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TRIBUTUM CEDETRI
Facultad de
Procedimiento de Fiscalización Tributaria
Agosto 2020
Derecho USMP N° 01
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CRÉDITOS
Consejo ConsultivoLorgio Moreno de la Cruz
Consejo DirectivoCarlos Benites SalasFranklin Tabaco
LópezRicardo Martínez VignoloMarialejandra Vengoa AchataGonzalo
Cholan Cárdenas
Comité Editorial Carol Sayaku Cueto GarcíaAlvaro Suarez
AlmercoFiorella Román MuñozJuanita Becerril CastilloFernanda
Saravia
DiagramaciónJessica Escalante Valencia
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EditorialEl Centro de Estudios de Derecho Tributario (CEDETRI)
está conformado por estudiantes de pregrado y egresados de la
Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Po-rres
(USMP). Desde su creación, el CEDETRI viene aportando al
crecimiento académico de cada uno de nuestros miem-bros y de todos
los que formamos parte de esta comunidad.
Con el compromiso de consolidarnos como un importan-te medio de
difusión e investigación de diversos temas relacionados en materia
de Derecho Tributario, el CEDE-TRI se complace en presentar su
primera edición de la re-vista “TRIBUTUM CEDETRI”, la cual en esta
ocasión cuenta con la colaboración de 06 autores expertos en la
materia.
En este contexto, a través de nuestra revista de inves-tigación
“TRIBUTUM CEDETRI” hemos tenido la ini-ciativa de abordar
determinados aspectos relacio-nados al “procedimiento de
fiscalización en materia tributaria” con el objetivo de que
nuestros lectores cuenten con la opinión de reconocidos
especialistas y dispongan de jurisprudencia sistematizada vinculada
al tema abordado.
Consejo Directivo
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ARTÍCULOS
• Fiscalización tributaria en una plataforma digital y la nueva
normalidad Lorgio Moreno de la Cruz & Danixa Rejas Bejarano
• Aspectos básicos respecto a la fiscalización tributaria en el
Perú Marco Arturo Coello Cáceres
• La responsabilidad solidaria de los agentes de retención por
operaciones con no domiciliados
Deyby Giancarlo Fernández Arámbulo
• La prescripción regulada en el Código Tributario y el
Principio Constitucional de Irretroactividad de las normas
Raúl Valencia Puma
• La queja y las posibles irregularidades que surgen en el
procedimiento de fiscalización tributaria como consecuencia de la
declaratoria de
nulidad de las resoluciones de determinación y multas
Sandy Capillo Solís
• Fiscalización de beneficios tributarios a las actividades de
exploración minera
Alfredo Carlos Miguel González Bisso
SÍNTESIS DE INFORMES SUNAT Y JURISPRUDENCIA
ADMINISTRATIVA
• Cartas inductivas y Esquelas ▪ La carta inductiva y el
procedimiento de fiscalización
▪ Legitimidad de la carta inductiva para solicitar información
y/o documentación
▪ La falta de precisión de inconsistencias detectadas por la
Sunat en una esquela
▪ Requerimientos de información emitidos fuera de la
fiscalización
Índice 07
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• Nulidad en el procedimiento de fiscalización ▪ Nueva
determinación de la deuda tributaria a raíz de valores declarados
nulos
▪ Los efectos de la nulidad de los actos administrativos en una
fiscalización
▪ La prosecusión del procedimiento de fiscalización inclusive
con la declaración de
la nulidad de los valores
▪ La debida notificación de los actos que dan inicio al
procedimiento de fiscalización
• Requerimiento de información y/o documentación
▪ La reserva tributaria de los documentos solicitados en un
procedimiento de
fiscalización
▪ No se requiere fiscalizar a un tercero para incautar la
documentación que tiene en
su poder de un contribuyente fiscalizado
▪ La Sunat puede solicitar información bancaria sin el inicio
previo de una
fiscalización
▪ El cierre de un requerimiento distinto al primero se realizará
con la evaluación de
la entrega parcial de la documentación requerida
▪ La proporcionalidad del plazo para solicitar información y/o
documentación
▪ La formalidad para solicitar la prórroga de un requerimiento
de la Sunat
▪ Vulneración del debido procedimiento al no respetarse los
plazos de una
verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias
▪ El cierre de un requerimiento se efectúa con la evaluación de
la entrega parcial de
la documentación requerida
▪ La adenda de un resultado de requerimiento produce la
interrupción del plazo
prescriptorio
▪ No es una obligación de la Sunat efectuar requerimientos
específicos de
documentación
▪ La debida relación entre lo requerido por la Sunat y los
reparos formulados en una
fiscalización
▪ El valor de la denuncia policial para eximirse del
incumplimiento de no presentar
la documentación requerida por la Sunat
• Función fiscalizadora propiamente dicha ▪ El inicio de un
proceso penal no suspende un procedimiento de fiscalización
▪ La facultad de la Sunat para recalificar una relación laboral
durante un
procedimiento de fiscalización
▪ Límites para atribuir reparos formulados por la Sunat a otros
partícipes de un
consorcio sin contabilidad independiente que no han sido
fiscalizados
▪ Las reglas especiales en una fiscalización vinculada a la
elusión tributaria
▪ El inicio de una nueva fiscalización en virtud del artículo
108° del Código Tributario ▪ La debida motivación de la prórroga
del plazo de una fiscalización definitiva
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▪ La queja no podrá pronunciarse sobre posibles afectaciones a
los derechos de los
administrados en una fiscalización
▪ La necesidad de precisar el carácter parcial o definitivo de
una fiscalización
▪ La queja no es la vía idónea para cuestionar las actuaciones
de Suma sobre aspectos
sustanciales
▪ La ampliación de un fiscalización parcial a una definitiva
▪ No constituyen reparos las observaciones efectuadas en una
fiscalización que han
sido recogidas mediante declaración jurada rectificatoria
• Fiscalización de precios de transferencia ▪ Requerimiento
especial según el numeral 18 del artículo 62° del Código
Tributario
▪ El plazo de una fiscalización parcial vinculada a precios de
transferencia
▪ Implicancias de la excepción al plazo de fiscalización
vinculada a precios de transferencia
• Infracciones relacionadas a la fiscalización ▪ Supuestos que
configuran la infracción del artículo 177°.1 del Código
Tributario
▪ Supuestos que configuran la infracción del artículo 177°.1 del
Código Tributario
▪ Supuestos que configuran la infracción del artículo 177°.3 del
Código Tributario
▪ Supuestos que configuran la infracción del artículo 177°.1 del
Código Tributario
SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
• Prescripción ▪ Los alcances de la nulidad de la fiscalización
en la suspensión del plazo prescriptorio
▪ La reapertura del procedimiento de fiscalización dentro del
plazo prescriptorio
• Actuaciones durante la fiscalización ▪ La carta que inicia la
fiscalización no constituye, por sí sola, una afectación a un
derecho constitucional
▪ La debida notificación de los actos que dan inicio a una
fiscalización
▪ La motivación del requerimiento de información y/o
documentación
▪ La formalidad para solicitar la prórroga de un requerimiento
de la Sunat
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• Nulidad en el procedimiento de fiscalización ▪ El peritaje
como medio probatorio para el cuestionamiento de la suscripción de
los
descargos
▪ Supuestos en que el Tribunal Fiscal debe pronunciarse sobre el
fondo de la
controversia, pese a la declaratoria de nulidad de la
fiscalización
• Actividad probatoria en la fiscalización ▪ La carga probatoria
dinámica
▪ La valoración por igual de todos los medios probatorios
presentados por el
contribuyente
▪ La correcta valoración de los medios probatorios presentados
por el contribuyente
▪ Durante el procedimiento de fiscalización le asiste al
contribuyente la carga
▪ La presentación extemporánea de documentos y su incidencia en
el proceso
• Reserva tributaria ▪ La reserva tributaria y el resultado del
procedimiento de fiscalización
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I. Breviario
En el presente trabajo analizaremos el proceso de adaptación de
los procedimientos de fiscalización a las de plataformas digitales
con motivo de la “nueva normalidad” producida por la declaración
del Estado de Emergencia y la proliferación del COVID-19.
II. Introducción
El avance en la tecnología nos lleva a replantearnos la gestión
de los servicios administrativos, en específico la función de
fiscalización tributaria que, desarrollada tradicionalmente a
través de a c t u a c i o n e s c o n p r e s e n c i a f í s i c a
y u n procedimiento medianamente reglado, hoy, puede ser menos
costosa, más eficiente, simplificada, y con mayor alcance, toda vez
que los canales digitales permiten una comunicación mucho más
fluida entre la Administ rac ión Tr ibutar ia y los cont r
ibuyentes , responsab les y te rceros relacionados, así como entre
las propias Administraciones Tributarias de los distintos
Estados.
La finalidad del procedimiento de fiscalización no se ve
alterada por el uso de esta nueva plataforma, dado que no existe un
cambio en la sustancia, sino en la forma, no obstante, debe ser
objeto de atención, en este proceso de cambio, que los derechos
fundamentales de los administrados, tales como a la intimidad,
defensa, reserva tributaria, confidencialidad de los documentos y a
la
colaboración “razonable” en la gestión de los tributos, se
encuentren debidamente garantizados.
En nuestro país, la preocupación por la adecuación a esta nueva
plataforma no nace con la pandemia del COVID-19, pero si la impulsa
y precipita, ya que ahora no se trata solo de mejorar la gestión de
la Administración, sino de salvaguardar la salud (funcionarios y
administrados) ante la emergencia sanitaria.
Así lo señalado reclamó nuestro interés, por lo que a
continuación compartiremos algunos comentarios de cómo, en el caso
peruano, se ha implementado y viene desarrollando en esta “nueva
normalidad” – una vez levantada la suspensión general en la
tramitación de los procedimientos administrativos - el
procedimiento de fiscalización tributaria a través de una
plataforma digital.
III. Legitimidad y límites de las facultades de la
Administración Tributaria
Es conocido que un Sistema Tributario, para propósitos de que
opere de manera eficiente, en el marco de la ley y con el objetivo
de alcanzar el bien común, requiere de una Administración
Tributaria dotada de facultades legales, que dentro del marco de
los derechos fundamentales que le asisten al contribuyente y/o
responsable tributario, permita exigir el cumplimiento de sus
deberes de
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN UNA PLATAFORMA DIGITAL Y LA NUEVA
NORMALIDAD
Lorgio Moreno de la Cruz
Abogado por la Universidad San Martín de Porres - USMP. Magíster
por la Universidad de Lima. Profesor de cursos de derecho
tributario en la USMP, y en las escuelas de post grado y maestría
de la USMP, Universidad de Lima y Universidad del Pacífico. Socio
en Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados. Presidente del
CEDETRI de la USMP
Danixa Rejas Bejarano
Abogada por la Universidad de Lima. Asociada en Zuzunaga,
Assereto & Zegarra Abogados
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Revista Cedetri Agosto 2020
colaboración1 , para ejercitar su labor de determinación y cobro
de obligaciones tributarias, así como para sancionar a aquellos
sujetos que entorpezcan dicha labor2.
En efecto, los derechos fundamentales reconocidos en nuestra
Constitución constituyen directrices que orientan la actuación de
la Administración que, en p o n d e r a c i ó n c o n o t r a s d i
s p o s i c i o n e s constitucionales protectoras del interés
público, delinearán las reglas sobre las cuales se deben
desarrollar las facultades antes mencionadas3.
Así, los derechos fundamentales de reconocimiento constitucional
y cuyo ámbito sobrepasan al fuero judicial4, garantizan, entre
otros, los siguientes
derechos: al debido procedimiento administrativo, intimidad,
acceso a la información pública, secreto profesional, reserva
tributaria, inviolabilidad de las comunicaciones y documentos
privados.
El derecho al debido procedimiento es pues, una garant ía apl
icable a los procedimientos administrativos, que se manifiesta en
un sentido formal y sustantivo5. La manifestación formal, tiene que
ver con la observancia de los principios, reglas y normas de orden
público garantizadoras del derecho a la defensa, tal es el caso del
derecho al Juez Natural, a la motivación de los actos
administrativos y a la actuación probatoria6.
1 LANANNE, Guillermo, “El Procedimiento Tributario”
(compilación), Editorial Abaco, Buenos Aires, página 115: “… si
consideramos que el fundamento último de la imposición y
recaudación de tributos es permitir al Estado el logro del bien
común general, debemos admitir que los deberes de colaboración que
permitirán al Estado hacer posible la recaudación de los tributos
encontrarían fundamento en dicho bien común”. 2 Sentencia del
Tribunal Constitucional Español 76-1990: “(…) el legislador ha de
habilitar potestades a los instrumentos jurídicos que sean
necesarios para que, dentro del respeto debido a los principios y
derechos constitucionales, la Administración esté en condiciones de
hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias, sancionando en
su caso los incumplimientos de las obligaciones que correspondan a
los contribuyentes o las infracciones cometidas por quienes están
sujetos a las normas tributarias”. 3 Sentencia del Tribunal
Constitucional N°0050-2004-AI/TC. “Los derechos fundamentales como
instituciones reconocidas en la Constitución, vinculan la actuación
de los poderes públicos y en general la labor del Estado – eficacia
vertical -, e irradian las relaciones inter privados – eficacia
horizontal.
(…) De esta forma, el Tribunal Constitucional considera
necesario configurar la naturaleza de los derechos fundamentales,
que encerrando en sí mismos una aspiración, deben ser percibidos
por los seres humanos como una experiencia concreta de vida
cotidiana, para lo cual se deben garantizar condiciones objetivas
para su pleno goce y ejercicio”. 4 En la Sentencia del Tribunal
Constitucional N°1525-2003-AA/TC se señala que el derecho al debido
proceso tiene su ámbito natural en sede judicial, pero también es
aplicable en los procedimientos administrativos. 5 Sentencia del
Tribunal Constitucional N°28123-2005-PHC/TC: “(…) Mientras que la
tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los
órganos de justicia como la eficacia de lo decidido por la
sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al
poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en
cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales
esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela
de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene a su vez, dos
expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter
formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con
las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho a la defensa,
la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los
estándares de justicia como son la razonabilidad y
proporcionabilidad que toda decisión judicial debe suponer”. 6
Sentencia del Tribunal Constitucional N°1661-2003-AA/TC: “(…) el
debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las
garantías, requisitos y normas de orden público que deben
observarse en las instancias procesales de todos los
procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier acto del Estado, que pueda afectarlos. Vale
decir que, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales
dentro de un proceso, sea este administrativo-sancionatorio – como
el caso de autos – o jurisdiccional, debe respetar el debido
proceso legal”.
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Revista Cedetri Agosto 2020
Por su parte, la manifestación sustantiva, o faz sustantiva, se
relaciona con la aplicación racional y proporcional de la
regulación, es el derecho no escrito, que se vincula con la
formación jurídica y de justicia del operador, y con el test previo
de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión
administrativa y/o judicial debe suponer7.
De esta forma, y conforme reza el numeral 1.1. del ar t ículo IV
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante
LPAG)8, las autoridades administrativas, en este caso la
Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades, deben
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho
(manifestación formal del debido procedimiento), y de acuerdo a los
fines que les fueron conferidas (manifestación sustantiva del
debido procedimiento).
IV. Facultad o Función de Fiscalización Tributaria
Es el poder conferido por ley a la Administración Tributaria
para inspeccionar, investigar y controlar el correcto cumplimiento
de obligaciones tributarias y aplicación de beneficios
tributarios9, que tiene como propósito facilitar una administración
justa y equitativa de tributos, para que la carga fiscal no sea
únicamente soportada por quienes respetan las normas y/o hagan un
buen entendimiento y aplicación de las mismas10.
Esta facultad se ejerce de manera discrecional11 de tal manera
que la Administración puede elegir a quienes y en qué momento
fiscaliza12. Asimismo, n u e s t r o o r d e n a m i e n t o o t o
r g a d i v e r s a s prerrogativas, o también llamadas
atribuciones, a la
7 Confróntese con la Sentencia del Tribunal Constitucional
N°28123-2005-PHC/TC antes citada. Asimismo, la Sentencia del
Tribunal Constitucional N°0030-2004-AI/TC en cuanto al test de
razonabilidad sostiene: “Este test se refiere a un estudio de
proporcionabilidad que está directamente vinculado con el valor
superior de justicia, constituyendo un parámetro indispensable de
constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes
públicos, sobre todo cuando éste parece afectar los derechos
fundamentales”. 8 Numeral 1.1. del artículo IV de la LPAG: “Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le
estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que fueron
conferidas”. 9 El segundo párrafo del artículo 62 del Código
Tributario: “El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la
inspección, investigación y control de cumplimiento de obligaciones
tributarios, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación,
exoneración o beneficios tributarios”. 10 Sentencia del Tribunal
Constitucional Español N°110-2984: “(…) parece inútil recordar que
en el mundo actual la amplitud y complejidad de funciones que asume
el estado hace que los gastos públicos sean tan cuantiosos que el
deber de una aportación equitativa para su sostenimiento resulta
especialmente apremiante. De otra forma, se produciría una
distribución injusta en la carga fiscal, ya que los que unos no
paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu
cívico o con menos posibilidades de defraudar. De ahí la necesidad
de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz,
aunque pueda resultar a veces incómoda o molesta”. 11 Primer
párrafo del artículo 62 del Código Tributario: “La facultad de
fiscalización e de la Administración Tributaria se ejerce de manera
discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de
la Norma IV del Título Preliminar”. El último párrafo de la Norma
IV del Título Preliminar: “En los casos en que la Administración
Tributaria se encuentre facultada para actuar discrecionalmente
optará por la decisión administrativa que considere más conveniente
para el interés público, dentro del marco que establece la Ley”. 12
GAMBA VALEGA, César, op. cit. Página 24: “Prácticamente, resulta
imposible que la Administración Tributaria fiscalice o verifique a
la totalidad de los contribuyentes. Por tanto, resulta imperativo
que la Administración deba planificar el ejercicio de su potestad
de fiscalización, a fin de seleccionar y elegir aquellos
contribuyentes a ser objetos de control. Se trata pues, de una
actividad eminentemente discrecional, pues mediante ella la
administración goza de un margen de libertad para adoptar la
decisión que más convenga al interés público dentro del marco que
establece la ley (Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario). Efectivamente las normas tributarias no pueden
establecer en cada caso concreto qué contribuyentes deben ser
verificados o fiscalizados, sino, a lo más, establecer parámetros
que regulen dicha elección. Sin embargo, ello no implica que se
trate de una actividad libre mediante la que la Administración
pueda adoptar cualquier decisión a su antojo, pues en tal caso se
tratará de una decisión arbitraria (más que discrecional). Por el
contrario, en tales casos, el ordenamiento jurídico impone a la
Administración el deber de decidir sobre la base de parámetros o
criterios objetivos, y que sean conocibles por los sujetos
deudores. Ello evita cualquier margen de arbitrariedad de la
Administración, así como permite un control más intenso de las
decisiones administrativas que se emitan en base a la norma
habilitante”.
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Administración Tributaria para ejercer esta función, y si bien
deja a su discreción elegir – razonablemente - la oportunidad en
que hará uso de estas atribuciones, según las circunstancias
particulares de cada caso, sí regula la forma y alcance de
éstas.
Así entre las prerrogativas que cuenta la Administración
encontramos a las siguientes13: (i) exigir la presentación y/o
exhibición de libros, registros y documentación contable y
comercial; (ii) exigir copias del soporte de los sistemas de
procedimiento electrónico de datos o de sistemas de micro archivos
en los cuales se registren sus operaciones contables y/o
comerciales vinculados a obl igaciones t r ibutar ias ; ( i i i )
pract icar la inmovil ización y/o incautación de dichos documentos
en casos de indicios de evasión; (iv) solicitar la comparecencia de
los deudores; (v) efectuar tomas de inventarios; entre otras
atribuciones.
Otro aspecto importante de resaltar es que esta función puede
desarrollarse a través de un14:
1. Procedimiento de verificación, en cuyo proceso no se
involucra al administrado, y el control resulta de revisión
objetiva de la información proporcionada previamente por el deudor,
tal como suele ocurrir respecto a inconsistencias en las
declaraciones juradas determinativas.
2. Procedimiento de fiscalización, que se inicia de oficio, y
comprende la realización de diversos actos procesales que se
vinculan con el contribuyente, conducentes a verificar la
información contable y comercial relacionada con determinada
obligación tributaria, que a su vez, puede presentarse hasta en
tres clases, según el ámbito que comprenda la fiscalización
respecto a la obligación tributaria o la plataforma que se use para
el desarrollo de la práctica de inspección15.
V. Clases de procedimientos de fiscalización
Los procedimientos de fiscalización podemos clasificarlos
en:
a) Procedimiento de fiscalización definitivo
Estamos ante un procedimiento de fiscalización definitivo cuando
el ámbito de la fiscalización comprende todos los elementos de la
obligación tributaria objeto de verificación, y tiene las
siguientes reglas:
L a fi s c a l i z a c i ó n r e s p e c t o a l cont r ibuyente
fisca l i zado debe desarrollarse en el plazo de 1 año16,
prorrogable excepcionalmente por un a ñ o a d i c i o n a l c u a n
d o e x i s t a
13 En el artículo 62 del Código Tributario, que cuenta con 20
numerales, se establecen las atribuciones de la Administración
Tributaria en ejercicio de su función fiscalizadora. Nuestra
experiencia nos dice que este es un cuerpo vivo, que va creciente
conforme evolucionan las técnicas de fiscalización y la práctica
contables en función al avance de la tecnología y de las prácticas
comerciales. 14 ZEGARRA VILCHEZ, Juan Carlos, “Apuntes para la
elaboración de un concepto de Fiscalización Tributaria en el Perú”,
Revista Vectigalia N°2, 2006, páginas 60 y 61: “Si analizamos la
“verificación” desde el punto de vista del procedimiento de
fiscalización, el asunto es todavía mucho más claro, pues la
Administración Tributaria al iniciar un “procedimiento de
fiscalización” tendrá siempre la necesidad de “verificar” la
documentación que obtiene. En este caso, la verificación entonces –
como sinónimo de comprobación – sería una atribución específica que
se ejerce igualmente dentro del procedimiento de fiscalización. Si
ello es así ¿por qué el Código Tributario menciona al procedimiento
de verificación distinguiéndolo del procedimiento de fiscalización?
Muy simple. Porque la atribución específica de “control” de la
Administración (que incluye la verificación) no siempre se ejerce a
través de un procedimiento de fiscalización (que se inicia con un
requerimiento). Puede ejercer, y de hecho ocurre a diario, sin
necesidad de vincularse con el contribuyente o con terceros”. 15 Es
así que el Reglamento de Procedimiento de Fiscalización aprobado
para la SUNAT por el Decreto Supremo N°085-2007-EF, define al
procedimiento de fiscalización de la manera siguiente: “Al
procedimiento de Fiscalización Parcial y Definitiva mediante el
cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación
tributaria o de parte, o uno o alguno de los elementos de ésta,
incluyendo la obligación tributaria aduanera así como el
cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y
que culmina con la notificación de la Resolución de Determinación y
de ser el caso, de las Relaciones de Multa, que correspondan por
las infracciones que se detecten en el procedimiento”. 16 El plazo
se computa a partir de la fecha que el deudor tributario
(contribuyente o responsable) entregue la totalidad de la
información y/o documentación que fuera solicitada por la
Administración en el primer requerimiento notificado.
10
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Revista Cedetri Agosto 2020
comprobada complej idad en el ejercicio de la función, el sujeto
fiscalizado oculte información o forme parte de un grupo
empresarial17. Este p l a z o n o e s a p l i c a b l e e n l o s
procedimientos en los cuales resulte de aplicación las normas de
precios de transferencia o la cláusula antielusiva general (Norma
XVI) y únicamente respecto a los reparos vinculados a dichas
disposiciones18.
En caso la Administración decidiese ampliar el plazo de la
fiscalización, esta decisión tendrá que ser notificada al sujeto
fiscalizado con una razonable y debida anticipación. Para el caso
de tributos administrados por la SUNAT (administración tributaria
del Gobierno Central) , se ha previsto que la comunicación debe
realizarse con un mes de anticipación al vencimiento del plazo de
un (1) año19.
Vencido el plazo, no se podrá notificar al contribuyente y/o
responsable ningún acto en el que se requiera documentación y/o
información adicional a la ya solicitada dentro del
procedimiento20.
El plazo antes señalado puede ser objeto de suspensión si se
verifican circunstancias, no imputables a la Administración, que
impidan continuar con la facultad fiscalizadora. Por ejemplo, que
por causas de fuerza mayor la Administración Tributaria hubiera
interrumpido sus actividades21.
La notificación de los actos y/o actuaciones que se practiquen
en el procedimiento interrumpen el plazo de p r e s c r i p c i ó n
q u e t i e n e l a Administración para determinar la obligación
tributaria y aplicar sanciones vinculadas al tributo
fiscalizado.
Una vez concluida fiscalización con la emisión de las
resoluciones respectivas, el periodo y tributo fiscalizado no
podrán ser nuevamente materia de revisión y/o inspección, salvo las
circunstancias excepcionales previstas en el artículo 108 del
Código Tributario, que en ningún caso podrían consistir en la falta
de dil igencia de la Administración en la revisión e i n s p e c c
i ó n re a l i z a d a c o n fo r m e reiteradas resoluciones del
Tribunal Fiscal22.
17 El numeral 2 del artículo 62-A del Código Tributario:
“Prórroga: Excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por uno
adicional cuando: (a) Exista complejidad de la fiscalización,
debido al volumen elevado de operaciones del deudor tributario,
dispersión geográfica de sus actividades, complejidad del proceso
productivo, entre otras circunstancias; (b) Exista ocultamiento de
ingresos u otros hechos que determinan indicios de evasión fiscal;
(c) Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o
forme parte de un contrato de colaboración empresarial y otras
formas asociativas”. 18 Resolución del Tribunal Fiscal de
Observancia Obligatoria N°03500-Q-2017 de 30.10.2017: “Vencido el
plazo de un año de la fiscalización definitiva, la excepción al
plazo de fiscalización establecida por el numeral 3) del artículo
62-A del Código Tributario sólo es aplicable a los requerimientos
mediante los que se solicite información y/o documentación
relacionada con la aplicación de las normas de precios de
transferencia. En tal sentido, la Administración no podrá requerir
a la administrada información y/o documentación adicional a la
solicitada durante el plazo del referido procedimiento por aspectos
que no involucren la aplicación de las normas de precios de
transferencia”. 19 Confrontar con el artículo 15 del Reglamento de
Fiscalización aplicable para SUNAT. 20 Confrontar con numerales 4 y
5 del artículo 62-A del Código Tributario. 21 Confrontar con el
numeral 6 del artículo 62-A del Código Tributario y con los
artículos 13 y 14 del precitado Reglamento de Fiscalización. 22
Confrontar con las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°16132-8-2012,
11917-8-2011 y 6237-2-3004.
11
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Revista Cedetri Agosto 2020
Procede la interposición de una queja ante Tribunal Fiscal por
infracciones al debido procedimiento de fiscalización (actuaciones
no arregladas a ley), siempre que el procedimiento no haya
finalizado con la notificación de resoluciones de determinación y/o
multa, u órdenes de pago que hubieran dado lugar23.
b) Procedimiento de fiscalización parcial
Estamos ante un procedimiento de fiscalización parcial cuando el
ámbito de la fiscalización comprende uno o algunos de los elementos
y/o aspectos24 de la obligación
tributaria objeto de verificación25, y tiene las
siguientes reglas:
Únicamente puede ser practicada por la SUNAT, que es la entidad
que administra los tributos cuyo acreedor tributario es el gobierno
central, así como otras prestaciones pecuniarias que la ley le
confiere su administración.
No resulta aplicable para aquellos procedimientos en que para
efecto de verificar el elemento de la obligación tributaria se
requiera de la aplicación de la c láusu la ant ie lus iva genera l
(aplicación de la Norma XVI del Código Tributario).
Respecto al contribuyente fiscalizado debe desar rol larse en el
plazo improrrogable de 6 meses26, así incluso
se amplíe la fiscalización a otros e lementos y/o aspec tos de
la obligación tributaria.
Vencido el plazo no se podrá notificar al contribuyente y/o
responsable ningún a c t o e n e l q u e s e r e q u i e r a
documentación y/o información adicional a la solicitada dentro del
procedimiento respecto al elemento del tributo y periodo
fiscalizado27.
El plazo antes señalado puede ser objeto de suspensión si se
verifican circunstancias, no imputables a la Administración, que
impiden continuar con la facultad fiscalizadora. Por ejemplo,
durante el plazo en que por c a u s a s d e f u e r z a m a y o r l
a Administración Tributaria interrumpa sus actividades28.
La notificación de los actos y/o actuaciones que se desarrollen
en el procedimiento NO interrumpen el plazo de prescripción que
tiene la Administración para determinar la obligación tributaria y
aplicar sanciones.
Una vez concluida fiscalización con la emisión de las
resoluciones respectivas, el periodo y tributo fiscalizado no
podrán ser nuevamente materia de revisión y/o inspección, salvo las
circunstancias excepcionales previstas en el artículo 108 del
Código Tributario, que en ningún caso podrían consistir
23 Confrontar con el último párrafo del artículo 61 del Código
Tributario y con el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización
aplicable a SUNAT. 24 El inciso b) del artículo 1 del citado
Reglamento de Fiscalización de la SUNAT define como aspecto a
fiscalizar: “A los aspectos del tributo y periodo o de la
Declaración Aduanera de Mercancías que serán materia de revisión en
el procedimiento de fiscalización parcial, sea que ellos conformen
un solo elemento, más de un elemento o parte de un elemento de la
obligación tributaria”. 25 El mismo Reglamento en el inciso f) de
su artículo 1 sostiene que el Procedimiento de Fiscalización
Parcial es aquel “procedimiento de fiscalización en el que la SUNAT
revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación
tributaria”. 26 El plazo se computa a partir de la fecha que el
deudor tributario (contribuyente o responsable) entregue la
totalidad de la información y/o documentación que fuera solicitada
por la Administración en el primer requerimiento notificado. Se
aplica para propósitos de su regulación el artículo 62-A del Código
Tributario con excepción de las prórrogas a que se refiere el
numeral 2 del citado artículo (confrontar con el inciso b) del
artículo 61 del Código Tributario). 27 Confrontar con numerales 4 y
5 del artículo 62-A del Código Tributario. 28 Confrontar con el
numeral 6 del artículo 62-A del Código Tributario.
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Revista Cedetri Agosto 2020
en la falta de dil igencia de la Administración en la revisión e
i n s p e c c i ó n re a l i z a d a c o n fo r m e reiteradas
resoluciones del Tribunal Fiscal29.
Procede la interposición de una queja al Tribunal Fiscal por
infracciones al debido procedimiento de fiscalización (actuaciones
no arregladas a ley), siempre que el procedimiento no haya
finalizado con la notificación de resoluciones de determinación y/o
multa, u órdenes de pago que hubieran dado lugar30.
Podrá ampliarse, a discreción de la Administración, a una
fiscalización definitiva, en cuyo caso se aplicarán las reglas de
esta última a partir de la comunicación que al respecto se
realice31.
c)Procedimiento de fiscalización parcial electrónica
Estamos ante un proced imiento de fiscalización parcial
electrónica cuando el ámbito de la fiscalización practicada por la
SUNAT comprende uno o algunos de los elementos y/o aspectos32 de la
obligación tributaria objeto de verificación33, en base a la
información que la Administración tiene en sus sistemas del
contribuyente y conforme con los lineamientos establecidos en la
ley.
Las particularidades de este procedimiento, serán desarrolladas
más adelante.
VI. Sobre el proceso de adaptación a la era digital de los
procedimientos de fiscalización seguidos por la SUNAT y su marco
regulatorio
Tal como lo señalamos en la introducción, la pandemia ocasionada
por la proliferación mundial del COVID-19, el Estado de Emergencia
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) declarado
por el gobierno del Perú mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y
modificatorias, tuvo como consecuencia que la Administración,
especialmente la SUNAT, se vea en la necesidad de precipitar la
prestación de sus ser vic ios administrativos tributarios a través
de canales digitales con la finalidad de facilitar la atención de
los contribuyentes, ante la clara imposibilidad de prestar sus
servicios de manera presencial.
Efectivamente, la digitalización de los servicios
administrativos era una tarea ya iniciada; es más, formaba parte de
las actividades comprometidas por nuestro país para lograr su
vinculación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo E
c o n ó m i c o ( O C D E ) , q u e e n s u r e p o r t e
“Technologies for better tax administration: A practical guide for
revenue bodies”, destacó la importancia de que las administraciones
fiscales adapten la prestación de sus servicios a canales digitales
para efectos de que éstos sean más eficientes y vayan de acuerdo
con los avances de la tecnología34.
La OCDE, específicamente para el caso peruano, en el “Estudio de
Gobernanza Pública: Perú. Gobernanza integrada para un crecimiento
inclusivo”, recalcó la necesidad de integrar un gobierno digital en
la Administración Pública, situación que implicaba “el uso de las
tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de
modernización de los gobiernos para crear valor
29 Ver Nota 23. 30 Ver Nota 24. 31 Conforme al artículo 3 del
Reglamento de Fiscalización aplicable a la SUNAT, la ampliación de
un procedimiento de fiscalización parcial a uno definitivo, deberá
realizarse mediante Carta. Esta comunicación deberá indicar que la
documentación a presentar será señalada en el primer requerimiento
referido a la fiscalización definitiva.32 El inciso b) del artículo
1 del citado Reglamento de Fiscalización de la SUNAT define como
aspecto a fiscalizar: “A los aspectos del tributo y periodo o de la
Declaración Aduanera de Mercancías que serán materia de revisión en
el procedimiento de fiscalización parcial, sea que ellos conformen
un solo elemento, más de un elemento o parte de un elemento de la
obligación tributaria”. 33 El mismo Reglamento en el inciso f) de
su artículo 1 sostiene que el Procedimiento de Fiscalización
Parcial es aquel “procedimiento de fiscalización en el que la SUNAT
revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación
tributaria”. 34 Ver páginas 21, 25, 28, 29, 38, y 38, disponible
en:
https://www.oecd.org/publications/technologies-for-better-tax-administration-9789264256439-en.htm
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https://www.oecd.org/publications/technologies-for-better-tax-administration-9789264256439-en.htmhttps://www.oecd.org/publications/technologies-for-better-tax-administration-9789264256439-en.htmhttps://www.oecd.org/publications/technologies-for-better-tax-administration-9789264256439-en.htmhttps://www.oecd.org/publications/technologies-for-better-tax-administration-9789264256439-en.htm
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Revista Cedetri Agosto 2020
público”35, con la finalidad de desarrollar un ecosistema
digital en todos los niveles de gobierno.
Identificada su preocupación en que los países alcancen una
gobernanza digital, en el “Manual para una economía digital,
Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”36, la
OCDE señala que “el gobierno digital consiste en ofrecer nuevas
formas de valor público y hacer que los servicios y los
procedimientos gubernamentales sean de diseño digital por esencia,
lo que exige la integración de las TIC en la agenda de la reforma
del sector público desde su concepción”.
Con motivo de todas estas recomendaciones, el Gobierno Peruano
mediante el Decreto Legislativo N°1412 publicado el 13 de setiembre
de 2018, aprobó la Ley de Gobierno Digital, que establece “Que, las
tecnologías digitales y el gobierno digital son conceptos
integrados en las actividades, lenguaje y estructuras de la
sociedad actual, y hacen parte del proceso de vinculación del Perú
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), organización que entiende su uso estratégico como parte
integral del diseño de políticas y estrategias de modernización del
gobierno, con la finalidad de crear servicios digitales de valor,
seguros, confiables y accesibles para los ciudadanos y sociedad en
general, lo cual se sustenta en un ecosistema compuesto por actores
del sector público, sector privado, academia y otros interesados,
quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones para
diseño, creación, producción de datos, servicios y contenidos,
asegurando el pleno respeto los derechos de las personas en el
entorno digital 37.
El referido decreto legislativo señala que tiene como finalidad
“establecer el marco normativo que regule y habilite a las
entidades del Estado integrar de manera intensiva las tecnologías
digitales para la prestación de servicios digitales en condiciones
seguras, confiables, transparentes, interoperables en un entorno de
gobierno digital 38.
Asimismo, el decreto nos trae un lenguaje técnico relacionado a
la gobernanza digital, que entre los principales términos
encontramos a los siguientes:
• Canal Digital: Medio de contacto digital que disponen las
entidades de la Administración Pública a los ciudadanos y personas
en general para facilitar el acceso a toda la información
institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a
servicios digitales, entre otros. Este canal puede comprender
páginas y sitios web, redes sociales, mensajería electrónica,
aplicaciones móviles u otros.
• Sede Digital: Tipo de canal digital, a través del cual pueden
acceder los ciudadanos y personas en general a un catálogo de
servicios digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los
mismos, recepcionar y enviar documentos electrónicos, y cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de
la Administración Pública en los tres niveles de gobierno.
• Servicio Digital prestado por la Administración: Servicio
provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red
equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y
utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la
producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público
para los ciudadanos y personas en general.
Si bien el Decreto Legislativo N°1412 constituye un gran paso
para la institucionalización de la gobernanza digital, con
anterioridad a esta disposición nuestro ordenamiento administrativo
y tributario ya se encontraba en ese camino.
Así tenemos, que el artículo 30 de Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo 1272
publicado el 21 de diciembre de 2016, establece que el
procedimiento administrativo puede realizarse total o parcialmente
a través del uso de tecnologías y medios electrónicos respectando
las garantías del debido procedimiento, debiendo constar en el
expediente los documentos presentados por el administrado, tercero
y por otras entidades, así como los remitidos al administrado, y
señala que los referidos documentos poseen la misma validez y
eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos.
35 Ver página 249, disponible en:
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-es
36 Ver página 391, disponible en:
https://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digital
37 De acuerdo con lo establecido en el sexto párrafo de los
considerandos del Decreto Legislativo. 38 Confrontar con el
artículo 1 del Decreto Legislativo.
14
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digitalhttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digitalhttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digitalhttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-eshttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digitalhttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digitalhttps://publications.iadb.org/es/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe-un-manual-para-la-economia-digital
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Por el lado del ordenamiento tributario, mediante la Ley
N°30264, publicada el 16 de noviembre de 2014, la Ley N°30296,
publicada el 31 de diciembre de 2014, y el Decreto Legislativo
N°1263 publicado el 10 de diciembre de 2016, se modifica el
artículo 111 y se incorporan los artículos 112-A y 112-B en el
Código Tributario, a efectos de: (i) legitimar las actuaciones y
procedimientos realizados a través de sistemas electrónicos,
telemáticos, informáticos, mecánicos y similares, reconociéndoles
validez y eficacia jurídica; y, (ii) establecer reglas sobre la
conformación del expediente electrónico y el trámite de los
procedimientos tributarios y actuaciones que sean llevados de
manera total o parcial a través de los referidos sistemas, que
deberán respetar los principios de accesibilidad e igualdad, y
garantizar la protección de datos personales regulados en la normas
de la materia39.
Asimismo, en cuanto a la eficacia (notificación) de los actos
administrativos, en el inciso b) del artículo 104 y el artículo 106
del Código Tributario, modificados por el Decreto Legislativos
N°1113, publicado el 05 de julio de 2012, y el Decreto Legislativo
N°953, publicado el 05 de febrero de 2004, respectivamente, se ha
establecido que los actos administrativos podrán ser notificados
por correo electrónico u otro medio electrónico autorizado por la
Administración, y que la referida notificación se considerará
efectuada el día siguiente del depósito en el buzón electrónico,
surtiendo efectos el acto administrativo a partir del día hábil
siguiente de la fecha de su notificación.
La notificación de los actos de la SUNAT a los contribuyentes se
realizará a través del buzón
electrónico de SUNAT Operaciones En Línea, depositando la
Administración una copia del documento o ejemplar del documento
electrónico, en el cual consta el acto administrativo, en un
archivo de formato de documento portátil (PDF)40.
En el marco de la implementación del servicio digital en los
procedimientos tributarios, la SUNAT por su par te , aprobó la R
eso luc ión de Superintendencia N°084-2016, que crea el Sistema
Integrado del Expediente Virtual para el llevado de expedientes
electrónicos (SIEV ), y ofrece la conformación de expedientes
electrónicos para fiscalizaciones definitivas, parciales y
parciales electrónicas41. Al respecto, debemos señalar que el SIEV
a la fecha solo ha sido implementado respecto de las
fiscalizaciones parciales electrónicas, encontrándose pendiente su
implementación respecto de los procedimientos de fiscalización
definitiva o parcial.
Dicho sistema, opera a través de la plataforma de SUNAT
Operaciones En Línea, y permite a los contribuyentes presentar
escritos electrónicos para la atención de los requerimientos de
fiscalización, solicitudes de prórrogas de plazos y notificaciones
en el buzón electrónico; es decir, posibilita el trámite de los
referidos procedimientos mediante canales digitales42.
El SIEV ha previsto que sólo se generen expedientes electrónicos
si el sujeto que será parte de ellos cuenta con número de RUC y
clave SOL en el momento en que se efectúe la notificación de la
carta de presentación de inicio de la fiscalización43. Al respecto,
debemos señalar que, a partir del
39 Ley de Protección de Datos aprobada por Ley N°9733 y su norma
Reglamentaria aprobada por Decreto Supremo N°003-2013-JUS. 40 De
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Resolución
de Superintendencia N°014-2008-SUNAT, que regula la notificación de
actos administrativos por medio electrónico. 41 Con relación a los
procedimientos de fiscalización incluidos en el SIEV, el inciso u)
del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N°084-2016
señala que se excluye a los procedimientos de fiscalización
relativos a la obligación tributaria aduanera y al cumplimiento de
las obligaciones formales relacionadas con dicha obligación.
Asimismo, debemos señalar que de acuerdo con el inciso a) del
artículo 3 de la referida Resolución, dicho sistema también es
aplicable para el llevado de los expedientes electrónicos de los
procedimientos de cobranza coactiva, cruces de información y
acciones inductivas. 42 De conformidad con lo establecido en los
artículos 13 y 14 de la Resolución de Superintendencia
N°084-2016-SUNAT. Cabe resaltar que de acuerdo con los artículos 16
y 17 de la mencionada Resolución, el escrito electrónico para
atender los requerimientos también se puede presentar de manera
presencial en los centros de servicios de la SUNAT o ante el agente
fiscalizador mediante la utilización de una memoria USB que
contenga el escrito electrónico y sus anexos, debiendo ser firmados
digitalmente. 43 De acuerdo con el artículo 4-A de la Resolución de
Superintendencia N°084-2016-SUNAT.
15
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Revista Cedetri Agosto 2020
ejercicio 2015 es obligación de los administrados inscribirse en
los registros de la Administración, y obtener con dicha ocasión la
Clave SOL44 que les permita acceder al buzón electrónico y, por
consiguiente, al sistema de SUNAT Operaciones En Línea.
Finalmente, tenemos registrados como últimos movimientos de la
SUNAT a la Resolución de Superintendencia N°077-2020-SUNAT, que
crea la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT (“MPV-SUNAT”) con la
finalidad de “facilitar a los administrados la presentación, por
esa vía, de documentos que se p r e s e n t a n d e m a n e r a p r
e s e n c i a l e n l a s dependencias de la SUNAT, así como su
consulta a través de esta plataforma45. Así como, la implementación
del servicio de “chat tributario”46 para atender las consultas de
los contribuyentes en línea y no solo por la vía telefónica.
En la actualidad, con el levantamiento de la cuarentena en Lima
y en gran parte del país a partir del 01 de julio de 2020,
determinados centros de servicios47 de la SUNAT se habilitaron para
brindar atención al público, no obstante esta atención se encuentra
restringida a aquellos trámites que por su naturaleza deban ser
realizados en forma presencial o que requieran la utilización de
mesa de partes para la recepción de documentos cuya presentación
necesar iamente requiere un documento original, siendo que, en
todos los demás casos los administrados deben utilizar la
plataforma de SUNAT Operaciones en Línea o MPV-SUNAT.
En este sentido, advertimos que existe una “nueva n o r m a l i
d a d ” e n c u a n t o a l o s s e r v i c i o s administrativos
tributarios prestados por la Administración, que, adaptándose a la
emergencia
sanitaria, permiten que la comunicación y presentación de
documentación se realice utilizando canales digitales como el
correo electrónico, SUNAT Operaciones en Línea y MPV-SUNAT.
VII. Actualidad - Canales digitales utilizados en el desarrollo
de los procedimientos de fiscalización
A c t u a l m e n t e n o s e n c o n t r a m o s c o n : ( i )
Procedimientos de Fiscalización definitivos y/o parciales que
cuentan con actuaciones físicas y digitales, que conforman un
expediente físico; y, (ii) Procedimientos de Fiscalización
electrónica que forman parte del SIEV. Los mismos que serán
analizados a continuación:
4.1 Procedimiento de Fiscalización que cuentan con actuaciones
físicas y digitales, que conforman un expediente físico
Con relación a este grupo de procedimientos de fiscalización,
debemos señalar que nos referimos a aquellas fiscalizaciones
definitivas o parciales que cuentan con actuaciones físicas y
digitales, y conforman un expediente físico48, al no haberse
implementado a la fecha el uso del expediente electrónico para este
tipo de fiscalizaciones. En estos casos, los documentos
electrónicos presentados vía MPV-SUNAT deberán ser impresos,
foliados, y agregados al expediente físico.
En este grupo de fiscalizaciones podemos encontrar aquellas que
se iniciaron con anterioridad a la declaración del Estado de E m e
r g e n c i a c u y a p r e s e n t a c i ó n d e documentación se
realizó de manera presencial, y con la implementación de MPV-SUNAT
se
44 De conformidad con lo establecido en el inciso 1) del
artículo 87-A del Código Tributario, modificado por la Ley N°30296
publicada el 31 de diciembre de 2014. 45 De acuerdo con lo señalado
en el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia
N°077-2020-SUNAT. 46 Disponible en:
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/virtual_chat-tributario.html
47 A nivel nacional, aún no se encuentran habilitados todos los
centros de servicios para brindar atención presencial a los
contribuyentes ello con motivo del aislamiento social obligatorio
(cuarentena focalizada) dispuesta para los departamentos y
provincia contemplados en el Decreto Supremo N°135-2020-PCM. 48 Al
respecto, debemos señalar que de acuerdo con artículo 163 del TUO
de la LPAG, los expedientes físicos “163.1(…) son compaginados
siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran,
formando cuerpos correlativos que no excedan de doscientos folios,
salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos
que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad.
163.2 Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así
durante su tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros
no continúan su foliatura, dejándose constancia de su agregación y
su cantidad de fojas”. Teniendo el contenido del expediente
carácter de intangible de conformidad con el artículo 164 del
citado TUO.
16
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/virtual_chat-tributario.htmlhttp://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/virtual_chat-tributario.html
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Revista Cedetri Agosto 2020
continuó el procedimiento utilizando esta vía; así como,
aquellas fiscalizaciones que iniciaron después de la implementación
de MPV SUNAT, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo a través de
canales digitales.
Respecto a este último procedimiento de fiscalización,
consideramos que su línea gráfica sería la siguiente:
Los procedimientos de fiscalización a los que hacemos referencia
en este inciso, son aquellos que han debido adaptarse a una “nueva
normalidad” en donde las coordinaciones con el agente fiscalizador
solo pueden ser llevadas a cabo vía telefónica o por correo
electrónico, las notificaciones de la SUNAT son todas recibidas
mediante el buzón electrónico del sistema de SUNAT Operaciones en
Línea, y las solicitudes de prórroga y respuestas a los
requerimientos y sus resultados son presentadas a través de
MPV-SUNAT.
I n c l u s o , a n t e l a d i s c o n f o r m i d a d d e l
contribuyente con los reparos efectuados por la SUNAT, una vez
notificaba la Resolución de Determinación, y de ser el caso, la
Resolución de Multa, se ha previsto la posibilidad de que pueda
interponer recurso de reclamación utilizando la misma vía49.
4.2 Procedimientos de Fiscalización electrónica que forman parte
del SIEV
Como se explicó líneas arriba, la ambición de la Administración,
que se ve reflejada en la Resolución de Superintendencia
N°084-2016, es que el SIEV, como su nombre lo dice, integre a todos
los tipos de fiscalizaciones que desarrolle la SUNAT, entre ellos,
la fiscalización definitiva, parcial y parcial electrónica; sin
embargo, a la fecha únicamente se viene aplicando respecto a la
última de las mencionadas.
4.2.1 Procedimiento de fiscalización parcial electrónica
a) Alcance
De acuerdo con lo señalado en el artículo 61 del Código
Tributario, la SUNAT puede realizar un procedimiento de
fiscalización parcial electrónica cuando del análisis de la
información proveniente de la declaración del propio deudor,
terceros, libros, registros o documentos que la SUNAT almacene,
archive, y conserve en sus sistemas, compruebe que parte, uno o
algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido
correctamente declarado por el deudor tributario.
La SUNAT, en el marco del deber constitucional de colaboración
de los contribuyentes, y con el propósito de hacer más eficiente la
Administración de los t r ibutos , en procura de una
49 En el Informe N°050-2020-SUNAT/7T00000, la Administración ha
señalado que el escrito fundamentado presentado con el propósito de
interponer recurso de reclamación vía MPV-SUNAT, tiene la misma
validez y eficacia jurídica que el presentado por medios
físicos.
Notificación electrónica de la
Carta que presenta al agente
fiscalizador y el primer
Requerimiento
Presentación de respuesta al
primer Requerimiento mediante MPV-
SUNAT
Notificación electrónica de la
RD y RM
Presentación de la reclamación
mediante MPV SUNAT
Notificación electrónica de
Requerimientos y sus resultados
Presentación de respuesta a los
Requerimientos y sus resultados mediante MPV
SUNAT
1 2 3 4 5 6
Procedimiento de Fiscalización (Definitiva o parcial)
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Revista Cedetri Agosto 2020
distribución justa y equitativa de la carga fi s c a l , h a e s
t a b l e c i d o d i v e r s a s disposiciones que le permiten
requerir al contribuyente información contable bajo el formato
digital. Así tenemos:
Declaraciones determinativas e informativas de tributos a cargo
c o m o c o n t r i b u y e n t e s o responsables50.
Información correspondiente a Libros y Registros llevados de
manera electrónica51.
Información correspondiente a c o m p r o b a n t e s d e p a g
o electrónicos52.
C o m o s e p u e d e a d v e r t i r , e s t e t i p o d e
procedimientos de fiscalización se encuentra reducido a la
información con la que la Administración ya cuenta en su sistema y
respecto de la cual observa que determinados elementos de la
obligación tributaria no han sido correctamente declarados o han
sido omitidos en la declaración del deudor tributario.
b) Procedimiento
De acuerdo con el artículo 62-B del Código Tributario, la SUNAT
notificará al deudor tributario el inicio del procedimiento de
fiscalización acompañado de una liquidación
preliminar a regularizar, con el detalle de los reparos que
originan la omisión y la información analizada que sustenta la
propuesta determinación.
El deudor tributario contará con 10 días hábiles contados a
partir el día siguiente a la referida notificación, para subsanar
los reparos señalados en la l iquidación preliminar o sustentar las
observaciones, para esto último deberá adjuntar la documentación
correspondiente.
Por su parte, la SUNAT tendrá 20 días hábiles para evaluar el
sustento presentado por el deudor tributario y notificar la
resolución de determinación con la que culmina la fiscalización, y
de ser el caso, la resolución de multa.
Como es de verse, el procedimiento de fiscalización parcial
electrónica debe desarrollarse, indefectiblemente, en el plazo de
30 días hábiles, contados a partir del día en que surte efectos la
notificación del inicio del procedimiento de fiscalización, salvo
razones de caso fortuito o fuerza mayor53.
Asimismo, y para una mejor dinámica en la tramitación de este
procedimiento, mediante la Resolución de Superintendencia N ° 3 0 3
- 2 0 1 6 - S U N AT s e a p r o b a r o n disposiciones para “la
presentación de observaciones a la liquidación preliminar y del
sustento de dichas observaciones”,
50 Como, por ejemplo, la Declaración Anual de Operaciones con
Terceros (DAOT). 51 A través de las Resoluciones de
Superintendencia N°286-2009, 066-2013, 379-2013 y sus
modificatorias, se han ido incorporando contribuyentes al llevado
de libros y registros electrónicos. 52 Mediante la Resolución de
Superintendencia N°300-2014, se regula el Sistema de Emisión
Electrónica (SEE) que comprende el SEE-Del Contribuyente, SEE-SOL,
SEE-SFS (Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT), SEE-OSE
(Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios
Electrónicos), SEE-CF (Sistema de Emisión Electrónica Consumidor
Final), SEE-ME (Sistema de Emisión Electrónica Monedero
Electrónico) y el SEE- Empresas Supervisadas. En el SEE también se
pueden emitir electrónicamente el comprobante de retención,
comprobante de percepción y el comprobante de percepción venta
interna. La designación de emisores electrónicos ha venido siendo
regulada mediante las Resoluciones de Superintendencia N°274-2015,
203-2015, 246-2016, 328-2016, 028-2017, 123-2017, 155-2017,
245-2017,117-2017, 312-2017, 317-2017, 318-2017, 166-2018,
020-2018, 239-2018, 013-2019, 206-2019, 252-2019, 279-2019.
Asimismo, mediante las Resoluciones de Superintendencia N°073-2020,
098-2020, 105-2020 se han postergado fechas de designación de
determinados contribuyentes. 53 El numeral 2.3 del artículo 2 de la
Resolución de Superintendencia N°303-2016, señala que en caso el
sujeto fiscalizado no cumpla con lo solicitado por razones de caso
fortuito o fuerza mayor presentadas el último día del plazo, este
se prorroga hasta el primer día hábil siguiente al cese de dichas
razones.
18
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Revista Cedetri Agosto 2020
precisándose que, la referida información deberá ser presentada
mediante SUNAT Operaciones En Línea.
El procedimiento de fiscalización parcial electrónica tiene la
siguiente línea gráfica:
4.2.2 Procedimiento de fiscalización definitiva y parcial
comprendidos en el SIEV
Tal como lo indicamos en los párrafos precedentes, el SIEV
también comprende los procedimientos de fiscalización definitiva o
parciales. El Anexo II de la Resolución de Superintendencia
N°084-2016, señala las fechas y fases a partir de las cuales se
generaría la implementación del expediente electrónico para dichas
fiscalizaciones, sin embargo, a la fecha estos dos tipos de
procedimientos de fiscalización no se encuentran completamente
implementados54.
VIII. Visión 360° - Transformación digital en otros países
latinos
La transformación de la prestación de los servicios
administrativos tributarios, también se ha venido dando en otros
países latinos. Así tenemos por ejemplo que, el Servicio de
Impuestos Internos-SII chileno, con motivo de la dación de la Ley
20.780, Ley de Transformación Digital del Estado55, ha
implementado el expediente electrónico para los procesos de
fiscalización, con la finalidad de que a través de dicho sistema se
almacenen todas las actuaciones correspondientes al
procedimiento.
En el caso de Colombia, mediante el Decreto 1008 de 201856, se
han establecido los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital; y, mediante la Ley 1437, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo57, se ha previsto
que los procedimientos y trámites administrativos puedan realizarse
a través de medios electrónicos (artículo 53), señalándose que,
toda autoridad deberá tener una sede electrónica q u e g a r a n t
i c e l a c a l i d a d , s e g u r i d a d , e interoperabilidad
de la información (artículo 60).
Por otro lado, en el caso de Argentina, mediante la Resolución
General AFIP N°3416/201258, se reguló el
54 La Resolución de Superintendencia N°084-2016 estableció que
el 01 de enero del 2020 (Fase I) correspondía la implementación del
procedimiento de fiscalización parcial respecto de la Intendencia
de Lima; que, el 01 de mayo de 2020 (Fase II) se iniciaba la
implementación del procedimiento de fiscalización definitiva para
la Intendencia Lima; y, el 01 de agosto de 2020 (Fase III) se
implementaba el expediente electrónico respecto de todos los
procedimientos de fiscalización en todas las dependencias de la
SUNAT. 55 Información disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdf
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/see_016.html 56
Información disponible en:
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/74903:Decreto-1008-del-14-de-junio-de-2018
57 Información disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html
58 Información disponible en:
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003416_2012_12_19
1 2 3
Notificación electrónica: 1. Carta de inicio del
procedimiento 2. Liquidación preliminar
El deudor tributario subsana los reparos señalados en la
liquidación preliminar, o sustenta las observaciones.
La SUNAT notificará la RD/RM que contendrá una evaluación del
sustento presentado por el
contribuyente.
10 días hábiles No procede solicitud de prórroga
20 días hábiles Antes de la notificación de la RD/RM se
puede interponer queja
19
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/see_016.htmlhttps://www.mintic.gov.co/portal/inicio/74903:Decreto-1008-del-14-de-junio-de-2018http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.htmlhttp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.htmlhttp://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003416_2012_12_19http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/959352BB7948B3D10525815B0061B628/$FILE/3_LEY_20780_29_SEP_2014.pdfhttp://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/see_016.htmlhttps://www.mintic.gov.co/portal/inicio/74903:Decreto-1008-del-14-de-junio-de-2018http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.htmlhttp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.htmlhttp://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003416_2012_12_19
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Revista Cedetri Agosto 2020
procedimiento de fiscalización electrónica, y mediante el
artículo 200 de la Ley N°1168359, Ley del Procedimiento Tributario,
se ha establecido que la utilización de expedientes o documentos
electrónicos tiene idéntica eficacia jurídica y valor probatorio
que sus equivalentes convencionales.
En México, los artículos 42 y 53-B del Código Fiscal de la
Federación Federal60, prevén la posibilidad de que la
Administración realice revisiones electrónicas de la información
con la que cuenta la Administración del contribuyente,
procedimiento que deberá llevarse a cabo a través de la sede
digital de la misma.
Finalmente, en España, la Ley 11/200761, regula el acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y los
alcances del establecimiento de una sede electrónica por parte de
la Administración, y en el artículo 96 de la Ley 58/2003, Ley
General Tributaria, se establece que “cuando sea compatible con los
medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los
ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y
cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios
electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y
requisitos previstos en cada procedimiento”62.
De lo expuesto podemos concluir que el proceso de implementación
de un gobierno digital ha venido ocurriendo también en otros países
latinos, q u e b u s c a n t r a n s f o r m a r s u s s i s t e m
a s convencionales a sistemas tecnológicos, con la finalidad de
lograr el establecimiento de una sede digital que agilice la
prestación de los servicios tributarios por parte de la
Administración, permita el ahorro de costos y garantice el acceso a
la información por parte del contribuyente.
XIX. Conclusiones
El avance en la tecnología ha llevado a la Administración a
replantear la forma en la que se brinda sus servicios. El gobierno
del Perú impulsado por la OCDE, se encuentra implementando el uso
de las TIC para la prestación de sus servicios p ú b l i c o s c o
n l a fi n a l i d a d d e l o g r a r e l establecimiento de un
gobierno digital.
La SUNAT, no ha sido ajena a dicho fin, y ha venido trabajando
en la creación de canales digitales que le
permitan prestar sus servicios a los contribuyentes de manera
digital, proceso que en un contexto de “nueva normalidad” que
venimos atravesando producto del COVID-19, se ha visto
acelerado.
Con relación a los procedimientos de fiscalización definitiva,
parcial y parcial electrónica, la utilización de los referidos
canales no altera la finalidad de estos, produciéndose solo una
modificación en la forma en la que estos son ejecutados. No
obstante, sí ha conllevado que determinados derechos fundamentales
de los contribuyentes como, el acceso a la información pública,
secreto profesional, reserva tributaria, y protección de datos
personales, tomen mayor relevancia, con motivo de la información
digital que se encontrará al alcance de la Administración.
Actualmente, el SIEV, se encuentra implementado solo respecto a
la fiscalización parcial electrónica, la misma que consideramos
limita la facultad de fiscalización de la SUNAT, en tanto se
circunscribe al análisis que pueda realizar la Administración sobre
la información del contribuyente que cuenta en sus sistemas, lo
cual limita su actividad de inspección, no siendo una herramienta
de solución en la nueva “normalidad” que vivimos producto del
COVID-19.
Dicho lo anterior, lo que vaticinamos es que los procedimientos
de fiscalización parciales o definitivos, en su gran mayoría,
transitarán por canales digitales, debiendo formar parte en un
futuro cercano del SIEV.
Finalmente queremos resaltar que, si bien el proceso de
digitalización de los servicios prestados por la SUNAT se ha visto
acelerado con motivo de la pandemia, su verdadera finalidad es
lograr un servicio público más eficiente, en tanto, la utilización
de los mencionados canales digitales ofrece una reducción de los
costos del procedimiento, al implicar un ahorro de tiempo y
recursos.
En este sentido, la SUNAT deberá continuar y aumentar esfuerzos
para la implementación de canales digitales que faciliten la
prestación de sus servicios a los contribuyentes, bajo el escenario
también – y esperemos muy pronto – que se supere la pandemia.
59 Información disponible en:
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1998_07_13 60
Información disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdf 61
Información disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352 62
Información disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1998_07_13http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdfhttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1998_07_13http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdfhttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
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Revista Cedetri Agosto 2020
I. Breviario
En las siguientes páginas haré un breve repaso sobre el
procedimiento de fiscalización, sus plazos, los tipos de
fiscalización previstos en el ordenamiento jurídico, y revisare
como concluye el procedimiento de fiscalización.
II. Qué es la fiscalización tributaria
El Código Tributario no nos da una definición exacta de lo que
es una fiscalización tributaria, lo único que detalla el Artículo
62° son las facultades de fiscalización en forma discrecional, ya
sea exigiendo libros, registros, documentación relacionada con
hechos susceptibles de generar obl igaciones tr ibutar ias,
correspondencia comercial, entre otros.
Sin embargo, de la jurisprudencia emitida por el Tribunal
Fiscal, ha encontrado en la RTF N° 09515-5-2004 una definición de
lo que es fiscalización tributaria, la cual ha sido realizada,
interpretando el Artículo 62° y el último párrafo de la Norma IV
del Título Preliminar del Código Tributario, y que es como se
detalla a continuación:
“La facultad de fiscalización es el poder del que goza la
administración tributaria según ley, con la finalidad de comprobar
el cumplimiento de las obligaciones y la procedencia de beneficios
tributarios; asimismo, supone la existencia del deber de los
deudores tributarios y terceros de realizar las prestaciones
establecidas legalmente para hacer posible esa comprobación, cuyo i
n cump l im ien to cons t i t u ye i n f ra c c i ón sancionable,
encontrándose la administración
tributaria facultada, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, a notificar a los contribuyentes a fin que le
proporcionen la información tributaria y documentación pertinente
con la cual pueda determinar la verdadera naturaleza del hecho
imponible, teniendo en consideración los actos, situaciones y
relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o
establezcan los deudores tributarios.”
En la definición de la citada resolución, se recoge la potestad
de la administración tributaria para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, con participación del deudor
tributario y terceros para alcanzar dichos objetos. Por mi parte,
podría agregar, que la facultad de fiscalización permite a la
administración tributaria modificar la determinación de la
obligación tributaria cuando se constate la omisión o inexactitud
de la información proporcionada por los contribuyentes, siguiendo
la potestad que se encuentra en el artículo 61° del Código
Tributario.
III. Diferencia del procedimiento de fiscalización con la
verificación y la acción inductiva
En este punto quisiera hacer la distinción entre el
procedimiento de fiscalización con los actos de verificación y las
acciones inductivas practicadas por la administración tributaria a
efectos de entender las diferencias.
Tal como hemos mencionado en el punto anterior, la fiscalización
tributaria busca comprobar el cumplimiento de las obligaciones
formales del
ASPECTOS BÁSICOS RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL
PERÚ
Marco Arturo Coello Cáceres
Abogado y Máster en Tributación y Política Fiscal por la
Universidad de Lima. Estudios de maestría en Derecho Civil y
Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Socio
Director de la firma Andrés Coello & Asociados
21
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Revista Cedetri Agosto 2020
deudor tributario, a través de la inspección e investigación de
la documentación y los hechos que sirvieron para establecer la
obligación tributaria, pudiendo determinar inclusive una deuda
diferente a la asumida por el contribuyente.
La verificación se encuentra reconocida en los artículos 61° y
75° del Código Tributario, mas no existe una definición precisa a
lo largo de dicho cuerpo legal. Las acciones de verificación por su
parte son “la simple constatación de hechos sin analizar ni
cuestionar la documentación que se constata”1. Ello se desprende de
la RTF N° 121-4-2001 la cual diferencia la fiscalización de la
verificación, señalando que la primera implica un examen y
evaluación de registros contables, documentación sustentatoria y de
las demás operaciones realizadas, a diferencia de la verificación
en la que solo se hace una simple constatación del monto adeudado
en base a la información que consta en los registros, la cual puede
ser comparada con las declaraciones juradas de los
contribuyentes.
Las acciones inductivas, las cuales se encuentran previstas
dentro del Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT –
Resolución N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, teniendo como
propósito informar a los contribuyentes2 de omisiones o diferencias
detectadas a efectos de que estas se subsanen de manera voluntaria,
es decir inducirlos a que regularicen su situación voluntariamente
o de ser e l caso, rea l icen sus descargos acompañando la
documentación sustentatoria. El Reglamento del Procedimiento de
Fiscalización - Decreto Supremo N° 085-2007-EF, excluye
expresamente a las acciones inductivas del procedimiento de
fiscalización.
IV. Clases de procedimientos de fiscalización
A continuación, pasare a revisar las clases de fi s c a l i z a
c i ó n q u e s e e n c u e n t r a n e n e l ordenamiento
jurídico:
1. Fiscalización parcial.
En este tipo de fiscalización, la administración tributaria
revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación
tributaria. Como ejemplo de un procedimiento de fiscalización
parcial sería la revisión de los gastos declarados en la
declaración jurada anual del Impuesto a la renta de un ejercicio
determinado, o e l c rédi to fisca l de determinados periodos en
caso de IGV.
2. Fiscalización parcial electrónica
En este tipo de fiscalización parcial fue i m p l e m e n t a d
o p o r l a L e y 3 0 2 9 6 , encontrándose regulada por el
artículo 62°-B del Código Tributario. En este procedimiento, la
administración tributaria cuyo tramite se realiza en forma
electrónica a diferencia de la fiscalización parcial y la
fiscalización definitiva, empezando con una preliquidación del
tributo a regularizar, y el contribuyente deberá de levantar cada
uno de los reparos dentro del plazo que es de 10 días.
3. Fiscalización definitiva
En este tipo de fiscalización se revisa en forma simultánea y en
un solo procedimiento, todos y cada uno de los elementos del
tributo y periodo a fiscalizar, así por ejemplo, para el caso del
impuesto a la renta, se analizan los pagos a cuenta, costos,
gastos, ingresos, etc.
V. Plazos de fiscalización
1. Del plazo de la fiscalización definitiva
Conforme ha sido desarrollado en el artículo 62°-A del Código
Tributario, el procedimiento de fiscalización definitiva debe de
realizarse en el plazo de un año, el cual se cuenta a partir de que
el deudor tributario cumpla con entregar toda la información y/o
documentación que solicite la administración tributaria.
1 Ponencia “Apuntes para la Elaboración de un concepto de
fiscalización tributaria en el Perú” de Juan Carlos Zegarra
Vílchez. Para mayor detalle de la referida ponencia, ingrese al
siguiente enlace web:
https://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdf
2 Para una mayor profundización, el autor recomienda revisar las
RTF N° 10177-4-2008, 02110-10-2011 y 03312-1-2013:
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/4/2008_4_10177.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2011/10/2011_10_02110.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2013/1/2013_1_03312.pdf
22
https://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdfhttps://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/4/2008_4_10177.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2011/10/2011_10_02110.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2013/1/2013_1_03312.pdfhttps://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdfhttps://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/4/2008_4_10177.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2011/10/2011_10_02110.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2013/1/2013_1_03312.pdf
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Revista Cedetri Agosto 2020
La fiscalización definitiva, puede ser prorrogado por uno
adicional, en caso de complejidad, indicios de evasión fiscal y
cuando el deudor forme parte de un grupo empresarial.
El efecto inmediato del transcurso del plazo es que al deudor
tributario no se le pueda requerir más información y/o
documentación de la solicitada. Por otro lado, el vencimiento del
plazo tiene el mismo efecto, sin perjuicio de emitir los valores
correspondientes y remitir sus conclusiones al contribuyente
conforme al Artículo 75° del Código Tributario, la cual deberá
efectuarse dentro d e l p l a zo d e p re s c r i p c i ó n p a r a
l a determinación de la deuda. Hubo un caso, en la RTF N°
3835-8-2013, en la que el contribuyente cuestionó mediante queja,
que la administración tributaria llamase a comparecer al
representante legal pese al vencimiento del plazo del procedimiento
de fiscalización, sin embargo, el Tribunal Fiscal le señaló que si
podría hacerlo, pues ello no limita su facultad de fiscalización,
sino que solo lo restringe de requerir la facultad de r e q u e r i
r m a y o r i n f o r m a c i ó n y / o documentación del
contribuyente. Mi opinión, es que el análisis del Tribunal no es
correcto, ya que las personas jurídicas actúan a través de sus
representantes legales y la administración tributaria no los
convoca solamente para verlos, sino para obtener mayor información,
aún no le pidan más documentación, lo cual lesiona el derecho del
contribuyente.
Por otro lado, tenemos que el Artículo 62-A del Código
Tributario, también establece los casos de suspensión del plazo de
la fiscalización definitiva, y nos da siete supuestos que son:
• Durante la tramitación de las pericias.
• Durante el lapso que transcurra desde que la administración
tributaria solicite información a autoridades de otros países hasta
que dicha información se remita.
• Durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la
administración tributaria interrumpa sus actividades.
• Durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la
entrega de la
i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a p o r l a
administración tributaria.
• Durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor
tributario.
• Durante el plazo en que otras entidades de la Administración
Pública o privada no proporcionen la información vinculada al
procedimiento de fiscalización que solicite la administración
tributaria.
Como consecuencia de ello, si, por ejemplo, la administración se
encuentra realizando una pericia, el plazo de fiscalización no
continuará hasta que se concluya con dicha actuación
probatoria.
Finalmente, el citado artículo nos da otro supuesto de excepción
del plazo que no aplica para fiscalización efectuada por la
aplicación de normas de precios de transferencia, ni en la
fiscalización definitiva en que sea aplicable la Norma XVI en la
que corresponda emitir el informe a que se refiere el Artículo
62°-C al Comité Revisor.
2. Del plazo a la fiscalización parcial
La fiscalización parcial se encuentra regulada por el Artículo
61° del Código Tributario, y en principio tiene un plazo de seis
meses, pudiendo prorrogarse por otros seis meses aplicándose las
mismas causales de prórroga que en la fiscalización definitiva. En
caso que el caso termine derivándose en uno de fiscalización
definitiva, se aplica el plazo de un año establecido en el numeral
1 del Artículo 62-A del Código Tributario.
3. Del plazo de la fiscalización electrónica
El procedimiento de fiscalización parcial electrónica se
encuentra regulado por el Artículo 62-B del Código Tributario, y el
plazo es de 30 días hábiles, a partir del día en que surte efectos
la notificación del inicio del inicio del procedimiento de
fiscalización. En este tipo de procedimiento no se puede aplicar
las d i s p o s i c i o n e s d e l A r t í c u l o 6 2 - A d e l
mencionado cuerpo legal.
VI. Procedimiento de fiscalización para los casos de
fiscalización definitiva o parcial
1. Inicio del procedimiento.
El procedimiento de fiscalización se encuentra regulado en el
Código Tributario y en el
23
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Revista Cedetri Agosto 2020
R e g l a m e n t o d e l P r o c e d i m i e n t o d e
Fiscalización de la SUNAT - Decreto Supremo Nº 085-2007-EF.
El procedimiento se inicia en la fecha en que surte efectos la
notificación al Sujeto Fiscalizado de la carta que presenta al
agente fiscalizador y el primer requerimiento. El Reglamento
precisa, que, en caso, lleguen en fechas distintas, se considera
como fecha de inicio en que surte efectos el último documento
notificado.
Entre la documentación a emitirse durante el procedimiento de
fiscalización tenemos entre otros a las Cartas, Requerimientos,
Resultados del Requerimiento y Actas.
2. De las cartas
Las cartas que emite la Administración tienen diferentes usos
frente al administrado entre ellas:
• La precisión del tipo de fiscalización a que estará sujeta el
administrado, la presentación del agente fiscalizador, así como los
períodos, tributos o las D e c l a r a c i o n e s A d u a n e r a
s d e Mercancías que serán materia del p roced imiento. D e t ra ta
r se de fiscalización parcial, se indicará los demás aspectos a
fiscalizar.
• La ampliación del Procedimiento de Fiscalización a nuevos
períodos, tributos o Declaraciones Aduaneras de Mercancías según
sea e l caso. Tratándose de la ampliación de un Procedimiento de
Fiscalización Parcial se deberán señalar los nuevos aspectos a
fiscalizar.
• La ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a
un Procedimiento de Fiscalización Definitiva, indicándose que la
documentación a presentar será la señalada en el primer
requerimiento referido a la fiscalización definitiva.
• El reemplazo del Agente Fiscalizador o la inclusión de nuevos
agentes.
• La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a
que se refiere el numeral 2 del artículo 62-A del Código
Tributario.
• Cualquier otra i
