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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO
Viabilidad del derecho a la verdad procesal en el actual
contexto de la
instrucción fiscal.- Quito 2015
Proyecto innovador de investigación con fin de titulación,
previo a la obtención del título de:
Abogado
Autor: Chacón León Julio Fernando
Tutor: M.Sc. Andrés Sebastián Benítez Triviño
Quito, julio 2017
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ii
DERECHOS DE AUTOR
Yo, Julio Fernando Chacón León, en calidad de autor y titular de
los derechos morales y
patrimoniales del trabajo de titulación “VIABILIDAD DEL DERECHO
A LA VERDAD
PROCESAL EN EL ACTUAL CONTEXTO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL.-
QUITO
2015”, conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor
de la
Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita,
intransferible y no exclusiva para el uso no
comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.
Conservo a mi favor todos los derechos
de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.
Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para
que realice la digitalización y
publicación de este trabajo de titulación en el repositorio
virtual, de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
El autor declara que la obra objeto de la presente autorización
es original en su forma de expresión
y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la
responsabilidad por cualquier
reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a
la Universidad de toda
responsabilidad.
Firma: ________________________________
Julio Fernando Chacón León
CC. 1716874068
Dirección electrónica: [email protected]
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iii
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Yo, Dr. Andrés Sebastián Benítez TriviñoMS’c., en mi calidad de
TUTOR del trabajo de
investigación titulado: “VIABILIDAD DEL DERECHO A LA VERDAD
PROCESAL EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL.- QUITO 2015”,
realizado por el
postulante Julio Fernando Chacón León, portador de la cédula de
ciudadanía Nro.1716874068
,me permito informarle que el mismo reúne las condiciones
metodológicas y técnico-jurídicas,
establecidas por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias
Políticas y Sociales, por lo que procedo a
APROBAR la presente investigación, a fin de habilitar al
estudiante para continuar con el proceso
de graduación. Particular que pongo en su conocimiento para los
fines académicos, legales y
administrativos pertinentes, reiterándole mis sentimientos de
consideración y estima.
En Quito, a los 2 del mes de Agosto de 2017.
Atentamente,
Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño MS’c.
TUTOR/DIRECTOR
-
iv
APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL
El tribunal constituido
por:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________-
____________________________________________________________________
Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación
previo a la obtención del
Título (o grado académico) de
______________________________________________
Presentado por el (la) señor (a/ita)
___________________________________________
Con el título:
______________________________________________________________________
Emite el siguiente veredicto: aprobado/reprobado)
______________________________
Fecha: _________________________________
Para constancia de lo actuado firman:
Nombre y Apellido Calificación Firma
Presidente ___________________ _____________ ____________
Vocal 1 ___________________ _____________ ____________
Vocal 2 ___________________ _____________ ____________
-
v
DEDICATORIA
A Dios por bendecirme,
ayudarme y guiarme para cumplir este sueño tan anhelado.
A mi amada esposa, por ser el faro que guía y alumbra mi
vida,
llenando cada día de amor y alegría,
a mis queridas hijas,
y a mi familia
por todo el amor que a raudales me prodigan.
Gracias por todo.
Julio Fernando Chacón León
-
vi
ÍNDICE
Derechos de autor ii
Aprobación del tutor iii
Hoja aprobación del jurado o tribunal iv
Dedicatoria v
Índice vi
Lista de tablas ix
Lista de gráficos x
Resumen xi
Abstrac xii
Introducción 1
CAPÍTULO I
4
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 4
1.1. Antecedentes del problema 5
1.2. Planteamiento del problema 6
1.3. Descripción del problema 7
1.4. Formulación del problema 8
1.5. Preguntas directrices o hipótesis 8
1.6. Objetivo general y objetivos específicos 8
1.7. Justificación 9
CAPÍTULO II 12
2. MARCO GENERAL 12
2.1. Marco referencial 14
2.1.1. Marco teórico y conceptual 15
2.1.2. Marco legal y situacional 15
2.1.3. Trabajos previos 16
2.1.4. Definición de términos básicos 16
2.2. Diagnóstico: realidad contextual 21
2.3. Estado de la situación actual del problema 22
2.4. Esquema temático: 25
25
-
vii
TÍTULO I
EL DERECHO A LA VERDAD 25
Definición 25
Fundación 27
Evolución histórica 29
Características 31
Inserción en la Constitución de la República del Ecuador 2008
33
Incorporación en el Código Orgánico Integral Penal 35
TÍTULO II 37
INSTRUCCIÓN FISCAL 37
Definición 37
Fundamentos 40
Características 40
Procedimiento 45
Participación de las partes procesales 46
El fiscal 47
La víctima 49
El procesado 51
TÍTULO III 52
LA VÍCTIMA 52
La victimología 52
El rol de la víctima en la instrucción fiscal 54
La víctima y el derecho a la verdad 56
Cosificación de la víctima 57
Empoderamiento de la víctima 57
CAPÍTULO III 58
3. MARCO METODOLÓGICO 58
3.1. Diseño de Investigación 58
3.2. Diseño de Variables 59
3.3. Operacionalización de las variables e indicadores 59
3.4. Población y muestra 60
3.5. Métodos 60
3.6. Técnicas e instrumentos 61
-
viii
CAPÍTULO IV 63
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 63
4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 63
4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque
conceptual 64
4.3. Limitaciones 72
CAPÍTULO V 74
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74
5.1. Conclusiones 74
5.2. Recomendaciones 75
CAPÍTULO VI 76
6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 76
BIBLIOGRAFÍA 89
BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL 93
-
ix
LISTA DE TABLAS
Tabla Nro. 1 59
Tabla Nro. 2 60
Tabla Nro. 3 63
Tabla Nro. 4 66
Tabla Nro. 5 68
Tabla Nro. 6 69
Tabla Nro. 7 70
Tabla Nro. 8 71
Tabla Nro. 9 85
Tabla Nro. 10 85
-
x
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico Nro. 1 66
Gráfico Nro. 2 68
Gráfico Nro. 3 69
Gráfico Nro. 4 70
Gráfico Nro. 5 71
-
xi
TEMA: VIABILIDAD DEL DERECHO A LA VERDAD PROCESAL EN EL
ACTUAL
CONTEXTO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL.- QUITO 2015
Autor: Julio Fernando Chacón León
Author: Julio Fernando Chacón León
Tutor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño MSc.
RESUMEN
Lamentablemente, en el actual escenario jurídico procesal la
víctima y su familia sigue siendo
marginada del proceso penal, pues, se persiste en replicar
esquemas propios del Sistema
Inquisitivo, en el cual se combatía duramente la cosificación de
la víctima; que era utilizada
literalmente para proveer de información al agente
investigativo, en la actualidad, pese a las
reformas emprendidas al respecto y a la constitucionalización
del derecho a la verdad procesal, la
víctima sigue sorteando más de un óbice que limita su
empoderamiento dentro del proceso penal,
teniendo grandes reparos frente a su intervención y
participación dinámica, razón por la cual, en el
presente trabajo investigativo se pretende estimular una pronta
reforma técnica en la cual se lleve a
la práctica el legítimo derecho de la víctima a la verdad
procesal. Seguramente el monopolio de la
investigación penal radicada en la Fiscalía General del Estado,
ha llevado, de manera errada a
marginar a la víctima, con el propósito de no volverla a
victimizar, se deja la puerta abierta a la
arbitrariedad de no contar con ella en la sustanciación de la
acción penal. El ocultar la verdad
procesal lejos de proteger a la víctima la deja en total
indefensión, porque ella, a futuro no va a
conocer, peor aún, entender el porqué de las gestiones
procesales realizadas, muchas de ellas a su
favor, por lo tanto, de nada sirve tapar el sol con un dedo, o
con la mano entera si al final la o el
directamente afectado no interviene en la resolución del
problema.
DESCRIPTORES: DERECHO, VERDAD PROCESAL, ACTUAL CONTEXTO,
INSTRUCCIÓN FISCAL, DMQ 2015, UFJ.
-
xii
Title: FEASIBILITY OF THE RIGHT TO THE TRUE PROCESS IN THE
CURRENT
CONTEXT OF THE FISCAL INSTRUCTION. - Quito 2015.
Author: Julio Fernando Chacón León
Tutor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño MSc.
ABSTRACT
Regrettably, in the current legal process, the victim and his
family continue to be
marginalized from the criminal process, since it persists in
replicating schemes specific to
the Inquisitive System, in which the victim's reification was
fought hard; which was used
literally to provide information to the investigative agent.
Today, despite the reforms
undertaken in this regard and the constitutionalization of the
right to procedural truth, the
victim continues to overcome more than one obstacle that limits
their empowerment within
the criminal process, having great objections to their
intervention and dynamic
participation, which is why, in the present research work is
intended to stimulate an early
technical reform in which the legitimate right of the victim to
the procedural truth is put
into practice. Surely the monopoly of criminal investigation in
the Office of the Attorney
General has led, in a wrong way to marginalize the victim, in
order not to victimize her
again, leaving the door open to the arbitrariness of not having
her in the substantiation of
the criminal action. Concealing the procedural truth away from
protecting the victim leaves
her in total defenselessness, because she, in the future will
not know, worse yet, understand
the why of the procedural steps taken, many of them in their
favor. Therefore, it is useless
to cover the sun with one finger or with the whole hand if in
the end the one or the directly
affected does not intervene in the resolution of the
problem.
Keywords: RIGHT, PROCEDURAL TRUTH, CURRENT CONTEXT, FISCAL
INSTRUCTION, DMQ 2015, UFJ.
I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct
translation of the original document in Spanish.
Firma Sello
Piedad Silvana Arias Santillán
CertifiedTranslator
ID: 1707355366
-
1
INTRODUCCIÓN
En el presente informe final de investigación titulado:
“VIABILIDAD DEL DERECHO
A LA VERDAD PROCESAL EN EL ACTUAL CONTEXTO DE LA INSTRUCCIÓN
FISCAL.- QUITO 2015”, se empleará el método exegético, en virtud
de que se revisarán
importantes cuerpos legales tales como: la Constitución de la
República del Ecuador, el Código
Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función
Judicial, entre otras normas legales
afines al tema propuesto. El referido método también aportará
significativamente en el estudio
minucioso de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos
por el Estado ecuatoriano. Cabe
reiterar que también se utilizarán otros métodos de la
investigación científica, entre ellos:
inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo,
hipotético-deductivo, histórico comparado y
de observación.
Dentro del proceso investigativo se hará uso de las técnicas de
gabinete y de campo. Las
técnicas de gabinete permitirán, realizar una amplia revisión
normativa, doctrinaria y
jurisprudencial del tema, así se contará con apreciaciones de
importantes jurisconsultos nacionales
e internacionales.
Para tal efecto se confeccionarán fichas bibliográficas,
nemotécnicas, hemerográficas y
linkografía; así también se realizarán guías de observación,
diarios, listas de cotejo y rúbricas.
Además se hará uso de las técnicas de campo, específicamente de
la encuesta, con la finalidad de
conocer la apreciación de la ciudadanía quiteña sobre el tema
problema planteado, por la gran
incidencia que este tema reporta dentro de la ciudad
metropolitana de Quito dentro del año 2015
(último semestre).
Los procesos de investigación serán mixtos, pues se combinará el
análisis bibliográfico y la
observación de campo, de esta manera se contará con una visión
global del problema planteado;
tomando como punto de partida la concepción constitucional y
legal del derecho a la verdad desde
la promulgación y vigencia de la Constitución de la República
del Ecuador y la implementación del
Código Orgánico Integral Penal frente al respeto de los derechos
humanos, constitucionales y
legales de la víctima; para posteriormente cotejar con lo
ocurrido en la praxis diaria dentro del
quehacer jurídico de la cuidad metropolitana de Quito, sobre
todo dentro del último semestre del
año 2015, donde lamentablemente los derechos humanos,
constitucionales y legales de la víctima
son vulnerados por los Administradores de Justicia, en virtud de
que la víctima es literalmente
cosificada al punto de ser marginada del proceso penal y
colocada en una difícil situación de
indefensión.
-
2
En lo que respecta a las etapas de investigación se iniciará con
la selección de variables, la
estructuración de hipótesis, la determinación de indicadores, la
recolección de bibliografía,
hemerografía y linkografía, la realización de fichas, diarios y
guías de observación, la redacción del
primer borrador para su respectiva corrección; para finalmente
estructurar el trabajo final.
Los niveles de investigación a implementarse en la presente
investigación son:
exploratorio, porque permitirá familiarizarse con el problema
que se investiga; descriptivo porque
ayudará a detallar los elementos y características del problema;
y, explicativo porque servirá para la
explicación del problema y el planteamiento de la solución.
En cada etapa de la investigación emprendida se implementará una
amplia y continúa
evaluación: diagnóstica, procedimental y final.
Es también importante manifestar que el presente trabajo
investigativo se encuentra
encaminado a justificar la necesidad apremiante de incluir a la
víctima en la tramitación del
proceso a fin de que goce a la plenitud del derecho a la verdad
procesal.
El presente proyecto de tesis se encuentra compuesto de seis
capítulos:
CAPÍTULO I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA contiene: antecedentes;
planteamiento; definición; descripción y formulación del
problema; preguntas directrices o
hipótesis; objetivo general y objetivos específicos; y,
justificación
CAPÍTULO II.- MARCO GENERAL establece: marco referencial; marco
teórico;
marco legal; trabajos previos; definición de términos básicos;
diagnóstico: realidad contextual;
estado de la situación actual del problema; y, esquema
temático.
CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO determina: diseño de
investigación;
diseño de variables; operacionalización de las variables e
indicadores, población y muestra; y,
técnicas e instrumentos de la investigación.
CAPÍTULO IV.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
contiene:
procedimiento de la ejecución de la investigación; análisis e
interpretación de datos en función del
enfoque conceptual; y, limitaciones.
-
3
CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES en este capítulo se
da a
conocer de manera clara y precisa las conclusiones y
recomendaciones a través del análisis y la
interpretación de los resultados obtenidos en la presente
investigación.
Finalmente en el CAPÍTULO VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA, encontramos la solución al problema planteado, a
través de la exposición de un
proyecto de ley en la cual se evidencie la necesidad de
incorporar el derecho a la verdad en la
administración de justicia ecuatoriana, a fin de que el derecho
a la verdad sea la luz que guíe e
ilumine la tramitación de todas las causas judiciales.
-
4
CAPÍTULO I
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Desde la promulgación y vigencia de la actual Constitución de la
República del Ecuador, se
estableció el derecho a la verdad procesal, a favor de la
víctima de un acto ilícito, con la finalidad
de que la misma conozca y sea partícipe de todos y cada uno de
los procesos investigativos que
conduzcan a reconstruir la esquiva verdad. Sin embargo, existen
puntuales óbices que limitan el
libre ejercicio del referido derecho constitucional;
principalmente por la instauración empírica de
protocolos investigativos que tienden a cosificar a la víctima,
visualizándola como fuente de
información y no como sujeto de derechos y garantías
procesales.
Por lo tanto, resulta lamentable que dentro de la Instrucción
Fiscal la participación de la
víctima sea escasa y poco significativa, a pesar de la
constitucionalización del derecho a la verdad
procesal.
Esta marginalidad procesal, ha llevado a que la Fiscalía General
del Estado conduzca en
solitario la indagación del delito, obteniendo una verdad
fragmentada, toda vez que excluye a la
víctima. Escenario muy distinto se obtendría si la víctima
pudiera participar activamente en la
Instrucción Fiscal, como protagonista y no como simple
espectadora. El presente quehacer jurídico
nacional, revela que de manera generalizada la víctima sigue
ocupando el triste rol de informante.
La promulgación y vigencia del Código Orgánico Integral Penal,
ha conseguido el
mejoramiento significativo del papel procesal de la víctima, su
empoderamiento procesal de la
verdad sigue siendo una deuda pendiente.
A pesar de que bastos principios procesales universales, como el
pro víctima, garantizan la
concreción práctica del derecho a la verdad, la Administración
de Justicia, persiste en su paternal
posición de cuidar el sigilo de la investigación criminal de la
noticia críminis, aun cuan ello
signifique negarle el derecho a conocer la verdad procesal a la
víctima, obteniéndose resultados
perversos como la revictimazación y la indefensión de la
víctima, la impunidad del acto criminal, la
inseguridad jurídica, etc.
Esta tendencia generalizada en el Estado ecuatoriano, se observa
con mayor claridad en el
distrito metropolitano de Quito (2015), donde las Instrucciones
Fiscales son llevadas
inconstitucional e ilegalmente con suprema cautela, menoscabando
el derecho a la verdad procesal
-
5
de la víctima. Razón por la cual, con la presente investigación
se pretende estructurar la editorial
jurídica titulada: “NECESIDAD DE INCORPORAR EL DERECHO A LA
VERDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA” tendiente a estimular la
reforma del
Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin de
que el derecho a la verdad sea la
luz que guíe e ilumine la tramitación de todas las causas
judiciales.
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
La antesala del presente problema radica en la inoperatividad
del derecho a la verdad
establecido constitucionalmente desde el año 2008, cuando la
actual Constitución de la República
del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial Registro 449
(lunes 20 de octubre de 2008) y por
tanto rigió como Norma Suprema en el Ordenamiento Jurídico
Nacional. Inoperatividad que se
mantiene, de manera lamentablemente en el Código Orgánico
Integral Penal, publicado en el
Registro Oficial 180 del11 de febrero de 2014, dando pie a una
serie de arbitrariedades fraguadas
directa e indirectamente en contra de la víctima.
Recordemos que la esencia del derecho a la verdad, es permitir
la participación por activa y
pro dinámica de la víctima dentro del proceso penal, facilitando
su intervención en la resolución del
conflicto, de tal modo que, al final la víctima sienta y sea
consciente de que se hizo justicia.
La pasada Constitución Política del Ecuador de 1998 y el hoy
derogado Código de
Procedimiento Penal, fraguados dentro del Estado Social de
Derecho, no establecían de manera
alguna el derecho a la víctima a la verdad procesal, más bien,
se la colocaba dentro del estatus
constitucional de vulnerabilidad, estimulando la protección
paternalista de la Fiscalía General del
Estado.
Protección que en vez de contribuir a la plena satisfacción de
las altas y justificadas
demandas de la víctima, se convirtió en el caldo de cultivo para
su marginalidad, invisibilizándola,
limitando y muchas veces impidiendo su participación en el
proceso penal. Falta de fiscalización
que llevó a la cosificación de la víctima y lo que es peor a la
unidireccionalidad de la
Administración de Justicia.
Por los pasados errores, la vigente Constitución de la
República, en el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, al reconocer el derecho a
la verdad buscó el
empoderamiento de la víctima en el proceso de investigación
criminal, entendiendo la necesidad de
reconocerla como sujeto de derechos y no como objeto de tutela,
sin embargo, por la falta de
voluntad política, tal como ayer, la víctima sigue sorteando un
sinfín de dificultades.
-
6
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El tema propuesto para esta investigación parte del
planteamiento del siguiente problema:
el derecho a la verdad es inviable dentro de la investigación de
la noticia críminis en virtud de que
la Fiscalía General del Estado persiste en replicar pasados
paradigmas investigativos, propios de
caducos sistemas procesales como el Inquisitivo, en el cual, la
víctima era visualizada como la
fuente de información de lo ocurrido.
El poder punitivo del Estado adherido al monopolio investigativo
ejercido por la Fiscalía
General del Estado, lleva a marginalizar a la víctima del
esclarecimiento a la verdad, bajo el
propósito de no afectar más aún los legítimos derechos humanos,
constitucionales y legales de la
misma, sin considerar que en tal cuidado paternalista se produce
lo que se quiere evitar, la
revictimización de la víctima.
Se revictimiza a la víctima cuando se le niega la posibilidad de
intervenir dinámicamente
en el proceso penal, sobre todo, en la reconstrucción técnica de
la verdad, por lo que, al final del
proceso lo que se obtiene es una verdad parcializada, que en
nada satisface las justas reclamaciones
inter-partes de las principales partes procesales: víctima y
procesado.
La participación de la víctima en el procedimiento penal, es un
tema que ha suscitado un
destacable interés en los últimos años, que se intensifica en la
evolución de sus legítimos derechos,
desde el pasado Estado Social de Derechos (Constitución Política
de 1998) hasta el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia (Constitución de la
República de 2008), con puntuales
logros; pero a la vez con visibles retrocesos.
Después de varios siglos de exclusión y olvido, la víctima
reaparece, en la actualidad, en el
escenario de la justicia penal, puntualmente en la indagación
del delito, como una preocupación
central de la política criminal. Prueba de este interés resultan
la gran variedad de trabajos
publicados, tanto en Ecuador como en el extranjero; la inclusión
del problema en el temario de
reuniones científicas; los movimientos u organizaciones que
trabajan o bregan por los derechos de
las víctimas del delito; y, fundamentalmente, las recientes
reformas insertas en el Código Orgánico
Integral Penal, que giran en torno a la víctima, sus intereses y
su protección.
Una mirada crítica del fenómeno en cuestión implica una revisión
desde el punto de vista
procesal penal de cuales han sido las protecciones brindadas a
la víctima a lo largo de la historia,
por ello nos proponemos como objetivo INCORPORAR EL DERECHO A LA
VERDAD EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA.
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtmlhttp://www.monografias.com/Politica/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtmlhttp://www.monografias.com/Derecho/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtmlhttp://www.monografias.com/Historia/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
-
7
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Instrucción Fiscal fue creada por el Asambleísta con la
finalidad de determinar
elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita
formular o no una acusación en contra
de la persona procesada, razón por la cual resulta imperioso
para el Fiscal a cargo trabaje de
manera inter-procesal incluyendo tanto a la víctima como al
investigado en su gestión investigativa.
De hecho el delito debe ser visualizado como un rompecabezas que
se va armando a través
de la participación e intervención propositiva de las partes
procesales, especialmente de la víctima
y del investigado. El juez no puede emitir criterios sobre
verdades fragmentadas o inconclusas, la
justicia es incluyente no excluyente, parcial no imparcial;
siendo así, tanto víctima como procesado
deben gozar de su legítimo derecho humano, constitucional y
legal a la verdad procesal. Derecho
que a ultranza insta a las principales partes procesales a
empoderarse de la Instrucción Fiscal, para
la realización plena de la justicia en el ámbito penal.
Cabe subrayar que al respecto, la víctima es de entre las partes
procesales, quien menos
puede acceder al referido derecho a la verdad, debido a que la
Fiscalía General del Estado conserva
de manera errada modus operandi propios del Sistema Inquisitivo,
en los cuales, se visualizaba a la
víctima como fuente inagotable de información y no como sujetos
de derechos y garantías
procesales, de tal suerte que la presencia de la víctima en la
indagación del delito, se reduce a lo
que tiene que decir y no a la que debe exigir en legal y debida
forma.
Macro.-
Dentro de la presente investigación, se pretende realizar un
amplio estudio nacional sobre
la aplicación del derecho a la verdad procesal que ampara
principalmente a la víctima del acto
criminal; toda vez, que las expectativas ciudadanas sobre el
tema son significativas, en virtud de
que el Código Orgánico Integral Penal es de reciente data y está
bañado de los preceptos garantistas
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y
los vientos innovadores del
Neoconstitucionalismo.
Meso.-
Para tener una visión local del problema abordado, en esta
investigación se estudiará la
aplicación del derecho a la verdad procesal en los delitos de
violación investigados en la provincia
de Pichincha desde enero a diciembre de 2015.
-
8
Micro.-
En el Distrito Metropolitano de Quito (2015), debido a la
densidad poblacional, los delitos
investigados son significativos, índice que facilita el
desarrollo de la presente investigación, puesto
que permite observar cómo la Fiscalía General del Estado, en su
afán de tutelar a la víctima,
termina cosificándola, al punto de excluirla y marginarla de la
Instrucción Fiscal; dando cavidad a
la violación e inviabilidad del derecho a la verdad
procesal.
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide la inviabilidad del derecho a la vedad procesal en
la Instrucción Fiscal en el
distrito metropolitano de Quito en el año 2015?
1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES O HIPÓTESIS
¿Qué es el derecho a la verdad procesal?
¿En qué consiste el derecho a la verdad procesal?
¿Qué factores determinan la aplicación del derecho a la verdad
procesal?
¿Cómo se viabiliza el derecho a la verdad procesal en la
Instrucción Fiscal de los delitos
sexuales?
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que produce la
inaplicación del derecho a la verdad
en la Instrucción Fiscal de los delitos sexuales?
1.6. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo general
Analizar la viabilidad real y práctica del derecho a la verdad
procesal en el actual contexto
de la Instrucción Fiscal, dentro del Distrito Metropolitano de
Quito, en el año 2015, a fin de
determinar la importancia de la participación dinámica e
interactiva de la víctima en el proceso
penal en pro de su empoderamiento.
-
9
Objetivos específicos
Determinar el origen y la evolución jurídica del derecho a la
verdad previsto a favor de la
víctima del delito penal.
Establecer los derechos y garantías procesales previstas a favor
de la víctima dentro de la
Indagación Previa.
Analizar las innovaciones realizadas en el Sistema Procesal
ecuatoriano a favor de la
víctima.
Criticar la inviabilidad del derecho a la verdad procesal de la
víctima dentro de la
Instrucción Fiscal.
Subrayar la necesidad de dar operatividad real y concreta al
derecho a la verdad de la
víctima en la tramitación de la Instrucción Fiscal.
1.7. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación es importante puesto que, desde la
promulgación y vigencia de
la actual Constitución de la República del Ecuador (2008), se
constitucionalizó el derecho a la
verdad procesal, a favor de la víctima de un acto ilícito, con
la finalidad de que la misma conozca
y sea partícipe de todos y cada uno de los procesos
investigativos que conduzcan a reconstruir la
esquiva verdad. Sin embargo, existen puntuales óbices que
limitan el libre ejercicio del referido
derecho constitucional; principalmente por la instauración
empírica de protocolos investigativos
que tienden a cosificar a la víctima, visualizándola como fuente
de información y no como sujeto
de derechos y garantías procesales. Por lo tanto, resulta
lamentable que dentro de la Instrucción
Fiscal la participación de la víctima sea escasa y poco
significativa, a pesar de la
constitucionalización del derecho a la verdad procesal.
Esta marginalidad procesal, ha llevado a que la Fiscalía General
del Estado conduzca en
solitario la indagación del delito, obteniendo una verdad
fragmentada, toda vez que excluye a la
víctima. Escenario muy distinto se obtendría si la víctima
pudiera participar activamente en la
Instrucción Fiscal, como protagonista y no como simple
espectadora.
-
10
El presente quehacer jurídico nacional, revela que de manera
generalizada la víctima sigue
ocupando el triste rol de informante, si bien es cierto, con la
promulgación y vigencia del Código
Orgánico Integral Penal, se ha conseguido el mejoramiento
significativo del papel procesal de la
víctima, su empoderamiento de la verdad procesal sigue siendo
una deuda pendiente.
A pesar de que bastos principios procesales universales, como el
pro víctima, garantizan la
concreción práctica del derecho a la verdad, la Administración
de Justicia, persiste en su paternal
posición de cuidar el sigilo de la investigación criminal de la
noticia críminis, aun cuan ello
signifique negarle -a la víctima- el derecho a conocer la verdad
procesal, obteniéndose resultados
perversos como la revictimazación y la indefensión de la
víctima, la impunidad del acto criminal, la
inseguridad jurídica, etc.
Esta tendencia generalizada en el Estado ecuatoriano, se observa
con mayor claridad en el
distrito metropolitano de Quito (2015), donde las Instrucciones
Fiscales son llevadas
inconstitucional e ilegalmente con suprema cautela, menoscabando
el derecho a la verdad procesal
de la víctima.
Razón por la cual, con la presente investigación es novedosa
porque pretende estructurar
un Instructivo de atención a la víctima para viabilizar su
legítimo derecho a la verdad procesal.
Así también, la presente investigación, resulta en extremo
necesario, porque en la
actualidad, la Constitución de la República, mantiene, respecto
del ámbito procesal penal amplias
garantías y derechos que, no son adecuadamente implementados en
el COIP, por ejemplo, el
principio pro víctima, que entre muchos aspectos insta a la
participación proactiva de la víctima en
la tramitación de la Instrucción Fiscal, pero que
lamentablemente por los consabidos y caducos
esquemas mentales de los operadores investigativos queda en
letra muerta.
Esta investigación es factible en virtud de que existe abundante
doctrina que asegura una
apreciación del problema planteado, al presentar puntos opuestos
que facilitan y contribuyen al
debate.
También resulta muy importante porque hace referencia a uno de
los pilares más
importantes del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y
obviamente incide en el Plan
Nacional del Buen Vivir y trasciende en el Sistema Judicial
plagado de importantes principios
universales tales como: el pro homine, pro víctima, etc.
-
11
La presente investigación se justifica en los siguientes
aspectos:
Científica: El desarrollo científico y doctrinario del principio
pro víctima, su coherencia y
pertinencia, contribuirá eficientemente a la solución de los
actuales conflictos jurídicos.
Técnica: Antes de esta problemática, motivo de la investigación
se torna necesaria la
implementación de estrategias jurídicas para lograr un cabal
conocimiento y aplicación del derecho
a la verdad procesal a favor de la víctima.
Social: Los conflictos jurídicos generan un fuerte impacto
social, por lo que el presente
trabajo contribuirá a fomentar la seguridad jurídica mediante el
análisis y estudio del derecho a la
verdad procesal.
Institucional: Esta investigación se encuentra en las líneas de
investigación del área
humanística de la Universidad Central del Ecuador, que se dirige
al desarrollo integral de la
persona y del buen vivir estratégico del Estado.
Originalidad: La presente investigación es original porque
aborda un tema innovador que
gira entorno a un principio procesal constitucional de gran
importancia que no ha sido tratado de
manera global y con enfoque práctico que en este estudio se le
va a dar.
Impacto: Cabe recalcar que el tema propuesto posee gran impacto
social por encontrarse
previsto dentro del Mandato Constitucional; y, por ser parte de
la revolución normativa que se
encamina a consolidar el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia.
Beneficiarios: Los principales beneficiarios son los usuarios de
la Administración de
Justicia, principalmente las personas que cumplen el rol de
víctimas; porque la presente
investigación se encamina a brindar una justicia oportuna,
diligente, veraz y proba.
-
12
CAPÍTULO II
2. MARCO GENERAL
Hablar de la víctima dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional,
resulta incursionar dentro
de una nueva ola político criminal, propia del Derecho Moderno
empapado de los imperecederos
principios del alto garantismo Constitucional y de los precepto
del Neoconstitucionalismo, que
coloca a la víctima -en particular- y en general al ser humano
en el centro de la actividad
legislativa.
Este re aparecimiento de la víctima en el escenario procesa
penal, no es gratuito, se debe al
gran impulso mundial -dado por la Comunidad de Naciones- de una
reivindicación de los grupos
marginados de la Administración de Justicia, dando voz, a
quienes no pueden hablar (participar) en
la sustanciación del proceso.
Si bien es cierto, la víctima estuvo presente en los comienzos,
dentro del Derecho Procesal
Antiguo, cuando reinaban la composición, como forma común de
solución de los conflictos
sociales, y el sistema acusatorio privado, como forma principal
de la persecución penal, su caminar
histórico ha estado marcado por visibles presencias y visibles
ausencias.
La presencia significativa de la víctima en el otorgamiento de
justicia, en primera instancia,
dentro de una justicia primitiva, se viabilizó a través de la
venganza privada, cuando la víctima
tomaba, literalmente, la justicia entre sus manos, y por sí y
ante sí hacia justicia.
Más adelante, la víctima fue retirada de ese pedestal,
abruptamente, por la inquisición, que
expropió todas sus facultades, al crear la persecución penal
pública, desplazando por completo la
eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento penal, y al
transformar todo el sistema penal en un
instrumento del control estatal directo sobre los súbditos, así
nace el poder punitivo del Estado y el
monopolio de investigación criminal estatal.
Se traspasa el dolor particular de la víctima, al dolor
colectivo, razón por la cual, toda la
sociedad políticamente organizada -el Estado- clama justicia; ya
no importa el daño real, concreto y
singularizado producido en particular a la víctima, se magnifica
el daño de tal manera que todas y
todos resultamos ser víctimas, y por lo tanto exigimos se haga
justicia. Como resulta imposible que
todas y todos acudamos ante la Administración de Justicia, el
Fiscal, en nombre y representación
de todas y todos, comparece al órgano judicial, a clamar
justicia.
-
13
Directamente invisibilizando a la víctima, marginalizándola y
dejándola en absoluta
indefensión. Debido a la estatización del conflicto penal, la
restitución del daño sufrido se resume
en el cumplimiento de la pena estatal dada, sin reparar de forma
alguna el daño irrogado a la
víctima.
De hecho, la víctima pasó de ser la piedra del Sistema Penal al
justificativo para la
realización de la justicia en los nacientes Estados, más
adelante, en la Edad Media y posteriormente
en la Edad Moderna, la víctima ocupó un segundo plano. La
reparación desapareció y quedó sólo
como objeto de la disputa entre intereses privados, el Derecho
penal no incluyó a la víctima ni a la
restitución del daño, entre sus fines y tareas, y el Derecho
Procesal Penal sólo le reservó a la
víctima, un papel secundario y penoso, el de informar para
conocimiento de la verdad.
El destierro de la víctima del proceso penal es evidente, su
marginalidad se enquistó tanto
en la Administración de Justicia, que resulta casi imposible su
readmisión en el quehacer jurídico,
pese a los visibles y plausibles esfuerzos ensayados en los
paradigmas estatales desarrollados en la
Edad Contemporánea.
Se habla, por ello, de una expropiación de los derechos de la
víctima, que el mismo Estado
Social de Derechos se encargó de legitimar, junto a la
Constitución Política de 1998, al hacer del
Estado el portador del monopolio legítimo del poder punitivo,
bajo el emblema del bien común.
Desde entonces y hasta la actualidad, el Estado cuida con
elemental paternalismo estatal;
los derechos y las garantías procesales de la víctima,
reduciendo al proceso penal a la dicotomía
Estado-procesado; esquema que debe ser revisado de manera
urgente.
El derecho a la verdad, al igual que los derechos y garantías de
las partes procesales tiene el
propósito de establecer una relación más justa -equitativa y en
igualdad de armas- entre las partes
procesales, visibilizando a las necesidades colectivas y
personales de los usuarios de la
Administración de Justicia, sin desmerecer alegación alguna, y
más bien refiriéndose a cada una de
ellas de manera palpable en las sentencias, resoluciones y
fallos.
La consecución de la justicia, demanda la inclusión de todas las
partes procesales, pero
principalmente de las directamente afectadas, la víctima y el
procesado; debido a la exclusión de la
víctima, y a su inactividad procesal resulta necesaria su
presencia, dado que el procesado ya goza
de la atención -incluso extrema- de la Administración de
Justicia, basta recordar los chorros de tinta
que al respecto se han invertido, pero en cuanto a la víctima,
existe una deuda pendiente que se
traduce en su indefensión y alta marginalidad.
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14
2.1. MARCO REFERENCIAL
Luis Ferrajoli, (2008, p. 14), argumenta: “Podemos resaltar una
clara diferencia entre
Estado de Derecho y Estado Constitucional; un Estado
Constitucional implica un Estado de
Derecho, pero no todo Estado de Derecho implica necesariamente
un Estado Constitucional”. Con
lo cual se deja en claro la evidente evolución que sufrió
nuestro Estado ecuatoriano, pasando del
paradigma estatal de Estado Social de Derecho (a la luz de la
Constitución Política de 1998) ha
Estado Constitucional de Derechos y Justicia (al amparo de la
Constitución de la República del
Ecuador 2008), en el cual, se procura la vigorización de los
legítimos derechos humanos,
constitucionales y legales de las partes procesales y su real
concreción práctica.
Es más, el actual paradigma constitucional, altamente
garantista, lleva a buscar la verdad de
un hecho que produce consecuencias jurídicas, en un espacio y
tiempo determinado, sobre todo,
dentro del Derecho Procesal Penal esta búsqueda se basa en la
indagación de la verdad con base a
los principios de la triada jurídica: justicia, seguridad
jurídica y equidad, en el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, no solo se busca la
verdad con fundamento en la referida
triada, sino además con el auxilio de la Ciencias Forenses y sus
métodos.
Las normas jurídicas del derecho de los derechos humanos deben
ser interpretadas y
aplicadas teniendo siempre presentes las necesidades apremiantes
de protección de las
víctimas, y reclamando, de ese modo, la humanización de los
postulados del derecho público
clásico. (Henderson, 2008, p. 87).
La verdad es la base de la justicia y debe surgir por el proceso
o procedimiento no se
permite a cualquier precio de tal suerte si se rompe el orden
público o derechos fundamentales
invadiendo la esfera de otros derechos individuales, simplemente
carece de validez. De tal suerte
que, para alcanzar la verdad se debe realizar un minucioso
proceso de inclusión de las partes
procesales en el proceso, la participación proactiva y el
empoderamiento del proceso investigativo
certifica que la verdad estructurada en la Instrucción Fiscal va
a servir de base en el proceso penal,
dando paso a un adecuado juzgamiento.
Para ello se debe tener presente que el principio pro víctima es
un criterio hermenéutico que
informa todo el derecho internacional de los derechos humanos,
en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más
extensiva, cuando se trata de
reconocer sus legítimos derechos, e inversamente, a la norma o a
la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de sus
derechos o su suspensión extraordinaria (Pinto, 1997, p.
163).
-
15
Es más, el actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia,
garantiza a ultranza que la
indagación de la noticia críminis es un proceso técnico
incluyente por excelencia de las partes
procesales; permitiendo -con amplitud sobrada- que cada una
intervenga en la estructuración de la
esquiva verdad.
“En plena correspondencia con el principio pro víctima, la norma
constitucional asigna un
capítulo específico a los derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria” (Gargarella,
1999, p. 21).
Ante tal escenario resulta de antología que la Fiscalía General
del Estado persista en
marginar y/o cosificar a la víctima bajo la argumentación de
impedir su revictimización,
indefensión o vulneración de sus legítimos derechos humanos,
constitucionales y legales.
Basta recordar que la sobreprotección resulta ser discriminante
porque al final se tiende a
creer que la víctima es objeto de cuidado y no sujeto de
derechos.
2.1.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El marco teórico de la presente investigación se encuentra
claramente puntualizado en la
bibliografía y en la linkografía, donde se establece en orden
alfabético los textos y links
referenciados en las citas analizadas.
En lo que respecta al marco conceptual, cabe manifestar que el
mismo fue nutrido por las
aportaciones plausibles realizadas por juristas nacionales e
internacionales, quienes aúnan
esfuerzos para conceptualizar las particularidades del
tema-problema analizado.
2.1.2. MARCO LEGAL Y SITUACIONAL
El marco legal, se sustenta en Tratados Internacionales de
amplia difusión, que responden
a un trabajo denodado de la Comunidad Internacional, misma que
se afana en tutelar, proteger y
cuidar los legítimos derechos y garantías de las partes
procesales, bajo el amparo de los principios
universales como: el pro homine, pro víctima, igualdad de
armas.
Así también descansa en amplias disposiciones garantistas de la
Constitución de la
República del Ecuador y de normas legales trascendentales como
el Código Orgánico Integral
Penal.
-
16
El marco situacional descansa en la lacerante realidad procesal
de alta marginalidad e
indefensión de las víctimas que nos lleva a asegurar con total
puntualidad que el procedimiento
penal, se muestra imparcial y recargado a favor del
procesado.
2.1.3. TRABAJOS PREVIOS
Del tema/problema planteado existe un significativo número de
trabajos previos, cuyo
tratamiento, análisis y abordaje se realizará precisamente
dentro del presente capítulo.
Tesis:
Escudero Soliz, Jhoel (2008). El emergente derecho a la verdad y
su problemático
reconocimiento. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
En esta investigación se
realiza una investigación sobre el problemático reconocimiento
del emergente Derecho a la
Verdad. Igualmente, se estudia el Sistema Interamericano de los
Derechos Humanos como parte de
la lucha contra la impunidad causada por dictaduras,
autoritarismos y estados de sitio en las
transiciones a la democracia en la región latinoamericana. Los
principales obstáculos jurídicos a la
hora de incorporar el Derecho a la Verdad han sido las leyes de
amnistía, de punto final y de
obediencia debida creadas para perdonar a los responsables de
graves violaciones de los Derechos
Humanos. Para identificar la tensión del Derecho a la Verdad con
los sistemas de justicia internos,
se revisan los fundamentos de los principios de legalidad y
oportunamente se exponen las posturas
de la prohibición de la doble imputación non bis in ídem, así
como las características de la cosa
juzgada. De esta manera, la presente tesis tiene como objetivo
responder el siguiente
cuestionamiento ¿Son los principios de cosa juzgada, non bis in
ídem y legalidad una restricción al
emergente Derecho a la Verdad? Con el desarrollo del Derecho a
la Verdad se busca ampliar el
significado tradicional del derecho penal, en relación con las
víctimas, el cual basa su desarrollo
principalmente en la validez de la norma penal y en el principio
in dubio pro reo. El propósito del
Derecho a la Verdad es generar la igualdad procesal entre las
partes sometidas a un litigio penal,
con el objeto de que rija por el principio pro homine, en el
desarrollo del Estado Constitucional de
Derechos y Justicia.
Maturana Miquel, Cristián (2011).La averiguación de la verdad
como finalidad del
proceso penal. Universidad de Chile. En este estudio se
establece que, la verdad es una de las
cuestiones más debatidas a lo largo de la historia, no solamente
en el ámbito jurídico, sino también
filosófico, político y social. De allí que la reflexión sobre lo
que involucra la verdad constituye una
vieja controversia que es posible remontarla a la discusión
sostenida hace más de dos mil años,
entre Poncio Pilatos y Jesús. La idea de que la verdad no es
obtenida de una vez y por siempre, sino
-
17
que es discutible en la medida que se construye fruto de un
proceso, es compartida por la teoría
pragmática de la verdad. Concepción que tiene entre sus máximos
exponentes a William James,
quien instaura la utilidad como eje central. De forma que un
enunciado será verdadero si funciona
en la práctica o si es eficaz para solucionar los problemas y
satisfacer las necesidades.
Olivera Astete, Jean Franco (2014).La verdad como forma de
reparación en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos y
su aplicación a la transición
peruana. Pontificia Universidad Católica del Perú.- En esta
investigación se establece que las
sociedades que han superado regímenes dictatoriales o conflictos
armados en los cuales se
cometieron graves violaciones a los derechos humanos presentan
dificultades para su regulación
desde el Derecho. Ello se debe a que estas sociedades suelen
carecer de instituciones fuertes,
producto de los hechos ocurridos, por lo que legislar e
implementar las normas y políticas públicas
necesarias para poder superar la situación en la que se
encuentran es una tarea compleja. Desde el
Derecho existen dos acciones que usualmente son prioritarias: i)
el juzgamiento de las graves
violaciones a los derechos humanos y ii) adoptar una legislación
adecuada que genere políticas
públicas para poder superar las circunstancias adversas en la
que estas sociedades se encuentran y
se pueda alcanzar la paz. De esta manera, el Derecho en
sociedades en transición se relaciona con
los objetivos de la justicia transicional como la búsqueda de la
verdad, el juzgamiento de las
violaciones de derechos humanos, las reparaciones y las
garantías de no repetición. Por ello, si bien
la justicia transicional surgió como una respuesta frente a
algunas limitaciones de la justicia
ordinaria, hoy en día, producto de la evolución en los
estándares de derechos humanos, se
considera que deben ser áreas complementarias y no excluyentes.
Esta interrelación entre Derecho
y justicia transicional ha sido desarrollada en algunos
tribunales internacionales de derechos
humanos, especialmente por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Así, la Corte
Interamericana ha desarrollado una serie de obligaciones que los
Estados deben cumplir en
situaciones de transición. En ese sentido, dado el carácter
vinculante de su jurisprudencia y el
control de convencionalidad que deben aplicar todos los órganos
de los Estados partes de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias de
este tribunal sirven como guías
de obligatorio cumplimiento para los procesos de transición de
dichos Estados. Una de estas
obligaciones para las sociedades en transición es la búsqueda de
la verdad, es decir, conocer los
hechos ocurridos durante el periodo de graves violaciones a los
derechos humanos, tema que ha
sido recogido por las ciencias jurídicas formulándose un derecho
a la verdad.
Poveda Moreno, Carlos Hernán (2014). La verdad como derecho
constitucional en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano. Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador. En la
presente investigación se establece que las sociedades desde sus
inicios se han preocupado por
entender y comprender determinados fenómenos sean estos físicos,
sociales o biológicos, con lo
-
18
cual interviene el raciocinio del ser humano que se preocupa por
dar un significado a todas estas
manifestaciones. La preocupación se genera en admitir un acto o
un hecho como algo valedero que
sea aceptado por todos los congéneres, para que tenga una
categoría de admisibilidad y si bien se
discuta su presencia, ésta sea al menos considerada por una
mayoría. Así empieza la existencia de
la verdad que tiene significados variados dependiendo de su
origen semántico, pero que todos ellos
empiezan por desentrañar la esencia de un objeto o de una
exteriorización, pero a la vez son
condiciones de convivencia social y hasta una forma de alcanzar
la libertad. Claro está, que el ideal
filosófico es precisamente que exista una correspondencia entre
la concepción humana y el objeto
que se analiza; pero este esfuerzo no es fácil, al contrario,
dependerá inclusive del criterio subjetivo
de cada individuo. Surge con preeminencia ante las situaciones
difíciles en el campo jurídico, la
imperiosa necesidad de ser avalada a través de una resolución
que se plasma al final de una
investigación; estatus que se configura en un decisión que
declara oficialmente un hecho. Por este
motivo, la verdad procesal es materia de un análisis, pero a la
vez la forma en la que se arriba debe
tener despliegues importantes para generar igualdad y equidad de
los sujetos procesales para
acceder a través de la prueba y mantener una condición de
lealtad y transparencia. Este esfuerzo
investigativo, devela la misteriosa verdad, aterriza en una
condición jurídica y se asienta en la
realidad diaria de la prueba, para encontrar en este escenario
la paz y conciliación social.
Doctrina:
Ferrajoli, Luigi (2006). “Sobre los derechos fundamentales y sus
garantías”. México:
Edit. CNDH, traducción de Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y
Gerardo Pisarello. De esta obra
me interesó principalmente el Capítulo Primero que habla sobre
la incidencia normativa de los
derechos fundamentales y cómo las garantías constitucionales, en
la actualidad, se constituyen en
los vehículos para viabilizarlos dentro de la Administración de
Justicia.
Ferrajoli, Luigi (2008). “Democracia y garantismo”. Madrid –
España: Edit. Miguel
Carbonell. En esta obra, destaca por su relevancia el Capítulo
Segundo, que trata sobre el
garantismo, puesto que se establece que, las normas
constitucionales modernas, se encuentran
diseñadas a robustecer derechos antes concebidos pero no
aplicados.
Ferrajoli, Luigi (2006). “Sobre los derechos fundamentales y sus
garantías”. México:
Edit. CNDH, traducción de Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y
Gerardo Pisarello. El primer
capítulo de esta obra ocupó mi atención, debido a que determina
la necesidad de que los operadores
judiciales aborden en sus fallos los derechos fundamentales de
las personas.
-
19
Ferrajoli, Luigi (2001). “Derechos y Garantías, la ley del más
débil”. Madrid – España:
Editorial Trotta. El capítulo segundo de esta obra destaca
enormemente, porque establece como la
Administración de Justicia debe adecuarse a las necesidades de
la parte procesal más débil -la
víctima-.
García, Alfonso (2001). “Temas procesales”. Medellín – Colombia:
Edit. Centro de
Estudios del Derecho Procesal. El capítulo primero de esta obra,
es trascendental para la presente
investigación porque expone la importancia de la verdad
procesal.
2.1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Por razones didácticas pasamos a definir los términos básicos
empleados dentro del
presente estudio, de la siguiente manera:
CONSTITUCIÓN: “Norma suprema de mayor jerarquía” (Nieto, 2008,
p. 30).
CRIMINALISTA: “Autor o jurista dedicado al estudio de las
materias criminales, y el Abogado
que se consagra a asuntos de esta naturaleza” (Nieto, 2008, p.
41).
CULPABLE: “Autor de mala acción. Responsable de un delito o
falta” (Nieto, 2008, p. 57).
CULPABILIDAD: “Calidad de culpable, de responsable de un mal o
de un daño. Imputación de
delito o falta, a quien resulta agente de una u otra, para
exigir la correspondiente responsabilidad
tanto civil como penal” (Nieto, 2008, p. 89).
DELITO:
El concepto de delito es parte capital del Derecho Penal y ha
ocupado siempre un
importante papel en su Parte General. Ello porque la adecuada
construcción dogmática
del mismo es esencial para la calidad científica del Derecho
Penal, para la adecuada
configuración de las garantías que éste ha de proporcionar con
relación a los derechos y a
la seguridad jurídica de los ciudadanos y para el valor
instrumental de la Parte General
con respecto a la Especial. La teoría del delito recoge, de este
modo, lo que de universal y
común tienen las infracciones penales en particular y lo que los
distingue de otros entes
jurídicos (Nieto, 2008, p. 102).
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20
DELINCUENCIA: Criminalidad o conjunto de delitos clasificados,
con fines sociológicos y
estadísticos, según el lugar, tiempo o especialidad que se
señale, o la totalidad de las infracciones
penadas” (Nieto, 2008, p. 115).
DERECHO:
Etimológicamente, la palabra «derecho» deriva de la voz latina
«directus», que significa
lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo, para mencionar la
realidad que nosotros
llamamos derecho, los romanos empleaban la voz «ius». La palabra
derecho puede
tomarse en tres acepciones distintas. En primer lugar, designa
el conjunto de normas o
reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya
inobservancia está sancionada:
Derecho objetivo. En segundo lugar, designa esta palabra las
facultades pertenecientes al
individuo, un poder del individuo: Derecho subjetivo. En tercer
lugar, el derecho como
equivalente a justicia, como portador del valor justicia (Nieto,
2008, p. 123).
DERECHO PENAL:
Este se encarga del estudio de las normas y disposiciones
jurídicas, que regulan el
ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado. La
Psicología Jurídica, considera
que las personas que cometen un delito lo deben a una alteración
psíquica de la
personalidad (Nieto, 2008, p. 131).
DERECHOS HUMANOS: Derechos y libertades que se encaminan en el
más alto escalón de la
jerarquía normativa (Nieto, 2008, p. 147).
DERECHO A DECLARAR LIBREMENTE:
No sólo es la facultad de declarar sin presión, ni malos tratos,
tratos humillantes
degradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta
manera son ilícitas. En ese
sentido, estas concesiones o testimonios inconstitucionales,
producen la nulidad de un
proceso, sin perjuicio de la indemnización de las víctimas
(Nieto, 2008, p. 149).
DERECHO A LA CERTEZA: Es el derecho de todo procesado a que las
sentencias o resoluciones
estén motivadas, es decir, que haya un razonamiento jurídico
explícito entre los hechos y las leyes
que se aplican (Nieto, 2008, p. 154).
-
21
DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: “Se funda en el principio
del indubio pro
homine en virtud del cual, a la persona humana se le presume
inocente mientras la autoridad no le
haya demostrado su culpabilidad judicialmente” (Nieto, 2008, p.
160).
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: “Conjunto de declaraciones, medios y
recursos con que
los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o
ciudadanos del disfrute y ejercicio de
los derechos públicos y privados fundamentales que se les
reconoce” (Nieto, 2008, p. 161).
IMPUTADO: “Individuo a quien cabe atribuirle un delito por la
conciencia, voluntad y lucidez con
que ha obrado” (Nieto, 2008, p. 170).
INDUBIO PRO REO:
Es un derecho del justiciable para que el juez interprete la
norma a su favor, en aquellos
casos en los que una nueva ley favorezca al reo, a pesar de
haberse iniciado el proceso en
función de una ley anterior que estaba vigente al momento de
someterse la infracción. En
este supuesto, el juez por humanidad y justicia interpreta que
debe aplicar la ley
retroactivamente, siempre que la segunda ley sea más benigna que
la primera (Nieto,
2008, p. 176).
JUEZ: “El que posee autoridad al instruir, tramitar, juzgar,
sentenciar y ejecutar el fallo en un
pleito o causa” (Nieto, 2008, p. 178).
JUSTICIA: “Virtud que inclina a dar a cada uno lo suyo” (Nieto,
2008, p. 180).
PROCESO PENAL: “Es un proceso jurídico humano, provocado y
orientado por humanos,
protagonizado por humanos, donde siempre está presente la fase
negativa de la sociedad en donde
toda la humanidad está involucrada por lo que se llama la
responsabilidad compartida” (Nieto,
2008, p. 185).
RESPONSABILIDAD: “Obligación de reparar y satisfacer por uno
mismo o en ocasiones
especiales, por otro lado, la pérdida causa el mal inferido o el
daño originado” (Nieto, 2008, p.
189).
TRIBUNAL: “Conjunto de Jueces o magistrados que administran
colegiadamente justicia en un
proceso o instancia” (Nieto, 2008, p. 192).
-
22
2.2. DIAGNÓSTICO: REALIDAD CONTEXTUAL
El diagnóstico de la realidad la realizamos de manera
contextual:
Macro.- Dentro de la presente investigación, se pretende
realizar un amplio estudio nacional
sobre la viabilidad del derecho procesal a la verdad, concebido
como la
oportunidad irrestricta de la participación activa, dinámica,
oportuna y en igualdad
de armas de la víctima dentro del proceso penal de principio a
fin. Para lo cual,
resulta prioritario analizar aplicación de las innovaciones
legales introducidas al
Código Orgánico Integral Penal referentes al derecho a la
verdad; para lo cual se
procederá a revisar la Constitución de la República del Ecuador
2008, como Norma
Suprema gestora de la transformación del Ordenamiento Jurídico
Nacional; sobre
todo a las normas legales que directamente viabilizan los
derechos humanos,
constitucionales y legales de la víctima; y que dan sustento a
los principios
universales pro homine, pro víctima y pro equidad procesal,
etc.
Meso.- En el presente estudio se analizará el derecho a la
verdad procesal tipificado dentro
del Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador de
2008, a fin de
conocer cómo el nuevo paradigma estatal, Constitucional de
Derechos y Justicia
encamina sus esfuerzos en pro de los derechos de la víctima a
tono con la nueva
visión altamente garantista que coloca al ser humano en el
centro de la actividad
legislativa, instaurada por el Neoconstitucionalismo regional y
mundial.
Micro.- Debido a que lamentablemente en el Distrito
Metropolitano de Quito, durante el
último semestre del año 2015, se ha presentado un significativo
número de
violaciones al derecho a la verdad procesal, se considera
prudente realizar la
presente investigación para analizar cómo estas denuncias son
tramitadas dentro de
la Administración de Justicia, y cómo los operadores y
administradores de justicia
encaminan sus esfuerzos para darles viabilidad.
2.3. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA
En la actualidad se busca una revisión técnica al derecho a la
verdad procesal, que ampara
a la víctima, dentro del proceso penal instaurado por el Estado
Constitucional de Derechos y
Justicia, toda vez que el mismo es irrespetado por los
administradores, operadores y funcionarios
judiciales, por su marcado desconocimiento y alta
negligencia.
-
23
A pesar que, desde el lejano Derecho Antiguo, la víctima tenía
un papel preponderante en
la sustanciación de las causas, al punto que, cuando se decidía
poner en marcha los organismos
colectivos de resolución de conflictos, su opinión trazaba la
vía de la reparación, su opinión era tan
trascendental que de ella dependía el rumbo que iba a tomar la
justicia. Lamentablemente, con la
aparición de la persecución penal pública o estatal en el siglo
XIII se provocó la exclusión de uno
de los protagonistas del conflicto más importante: la
víctima.
En palabras de Cancio Meliá, Manuel (1998, p. 9), “la víctima
vive un papel marginal,
confinada a una consideración puntual como “sujeto pasivo” o
incluso como “objeto material” del
delito”. Es que el Derecho Procesal Penal moderno ha generado la
“neutralización de la víctima”
(Hassemer, 1984, p. 70). Dicho autor en la misma obra señala más
adelante: “El Derecho Penal está
orientado hacia el autor de delito”(Cancio, 1998, p. 89),
desinteresándose de la víctima, en el
momento en el que la satisfacción del sujeto lesionado es
sustituida por la retribución de un hecho
injusto.
Desde la Inquisición, el conflicto dejó de ser paralelo, -inter
partes- de tener dos partes para
convertirse en un triángulo, cuya base (víctima) se invisibilizó
en el afán de encontrar la verdad.
Esa búsqueda de la verdad también se vio afectada en el modo de
obtenerla; hasta antes de la
configuración del triángulo, la lucha entre la víctima y el
victimario, fue el paradigma, después, lo
fue la investigación realizada por la Fiscalía General del
Estado, a nombre y representación del
soberano: Estado Constitucional de Derechos y Justicia
(Zaffaroni, 2000, p. 249).
Para Zaffaroni (2000, p. 250):
La inquisitio en el ámbito procesal (y como método de
conocimiento) se instaló primero
en la burocratización de la Iglesia, cuando ésta se jerarquizó
como consecuencia de su
romanización; en los siglos posteriores fue acentuando la
autoridad de la burocracia
respecto del resto de los creyentes, hasta culminar en un
apoderamiento total del saber -y
del poder- por parte de la misma, que ejercía controlando
cualquier heterodoxia (herejía)
mediante el Santo Oficio. De esta forma inauguró un método de
conocimiento y de poder
propio de una sociedad corporativa y jerarquizada que, desde
entonces y hasta el presente,
habrá de ser asumido por todos los que ejercen o pretenden
ejercer el poder dentro de
cualquier sociedad con esas características.
Es así que la lucha cesa en el siglo XIII, para dar paso a la
inquisitio o investigación, cuya
principal característica fue la confiscación de la víctima. El
conflicto es objeto de una confiscación
estatal, en la cual la víctima pierde toda capacidad de
decisión. La confiscación es unilateral y no
apareja indemnizaciones públicas a favor de la víctima.
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Tal confiscación no eliminó el conflicto, más bien se constituye
se constituye en la causa
de nuevos conflictos conexos o derivados del conflicto original
entre la víctima y terceros.
La víctima como ser lesionado en sus derechos desaparece para
convertirse en una excusa
para que el Estado pueda ejercer a gusto y placer su poder
punitivo; inclusive en ciertas ocasiones
de manera desmedida. De hecho, los casos que más impactan a la
sociedad, debido a la alta
difusión de los medios de comunicación, suelen con frecuencia,
decidirse de manera injusta, basta
recordar los operativos policiales donde se detienen a cien
personas, de las cuales apenas cinco
tienen relación con el acto injusto, con lo cual, se desperdicia
impunemente recursos humanos,
económicos y logísticos.
El utilizar al Derecho Procesal Penal como herramienta de
control social es un craso error,
porque lleva a la alta criminalización, posición antagónica del
Estado Constitucional de Derechos y
Justicia. Es por esta razón que la sociedad en su conjunto,
suele con frecuencia, aceptar con
beneplácito la posibilidad de restituir penas capitales como la
pena de muerte, a la sazón de
aumentar la seguridad colectiva, sin llegar a comprender que la
violencia trae consigo más
violencia.
Las estadísticas también animan al colectivo social a solicitar
medidas sancionadoras
extremas, de hecho, más de un politiquero hace de la política
criminal su mayor trinchera para
cosechar victorias electorales.
Por lo establecido, resulta que el procesado llama más la
atención que la víctima, a la
sociedad le interesa -con atención morbosa- qué es del
procesado, antes que de la víctima, por lo
que, esta última suele quedarse al margen del proceso indefensa.
Es hora de introducir en los
cuerpos normativos y en las prácticas de los operadores de
justicia principios victimológicos, que
constituyan la base para el regreso, participación y
empoderamiento de la víctima, para ello es
necesario utilizar la verdad como método de búsqueda de la
justicia, haciendo que el Sistema
Procesal Penal no solo constituye una limitación al desborde del
poder punitivo del Estado, sino
que además sea la garantía al replanteo de un nuevo Sistema
Procesal Penal dirigido a la real
satisfacción de los intereses y derechos de las víctimas, a
efecto de que sean consideradas como
personas poseedoras de derechos humanos, constitucionales y
legales, y no meras pruebas que dan
razón de lo sucedido.
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TÍTULO I
EL DERECHO A LA VERDAD
“El sistema penal no solo recibe víctimas; también las produce”
(Pásara, 2015, p. 317); el
Sistema Procesal Penal ecuatoriano, por reiteradas ocasiones ha
abordado la universalidad del
procesado desinteresándose visiblemente por la víctima, so
pretexto de edificar las bases de una
operante política criminal tendiente a la rehabilitación y
reinserción social del posible culpable del
acto injusto. Quedando relegada a un triste segundo plano la
víctima.
DEFINICIÓN
Como es posible advertir, establecer un concepto de verdad no
constituye una tarea fácil,
ya que la discusión sobre la verdad se inserta en un ámbito
mayor a lo meramente normativo,
involucrando la epistemología, la lógica, la ética, entre otras
ramas (Cociña, 2011, p. 16). La
verdad y su dimensión ha sido caldo de cultivo de tendencias
filosóficas, morales, éticas,
axiológicas e incluso teológicas, de allí lo supremamente
difícil de puntualizar una definición
valedera para todos los ámbitos, en líneas anteriores referidas,
razón por la cual, en este subtítulo se
tratará de definir a la verdad en el mundo de las Ciencias del
Derecho.
La complejidad que alcanza en esta materia la verdad, queda
demostrada en las más
diversas acepciones que al respecto se vierten:
Platón concibe a la verdad equiparada a la realidad, es decir,
la identificaba con aquello que
persiste por debajo de las apariencias, esto es, ese orden
dialéctico esencial permanente que se
traduce en el entendimiento comprendido como la capacidad del
alma, es verdad lo que existe en el
mundo de los objetos (Cociña, 2011, p. 10). Definición que se
puede simplificar de la siguiente
manera: la verdad es igual a la idea del objeto que existe en el
mundo de las cosas.
Aristóteles, concibe a la verdad como propiedad de las
proposiciones (Cociña, 2011, p. 10).
Es decir, que la verdad no existe por sí solo porque requiere de
la existencia del objeto del
conocimiento y que además, la verdad, es uno de los tantos
atributos del objeto del conocimiento.
Los sofistas propusieron que el cimiento de la verdad se
encontraba en la experiencia y en
la convención social del discurso, en el sentido de que ésta se
hallaba relacionada directamente con
el lenguaje y las palabras (Cociña, 2011, p. 10). Esta noción,
ha sido tenida en cuenta hasta hoy en
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día, en la medida de que la verdad se determina acorde a un
contexto social y dentro de un lenguaje
dado por una comunidad lingüística específica.
Tiempo después, René Descartes nos llevaría a un estadio
superior, al establecer que, la
verdad requiere de evidencias, así lo puntualiza en su célebre
frase: “Pienso, luego existo”. Más
adelante, quien instituyó un cambio radical fue Inmanuel Kant al
advertir que verdad es todo
aquello que produce un cambio sensorial. Ya que, Kant identificó
la verdad con el acuerdo del
pensamiento y con los códigos esenciales de la razón
(símbolos).
Entre los intentos de establecer la adecuada dimensión de la
verdad dentro del Sistema
Procesal, Taruffo (2002, p. 168), manifiesta que la misma está
encaminada a “…establecer qué
puede entenderse por verdad de los hechos en el ámbito de
proceso y cuándo, en qué condiciones y
mediante qué medios aquélla puede alcanzarse”. Por lo tanto
queda claro que, la verdad que se
busca encontrar es la acaecida en el acto injusto, para ello,
requiere de un adecuado proceso
indagatorio que con amplias garantías permita responder a
puntuales interrogantes: ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿por quién?, ¿por qué?, ¿con qué medios?, etc.
Particularmente, cuando se analiza la verdad en el contexto
judicial, se abre un acalorado
debate doctrinario entre quienes manifiestan que ésta reside en
el plano fáctico (real), y aquellos
que establecen que la verdad se encuentra en el juicio dentro
del proceso, de allí el aforismo legal
que dice “lo que no existe en el proceso, no existe en el
universo”.
Controversia que se sintetiza de la siguiente manera:
Denominando a la primera verdad material o histórica al atenerse
a la realidad; y
designando a la segunda, verdad formal, en la medida que en el
proceso sólo se obtendría lo
que se pudo probar, según los tiempos y las formas procesales
existentes. Por eso, la verdad
histórica se asocia con la indagación de lo sucedido sin límite
alguno, en el entendido de
que la meta es alcanzar un resultado que sea fiel reflejo de lo
acontecido; mientras que la
verdad judicial, se atiene a una concepción menos estricta, al
establecer como verdadero
aquello que se pudo probar en el juicio, considerando las
restricciones de tiempo, de
recursos, de la misma naturaleza humana y las limitaciones que
impone el Ordenamiento
Jurídico (Cociña, 2011, p. 18).
Por lo tanto, y de manera concluyente la verdad fáctica se
evidencia a través de la
indagación del delito, en la primera Etapa del proceso penal,
mientras que la verdad procesal, se
establece mediante la práctica de pruebas, en las subsiguientes
Etapas procesales.
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FUNDAMENTO
Para responder a la interrogante de ¿cómo se fundamenta la
verdad en el proceso penal?
basta con citar a Luigi Ferrajoli (2001, p. 66), quien asevera
que “…la correspondencia más o
menos argumentada y aproximada de las proposiciones de las que
se predica con la realidad
objetiva, en el proceso viene constituida por los hechos
juzgados y por las normas aplicadas”. De
esta manera la verdad se ve exteriorizada a través de los
fundamentos y la motivación dada en las
resoluciones, fallos y sentencias emitidas por el Juez de
Garantías Penales.
Se requiere para tal evento la correspondencia de la verdad
fática con la verdad histórica, es
decir la consolidación plena de los hechos investigados o
indagados (verdad fática) con los hechos
probados en juicio (verdad histórica).De esta forma, la verdad
en el proceso penal se configura por
la correspondencia de lo fáctico con lo histórico. Una vez
esclarecida la verdad, compete al
ordenamiento punitivo determinar la justa sanción.
De acuerdo con Luigi Ferrajoli(2001, p. 68):
[…] la única justificación aceptable de las decisiones
judiciales -(resoluciones, fallos y/o
sentencias)- es la representada por la verdad de sus
presupuestos jurídicos y fácticos,
entendida la verdad precisamente en el sentido de
correspondencia lo más próxima posible
de la motivación con las normas aplicadas y los hechos juzgados.
Sólo si se refieren a la
verdad como correspondencia, los criterios de la coherencia y de
la aceptabilidad justificada
pueden en realidad impedir la prevaricación punitiva contra el
particular de intereses o
voluntades más o menos generales y vincular el juicio a la
estricta legalidad, o sea, a los
hechos empíricos previamente denotados por la ley como
punibles.
Pese a lo argumentado, se debe tener presente que, no es posible
alcanzar una verdad
última en el sistema punitivo, ni tampoco se puede afirmar que
una proposición sea absolutamente
cierta. De hecho, ni en las Ciencias Exactas es posible hablar
de verdades absolutas, menos será
posible establecerla dentro del proceso penal, puesto que el
modelo del que se nutre actualmente el
ordenamiento criminal y las restricciones que se erigen en pos
de las garantías de las personas, han
condicionado y limitado de tal modo el conocimiento de la
verdad, que únicamente se pueden
establecer verdades aproximadas. Sin embargo, es también
oportuno tener presente que esas
verdades aproximadas, son valederas dentro del Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, en
cuanto permiten que brille en todo su esplendor el alto
garantismo constitucional y los principios
imperecederos del Neoconstitucionalismo.
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Razón por la cual, en el campo jurídico:
[…] la verdad resulta determinada por esa estructura de
referencia que es el proceso y por
las reglas que lo regulan, y por tal razón no puede hablarse de
verdad más que en términos
de relatividad, nunca de absolutez…Toda verdad es siempre
relativa y, por lo tanto, no
existen razones para descartar de plano la posibilidad práctica
de que en el proceso se arribe
a una verdad por el sólo hecho de estar condicionada por las
reglas que lo regulan y por no
ser, en consecuencia , una verdad absoluta (Ferrer, 2011, página
web).
En el proceso penal, la verdad se establece como la luz que
alumbra el camino de la
Administración de Justicia, un punto de referencia primordial
que guía al Ordenamiento Punitivo.
En resumidas cuentas, un ideal regulativo imprescindible que
permite darle sentido a la función de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el proceso penal como
sistema coherente con la justicia.
Por lo tanto se debe tener presente que, el proceso penal
consiste principalmente en una
relación jurídica que crea efectos jurídicos visibles, no
solamente respecto de las partes procesales,
sino también en la sociedad en su conjunto, otorgando una
decisión obligatoria para todos, en la
medida que es fruto de la normativa democráticamente estatuida.
Por consiguiente, el proceso
penal se instaura como la herramienta que el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia,
establece para la solución de conflictos de relevancia
jurídico-penal, constituyendo el único modo
legítimo de aplicación de la pena.
En este sentido, el proceso penal se traduce en el modo de
realización plena del Derecho
Penal Sustantivo y Adjetivo, o sea, en la exteriorización del
poder punitivo del Estado de manera
reglada, ya que se cimenta en reglas que buscan regular de la
mejor manera posible la respuesta
jurisdiccional frente a ciertos comportamientos que ocasionan
disputas en la comunidad.
Asimismo, el sistema penal es aplicación del Derecho
Constitucional, al regular las
garantías y los derechos que las partes procesales (víctima y
procesado), dando cabida a los
diversos intereses y bienes que la sociedad considera vitales
para su convivencia, y a su inversa,
instituyendo castigos frente a su violación.
Particularmente de la interconexión entre proceso penal y
solución de conflictos, se
desprende la función social que se le atribuye al Derecho, al
determinar las conductas de las
personas, motivándolas para actuar acorde a la normativa y
sancionándolas en caso de transgresión
de las garantías. En este sentido, la verdad conduce al Buen
Vivir, siempre y cuando sea el
producto irrestricto a los principios, reglas, valores y
garantías procesales.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Para determinar la connotación histórica de la verdad dentro del
quehacer jurídico es
necesario tener presente:
La distinción clásica que han realizado los más connotados
estudiosos de la materia,
distinguiendo por un lado el modelo inquisitivo y en su
oposición el sistema acusatorio,
como modelos teóricos puros, ello independientemente de que en
la mayoría de los países
rijan principalmente sistemas mixtos (Fernández, 2005, p.
120).
Razón por la cual, la evolución jurídica de la verdad, responde
irremediablemente al
Sistema Procesal bajo el cual se desarrolla el proceso penal;
por tanto, se debe recordar que el
primer Sistema Procesal Penal, respondía a la Santa Inquisición
y a la búsqueda de la verdad sin
límite alguno, de allí que se aceptara a la tortura como método
de investigación, tolerando
procedimientos que hoy serían considerados atentatorios a los
derechos humanos, constitucionales
y legales.
Este afán tan amplio, permitió que la indagación del delito sea
una verdadera cacería de
brujas, coherente con que el sistema inquisitivo, lo que se
buscaba era la verdad histórica, donde las
partes no jugaban un papel relevante al momento de establecer lo
probado, porque el sentido que
tiene el proceso penal es determinar lo que ocurrió,
independientemente de los costos personales y
sociales que significaba esa búsqueda.
Este modelo surgió en la Edad Media junto al Derecho Canónico
que perseguía imponer su
poder a través de un proceso escrito, secreto, de prueba legal
tasada y donde las funciones de
investigar, acusar y juzgar se reunían en un único órgano
(Cociña, 2011, p. 30).
Dada la excesiva concentración de funciones en una sola persona
-el juez-, llevó en la
práctica un sin fin de arbitrariedades, que con la llegada de la
Ilustración y con la Revolución
Francesa de 1789 se fueron atenuando, mientras las personas,
partes procesales se posicionaban
como sujetos de derechos y no como objetos.
Debido a la descrita evolución, se logra concretar la separación
de funciones hasta que
finalmente se instituye el Sistema Procesal Acusatorio. Tal
sistema, se caracteriza por la existencia
de un juicio oral y público donde la decisión proviene del juez
imparcial, que ya no está embestido
de la facultad de investigar y de acusar, sino únicamente debe
juzgar en base a las pruebas
presentadas en el proceso penal.
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En el Sistema Procesal Acusatorio las garantías individuales
toman fuerza en el proceso
penal; la averiguación de la verdad se persigue, pero no a
cualquier costo, porque la condena de un
individuo debe ser consecuencia de lo probado en el juicio y no
de meros prejuicios o apreciaciones
personales. En efecto, si no se logra demostrar que un sujeto
cometió un delito, él quedará absuelto
de los cargos, ya que la premisa fundamental de este régimen es
la presunción de inocencia
(Fernández, 2005, p. 121).
A tal punto que, la garantía de inocencia se convierte en el
derecho básico del Sistema
Acusatorio, razón por la cual es deber y obligación del Estado,
y en nuestro caso de la Fiscalía
General del Estado demostrar la culpabilidad del procesado,
siempre y cuando dentro del proceso
indagatorio se haya obtenido vestigios, evidencias y elementos
de convicción que justifiquen la
acusación fiscal.
Todo ello, porque en el actual Estado Constitucional de Derechos
y Justicia no se procura
únicamente impedir el castigo al inocente, sino se intenta que
el inocente no sea objeto de una
sanción que no merece. Por lo mismo, Luigi Ferrajoli (2001, p.
72) hace hincapié en que la
presunción de inocencia constituye una garantía de verdad, en la
medida que se instituye como
respaldo frente a la admisión como verdaderas de hipótesis
acusatorias dudosas.
Bajo esta línea Mercedes Fernández (2005, p. 121) establece que
la presunción de
inocencia tiene como objetivo:
[…] en
