“TALLER EN MATERIA DE PREVENCION Y LUCHA …cicte.oas.org/database/prevencion y lucha contra terrorismo... · ∗ Señor Jean Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión de Prevención

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

conjuntamente con

El Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/ CICTE)

bajo el auspicio del Gobierno de la República Argentina

““TTAALLLLEERR EENN MMAATTEERRIIAA DDEE PPRREEVVEENNCCIIOONN YY LLUUCCHHAA CCOONNTTRRAA EELL TTEERRRROORRIISSMMOO YY SSUU FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO””

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana

Hotel Regente Buenos Aires, República Argentina,

29 de noviembre al 2 de diciembre de 2005



Martes 29 de noviembre de 2005 10:00 hrs. a 10:45 hrs Acto Inaugural.

Palabras de Bienvenida ∗ Señor Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ∗ Señor Jean Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión de Prevención del

Terrorismo, División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

∗ Señor Alejandro Díaz de León, Consultor Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA)

∗ Señor Jean-Francois Thony, Gerente Legal Adjunto del Fondo Monetario Internacional.

∗ S.E. Embajador D, Roberto García Moritán, Subsecretario de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

10:45 hrs. a 11:00 hrs Intervalo – Café 11:00 hrs. a 11:15 hrs Presentación de los Participantes y expertos. 11:15 hrs. a 11:45 hrs La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las otras

resoluciones vinculantes. El papel del Comité de lucha Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU * Sra. Miriam Estrada, Experta de la Dirección Ejecutiva del Comité de Lucha Contra el Terrorismo, Naciones Unidas.

11:45 hrs. a 13:150 hrs Los Instrumentos Universales Antiterrorismo y cooperación internacional. Tipos penales e incorporación legislativa en la región. ∗ Señor Mauro Miedico, Experto en Prevención del Terrorismo,

Coordinador para América Latina y el Caribe, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

∗ Señor Juan Manuel Gramajo, Experto Regional para América Latina y el Caribe, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, (UNODC).

13:15 hrs. a 14:30 hrs. Intervalo 14:30 hrs. a 15:15 hrs. La Convención Interamericana contra el Terrorismo y las

contribuciones del CICTE a su aplicación. ∗ Señor Alejandro Díaz de León, Consultor Jurídico, Comité

Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA)

∗ Señora Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA).

15:15 hrs. a 15:45 hrs. Preguntas de los participantes. 15:45 hs. a 16:00 hs. Intervalo 16:00 hrs. a 18:00 hrs. Intervención de los participantes. Experiencias nacionales y casos

judiciales en la lucha contra el terrorismo (ejemplos de investigación, extradición, asistencia jurídica mutua, etc.)


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 18:18:30 hs. La labor del Comité establecido por Resolución 1267(2001) del

Consejo de Seguridad Señor Guillermo Eduardo Kendall. Presidencia del Comité. Miembro de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas

Miércoles 30 de noviembre 9:00 hrs. a 10:45 hrs. Estrategias en la investigación y persecución de los actos de

terrorismo. Dificultades para la Cooperación Internacional. ∗ Señor Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación, Colombia. ∗ Señor Stefano Dambruoso, Fiscal Antiterrorista de la República Italiana. ∗ Señor Telesforo Rubio Muñoz. Comisario General de Información.

Policía Nacional de España. 10:45 hs. a 11:00 hrs. Intervalo – Café 11:00 hrs. a 11:45 hrs Intervención de los participantes 11:45 hs. a 13:00 hs. Aspecto probatorio (I): Aplicación de las técnicas especiales de

investigación ∗ Señor Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación, Colombia. ∗ Doctor Marcelo Martínez Burgos, Fiscal de Distrito. Unidad Fiscal de

Investigación de la Causa AMIA. ∗ Señor José Ricardo Cabrera Gutiérrez, Coordinador General de la

Unidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas – Procuraduría General de la República (Ministerio Público), México.

∗ Señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Fiscal Superior Penal de Lima, Perú.

13:00 hs. a 13:30 hs. Intervención de los participantes. 13:30 hs. a 15:00 hs. Intervalo – Almuerzo 15 hrs. a 16:30 hrs. Aspecto probatorio (II): Cooperación con los organismos de

inteligencia. Utilización judicial de la información de inteligencia. ∗ Señor Stefano Dambruoso, Fiscal Antiterrorista de la República Italiana. ∗ Señor Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General del Estado de Chiapas,

México. ∗ Señor Telesforo Rubio Muñoz. Comisario General de Información.

Policía Nacional de España. 16:30 hs. a 16:45 hs. Intervalo - Café. 16:45 hrs. A 17:15 hrs. Intervención y comentarios de los participantes.

Jueves 1 de diciembre 9:00 hrs. a 10:30 hrs. La experiencia argentina en la investigación y persecución de los

actos de terrorismo. * Doctor Sebastián Ferrante, Secretario. Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA * Oficial Principal Martín Roth. División Antiterrorismo. Policía Federal Argentina

10:30 hrs. 11:00 hrs. Intervención de los participantes 11:00 hrs. a 11:15 hrs. Intervalo – Café


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 11:15 hs. a 12:45 hs. “Estrategias de fiscalización y judicialización en el combate contra el

terrorismo en España”. ∗ Señor Juan Antonio García Jabaloy, Fiscal de la Audiencia Nacional;

Madrid, España. ∗ Señora Manuela Fernández Prado, Magistrada, Sección 1ª, Sala de lo

Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, España. 12:45 hs. a 13:15 hs. Intervención de los participantes. 13:15 hs. A 15:00 hs. Intervalo – Almuerzo 15:00 hs a 16:15 hs. Financiación del Terrorismo y congelamiento de activos

∗ Señor Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

∗ Señor Juan Antonio García Jabaloy, Fiscal de la Audiencia Nacional; Madrid, España.

∗ Señor Mauro Miedico, Experto en Prevención del Terrorismo, Coordinador para América Latina y el Caribe, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

16:15 hs. a 16:45 hs. Intervención de los participantes 16:45 hs. a 17:00 hs. Intervalo 17:00 hs. a 17:30 hs. El papel de INTERPOL en la cooperación internacional en la lucha

contra el terrorismo * Licenciado Luis Fuensalida, Comisario Inspector. Ex-Jefe del Departamento INTERPOL Argentina * Oficial Alejandro Cassaglia, Oficina Subregional para América del Sur – INTERPOL

17:30 hs. a 17:50 Intervención de los participantes Viernes 2 de diciembre

9:00 hs. a 9:45 hs. Terrorismo y Debido Proceso Dr. Hernán Longo. Secretario de Fiscalía General. Coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA

9:45 hs. a 10:15 hs. Financiación del Terrorismo. ∗ Señor Alejandro Montesdeoca-Broquetas, Secretario Ejecutivo,

GAFISUD 10:15 hs. a 11:15 hs. Delincuencia organizada transnacional. Convención de Palermo.

Mecanismos de Cooperación Internacional. Investigación y enjuiciamiento. ∗ Señor Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ∗ Señor Fausto Zuccarelli, Magistrado, Consejero Inter-Regional de la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 11:15 hs. a 11:30 hs. Intervalo – Café 11:30 hs. a 12:45 hs. Experiencias prácticas en materia de extradición

∗ Señor Stefano Dambruoso, Fiscal Antiterrorista de la República Italiana.

∗ Doctor Juan Gasparini, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,



República Argentina. 12:45 hs. a 13:15 hs. Intervención de los participantes 13:15 hs. a 15:00 hs. Intervalo – Almuerzo 15:00 hs. a 16:45 hs. Cooperación internacional en la capacitación de los magistrados y

fiscales ∗ Señor Fausto Zuccarelli, Magistrado, Consejero Inter-Regional de

UNODC ∗ Señor Mauro Miedico, Experto en Prevención del Delito y Justicia

Penal , Subdivisión de Prevención del Terrorismo, UNODC ∗ Señora Adriana Lander, Consultora Regional para América Latina,

Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

16:45 hs. a 17:15 hs. Intervención de los participantes 17:15 hs. a 17:30 hs. Intervalo 17:30 hs. a 18:30 hs. Palabras de cierre y conclusión del taller.

∗ Señor Mauro Miedico, Experto en Prevención del Terrorismo, Coordinador para América Latina y el Caribe, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

∗ Sra. Miriam Estrada, Experta de la Dirección Ejecutiva del Comité de Lucha Contra el Terrorismo, Naciones Unidas.

∗ Señor Guillermo Eduardo Kendall. Presidencia del Comité 1267. Miembro de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

∗ Señor Alejandro Díaz, Consultor Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA).

∗ Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA).

∗ Señor Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.



TTAALLLLEERR EENN MMAATTEERRIIAA DDEE PPRREEVVEENNCCIIOONN YY LLUUCCHHAA CCOONNTTRRAA EELL TTEERRRROORRIISSMMOO YY SSUU FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO””

Buenos Aires, República Argentina, 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2005

LISTADO DE PARTICIPANTES, PONENTES

y FUNCIONARIOS y EXPERTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

I. LISTADO DE PARTICIPANTES

PARTICIPANTES POR ARGENTINA 1. MANUEL BORGES Secretaría de Seguridad Interior – Unidad de Secretaria y Dirección General Técnica Administrativa Domicilio: Santa Fe 1256 3° piso Dto A, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 4809-1595 e-mail: [email protected] 2. MARIA FLORENCIA BENTANCOUR Becaria, Secretaria de Seguridad Interior Domicilio: Gelly y Obes 2289 - Código Postal 1425 - Capital Federal Buenos Aires, Argentina Teléfono: 4784-6367 e-mail: [email protected] 3. NOELIA PAOLA ROMERO Cargo: Becaria, Secretaria de Seguridad Domicilio: Gelly y Obes 2289 código postal 1425 Capital Federal Buenos Aires, Argentina Teléfono: 54-11-4809-1600 e-mail: [email protected] 4. DIEGO MARCOS CARABAJAL Becario, Secretaría de Seguridad Domicilio: Gelly y Obes, Buenos Aires, Argentina Teléfono: 4742-2058 e-mail: [email protected] [email protected] 5. MARTIN JORGE ROTH Principal – Policia Federal Argentina – Unidad Antiterrorista

mailto:[email protected]






Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina Domicilio: Cavia3302, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 4809-6147 e-mail: [email protected] 6. ALEJANDRO OROZCO Y VILLA Universita de Bologna Domicilio: Cnel Diaz 2427 piso 5 dto B, Buenos Aires, Argentina Teléfono: 4807-6590 e-mail: [email protected] [email protected] 7. ALEJANDRO G. CASSAGLIA Oficial Regional Especializado– OIPC– INTERPOL Domicilio: Cavia 3302 2° piso, C1425DDJ - Buenos Aires, Argentina Teléfono: 4805-0659/4346-5767 e-mail: [email protected] 8. DOMINGO ANDRES TOLEDO Principal – Policia Federal Argentina – Departamento Interpol Domicilio: Cavia 3350 2° piso, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 4370-5983 (telefax) e-mail: [email protected] [email protected] 9. MARCOS ARNALDO GRABVIKER Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Poder Judicial de la Nación, República de Argentina Domicilio: Av. De los Inmigrantes 1950 3° piso oficina 314, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 4130-6112 e-mail: [email protected] 10. JORGE ROMEO Juez de Cámara – Poder Judicial de la Nación, República de Argentina Domicilio: Paraguay 1536 4° piso, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 4812-0344/4965 e-mail: [email protected] [email protected] 11. FELIPE CASTRO RIGLOS Becario, Secretaria de Seguridad Interior Domicilio: Gelly y Obes, Buenos Aires, Argentina Teléfono: 154-195-5492 e-mail: [email protected]












Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 12. RUBÉN VICENTE Jefe de Departamento - Secretaria de Inteligencia Domicilio: 25 de Mayo 11, Buenos Aires, Argentina Teléfono oficina: 154-406-4745 e-mail: [email protected] 13. ANGELA LEDEZMA Vicepresidenta INECIP Dirección: Talcahuano 256, primer piso, Buenos Aires Argentina. Teléfono (0054-11) 4372057064 e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR BOLIVIA 14. RAMIRO LÓPEZ Fiscal de materia (investigaciones criminales y corrupción pública). Ministerio Público. Dirección: Edificio “Fiscalía de Distrito”, calle Potosí (entre Genaro Sanjnés y Socabaya). Teléfonos: (591-4) 646-1606 / Fax: (591-4) 645-1047/Celular: 70674158. e-mail : [email protected] 15. CARLOS JAIME VILLARROEL Vocal de la Corte Superior de Distrito Dirección: Calle Genaro Sanjinés, esq. Calle Potosí, Edificio Anexo “A”, piso 10 Teléfono: (591-2) 212-4666. Fax: (591-2) 212-4683. 16. ARMANDO MOSCOSO RADA Instructor de CICAD – OEA (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo), Policía Nacional de Bolivia. Dirección: Avenida 20 de Octubre No. 2551 Teléfonos: (591-2) 243-0555; Fax: (591-2) 243-4325 e-mail: [email protected] 17. WALKER SAN MIGUEL RODRIGUEZ Presidente del Colegio de Abogados de La Paz Dirección: Av. Arce No. 2896, Edificio San Patricio, piso 2. Teléfonos: (591-2) 243-0707; Fax: (591-2) 243-0840 e-mail: [email protected]




Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina PARTICIPANTES POR BRASIL 18. GILSON LANGARO DIPP Ministro del Superior Tribunal de Justiça (STJ), Presidente de la 3ª Sección Dirección: SQS 302, bl D, ap 602, Brasília-DF Teléfonos: 55-61-3319-7074; Fax: 55-61-3319-7410 e-mail: [email protected] 19. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA Juez Federal convocado en el Tribunal Regional Federal (TRF) de la 2ª Región Dirección: TRF 2ª Región - Rua Acre, nº 80, 7º andar, centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20081-000 Teléfonos: 55-21-2276-8362; Fax: 55-21-2276-8650 e-mail: [email protected] 20. WELLINGTON CABRAL SARAIVA Procurador da República (Fiscal de la República), Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República na 5ª região. Dirección: rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu, cep 50070-450, Recife-Pe Teléfono: 55-81-3081-9913/9914 e-mail: [email protected] 21. DANIEL LORENZ DE AZEVEDO Delegado de Polícia Federal, Chefe da Divisão de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal Dirección: SAS-Quadra 06, lotes 09/10 - CEP 70037-900 - Departamento de Polícia Federal, Brasília-DF. Teléfonos: 55-61-3311-9165/9180/9150 (55-61-9277-2310 - celular) e-mail: [email protected] 22. MÁRCIO SELTZ Analista de Informações - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN Dirección: SPO, Área 05, Quadra 02, Bloco J, Brasília-DF Teléfonos: 55-61-3445-9129/ Fax: 55-61-3445-9192 e-mail: [email protected] 23. DELANNE NOVAES DE SOUZA Analista de Informações - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN Dirección: SPO, Área 05, Quadra 02, Bloco J, Brasília-DF TELÉFONO: 55-61-3445-9214/ Fax e-mail: [email protected]


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 24. ANTONIO CARLOS ANTUNES SANTOS Diplomático - Tercer Secretario, Coordinador Asistente de Combate a Ilícitos Transnacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección: Ministério das Relações Exteriores, Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, Sala 338, CEP 70170-900, Brasília-DF Teléfonos: 55-61-3411-6265 / 6662; Fax: 55-61-3225-3198 e-mail: [email protected] 25. AURELIO ROMANINI DE ABRANCHESVIOTTI Diplomático, Tercer Secretario – Embajada del Brasil en Buenos Aires Dirección: Cerrito 1350, cp 1010 Buenos Aires, Argentina Teléfonos.: 4515-2475/ fax: 4515-2401 e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR COLOMBIA 26. JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Responsable del Área de Terrorismo y Seguridad Pública Adscripta a la Subdirección de Investigaciones Estratégicas Dirección: Carrera 38 Nº 17ª – 00 Teléfono oficina: (571) 4088000 Ext. 3622/3629 Fax: (571) 4088000 Ext. 1214 e-mail: [email protected] 27. JESÚS ALBERTO CASTRO SALDAÑA Teniente Coronel, Jefe de Area investigativa Dirección: Calle 36 Nº 78 – 83 Teléfono Oficina: (571) 4266339/ Fax: (571) 3158937519 e-mail: adevigov.co 28. YENNY CLAUDIA ALMEIDA ACERO Asesora del Despacho del Fiscal General en el tema de terrorismo y su financiamiento. Dirección: Diagonal 22 B No. 52-01 Teléfono: 5702000 Extensión 2045 Fax 2171 e-mail: [email protected], [email protected] 29. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dirección: Calle 12 No. 7-65 Teléfonos: 562 9022 Fax: 562 6328 Correo: [email protected]







Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina PARTICIPANTES POR ECUADOR 30. JOSÉ ANTONIO GAGLIARDO LOOR Fiscal Penal, Ministerio Público. Dirección: Pedro Carbo 643 y Aguirre, Edif. Fénix (Guayaquil, Ecuador). Teléfonos: +593 4 253-1039, 253-1039, 232-0685, +593 9 600-6501 e-mail: [email protected] 31. NELSON RAMIRO ORTEGA CURIPALLO Mayor, Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Policía Nacional. Dirección: Pusuquí, Av. Manuel Córdova Galarza, Escuela Superior de Policía, Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 235-2283/2 224-8596/ 93169570 (celular) e-mail: [email protected] 32. JAIME MANUEL FLOR RUBIANES Ministro Juez de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Quito Dirección: Palacio de Justicia, 6 de Diciembre y Piedrahita, Domicilio: Urbanización Vista Grande San Isidro de Astra lote 134 Teléfono oficina 5932- 2529944; Fax 5932-294889 e-mail: [email protected]. PARTICIPANTES POR EL SALVADOR 33. JOSÉ NÉSTOR MAURICIO CASTANEDA SOTO Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Dirección Oficial: Corte Suprema de Justicia, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C. A. Teléfonos: (503) 2281-0844, 2281-0980. Fax: 2281-1098. e-mail: [email protected] 34. NORA V. MONTOYA MARTÍNEZ Concejal Propietaria en representación de Jueces y Magistrados Dirección: Calle Los Abetos No. 8, Colonia San Francisco, San Salvador, El Salvador, C. A. Teléfonos y fax: (503) 2245-4506 e-mail: [email protected] 35. RICARDO MAURICIO MENESSES ORELLANA Director General de la Policía Nacional Civil de El Salvador Dirección: Edificio Santa Elena No. 2, Calle Conchagua, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C. A. Teléfonos: (503) 2254-8710, Fax: 2289-1200. e-mail: [email protected]








Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 36. RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTESFiscal Jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado y Lucha Contra el Terrorismo Fiscalía General de la República. Dirección: Pasaje y Colonia Las Rosas, No. 1-B, 51 Avenida Sur, San Salvador, El Salvador. Teléfono y fax: (503) 2249-8823 e-mail: [email protected] 37. DOUGLAS OMAR GARCÍA FUNES Subdirector de Áreas Especializadas Operativas y Jefe del Grupo Especial Antiterrorismo de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Dirección: Boulevard Orden de Malta, Edificio 3, Segundo Nivel, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, El Salvador. Teléfono y fax: (503) 2289-1931/2289-1934 e-mail: [email protected] 38. JOSÉ HUMBERTO POSADA SÁNCHEZ Asesor Legal del Despacho del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobernación, Secretaría Ejecutiva del Grupo Interinstitucional Contra el Terrorismo, GRICTE. Dirección: Final 15 Av. Norte y 9a. Calle Pte., Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador. Teléfono y fax: (503) 2221-4014 / 2271-2484 e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR GUATEMALA 39. FRANCISCO SAY ALVINO Subcomisario – Jefe de las Fuerzas Especiales de Policia – FEP, Policía Nacional Civil de Guatemala Dirección: 6ta. Avenida “A” 40-36, Zona 3 – Ciudad de Guatemala Teléfono Celular: 5203 9708, Fax: 2471-8533 40. RUBÉN ELIÚ HIGUEROS GIRÓN Magistrado Vocal I de la Corte Suprema de Justicia Dirección: 21 Calle 7-70 Zona 1, Tercer Nivel, Guatemala Teléfono y Fax: (502) 2248-7110 e-mail: [email protected] de su asistente: [email protected]







Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 41. LICENCIADO RAMSÉS SEGUNDO CUESTAS GÁLVEZ Director de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial Dirección: Lote 12, Finca San Gaspar, Aldea Santa Rosita, Zona 16, Guatemala Teléfono y Fax: (502) 23653608 e-mail: [email protected] de su asistente [email protected] 42. MARCO AURELIO PINEDA COLÓN Director de Investigaciones Criminalísticas – Ministerio Público 6a. Avenida 5-66 zona 1, Oficina 605 Guatemala, Centro América Teléfonos: (502) 22515755 – 22515035, Fax No.502 (24718533) Celular 502 52039708 e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR HONDURAS 43. DORIS JAMILETH AGUILAR Fiscal Especial de Lucha contra el Crimen Organizado. Dirección: Residencial Florencia, calle principal, Edificio Discua Estrada, Tegucigalpa. Teléfono: (504) 235-9396 e-mail: [email protected] 44. FRANCISCO HERNAN BAQUEDANO CANALES Jefe de la Unidad Especial de Análisis contra el Crimen Organizado y Terrorismo. Dirección: Secretaría de Seguridad, Dirección de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI) frente a Aeropuerto Toncontin, antigua Policía de Hacienda, Comayaguela. Teléfonos: (504) 291-0350 / (504) 939-6087 (celular). e-mail: [email protected] 45. FRANCISCO ALBERTO RUIZ HERNANDEZ. Magistrado Propietario Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán. Teléfonos: (504) 269-3000 ext. 3426/ celular: (504) 979-1825. e-mail: [email protected] 46. ANGEL AUGUSTO MORALES Magistrado de la Corte de Apelaciones. Dirección: Corte de Apelaciones Sección Judicial, Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. Teléfono oficina: (504) 662-1557 e-mail: [email protected]








Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 47. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO Magistrado de la Corte de Apelaciones. Dirección: Corte de Apelaciones Sección Judicial, Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. Teléfonos: (504) 662-0990 / 662-1819; (504) 986-6529 (celular). e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR MÉXICO 48. JOSÉ RICARDO CABRERA GUTIÉRREZ Coordinador General de la Unidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas – Procuraduría General de la República Dirección: Reforma 213, Piso 4 – Delegación Cuauhtémoc, Colonia Cuauhtémoc – 06500 – México D.F. Teléfonos: (52) 5346-4440 / Fax: (52) 5346-4498 e-mail: [email protected] 49. VICENTE MANUEL TOBAR SANTIAGO Jefe del Departamento de Análisis Táctico – Agencia Federal de Investigación – Procuraduría General de la República Dirección: Reforma 213, Piso 4 – Delegación Cuauhtémoc, Colonia Cuauhtémoc – 06500 – México D.F. Teléfono: (52) 5346-2413 / Fax: (52) 5346-2375 e-mail: [email protected] 50. CONSTANCIO CARRASCO DAZA Consejero de la Judicatura Federal Dirección: Insurgentes Sur Nº 2417, Piso 12, Ala Norte – Colonia San Angel – 01000 México, D.F. Teléfono: (52) 5490-8068 / Fax: (52) 5616-1404 e-mail: [email protected] 51. ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA Juez de Distrito – Consejo de la Judicatura Federal Dirección: Reclusorio Sur, San Mateo Xalpan, Delegación Xochimilco – 16800 México, D.F. Teléfonos: (52) 2156-2057 / Fax: (52) 2156-4195 e-mail: [email protected]






Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 52. CARLOS LÓPEZ CRUZ Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal (México). Dirección: Avenida Insurgentes Sur número 2417, 7° piso, Ala Sur. Teléfonos: 54-90-85-10 / Fax: 54-90-85-11 e-mail : [email protected] PARTICIPANTES POR PANAMÁ 53. ANÍBAL RAÚL SALAS CÉSPEDES Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Dirección: Palacio Judicial, Corte Suprema de Justicia, Corregimiento de Ancón, Calle Culebra. Teléfonos: 00 (507) 262-1469 / 00 (507) 262-7442 / Fax.00 (507) 212-0574 Correo electrónico: [email protected] 54. GENEVA AGUILAR DE LADRON DE GUEVARA Jueza Tercera de Circuito, Ramo Penal. Dirección: Palacio de Justicia, Corregimiento de Ancón, Calle Culebra Teléfonos: 00 (507) 212-7329/Telefax: 00 (507) 239-2805 e-mail: [email protected] / [email protected] 55. JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas. Teléfonos: 00 (507) 205-3212 / 00 (507) 205-3203 / Celular: 00 (507) 648-66334 / Fax: 00 (507) 265-5629. e-mail: [email protected]; [email protected] 56. RICARDO MORENO SAENZ Analista de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo de Seguridad. Dirección: Ministerio de la Presidencia, Catedral Teléfonos: 00 (507) 317-6134 / 00 (507) 317-6142 / Fax.00 (507)211-0923 57. HADY NORMA GONZÁLEZ DEL PINO Departamento de Actividades Terroristas y Asuntos Conexos Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección: Apartado 1299, Zona 1, Panamá Teléfonos: (507) 211-4253 Fax: (507) 211-4253 E-mail: [email protected]





Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 58. MÓNICA I. PÉREZ Consultora del Ministro de Relaciones Exteriores Teléfonos: 00 (507) 211-4111/12; Fax. 00 (507) 211-0473 e-mail: [email protected] / [email protected] PARTICIPANTES POR PERÚ 59. MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA Fiscal Superior Penal de Lima Dirección: Jr. Francisco de Zela Nro. 1070- Jesús María Teléfonos: móvil 990-48735; Fax: 426-0136 e-mail: [email protected] 60. MIGUEL ANGEL NÚÑEZ POLAR Comandante PNP Jefe del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo Dirección: Avenida España Nº 400 - Lima-DIRCOTE PNP Teléfonos: 4318311 / Fax: 331-0157 e-mail: [email protected] 61. JIMENA CAYO RIVERA-SCHREIBER Vocal Titular de la Sala Penal Nacional Dirección: Av. Uruguay 145, Lima Telefónos 332-1424, 332-1430 anexo 27 / Celular: 993-71066 / Fax: 424-9724 e-mail: [email protected] 62. ROBINSON OCTAVIO GONZÁLES CAMPOS Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y Vocal Titular de la Corte Suprema Dirección: Jr Camana 669-Lima Telef. 426-4646 Fax; 428-0284 e-mail: [email protected] PARTICIPANTES POR REPUBLICA DOMINICANA 63. MAGISTRADO EDGAR HERNÁNDEZ MEJIA Juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Dirección: Calle Proyecto No.60, El Portal, Santo Domingo, D.N No. de Teléfono:(809)533-3118, Ext.443/444 / Fax:(809)508-2724




Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina e-mail:[email protected] 64. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PEGUERO Procurador Fiscal del Distrito Nacional Palacio de Justicia Ciudad Nueva Calle Fabio Fiallo esquina Beller Santo Domingo, Distrito Nacional - República Dominicana Teléfonos (809) 440-7000 / (809) 220-6400 ext. 2004 y 2005 e-mail: [email protected]; [email protected] 65. FRANCISCO ANTONIO OVALLES PICHARDO EN.(DEM), Subdirector de Inteligencia J-2, dela FF.AA. Dirección: Av. 27 de Febrero Esq. Av. Luperon, plaza de la Bandera. Teléfono (809) 530-5011 e-mail [email protected]

II. LISTADO DE PONENTES (en el orden en que aparecen en el programa)

67. JEAN-FRANCOIS THONY Gerente Legal Adjunto del Fondo Monetario Internacional. Sede del FMI, Washington. Teléfono:(202)6234933 e-mail: [email protected] 68. MIRIAM ESTRADA. Experta de la Dirección Ejecutiva del Comité de Lucha Contra el Terrorismo, Sede de Naciones Unidas, New York. e-mail: [email protected] 69. GUILLERMO EDUARDO KENDALL. Presidencia del Comité 1267. Miembro de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas Sede de Naciones Unidas, New York. 70. MARIO IGUARÁN ARANA. Fiscal General de la Nación, Colombia. Teléfonos: (571)4149090 / Fax: (571)4149108 e-mail (secretaria): [email protected] 71. STEFANO DAMBRUOSO Fiscal Antiterrorista de la República Italiana. E-mail: [email protected]




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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 72. TELESFORO RUBIO MUÑOZ. Comisario General de Información. Policía Nacional de España COMISARIA GENERAL DE INFORMACION (COMPLEJO POLICIAL CANILLAS).C/. Julián González Segador s/n - 28043 MADRID - ESPAÑATeléfono:(3491)582213 / Fax: 34915822282 e-mail: [email protected] 73. MARIANO HERRÁN SALVATTI Fiscal General del Estado de Chiapas, México. e-mail: [email protected] 74. SEBASTIÁN FERRANTE. Secretario. Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA

76. JUAN ANTONIO GARCÍA JABALOY Fiscalía de la Audiencia Nacional C/García Gutiérrez Nº 1 28004 Madrid - EspañaTeléfonos: 0034 – 91 – 3973379 / Fax: 3973286 e – mail: [email protected]

[email protected] 77. MANUELA FERNÁNDEZ PRADO Magistrada, Sección 1ª, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional C/García Gutiérrez Nº 1 28004 Madrid - España Teléfonos: 0034 – 91 – 3973247 / 3973377 e-mail: [email protected] 78. LUIS FUENSALIDA Comisario Inspector. Ex-Jefe del Departamento INTERPOL Argentina

79. ALEJANDRO CASSAGLIA Oficina Subregional para América del Sur – INTERPOL Secretaria General – 80. HERNÁN LONGO. Secretario de Fiscalía General. Coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA 81. ALEJANDRO MONTESDEOCA-BROQUETAS Secretario Ejecutivo, GAFISUD


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina Teléfonos: (5411)48163131 / Fax:(5411)48134400 e-mail: [email protected] 82. JUAN GASPARINI. Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

III. FUNCIONARIOS Y EXPERTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) 83. JEAN-PAUL LABORDE Jefe de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados, UNODC. e-mail: [email protected] 84. FAUSTO ZUCCARELLI. Magistrado, Consejero Inter-Regional, UNODC e-mail: [email protected] 85. MAURO MIEDICO. Experto en Prevención del Terrorismo, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados, UNODC Dirección: O. Box 500, A-1400 Viena, Austria Teléfono 00-431-26060 ext. 4417 Fax: 00-431-26060-5968 e-mail: [email protected] 86. JUAN MANUEL GRAMAJO Experto de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados, UNODC Dirección: Dirección General de Consejería Legal, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio, Internacional y Culto, República Argentina Teléfono: 0054-11-4819-8008 Fax: 0054-11-4819-8009 Email: [email protected] 87. ADRIANA LANDER OSIO. Consultora Regional para América Latina, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División de Tratados, UNODC. Dirección: ILANUD, tercer piso del edificio sede de la OIJ, San José, Costa Rica. Teléfono: 00506 – 2575826, ext. 242; 00506 – 8120659 (celular). e-mail: [email protected]; [email protected]



Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO DE LA OEA (CICTE/OEA) 88. SEÑOR ALEJANDRO DÍAZ. Consultor Jurídico, CICTE/OEA. [email protected] 89. FERNANDA LOMBARDI Oficial Jurídico, CICTE/OEA. Teléfonos: (202) 458-3611 / Fax: (202) 458-3857 e-mail: [email protected] MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA DE ARGENTINA. 90. SEÑOR EUGENIO M. CURIA Director General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina. Esmeralda 1212 Piso 15* C 1007 ABR Buenos Aires, República Argentina Tel (5411) 4819-8008 Fax (5411) 4819-8009 Email: [email protected];[email protected]





RELATORÍA DEL ““TTAALLLLEERR EENN MMAATTEERRIIAA DDEE PPRREEVVEENNCCIIOONN YY LLUUCCHHAA CCOONNTTRRAA EELL

TTEERRRROORRIISSMMOO YY SSUU FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO”” La Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (TPB/UNODC), conjuntamente con el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA), con el auspicio del Gobierno de la República Argentina, convocaron al “Taller en Materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento”, que se llevó a cabo en el Hotel Regente en Buenos Aires entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005. El taller tuvo como objetivo el establecimiento de un diálogo entre los expertos y funcionarios judiciales de los países de América Latina en materia de lucha contra el terrorismo, así como, la creación de una red de capacitación permanente a través de las escuelas de jueces y fiscales de los países latinoamericanos. I. EXPERTOS PARTICIPANTES. De las oficinas e institución organizadoras: Sr. Jean Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo, División para los Asuntos de los Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (TPB/UNODC); Sr. Fausto Zuccarelli, Magistrado, Consejero Inter-Regional de la UNODC; Sr. Mauro Miedico, Experto en Prevención del Terrorismo, Coordinador para América Latina y el Caribe, TPB/UNODC; Sr. Juan Manuel Gramajo, Experto Regional para América Latina y el Caribe, TPB/UNODC; Sra. Adriana Lander, Consultora Regional para América Latina, TPB/UNODC; Sr. Alejandro Díaz de León, Consultor Jurídico, Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA); Sra. Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico, CICTE/OEA; Embajador Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultode la República Argentina y; Sr. Juan Gasparini, representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultode la República Argentina. Expertos invitados: Sr. Jean-Francois Thony, Gerente Legal Adjunto del Fondo Monetario Internacional; Sra. Miriam Estrada, Experta de la Dirección Ejecutiva del Comité de Lucha Contra el Terrorismode las Naciones Unidas; Sr. Guillermo Eduardo Kendall, Presidencia del Comité 1267, Miembro de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas; Sr. Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación de Colombia; Sr. Stefano Dambruoso, Fiscal Antiterrorista de la República Italiana; Sr. Telesforo Rubio Muñoz, Comisario General de Información, Policía Nacional de España; Sr. Marcelo Martínez Burgos, Fiscal de Distrito, Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, República Argentina; Sr. Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General del Estado de Chiapas, México; Sr. Sebastián Ferrante, Secretario de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, República Argentina; Sr. Juan Antonio García Jabaloy, Fiscal de la Audiencia Nacional, Madrid, España; Sra. Manuela Fernández Prado, Magistrada, Sección 1ª, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, España; Sr. Luis Fuensalida, Comisario Inspector, Ex-Jefe del Departamento INTERPOL Argentina; Sr. Alejandro Cassaglia, Oficina Subregional para América del Sur,INTERPOL; Sr. Hernán Longo, Secretario de Fiscalía


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina General, Coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, Argentina y; Sr. Alejandro Montesdeoca-Broquetas, Secretario Ejecutivo, GAFISUD. Asimismo, tres participantes en el evento fueron también invitados como expertos: Sr. José Ricardo Cabrera Gutiérrez, Coordinador General de la Unidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas – Procuraduría General de la República (Ministerio Público), México; Sr. Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Fiscal Superior Penal de Lima, Perú; y, Oficial Principal Martín Roth, División Antiterrorismo, Policía Federal Argentina. Relatoras: Sra. Adriana Lander, Consultora Regional para América Latina, UNODC/TPB; y Sra. Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA). Participantes: la lista de participantes se envió oportunamente. II. TEMARIO: El temario del taller fue el siguiente:

1. Los instrumentos universales antiterroristas y cooperación internacional. Tipos penales e incorporación legislativa en la región.

2. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y otras resoluciones

vinculantes. El papel del Comité de Lucha Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU.

3. La Convención Interamericana Contra el Terrorismo y las contribuciones del CICTE a

su aplicación.

4. La labor del Comité establecido por Resolución 1267(2001) del Consejo de Seguridad.

5. Estrategias en la investigación y persecución de los actos de terrorismo. Dificultades para la cooperación internacional.

6. Aspecto probatorio (I): Aplicación de las técnicas especiales de investigación.

7. Aspecto probatorio (II): Cooperación con los organismos de inteligencia. Utilización

judicial de la información de inteligencia.

8. La experiencia argentina en la investigación y persecución de los actos de terrorismo.

9. Estrategias de fiscalización y judicialización en el combate contra el terrorismo en España.

10. Financiación del Terrorismo y congelamiento de activos.

11. El papel de INTERPOL en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.



12. Terrorismo y Debido Proceso.

13. Financiación del Terrorismo.

14. Delincuencia organizada transnacional. Convención de Palermo. Mecanismos de Cooperación Internacional. Investigación y enjuiciamiento.

15. Experiencias prácticas en materia de extradición.

16. Cooperación internacional en la capacitación de los magistrados y fiscales.

Agenda: la versión final de la agenda se envió oportunamente. III. ACTO INAUGURAL El acto inaugural del evento se realizó el día martes 29 de noviembre de 2005 en el Hotel Regente, lugar sede del evento. Durante el acto inaugural se escucharon los discursos pronunciados por el Embajador Eugenio M. Curia, Director General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; el Sr. Jean Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo, División para los Asuntos de los Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); el Sr. Alejandro Díaz de León, Consultor Jurídico, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA); el Sr. Jean-Francois Thony, Gerente Legal Adjunto del Fondo Monetario Internacional y el Embajador Roberto García Moritán, Subsecretario de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. El Embajador Eugenio M. Curia declaró abierta la jornada, dando la bienvenida a los expertos y participantes El Sr. Jean Paul Laborde resaltó la importancia de la resolución 1373 y de los Instrumentos Universales contra el Terrorismo, al tiempo que precisó que la lucha contra el terrorismo no empezó con los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, haciendo referencia al establecimiento a nivel universal de un marco jurídico común que se ha venido construyendo desde hace 40 años y que constituye un marco eficaz de cooperación internacional. El Sr.Laborde mencionó los aspectos más importantes que contienen dichas normas, éstos son: los relativos a la tipificación, a la jurisdicción y a la cooperación internacional, incluyendo la obligación de denegar asilo o refugio a los responsables de actos de terrorismo. Finalmente, el Sr. Laborde ilustró a los asistentes acerca de los servicios de cooperación y asistencia técnica quee la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la División de Tratados de la UNODC provee a los Estados Miembros. El Sr. Alejandro Díaz de León agradeció la presencia de las autoridades y funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial de cada uno de los Estados participantes y de los expertos invitados. Posteriormente, se refirió a las actividades de capacitación realizadas en el plano nacional y regional durante los últimos dos años, en conjunto con la UNODC. A continuación, el


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina Sr. Díaz de León realizó una presentación de los temas a ser tratados en el taller. Finalmente, reiteró el compromiso del CICTE de cumplir con sus objetivos trazados. El Sr. Jean-Francois Thony se refirió a las importantes funciones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la lucha contra el lavado de activos. Al respecto, destacó una serie de iniciativas para la verificación y control del sector financiero, así como los proyectos de asistencia técnica en la implementación de los instrumentos internacionales en la materia, que incluyen capacitación a jueces y fiscales. También destacó que las acciones en la lucha contra el terrorismo internacional son insuficientes cuando no incorporan la lucha contra el financiamiento del terrorismo. El Sr. Thony mencionó algunas de las normas o estándares internacionales aplicables en la materia, tales como la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999, y las Nueve Recomendaciones Especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos (GAFI). Igualmente, el Sr. Thony manifestó que es un deber del FMI evaluar si las medidas tomadas por los Estados aportan un valor agregado a la lucha contra el terrorismo. Al respecto, señaló que las investigaciones demuestran que los recursos financieros que se invierten son muy limitados. El Sr. Thony finalizó su exposición afirmando que la región no se encuentra libre de la amenaza terrorista. El Embajador Roberto García Moritán comenzó su intervención, afirmando, conforme a lo expresado por el Sr. Presidente de la Nación, que la República Argentina considera todos los actos de terrorismo criminales e injustificables, no siendo admisible ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Asimismo, señaló que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, tal como han sido caracterizados por las resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad. Destacó que La Argentina ha sufrido graves atentados terroristas en su propio territorio, como lo han sido los cometidos contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). El Embajador García Moritán afirmó que la lucha contra el terrorismo internacional debe llevarse a cabo dentro del más estricto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Señaló que la República Argentina es parte de los doce convenios internacionales contra el terrorismo, actualmente vigentes, así como de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Asimismo, se refirió a la activa colaboración prestada por su país al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad (CTC) y a la presidencia argentina del Comité “Al Qaida-Talibán”, creado por la Resolución 1267. Reseñó las medidas administrativas adoptadas para agilizar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la participación argentina en el GAFI y concluyó su exposición señalando el apoyo y colaboración prestados a las actividades de asistencia técnica llevadas a cabo por la UNODC, conjuntamente con el CICTE/OEA. IV. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS MARTES 29 DE NOVIEMBRE. 1. Instrumentos Universales Antiterrorismo y cooperación internacional. Tipos penales e incorporación legislativa en la región. El Sr. Mauro Miedico inició su exposición informando sobre el progreso de la Convención Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y al respecto manifestó que la ausencia de una definición general del término “terrorismo” no es óbice para la cooperación internacional en la


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina lucha contra dicho flagelo. El Sr. Miedico, abordó los requerimientos legislativos de los instrumentos universales antiterrorismo y de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta última, el Consejo de Seguridad, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ha afirmado que los actos de terrorismo constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales. A tenor de dicha norma, la resolución tiene carácter vinculante y obligatorio para todos los Estados. Entre las principales obligaciones derivadas de la Resolución se destaca la prevención y eliminación de la financiación del terrorismo y para ello ésta impone a los Estados Miembros las siguientes obligaciones: tipificar como delito autónomo el financiamiento de actividades, entidades, grupos o personas vinculados al terrorismo; establecer mecanismos para evitar actos de financiamiento, y cuando se detecten dichos fondos proceder a su congelamiento. Asimismo, destacó otras obligaciones igualmente relevantes, tales como la sanción del reclutamiento, la denegación del refugio, el ejercicio de jurisdicción y la prestación del máximo nivel de asistencia. También destacó la exclusión de las motivaciones políticas como causa de denegación de solicitudes de extradición de presuntos terroristas y la aplicación del principio de extradición o juzgamiento (aut dedere, aut judicare). El Sr. Miedico igualmente comentó las otras resoluciones existentes sobre el tema emanadas del Consejo de Seguridad, tales como: 1267, 1617. 1624, 1524, 1566; así como del cumplimiento de las obligaciones financieras que se han venido dando a partir de los parámetros o estándares internacionales, contenidos particularmente en las 40 Recomendaciones y en las 9 Recomendaciones especiales del GAFI sobre el financiamiento del terrorismo. El experto insistió en la importancia de ratificación de todos los instrumentos universales y su implementación en la legislación nacional mediante la tipificación como delitos graves de los actos previstos en ellos. En el plano de la cooperación internacional, señaló la necesidad de promover acuerdos bilaterales y multilaterales, intensificar el intercambio de información operacional y proporcionar asistencia judicial y policial entre los Estados. El Sr. Juan Manuel Gramajo se refirió al cuerpo normativo constituido por los doce convenios universales contra el terrorismo que, a su juicio, son el embrión de un “derecho penal internacional de segunda generación”, cuya evolución resulta particularmente significativa. Ello, si se considera que el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 no incluyó los actos de terrorismo como “delicta iure gentium”. Señaló que, en sus aspectos penales sustantivos, los referidos tratados internacionales no son fuente de normas penales directamente aplicables a individuos, razón por la cual los Estados tienen la obligación de tipificar las conductas allí previstas en su derecho penal interno. El Sr. Gramajo destacó que las obligaciones internacionales derivadas de los convenios descansan sobre tres grandes pilares: la tipificación penal interna, el ejercicio de jurisdicción y la cooperación internacional. En cuanto al ejercicio de jurisdicción, señaló que los Estados deben ejercer jurisdicción por delitos cometidos dentro de su territorio o por sus nacionales (principios de territorialidad y nacionalidad activa), mientras que están facultados a ejercer jurisdicción por delitos cometidos contra sus nacionales (principio de nacionalidad pasiva). Finalmente, hizo referencia al denominado “principio real o de defensa”, conforme al cual el Estado ejerce jurisdicción por delitos que tengan efectos dentro de sus territorios, el cual es admitido, también de manera facultativa, en la Convención Internacional para la Prevención de la Financiación del Terrorismo.


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina Respecto de la incorporación al derecho interno de los convenios internacionales, el expositor destacó la conveniencia de tipificar cada uno de los actos de terrorismo previstos en los diferentes convenios, sin que sea necesario pretender abarcarlos en una definición general u omnicomprensiva del término “terrorismo”. Ello, por cuanto, al no existir una definición internacionalmente acordada, podrían suscitarse dificultades técnico-legislativas para formular los tipos penales, corriéndose el riesgo de no incluir en una eventual definición todas y cada una de las conductas cuya incriminación está exigida por los convenios aplicables. Asimismo, destacó que los convenios internacionales contra el terrorismo, al describir las conductas que deben ser incriminadas, no establecen elementos subjetivos del tipo penal tales como un propósito o finalidad política. El expositor realizó, a continuación, una reseña de la legislación comparada en América Latina, destacando que, si bien algunas de las conductas previstas en los convenios pueden ser sancionadas mediante la aplicación de las normas penales vigentes, en muchos países deben realizarse reformas legislativas para sancionar todas las conductas previstas en los convenios. Entre los proyectos de ley elaborados con la asistencia técnica de UNODC, destacó los recientemente elaborados por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Panamá. Asimismo, destacó las actividades de asistencia técnica recientemente organizadas por la UNODC y el CICTE/OEA en colaboración con los Gobiernos de Guatemala y Honduras. Sección de Preguntas y Respuestas: Un delegado planteó el problema suscitado por las dificultades de orden constitucional que los Estados podrían enfrentar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los expertos asistentes hicieron notar las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, en especial el Artículo 25, donde se establece la obligatoriedad de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, y señalaron que las resoluciones dictadas de conformidad con el Capítulo VII de la Carta son de cumplimiento obligatorio. Un delegado hizo notar que los Estados pueden tipificar las conductas de acuerdo con su tradición jurídica y su valoración de política criminal. Asimismo, subrayó que, a su juicio, la falta de elementos subjetivos del tipo podría conducir a una forma de “responsabilidad penal objetiva”. Los expertos señalaron, por una parte, que la obligación de tipificar se satisface en la medida en que las conductas previstas por los convenios queden incriminadas, sea cual fuere el nomen iuris. Asimismo, hicieron notar que la falta de elementos subjetivos del tipo no precluye en ningún caso la exigencia del dolo. 2. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las otras resoluciones vinculantes. El papel del Comité de lucha Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU. La Sra. Miriam Estrada comentó las resoluciones de las Naciones Unidas, comenzando por la 1269, 1368, 1373 y concordantes, en que se condenan los actos de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, considerándolos criminales e injustificados. La expositora señaló la relación existente entre el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas y de personas. Destacó, asimismo, la Resolución 1624, y se refirió a la necesidad de respetar los


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina derechos humanos y el derecho de los refugiados. Finalmente, afirmó que la comunidad internacional está preocupada por la falta de tolerancia entre las culturas y civilizaciones y por ello existe la necesidad de fomentar el diálogo. De manera particular, se refirió al Comité Contra el Terrorismo (CTC) del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido por Resolución 1535. Dicho Comité, formado por los 15 miembros del Consejo, cuenta con un Presidente y Vicepresidente. Conforme a la resolución que lo creó, el CTC tiene una misión política especializada de trabajar en el análisis y examen de los informes anuales enviados por los Estados. En cuanto al procedimiento para el análisis y estudio de los reportes al CTC, formuló las siguientes precisiones: el Comité elige Estados para visitarlos y realizar in situ un análisis de la implementación de los mecanismos legales y administrativos para la implementación de la Resolución 1373; a dicha visita se invita a los representantes de organismos tales como la UNODC, el Banco Mundial, el FMI, la Interpol, la OEA y organizaciones regionales y se realizan exámenes y reuniones con personas involucradas. La visita tiene una gran utilidad para mantener un diálogo con jueces, magistrados, fiscales, funcionarios policiales, en especial de INTERPOL y autoridades migratorias y aduanas, para tener una idea cabal de la situación y conocer las necesidades en materia de asistencia. Respecto de los informes señaló que actualmente hay muchos Estados con retrasos en su presentación, sobre todo en Africa; también informó que la presentación de los informes obliga a los países a tomar medidas. Sección de preguntas y respuestas. Un delegado preguntó cuáles podrían ser las consecuencias de la eventual negativa de un Estado al cumplimiento de la Resolución 1373. Los expertos recordaron la obligatoriedad de las resoluciones del Consejo de Seguridad, y destacaron que, hasta el presente, ningún Estado se ha negado a presentar los informes anuales al CTC. Un delegado planteó la necesidad de interpretar y aplicar las normas internacionales en materia de terrorismo, a la luz de las normas internacionales sobre tutela de los derechos humanos. Asimismo, se refirió a los problemas jurídicos que, a su juicio, se derivarían de la falta de definición del concepto “terrorismo”. Los expertos recordaron que, a la luz instrumentos internacionales en vigor, los Estados tienen la obligación de tipificar las conductas cuya incriminación está prevista en los mismos, y que la falta de definición no es obstáculo para la aplicación de la norma. 3. La Convención Interamericana contra el Terrorismo y las contribuciones del CICTE a su aplicación. El Sr. Alejandro Díaz de León comenzó su disertación realizando un análisis de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, examinando el objetivo de la misma, de prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. A la luz de dicho tratado, presentó una breve reseña sobre las medidas legislativas que los Estados deben adoptar para hacer posible la aplicación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados partes, uno de los pilares principales para el logro de su objetivo. En este contexto, destacó la obligación de los Estados partes de establecer y actualizar un amplio régimen normativo y de supervisión de las operaciones de las instituciones bancarias, de los movimientos transfronterizos de dinero y valores, así como la cooperación ente los Estados


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina partes para intercambiar información financiera. También se refirió a las obligaciones en materia de congelamiento, embargo y decomiso de fondos relacionados con la financiación del terrorismo; y la adopción de medidas para incluir en la legislación penal como delitos determinantes del lavado de dinero los actos de terrorismo, previstos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Sobre la asistencia jurídica mutua, el Sr. Díaz de León recalcó que ésta se debe prestar de la manera más amplia y expedita de conformidad con los acuerdos internacionales y en ausencia de éstos de conformidad con la legislación interna. Hizo énfasis en la inaplicabilidad de la excepción de delito político en el desahogo de una extradición o una solicitud de asistencia jurídica mutua en relación a los delitos previstos en el articulo 2 de la Convención; asimismo, se refirió a que los Estados deben asegurarse que la condición de refugiado no se reconozca, ni se otorgue el asilo a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito de los previstos en la propia Convención. La Sra. Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA), enfocó su presentación en torno a cómo el CICTE contribuye a la implementación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, a través de sus programas de asistencia y capacitación, con el objeto de que los Estados Miembros cumplan con las obligaciones internacionales contraídas. En este marco, destacó el trabajo mancomunado, la cooperación y coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con quienes en forma conjunta brindan asistencia legal, mediante talleres regionales y nacionales de formulación y adecuación legislativa de las leyes o proyectos a los instrumentos internacionales y a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, describió brevemente algunas de las actividades y programas del Comité, tales como los cursos de seguridad portuaria y aeroportuaria; de fronteras; de seguridad cibernética; de asistencia jurídica para unidades de inteligencia financiera, e informó que se está trabajando sobre un manual de financiamiento del terrorismo, con el fin de mejorar la acción de los Estados en esta materia. Subrayó además que, siendo una de las misiones del Comité ayudar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales y regionales, el CICTE renovaba su ofrecimiento de constante apoyo, asistencia técnica y entrenamiento, con el fin de hacer efectivo dicho cumplimiento en el marco de la estrategia global contra-terrorismo. 4. La labor del Comité establecido por Resolución 1267(2001) del Consejo de Seguridad. El Sr. Guillermo Eduardo Kendall señaló que el Comité establecido por la Resolución 1267 (2001) del Consejo de Seguridad, y actualmente presidido por la República Argentina, prevé tres clases de sanciones: prohibición de viaje, embargo de armas y congelamiento de activos. En cuanto a la prohibición de viaje, los Estados no pueden dejar salir del país a las personas que aparecen en la lista del Comité 1267, que es una lista pública. Hasta el momento, sin embargo, no se ha dado este caso. Esta es una lista consolidada, donde están más de 400 individuos y entidades vinculados a los grupos Talibán y Al-Qaeda. Esta lista está a cargo del Comité, el cual aprueba la inclusión de una persona o entidad cuando hay suficiente evidencia y se aprueba por consenso de los quince miembros del Consejo de Seguridad.


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina En cuanto al embargo de armas, la finalidad es que las personas incluidas no puedan acceder a la compra de armamento. El congelamiento de activos, por su parte, implica la realización de un procedimiento, en virtud del cual una persona o entidad que ha sido incluida en la lista, la cual es comunicada por medio del Banco Central, a los bancos de todos los Estados. Estos últimos tienen la obligación de congelar todos los bienes a nombre de las personas incluidas en la lista. Respecto de la elaboración de la lista, se ha criticado la ausencia total de defensa de las personas incluidas en la lista. En cuanto al Comité, se renovó su existencia por un plazo de 17 meses, en una última resolución del Consejo de Seguridad. El Sr. Kendall informó que en este momento el Comité está planificando cómo mejorar el procedimiento de inclusión o exclusión de los listados. En este sentido, por ejemplo, se ha establecido una figura similar al Ombusdman, ya que el individuo interesado no tiene acceso al Comité.

En cuanto al procedimiento para ser excluido de la lista, indicó que es el Estado el que debe remitir la solicitud de una persona para ser excluida de la lista al Consejo de Seguridad. En relación con esta situación, señaló que hay casos ante la Corte Europea de Derechos Humanos. MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2005. 5. Estrategias en la investigación y persecución de los actos de terrorismo. Dificultades para la Cooperación Internacional. El Sr. Mario Iguarán señaló que en la lucha contra el terrorismo se hace necesario el ejercicio armónico de todas las ramas del Poder Público. En cuanto a las estrategias contra el terrorismo, el Sr. Fiscal General indicó las siguientes: 1. Reducir el margen de acción de los grupos terroristas, 2. Fortalecimiento de la Capacidad Coercitiva del Estado para combatir el Terrorismo; 3. Robustecer la Capacidad Punitiva del Estado Contra el Terrorismo. 1. Señaló que la reducción del margen de acción de los grupos terroristas implica la adopción de medidas tales como: a. La extinción de bienes de grupos terroristas; b. La restricción del secreto bancario y el congelamiento de cuentas; c. La Protección de las finanzas municipales y departamentales. Afirmó que al hablar de corrupción se tiene que tomar en cuenta tanto a la persona pública como a la privada; d. Fortalecimiento de las instancias de coordinación de la lucha contra los actores armados al margen de la ley; e. Fortalecimiento de alertas tempranas; f. Fortalecimiento de los programas de protección a personas vulnerables; g. Atención e indemnización a las víctimas del terrorismo. 2. En cuanto al fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado para combatir el terrorismo, señaló los siguientes cursos de acción:, a. Fortalecimiento de cuerpos operativos especializados y al respecto, comentó sobre los asesinatos de magistrados y abogados en la Corte.; b. Fortalecimiento de la Policía Rural y de los Puestos de Policías Municipales; c. Fortalecimiento de la Inteligencia Técnica y Humana; d. Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y; e. Plan Movilización. 3. En cuanto al robustecimiento de la capacidad punitiva del Estado Contra el Terrorismo, propuso las siguientes acciones: a. Designación de jueces y fiscales especializados para casos de terrorismo; b. Asignación de defensores públicos o de oficio; c. Fortalecimiento del programa de protección de testigos; d. Programas de Promoción de Abandono de Armas y de Sometimiento a la Justicia de Miembros de Grupos que realicen Actividades Terroristas. En relación con este


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina aspecto, comentó las críticas a la Ley de Justicia y Paz, que establecen penas de 8 años de condena; dijó que no se puede llegar a la impunidad so pretexto de paz; hizo también referencia a la propuesta de desmovilización para lograr la paz; e. Fortalecimiento del Sistema Carcelario y Creación del Régimen Especial para los Procesados y Condenados por Terrorismo. Comentó que los condenados por delitos de terrorismo son destinados a cárceles de alta seguridad. El Sr. Stefano Dambruoso se refirió a las estrategias preventivas y estrategias represivas. Señaló que la lucha contra el terrorismo debe realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos, especialmente a las garantías procesales. Se refirió al necesario equilibrio que debe existir entre el derecho a la seguridad, que siempre debe estar presente y la seguridad de los derechos, como el derecho de la defensa procesal que debe estar garantizado en su forma más plena desde la detención. En cuanto a las redes de terrorismo internacional, el Sr. Dambruoso afirmó que Al-Qaeda no existe como antes, con una base en Afganistán, pero su ideología sí sigue presente. En consecuencia, ya no es específico hablar de una organización con una estructura. Señaló que en el pasado se podía localizar un terrorista localizando sus contactos europeos y se podía elaborar el mapa completo, pero esto ya no es posible, ya que actualmente se trata de iniciativas espontáneas; razón por la cual actualmente resulta difícil detectar un hilo único conductor para las investigaciones. Respecto de las normas vigentes en Italia, el expositor explicó los problemas que se presentan, por ejemplo que los informantes de los organismos de inteligencia no pueden presentarse frente a un tribunal. También comentó problemas derivados de las diferencias entre sistemas jurídicos en la cooperación internacional en materia penal y, a modo de ejemplo, planteó los problemas que enfrenta el envío de una rogatoria a Estados de tradición anglosajona, tales como el Reino Unido, los cuales no permiten la utilización judicial por el Estado requerido de la información suministrada. Destacó, asimismo, la importancia de que los países de la misma región tengan las mismas reglas, en especial, en materia probatoria. El Sr. Telesforo Rubio Muñoz se refirió a la incidencia internacional del terrorismo en la actualidad, señalando que España padece de la acción del terrorismo desde hace 40 años. Destacó que la cooperación internacional ha sido fundamental, porque aún el terrorismo interno requiere la colaboración de otros países para la luchar en su contra. En cuanto a los objetivos de los servicios de información, el Sr. Rubio Muñoz se refirió a la acción de los mismos en materia de reclutamiento y de financiación. En cuanto al reclutamiento, comentó que no se le ha atribuido la importancia que el tema merece y que ello ha traído como consecuencia la situación actualmente conocida. A modo de ejemplo, citó el reclutamiento que se está haciendo para incorporarse a la guerra de Irak. En cuanto a la financiación, manifestó que es preocupante, indicando que actualmente se puede financiar el terrorismo sin necesidad de grandes sumas de dinero. 6. Aspecto probatorio (I): Aplicación de las técnicas especiales de investigación. El Sr. Mario Iguarán señaló que las técnicas de investigación, tales como las intercepciones telefónicas, la infiltración de “agentes encubiertos”, la entrega vigilada con previa autorización judicial, están previstas en la ley y en los protocolos que se tienen que observar con respeto a


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina los derechos individuales. Informó que, al encontrarse la Fiscalía dentro de la rama judicial, ésta puede autorizar el uso de estas técnicas. El Fiscal General de Colombia comentó el caso de “la zona rosa” ocurrido en su país, y relató tanto los antecedentes, como la situación diagnosticada en los informes de inteligencia que reportaban amenazas por la alta concentración de turistas y extranjeros en esta zona y los hechos que ocurrieron consistentes en el lanzamiento de dos granadas de fragmentación contra establecimientos comerciales en esta zona de Bogotá. Asimismo, el Fiscal General relató las medidas que se tomaron en este caso y las actividades de investigación realizadas, las cuales permitieron identificar al autor intelectual, a los autores materiales y el objetivo del atentado. El Sr. Marcelo Martínez Burgos señaló que las técnicas especiales de investigación surgen porque las técnicas comunes no han funcionado dada la naturaleza de los casos de terrorismo. Al respecto, manifestó que los métodos tradicionales o técnicas comunes basadas fundamentalmente en la prueba testimonial no han funcionado, ya que cada testigo tiene su propia visión del hecho y adicionalmente, el tiempo transcurrido desde el momento del hecho hasta la toma de la declaración hace que pierda memoria el testigo. Indicó que las técnicas especiales deben tener una normativa legal que las regule y deben estar bajo custodia de la autoridad. Asimismo, expresó que las “corrientes garantistas” se oponen a que estas técnicas no estén reguladas. En este contexto, opinó que en Sudamérica se requiere una reestructuración fuerte de la Fiscalía o el Ministerio Público, para contar con mayor ciencia, con Fiscalías dedicadas al Terrorismo y a la Financiación del Terrorismo, que tengan una mayor coordinación con otras Fiscalías de Sudamérica. El Fiscal Martínez Burgos consideró que estas normas deben ser aplicadas por las autoridades de Fiscalía o Judiciales e hizo referencia a figuras tales como agentes encubiertos, el arrepentido, agente provocador, entre otras; no obstante, manifestó que no han dado la solución a las investigaciones de terrorismo, por lo que sugirió que sean los agentes del Ministerio Público los encargados de tramitar la cooperación porque un exhorto tarda de seis a ocho meses en diligenciarse por los trámites burocráticos. Propuso que haya contactos previos entre Fiscales de varios países de manera informal y una vez que se evalúe el caso proceder a su formalización. Expuso que las técnicas especiales de investigación deben estar subordinadas a los siguientes principios procesales: a. principio de flexibilidad; b. principio de “desformalización”, lo cual implica que, en términos de eficacia, se deben evitar las formalidades en casos de terrorismo; c. principio de personalización, que tiene que ver con la inmediatez del hecho; d. reserva o secreto de la investigación. Señaló qué debe resaltarse de las células terroristas: el efecto sorpresa que tienen; el secreto con el que conducen sus actividades. Finalmente expresó que las técnicas especiales de investigación deben guardar una estrecha vinculación con las garantías jurídicas, las cuales garantizan derechos individuales, y al respecto dijo que no deben utilizarse métodos impropios, sino que respeten los derechos humanos. El Sr. José Ricardo Cabrera Gutiérrez informó que en junio de 2003 se creó en México la Subprocuraduría especializada en el tema del Crimen Organizado, la cual está compuesta por agentes del Ministerio Público de la Federación, Agentes Federales Investigadores, y, Peritos y un cuerpo técnico de control. Asimismo realizó una exposición sobre la estructura de la Subprocuraduría. En cuanto al marco referencial del proceso de investigación, el Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos y dirigir las investigaciones de la Policía


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina Judicial. Sobre el procedimiento en materia de terrorismo, explicó que el mismo se inicia con la denuncia del hecho o la solicitud de asistencia jurídica internacional o alerta de presencia terrorista en el país. El Sr. Cabrera Gutiérrez se refirió a las técnicas especiales de investigación utilizadas en su jurisdicción. En cuanto a los cateos, explicó que la ley establece un plazo de 12 horas desde que fue presentada la solicitud para que el juez resuelva y en caso de negación por parte del juez, también se establece un plazo menor para que sea resuelto el recurso de apelación. Respecto de las intervenciones de las comunicaciones privadas, explicó que la solicitud de tal medida puede ser hecha por el Procurador General de la Nación y por el Subprocurador de Investigación Especializada y se cuenta con un plazo de 180 días para la investigación telefónica, con posibilidad de una prórroga; al respecto señaló que el juez federal es la autoridad competente para recibir una solicitud de intervención de la comunicación. Sobre la protección de personas, señaló que la misma constituye una medida necesaria para proteger a jueces y víctimas y demás personas que intervengan en el proceso penal. Esta protección también alcanza a los colaboradores, para que la ayuda e información prestada sea eficaz. Además, los testigos que colaboran tienen los siguientes beneficios: la no inculpación y la posibilidad de no ser llevado a juicio, y, en caso de que el testigo está ya sujeto a averiguación, la posibilidad de otorgar la revisión de la pena. En cuanto a la infiltración de agentes, explicó que es el Procurador General quien la autoriza. El Sr. Mateo Grimaldo Castañeda Segovia expuso las técnicas de detención en Perú. 1. la detención preliminar en Perú está autorizada hasta por 15 días; 2. la incomunicación, la cual puede ser decretada por el fiscal una vez detenida la persona, teniendo como criterio que ésta sea indispensable y que no impida la entrevista privada con un abogado; 3. el traslado de detenidos bajo el criterio del mejor esclarecimiento de los hechos; 4. la intervención de comunicaciones, sólo para algunos delitos graves como el terrorismo, requiere de autorización judicial, la cual es solicitada por el fiscal a cargo de la investigación; 5. el arrepentimiento, el cual trae beneficios, tales como reducción de pena, exención y remisión de pena para quienes brinden información oportuna y veraz; un procedimiento que permite verificar la información proporcionada; otros beneficios tales como la protección de identidad, el cambio de identidad, el cambio de trabajo, el cambio de domicilio. Estos beneficios pueden ser revocados si la persona comete actos de terrorismo en los 10 años siguientes. Igualmente, la colaboración eficaz también trae beneficios como la exención de la pena y medidas de protección, para los colaboradores que proporcionen información. Preguntas y respuestas. Algunos delegados destacaron las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, objetando, a la luz del Pacto de San José de Costa Rica, sentencias pronunciadas por causas relacionadas con actos de terrorismo, donde no se ha observado el principio del debido proceso. Al respecto, señalaron su preocupación por ciertas corrientes que tienden a soslayar dicho principio, las cuales se conocen como “derecho penal del enemigo”. Los expertos, a la luz de la legislación comparada, analizaron la aplicación de las técnicas especiales de investigación en el marco de los principios y garantías del debido proceso. Asimismo, analizaron las condiciones jurídicas para la utilización de información de inteligencia


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina en las causas judiciales. Igualmente, señalaron la necesidad de que los Estados de América Latina fortalezcan sus mecanismos de cooperación judicial internacional. Otro delegado sugirió sustituir medidas de inteligencia por medidas de investigación; destacando que la inteligencia está dirigida a la prevención, y que la información obtenida con cierta tecnología y técnicas no son compatibles con las judiciales. Otro delegado señaló que en los últimos años se han demostrado alianzas entre los narcotraficantes y los insurgentes “narcoguerrilla” o “narcoterroristas”. Otro delegado expuso que hubo causas por las cuales los insurgentes tomaron las armas y que finalmente se firmó un acuerdo de paz, en base al cual se empezaron a fortalecer las instituciones. Destacó que esas conductas delictivas deberían tener un tratamiento especial. Opinó asimismo que en esta era de la globalización se torna más dificultoso lograr la captura de terroristas en otros países. 7. Aspecto probatorio (II): Cooperación con los organismos de inteligencia. Utilización judicial de la información de inteligencia. El Sr. Telesforo Rubio Muñoz expuso que la Unidad de Información que dirige, ha sido relevante en las últimas 4 o 5 décadas. Asimismo planteó el aspecto de la judicialización de las pruebas y destacó que hay países donde ya todo está judicializado. Comentó que, mientras los terroristas no tienen fronteras, las autoridades sí las tienen. Explicó que en España el tribunal a cargo del tema de terrorismo es la audiencia nacional, la cual además conoce de otros delitos como la delincuencia organizada transnacional. El Sr. Mariano Herrán Salvatti, se refirió a la necesidad de fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales frente a la delincuencia organizada transnacional. Expresó que la delincuencia organizada no puede confundirse con hechos menores y que el derecho penal tradicional resulta insuficiente para responder a la delincuencia organizada transnacional. Resaltó el aspecto del terrorismo, en cuanto es una amenaza a la ciudadanía, la paz y la democracia. Señaló que el marco jurídico normativo no permite usar siempre las informaciones procedentes de organismos de inteligencia y opinó que en América Latina no se ha podido utilizar con éxito la información procedente de organismos de inteligencia financiera; igualmente, comentó que hay países en los que el divorcio entre la fiscalía y la inteligencia es importante. Concluyó exponiendo que el análisis de la inteligencia es un aspecto fundamental en la lucha contra el terrorismo y que es necesario capacitar a los operadores de justicia y, al mismo tiempo, fortalecer la cooperación de las autoridades. El Sr. Stefano Dambruoso comentó que en Italia existe el delito de Delincuencia Organizada Transnacional. Respecto a la financiación del terrorismo, destacó la necesidad de demostrar que quien recibe el dinero es un terrorista y, al respecto, señaló que, en términos jurisdiccionales, ha sido muy difícil demostrar esta clase de hechos con los instrumentos típicos. En efecto, medidas como la elaboración de las listas y los bloqueos, las cuales son administrativas se basan en información de inteligencia y no en pruebas judiciales. Con relación a las listas, señaló que no se ha incorporado el derecho de defensa, debido a que quien aparece nombrado en la lista no ha tenido la posibilidad de defenderse.


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina En cuanto a las características de los hechos que constituyen la financiación, comentó que el atentado de Madrid solo costó 100.000 euros. Los actos de terrorismo no tienen necesidad de mucho dinero, pero igualmente requieren de financiación. Sección de Preguntas y Respuestas: Un experto se refirió a la utilización probatoria de la información de los servicios de inteligencia y estableció una diferencia entre el espionaje y otros servicios de información, los cuales tienen por objeto la producción de pruebas en sede judicial. Otro experto se refirió al párrafo 2do. Letra e) de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad que establece la obligación de asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación o preste apoyo. Otro experto se refirió a la dificultad para la aplicación de las resoluciones. Al respecto, afirmó que los Estados partes se enfrentan a dificultades para cumplir con sus obligaciones en materia de congelamiento, debido a que ese acto se traduce en un acto de autoridad que trata de acatar una disposición internacional sin tener motivos jurídicos para hacerlo conforme al derecho interno. JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005. 8. La experiencia argentina en la investigación y persecución de los actos de terrorismo. El Sr. Sebastián Ferrante centró su exposición en el ataque terrorista en Argentina conocido como la causa Amia, y al respecto presentó los antecedentes del caso, señalando que para la época del atentado no existía una experiencia previa, lo cual dificultaba la realización de diversos medios de verificación y control, en especial de naturaleza migratoria. Con posterioridad a esta situación, se decidió establecer una unidad antiterrorista como creación estructural de organismos destinados a evitar que estos hechos se volvieran a producir. Adicionalmente, señaló que para la fecha de los hechos había una falta de planificación y coordinación entre los servicios secretos y la justicia. Al respecto destacó que el intercambio de información es fundamental y debe ser permanente. En este sentido, afirmó que la colaboración interestatal crece día a día. En el mismo sentido, señaló que dentro de la estructura policial y judicial, había una carencia de este tipo de estructuras dedicadas a esta clase de delitos. Destacó que resulta entonces necesario la permanencia en el tiempo de organismos de ese tipo que sean capaces de enfrentarse a este delito. Del mismo modo, señaló la inexperiencia de los empleados judiciales para investigar este tipo de hechos. Planteó el tema de cómo utilizar la información de inteligencia en el proceso, cómo judicializarla, cómo presentarla a través de pruebas. Respecto al tratamiento de testigos, señaló que no existen medios adecuados para su protección. En cuanto a la respuesta que debe darse al terrorismo, señaló que no es lo mismo responder con fuerza que en el marco de la absoluta racionalidad. El Sr. Martín Roth señaló que la misión del Departamento de la Unidad de Investigación Terrorista de Argentina es entender en materia de la prevención, detección e investigación de cualquier acción terrorista, cuando su origen esté vinculado con el terrorismo internacional. Hizo


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina referencia a que el departamento cuenta con dos unidades: la División Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias y la Sección Triple Frontera. Señaló que la policía no trabaja sola en la investigación de cualquier actividad terrorista sino con otras dependencias. Destacó el permanente intercambio de información que existe entre las dos unidades; así mismo también destacó el intercambio permanente que estas unidades tienen con países que son blancos de terrorismo, como España. Especificó que los intercambios entre funcionarios vienen a solucionar lo que no se puede solucionar por la vía formal, lo cual abrevia mucho el tiempo en la solución de problemas. Informó además de que cuentan con un banco de datos. Sección de Preguntas y Respuestas: Algunos delegados se refirieron a situaciones particulares vividas en sus respectivos Estados, señalando la existencia de acciones transfronterizas entre grupos insurgentes. Asimismo, formularon una distinción entre grupos terroristas y otros movimientos o grupos de carácter social o político. Un delegado señaló la falta de legislación penal que incrimine las conductas consideradas como “actos de terrorismo” por las convenciones internacionales vigentes. Otro delegado señaló que no todos los grupos armados son terroristas y que tal calificación se determina en función de los actos que cometen. Señaló que en la polémica cada uno tiene su propia perspectiva, de modo que no se trata de una definición filosófica, sino jurídica. Además destacó la trascendencia de tener herramientas importantes. Otro delegado insistió en la necesidad de la definición, desde el punto de vista legal, para el sector justicia. Y ello, a la luz de la aplicación del principio de legalidad, el cual no permite la formulación de un tipo penal amplio. Los expertos renovaron la necesidad de establecer la tipificación penal en función de los actos descritos por los instrumentos internacionales contra el terrorismo. 9. Estrategias de fiscalización y judicialización en el combate contra el terrorismo en España. La Sra. Manuela Fernández Prado inició su exposición comentando que la Audiencia Nacional está en Madrid y que es el único tribunal de primera instancia que tiene competencia nacional y que tiene competencia en materia de delincuencia organizada y terrorismo; y que asimismo, resuelve las peticiones de extradición que se plantean a España. Informó que hasta este momento no existen en España condenas por lavado de dinero en conexión con el terrorismo. En cuanto al marco jurídico, en el contexto de la Unión Europea, hizo referencia a la decisión marco del 13 de junio de 2002 y comentó sus tres primeros artículos; en cuanto a España, se refirió a la Ley 12/2003 del 21 de mayo de 2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo y al respecto, expuso que la novedad de esta ley es que se trata de medidas de carácter administrativo. Dicha Ley crea una Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, a la que atribuye esta función de acordar el bloqueo, respecto del que se establece un plazo inicial de seis meses. Opinó que el futuro pondrá de manifiesto si estas medidas son eficaces. La Magistrada Fernández afirmó que, en general, el terrorismo tiene formas de financiación provenientes de actividades ilícitas, pero que, sin embargo, también existe un tráfico económico


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina en sentido contrario y actividades económicas de origen lícito que sirven a la financiación de grupos terroristas. En relación con el grupo ETA, señaló que tiene una estructura casi empresarial, siendo la fuente de financiación más importante el denominado “impuesto revolucionario” y el secuestro de personas para cobrar el rescate. Además de estas dos fuentes, ETA también ha establecido estructuras empresariales principalmente en Francia que les ha permitido aparentar una actividad lícita. Finalmente, informó que actualmente se están tratando de esclarecer otras fuentes de financiación, al tiempo que afirmó que el terrorismo islámico tiene otras fuentes de financiación y de actuación que obligan a realizar las investigaciones en otras direcciones. El Sr. Juan Antonio García Jabaloy inició su exposición señalando que la misma comprendería una serie de reflexiones desde el punto de vista de la financiación, y dos instrumentos, a saber, los equipos conjuntos de investigación y la orden de detención europea. Al hablar de la financiación del terrorismo, manifestó que hace falta mucho más dinero para mantener la organización que el necesario para un determinado acto terrorista. Planteó que la investigación sobre financiación tiene sentido en cuanto es un estadio previo a la comisión de actos de terrorismo, y al respecto señaló que el control de la actividad económica es lo que sirve para saber si existe financiación del terrorismo; mencionó así mismo que otro mecanismo de protección es la ley de blanqueo de capitales, explicando al respecto que existe la obligación de informar de cualquier operación sospechosa. Señaló además el carácter de reservado que tienen los datos de la hacienda pública, así como la utilidad de la información procedente de los registros públicos. En cuanto al terrorismo islamista, señaló que es un terrorismo diferente al de ETA. Al respecto mencionó el mecanismo de los “Hawala”, el cual es un mecanismo sencillo y antiguo, con origen en China y que se caracteriza porque para su puesta en funcionamiento basta con una organización, como Al-Qaeda, que disponga de agentes propietarios de establecimientos. Finalmente, se refirió a los equipos conjuntos de investigación y a la orden de detención europea. En cuanto a los equipos conjuntos de investigación, comentó que nacieron en el seno del Consejo de Europa y que consisten en que varios Estados forman un equipo con agentes de fuerzas de seguridad del Estado, el cual hace actuaciones en cualquiera de los Estados parte. Informó que ya estos equipos aparecen en la Convención de Palermo. Se refirió a este respecto al equipo creado entre España y Francia, en el 2004. Como resultados señaló la incautación de documentación y la detención de terroristas, y afirmó que para su correcto funcionamiento la autoridad judicial es la que tiene que dirigir la actuación. En relación con la Orden Europea de Detención, explicó que simplifica trámites y hace desaparecer el proceso de la extradición, siendo la comunicación directa y no diplomática, y no planteándose, por ejemplo, el problema en la entrega de nacionales. Asimismo, explicó que dentro de esta orden existe una institución, denominada “entregas temporales”, la cual actúa en determinados proceso en el otro país, pudiéndose pedir que una determinada persona sea entregada temporalmente con el fin de estar presente en un determinado juicio oral en el otro país. Sección de Preguntas y Respuestas: Un delegado preguntó acerca de la licitud del uso de las técnicas especiales de investigación, manifestando sus dudas acerca de una eventual aplicación de la teoría del “derecho penal del


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina enemigo”, en contraposición a los principios garantistas. Los expertos le hicieron notar que dichas técnicas están reguladas por la ley, generalmente en el ámbito del tráfico ilícito de estupefacientes, razón por la cual se prevé su admisibilidad judicial. Otro delegado preguntó acerca de la relación existente entre las autoridades policiales y el poder judicial para la aplicación de las técnicas especiales de investigación. Los expertos señalaron que, conforme a la legislación comparada, existe una estrecha relación entre investigadores, magistrados y funcionarios del Ministerio Público. Otro delegado señaló que, en algunos Estados, las diligencias probatorias pueden ser dispuestas directamente por el Ministerio Público Fiscal, razón por la cual cabría preguntarse acerca de la necesidad de que, para la obtención de las pruebas, deba intervenir necesariamente un juez de instrucción. Los expertos señalaron que, en delitos especialmente graves, la presencia del juez resulta de gran importancia, si bien ambos sistemas pueden ser aceptables. 10. Financiación del Terrorismo y congelamiento de activos. El Sr. Mauro Miedico, explicó el marco jurídico obligatorio en el tema, compuesto por las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Convención Internacional de 1999, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo de 2001, las recomendaciones especiales del GAFI y las específicas del Grupo Egmont. En este sentido, la Resolución 1373, obliga a los 191 Estados a tipificar como delito autónomo la financiación del terrorismo y a congelar inmediatamente los fondos, así como a prohibir que se pongan cualesquiera fondos y recursos a disposición de terroristas. Expuso que si bien las recomendaciones del GAFI no son vinculantes, ya han sido adoptadas como criterios de evaluación por parte del FMI y del Banco Mundial, y que algunas incluso, están incluidas en la Resolución 1373 y en la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. Señaló que, en relación con este tema, es necesario leer en forma mancomunada las Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a los talibanes y a Al–Qaida (1267, 1333, 1390, 1455, 1526 y 1267). En cuanto al Convenio de 1999 sobre Financiación del Terrorismo, se refirió al artículo 2, el cual establece el tipo de financiación como delito autónomo. Al respecto señaló que la definición es muy amplia, toda vez que comete tal delito toda persona que, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer un acto de terrorismo. Explicó que el sistema de lucha contra la financiación del terrorismo ha sido construido utilizando las técnicas utilizadas para la lucha contra el lavado de activos, a la luz de la experiencia consolidada en esta materia. En cuanto a los límites, señaló que no se han tenido en cuenta los aspectos típicos que lo diferencian del lavado de activos. En relación con las similitudes, explicó que en ambos delitos se verifica un uso intensivo de efectivo, del sistema financiero, contrabando de dinero, comercio basado en transferencias, uso de entidades para ocultar el verdadero destinatario, utilización de países y jurisdicciones no cooperantes, en los que la reglamentación no es completa y que permite tener fallos o lagunas que son utilizados. En cuanto a las diferencias, expuso que en relación con las fuentes, en el financiamiento la actividad puede ser legal o ilegal (en el lavado es ilegal); en relación con la cantidad, en el financiamiento puede tratarse de montos limitados (en el lavado siempre se trata de grandes


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina montos); en cuanto al motivo, en el financiamiento está asociado a una ideología o filosofía (en el lavado no, sólo a utilidades); en cuanto al destino, en el financiamiento se trata de una actividad ilegal. Sección de Preguntas y Respuestas: Un delegado planteó que el lavado de activos del narcotráfico se ha extendido, y sugirió la posibilidad de establecer un protocolo para realizar un seguimiento del dinero. Otro delegado destacó la importancia de la cooperación internacional en materia de financiación del terrorismo. Asimismo, consultó acerca de las acciones que deberían adoptarse en tal sentido, a fin de dar efectiva aplicación a lo dispuesto por la Convención de 1999. Los expertos señalaron que la cooperación sigue siendo relativamente limitada. Al respecto, señalaron que cabe preguntarse cuántos países tienen legalmente ordenados los equipos de investigación conjunta, la integración de fuerzas de seguridad, de fiscales, así como el valor de la prueba obtenida en el extranjero. 11. El papel de INTERPOL en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. El Sr. Luis Fuensalida inició su exposición señalando que INTERPOL es una organización de policías a escala internacional y que cuenta con instrumentos para ayudar a la cooperación internacional. Relató que la INTERPOL tiene sus antecedentes en 1914 y que en 1946 se reconstruyó, estableciendo su sede en París, hoy en Lyon, que cuenta con 184 Estados miembros, y que sus prioridades son: 1. las organizaciones criminales y de drogas; 2. los delitos informáticos; 3. la seguridad pública y el terrorismo; 4. el tráfico de seres humanos; 5. y los fugitivos de la justicia. Informó que la INTERPOL cuenta con un sistema de comunicaciones, con una base de datos y con servicios policiales de apoyo operacional que contribuyen al cumplimiento de sus fines, los cuales son: aumento de la información y ayuda a la identificación; ayudar a los Estados a desarrollar su capacidad de lucha; ayudar en la investigación de actos terroristas; fomentar la actividad de coordinación entre organismos policiales, aduanas y migración. Asimismo, el Sr. Fuensalida relató las actividades que realizaron en algunos casos importantes. En relación con el apoyo que la INTERPOL presta, explicó el funcionamiento de los comandos y de los equipos que se han constituido. En relación con el tema específico del terrorismo, presentó al grupo de apoyo operativo conocido como Grupo Fusión, el cual se creó para obtener información sobre grupos terroristas e identificación de sospechosos de terrorismo, así como para brindar apoyo ante atentados terroristas e incrementar el enlace entre policías. Destacó que este Grupo tiene por finalidad la creación de bases de datos para la colecta de los nombres de presuntos terroristas así como de sus actividades, y que, adicionalmente, se investigan también las transferencias de dinero. El Sr. Fuensalida hizo también referencia al Proyecto Amazon para América Latina, cuyo fin es la identificación de islamistas en la región. El Sr. Alejandro Cassaglia señaló que si bien INTERPOL tiene su sede central en Lyon, Francia, todos los países tienen un centro. Por ejemplo, la oficina para América Central y el Caribe está en El Salvador, mientras que la oficina para Sudamérica se encuentra en Argentina. Informó que las prioridades delincuenciales fijadas en la Asamblea General en Berlín fueron: organizaciones criminales y drogas, delitos informáticos y terrorismo. En cuanto a las


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina herramientas, señaló que el sistema de comunicación seguro, I-24/7, es un sistema veloz, al que 170 países están conectados, y que incluso, hay países que lo han extendido a aeropuertos, puertos, etc. En cuanto a las bases de datos nominales, éstas contienen, entre otras, información relativa a documentos de viaje y a documentos robados. Así mismo, facilitan las búsquedas de huellas digitales (100 % de certeza). Por otro lado, aludió a que las difusiones naranjas son una herramienta nueva que apunta al uso de armas no convencionales y a armas de destrucción masiva. Igualmente, habló de los servicios policiales de Apoyo Operacionales, con los que cualquiera puede comunicarse para averiguaciones urgentes de casos particulares. Así mismo también habló de los Grupos de Apoyo de crisis, cuya finalidad es atender catástrofes nacionales o de terrorismo, bajo solicitud de los países miembros. En la lucha contra el terrorismo, destacó el grupo Task Force (Grupo Fusión), el cual es el corazón de la lucha antiterrorista. También mencionó, entre otros, proyectos como el “Geiger”, y el “Crit”. Asimismo, hizo alusión a algunas cifras que reflejan los resultados de esta organización, y se refirió a los instrumentos con que cuentan para llevar a cabo sus fines y objetivos. También hizo referencia al Proyecto TARGET, el cual genera un informe anual de terroristas capturados. Comentó que actualmente existe una preocupación por los ataques bioterroristas, cuyos daños pueden ser muy importantes, ya que es difícil detectar a una persona con armas biológicas. En cuanto a los proyectos en Sudamérica, mencionó al AMAZON (etapa I y II en curso, que tiene como objetivo la identificación de células terroristas islámicas). Asimismo, mencionó los siguientes proyectos: la Operación Júpiter (piratería informática); la Operación Paloma Blanca (narcotráfico, relacionado con terrorismo). Sección de Preguntas y Respuestas: Un delegado señaló que, en su país, el Ministerio del Interior no tiene contacto con la INTERPOL, a pesar de que es el ente que se encarga de la investigación del terrorismo. Los expertos destacaron que INTERPOL debería estar integrada en el área de investigación. A tal fin, dicho organismo internacional implementó un proyecto de buenas prácticas. 12. Terrorismo y Debido Proceso. El Sr. Hernán Longo inició su exposición refiriéndose a la tensión existente entre eficacia y debidas garantías. Al respecto, destacó que los organismos internacionales, tanto las Naciones Unidas como la OEA, han sido plenamente concientes de la necesidad de tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Al respecto y antes de revisar el contenido de los informes de dichas organizaciones, el Sr. Longo, repasó el significado del debido proceso y de los principios y derechos que comprende, tales como: 1. el principio de legalidad (legalidad formal, que implica que para que una conducta pueda ser considerada delictiva es necesario que una ley la establezca como tal) y al respecto señaló que debe quedar claro que urge establecer por consenso una definición de terrorismo que respete el principio de legalidad, para, en su opinión, poder diseñar una política judicial seria; 2. el derecho de defensa en juicio (derecho a ser notificado); 3. la presunción de inocencia (comentó que este derecho ha sido limitado con aquellas detenciones que exceden el plazo razonable, y opinó que “las detenciones de terrorismo son una flagrante y escandalosa violación de los derechos humanos, sin quedar esto además en el plano dogmático”; 4. El derecho a un juez independiente, y al respecto, señaló que el juzgamiento por tribunales militares desalienta la independencia judicial. Finalmente, comentó que ante la ira del dolor que


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina provocan los hechos terroristas, los gobiernos deben recordar que el fin no justifica los medios, y que es esa certeza precisamente la que nos distingue de aquellos a quienes nos debemos enfrentar. Sección de Preguntas y Respuestas; Un delegado preguntó acerca de la limitación de las detenciones preventivas. El experto respondió que los organismos internacionales de derechos humanos no establecen plazos determinados, solo plazos razonables. Otro experto enfatizó la necesidad de garantizar el debido proceso, y señaló, asimismo, la importancia de asegurar la garantía con una eficaz actividad preventiva. Afirmó que es importante y fundamental que la lucha contra el terrorismo deba realizarse en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, pero al mismo tiempo hizo hincapié en que hay limitaciones que se pueden realizar, proporcionales y legítimas, por lo que surge la necesidad de buscar un equilibrio. Señaló, a modo de ejemplo, la protección de las comunicaciones telefónicas, y al respecto, las señaló como una limitación al derecho de la privacidad, la cual sin embargo es totalmente aceptable frente al derecho de seguridad. No obstante, afirmó que las violaciones a los derechos humanos deben denunciarse. Otro delegado caracterizó el terrorismo como parte del crimen organizado, atribuyéndole un carácter complejo, toda vez que dicho delito no puede analizarse aisladamente. Afirmó, asimismo, que los terroristas pueden aprovechar las debilidades de los sistemas judiciales. Propuso que se aprovechen las ventajas de la cooperación judicial, al tiempo que afirmó que la parte investigativa del delito es determinante. 13. Financiación del Terrorismo. El Sr. Alejandro Montesdeoca-Broquetas informó que el GAFISUD fue constituido en diciembre del año 2000 y que comprende a nueve Estados de Sudamérica; señaló que el mandato original del Grupo se refería a la armonización de estándares en materia de lavado de dinero; al respecto relató que primero se adoptaron las 40 recomendaciones y mecanismos de evaluaciones mutuas y que, a partir de los atentados de 2001, extendió su mandato incluyendo el combate al financiamiento del terrorismo, elaborándose así las nueve recomendaciones especiales contra el terrorismo entre 2002 y 2004. En este contexto, afirmó que muchos de los países están en proceso de creación y adecuación de normas, y que los países de GAFISUD han firmado y ratificado en gran medida todas las convenciones y acatado las resoluciones internacionales y que están trabajando en su plena instrumentación. En cuanto a la financiación del terrorismo, señaló que, conforme a las recomendaciones, existe una exigencia de que este delito sea tipificado en forma autónoma, y que sin embargo, sólo algunos países lo han hecho de acuerdo a las evaluaciones de GAFISUD. En cuanto al congelamiento de fondos como consecuencia del financiamiento, señaló que son pocos los países que pueden cumplir eficazmente con esta resolución, si bien algunos países han realizado modificaciones legislativas al efecto.


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 14. Delincuencia organizada transnacional. Convención de Palermo. Mecanismos de Cooperación Internacional. Investigación y enjuiciamiento. El Sr. Fausto Zuccarelli señaló que la Convención de Palermo establece una serie de medidas útiles para mejorar la cooperación judicial. Como ejemplo mencionó los artículos 16 a 18 referidos a la Extradición y a la Asistencia Legal Mutua, y señaló que dicho tratado prevé la creación de una autoridad central para asegurar una respuesta mutua. En lo que respecta a la Extradición, opinó que es un procedimiento que lleva mucho tiempo. En el plano europeo, el disertante destacó los principales mecanismos de asistencia jurídica mutua: 1. EUROPOL que se ocupa de la cooperación entre Policías; 2. European Judicial Network, de junio de 1998, que creó puntos de contacto en cada país, de tal manera que si un magistrado de Suecia quisiera ponerse en contacto con uno Inglaterra, podía comunicarse con el punto de contacto. 3. Orden de Captura Europea. El Magistrado Zuccarelli destacó la necesidad del respeto al principio de legalidad y al debido proceso y consideró que si todos tenemos que respetar los derechos del individuo también tenemos que respetar los derechos de la sociedad. Señaló que no está a favor de las legislaciones de situaciones de emergencia y dice que el Terrorismo y el Crimen Organizado no entran en las mismas, ya que estarán presentes por mucho tiempo. 15. Experiencias prácticas en materia de extradición. El Sr. Stefano Dambruoso señaló que en Europa se estableció la Orden de Captura, la cual es un procedimiento que se caracteriza por tener menos requisitos procesales, de forma que un Estado puede pedir a otro Estado que sobre la base de su propio pronunciamiento se extradite a un sujeto. Se dejan a un lado las estructuras rígidas, siendo este procedimiento más veloz. Señaló la necesidad de dar respuesta eficaz a una realidad. Informó así mismo que la respectiva Convención fue suscrita unos días posteriores al 11 de marzo. Explicó que en la práctica ha habido una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Alemana, la cual declaró inconstitucional la norma, por la naturaleza del sujeto. Este fue el primer caso que señaló la dificultad de superar la eficacia nacional en aras de mejorar la eficacia internacional. El Sr. Juan Gasparini se refirió a las normas jurídicas que en la República Argentina regulan los regímenes de extradición y de asistencia jurídica en materia penal. Al respecto, señaló que el marco normativo lo otorgan los tratados bilaterales y multilaterales y la Ley 24.767, la cual da el marco procedimental a todo trámite de proceso de extradición y de asistencia mutua. Señaló que, por mandato constitucional, los tratados internacionales tienen supremacía sobre las leyes internas. En cuanto a la Ley argentina en la materia, señaló que establece un principio de amplia y pronta cooperación, el cual transforma la solicitud extranjera en una obligación para las autoridades argentinas, tanto judiciales como de Cancillería. Igualmente, esta ley establece la reciprocidad. Explicó que la ley de cooperación internacional en materia penal establece las condiciones para aquellos casos en que éstas no sean dadas por un tratado previo, y que se dividen en: 1. Condiciones de Admisibilidad, la cual no procede en casos de delito político, pena de muerte en el otro país, motivos persecutorios, o para el caso en que el proceso esté llevado por un tribunal Ad–Hoc para el caso particular. No serán considerados delitos políticos los actos terroristas y los crímenes de lesa humanidad. 2. Condiciones de Concesión de la Extradición:


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina entre otras, la acción y la pena no deben estar extinguidas con respecto al proceso que motiva la solicitud. En cuanto al Procedimiento, señaló que: a. los pedidos de extradición deben presentarse por la vía diplomática, ya que se trata de una etapa administrativa, a cargo de la Cancillería, la cual hace un análisis preliminar en cuanto a los requisitos de forma y en cuanto a las condiciones de admisibilidad (delitos políticos, militares), así como una evaluación de que no esté afectado algún interés esencial de Argentina, de soberanía o interés público. Si se da curso al pedido de extradición, se da curso a través de la Procuraduría General de la Nación; b. Etapa Judicial. El Ministerio Público ejerce la acción. También puede intervenir el Estado requirente, coadyuvando al proceso. Termina con un juicio oral. El reclamado puede ejercer ampliamente el derecho de defensa. Queda establecido que en ese proceso no se pueden discutir cuestiones de fondo del hecho, la existencia o la culpabilidad, las cuales tendrán que resolverse ante la jurisdicción que lo está reclamando. Una vez desarrollado el juicio, la audiencia de debate, el juez emite una sentencia, la cual es susceptible de un recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Si la sentencia deniega, Cancillería informa al Estado requirente. Si la sentencia es positiva se pasa a la siguiente etapa; c. Etapa de decisión definitiva. Es una nueva posibilidad de análisis político de la cuestión. Se abre con la recepción de todas las actuaciones en Cancillería, con un plazo de 10 días para que la Cancillería se expida. Si no se expide formalmente, se lo comunica a la Embajada del Estado Requirente. Se traslada a través de Interpol. El arresto provisorio es posible. Se establece como vía formal diplomática y la circular de índice rojo se establece vía Interpol. Sección de Preguntas y Respuestas: Un experto destacó la eficacia de la Orden Europea de Captura, para cuyo trámite desaparecen las autoridades administrativas, se llena un modelo con todos los datos y con el tipo penal al que se refiere y se remite por correo electrónico incluso al juez. Aclaró que dicha Orden no se puede aplicar en países que tengan algún obstáculo constitucional. Si la entrega es para aplicación de condena, se debe preguntar a la persona si prefiere cumplir la condena en el Estado requirente o en el requerido. Otro experto destacó la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana, la cual admitió la constitucionalidad de la Orden Europea. Dicho tribunal señaló que el Estado requerido está obligado a controlar que la persona que tiene que ser extraditada haya sido totalmente identificada, que a esa persona se le imputen hechos precisos, y que la orden de captura relate los hechos. La Corte agregó que no está obligado a evaluar la fundamentación de las acusaciones, ya que esa es la tarea del juez que lo juzgará. 16. Cooperación internacional en la capacitación de los magistrados y fiscales. El Sr. Fausto Zuccarelli, afirmó que la capacitación es una garantía de independencia de los magistrados (jueces y fiscales) y que son pocos los países que no se han enfrentado con terrorismo y con el crimen organizado. Dijo que la función de los magistrados es la parte más importante del sistema de justicia porque son los que en definitiva resuelven con una sentencia. Por tanto, consideró muy importante que los operadores de justicia sepan aplicar los instrumentos legislativos. Señaló que once de los países presentes han ratificado la Convención de Palermo y nueve los dos protocolos. Por lo tanto, casi todos se han comprometido a aplicar la Convención de Palermo y a desarrollar programas específicos de capacitación para el


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina personal, siendo esto un punto de partida para que cada uno de los Estados organice por si sólo y con otros Estados cursos de capacitación. Asimismo señaló que el artículo 16 de la Convención Interamericana, afirma que, para cumplir con ella, los Estados Miembros deberán realizar cooperación técnica y capacitación a través de programas en el ámbito bilateral e internacional para fortalecer las instituciones. Así mismo, dio información sobre acciones que se han adoptado en Europa siguiendo estas pautas. Señaló que en 1994, cuando empezó su mandato en la magistratura italiana, se decidió a crear una estructura de capacitación para magistrados nuevos o ya en carrera: Capacitación inicial y Capacitación Permanente. Desde 1998 tienen un acuerdo con la Escuela de la Magistratura Francesa, lo que permite el intercambio. La estructura de capacitación europea, integrada por 25 países, organiza debates sobre temas variados, basados en la legislación internacional. Señaló que recientemente se constituyó la red de la magistratura, con 9 países miembros y 5 observadores, la cual tiene como fin ofrecer cursos de capacitación común. Se refirió al caso de los colaboradores de la Justicia en Italia que se encuentran dentro del sistema de protección. Italia tiene una ley que contiene la figura del colaborador de la justicia. Actualmente hay 896 colaboradores de la justicia; 71 testigos, personas que estuvieron presentes pero no están relacionadas con el crimen. Destacó que en un proceso pueden haber tres soluciones: Condena, Absolución o Insuficiencia de la Prueba. Cada magistrado entiende y valora de manera diferente la misma prueba. Por eso son tan importantes los cursos sobre valoración de prueba que se organizan en varios países europeos. La Sra. Adriana Lander señaló que su presentación iba a enfocar “la cooperación internacional en la capacitación de los funcionarios del sector justicia en materia de prevención y lucha contra el terrorismo”. En este sentido, consideró importante retomar el propósito del taller, el cual es el establecimiento de un diálogo con las Escuelas de Capacitación sobre el tema, así como, formar una red de capacitación permanente a través de las escuelas de jueces y fiscales de los países latinoamericanos. Al respecto estableció como objetivo central la incorporación del terrorismo en la capacitación del sector justicia, ya que en la actualidad no éste no es el caso. En este contexto, señaló que aunque en la actualidad no sea una prioridad, debe existir capacidad de respuesta del sector justicia en América Latina para combatir el terrorismo. En cuanto al contenido de esa capacitación, afirmó que capacitar en materia de terrorismo conlleva el fortalecimiento del Espacio Judicial Regional y la promoción del cumplimiento de otras obligaciones internacionales, tales como las relativas al debido proceso. En cuanto a las estrategias, propuso que: 1. en cuanto al contenido, éste se asuma como un hecho dinámico; 2. en cuanto al ámbito, como un asunto regional en el que se tengan como aliados la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y la RECAMPI (de Ministerios Públicos); 3. en cuanto a las formas: virtuales y/o presenciales, así como, capacitaciones nacionales, adecuadas a la realidad del país; 4. en cuanto a la metodología, propuso la resolución de casos hipotéticos. Sección de Preguntas y Respuestas: Un delegado señaló que, pese a la relevancia del taller, no hubo lugar a la participación activa, y propuso que se hicieran siempre con resolución de casos, participación activa y trabajo en comisiones. Los expertos se mostraron de acuerdo.


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina V. Palabras de cierre. El Sr. Mauro Miedico, Señaló que la intención como organismos organizadores de este evento fue dar la posibilidad de intercambio y diálogo directo con las escuelas judiciales, conforme al mandato de brindar asistencia técnica a los países que lo soliciten, lo cual representa un objetivo primario y fundamental. Destacó que en el ámbito latinoamericano se han producido resultados y que una vez las leyes estén aprobadas, debe capacitarse a los jueces. Destacó que por primera vez en el continente se ha logrado un acercamiento de los más altos expertos para buscar y fomentar el diálogo directo. Comentó que UNODC está preparando un manual de formación judicial que podrá ser utilizado a escala nacional. Expresó la total disponibilidad de brindar apoyo, experiencia y conocimientos. La Sra. Miriam Estrada expresó que “el conocimiento nos hace libres”, manifestó que recomendará en su informe estrechar más los vínculos de nuestras instituciones de modo que sus colegas de la Dirección Ejecutiva tengan la misma oportunidad que ella de conocer de primera mano las opiniones de los países de América Latina. El Sr. Alejandro Díaz agradeció las experiencias compartidas y lo enriquecedor del trabajo conjunto, al tiempo que hizo un repaso general de los temas. A este agradecimiento se unió su colega del CICTE, la Sra. Fernanda Lombardi, Oficial Jurídico de esa Oficina. El Sr. Eugenio M. Curia destacó la interacción entre los operadores de justicia y señaló que es importante que estos difundan los conocimientos aprendidos en las instituciones de las que forman parte. Finalmente agradeció a los ponentes su labor.

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“TALLER EN MATERIA DE PREVENCION Y LUCHA …cicte.oas.org/database/prevencion y lucha contra terrorismo... · ∗ Señor Jean Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión de Prevención