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INVERSION PRIVADA EXTRANJERA Y RETOS AL PODER REGULATORIO

DEL ESTADO. Un estudio de caso del complejo

metalúrgico de Doe Run en el Perú∗

Xanthe Scharff y Deborah Jones

I.- INTRODUCCIÓN. La economía peruana depende en gran medida de la industria minera. Los productos mineros significan casi la mitad de las

∗ Los autores quisieran agradecer el apoyo brindado por Henry Luce Foundation y Center for International Environmental and Resource Policy at the Fletcher School.

SUMARIO

I. Introducción. II. El PAMA de Doe Run Perú. III. Antecedentes internacionales y responsabilidad

por daños. IV. Conclusiones.


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exportaciones, ascendiendo a aproximadamente 11 millones de dólares en el 2004. Sin embargo, la minería, inevitablemente, genera contaminación, la cual de no ser controlada puede tener un efecto adverso en la salud de las personas, en la agricultura y ganadería, y en las condiciones medio-ambientales en general. En 1993, el Estado peruano creó un instrumento para la remediación y manejo ambiental, denominado Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), para implementar los estándares y metas de cumplimiento ambiental dentro de un plazo de tiempo determinado (5 años para minas y 10 años para fundiciones). Este instrumento fue creado para lograr metas ambientales alcanzables y ejecutables; estableciéndose ventajas mutuas para las empresas mineras y las comunidades en las que operan.1 En diciembre del 2004, el presidente peruano, Alejando Toledo, y el ministro de energía y minas, Glodomiro Sánchez Mejía, promulgaron el Decreto Supremo 046-2004-EM, permitiendo la extensión excepcional del plazo de ejecución de PAMAs. Esta norma fue emitida como resultado del exitoso lobby de trabajadores y quienes apoyan a la empresa Doe Run Perú. Esta empresa ha sido multada en repetidas oportunidades por el Ministerio de Energía y Minas (en adelante MEM) debido a actos de contaminación y por no cumplir con la presentación de reportes ambientales. Organizaciones no gubernamentales (en adelante ONGs) locales e internacionales han criticado a Doe Run Peru por los extremadamente elevados niveles de contaminación del aire en sus operaciones en La Oroya. En la primera parte de este artículo, discutiremos las dimensiones del debate respecto del PAMA de Doe Run Perú. La promulgación del DS 046-2004-EM trajo a la luz conflictos entre los “stakeholders” y obstáculos al diálogo. El MEM tiene como función promocionar y, a la vez, fiscalizar las actividades mineras. Este conflicto de intereses genera tensión. Adicionalmente, existen contradicciones subyacentes en los marcos legales de las actividades mineras y de las inversiones.

1 Mining Journal. www.miningjournal.com. Peru Report – acceso mediante Lexis Nexis, marzo, 2005.

Inversión Privada Extranjera y Retos al Poder Regulatorio del Estado. Estudio de caso del complejo metalúrgico de Doe Run en el Perú

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El MEM ha aplicado consistentemente una reglamentación poco exigente ante Doe Run Perú, desde la firma del contrato inicial y el PAMA hasta la fecha. Evidentemente, el MEM no desea que la empresa se retire del país. Los niveles de contaminación en La Oroya continúan excesivamente altos, y un estudio de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante DIGESA) llevado a cabo en 1999 reveló que el 99.1% de los niños en La Oroya tienen plomo en sus sangres a niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 2004, se determinó que el 99.9% de los niños menores de 7 años en La Oroya Antigua tenían niveles de plomo superiores a los límites de la OMS. 2 A efectos de promover conciencia y por lo tanto presionar al gobierno Peruano a responsabilizar a Doe Run Perú, en la segunda parte de este artículo señalaremos los antecedentes internacionales por los cuales la empresa podría ser responsabilizada por sus actos. Aunque no es nuestro propósito que la empresa se retire del país o caiga en bancarrota, al proporcionar información sobre el problema y estableciendo el contexto internacional, queremos nivelar el campo de negociaciones entre la empresa y quienes se ven perjudicados por los efectos adversos de las actividades de la primera. II.- EL PAMA DE DOE RUN PERU. 2.1. Antecedentes La importancia de la minería en la economía del Perú, la cual se remonta hasta el siglo XVI, no puede ser menospreciada. Durante épocas de incertidumbre laboral e intranquilidad política, la extracción de minerales, particularmente de cobre, plomo, zinc y

2 En el 2004, Doe Run Perú conjuntamente con DIGESA, realizaron pruebas de sangre en los niños de La Oroya Antigua. El 10 de abril de 2005, el St. Louis Post – Dispatch reportó respecto de este estudio lo siguiente: “El estudio del Ministerio de Salud encontró que el 99.9% de los niños menores de 7 años tenían niveles de plomo en su sangre superiores a 10 microgramos por decilitro de sangre, el estándar internacional para determinar el envenenamiento. Cerca del 9% de los 788 niños sometidos al examen tenía n niveles de plomo tan altos que fueron hospitalizados y retirados del área.”


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plata, se ha llevado a cabo exitosamente y ha sido el factor individual más determinante en la economía peruana. En los años noventa, grandes descubrimientos de oro e inversiones realizadas incrementaron la dependencia del país en la minería. A pesar de que la minería solamente genera 70,000 puestos de trabajo (de una población de 27 millones de habitantes), cerca de la mitad de las exportaciones de Perú provienen de la minería.3 Historia de La Oroya y la compra de Centromin por Doe Run El pueblo de La Oroya se ubica aproximadamente a unos 175 kilómetros al este de Lima. “Oroya”, quechua para BOWL, es un nombre adecuado para este pueblo ubicado en la base del Valle del Río Mantaro. En 1901, empresarios norteamericanos fundaron Cerro de Pasco Corporation en La Oroya para desarrollar minas de cobre en HIGHLANDS de los Andes Centrales. Cerro de Pasco Corporation, con sede en los Estados Unidos, tenía el control de gran porcentaje de la minería en el Perú. Ello contribuyó a la difícil relación que se desarrolló entre los Estados Unidos y Perú entre 1901 y 1990. Granjeros y comuneros demandaron en el Perú a la empresa por daños a sus cultivos y ganados. Para ello, alegaron que sus tierras se estaban deteriorando debido a lluvias ácidas. El gobierno respondió exigiendo que la empresa instale equipos de control de la contaminación. Estos equipos eran caros y experimentales, y a pesar de que la empresa aceptó la necesidad de instalar tales equipos, su inversión fue mínima y un adecuado sistema no fue instalado hasta 1942. Mientras tanto, residentes del Valle del Mantaro cuyos cultivos se fueron deteriorando tuvieron que empezar a depender de Cerro de Pasco Corporation para trabajar en la fundición. Luego de décadas de crecientes tensiones, a mediados de los años setenta, las relaciones entre los Estados Unidos y el Perú se habían deteriorado completamente y, en 1974, el Perú estatizó Cerro de Pasco Corporation bajo el nombre de Centromin Perú. Centromin Perú, ahora una empresa del gobierno, operó la planta en La Oroya durante veinte años sin realizar grandes mejoras. 3 Ibid.


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Cuando Alberto Fujimori fue elegido presidente en junio de 1990, el país llevó a cabo un ABOUT FACE económico. No solamente fue Fujimori el arquitecto detrás de la reforma Constitucional, sino que instauró un política de liberalización del comercio exterior y de las inversiones. Este ex presidente buscó activamente inversión extranjera, y especialmente de los Estados Unidos. Cuando Perú se abrió a posibilidades de inversión bajo el gobierno de Fujimori, Renco Group (EE.UU.) rápidamente se movilizó para adquirir la propiedad de Centromin.4 2.2. Panorama de la Titul aridad de Doe Run Perú Doe Run Resources Corporation, Doe Run Perú Doe Run Resources Corporation es la empresa matriz de Doe Run Perú, y es un productor de metales no férreos y preciosos con operaciones en los Estados Unidos y en el Perú. Doe Run Resources Corporation adquirió la planta metalúrgica de La Oroya en octubre de 1997, así como la mina Cobriza en 1998. La fundición en La Oroya es una de las instalaciones para el procesado polimetálicos con niveles de impurezas más altos y antiguas en el mundo y una de las seis fundiciones en el mundo occidental que pueden procesar impurezas en concentrados de cobre y plomo. Los principales productos de La Oroya son plata, cobre, plomo, zinc y oro refinado. Las ganancias de La Oroya provienen principalmente del cobro por el tratamiento, refinación, y penalidad por impurezas en concentrados adquiridos. En el 2004, La Oroya exportó aproximadamente el 88% de sus ventas totales a Norte América, Asia, Europa y otros países de latinoamericanos (23% a Norte América), y fue uno de los mayores exportadores del Perú.5

4 Lawrence A.Clayton, Peru and the United States: The Condor and the Eagle. (Athens, Georgia: University of Georgia Press) 1999. p. 86 5 Security and Exchange Commission. Annual Report Doe Run Resources Corporation. 1999, page 2.


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Renco y La Oroya La compra en 1997 de la fundición denominada Metaloroya en La Oroya encaja dentro del padrón de Renco Corporation de adquirir empresas industriales en problemas o empresas metalúrgicas que requieren de inversión en mejoras. Al Grupo Renco se le otorgó la oportunidad de comprar la fundición de La Oroya luego de que el el Grupo Industrial Peñoles de Méjico, se retiró del concurso público. El proyecto fue estructurado de tal manera que Metaloroya fuese adquirida por Doe Run Mining, una subsidiaria de Renco. Doe Run Mining forma parte de Renco Group, una empresa holding constituida en Manhattan y de propiedad del billonario Ira Rennert. Doe Run Mining adquirió el 99.97% de las acciones de Metaloroya por la suma de US$ 247 millones. Una contribución de capital fue desembolsada a Metaloroya por US$ 126.5 millones por una participación de 51% en el complejo metalúrgico y el pago de US$ 120.5 millones a Centromin fue efectuado por las acciones restantes.6 Cuando el complejo fue adquirido, se conocía de sus pasivos ambientales significativos. Sin embargo, Centromin no dirigió el tema adecuadamente7 y, a pesar de ello, Renco/Doe Run acordó modernizar la planta siguiendo los lineamientos establecido en el PAMA. A efectos de completar el proceso de modernización para el 2006, Doe Run tiene estimado invertir en mejoras y expansión cerca de US$ 120 millones. Ese gasto incluía el compromiso de inversión de aproximadamente US$ 107 millones, para reducir las fugas de emisiones y construir una nueva planta de ácido sulfúrico para reducir las nocivas emisiones de dióxido de azufre. Aunque algunos afirman que las fugas de emisiones podrían ser reducidas en un 50% realizando un parchado de los huecos en la planta, 8 ni ello ni la inversión en la planta de ácido sulfúrico ha iniciado. En diciembre del 2004, Doe Run solicitó una extensión de su PAMA, lo cual no era un procedimiento previsto por la legislación peruana en 6 SEC filing 1999-01-28 333-66291-44 Doe Run Peru Sr Ltd. www.sec.gov . Accessed 3-27-05. 7 Critical Review of the Programa de Adecuacion y Manejo Amiental (PAMA) of the Doe Run Smelter in La Oroya, Peru. Prepared by SENES Consultants, Ltd. Ontario: Canada, November, 2003. 8 Anna Cederstav, staff scientist EarthJustice, October, 2003. Author interview.


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ese entonces. La administración de la empresa alegaba que si el gobierno exigía el cumplimiento de los compromisos contenidos en el PAMA, Doe Run tendría que incumplir con el pago de sus préstamos y se vería forzada a cerrar sus operaciones. A pesar de los alegados problemas financieros de Doe Run, las ganancias netas del Grupo Renco en el 2004 fueron de 1,600 millones de dólares, según Hoovers.com.9 Adicionalmente a las preocupaciones ambientales relativas a las operaciones en La Oroya, existen dudas respecto de la viabilidad financiera de la empresa. Doe Run Perú no ha generado ganancias desde 1998 y tiene una gran deuda pendiente. La fuente de financiamiento para el PAMA que han propuesto es incierta, y miembros de la sociedad civil y ONGs han expresado su preocupación de que la empresa pueda abandonar La Oroya luego de recibir la extensión de su PAMA. Mayor preocupación genera las repetidas veces en las que el propietario de Doe Run Perú, Ira Rennert, se ha declarado en quiebra en otros negocios. 2.3. La Firma del PAMA y Asignación de Responsabilidad Firma del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) En 1991, el Gobierno Peruano introdujo el sistema de los PAMA para establecer las acciones, inversiones, avances tecnológicos y otras medidas requeridas para reducir o eliminar emisiones, con el propósito de que las empresas cumplan con los Límites Máximos Permisibles establecidos por el MEM. El plazo para estar en cumplimiento con el PAMA fue establecido en 5 años para minas y 10 años para fundiciones. Según su actual PAMA aprobado, Doe Run Perú se ha comprometido a implementar proyectos que incluyen la construcción de una nueva planta de ácido sulfúrico y una planta de tratamiento de aguas residuales industriales en su fundición en La Oroya antes del 31 de diciembre de 2006. Doe Run ha estimando en su reporte anual del 2004 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) que el costo de

9 www.Hoovers.com. Accessed 03-2005.


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inversión para lograr el cumplimiento de su PAMA sería de US$ 53.5 millones en el 2005, y US$ 67.6 millones en el 2006, lo cual significa un total de US$ 121.2 millones en los próximos dos años.10 La estructura del PAMA de Doe Run – ¿Cuándo será cobrada la deuda? La mayor porción de la inversión requerida en el PAMA original de Doe Run fue postergada hasta los dos últimos años del PAMA (ver tabla). ¿Por qué permitiría el gobierno que la empresa formule un PAMA que requería inversiones relativamente pequeñas por los primeros siete años y una inversión en el 2006 que equivale a 16 veces la inversión planeada para 1998? Posteriormente, el MEM permitió que Doe Run modificara su PAMA en tres oportunidades sin la documentación apropiada, y postergando sus pagos en cada oportunidad. De conversaciones con funcionarios del gobierno y de la empresa, parece que consideraciones financieras y pragmáticas dirigieron la estructura de las inversiones del PAMA. César Rodríguez, Director General de Minería desde diciembre del 2004, es el responsable de la reglamentación de las empresas mineras respecto del cumplimiento ambiental. Comentando sobre la estructura del PAMA original y posteriores modificaciones, contestó que “el gobierno siempre busca dejar la inversión más grande para el final”. Rodríguez no ha ofrecido mayores explicaciones respecto de por qué el gobierno estructuraría de dicha forma las inversiones.11 Sin embargo, se puede asumir que las obligaciones se estructuran de dicha manera para permitir que las empresas puedan pagar sus deudas de puesta en marcha (las cuales resultan ser una mayor carga financiera en los primeros años del proyecto). Por su parte, cuando se le preguntó a José Mogrovejo, Vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, respecto de por qué las construcciones señaladas en el PAMA estaban

10 Security and Exchange Commission. Annual Report Doe Run Resources Corporation. 1999, page 11. 11 Cesar Rodriguez. March 22, 2005. Author Interview.


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marcadamente programadas para los años finales, éste contestó lo siguiente: “Cuando plantearon este diseño, se indicó que era necesario hacer todo una serie de cambios en la planta (…) con el fin de poder instalar finalmente la planta de ácido sulfúrico. Si nosotros simplemente instalamos una planta de ácido sulfúrico, para las condiciones que teníamos en el año 97-8, la planta (hubiera) costado mucho su instalación, costando demasiado su operación; simplemente no sería factible llevar a cabo la fundación, no pueda ser viable económicamente hablando.”12 Luego de una década desde el planeamiento de la planta, este argumento resulta insuficiente para explicar el incumplimiento de Doe Run Perú respecto de la construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico. El PAMA ya contenía concesiones atendiendo a la situación financiera inicial de Doe Run Perú, y adicionalmente, el gobierno también permitió a dicha empresa modificar sus compromisos en tres oportunidades. Si bien es cierto que las modificaciones del PAMA incrementaron el monto total de inversión, hay un padrón de reestructuración de compromisos establecidos en el PAMA a efectos de que las inversiones más significativas no sean requeridas inmediatamente. Algunos temen que los compromisos constantemente reestructurados nunca serán exigidos. La tabla que adjuntamos a continuación demuestra que en el 2001, cuando se realizó la segunda modificación, las inversiones requeridas para dicho año disminuyeron en, aproximadamente, US$ 8.8 millones. Una tercera modificación obtenida en el 2002 aseguró que el monto prometido por la Revisión 2 no sería entregado (el compromiso para el 2002 fue reducido en más de US$ 10 millones). La tercera modificación agrupó el 70% de los compromisos para los años 2005 y 2006. Ahora existe preocupación respecto del cumplimiento de este 70% agrupado más inversiones adicionales prometidas, debido a que la empresa ha solicitado una extensión de su PAMA para posponer muchos de sus compromisos hasta el 2009 y 2010. 555

12 Jose Mongrovejo. Mach 24, 2005. Author Interview.


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Versión Fecha 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Original Oct '97 2,700 3,612 4,963 3,300 3,000 3,800 2,775 38,700 44,725 107,575

Revisión 1

Oct '99 3,862 5,050 11,265 13,800 14,300 13,180 30,055 34,790 42,040 168,342

Revisión 2

Apr '01 3,862 5,097 10,879 5,000 15,829 18,040 36,365 32,990 41,640 169,702

Revisión 3

Feb '02 3,862 5,097 10,879 5,015 5,750 9,350 12,800 53,500 67,700 173,953

13 Consideramos que el gobierno continúa permitiendo la reestructuración del PAMA por el mismo motivo por el cual el diseño original del PAMA difería los compromisos hacia los años finales: para preservar la viabilidad financiera de la empresa. Evidencia de ello es un reporte interno emitido por el entonces Ministro del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Quijandría, quien señaló lo siguiente: “Debido a dificultades financieras, los proyectos más importantes se reporgramaron hacia el final del periodo del PAMA”.14 Un objetivo del Ministerio de Energía y Minas es el de promocionar la minería y regular el sector, pero la reglamentación puede llegar a interferir con la promoción, y viceversa. Aparentemente, en el caso Doe Run Peru, la promoción es una preocupación primaria, y consideramos que la preocupación por problemas de salud han ocupado un segundo lugar al buscar -el Ministerio- que Doe Run siga en funcionamiento. En la fase de diseño del PAMA, el Ministerio de Energía y Minas no hizo caso a los avisos respecto de los defectos del PAMA. Refiriéndose a la propuesta de extensión del PAMA, Quijandría señaló que Doe Run Perú había argumentado que “los efectos del ácido sulfúrico son de corto tiempo y además reversibles por lo que es posible postergar su solución final, ante la imposibilidad de controlar todos los problemas ambientales en forma simultánea.”15

13 PAMA Reestructurado Complejo Metalurgico La Oroya 2004-2001. Resumen Ejecutivo, July 2004. Internal Document Doe Run Peru. 14 Jaime Quijandria Salmon. Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) de la Fundacion de la Oroya. Internal Presentation to the MEM, April 2004. 15 Ibid


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La actitud de Doe Run Perú respecto de la importancia de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico no consideró los avisos de la más importante ONG peruana de derecho ambiental, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Carlos Chirinos de la SPDA, señala que durante el diseño del PAMA, la SPDA públicamente advirtió de los peligros del programa: “las emisiones gaseosas recién se traten al octavo año de ejecución del PAMA, cuando era el tema ambiental más grave y que mayor impacto genera en la población de La Oroya.” 16 El Ministerio de Energía y Minas adoptó una postura permisiva durante la segunda y tercera modificación del PAMA de Doe Run Perú. Luego de años de enviar la señal de que el PAMA era sumamente flexible, el Ministerio de Energía y Minas no debió estar sorprendido cuando la empresa señaló que no se encontraba en la posición de poder cumplir con sus compromisos en el plazo señalado. La empresa no ha generado ganancias en la mayoría de los años desde 1998 y sólo estaba pagando un promedio de US$ 6.8 millones por año en compromisos ambientales desde 1998 al 2004. Con esta trayectoria, ¿cómo se esperaba que pagase su obligación de US$ 53.5 millones para el 2005 contenida en el PAMA? A pesar de ello, se permitieron modificaciones a medida de que la posibilidad de cumplimiento se hacía cada vez menos real. María Chappuis, quien asumió el cargo de Directora General de la Dirección General de Minería, se lamentó luego de las modificaciones señalando que “cuando yo llegué al Ministerio de Energía y Minas, Doe Run no había presentado ni los estudios y se la había aceptado hasta 2 o 3 modificatorias del PAMA sin ningún sustento. Y entonces tuve que sancionarlas para no entregar información.” 16 Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion del PAMA de Doe Run Peru. February, 2005.


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2.4. Extensión del PAMA Propuesta de extensión del PAMA de Doe Run Perú y el cambio de curso en el ministerio: “La primacía de lo inmediato sobre lo adecuado”. Durante el 2003 y 2004, la entonces Directora General de Minería, María Chappuis estaba trabajando para “poner en orden la vigilancia de La Oroya”. Cuando Doe Run Perú y el Ministerio de Energía y Minas cambiaron dramáticamente el camino cuidadoso que ella había establecido respecto de la prórroga de PAMAs, la débil política del ministerio respecto de la exigencia de cumplimiento de obligaciones, hizo que dicha funcionaria sintiera que su trabajo era imposible de realizar. María Chappuis estaba abogando por la adopción de pasos específicos establecidos luego de una auditoría hecha por expertos internacionales que ella había solicitado en el 2003. Ella señala que “la auditoría internacional detectó una serie de asuntos, digamos, preocupantes. El monitoreo no fue representativo y nos advirtieron que era improbable que la compañía cumpliera dentro del plazo exigido” Los auditores recomendaron la realización de un estudio de Acciones Colectivas en Base al Riesgo, el cual es un estudio que es realizado en base a un análisis de los riesgos a la salud humana para establecer una serie de medidas para reducir o evitar mayores impactos negativos en la población. Chappuis señala que “estábamos en negociaciones con las empresas para que ellos junto con Centromin, elaboren este estudio”. Claramente, Doe Run estaba listo para cooperar en este sentido.17 En una carta de fecha 12 de mayo de 2004, Bruce Neil de Doe Run escribió que él estaba “listo para empezar este estudio en Doe Run (…) lo cual será noticia positiva para todos (…).” Por motivos burocráticos de parte de Centromin, el proceso se retrasó pero, a pesar de ello, María Chappuis alega que este camino debió continuarse. “Yo creo que si hubiéramos seguido en el trabajo que 17 Bruce Neil. May 12, 2004. Personal Communication to Maria Chappuis.


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estábamos haciendo el DG de Minería, de hacer su estudio bien hecho durante dos años, hubiera sido lo más conveniente para la población de la Oroya.” Si Doe Run Perú hubiese continuado con este camino, ella señala que no hubiesen tenido que cerrar sus operaciones en caso no pudiesen cumplir con su PAMA: “Eran multas, no era cierre. Hubiesen sido $200,000 - para ellos no es nada”. 18 Sin embargo, Doe Run Perú decidió cambiar su curso de acción dramáticamente en la segunda mitad del año 2004. En el 2004, Doe Run Perú propuso al Ministerio de Energía y Minas que el PAMA sea prorrogado hasta el año 2011, a pesar del hecho de que Doe Run Peru’ ya debía US$ 133.7 millones. Ellos argumentaron que caerían en bancarrota si se veían forzados a cumplir con los pagos más significativos ya vencidos del PAMA original, los cuales estaban destinados para el financiamiento de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico. El Ministerio empezó a ser receptivo hacia los pedidos de Doe Run para una prórroga. María Chappuis se sintió moralmente obligada a renunciar a su posición de Directora General de Minería. Ella sintió que la decisión del Ministerio de Energía y Minas de permitir la prórroga del PAMA de Doe Run “muestra la debilidad del gobierno para hacer cumplir con las leyes ambientales”. En su carta de renuncia la mencionada funcionaria señala que se han quebrado principios, “enmascarando con medidas de apariencia tolerantes lo que es evidente: la primacía de lo inmediato sobre lo adecuado”. 19 El Consejo Nacional del Ambiente, mostró preocupación respecto de la propuesta de Doe Run Perú. En una presentación por el Ministro Jaime Quijandría en abril del 2004, se hizo referencia a la postura del CONAM, recordando al Ministerio de Energía y Minas que las condiciones para la ejecución del PAMA sólo pueden ser modificadas por “caso fortuito o fuerza mayor” (Decreto Supremo 041-2001-EM). El CONAM señaló que el “plazo del PAM A ya implica una tolerancia a la contaminación que no es conveniente extender, a fin de proteger la salud de la población (…) Cuanto más pronto se 18 Maria Chappuis. March 21, 2005. Author Interview 19 Ibid


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concreten las inversiones ambientales del PAMA, más garantía tendrá la población de una mayor protección a la salud de las personas y al ambiente”. Decreto Supremo 046-2004-EM, Prórroga excepcional del PAMA El 29 de diciembre de 2004 se publicó el Decreto Supremo 046-2004-EM mediante el cual se estableció la posibilidad de que las empresas soliciten una extensión de sus PAMAs. La extensión máxima sería de tres años, con la posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas autorice un ampliación de hasta un año adicional en base a un estudio de análisis de riesgo de salud. Una vez aprobada la modificación del PAMA, la empresa estaría obligada a establecer un fondo en fideicomiso así como proporcionar una garantía financiera equivalente al 20% del saldo por ejecutar del proyecto propuesto. En caso la extensión sea otorgada a Doe Run Perú, el costo total pendiente del PAMA, incluyendo proyectos requeridos como la construcción de la planta de ácido sulfúrico, se incrementaría de aproximadamente US$ 121 millones a US$ 143 millones.20 2.5. Daños en la Oroya y Daños Institucionales Costo al Ambiente y a la Salud de la Población – El Reporte SENES La prórroga del PAMA ha generado mucha discusión debido a los extremadamente altos niveles de contaminación en La Oroya. Doe Run Perú está en desacuerdo con los resultados de ONGs nacionales y extranjeras respecto de la extensión de los daños ambientales, a pesar de la amplia evidencia los riesgos de salud extremos en La Oroya. La empresa alega no solamente que las quejas son exageradas, sino que ha existido una “mejora en la calidad de aire en La Oroya (lo cual) es resultado de la reducción en las emisiones de material particulado de la chimenea principal y del control de fugas de emisiones.”21 Información recogida en el año siguiente no

20 PAMA Reestructurado Complejo Metalurgico La Oroya 2004-2001. Resumen Ejecutivo, July 2004. Internal Document Doe Run Peru. 21 Kenneth Buckley, ed.,Doe Run Peru: Report to Our Communities:Advances 1998-2002. (Lima:Peru 2002) p.60


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apoyan esta versión e indican que las operaciones infligen un daño continuo en la población local. SENES Consultants Limited, expertos en energía y evaluaciones ambientales, emitieron un reporte en Noviembre del 2003 titulado “Revisión Crítica del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la fundición de Doe Run en La Oroya, Perú.” El estudio concluyó que los niveles de contaminantes provenientes de las chimeneas excedían los estándares del Banco Mundial. Contaminación de plomo, arsénico y cadmio afecta la sangre, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, y los riñones. Aunque los síntomas pueden tomar años en surgir, exposiciones prolongadas incrementan el riesgo y los resultados pueden ser irreversibles.22 Los niveles de dióxido de azufre, uno de las toxinas más penetrantes y peligrosas emitidas por la planta, exceden los estándares del Banco Mundial, y en su estudio efectuado desde 1999 hasta el 2000, Anna Cederstav de Earth Justice, concluyó que los niveles de dióxido de azufre habían incrementado.23 El dióxido de azufre afecta el cuerpo directa e indirectamente; disminuye la capacidad pulmonar de eliminar partículas extrañas (lo cual intensifica el efecto de los metales pesados), y ello lleva a una tasa de mortandad más alta, especialmente entre quienes sean vulnerables a males respiratorios. Cuando es liberado a la atmósfera, el dióxido de azufre es sujeto a una conversión química que regresa a la tierra en la forma de lluvia ácida, contaminando las fuentes de agua y la cadena alimenticia. La otra gran preocupación en La Oroya resulta de los efectos del plomo en el aire y en el suelo contaminado. El plomo tiene un impacto particularmente peligroso en la salud de los niños. La gravedad de los efectos del plomo están relacionados con los niveles de dicha sustancia en la sangre. La guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugier e que los niveles aceptables son de menos

22 Critical Review of the Programa de Adecuacion y Manejo Amiental (PAMA) of the Doe Run Smelter in La Oroya, Peru. Prepared by SENES Consultants, Ltd. Ontario: Canada, November, 2003. 23 Anna Cederstav and Alberto Barandiaran. “La Oroya Cannot Wait.” Published by Internamerican Association for Environmental Defense (AIDA) and Peruvian Society for Environmental Law (SPDA) September 2002. p41.


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de 10 microgramos por decilitro (ug/dl). En La Oroya, 346 niños examinados tenían un promedio de 33.6 ug/dl y el 18.9% de los niños tenían niveles que excedían de 44 ug/dl.24 Esto significa que niños en La Oroya viven con niveles de plomo cinco veces más altos que los estándares de la OMS y están en grave riesgo de sufrir problemas de salud que incluyen severo e irreversible retardo mental. Un reporte realizado por Earth Justice y desarrollado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la SPDA fue publicado en el 2002. El reporte, titulado La Oroya no puede esperar, analiza los reportes de monitoreo ambiental presentados por la fundición multi-metálica de Doe Run al Ministerio de Energía y Minas entre 1996 y el 2001. Este reporte demuestra que, desde el 2001, “la contaminación ambiental causada por las emisiones atmosféricas es extremadamente alta, y a pesar de la implementación del PAMA, ha incrementado.” Mas aún, el reporte advierte que los compromisos del PAMA cumplidos por Doe Run a la fecha, y el PAMA en sí, son inadecuados debido a que los niveles de contaminación son más altos ahora que cuando fueron inicialmente detectados. Según La Oroya no puede esperar, documentación referida a los efectos de la fundición en la salud pública indican que “cualquier proceso de fundición en donde las emisiones no son estrictamente controladas, producirá graves e inaceptables impactos en la salud de las personas que residen o trabajan cerca de estas instalaciones.” Adicionalmente, “los más graves impactos a la salud y al ambiente son originados principalmente por la operación actual de éstas, en bastante mayor medida que la contaminación histórica”. La modernización del proceso de fundición reduce la inhalación de plomo y los niveles de plomo en forma significativa.25

24 Ibid. p. 5-1 25 Ibid


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Las Conclusiones SENES Respecto de las alegaciones de Doe Run Perú en el año 2002 de que la empresa ha cumplido con la legislación ambiental Peruana desde su adquisición de la fundición,26 SENES señala que los estándares Peruanos son muy inferiores a los recomendados por el Banco Mundial e insta al gobierno a realizar los ajustes necesarios. El documento ofrece una lista detallada de las acciones que se requerirían para que Doe Run estuviese en cumplimiento con su PAMA, los cuales implicarían un desembolso de capital significativo; probablemente muy por encima del compromiso original de Doe Run. Este escenario parece improbable considerando que Doe Run ha reestructurado continuamente sus inversiones ambientales originales y reducido sus planes de inversión para la planta de tratamiento de ácido sulfúrico. El PAMA original requería de una única planta de absorción con un único punto de contacto. Se preveía que dicha planta costaría aproximadamente US$ 104 millones. A la fecha, Doe Run ha gastado solamente US$ 0.15 millones en la mencionada planta recomendada.27 Doe Run Perú y Cesar Rodríguez, Director General de Minería, ambos culpan a las herramientas de regulación por el fracaso en la detección de la necesidad de prestar atención a las preocupaciones sobre metales pesados y emisiones gaseosas. En nombre de Doe Run, José Mogrovejo señala que “el día que los estudios identifiquen eso (plomo) como una prioridad, inmediatamente empezaremos a ejecutarlos (proyectos).”28 César Rodríguez comenta, respecto del fracaso en lidiar con problemas asociados con plomo hasta hace poco, que no habían estudios requeridos que hubiesen detectado la urgencia de las emisiones de plomo: “Caímos en la falta de ley… nadie les pidió un estudio de riesgo de salud.”29

26 Critical Review of the Programa de Adecuacion y Manejo Amiental (PAMA) of the Doe Run Smelter in La Oroya, Peru. Prepared by SENES Consultants, Ltd. Ontario: Canada, November, 2003, p. 7-1 27 Ibid. p 6-1 28 Jose Mongrovejo. Mach 24, 2005. Author Interview. 29 Cesar Rodriguez. March 22, 2005. Author Interview.


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Ni la empresa ni el gobierno hicieron caso a los avisos de la SPDA y la AIDA respecto de la necesidad de “priorizar el tratamiento de las fuentes de fugas (de gases y emisiones) (…)el tema más grave y con el mayor impacto en la población.” 30 El estudio de DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) DIGESA llevó a cabo un estudio en el periodo de 1998-1999 que corrobora las preocupaciones discutidas por SENES y Earth Justice. El estudio fue realizado con muestras de 346 niños, representativos de los 5062 residentes de La Oroya. El nivel de plomo en la sangre de los niños fue más alto que el nivel máximo recomendado por la OMS en el 99.1% de los casos. Los niveles más altos fueron encontrados en niños de dos a cuatro años. El estudio concluyó que estos niveles se debían, en parte, al complejo metalúrgico en La Oroya.31 Golpe a las instituciones Peruanas – Cambiando el marco legal para una empresa La publicación del Decreto Supremo 046-2004-EM es un golpe al respeto a las instituciones en el Perú puesto que el marco legal fue modificado teniendo en mente a una empresa en particular: Doe Run. El Dr. Carlos Chirinos de la SPDA señala esto al afirmar que “Lo cuestionable es que (el Estado) pretende hacer esto (…) por la situación excepcional de una sola empresa y eso no es correcto.” Él también advierte de los peligros de que a “la empresa ineficiente o que no se ha comprometido seriamente con el cumplimiento de sus obligaciones las premio con un nuevo plazo.” 32 La promulgación del Decreto Supremo 046-2004-EM para Doe Run puede sentar un precedente costoso. El 83% de las empresas mineras han cumplido con sus PAMAs. Sin embargo, existe una cantidad

30 Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion del PAMA de Doe Run Peru. February, 2005. 31 DIGESA. Plan Operativo – 2005: Para el Control de los Niveles de Plomo en Sangre en la Población Infantil y Gestantes de La Oroya Antigua. Page 10. http://www.digesa.sld.pe/. 32 Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion del PAMA de Doe Run Peru. February, 2005.


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significativa de empresas mineras que ahora podrán solicitar una extensión de sus PAMAs al amparo del Decreto Supremo 046-2004-EM, al igual que Doe Run.33 Otro elemento importante respecto del decreto supremo mencionado es que no otorga a Doe Run una prórroga, sino que deja abierta la posibilidad para que dicha empresa la solicite hasta el final del 2005. Considerando los requisitos, los materiales necesarios para solicitar la extensión no podrán ser presentados antes del final del año 2005. La resolución del Ministerio de Energía y Minas respondiendo a la solicitud puede tardar hasta cuatro meses.34 Para ese entonces, las elecciones presidenciales en el Perú, programadas para comienzos de abril, ya se habrán llevado a cabo. El cambio de gobierno podría traer un cambio en el enfoque de este tema. Mientras se discute la decisión respecto de la posible prórroga, la empresa no será sancionada por incumplimiento de su PAMA actual. En esencia, el gobierno ha promulgado una norma permitiendo una excepción respecto de la cual no tendrá que juzgar. El diferir la decisión final otorga a la empresa un “comodín” y genera un reto inmenso para el futuro gobierno. III.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 3.1. Derecho Internacional: Instrumentos de Derechos Humanos y del Ambiente El Alien Tort Claims Act (ACTA) El instrumento legal citado más a menudo en el caso de reclamos por violaciones a derechos humanos y del ambiente es la ley norteamericana Alien Tort Claims Act. El ACTA establece que los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica "tienen jurisdicción para cualquier acción civil iniciada por un extranjero respecto de

33 Marticorena, Manuel. La Mineria que no Cumple. El Comercio. December 20, 2004. 34 DS 046-2004-EM, Article 12.2. www.minem.gob.pe. and Personal Interview with Juan Aste. April 1, 2005.


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daños extracontractuales (torts) cometidos en violación de la ley de naciones o de un tratado con los Estados Unidos.” 35 Como parte de la Ley Judicial original de 1789 decretada por el primer Congreso de los Estados Unidos, el ATCA proporciona un remedio civil para las víctimas que buscan reparaciones por daños producto de violaciones de derechos realizadas por individuos o empresas ubicadas fuera de los Estados Unidos. El presunto violador debe contar con relaciones que lo vinculen a los Estados Unidos para que el ACTA pueda ser aplicable, o en el caso de una empresa, ésta debe estar domiciliada en dicho país. El caso que permitió que el ACTA pueda ser utilizado hoy en día fue Filartiga v. Pena-Irala. Una corte de apelaciones de Estados Unidos admitió una demanda presentada por Filartiga, un ciudadano paraguayo, en aplicación del ATCA. Filartiga alegaba que su hijo, Joel, había sido torturado en Paraguay por un ex jefe de la policía, quien en el momento de la presentación de la demanda, se encontraba residiendo en Brooklyn. La corte de apelaciones concluyó que los actos de tortura, dondequiera que se lleven a cabo, violan el derecho internacional consuetudinario y la ley de las naciones siempre ha formado parte del common law federal. Desde que la pionera decisión en el caso Filartiga de 1980, los tribunales de los Estados Unidos han apoyado el uso del ATCA como un remedio para violaciones de derechos humanos. Los críticos reclaman que estos tipos de demandas perjudican la posibilidad de que corporaciones hagan negocios en países en vías de desarrollo. De hecho, los estándares establecidos por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y las leyes de los Estados Unidos promocionan las prácticas de gobierno corporativo socialmente responsable y alientan a que las empresas establezcan altos estándares de ética y moral. Sin el ACTA, las corporaciones que no son socialmente responsables serían inmunes al castigo, especialmente en países con sistemas débiles o con sistemas judiciales poco estrictos.

35 Judiciary Act of of 1789, ch. 20, 9 (b), 1 Stat. 73, 77.


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Dos casos que potencialmente podrían sentar precedente y que actualmente se encuentran en proceso son los casos de Wiwa v. Royal Dutch/Shell y Wiwa v. Anderson. El nigeriano Saro-wiwa, un reconocido escritor Ogoni y activista de los derechos humanos y ambientales, fue falsamente acusado de asesinato y juzgado ante un tribunal, violando estándares internacionales del debido proceso. A pesar de las protestas internacionales inclusive una pedido de Nelson Mandela, Saro-wiwa fue colgado por el régimen militar de Sani Abacha, el 10 de noviembre de 1995 junto con siete otros activistas. Saro-wiwa y sus colegas habían llamado la atención del mundo respecto de un caso de contaminación petrolera ocasionado por las actividades de Royal Dutch/Shell. Estas actividades contaminaron la fuente de abastecimiento de agua local y las tierras agrícolas, matando los peces de una economía Ogoni dependiente en gran parte de la agricultura y pesca. Los procesos judiciales alegan que las ejecuciones de Ken Saro-wiwa y los demás por el ejército nigeriano y la campaña para acusarlos falsamente, fueron llevados a cabo con el conocimiento, consentimiento y/o apoyo de las empresas Royal Dutch Shell Petroleum Company y Shell Transport and Trading Company . La conducta de los acusados era supuestamente parte de un padrón de la colaboración de la junta nigeriana para suprimir violenta y despiadadamente a quienes se oponían a la explotación por parte de la Royal Dutch/Shell de petróleo y gas natural en tierras Ogoni en el Delta de Níger. Una segunda queja (Wiwa v. Anderson) fue presentada en junio del 2003 contra Brian Anderson, director gerente de Royal Dutch/Shell, respecto del cual, los demandantes alegan, actuó en representación de Royal Dutch/Shell al concertar con el ejército nigeriano. La demanda alega que la conducta del acusado "viola la ley estatal y federal, y el derecho internacional, el cual incluye prohibiciones contra las torturas, ejecuciones y crímenes contra la humanidad.” Anderson supuestamente no ejerció el cuidado ordinario o razonable para evitar daños a los demandantes, al comportarse negligentemente y con imprudente descuido respecto de los


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efectos que la compañía podría tener en la población, fauna, y las tierras de Ogoni. Si en estos casos se falla en favor de los demandantes, ello establecería que las corporaciones y sus funcionarios pueden ser responsables por abusos de los derechos humanos y ambientales.36 La decisión más importante bajo el ATCA ha sido Doe v. Unocal. En este caso, los demandantes eran campesinos de Myanmar que buscaron reparación por abusos de derechos humanos de las manos de militares Myanmar. La demanda alega que Unocal concientemente ayudó y promocionó los abusos al contratar militares con antecedentes de abusos a civiles. En 1997, una corte federal en Los Angeles dictaminó que una empresa, al igual que un individuo, puede ser responsable en base al ATCA por complicidad en flagrantes abusos de derechos humanos, y por lo tanto admitió la demanda. Mediante transacciones extra judiciales realizadas en abril del 2005, Unocal acordó compensar a los aldeanos que presentaron la demanda. Los abogados de los demandantes denominaron la transacción como “una victoria histórica para los derechos humanos.”37 3.2. Los Tratados Internacionales: Derechos Humanos y Ambientales ¿Qué normas requieren de defensa? La mayoría de los países, incluido el Perú y los Estados Unidos, tienen tratados y convenciones suscritos. Se reconoce que los pactos y declaraciones no son exigibles. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Estocolmo, el Protocolo de Montreal, y otros que codifican las normas internacionales sobre derechos humanos y ambientales

36 United States District Court for the Southern District of New York. Wiwa & Kpuinin, Plaintiffs v. Anderson. Accessed www.humanrightsnow.org. 37 Historic Advance for Universal Human Rights: Unocal to Compensate Burmese Villagers. Earthrights International. www.earthrights.org. April 12, 2005.


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tienen la aprobación universal. Estos códigos de conducta son normas internacionales. El derecho internacional tiene como fuente a la costumbre internacional. Al determinar si existe una costumbre internacional, es necesario aplicar dos criterios: 1) Las conductas de los Estados deben ser uniformes, y 2) las conductas de los Estados existen en base a la creencia de que la práctica es requerida por la ley.38 En el caso de Peru, existen dos condiciones: 1) La ley nacional prohibe la degradación del ambiente y el abuso de los derechos humanos; y 2) Perú ha suscrito las declaraciones y convenciones descritas anteriormente y por lo tanto se puede concluir que esa conducta del Estado existe. Las declaraciones de Estocolmo y de Rio Firmado por 114 naciones, la Declaración de Estocolmo señala que “la humanidad tiene el derecho fundamental a (…) las condiciones adecuadas de vida, en un ambiente de una calidad que permite una vida digna y con bienestar.”39 El Principio 3 de la Declaración de Río especifica que el desarrollo no debe poner en riesgo las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras. El Principio 4 establece que “la protección ambiental debe constituir una parte integral del proceso de desarrollo.” 40 La Convención sobre los Derechos del Niño Esta convención fue suscrita por 192 países y entró en uso común en enero del 2002, siendo el primer instrumento internacional obligatorio que incorpora una gran variedad de derechos humanos -derechos civiles y políticos así como económicos, sociales y culturales. No sólo se invoca en el Preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que en el Artículo 24 (C) la Convención sobre los Derechos del Niño establece que las partes deben

38 United Nations Forum on Forests. An Overview of International Law Working Draft. Background Document No. 3 September, 2004. p.7 39 United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm Declaration, Principle 1. www.un.org 40 Rio Principle


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“Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.”41 Queda claro que Renco Group y el estado peruano están en infracción de los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que las emisiones de humo de Doe Run Peru y los niveles de plomo en la sangre de los niños (superiores a 10 mg/dl) aún se encuentran muy por encima de lo establecido en las guías de la Organización Mundial de la Salud. 3.3. Un Enfoque Local – SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA es una ONG que promueve el desarrollo sostenible y la conservación del ambiente. La ONG tiene una voz importante dentro del país - tanto el Ministerio de Energía y Minas como otras ONGs toman en consideración la opinión del SPDA. Como parte de su estrategia institucional, la SPDA promueve la participación de diversos grupos en el monitoreo de temas ambientales. La SPDA trabaja en conjunto con Earth Justice y la Interamerican As sociation for Environmental Defense. La SPDA es una ONGs que proporciona asesoría legal para las personas afectadas directamente por la contaminación en La Oroya. La SPDA no promueve el cierre de Doe Run Perú ni se opone abiertamente a las extensiones de PAMAs. La misión de la SPDA consiste en representar a las personas que han sido y son afectados por la empresa en La Oroya y que quieren ver mejoras en sus vidas. Como resultado de una demanda presentada por la SPDA, una corte civil recientemente ordenó que el Ministerio de Salud y la Dirección General para la Salud Ambiental tomaran medidas para aliviar la crisis sanitaria en La Oroya. La corte señaló que las autoridades gubernamentales han incumplido con la Ley General de Salud, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 41 UNICEF. Convention on the Rights of Children. www.unicef.org.


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Ambiental del Aire, y un decreto supremo estableciendo el estado de emergencia sanitaria.42 El juez consideró la situación tan grave que se declaró en estado de emergencia la zona, requiriéndose a todas las agencias involucradas que tomen acción inmediata para reducir la amenaza a la salud de los ciudadanos. IV. CONCLUSIONES. La industria minera en La Oroya sirve a las comunidades donde opera así como las explota. El Ministerio de Energía y Minas tiene el deber de promover y a la vez regular la minería, lo cual genera un conflicto de intereses inherente en la persecución de ambas actividades. Los mineros locales necesitan de la mina y de la planta de procesamiento metalúrgica para su sustento, a pesar de que la contaminación resultante los está envenenando. Las ONGs y las sociedades civiles están logrando avances en conseguir apoyo para los afectados por las operaciones de Doe Run Perú, pero la dependencia de los trabajadores y del Estado en la empresa perjudica las negociaciones. Doe Run Perú ha suscrito el Código de Conducta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero ha quedado claro que esta auto regulación dentro del sector no ha sido efectiva. En el terreno internacional, no existe un cuerpo internacional legal y regulatorio con facultades para fiscalizar el comportamiento de las empresas que operan negligentemente en varios países, aunque se habla de una Convención de Responsabilidad Empresarial que definiría las conductas aceptables así como responsabilizaría a las empresas por sus actos. La solidaridad internacional ha tenido un efecto importante en el caso de Doe Run Perú, como se ha evidenciado de la recepción de manera favorable por parte de Doe Run de unas de las recomendaciones de EarthJustice. Sin embargo, el reparo en las normas y convenios internacionales deben recordar el gobierno peruano de su responsabilidad de proporcionar un ambiente saludable en La Oroya a través de normas nacionales.

42 Judge Orders Measures to Protect Public Heath in La Oroya. EarthJustice Report. April 14, 2005. www.earthjustice.com


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Preocupaciones de una posible crisis en La Oroya se basan en el análisis del registro financiero y la del estado presente de Doe Run Perú. Existen varios posibles escenarios que podrían suscitarse, inclusive que la compañía podría declarar su insolvencia y dejar al Gobierno Peruano los pasivos en La Oroya. Ante ésta y otras amenazas al ambiente y bienestar de las personas de La Oroya, el gobierno, al promulgar el Decreto Supremo 046-2004-EM, ha tomado medidas que sólo demoran el proceso de toma de decisiones. Las ONGs y las sociedades civiles continúan presionando y trabajando para crear incentivos para Doe Run Perú, así como sugiriendo penalidades cuando la empresa no entabla diálogo. Incluso si las organizaciones locales y solidaridad internacional tienen éxito, quienes tienen la facultad y el poder para proteger la salud de las personas en La Oroya es el gobierno peruano, y específicamente a través del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Salud. El gobierno no debe dar marcha atrás en el desafío que encara al regular las operaciones de Doe Run Perú, y debe reconocer que los acuerdos realizados en base a un actual sentido de desesperación y presión política pueden poner en riesgo al ambiente, la comunidad, y la integridad de su vida institucional.

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