Daniel Rafecas a cargo de la causa Hotesur

Poder Judicial de la NaciónCámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

Expte. FCR 7111/2013

“NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: BAEZ, LAZARO ANTONIO”

-VEREDICTO / FUNDAMENTOS-

J.F.R.GALLEGOS.

//modoro Rivadavia, 18 agosto de 2015.

VISTA:

La constitución del tribunal con el fin de fallar el expte. n°

FCR 7111/2013, caratulado “N.N. s/Averiguación de Delito”, en trámite ante el Juzgado

Federal de 1ª Instancia de Río Gallegos, al haberse diferido en la audiencia celebrada según

constancia de fs. 115, la resolución referida a la radicación del expte. de mención, según lo

autorizado por el art. 455, párrafo 2°, del C.P.P.N.,

Y CONSIDERANDO:

I.– A fs. 22/23 la conjuez federal de Rio Gallegos, declaró la

incompetencia de ese juzgado federal para entender en la causa a la que diera lugar la

denuncia efectuada el 16/12/13 por Lázaro Antonio Báez declinando la competencia para

hacerlo en favor del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº 1 de la Capital Federal (art.

37 y ss., C.P.P.N.). Contra dicha decisión el abogado propuesto por Lázaro Antonio Báez

para ejercer su defensa interpuso recurso de apelación a fs. 25/31, el que fue concedido a fs.

105/106.

II.– En esta instancia, a fs. 115, se celebró la audiencia del

art. 454 del C.P.P.N., compareciendo los defensores de confianza de Lázaro Báez y el fiscal

general subrogante ante esta cámara de apelaciones, ocasión en la que las partes asumieron

las posiciones reflejadas en la grabación del audio registrado ese día.

Quedó así la causa en condiciones de ser resuelta.

III.– Objeto procesal.

En la petición inicial Lázaro Antonio Báez, en su carácter de

accionista de Austral Construcciones SA, solicitó al Juzgado Federal de Rio Gallegos se

investiguen los supuestos hechos delictivos que se le adjudicaron a partir de los artículos de

Hugo Alconada Mon, publicados en el diario La Nación del 15 y 16 de diciembre de 2013,

bajo los títulos “En secreto, Báez le aseguró millonarios ingresos a los Kirchner” y “Báez

pagó a los Kirchner un millonario ‘alquiler’ en el Sur”.

Los elementos aportados por quien pretendía ser investigado

se limitaron a tales notas periodísticas, de las cuales se hizo eco el agente fiscal ad hoc para

formular el requerimiento de instrucción de fs. 7/9 vta.

Pese a la ausencia de cumplimiento de la manda del art. 175

C.P.P.N, en tanto no surge de lo actuado que la firma de Báez haya sido puesta ante el

funcionario que recibió la denuncia, el representante del Ministerio Público solicitó la

investigación de los hechos que surgían de tales artículos, aun cuando sin identificar a

quienes resultarían presuntamente imputados en los hechos.

Fecha de firma: 18/08/2015Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ALDO E SUAREZ, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: VERONICA RAQUEL ESCRIBANO, SECRETARIO DE JUZGADO





J.F.R.GALLEGOS.

Lo cierto es que de la síntesis de los artículos acompañados,

surgen diversas maniobras que vincularían al denunciante con la presidenta de la Nación,

Cristina Fernández, su marido fallecido y su entorno; las que por sus características podrían

constituir los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho u

operaciones con recursos de procedencia ilícita

Se desprende de los mismos que Néstor Kirchner y Cristina

Fernández colocaron la administración de la Hostería “Las Dunas” y el Hotel “Alto

Calafate”, propiedad de Hotesur S.A. (del que ambos resultaban accionistas mayoritarios), en

manos de la firma “Valle Mitre S.A.” controlada por Lázaro Báez, con la colaboración del

escribano Leandro Albornoz y de su esposa.

Así como que Valle Mitre SRL aparece firmando convenios

de alojamiento confidenciales, incluso con validez retroactiva, con empresas de Báez, por las

cuales estas últimas contrataban el servicio de los hoteles para sus empleados. Operación que

guardaría vínculo con el compromiso de Báez de retornar parte de los pagos que recibió

como beneficiario de la obra pública nacional patagónica.

Para ello siete compañías de Lázaro Antonio Báez se

comprometían a pagar a “Valle Mitre S.A.” una cantidad prefijada de habitaciones por mes

en los establecimientos de alojamiento que administraba“prepago mensual”, con tarifas

corporativas en dólares para reservas individuales y sin IVA, resultando significativo que las

mismas debían abonarse aunque no se ocupasen y sin importar la temporada. Aparecen así el

propio Báez suscribiendo un convenio por “Badial S.A.”; su hijo Martín Báez y el ejecutivo

de máxima confianza de Lázaro Antonio Báez Jorge, Ernesto Bringas, por “Alucom Austral

S.R.L.” y por “Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L.”; también Jorge Ernesto Bringas

por “La Estación S.A.” y “Don Francisco S.A.”, entre otros, haciéndolo por “Valle Mitre

S.A.” sus Directores Adrián Eduardo Bourguet y Director Adrián Berni. Los convenios

consignaban como domicilio de Valle Mitre SA una oficina en calle San Martin 948 de la

ciudad de Buenos Aires.

Las empresas figuran contratando, por ejemplo, 935

habitaciones por mes en el Hotel “Alto Calafate”, asegurándole de ese modo un tercio

mínimo de su ocupación, operatoria esta que se habría combinado con otra, propuesta

asimismo a investigación, por la que se cubría otro tercio diario de habitaciones con las

tripulaciones de Aerolíneas Argentinas –en pleno proceso de expropiación por aquella

época–, pese a las tarifas más bajas de otros hoteles de la misma categoría en El Calafate,

garantizando la combinación de negocios al Hotel “Alto Calafate” una ocupación superior al

60%.






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Siempre refiriéndonos a lo que surge de las notas

acompañadas, el 90 % de las facturas emitidas por “Valle Mitre S.A.” habrían estado

destinadas a las empresas de Lázaro Antonio Báez y, en particular, a “Austral

Construcciones” y otras firmas de Lázaro Antonio Báez, apareciendo cuestionable a primera

vista algunos de los convenios, como el de la firma “La Estación S.A.”, controlante de una

estación de servicios “Esso” en Río Gallegos, que, con solo 20 empleados, se comprometió a

pagar por 90 habitaciones en el “Alto Calafate”, distante a 300 km. –c/u. de sus empleados

debería hospedarse 2 fines de semana por mes en el hotel–; el de “Don Francisco S.A.”,

controlante de una estación de servicios “YPF” también en Río Gallegos, que, con solo 23

empleados, se comprometió a pagar 90 habitaciones por mes; el de “Kank y Costilla”, con 79

empleados y un compromiso de pago de 235 habitaciones por mes; el de “Loscalzo y Del

Curto Construcciones S.R.L.”, con 53 empleados y un compromiso de pago de 180

habitaciones por mes; el de “Alucom Austral S.R.L.” con 13 empleados y un compromiso de

pago de 70 habitaciones por mes; el de “Badial S.A.” con 9 empleados y un compromiso de

pago de 180 habitaciones por mes; y “Austral Construcciones” con 615 empleados y un

compromiso de pago de 90 habitaciones por mes.

Surge también del artículo que el Gobierno Nacional habría

contratado dicho hotel para servicios en congresos y eventos (vg. 3er. Congreso Federal de la

Industria”, noviembre 2012); así como que entre los años 2010 y 2011, a través de “Valle

Mitre S.A.”, Lázaro Antonio Báez habría pagado una cifra millonaria –unos $ 3.200.000– a

Cristina Fernández y Néstor Kirchner en concepto de alquiler de la Hostería “Las Dunas”

siendo que ninguno de ellos declararon tal emprendimiento como propio ante la Oficina

Anticorrupción.

También se desprende de la nota acompañada una maniobra

por la cual Aerolíneas Argentinas, garantizaría a los Kirchner la ocupación de sus hoteles en

un importante porcentaje, siendo que esos convenios resultarían habituales entre aerolíneas y

cadenas hoteleras internacionales, que explicarían el acuerdo de AA sin licitación previa, o

entre una cadena hotelera y un gran operador turístico, pero no entre un grupo empresario

concentrado en la Patagonia –con base en Río Gallegos– y un hotel de lujo ABC1 de un

destino turístico como “El Calafate”.

El artículo hace referencia a otras cuestiones que no se

vinculan de modo directo con Báez tales como: la omisión de Néstor Kirchner y Cristina

Fernández de declarar ante la Oficina Anticorrupción, la propiedad de la Hostería “Las

Dunas” y del Hotel “Alto Calafate”, ni de ingreso alguno derivado de la Hostería “Las

Dunas”, por parte de la presidenta de la Nación quien en el año 2011 solo informó haber






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heredado una participación en 3 sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles propios:

“Hotesur S.A.” (49%, con un valor total de $ 7.100.000), “Co Ma S.A.” (45%, por $ 76.561)

y “Los Sauces S.A.” (45%, por $ 2.300.000); y de allí también la posible falta de ingreso del

impuesto a las ganancias por parte del matrimonio–Néstor Kirchner y Cristina Fernández– y

de los herederos de Kirchner correspondiente a alguno de los pagos recibidos en concepto de

“alquileres” de la Hostería “Las Dunas” y del Hotel “Alto Calafate”, ambos de El Calafate,

Pcia. de Santa Cruz.

IV.– Luego de recibido el “requerimiento de instrucción” y

ante el conocimiento que en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº 1 de la CABA se

encontraba en trámite una causa cuyo objeto podría tener vinculación con la presente, la a

quo solicito informe al respecto.

Tal como surge de fs. 20/vta desde dicho Juzgado se informó

que a raíz de la denuncia efectuada por los diputados Carrio y Sánchez, con fecha 16 de

diciembre de 2013 se dio inicio a la causa 1830/13. Para ello se tomaron como base los

mismos artículos periodísticos que motivan la presentación de Báez, siendo su objeto de

investigación las posibles consecuencias tributarias de los convenios celebrados entre

distintas empresas de las que Lázaro Báez es accionista con la gerenciadora Valle Mitre SA.,

en las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del IVA, por los periodos 2010/2011.

Pese a que el objeto procesal de la presente causa se

evidenciaba como de mayor amplitud, el representante del Ministerio Público indicó a fs. 18

que correspondía que el Juzgado de Rio Gallegos se declare incompetente y disponga la

remisión de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nro. 1. Tal

temperamento fue compartido por la judicante quien declinó su competencia para intervenir

en la denuncia que da origen a la presente causa.

Puestos a resolver y tal como surge del informe actuarial de

fs. 174, advertimos que no existiría sustrato de conexidad con el juzgado Nacional en lo

Penal Tributario nro. 1. a quien la a quo pretendió atribuir competencia, por cuanto las

actuaciones han sido archivadas.

Sin embargo consideramos que la decisión de desprenderse

de la causa debe mantenerse, aun cuando la declinatoria deba ser a favor del Juzgado

Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nº 11.

En efecto, surge del informe de fs. 161/163 vta., que en el

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal

nº 11, secretaria 22 tramita la causa 11352/14 cuyo objeto procesal es idéntico al de esta






J.F.R.GALLEGOS.

causa, según surge de los datos aportados y la copia de los requerimientos de instrucción de

fs. 119/127.

En tales actuaciones caratuladas “Fernández de Kirchner

Cristina y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” se

investigan los supuestos delitos cometidos por Cristina Fernández y Néstor Kirchner como

accionistas de la sociedad Hotesur S.A controlante del hotel Alto Calafate, así como las

eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia

(IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. La

causa se inició por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades de la

Inspección General de Justicia en el modo en que se manejó la documentación de Hotesur,

luego la denuncia fue ampliada y el ministerio publico fiscal requirió que se investiguen

también las sospechas de lavado de dinero entre la firma hotelera presidencial y Lázaro Báez.

Así, en el requerimiento cuya copia luce a fs.152/157 se

solicitó la investigación de “los eventos aludidos por la mencionada Diputada Nacional

respecto de la presunta contratación falsa de plazas o habitaciones en Hotesur SA propietaria

del Hotel Alto Calafate en Santa Cruz, por reservas realizadas por empresas de Lázaro Báez,

cuya ocupación sería mayormente ficticia, por lo que a decir de la denuncia se trataría de un

alojamiento "fantasma" que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el

empresario más beneficiado con la obra pública Lázaro Báez. En este sentido se alude que

Hotesur, a través de otra firma vinculada al empresario contratista del Estado Lázaro Báez,

habría recibido en concepto de "alquiler" por plazas –habitaciones que casi nunca eran

ocupadas, $10,1 millones entre 2010 y 2011 6,3 millones en 2010 y 3,7 millones en 2011,

respectivamente, en tanto una firma de Báez de nombre Valle Mitre SA que se habría así

también alquilado más de 1.100 habitaciones por mes, durante años en el Alto Calafate,

cuando éstas no siempre habrían sido ocupadas, agregando que "el rubro hotelero es uno de

los más usados y eficaces para operaciones de blanqueo o lavado de activos..", lo que –en

razón de la presunta ilicitud de tales conductas implicaría la necesidad de abrir diferentes

líneas de investigación penal, así también a su respecto".

Por su parte la investigación relacionada con el contrato entre

Aerolíneas Argentinas y la firma Hotesur para el alojamiento en el hotel Alto Calafate de las

tripulaciones de los aviones que hacen escala en la ciudad de El Calafate, también forma

parte de la investigación que se sigue en el tribunal capitalino.

V. Cierto es que como señala el impugnante, la regla

impuesta por nuestro sistema constitucional para el juzgamiento de delitos resulta ser el lugar

de comisión del hecho (forum delicti commissi, artículo 118 de la Constitución Nacional).






J.F.R.GALLEGOS.

Sin embargo, existen supuestos, como el que nos ocupa en el

que el hecho punible se desarrolla en varias jurisdicciones. Así la maniobra que se desprende

de las notas periodísticas y que el “impugnante” pretende se investigue, implicaría el

desbaratamiento si se quiere de una organización criminal que en definitiva reinvierte el

producto de un delito antecedente, que tendría directa vinculación con la corrupción de

funcionarios de la administración pública nacional.

Es así que aun cuando parte del reciclado de los fondos de

origen delictivo se pueda haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su

caso no habrían comenzado, ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio.

Si bien parte del reintegro del dinero de presunto origen

ilegal, al sistema financiero legal habría acaecido en Santa Cruz, los delitos imputados

revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en

otras jurisdicciones con firmas con domicilio en otras jurisdicciones también.

Como enseña Marcelo Luis Jaime, deben tenerse en cuenta

“las diferentes etapas por las que transitan los fondos generados a partir del delito precedente

ello, en razón de que no puede tomarse al lavado de activos como una acción aislada que

encuentra subsunción típica en una norma,. si tuviéramos esa visión estrecha, difícilmente

podríamos entender la fenomenología de esta criminalidad altamente organizada que subyace

al tipo penal.”(Revista Derecho Penal. año II, n° 4. Ediciones Infojus, p. 233, id infojus:

dacf130099 “Delito de lavado de activos: consideraciones sobre su autonomía y cuestiones

procesales controvertidas”).

VI. Ahora bien, este tipo de casos encuentra solución

doctrinaria en la llamada teoría de la ubicuidad, según la cual, el delito debe reputarse

cometido tanto donde se produce el resultado como allí donde se ha ejecutado la acción.

La misma ha sido recogida por la Jurisprudencia de la Corte

Suprema como un criterio corrector para definir la competencia interna de los tribunales, en

miras a la eficiencia del servicio de justicia: Al respecto se sostuvo que “Cuando los lugares

de ejecución de delito son múltiples resultan competentes los magistrados con jurisdicción

en cada uno de aquellos en que se produjeron actos con relevancia típica y la elección del

tribunal debe hacerse teniendo en mira exigencias de una mejor economía procesal (CS LL,

4/III/1998 F.96726.).

Es decir que en estos supuestos, el hecho se estima cometido

en todas las jurisdicciones en las que se ha desarrollado alguna parte de la acción, y también

en el lugar de la verificación del resultado. En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas,

será en principio competente para la instrucción la causa.






J.F.R.GALLEGOS.

El problema derivado de la inexistencia de un criterio

unívoco para determinar el tribunal competente, resulta solucionable al decir de Maier solo

por una decisión valorativa, que responderá a criterios correctivos de economía procesal, que

pueden fluctuar según las particularidades del caso

VII. Puestos a determinar entonces el tribunal competente en

los presentes actuados a partir de los criterios expuestos consideramos que ante la existencia

de la investigación que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y

Criminal Nro. 11 de Capital Federal, corresponde que el mismo continúe con la tramitación

de la causa.

Si bien la denuncia que da origen a la presente es anterior en

el tiempo 16/12/2013 al requerimiento de instrucción que efectuara el fiscal Stornelli en

virtud de la denuncia realizada por la diputada nacional Margarita Stolbizer 10/11/2014, no

puede soslayarse que en la presente investigación no se ha producido ninguna medida

probatoria.

Sin embargo en aquella otra causa, y tal como es de público

conocimiento se han llevado a cabo numerosas diligencias, cuyo resultado se encuentra a

estudio del magistrado y del titular de la acción y que serían las mismas que, en muchos

casos, tendrían que “producirse en la presente”. Es aquí donde los principio de económica

procesal y rédito investigativo cobran relevancia.

Por lo demás la razonabilidad de atribuir competencia al

Juzgado capitalino guarda relación con el complejo proceso que implica la actividad de

sustraer de los controles de la ley y los organismos correspondientes, activos provenientes de

actividades ilícitas derivadas de delitos contra la administración pública, siendo el objeto de

la causa tramitada en aquella sede más abarcativo de la maniobra completa.

Ello claro está, teniendo en cuenta que pese a la autonomía

del delito tipificado por el art.303, – existe una accesoriedad limitada del delito antecedente.

Por ende, consideramos que razones de practicidad y

economía procesal imponen que las sucesivas tareas investigativas relacionadas con la

obtención de información acerca de la posible actividad ilícita deban ser continuadas en ese

ámbito jurisdiccional que resulta ser quien lleva más adelantada la investigación

Entendemos que la solución otorgada al presente caso, no se

opone al principio de juez natural en tanto el art 40 C.P.P.N otorga validez eventual a los

actos realizados por el juez incompetente. Al respecto, Mariano Cuneo Libarona enseña que

la Corte considera que “la cuestión de competencia entre los tribunales permanentes del país

es una cuestión ajena a la garantía de los jueces naturales y extraña a recurso extraordinario”






J.F.R.GALLEGOS.

La Ley 1998D 469 (Procedimiento Penal, garantías constitucionales en un estado de derecho

p. 531.)

Por último, somos partidarios de otorgar relatividad a las

cuestiones de competencia negativa entre Juzgados objetivamente competentes en razón de la

materia, aunque con distinta competencia territorial, en tanto de tales conflictos surge

inevitablemente una demora injustificada en la tramitación de las correspondientes

diligencias procesales.

Por lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE:

I) CONFIRMAR parcialmente el auto de fs. 22/23 venido en

apelación, en cuanto declara la incompetencia del Juzgado Federal de 1ª Instancia de Río

Gallegos para entender en esta causa, iniciada en virtud de la denuncia efectuada el 16/12/13

por Lázaro Antonio Báez para investigarse a sí mismo.

II) REVOCAR parcialmente el auto de fs. 22/23 venido en

apelación, en cuanto declina en favor del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº 1 de la

Capital Federal, la competencia para entender en esta causa, iniciada en virtud de la denuncia

efectuada el 16/12/13 por Lázaro Antonio Báez para investigarse a sí mismo.

III) ATRIBUIR al Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo

Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nº 11, la competencia para entender en

esta causa, iniciada en virtud de la denuncia efectuada el 16/12/13 por Lázaro Antonio Báez

para investigarse a sí mismo (art. 37 y ss., C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente,

remítase al Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la

Capital Federal nº 11, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.

REGISTRO N° 376 Tomo II Folio 821/825 AÑO 2015.-del Registro de Sentencias Interlocutorias Penal. CONSTE.-


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Daniel Rafecas a cargo de la causa Hotesur