CASO LORI BERENSON MEJA VS. PER ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
CASO LORI BERENSON MEJA VS. PER ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOSALUMNOS: WALTER ATAHUALPA CHRISTIAN CHEKEY TUANAMA
VALERA ANLLELO PANDURO SANTILLANSENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE
2004 (FONDO REPARACIONES Y COSTAS)En la tarde del 30 de noviembre
de 1995 la seora Lori Berenson fue observada por miembros de la
Polica Nacional salir del inmueble ubicado en la Avenida Alameda
del Corregidor, motivo por el cual fue objeto de una vigilancia
discreta y dada su actitud sospechosa, se procedi a su intervencin.
El mismo 30 de noviembre de 1995 las seoras Lori Berenson y Nancy
Gloria Gilvonio Conde fueron detenidas en la ciudad de Lima y
puestas bajo custodia de las autoridades policiales peruanas.
Despus de su detencin la seora Lori Berenson fue trasladada al
inmueble ubicado en la Avenida Alameda del Corregidor, donde la
Polica Nacional llevaba a cabo un operativo policial. Al momento de
llevarse a cabo la detencin de la seora Lori Berenson, se
encontraba vigente en el Departamento de Lima y en la Provincia
Constitucional del Callao, un estado de emergencia y la suspensin
del ejercicio de los derechos contemplados en los numerales del
artculo 2 de la Constitucin Poltica del Per de 1993.El 1 de
diciembre de 1995 el Juez Militar Especial aadi a Lori Berenson al
procedimiento ya empezado por el delito de traicin a la patria. La
seora Lori Berenson estuvo detenida en la DINCOTE desde el 1 de
diciembre de 1995, no pudo ver a su familia durante los primeros
das de su detencin y slo 8 das despus de producida sta, cuando
rindi declaracin instructiva, tuvo acceso a un abogado. El 2 de
enero de 1996 el Juez Instructor Militar dio por concluida la
investigacin, y el mismo da el Fiscal Militar Especial del Ejrcito
para casos de traicin a la patria formul la correspondiente
acusacin. El proceso por el delito de traicin a la patria seguido
contra la seora Berenson se desarroll en el fuero militar, conforme
a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley No. 25.659, con
jueces sin rostro y en audiencias privadas. El 11 de enero de 1996
el Juzgado Militar Especial emiti sentencia la cual conden a la
seora Berenson como autora del Delito de Traicin a la Patria en
agravio del Estado Peruano a la Pena Privativa de Libertad de
CADENA PERPETUA.El 24 de agosto de 2000 el Tribunal Supremo Militar
dict sentencia, en la que declar que se haba incurrido en
manifiesto error de hecho que deba enmendarse, de conformidad con
el artculo 489 del Cdigo de Justicia Militar, y que existan hechos
que configuraran la comisin del delito de Terrorismo, previsto y
penado en el Decreto Ley nmero 25475, cuya competencia corresponde
al Fuero Ordinario.El 28 de agosto de 2000 el Consejo Supremo de
Justicia Militar remiti a la Fiscal de la Nacin y Presidenta de la
Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico copias certificadas de la
Causa No. 032-TP-95, en fojas 1405 (02 tomos), que se sigui en el
Fuero Militar contra la civil Lori Helene BERENSON MEJA y otros por
el delito de Traicin a la Patria.El 20 de marzo de 2001 dio inicio
el juicio oral. El 20 de junio de 2001 se ley la sentencia que
conden a la presunta vctima. La sentencia declar improcedentes las
objeciones formuladas por las partes con respecto a algunos
documentos ofrecidos como prueba durante el juicio oral y condeno a
la seora Berenson a la pena privativa de la libertad de veinte aos.
Tambin en la sentencia se la absolvi de la acusacin fiscal como
autora del delito de Terrorismo.
Grimaldo Achahui Loaiza, Ramsey Clark y Thomas H. Nooter,
denuncia ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, al
Estado Peruano por la violacin de ciertos derechos consagrados en
la Convencin Americana, en perjuicio de la seora Lori Berenson.
El 22 de enero de 1998 la Comisin recibi una peticin presentada
por los seores Grimaldo Achahui Loaiza, Ramsey Clark y Thomas H.
Nooter, en la que se denunci al Estado por la violacin de ciertos
derechos consagrados en la Convencin Americana, en perjuicio de la
seora Lori Berenson.El 11 de febrero de 1998 la Comisin abri el
caso No. 11.876 y transmiti las partes pertinentes de dicha peticin
al Estado, con el propsito de que ste suministrara informacin en un
plazo de 90 das.Luego de otorgada una prrroga, el 30 de junio de
1998 el Estado present observaciones a la denuncia y solicit la
declaratoria de inadmisibilidad de sta al considerar que no se
haban agotado los recursos legales en la jurisdiccin interna.El 3
de abril de 2002 la Comisin aprob el Informe de fondo No. 36/02, de
conformidad con el artculo 50 de la Convencin Americana, en el cual
recomend al Estado:Adoptar todas las medidas necesarias para
reparar de una manera integral las violaciones a los derechos
humanos de la seora Lori Helene Berenson Meja que se determinaron
en el informe.Adoptar las medidas necesarias para reformar los
Decretos Leyes 25475 y 25659, de manera de hacerlos compatibles con
la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.El 22 de abril de
2002 la Comisin transmiti el informe indicado al Estado y le otorg
un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones ah
formuladas. Mediante comunicacin de 21 de junio de 2002, el Per
seal que consideraba que las recomendaciones de la Honorable
Comisin Interamericana de Derechos Humanos carecan de fundamento y,
en consecuencia, no le eran exigibles.Ante el incumplimiento de las
recomendaciones del informe de fondo por parte del Estado, la
Comisin decidi someter el presente caso a la jurisdiccin de la
Corte Interamericana.La Comisin Interamericana de Derechos Humanos
demanda ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la
Repblica del Per. El 19 de julio de 2002 la Comisin Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante la Comisin o la Comisin
Interamericana) someti a la Corte una demanda contra la Repblica
del Per (en adelante el Estado o el Per), la cual se origin en la
denuncia No. 11.876, recibida en la Secretara de la Comisin el 22
de enero de 1998.Qu solicita? Que el Estado adopte todas las
medidas necesarias para reparar de una manera integral las
violaciones a los derechos humanos de la seora Lori Helene Berenson
Mejia.Que el Estado pague las costas generadas en la tramitacin del
caso en la jurisdiccin interna y ante los rganos del Sistema
Interamericana.Que el Estado adopte las medidas necesarias para
reformar los Decretos Leyes 25475 y 25659, de manera de hacerlos
compatibles con la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos.Violacin de derechos humanos: CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS (Pacto de San Jos)Artculo 5- Derecho a la
Integridad PersonalArtculo 8- Garantas JudicialesArtculo 9-
Principio de Legalidad y de RetroactividadTodos ellos en relacin
con:El artculo 1.1-Obligacin de Respetar los Derechos y El artculo
2- Debe de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.Anlisis de
fondo.Artculo 5 de la convencin americana en relacin con el artculo
1.1. de la misma (derecho a la integridad personal)100. Este
Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes estn estrictamente prohibidos por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (). La prohibicin de
la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es
absoluta e inderogable, aun en las circunstancias ms difciles,
tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo
().102. De conformidad con el artculo 5 de la Convencin, toda
persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situacin de
detencin compatible con su dignidad personal ().
103. Asimismo, la Corte ha establecido que el aislamiento
prolongado y la incomunicacin coactiva son, por s mismos,
tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psquica
y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad
inherente al ser humano.104. La incomunicacin slo puede utilizarse
de una manera excepcional tomando en cuenta los graves efectos que
genera, pues el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier
persona sufrimientos morales y perturbaciones psquicas, la coloca
en una situacin de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo
de agresin y arbitrariedad en las crceles.106. En cuanto a las
condiciones de reclusin en el penal de Yanamayo, el cual se
encontraba a 3800 metros de altura sobre el nivel del mar (), se ha
probado que la seora Lori Berenson fue mantenida durante un ao en
rgimen de aislamiento celular continuo, en una celda pequea, sin
ventilacin, sin luz natural, sin calefaccin, con mala alimentacin y
deficientes medidas sanitarias () Durante el primer ao de detencin
se restringi severamente su derecho a recibir visitas. (...). La
atencin mdica brindada a la presunta vctima fue deficiente (). La
seora Lori Berenson sufri problemas circulatorios y el sndrome de
Reynaud. (...). Asimismo, tuvo problemas de la vista, debido a que
su celda se iluminaba con luz artificial. ()
108. Las condiciones de detencin impuestas a la presunta vctima
en el penal de Yanamayo como consecuencia de la aplicacin de los
artculos 20 del Decreto Ley No. 25.475 y 3 del Decreto Ley No.
25.744, por parte de los tribunales militares, constituyeron tratos
crueles, inhumanos y degradantes, violatorios del artculo 5 de la
Convencin Americana. Algunas de dichas condiciones variaron a
partir de determinado momento, como por ejemplo, el aislamiento
celular continuo. Sin embargo, esto no conduce a modificar la
anterior conclusin de la Corte.109. Por lo expuesto, la Corte
concluye que el Estado viol el artculo 5.1, 5.2 y 5.6 de la
Convencin Americana, en relacin con el artculo 1.1. de la misma, en
perjuicio de la seora Lori Berenson.
Artculo 9 de la Convencin Americana en relacin con el artculo
1.1. de la misma (principio de legalidad y de retroactividad)117.
En casos anteriores la Corte ha considerado que las definiciones de
los delitos de terrorismo y traicin a la patria utilizaban
expresiones comunes a ambos tipos, idnticas o coincidentes en
relacin con las conductas tpicas, los elementos con los que se
realizaban, los objetos o bienes contra los cuales iban dirigidas y
los efectos que tenan sobre el conglomerado social. Esto
descaracterizaba la traicin a la patria y acercaba esta figura
delictiva a la de terrorismo, hasta el punto de asimilarla con ella
()119. En consecuencia, como ha afirmado esta Corte la existencia
de elementos comunes y la imprecisin en el deslinde entre ambos
tipos penales afectaba la situacin jurdica de los inculpados en
diversos aspectos: la sancin aplicable, el tribunal del
conocimiento y el proceso correspondiente. En efecto, la
calificacin de los hechos como traicin a la patria implicaba que
conociera de ellos un tribunal militar sin rostro, que se juzgara a
los inculpados bajo un procedimiento sumarsimo, con reduccin de
garantas, y que les fuera aplicable la pena de cadena perpetua.120.
La sentencia condenatoria expedida por el fuero militar en contra
de la seora Lori Berenson por el delito de traicin a la patria y
las dems resoluciones adoptadas en dicha jurisdiccin, fueron
emitidas con base en una legislacin incompatible con la Convencin
Americana.121. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte
considera que el Estado viol el artculo 9 de la Convencin, en
relacin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de la seora
Lori Berenson, al aplicar en la investigacin y la tramitacin del
juicio ante el fuero militar disposiciones procesales del Decreto
Ley No. 25.475 y sustantivas del Decreto Ley 25.659, la cuales son
incompatibles con la Convencin.126. En un Estado de Derecho, los
principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuacin de
todos los rganos del Estado, en sus respectivas competencias,
particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder
punitivo.127. La legislacin peruana, en lo que interesa al presente
caso, prev diversos tipos penales, a saber: terrorismo, traicin a
la patria y colaboracin con el terrorismo. Esta ltima ofrece, a su
vez, varias hiptesis. La Corte Interamericana ha hecho notar que la
formulacin del delito de traicin a la patria es incompatible con la
Convencin Americana. Ahora bien, en el proceso penal ordinario no
se consider ese tipo penal con respecto a la seora Lori Berenson
(). Tampoco se aplic la figura de terrorismo en dicho proceso. Se
invocaron y aplicaron, en cambio, algunas hiptesis de colaboracin
con el terrorismo, en las que se fund la condena dictada. Conforme
a la legislacin peruana, la colaboracin no constituye una forma de
participacin en el terrorismo, sino un delito autnomo en el que
incurre quien realiza determinados actos para favorecer actividades
terroristas. Desde luego, la apreciacin sobre la existencia, en su
caso, de actos de colaboracin, debe hacerse en conexin con la
descripcin tpica del terrorismo. La formulacin de los delitos de
colaboracin con el terrorismo, no presenta, a juicio de la Corte,
las deficiencias que en su momento fueron observadas a propsito del
delito de traicin a la patria. Este Tribunal no estima que dichos
tipos penales sean incompatibles con lo dispuesto en el artculo 9
de la Convencin Americana.128. Por todo lo anterior, y en lo que
respecta al enjuiciamiento y a la sentencia correspondiente al
fuero ordinario, la Corte considera que no se ha comprobado que el
Estado viol el artculo 9 de la Convencin Americana en perjuicio de
la presunta vctima, al aplicar el artculo 4 del Decreto Ley No.
25475.Artculo 8 de la Convencin Americana en relacin con el artculo
1.1. de la misma (garantas judiciales)Juez Competente,
Independiente e ImparcialProceso penal en el fuero militar141. Es
necesario sealar, como se ha hecho en otros casos, que la
jurisdiccin militar se establece para mantener el orden y la
disciplina en las fuerzas armadas. Por ello, su aplicacin se
reserva a los militares que hayan incurrido en delito o falta en el
ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. ()145. En
un caso como el presente, la imparcialidad del juzgador resulta
afectada por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la doble
funcin de combatir militarmente a los grupos insurrectos y juzgar e
imponer penas a los miembros de dichos grupos.147. Adems, la
circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por
delitos de traicin a la patria hubieran sido sin rostro, determin
la imposibilidad de que el procesado conociera la identidad del
juzgador y, por ende, valorara su idoneidad. Esta situacin se
agrava por el hecho de que la ley prohbe la recusacin de dichos
jueces. ()150. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado
viol el artculo 8.1 de la Convencin, en relacin con el artculo 1.1
de la misma, al juzgar a la presunta vctima en el fuero militar por
delitos de traicin a la patria.
Proceso penal en el fuero ordinario156. () No se ha comprobado
que el Estado viol el artculo 8.1 de la Convencin en perjuicio de
la presunta vctima en relacin con el juicio seguido en su contra el
fuero ordinario.Presuncin de inocencia
Proceso penal en el fuero militar160. El derecho a la presuncin
de inocencia, tal y como se desprende del artculo 8.2 de la
Convencin, exige que el Estado no condene informalmente a una
persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo as a formar
una opinin pblica, mientras no se acredite conforme a la ley la
responsabilidad penal de aquella.161. En consecuencia, la Corte
considera que el Estado viol, en perjuicio de la seora Lori
Berenson, el artculo 8.2 de la Convencin Americana, en relacin con
el artculo 1.1. de la misma, en el proceso penal en la jurisdiccin
militar.
Proceso penal en el fuero ordinario164. Esta Corte considera que
no se ha comprobado que el Estado viol el artculo 8.2 de la
Convencin en perjuicio de la presunta vcitma en relacin con el
juicio seguido en su contra en el fuero ordinarioOportunidad y
medios adecuados para preparar la defensaProceso penal en el fuero
militar167. La restriccin a la labor de la defensa de la presunta
vctima y la escasa posibilidad de presentar pruebas de descargo
durante el proceso seguido en el fuero militar han quedado
demostradas en este caso (). Efectivamente, la presunta vctima no
tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le
hacan; se obstaculiz la comunicacin libre y privada entre la seora
Lori Berenson y su defensor; los jueces encargados de llevar los
procesos por traicin a la patria tenan la condicin de funcionarios
de identidad reservada o sin rostro, por lo que fue imposible para
la seora Lori Berenson y su abogado conocer si se configuraban
causales de recusacin y poder ejercer una adecuada defensa; y el
abogado de la presunta vctima slo tuvo acceso al expediente el da
anterior a la emisin de la sentencia de primera instancia. En
consecuencia, la presencia y actuacin de la defensa fueron
meramente formales. No se puede sostener que la presunta vctima
contara con una defensa adecuada.168. La Corte concluye, de lo que
antecede, que el Estado viol, en perjuicio de la seora Lori
Berenson, el artculo 8.2.b) 8.2.c) y 8.2.d) de la Convencin
Americana, en relacin con el artculo 1.1. de la misma, en el
procedimiento seguido ante el fuero militar.Proceso penal en el
fuero ordinarioDerecho de defensa170. Visto el proceso en su
conjunto, resulta que la presunta vctima fue oda, como ya se indic,
por el juez natural correspondiente a su causa (), con identidad
conocida; tuvo acceso a un defensor durante todo el proceso; ste
pudo interrogar a los testigos en la etapa de instruccin y durante
las audiencias del juicio oral, que fue pblico, as como aportar
pruebas; la defensa tuvo posibilidad de formular tachas y hacer
confrontaciones; y se cont con la posibilidad de recurrir el fallo
ante juez o tribunal superior.Pruebas en el juicio ordinario174. Al
analizar, en su integridad, el proceso seguido en el fuero
ordinario, se aprecia que en ste fueron presentados elementos de
prueba provenientes del juicio militar, as como elementos de prueba
recabados directamente ante la jurisdiccin ordinaria. La Corte
considera que las pruebas del primer grupo son inadmisibles,
tomando en cuenta las circunstancias en que se produjeron. Al mismo
tiempo este Tribunal advierte que existe, como se ha dicho y
acreditado, material probatorio aportado en el curso del proceso
ordinario, conducente a establecer los hechos materia del juicio y
la sentencia correpondiente. Desde luego, la Corte no se pronuncia
acerca de la eficacia de dichas pruebas en el caso concreto, asunto
que corresponde a la jurisdiccin interna.Motivacin del fallo en el
fuero penal ordinario181. En virtud de lo expuesto, esta Corte
considera que no se ha comprobado que el Estado viol el artculo
8.2.b), c) y d) de la Convencin en perjuicio de la presunta vctima
en relacin con el juicio seguido en su contra en el fuero
ordinario.Derecho a interrogar testigosProceso penal en el fuero
militar183. La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que
el artculo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 aplicado a este caso,
impidi ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas
declaraciones se sustenta la acusacin contra la presunta vctima
().186. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado viol el
artculo 8.2.f de la Convencin en perjuicio de la presunta vctima,
en relacin con el artculo 1.1. de la misma, en el proceso penal
ante la jurisdiccin militar.Proceso penal en el fuero ordinario189.
Por lo anterior, esta Corte considera que en el presente caso no se
ha comprobado que el Estado viol el artculo 8.2.f) de la Convencin
en perjuicio de la presunta vctima en el juicio seguido en su
contra en el fuero ordinario.Derecho de recurrir el fallo ante juez
o tribunal superiorProceso penal en el fuero militar193. En el caso
que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de la
estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria
para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de
civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones
sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por
los procesados, aquellos no constituyen una verdadera garanta de
reconsideracin del caso por un rgano jurisdiccional superior que
satisfaga las exigencias de competencia, imparcialidad e
independencia que la Convencin establece.194. Por todo lo expuesto,
la Corte declara que el Estado viol el artculo 8.2.h de la
Convencin en perjuicio de la presunta vctima, en relacin con el
artculo 1.1. de la misma, en el procedimiento penal ante la
jurisdiccin militar.Proceso penal en el fuero ordinario195. El 3 de
julio de 2001 la defensa de la presunta vctima interpuso recurso de
nulidad contra la sentencia emitida por la Sala Nacional de
Terrorismo el 20 de junio de 2001 (). El 13 de febrero de 2002 la
Corte Suprema de Justicia declar que no exista nulidad en la
referida sentencia.196. De conformidad con lo resuelto en esta
misma sentencia a propsito del artculo 8.1 de la Convencin (), en
relacin con la actuacin de las autoridades estatales durante la
realizacin del proceso ordinario considerado en su conjunto, la
Corte considera que no se ha comprobado que el Estado viol el
artculo 8.2.h de la Convencin en perjuicio de la presunta vctima en
el juicio seguido en su contra en el fuero ordinario.Proceso
pblicoProceso penal en el fuero militar198. La Corte considera
probado que los procesos militares de civiles supuestamente
incursos en delitos de traicin a la patria se desarrollaban con
intervencin de jueces y fiscales sin rostro, y se hallaban sujetos
a restricciones que los hacan violatorios del debido proceso legal.
Entre estas figura el hecho de que dichos procesos se realizaron en
un recinto militar, al que no tuvo acceso el pblico. En esta
circunstancia de secreto y aislamiento fueron desahogadas todas las
diligencias del proceso, incluso la audiencia de fondo.
Evidentemente, no se observ el derecho a la publicidad del proceso
consagrado por la Convencin.199. Por todo lo expuesto, la Corte
considera que el Estado viol el artculo 8.5 de la Convencin en
perjuicio de la seora Lori Berenson, en relacin con el artculo 1.1
de la misma, en el procedimiento penal ante la jurisdiccin
militar.Proceso penal en el fuero ordinario200. Los procesos ante
el fuero ordinario se realizaron ante jueces con identidad
conocida, en un recinto al que tuvo acceso el pblico. Las
audiencias del juicio oral fueron transmitidas a travs de los
medios de comunicacin. As, en el fuero ordinario se observ el
derecho a la publicidad del proceso, consagrado en el artculo 8.5
de la Convencin.Non bis in dem
206. En consonancia, en el caso en anlisis la violacin al
principio de acceso al juez natural es suficiente para determinar
que las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las
autoridades del fuero privativo militar, en relacin con la seora
Lori Berenson, no configuraron un verdadero proceso bajo el artculo
8.4 de la Convencin. ()208. El proceso ante el fuero militar
seguido contra la seora Lori Berenson acab con una resolucin firme
expedida por el Consejo Supremo de Justicia Militar que, sin
pronunciarse sobre el fondo, declin la competencia a favor del
fuero ordinario. En consecuencia, no habindose producido un
pronunciamiento sobre el fondo en el fuero militar, no existe el
supuesto de hecho imprescindible para declarar que se ha afectado
el principio non bis in idem.209. Con base en lo anterior, la Corte
considera que, en las circunstancias del presente caso, no se ha
comprobado que el Estado viol el artculo 8.4 de la Convencin en
perjuicio de la presunta vctima.210. A la luz de lo anteriormente
expuesto, en virtud de que la presunta vctima se encuentra sujeta a
una condena derivada de un proceso ordinario, y en ste no se apreci
la comisin de una violacin al artculo 8 de la Convencin Americana,
la Corte considera que no procede que la Corte ordene la libertad
de la seora Lori Berenson.Artculos 7 y 11 de la Convencin Americana
(Derecho a la libertad personal y proteccin de la honra y de la
dignidad)214. La Corte observa que las violaciones a los artculos 7
y 11 fueron presentadas por los representantes de la presunta
vctima en su escrito de alegatos finales, con lo cual el Estado no
tuvo la oportunidad procesal para presentar sus argumentos al
respecto. Por lo anteriormente expuesto, la Corte no se pronunciar
sobre las alegadas violaciones a los artculos 7 y 11 de la
Convencin en razn de su presentacin extempornea.Violacin del
Artculo 2 de la Convencin Americana (Deber de adoptar disposiciones
de derecho interno)220. En el derecho de gentes, una norma
consuetudinaria universalmente aceptada prescribe que el Estado que
ratifica un tratado de derechos humanos debe introducir en su
derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas. La Convencin Americana
establece la obligacin general de cada Estado Parte de adecuar su
derecho interno a las disposiciones de dicha Convencin, para
garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del
Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser
efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado
ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la
Convencin sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurdico
interno, tal como lo requiere el artculo 2 de la Convencin. ()
224. La sentencia condenatoria expedida en el fuero militar en
contra de la seora Lori Berenson () se bas en una legislacin
incompatible con la Convencin Americana. Las actuaciones del
correspondiente proceso fueron violatorias de los derechos a la
proteccin judicial y al debido proceso consagrados en la
Convencin.225. La Corte toma nota de que el Estado est llevando a
cabo un proceso de reforma con el fin de adecuar su normatividad
interna a la Convencin Americana. 226. En consecuencia, la Corte
concluye que el Estado incumpli, al momento en que se llev a cabo
el juicio militar contra la seora Lori Berenson, la obligacin
establecida en el artculo 2 de la Convencin Americana.Sentencia o
ResolucinLa Corte declara por unanimidad: Que el Estado viol el
derecho a la integridad personal consagrado en el artculo 5.1, 5.2,
y 5.6 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en relacin
con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de la seora Lori
Berenson, por las condiciones de detencin a las que fue sometida en
el establecimiento penal de Yanamayo.Que el Estado viol los
artculos 9, 8.1, 8.2, 8.2 b), c), d), f) y h) y 8.5 de la Convencin
Americana sobre Derechos Humanos, en relacin con el artculo 1.1 de
la misma, en perjuicio de la seora Lori Berenson, en lo que
respecta al juicio seguido ante el fuero militar.La Corte declara
por seis votos contra uno:Que no se ha comprobado que el Estado
viol en perjuicio de la seora Lori Berenson los artculos 9, 8.1,
8.2, 8.2 b), c), d), f), y h), 8.4 y 8.5 de la Convencin Americana
sobre Derechos Humanos, en relacin con el artculo 1.1 de la misma,
en lo que respecta al juicio seguido ante el fuero ordinario.Que el
Estado incumpli, al momento en que se llev a cabo el juicio militar
contra la seora Lori Berenson, la obligacin establecida en el
artculo 2 de la Convencin Americana, en los trminos de los prrafos
218 a 226 de la presente Sentencia.La Corte dispone por
unanimidad:Que el Estado debe adecuar su legislacin interna a los
estndares de la Convencin Americana.Que esta Sentencia constituye
per se una forma de reparacin.Que el Estado debe publicar en el
Diario Oficial y en otro diario de circulacin nacional tanto la
seccin denominada Hechos Probados, as como la parte resolutiva de
la presente Sentencia.que l Estado debe brindar a la seora Lori
Berenson atencin mdica adecuada y especializada.Que el Estado debe
condonar a la seora Lori Berenson la deuda establecida como
reparacin civil a favor del Estado.Que el Estado debe tomar de
inmediato las medidas necesarias para adecuar las condiciones de
detencin en el penal de Yanamayo a los estndares internacionales,
trasladar a otras prisiones a quienes por sus condiciones
personales no puedan estar recluidos a la altura de dicho
establecimiento penal, e informar cada seis meses a esta Corte
sobre esta adecuacin.Que el Estado debe pagar la cantidad fijada en
el prrafo 243 de la presente Sentencia los seores Rhoda y Mark
Berenson por concepto de costas y gastos.Que el Estado debe
efectuar el reintegro de las costas y gastos de conformidad con el
prrafo 243 de la presente Sentencia, dentro del plazo de seis
meses, contado a partir de la notificacin del presente fallo.Que el
Estado puede cumplir sus obligaciones de carcter pecuniario
mediante el pago en dlares de los Estados Unidos de Amrica o en una
cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para
el clculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que est
vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de Amrica, el da
anterior al pago.Que el pago por concepto de costas y gastos
establecido en la presente Sentencia no podr ser afectado, reducido
o condicionado por motivos fiscales actuales o futuros.Que en caso
de que el Estado incurriese en mora, deber pagar un inters sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al inters bancario moratorio en
el Per.Si por causas atribuibles a los beneficiarios del pago de
costas y gastos no fuese posible que stos las reciban dentro del
indicado plazo de un ao, el Estado consignar dichos montos a favor
de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depsito en una
institucin bancaria peruana solvente.Supervisar el cumplimiento
ntegro de esta Sentencia, y dar por concluido el presente caso una
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
misma. Dentro del plazo de un ao a partir de la notificacin de esta
Sentencia, el Estado deber rendir a la Corte un primer informe
sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.ACTUACIONES
POSTERIORES A LA SENTENCIASentencia de interpretacin.Interpretacin
de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y CostasFecha: 23 de junio
de 2005Solicitud: Los representantes sealaron que i) solicitaron
saber si la Sentencia afirma que la prueba de una descripcin tpica
de terrorismo basta para sustentar una condena por colaboracin con
el terrorismo, o si la descripcin establecida en el Artculo 2 del
Decreto Ley 25.475 representa la definicin de terrorismo; ii) el
Tribunal debera aclarar si la determinacin de la Corte () de que la
peticin formal de [la seora] Lori Berenson para recusar a [un juez
por su presunta imparcialidad en el caso], presentada durante el
juicio [civil], viol[] la ley procesal del [Ilustrado Estado del]
Per; iii) requiere que la Corte aclare si, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Sentencia, debe entenderse que los
juicios realizados por tribunales especiales ad hoc de conformidad
con el Decreto Ley 25.475 corresponden a un juicio ordinario con un
juez natural y que las leyes, los jueces y los procedimientos
judiciales son competentes por derecho para realizar juicios
penales y condenar a personas acusadas ante ellos; iv) la Corte
debera aclarar si la Sentencia indica que el tribunal de un Estado
que ha condenado a un acusado y ha admitido claramente la
existencia de evidencia ilegal en el expediente puede evitar su
responsabilidad de haber violado el Artculo 8.2 de la Convencin; v)
la Corte debe aclarar las medidas tomadas y as modificar la idea
que crearon los informes de los medios de comunicacin respecto a
que la Corte cambi su decisin a causa de la presin
poltica.Seguimiento: Ejecucin de la sentencia o resolucin y otros
aspectos:
Solicitud de Interpretacin de la Sentencia de Fondo,
Reparaciones y Costas: 23 de Junio de 2005, la Corte
decide:Desestimar por improcedente la demanda de interpretacin de
la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de
2004 en el Caso Lori Berenson Meja, interpuesta por los
representantes de la vctima y sus familiares.Continuar la
supervisin del cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones
y costas de 25 de noviembre de 2004 en el Caso Lori Berenson Meja,
en los trminos establecidos en el prrafo 247 de dicho
fallo.Situacin actual:Resolucin de Cumplimiento de Sentencia: 22 de
septiembre de 2006, la Corte declara:Que de conformidad con lo
sealado en el Considerando undcimo de la presente Resolucin, el
Estado ha cumplido con la obligacin de:publicar en el Diario
Oficial y en otro diario de circulacin nacional tanto la seccin
denominada Hechos Probados, as como la parte resolutiva de la
Sentenciacondonar a la seora Lori Berenson la deuda establecida
como reparacin civil a favor del Estadopagar la cantidad fijada en
el prrafo 243 de la Sentencia a los seores Rhoda y Mark Berenson
por concepto de costas y gastos, incluidos los intereses moratorios
sobre dicha cantidad.
Que mantendr abierto el procedimiento de supervisin de
cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento, a
saber:adecuar su legislacin interna a los estndares de la Convencin
Americanabrindar a la Seora Lori Berenson atencin mdica adecuada y
especializadaadecuar las condiciones de detencin en el Penal de
Yanamayo a los estndares internacionales, trasladar a otras
prisiones a quienes por sus condiciones personales no puedan estar
recluidos a la altura de dicho establecimiento penal, e informar
cada seis meses a esta Corte sobre esta adecuacin
La Corte resuelve:Requerir al Estado que adopte todas las
medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a
los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el
Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 25
de noviembre de 2004, de conformidad con lo estipulado en el
artculo 68.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a ms tardar el 20 de enero de 2007, un informe en
el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las
reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes
de cumplimiento, de conformidad con lo sealado en el Considerando
dcimo segundo y en el punto declarativo segundo de la presente
Resolucin.Solicitar a los representantes de los familiares de las
vctimas y a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que
presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el
punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas,
respectivamente, contados a partir de la recepcin del
informe.Continuar supervisando los puntos pendientes de
cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de
25 de noviembre de 2004.Solicitar a la Secretara de la Corte que
notifique la presente Resolucin al Estado, a la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos y al representante de la vctima
y sus familiares.Supervisin de cumplimiento de sentenciaFecha de la
ltima resolucin:La Corte declara:Que procede cerrar la supervisin
de cumplimiento de los siguientes puntos resolutivos de la
Sentencia:Adecuar la legislacin interna a los estndares de la
Convencin Americana;Brindar a la seora Lori Berenson atencin mdica
adecuada y especializada; yAdecuar las condiciones de detencin en
el Penal de Yanamayo a los estndares internacionales, trasladar a
otras prisiones a quienes por sus condiciones personales no puedan
estar recluidos a la altura de dicho establecimiento penal, e
informar cada seis meses a esta Corte sobre esta adecuacin.
La Corte resuelve:Dar por terminada la supervisin de
cumplimiento de Sentencia y consecuentemente se da por concluido el
caso Lori Berenson Meja en relacin a lo ordenado en la Sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de
noviembre de 2004.Archivar el expediente del presente
caso.Comunicar esta Resolucin a la Asamblea General de la
Organizacin de los Estados Americanos en su prximo perodo ordinario
de sesiones por conducto del Informe Anual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del ao 2012.Disponer que la
Secretara de la Corte notifique la presente Resolucin a la Repblica
del Per, a la Comisin Interamericana y a los representantes de las
vctimas.Lori Berenson vive actualmente con su hija en un
departamento enPueblo Libre (Lima), al lado de vecinos de
mentalidad abierta y no elitista que han aceptado su presencia,
considerando que ha manifestado pblicamente su
arrepentimiento:Reconozco mi responsabilidad en el delito que comet
y me siento arrepentida de ello. No estoy haciendo nada en contra
de la ley. Si he salido es porque he tenido informes psicolgicos
por mi buen comportamiento en el penal donde he trabajado y
estudiado.En noviembre de 2015 termina su sentencia de 20 aos y
podr regresar a los Estados Unidos a reunirse con su familia.
Gracias
