liberal de “dejar hacer dejar pasar”. En ese contexto, la sección de régimen Económico y Financiero (Arts. 118 y 120, CPE promulgada por Ley del 30 de octubre de 1938) estableció que las entidades estatales autónomas o semi-autónomas tendrían que presentar anualmente al Congreso, la cuenta de sus rentas y gastos, acompañando un informe de la Contraloría General de la República. La ley determinó también la creación de una oficina de contabilidad y contralor fiscal, dependiente directamente del Presidente de la República, nombrado desde una terna propuesta por el Senado.
En 1979, con la apertura democrática, se restituyó a la Contraloría General de la República (Arts. 154 y 155 de la CPE, Ley 493 de 29 de diciembre de 1979) las funciones de Contabilidad Fiscal del Estado y Control Previo, determinando que los bienes, servicios y personal de la gestión financiera sean transferidos a la Contraloría General a partir del 1 de enero de 1980. Asimismo, a fin de devolver su unidad y coherencia al sistema técnico jurídico de Contraloría General, se restituyó el derecho a voto de sus representantes acreditados en las Juntas de licitación y organismos similares de la administración central y descentralizada.
Ya en el periodo denominado neoliberal, el 20 de julio de 1990, el Honorable Congreso Nacional sanciona la Ley 117 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), abrogando la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República junto a otras disposiciones específicas y leyes comprendidas entre 1928 y 1989 (Ley SAFCO, Arts. 53 y 54)1.
1 La Ley SAFCO consta de los siguientes capítulos: 1) Finalidad y ámbito de aplicación;2) Sistemas de administración y de control; 3) Relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública; 4) Atribuciones institucionales; 5) Responsabilidad por la función pública; 6)
En la gestión de Jorge Quiroga Ramírez, el Honorable Congreso Nacional decretó la Ley de necesidad de reformas a la Constitución Política del Estado (Ley 2410 de 08 de agosto de 2002), con una propuesta de texto para los Arts. 154 y 155 que decía:
Art. 154. La Contraloría General de la República es el órgano rector e impulsor de los sistemas de gestión, del cumplimiento transparente y eficaz de las operaciones del sector público y de los privados con respecto a los contratos, concesiones y privilegios que reciban del Estado o a quienes reciban beneficios públicos[…]. El control previo sólo podrá ser realizado por la propia entidad. (cursivas nuestras)
Art. 155. El Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República; será nombrado por éste de una terna propuesta por el Senado, por dos tercios del total de sus miembros, y desempeñará sus funciones por un período de diez años. […]
Ningún funcionario de la Contraloría General de la República formará parte de los directorios de las entidades públicas y privadas especificadas ni percibirá emolumentos de dichas entidades. El Poder Legislativo, mediante sus comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización de dichas entidades y de la Contraloría General.
No se avanzó sobre el contenido del texto y en la CPE de 2004 quedó igual a la CPE de 1995, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada. Se deduce que no se quiso modificar la Ley SAFCO por intereses concretos de los inversores privados.
Posterior a 2004, parte de la propuesta del Congreso del 2002 se plasma en la nueva CPE, pero sin dar potestad a la Contraloría de fiscalizar las operaciones de los privados.
1.2. Función de defensa de la sociedad: Defensoría del Pueblo y Ministerio Público
La estructura, normativa y reglamentación del sistema jurídico nacional desde las reformas y modificaciones al texto constitucional, propuso un Título dedicado a la defensa de la sociedad para la reforma constitucional de 1994 (Ley 1473 de 1º de abril de 1993, durante la presidencia interina de Luis Ossio Sanjinés ).
a. Defensor del Pueblo
La Defensoría del Pueblo se incorpora a la legislación boliviana para defender al ciudadano de los excesos, faltas y omisiones de los funcionarios públicos. La jurisprudencia latinoamericana y europea, principalmente colombiana y española, constituyen la experiencia más cercana a la implementación de la Defensoría del Pueblo, aunque en la jurisprudencia boliviana existe como antecedente la legislación constitucional de 1851 que faculta que la Cámara de Representantes pueda rehabilitar a los que hubiesen perdido el derecho de ciudadanía (inciso4); para acusar por sí o a instancia de parte, ante el Senado, al Presidente de la República, Ministros de Estado, y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por culpas y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones respectivas (Art. 62.5).
6) Del funcionamiento de la Contraloría General de la República; 7) De la jurisdicción coactiva fiscal; y, 8) Abrogaciones y derogaciones.
La Ley 1818 de Defensor del Pueblo, de 22 de diciembre de 1997, establece al Defensor del Pueblo como una institución encargada de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos.
b. Ministerio Público
Siempre bajo la idea del tutelaje de la institucionalidad estatal en los inicios de la República, la Ley de Procedimientos de 8 de enero de 1827 estableció la concurrencia de fiscales a juicios para la acusación de los delitos de orden público, participación en las causas civiles y abrir dictamen cuando sea evidente el interés de menores, la sociedad y el Estado.
El 31 de diciembre de 1857, el presidente José María Linares promulgó la primera Ley de Organización Judicial y reglamentó el funcionamiento del Ministerio Público como “una magistratura compuesta de los agentes del Poder Ejecutivo en los tribunales y juzgados, para representar a la sociedad en todas las causas que le interesan y requerir la aplicación y ejecución de las leyes”. Fue el Presidente Tomás Frías quien facultó al Ministro de Justicia para nombrar fiscales (Decreto de 20 de febrero de 1874). Más tarde, el 10 de enero de 1903, se amplió la facultad del Ministro de Justicia para “Nombrar a los funcionarios del Ministerio Público de capitales de departamento y provincias y otros dependientes de este ramo, con sujeción a la Ley…”. El Ministerio Público fue suprimido en provincias en 1932.
El Ministerio Público se reestructuró en 1961, y el 19 de mayo de 1972, desde el Decreto Ley 10267, se pone en vigor las jerarquías y atribuciones del Ministerio Fiscal. El Art. 189 dispuso: “Jerárquicamente, está constituido por el Fiscal General, que ejerce sus funciones ante la Corte Suprema de Justicia, los Fiscales de Distrito, que ejercen ante las Cortes Superiores, y los Fiscales de Partido y los Fiscales de Instrucción, ante los juzgados de su jerarquía correspondiente”.
En 1987, el Presidente de la Corte Suprema demandó del Congreso Nacional la sanción de una Ley Orgánica del Ministerio Público que le confiera autonomía económica e independencia funcional, pero no prosperó aduciendo ausencia de concordancia con otros cuerpos legales, incoherencias y contradicciones.
A comienzos del siglo XXI, a la magistratura fiscal se le demanda independencia en la dirección de los procesos de oralidad penal y, sobre todo, idoneidad e eficiencia para promover la acción de la justicia en juicios de responsabilidad contra ex-dignatarios de Estado y ex-presidentes de la República; precautelar la Constitución y la soberanía nacional en la preservación del gas y los recursos no renovables, y particularmente en cuanto a la seguridad del Estado.
c. Función de Defensa del Estado: Procuraduría General del Estado
La defensa jurídica de los intereses del Estado boliviano puede remitirse al Art. 140.1 de la CPE de 1945, que establece que: corresponde a la Justicia Ordinaria 1) El conocimiento y decisión de todos los litigios entre particulares y entre éstos y el Estado, cuando éste actúa como persona de derecho privado. 2) Resolver los recursos directos de nulidad que se deduzcan en
resguardo del Art. 27 de la Constitución, contra todo acto o resolución de autoridad pública que no fuese judicial. Estos recursos serán sustanciados y resueltos por los tribunales y jueces que tengan por ley la facultad de juzgar en primera instancia al funcionario que se hubiese excedido en sus facultades.
Sin embargo, en todo el periodo republicano, “el Estado boliviano no fue capaz de asumir una adecuada representación legal en la defensa de sus intereses patrimoniales, quedaron impunes muchos delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y representantes de las multinacionales” (Ochoa en ww w . r ebelion.org )).
El intento más inmediato de legislar la defensa de intereses del Estado se dio a partir de la sanción de la Ley 2410 de Necesidad de Reformas a la Constitución Políticas del Estado, de08 de agosto de 2002, donde se proponía incluirla en el Capítulo III, pero es la Asamblea Legislativa de 2006 – 2007 la que establece la imperiosa necesidad de creación de la Procuraduría General del Estado para tener una adecuada representación ante controversias económicas con tratados y contratos internacionales con otros estados, empresas multinacionales e inversiones privadas.
d. Servidoras públicas y servidores públicos
Para el caso del Funcionario Público, se cuenta con el Estatuto del Funcionario Público (Ley2027 de 27 de octubre de 1999), que vino a ser una normativa que ayudó a la reducción de los gastos del Estado y la racionalización de la burocracia, acorde con lo dispuesto en el Decreto Supremo 21060. El objetivo fue excluir políticamente al funcionario público de derechos sociales que le reconocía la Ley General del Trabajo (Estabilidad laboral, derechos de desahucio y otros). En el nuevo texto constitucional, se revierte esta situación con el reconocimiento a la universalidad de los derechos laborales y derechos sociales y el cambio de nombre al de Servidoras Públicas y Servidores Públicos.
Lo relevante de la normativa que devenga de la nCPE, en referencia a las Servidoras Públicas y Servidores Públicos (SPySP), puede ya entenderse más allá de un listado de requerimientos verificables y cuantificables. En la nCPE, el Capítulo Cuarto, de las Funciones de Control, de Defensa de la sociedad y Defensa del Estado, tiene que ver con el proceso de inclusión de la sociedad como derecho constitucional, cualificada desde la imputación y la libertad individual y colectiva, y desde el criterio de optimización de la labor de las SP y SP.
Al comparar algunos momentos constitutivos del pasado, y particularmente de la CPE de2004, se puede ver que se pasa de una normativa dispersa (en las anteriores constituciones) a una normativa más específica y centralizada desde un capítulo específico al cual debe (inevitablemente) referirse la red institucional constituida desde la nCPE2.
2 La CPE de 1851 dice que para ser elegido a la Cámara de Representantes se requiere ser boliviano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener propiedad raíz, industria, profesión o empleo que produzca una renta anual de quinientos pesos… (Art. 60, CPE 1851)
En la actual CPE, los requerimientos para ocupar cada cargo electo o ser funcionario público están especificados en el Capítulo de Servidoras públicas y servidores públicos.
Esquema 1
Estructura institucional en la segunda parte de la nueva CPE
Fuente: Elaboración propia
Todo el Título V institucionalmente se estructura de acuerdo a necesidades organizativas, funcionales y administrativas:
a. Desde la organización de la Función de Control se institucionaliza la Contraloría General del Estado cambiando el nombre de su antecesora Contraloría General de la República (CPE2004).
b. Para la Defensa de la Sociedad (Capítulo segundo) existen dos instituciones, la primera denominada Defensoría del Pueblo y la segunda Ministerio Público. El antecedente jurídico inmediato al primer caso es la Ley Nº 1818 del Defensor del Pueblo, de 22 de diciembre de 1997 y, para el segundo caso, la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 1469, de 19 de febrero de 1993; ambas leyes están vigentes desde la normativa de la CPE de 2004.
c. En el Capítulo tercero se hace referencia a la Función de Defensa del Estado, con una nueva institución para representar jurídicamente al Estado: la Procuraduría General del Estado. Sus antecedentes jurídicos no son institucionales pero se puede encontrar en algunos artículos del constitucionalismo anterior a 2004.
d. En el último capítulo del Título V de la segunda parte de la nueva CPE, se incorpora un conjunto de artículos dedicados a las Servidoras Públicas y los Servidores Públicos,
cuya referencia mas inmediata se encuentra en el Estatuto del Funcionario Público y la Ley General del Trabajo.
Esquema 2
Esquema comparativo entre la CPE del 2004 y la nueva CPE
a. Contraloría General del Estado
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
FACULTADES / FUNCIONES /
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
CP
E d
el a
ño 2
009 La Contralora o
Contralor General del Estado se
designa por dos tercios de votos de los presentes de la
Asamblea LegislativaPlurinacional.
Institución Técnica que ejerce la función
de control de la administración de las entidades públicasy de aquellas en las que el Estado tenga
participación o interés económico.
Determinar indicios de responsabilidad administrativa,
ejecutiva, civil y penal.
Autonomía: Funcional, administrativa y
organizativa.
Principios: Legalidad, Transparencia, Eficacia,
Eficiencia, economía, equidad, oportunidad y
objetividad.
CP
E d
el a
ño 2
004
El Contralor General depende directamente del Presidente de la República y es nombrado por
este de una terna propuesta por el
Senado.
Oficina dependiente directamente del Presidente de la República que
anualmente hace publicaciones de
estados demostrativos de su situación
financiera y rendición de cuentas señaladas
por ley.
Control fiscal sobre las operaciones de
entidades autónomas. Autárquicas y sociedades de
economía mixtaSu gestión anual está sometida a revisiones
de auditoría especializada.
Principios
No se establece específicamente para la
institución
Autonomía
Operativa, técnica y administrativa otorgada desde la Ley SAFCO.
(Su autonomía no estaba constitucionalizada).
b. Defensoría del pueblo
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
FACULTADES / FUNCIONES /
ATRIBUCIONES
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
CP
E d
el a
ño 2
009
La defensora o defensor del Pueblo
es designada (o)por al menos dos
tercios de votos de los presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional,
previa convocatoria pública.
Velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos
individuales y colectivos.
Interponer acciones de defensa en el marco de las
los Derechos, Deberes y Garantías constitucionales.
Presentar proyectos deLey
Investigar de oficio actos u omisiones que violen los
Derechos individuales y colectivos.
Otros.
Autonomía:
Funcional, administrativa y
financiera.
Principios: Gratuidad,
accesibilidad, celeridad y solidaridad.
Ley
1818
y C
PE
de
2004
El Defensor del Pueblo es
elegido por dos tercios de votos de los miembros
presentes delCongreso Nacional.
Vela por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en
relación a la actividad administrativa
de todo el sector público. Vela también por la promoción y divulgación de los
derechos humanos.
Tiene la facultad de interponer recursos para favorecer a toda persona
con los derechos y garantías que el Estado establece parte primera
de la CPE de 2004.
Principios:
Gratuidad y accesibilidad
Autonomía:
La ley 1818 le confiere
independencia para no recibir
instrucciones de los poderes públicos.
c. Ministerio Público
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
FACULTADES / FUNCIONES /
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
CP
E d
el a
ño 2
009
La Fiscal o el FiscalGeneral de la República
se designará por dos tercios de
votos de los miembros presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, previa
convocatoria pública. Ejercerá sus funciones
por seis años sin posibilidad de nueva
designación.
La autoridad jerárquica superior
del ministerio público es la Fiscal o el Fiscal
General del Estado.
Defender la legalidad y los intereses generales
de la sociedad, y ejercer la acción penal
pública.
Autonomía:
Funcional,administrativa y
financiera.
Principios: Legalidad,
oportunidad, objetividad,
responsabilidad, autonomía, unidad
y jerarquía.
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
FACULTADES / FUNCIONES /
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
Ley
1469
aco
rde
y C
PE
del
200
4 El Fiscal General de la República es
designado por el Congreso Nacional
de la Repúblicapor dos tercios de
sus miembros presentes. Tiene su sede en la ciudad
de Sucre. Ejerce sus funciones por un plazo improrrogable de diez
años.
El Ministerio Público representa al Estado.
Se ejerce por las comisiones que
designe la Cámara Legislativa, el Fiscal
General de la Nación y demás funcionarios
designados conforme a ley.
Tiene por finalidad promover la acción de la Justicia, defender
la legalidad, los intereses del Estado y
la sociedad.
Por Ley 1469
Principios: Unidad,
Legalidad,Jerarquía,
representación probidad,
responsabilidad, inamovilidad y
carrera.
Autonomía:
Funcional yadministrativa.
d. Procuraduría General del Estado
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
FACULTADES / FUNCIONES /
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
CP
E d
el a
ño 2
009
La designación de la Procuradora o
el ProcuradorGeneral del Estado
corresponderá ala Presidenta o
al Presidente del Estado y puede
ser objetada por la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Institución de representación
jurídica pública de Defensa del Estado, cuya organizacióny estructura será
determinada por ley.
Promover, defender y precautelar, evaluar y
velar por el ejercicio de las acciones en defensa de los
intereses del Estado.
Requerir información y enjuiciamiento en casos de
corrupción.
Instar a la FGR a dar lugar a acciones en contra de los delitos cometidos contra el
patrimonio del Estado.
Tanto su autonomía como sus principios serán determinadas
por ley.
463
200
4
e. Servidoras públicas y servidores públicos
CPE / AñO
DESIGNACIÓNCARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
ACCESO AL DESEMPEñO
TIPO DE AUTONOMíA/ PRINCIPIOS
CP
E d
el a
ño 2
009
Toda designación de servidoras públicas y servidores públicos
tendráque corresponder a la especificidad de la institución a
la que pertenece el funcionario público.
No define ninguna Institución pública
en particular; es denaturaleza transversal
al conjunto de la institucionalidad.
Se requiere contar con la nacionalidad
boliviana, mayor de edad, haber cumplido
con los deberes militares, no estar
comprendida en los casos de prohibiciones
establecidos en la Constitución (ver Art.
234 de la nCPE).
Principios: Legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso
e interés social,ética, transparencia,
igualdad, competencia, eficiencia, calidad,
calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados.
Ley
2027
(E
stat
uto
del F
P y
la C
PE
de El Estatuto los
clasifica en:
a) Funcionarios electos
b Funcionarios designados
c) Funcionarios de libre
nombramiento
d) Funcionarios de carrera, y
e) Funcionarios interinos
Servidor público es aquella persona individual, que
independientemente de su jerarquía
y calidad, presta servicios en relación
de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación
del Estatuto del Funcionario Público.
El Estatuto del Funcionario Público
establece los derechos y deberes de los
Funcionarios Públicos.
Principios: Legalidad,
transparenciay responsabilidad
(Ver más en el Art. 1 del Estatuto del Funcionario
Público)
464
465
Conclusiones y desafíos
Primeramente se resalta que dos de las instituciones mencionadas nacen con el constitucionalismo de1825 y un proceso particular hacia sus niveles de independencia y autonomía (Ministerio Público y Contraloría General del Estado). Otras apenas se las incorporó a finales del siglo pasado, con visiones neoliberales en un estado de derecho (Defensoría del Pueblo, servidoras y servidores públicos). Una es completamente nueva en el constitucionalismo boliviano (Procuraduría General del Estado) y por ello con más necesidades para su comprensión administrativa y funcional dentro la carrera institucional. El desafío relevante para la Procuraduría General del Estado es lograr profesionalidad teórica, práctica e institucional, y sin duda que el apoyo de los países con más experiencia (como la Argentina) viene a ser valiosa, sobre todo en aspectos de asesoramiento especializado.
Por otro lado, es claro entender (de manera deductiva y hasta intuitivamente) que la reglamentación derivada de la nCPE demanda de la población un seguimiento permanente y una participación cualitativa para que, en cada una de las leyes orgánicas, códigos o estatutos (que tengan que ver con la función de Control, Defensa de la sociedad y Defensa del Estado), se tome en cuenta el concepto de Estado Plurinacional Social de Derecho Plural, Participativo y Comunitario. Un desafío y posible escenario de debate será el alcance funcional y administrativo del Ministerio Público y la Contraloría General del Estado en el ámbito del pluralismo jurídico y económico hacia la administración de la justicia y la economía comunitaria en los territorios indígena originario campesinos con autonomía.
Como evaluación crítica, se debe hacer notar que si el derecho al acceso de la función pública es universal, entonces la función de control, defensa de la sociedad y defensa del Estado debía también establecer niveles de universalización, ampliando el ámbito de su ejercicio a la actividad privada al menos en sus ejes más relevantes. Si de hecho ya se lo hace con las universidades privadas en términos académicos, ¿por qué no con la industria, comercio y banca privada? El Estado (en países no desarrollados) puede de alguna manera ser más eficiente en la medida de tener mejores formas de regular la vida económica, política y social, al menos para protegerse de las crisis cíclicas del capital internacional y de inversiones privadas que atenten contra la seguridad del Estado.
Por otro lado, es evidente el proceso de profundización democrática y universalización de los derechos individuales y colectivos con la modernización y la regulación al acceso (del ciudadano) a los cargos públicos. Si bien esto se evidencia desde la normativa de requerimiento de especialidad o tecnificación y en el ejercicio del derecho constitucional legislado, en el marco conceptual y dogmático del Estado Plurinacional, social de derecho con autonomías administrativas y ejecutivas, no necesariamente constituye el ejercicio democrático de la norma constitucional expresada en el Art. 11 de la nueva CPE.
La modernización y democratización de la administración publica, en el sentido del derecho ciudadano y de nación y pueblo indígena originario campesino, van más allá de un listado de requerimientos de accesibilidad a los cargos públicos, sobre todo porque ya están constitucionalizadas las obligaciones y prohibiciones causales e imputables, ligadas a tiempos, asignación, elección, reelección y revocatoria para los casos de cargos elegidos por voto universal secreto y por usos y costumbres.
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Al terminar, no se puede obviar que el rol constitucional del Ministerio Público para cubrir la defensa del Estado en la actual coyuntura, marcada por el caso de terrorismo y traición a la Patria,
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ha transparentado en el debate público las sentidas diferencias entre el delito común y el delito de sedición o escisión.
El aniquilamiento de un grupo de acción política militar, que propugnaba acciones e ideas separatistas en Santa Cruz, puso en tela de juicio los mecanismos e instrumentos legales de que dispone el Ministerio Público y la Policía nacional para reprimir y llevar a estrados judiciales a los responsables de este tipo de actos. En este sentido, se hace evidente la necesidad de una legislación específica para estos casos, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público no la contempla. Cabe preguntar si es desde el Ministerio Público que se debe encarar la normativa jurídica sobre la seguridad del Estado (que es sustancialmente distinta a la defensa del Estado), o es desde una comisión congresal especial. Constitucionalmente, es prudente debatir sobre un nuevo capítulo al Título V, que haga referencia a la seguridad del Estado.
Finalmente, queda el gran desafío de entroncar una Ley orgánica del Ministerio Público que tenga concordancia con la administración de la justicia en las entidades autónomas indígena originaria campesinas, autonomías departamentales y la profundización de la democracia, concediendo más participación ciudadana en la definición de políticas de descentralización y agendas institucionales, para el control y defensa de la sociedad y del Estado. La nueva Constitución Política del Estado pone a los nuevos legisladores desafíos magistrales para acercar a la sociedad civil y al Estado a niveles de tolerancia y adecuación a cambios por la vía democrática, cultural y revolucionaria.
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Funciones de control, defensa de la sociedad y defensa del estado
Jénnifer Guachalla Escóbar
Jéniffer GuachallaEscóbar
Abogada, especialista en Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid). Docente Universitaria de pregrado y post-gradoen Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Ha escrito numerosos artículos sobre reformas judiciales, acceso a la justicia y sistema jurídico indígena.
1. Naturaleza de los órganos “extrapoder”
El común denominador de las instituciones cuya regulación está incluida en el Título V de la Constitución, es decir, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Estado, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, es que se trata de entidades públicas, denominadas por la doctrina constitucional como órganos extrapoder (Bidart, 1995:480). En su generalidad, se trata de entidades cuyos titulares son nombrados por el Congreso1, al cual deben rendirle cuentas de forma periódica; sin embargo, no forman parte del órgano legislativo, ni del ejecutivo.
Dichas instituciones gozan de autonomía administrativa, económica y funcional, es decir, no dependen de un superior jerárquico. A fin de garantizar esta “autonomía funcional”, por lo general, las constituciones latinoamericanas acompañan esta definición con previsiones relativas al nombramiento de sus titulares, su destitución, inmunidades funcionales e intangibilidad salarial (Cf. Bidart, 1995: 487).
La naturaleza de órganos extrapoder, del que gozan estas instituciones en nuestro ordenamiento jurídico, es confirmada por la Constitución vigente, la que las ubica en la parte correspondiente a la estructura del Estado, bajo un título especial y no dentro de los títulos correspondientes al órgano ejecutivo y legislativo.
1 El procurador general del Estado es nombrado por el
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Presidente, sin embargo, su designación puede ser objetada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2. Función de control
2.1. Contraloría General del Estado
a. Diferencias entre la anterior y la nueva CPE
La nueva Constitución:
• Elimina la dependencia que esta institución tenía del Presidente de la República, y define a la Contraloría General del Estado en los términos ya contenidos en la Ley 1178 (Cf. Bolivia, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales), es decir, como una “institución técnica, que goza de autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”. Como institución autónoma, se le instruye rendir anualmente informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
• Constitucionaliza la principal función de la Contraloría, esto es, el ejercicio del “control
externo posterior”, función que ya había sido reconocida por la Ley 1178.
• Define de forma más clara el alcance de la función de “control” que ejerce esta institución sobre el sector público, la que se extiende, no sólo a las operaciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta, como se señalaba en la constitución reformada, sino a todas las entidades públicas –como ya definía la Ley 11782– y también a aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico.
• Entre las funciones aparentemente nuevas que se le asigna a la Superintendencia, se encuentra la de supervisar y controlar la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.
• Define los principios sobre los cuales la Contraloría debe cumplir sus funciones: legalidad,
transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.
• Cambia la forma de designación de la Contralora o Contralor, asignándola al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Establece requisitos para la designación y define algunos lineamientos para el procedimiento de designación, tales como el concurso público, la calificación de capacidad profesional, la calificación de méritos y la observación pública.
• Reduce el tiempo de funciones del Contralor de diez (10) a seis (6) años.
b. Análisis del nuevo texto constitucional
La Constitución vigente define claramente la naturaleza jurídica de la Contraloría General delEstado como la de un órgano extrapoder, al establecer: i) su “autonomía funcional, financiera,
2 Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones,
organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.
administrativa y organizativa” y ii) ubicarla en un Titulo especial de la Constitución, junto con otros órganos extrapoder, aunque le instruye rendir informe al Congreso, a fin de contribuir con la función fiscalizadora de la administración pública, que ejerce este órgano3.
Antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la función de “contabilidad y control”, asignada al Contralor por la anterior Constitución, ya había sido ampliamente rebasada por las funciones definidas en la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) para este funcionario. Ellas comprendían todos los procesos e instrumentos técnicos de la administración contemporánea, así como la evaluación por resultados (Stefan, Rivera, Molina y Cajías, 2003: 3209). La Ley 1178 define a la Contraloría General de la República como: i) Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, encargado de emitir la normatividad básica de los sistemas de Control Gubernamental Interno y Externo, ii) Autoridad Superior de Auditoría del Estado, que ejerce el control externo posterior, con autonomía operativa, técnica y administrativa, para cumplir con independencia, imparcialidad, probidad y eficiencia sus atribuciones, iii) Conductora de los programas de capacitación y especialización para servidores públicos en el manejo de los sistemas que trata la Ley.
Uno de los cambios fundamentales resultante de la promulgación de la Ley 1178, fue eliminar la atribución de la Contraloría General del ejercicio del Control Previo, dejando esta responsabilidad a los servidores públicos de cada entidad, dentro de su obligación de ejercer el control interno (Cf. Contraloría General del Estado, 2009).
Decimos que las funciones definidas por la Constitución vigente para la Contraloría: i) el ejercicio de la función de control sobre las entidades en las que el Estado tenga participación o interés económico y ii) supervisar y controlar la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo, son aparentemente nuevas porque dichas funciones se entienden comprendidas en el Art. 5º de la Ley SAFCO, cuando el mismo establece “que toda persona no comprendida en los Arts. 3º y 4º (entidades públicas, Poder Legislativo y Poder Judicial), cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente auditados”.
Finalmente, cabe señalar que ni la Constitución anterior ni la vigente, definen un procedimiento para la remoción del titular de la Contraloría, sin embargo la nueva Constitución establece (Art.237.II) que la Ley determinará las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para las y los servidores públicos, en la misma Constitución (Arts. 235, 237.I).
c. Alternativas de desarrollo legislativo
Una de las críticas más duras que se le hace a la Contraloría, es que el “control externo posterior” carece de eficacia porque en muchos casos resulta inoportuno. Los procesos
3 En la Constitución argentina (Art. 85), este órgano, denominado Auditoria General de la Nación, a pesar de estar incorporado en la Sección correspondiente al Poder Legislativo, goza de autonomía funcional.
concluyen uno, dos o tres años después de producido el acto administrativo objeto del control, cuando –debido a la excesiva movilidad funcionaria que existe en el sector público– incluso el funcionario público ya ha dejado de trabajar en la entidad pública.
Sin embargo, cuando los servidores públicos responsables del control interno de cada entidad consultan a la Contraloría sobre situaciones actuales que pueden ser objeto de control posterior, ésta les niega apoyo o únicamente les “aconseja verbalmente”, bajo el argumento que no puede emitir criterio oficial alguno porque entraría en el campo del “control previo”. La Contraloría no posee una instancia consultiva y/o de asistencia técnica a los funcionarios responsables del control en cada entidad pública, que emita dictámenes vinculantes o no, para que dichos funcionarios puedan responder de forma uniforme, coherente y eficiente a situaciones actuales objeto de control previo. Por lo que parece importante que los legisladores tomen en cuenta este aspecto al momento de revisar la Ley 1178 y definir la estructura organizativa de la Contraloría.
La revisión de la Ley 1178 también deberá incluir: i) el desarrollo de las previsiones constitucionales referidas al procedimiento de designación de la Contralora o Contralor General del Estado, en particular el concurso y la observación públicas, así como ii) el procedimiento de juzgamiento y destitución.
3. Función de defensa de la sociedad
3.1. Defensoría del Pueblo
a. Diferencias entre la anterior y la nueva CPE
La nueva Constitución Política del Estado:
• A diferencia de la Constitución reformada, señala expresamente la autonomía funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo. Mantiene la obligación de informar de sus actos –anualmente y cuando sea convocado– al Órgano Legislativo, sin embargo añade que también se debe informar al Control Social, el mismo que de acuerdo al Art. 241 de la misma Constitución es ejercido por el pueblo soberano, a través de la sociedad civil organizada.
• Hace énfasis en la función de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los “derechos humanos colectivos” reconocidos en la Constitución vigente, tales como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos indígenas, de la población afro descendiente, derecho al medio ambiente y derechos de grupos poblacionales específicos como la niñez, adolescencia y juventud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas privada de libertad, entre otros.
• Extiende la actuación de la Defensoría del Pueblo –además de la actividad administrativa de todo el sector público– a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.
• Incrementa significativamente las funciones de la Defensoría del Pueblo, aunque gran parte de ellas ya estaban reconocidas en la Ley 1818 (Bolivia, Ley 1818 del Defensor del Pueblo).
Entre
las nuevas atribuciones se destacan: i) promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, ii) Interponer las acciones de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento, iii) presentar proyectos de ley, iv) instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan, en caso de violación de Derechos Humanos, v) emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a formulaciones realizadas por la Defensoría.
• Constitucionaliza los principios de gratuidad, accesibilidad, contenidos en la Ley 1818, y añade los principios de celeridad y solidaridad, como base de la actuación de la Defensoría del Pueblo.
• Define al titular de la Defensoría del Pueblo como cabeza de la institución, pero no define el resto de la estructura organizativa de la misma.
• Reitera algunos “instrumentos o medios” que facilitan el ejercicio de las funciones de la Defensoría tales como las solicitudes de información, el libre acceso a centros de detención, sin embargo añade que: en caso de no ser debidamente atendida la solicitud de la Defensoría, ésta tiene la facultad de interponer las acciones correspondientes contra la autoridad, la misma que podrá ser procesada y destituida, si se demuestra el incumplimiento.
• Mantiene la designación de la Defensora o Defensor por dos tercios de los miembros presentes del Órgano Legislativo. Sin embargo define algunos parámetros nuevos en el procedimiento tales como: i) convocatoria pública, ii) calificación de la capacidad profesional y méritos, iii) concurso público, iv) observación pública.
• Reduce la edad exigida para ser nombrado Defensora o Defensor de treinta y cinco (35) a treinta (30) años, exige contar con probada integridad personal y ética y poseer una trayectoria de defensa de los Derechos Humanos, además de cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público.
• Incrementa el período de funciones del titular de la Defensoría del Pueblo de cinco (5) a seis (6) años.
• Mantiene la inmunidad del titular de la institución, por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
• Elimina la previsión relativa al enjuiciamiento de la Defensora o el Defensor.
b. Análisis del nuevo texto constitucional
Tomando en cuenta la naturaleza Plurinacional del Estado boliviano, el reconocimiento de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como pre-existentes al mismo y la constitucionalización de la “defensa de los derechos de estos pueblos y naciones” –como una de las principales funciones de la Defensoría–, parece que la denominación más adecuada para esta institución sería Defensoría de los Pueblos4.
4 En ese mismo sentido se pronuncia Bartolomé Clavero (2009), miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las NN.UU.
A pesar, de que la Ley 1818 define a la Defensoría del Pueblo como Alto Comisionado del Congreso y la Constitución delega el nombramiento de su titular a este mismo órgano; su ubicación en el texto constitucional y la voluntad expresa del Constituyente de definir la “autonomía funcional, financiera y administrativa” de la Defensoría, nos acerca más a la configuración de un órgano extrapoder, que a una institución dependiente del Congreso (Maiorano, 1999)5. Sin embargo, no se puede negar la relación entre la Defensoría y el Órgano Legislativo, ya que este último –en la práctica– actúa como respaldo a las recomendaciones y sugerencias de la Defensoría del Pueblo (Maiorano, 1999: 6). Por otra parte, el propio Legislativo fortalece su función de control de la administración pública, a través de la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo a la doctrina (Bidart, 1995: 483) y legislación comparada (Bassols, 1999), el área tutelada por la Defensoría del Pueblo comprende los –hechos, acciones u omisiones– de la administración pública centralizada y descentralizada (también llamadas administraciones independientes), en nuestro caso gobiernos municipales, autonomías departamentales, regionales e indígenas. Respecto a la administración de justicia, de acuerdo a la legislación y jurisprudencia de otros países y la propia Ley 1818, la Defensoría del Pueblo se abstendrá de intervenir en casos en los que quede pendiente una resolución judicial, sin embargo la institución vela por que la Administración de Justicia resuelva expresamente en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formuladas.
Entre las nuevas competencias de esta institución cabe destacar: i) la de promoción de la defensa de los derechos de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, que confiere a la Defensoría del Pueblo una jurisdicción extra-territorial (Clavero, 2009), y ii) la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como categoría especial de los derechos humanos colectivos.
Sin embargo, bajo el mandato general de “velar por la vigencia de los derechos humanos”, durante las últimas décadas las Defensorías del Pueblo de la región6 (incluyendo la boliviana) han desarrollado: 1) procesos efectivos de incidencia sobre la administración pública–centralizada y descentralizada–, a fin de que ésta defina políticas públicas (nacionales, regionales y locales) que materialicen el ejercicio de los derechos humanos, y 2) acciones destinadas a la prevención y gestión de conflictos sociales. Empero estas “nuevas” funciones–desarrolladas cada vez con más fuerza por las Defensorías del Pueblo latinoamericanas– aún no se reflejan en el nuevo texto constitucional, ni en la Ley del Defensor del Pueblo.
Finalmente, tomando en cuenta las transversales de “diversidad genérica, cultural, étnica, generacional” que cruzan todo el texto constitucional, se debió incluir entre los principios que rigen a esta institución los de equidad, interculturalidad y no discriminación.
5 Maiorano afirma que incluso en países como España, en el que la Defensoría del Pueblo –por su configuración constitucional– tiene dependencia funcional del Órgano Legislativo, la jurisprudencia de ese país le ha asignado “independencia funcional absoluta como garante de los derechos humanos.
6 Tales como las Defensorías del Pueblo del Perú, Ecuador y Colombia.
c. Alternativas de desarrollo legislativo
Es necesario revisar la Ley del Defensor del Pueblo de manera que: i) refleje de forma más precisa las nuevas atribuciones que le confiere la Constitución, en particular las relativas a los migrantes y los derechos de los pueblos indígenas tales como los derechos a la libre determinación, autonomía, consulta, tierra y territorio, etc. y ii) reconozca las funciones de la Defensoría relativas a la promoción, monitoreo e incidencia en políticas públicas, con enfoque de derechos humanos, y la prevención, atención y gestión de conflicto sociales que, como dijimos con anterioridad, son funciones ya ejercidas por dicha institución. En ese sentido, tanto las atribuciones como la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, deben responder a los nuevos retos planteados por la Constitución, entre ellos el promover los derechos humanos, en el marco de las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.
Por otra parte, la revisión de la Ley 1818 deberá incluir el desarrollo de las previsiones constitucionales referidas al procedimiento de designación de la Defensora o Defensor del Pueblo, en particular el concurso público, y la observación pública, en los que aun no se tiene experiencia. En ese sentido, se puede tomar como ejemplo el proceso de observación al que son sometidos algunos funcionarios públicos en la Argentina7, es decir audiencias públicas en las que las personas individuales y/o colectivas, presentan públicamente sus observaciones al candidato. También existen otras formas de someter a los candidatos a la observación pública, ensayadas en nuestro país por algunas organizaciones de la sociedad civil8, tales como la publicación –en medios de prensa de circulación nacional– de las hojas de vida de los candidatos, la realización de foros, etc.
La Ley también deberá definir, los procedimientos: i) para el juzgamiento, destitución y sustitución del titular de la institución, toda vez que la nueva Constitución, ya no contiene previsiones sobre el tema, ii) para la rendición de informe al Congreso y el Control social.
3.2. Ministerio Público
a. Diferencias entre la anterior y la nueva CPE
La nueva Constitución:
• Consolida la independencia y autonomía (funcional, administrativa y financiera) del Ministerio Público, con relación al órgano legislativo y ejecutivo9. A diferencia de la Constitución anterior, se le exime de “dar cuenta de sus actos” al Órgano Legislativo y “coordinar” con el Órgano Ejecutivo.
• Concentra la función del Ministerio Público en la “defensa de la legalidad y la sociedad”
y el “ejercicio de la acción penal pública”, eximiéndolo de la función de “defensa de los
7 Por ejemplo, el proceso al que fue sometido el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni para acceder al cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia.
8 Como el proceso denominado “designaciones transparentes”, promovido por la Red Participación y Justicia.
9 La independencia funcional del Ministerio Público, ya se encontraba definida en el Art. 3 de la Ley2175 Ley Orgánica del Ministerio Público.
intereses del Estado”, toda vez que dicha función es asignada –por la Constitución vigente– a la Procuraduría General del Estado, sin embargo de acuerdo a las previsiones de la propia Constitución (Art. 331), el Ministerio Público aún es responsable de “ejercer las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público, de los cuales tenga conocimiento”.
• Constitucionaliza un conjunto de principios sobre la base de los cuales el Ministerio Público debe cumplir sus funciones: legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía10.
• Define la estructura básica del Ministerio Público: Fiscal General, fiscales departamentales, fiscales de materia. Excluye de esta estructura a “las Comisiones que designen las Cámaras Legislativas”.
• Mantiene la forma de designación de la Fiscal o el Fiscal General por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, adicionalmente se define algunos lineamientos del proceso de designación –que no estaban contemplados en la anterior Constitución– tales como: la convocatoria pública, la calificación de capacidad profesional, de méritos y el concurso público (este último, implica la obligación del Estado de transparentar y someter al escrutinio público todo el proceso de selección). Finalmente se define una serie de requisitos para asumir el cargo, en los que concurren los requisitos generales para servidores públicos y los específicos para asumir la Magistratura del Tribunal Supremo.
• Reduce el período de funciones de la Fiscal o el Fiscal General de diez (10) a seis (6) años, y se elimina la posibilidad de reelección.
• Elimina el procedimiento de destitución del Fiscal General establecido en la anterior Constitución, dejando el mismo a una norma de desarrollo constitucional.
b. Análisis del nuevo texto constitucional
Siguiendo la corriente latinoamericana (Binder, 2000: 325), la Constitución vigente define la naturaleza jurídica del Ministerio Público como la de un órgano extrapoder, al establecer: i) su “autonomía funcional, administrativa y financiera” y ii) ubicarla en un Título especial de la Constitución, distinto al de los Órganos Ejecutivo y Legislativo. La autonomía implica que nadie le puede imponer norma alguna; esto quiere decir que si por ejemplo, el Presidente de la nación quisiera impartirle instrucciones, éstas no serían obligatorias; tampoco lo serían las instrucciones emanadas del Parlamento. En ese sentido se entiende la voluntad del Constituyente, cuando excluye la obligación que tenía el Ministerio Público (en la anterior Constitución) de “rendir cuentas” al Poder Legislativo por lo menos una vez al año y “coordinar” con el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, cabe señalar que la doctrina le asigna al Ministerio Público también una función “auxiliar del Poder Judicial” y de “control”, esta última derivada de su condición de “independencia” de los otros poderes del Estado (Bidart, 1995: 488).
10 Los principios señalados por la Ley 2175 Ley Orgánica del Ministerio Público son: unidad y
jerarquía, objetividad, obligatoriedad, solución del conflicto, probidad, confidencialidad, gratuidad y diversidad cultural.
La estructura del Ministerio Público es vertical (derivada de los principios de unidad y jerarquía que rigen a esta institución), en contraposición a la estructura horizontal del Poder Judicial, donde en realidad todos los jueces son equivalentes en el sentido del ejercicio de su función. Ello es así, porque el Ministerio Público es una institución que debe realizar políticas coherentes, mientras la independencia judicial está preservando la imparcialidad del juez (Binder, 2000: 325).
Son tres las funciones que la Constitución le asigna al Ministerio Público: 1) Defensa de la legalidad, derivada del Principio de Legalidad11, el mismo que obliga al Ministerio Público a velar por el cumplimiento de lo que la Ley “determina previamente”, 2) Defender los intereses generales de la sociedad, implica que el Ministerio Público debe velar por el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la sociedad y las garantías de las personas, a través de los procedimientos establecidos en las leyes, 3) Ejercer la acción penal pública, consiste en ejercer la función acusadora dentro de los procesos penales de acción pública, por delitos cometidos en contra de las personas.
La Constitución vigente no define un procedimiento para la remoción del titular del Ministerio Público, sin embargo, la nueva Constitución establece (Art. 237.II) que la Ley determinará las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para las y los servidores públicos (Arts. 235,237.I).
Finalmente, tomando en cuenta el rol del Ministerio Público en la administración de justicia, y las transversales de “diversidad genérica, cultural, étnica, generacional” que cruzan todo el texto constitucional, se debió incluir entre los principios que rigen al Ministerio Público los de equidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.
c. Alternativas de desarrollo legislativo
Es necesario revisar la Ley Orgánica del Ministerio Público, tomando en cuenta que la nueva constitución exime a esta institución de la función de “defensa del Estado”.
También es necesario que dicha Ley corrija algunas prácticas erradas, derivadas de malas interpretaciones del texto constitucional reformado12. Por ejemplo, la conformación de comisiones especiales dentro del Congreso para la investigación de “asuntos de interés nacional” para su posterior “remisión” al Ministerio Público13, ya que dichas comisiones sólo retrasan
11 El principio de legalidad se expresa en la siguiente fórmula “nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíba” (contenido en el Art. 32 de la anterior Constitución), lastimosamente la formulación expresa de este principio ha sido excluido del nuevo texto constitucional.
12 Art. 125. (Ministerio Público): El Ministerio Público (…). Se ejerce por las comisiones que designen las Cámaras Legislativas.
13 Esta interpretación del texto constitucional fue “legalizada” por el Art. 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el mismo que establece que “El Poder Legislativo, a través de las Comisiones que designen las Cámaras (…) También ejercerá funciones de Ministerio Público, en la investigación de los asuntos de interés nacional que se le encomiende por Resolución Camaral, siempre que los hechos no se encuentren ya sometidos a la jurisdicción ordinaria. Concluida la investigación, la comisión remitirá el informe correspondiente al Pleno Camaral. Si la Cámara
determinare la existencia de indicios que constituyan un hecho delictivo, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público.
la labor investigativa, que de todas maneras recae en el Ministerio Público14. Todo esto, sin negar que la función de investigación y acusación no es privativa del Ministerio Público, ya que también puede ser ejercida por las Cámaras del Congreso (ahora Asamblea Legislativa Plurinacional), pero sólo cuando actúan dentro de un proceso contra altos funcionarios del Estado.
Cabe señalar que si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente, concentra la regulación de la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público en el ámbito Penal15 (es decir el ejercicio de la función acusadora dentro del proceso penal), es importante señalar la existencia de una creciente demanda de la sociedad para la conformación de un cuerpo de funcionarios públicos –similar a la Defensa Pública16 (que como sabemos sólo atiende a imputados)– que se haga cargo de la defensa de las víctimas, pobres, menores, etc.; tomando en cuenta, que el sistema de “abogados de oficio” nunca funcionó de forma eficiente.
Finalmente, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público debe transversalizar en su contenido los temas de género, diversidad cultural, étnica y generacional, acorde con los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
4. Función de defensa del Estado
4.1. Procuraduría General del Estado
a. Diferencias entre la anterior y la nueva CPE
Prácticamente toda la regulación constitucional sobre esta institución es nueva, con el único antecedente de que la finalidad/función de defender los intereses del Estado era atribuida, por la Constitución reformada, al Ministerio Público, aunque en la práctica el Ministerio Público nunca ha asumido la función de defensa del Estado.
b. Análisis del nuevo texto constitucional
La Constitución vigente define a la Procuraduría como una “institución de representación jurídica pública”, no le asigna al órgano ejecutivo tuición sobre la Procuraduría, aunque el nombramiento de su titular esté a cargo del mismo (con la posibilidad de veto de la Asamblea Legislativa Plurinacional), sin embargo tampoco le asigna “expresamente” autonomía funcional. En la legislación comparada, existe una pluralidad de formas de inserción de esta institución en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, el cuerpo de abogados del Estado de España y Perú dependen del Ministerio de Justicia (Cf. España, Real Decreto y Cisneros, 2009), en ese mismo sentido, la Constitución venezolana (Arts. 247 al 250) ubica a la Procuraduría General de la República dentro del Capítulo correspondiente al Poder Ejecutivo y le asigna la función de asistir a las reuniones del Consejo de Ministros; por otra parte la Procuraduría General del Ecuador se define como una institución independiente
14 Como el órgano diseñado constitucionalmente para ejercer la función investigativa y acusadora dentro del proceso penal.
15 Aunque en algunos departamentos como el de La Paz, aún existen fiscales de familia y del menor.16 Que en nuestro país depende del Ministerio de Justicia.
de la función ejecutiva, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria (García Carrión, 2009). Sin embargo, tomando en cuenta la ubicación constitucional y las funciones que debe cumplir la Procuraduría boliviana, nos inclinamos más a ver a esta institución como un órgano extrapoder, con autonomía funcional, administrativa y económica17.
La Constitución le atribuye a la Procuraduría General del Estado principalmente dos tipos de funciones: i) defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, ii) velar y evaluar las acciones de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. Sin embargo, la legislación comparada le asigna atribuciones adicionales, tales como la de recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas (García Ávalos, 2009), control de la legalidad de actos y contratos de entidades y organismos del Estado (García Carrión, 2009), asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y elaboración de proyectos y anteproyectos normativos encargados por el gobierno18. Finalmente, por lo general, las instituciones que –en los distintos ordenamientos jurídicos– tienen a su cargo la defensa del Estado, también han asumido la tarea de capacitar y/o actualizar los conocimientos de los abogados del Estado.
Función de defensa del estado
De acuerdo a la legislación comparada, la Procuraduría posee la facultad de representar al Estado, en procesos judiciales y extrajudiciales sustanciados ante instancias nacionales e internacionales.
En el ámbito interno, esta función tiene especial relevancia, tomando en cuenta la negativa y tan arraigada práctica del Estado de contratar abogados particulares para la “defensa” de sus intereses, los mismos que –en muchos casos, en connivencia con funcionarios de la propia institución–, perdían recurrentemente los procesos judiciales, fomentando el perverso “negocio de litigar contra el Estado”.
En el ámbito externo, la defensa de los intereses del Estado se realiza ante instancias internacionales tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Tribunales Arbitrales Internacionales, etc. En el caso boliviano, esta parece ser una de las principales motivaciones para la creación de esta institución, tomando en cuenta los últimos procesos de negociación y arbitrales a los cuales el Estado boliviano ha sido sometido durante los últimos años, como consecuencia del proceso de nacionalización de empresas asumido por el presente gobierno (Arce, 2009).
Función de supervisión de las unidades jurídicas de la Administración pública
En la legislación comparada esta función incluye el asesoramiento legal y absolución de consultas con –carácter vinculante o no– sobre la vigencia y aplicación de ley por parte de las instituciones del sector público, en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas;
17 En ese mismo sentido se pronuncia el Ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce (2009), responsable de elaborar el proyecto de ley de la Procuraduría General del Estado.
18 Estas dos últimas atribuciones se las encuentra en legislaciones en las que la función de defensa del Estado se encuentra a cargo de instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, como el caso de Venezuela y España.
lo que en la práctica genera una especie de doctrina o jurisprudencia que sirve de apoyo a los abogados del Estado, para resolver cuestiones análogas (García Carrión, 2009).
Esta función es particularmente importante, tomando en cuenta que –en el mejor de los casos– la defensa de los intereses del Estado se realiza sobre la base de una enorme dispersión de criterios jurídicos.
c. Alternativas de desarrollo legislativo
A fin de que esta institución comience a funcionar, se debe promulgar una Ley que defina la naturaleza, las funciones y la estructura organizativa de la Procuraduría General del Estado.
En lo que respecta a la naturaleza de la institución, dicha ley debe definir más claramente la“autonomía funcional, administrativa y económica” de la Procuraduría.
Con relación a las funciones de la Procuraduría, la Ley debe: i) desarrollar y definir el alcance de la función de defensa judicial y extrajudicial del Estado en el ámbito nacional e internacional, con especial énfasis en la delimitación de funciones entre la Procuraduría, el Ministerio Publico y la Contraloría General del Estado; ii) definir el alcance de la función de supervisión unidades jurídicas de la Administración Pública, del asesoramiento legal y absolución de consultas; definir si los dictámenes de la Procuraduría tendrán o no carácter vinculante, iii) ampliar las atribuciones de la Procuraduría en lo que respecta a la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, control de la legalidad de actos y contratos de entidades y organismos del Estado, y formación de abogados del Estado.
Finalmente, la estructura organizativa de la Procuraduría debe responder a las principales atribuciones que la Constitución le asigna a esa institución es decir la función de defensa y de supervisión de las unidades jurídicas de la Administración Pública.
5. Servidoras públicas y servidores públicos
a. Diferencias entre la anterior y la nueva CPE
La nueva Constitución:
• A diferencia de la Constitución reformada –que señalaba los principios de interés público e imparcialidad–, la Constitución vigente sólo señala el principio de legitimidad como rector de la actuación de los servidores públicos. Sin embargo, el Estatuto del Funcionario Público (Arts. 8b. y 12) señala también los principios de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia funcionaria, puntualidad, celeridad, economía y probidad (Cf., Bolivia, Ley 2027).
• Define a la servidora y servidor público como las “personas que desempeñan funciones públicas”, el Estatuto del Funcionario Público en su Art. 4. (Ley 2027) define al servidor público como aquella persona individual que, independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la misma Ley19. El término incluye también a los dignatarios, funcionarios y
empleados
19 “cualquier entidad del Estado” (…) “entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas” Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, Art. 3.I y II.
públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
• A diferencia de la Constitución reformada, la Constitución vigente establece los requisitos necesarios para acceder al desempeño de funciones públicas20. Se destacan los requisitos de: i) contar con la nacionalidad boliviana, ii) obligación de cumplir con los deberes militares y iii) hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
• Señala las obligaciones o deberes que tienen los funcionarios públicos, algunas de las cuales ya estaban incluidas en el Art. 8 del Estatuto del Funcionario Público21. Entre las obligaciones nuevas introducidas por la Constitución vigente se encuentra la de “rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública”.
• Incluye una lista de prohibiciones, causas de inelegibilidad e incompatibilidad (cuyos antecedentes se encuentran en los Arts. 9, 10 y 11 del Estatuto del Funcionario Público), de los cuales se destacan como nuevos las causas de inelegibilidad para acceder a cargos públicos electivos de designación o de libre nombramiento22.
b. Análisis del nuevo texto constitucional
La Constitución reformada incluía un capítulo sobre los funcionarios públicos, en el título referido a la persona como miembro del Estado, lo que permitía asumir que no se los trataba como parte del Poder Ejecutivo, sino como a un ciudadano especial con deberes particulares con el Estado y con algunos derechos, como el de asociación, reducidos por Ley frente al resto de la población (Cf. Bolivia 2027, Art. 5). La Constitución vigente ubica a los servidores públicos en la parte correspondiente a la estructura y organización funcional del Estado, y en el Titulo V junto con entidades que se configuran como independientes y/o autónomas. Por
20 Tampoco el Estatuto del Funcionario Público poseían ninguna disposición al respecto.21 Art. 8 (Deberes): a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y
otras disposiciones legales, b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional, c) Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley, d) Cumplir con la jornada laboral establecida, e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados, f ) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como confidenciales, conocidos en razón a su labor funcionaria, g) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su actividad administrativo, h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su función, i) Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, j) Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo establecido en el presente Estatuto y disposiciones reglamentarias, k) Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con funcionarios electos o designados, que presten servicios en la administración, l) Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, conforme al
cómputo establecido en el Código de Familia.22 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público, Art. 5.
lo que, –como establece el Art. 235 de la Constitución vigente– se entiende que el conjunto de servidoras y servidores públicos, de la administración pública central, descentralizada, autónoma y municipal, se debe en primer lugar a la Constitución y las leyes, y no responde al Poder Ejecutivo y/o al titular de los gobiernos autónomos, municipales, etcétera.23.
Por esa razón, y tomando en cuenta la arraigada y negativa práctica del “borrón y cuenta nueva” a la que se remite cada uno de los nuevos gobiernos (no sólo en el nivel central, sino también en los ámbitos departamentales y municipales); es importante la constitucionalización de la carrera funcionaria24, porque la misma se constituye en el principal instrumento de la administración pública para mantener su autonomía, de la cual únicamente están eximidos los funcionarios electos25, de libre nombramiento26 e interinos27.
En ese sentido, también es necesario señalar los pocos esfuerzos que han hecho los gobiernos de turno, para fortalecer los mecanismos de capacitación, incentivos económicos, legales, etc. que eviten la alta movilidad del funcionario público y promuevan el respeto a la dignidad de la función pública.
Finalmente, tomando en cuenta las transversales de “diversidad genérica, cultural, étnica, generacional” que cruzan todo el texto constitucional, se debió incluir entre los principios que rigen a la función pública los de equidad, interculturalidad y no discriminación.
c. Alternativas de desarrollo legislativo
Uno de los temas –recurrentemente– pendientes de desarrollo normativo, es la situación de los funcionarios interinos, consultores, consultores de línea, que prestan funciones bajo contratos de 90 días –sucesivamente renovados–, contratos a plazo fijo (por no más de un año); tomando en cuenta que las planillas de algunas instituciones públicas poseen hasta el40 por ciento o más de este tipo de funcionarios.
Si bien el Estatuto del Funcionario Público (Art. 4) señala que Servidor público es toda persona individual que, independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente ley, en la práctica estos servidores públicos se constituyen en servidores públicos de segunda
23 En ese sentido destacamos la previsión contenida en el Art. 43 de la Constitución venezolana, la misma que establece que “los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno”.
24 Actualmente a cargo de la Superintendencia del Servicio Civil. Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público, Art. 61, c). En ese mismo sentido, se pronuncian la Constitución colombiana (Art. 130) y la Constitución Venezolana (Art. 44).
25 Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por laConstitución Política del Estado Ley Nº2027, Estatuto del Funcionario Público, Art. 5.a)
26 Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. Ley Nº2027, Estatuto del Funcionario Público, Art. 5, c).
27 Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias. Ley Nº2027, Estatuto del Funcionario Público, Art. 5.e).
clase, porque tienen las mismas obligaciones que los demás funcionarios pero no los mismos derechos (principalmente los derechos a las prestaciones de salud, goce de vacaciones, licencias, permisos por maternidad, etc.).
También es importante revisar la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, en lo que respecta a la Carrera Administrativa, a fin de hacerla más eficiente y asegurar su cumplimiento.
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