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Metamorfosis de la institucionalización de las personas con discapacidad intelectual desde la mirada del
Trabajo Social.
Institutionalisation of people with intellectual disability. Methamorphosis from the social work practice
point of view
Rosa Mª Díaz Jiménez
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla
Resumen
En este trabajo se formula una propuesta analítica interpretativa y de lógica ascendente que de
cuenta de los procesos de intervención con personas con discapacidad intelectual desde el
Trabajo Social en centros residenciales y de día en Andalucía en el marco de cambios
conceptuales paradigmáticos y desarrollo de políticas de servicios sociales.
Inicialmente realizamos un estudio exploratorio del Trabajo Social en los centros andaluces
(encuesta, n=64) y con metodología cualitativa explicamos los discursos profesionales. Se utilizan
los supuestos generales de la Teoría Fundamentada con adaptaciones transductivas. Para
seleccionar la situación de estudio, utilizamos el muestreo teórico, intencional, discriminado,
habiendo alcanzado la saturación teórica con 19 informantes. En la recogida de datos se ha
utilizado la entrevista en profundidad y para el análisis de la información se ha seguido la
codificación abierta y selectiva para la comparación constante de los datos, la integración de
categorías y propiedades y la integración teórica. El análisis se ha apoyado en el programa Atlas.ti.
Se han identificado tres procesos que dan cuenta de la reconstrucción de la institucionalización:
disidencia, promoción y adaptación, que orientan el camino hacia una metamorfosis en las
respuestas a personas con discapacidad intelectual.
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Palabras clave:
trabajo social; discapacidad intelectual; centros especializados; teoría fundamentada; investigación
cualitativa
Abstract en inglés, con las mismas indicaciones de estilo del resumen
This paper makes a proposal interpretation and logical analytical upward account intervention
processes to people with intellectual disability from Social Work in residential and day care
centers in Andalusia under paradigmatic conceptual changes and policy development social
services. Initially conducted an exploratory study of social work in the Andalusian centers (n=64)
and after, qualitative methodology explains the professional discourse (general assumptions are
adapted Grounded Theory). We used theoretical sampling, intentional, discrimination. 19 cases
reached theoretical saturation. In the data collection has been used in-depth interviews and the
analysis has been supported by Atlas-ti software. Three processes explain the evolution of the
institutionalization: dissent, promotion and adaptation. These processes lead to the
metamorphosis.
Keywords en inglés, con las mismas indicaciones de estilo del resumen
social work; intellectual disability; institutional care; grounded theory; qualitative research
Introducción
En Europa, las instituciones residenciales han sido la respuesta habitual que se ha ofrecido a las
necesidades de alojamiento y asistencia en la vida diaria a personas con discapacidad desde el
siglo XIX. Estas instituciones se fueron consolidando como herramientas de segregación y
control, como muestran algunos análisis desde distintas posiciones, como la perspectiva
genealógica de Foucault(1975), la perspectiva situacional de Goffman(1961) o la mirada
sociológica particular de Castel(1976,1981)
Esta situación y la deficiente calidad de servicios en las instituciones, provocaron que los
gobiernos, tras la II Guerra Mundial iniciaran cambios en sus políticas sobre las instituciones
asistenciales hacia la provisión de cuidados y apoyos en la comunidad. Este proceso ha sido
reconocido como desistitucionalización y en general suponía prevenir la entrada de personas en
instituciones/centros, dotando a la comunidad de alternativas; el regreso a la comunidad de
residentes preparados para funcionar adecuadamente en el entorno; y mantener un entorno
residencial flexible y de protección de los derechos humanos y civiles (Guy, 1991: 49)
3
El resultado de esas políticas ha variado en los distintos países europeos, en función de tres
factores : el impacto del Movimiento de Vida Independiente en el entorno de las personas con
discapacidad física (o diversidad funcional siguiendo su filosofía), que pone el foco en la
asistencia personal, la adaptación de entornos para que estas personas vivan como cualquier otra
en la comunidad; el Movimiento Anti-Psiquiátrico en el ámbito de la Salud Mental, que plantea la
adopción del modelo social frente al modelo médico; y finalmente el impacto del principio de
normalización que supone vida en la comunidad para personas con discapacidad intelectual
(Mansell, Knapp, Beadle-Brown y Beecham, 2007).
En esta ponencia nos centramos en el impacto de estas políticas en la intervención profesional
con personas con discapacidad intelectual en la realidad española, con una propuesta analítica
que da cuenta de la reflexión de trabajadores y trabajadoras sociales sobre su práctica,
concretamente en centros residenciales y de día en Andalucía. Los resultados vislumbran que la
institucionalización sigue siendo una práctica habitual en las respuestas a personas con
discapacidad intelectual, pero con claves diversas en función a los marcos de interacción y
situaciones contextuales de las organizaciones. De esta forma se han identificado tres procesos
que dan cuenta de la reconstrucción de la institucionalización, desde la mirada de los/as
profesionales, disidencia, promoción y adaptación, que orientan el camino hacia una
metamorfosis en las respuestas a personas con discapacidad intelectual.
1 Metodología
Empíricamente se ha realizado un análisis de fuentes secundarias para describir la evolución de
los servicios y concretamente en Andalucía, la recopilación, tratamiento, sistematización y
representación gráfica de datos primarios de los centros residenciales y de día de cada provincia
facilitados por la Administración Pública.
Previo al momento interpretativo, realizamos un estudio exploratorio que nos ayudó a centrar el
objeto de estudio. Mediante muestreo aleatorio simple y aplicación de cuestionarios
estandarizados de 30 preguntas a trabajadores/as sociales de centros residenciales y de día de
Andalucía (N=178;n=63;Alfa=0,05;Z=1,96;p y q=0,5; error=0,1) elaboramos un mapa
descriptivo del Trabajo Social en estos centros.
Posteriormente se aplicó una propuesta analítica con marco conceptual interpretativo de lógica
ascendente y centrado en la práctica del Trabajo Social y su reflexividad en el conocimiento
(Sheppard, 1998, 2006; Zamanillo, 1990,2009) y una metodología cualitativa bajo los supuestos
generales de la “Grounded Theory” (Glaser y Strauss, 1967) con adaptaciones que
4
metodológicamente nos situaría en un camino transductivo antes que inductivo (Ibáñez,
1985;Ferreira, 2005) utilizamos el muestreo teórico, intencional, discriminado (Ruíz, 2009) y
selectivo. La saturación teórica se alcanzó con 19 informantes. En la recogida de datos se utilizó
la entrevista en profundidad, estandarizada y en parte programada, pero de respuesta abierta
(Vallés, 2009). La estructura prospectiva se organizó en varios ejes: la profesión en relación a las
personas con discapacidad intelectual, el proceso de intervención, procesos de mejora; el futuro y
la perspectiva de género.
Este análisis sitúa el centro de la producción de los saberes en la acción, presenta la emergencia
de saberes construidos en, por y para la acción, por profesionales que viven la experiencia.
Siguiendo la propuesta de Sheppard, el análisis asume la co-generación de conocimiento desde la
práctica cotidiana (Sheppard, 1998:767), y confronta situaciones de Trabajo Social (Barbero,
2002). Se ha recurrido a informantes tipológicamente representativos, así, el marco muestral
contempla selección de trabajadores/as sociales en función de variables significativas, siguiendo
la propuesta de Goffman (1983) relevantes en la interacción comunicativa, para ello se ha
entrevistado a profesionales con distintas relaciones con personas con discapacidad intelectual,
consiguiendo la variabilidad con casos de Trabajo Social en centros públicos, mercantiles y no
lucrativos, casos que intervengan en localidades pequeñas, medianas y grandes ciudades, casos
ubicados en Andalucía Occidental y en Andalucía Oriental, casos con diferente vinculación
laboral a las entidades. Por otra parte se ha cubierto un importante abanico que da cuenta de la
dimensión comunicativa de las situaciones de Trabajo Social; se ha contado con mujeres y con
hombres, con profesionales experimentados y con noveles, mayores y jóvenes, con otros estudios
universitarios y casos con vinculación emocional ( madre de persona con discapacidad intelectual,
trabajadora social con discapacidad)
Para el análisis de la información utilizamos la codificación abierta y selectiva para la comparación
constante de los datos, la integración de categorías y propiedades y la integración teórica. El
análisis se apoyó en el programa Atlas.ti.
2 Resultados
2.1 Las instituciones provisoras En España las modalidades más utilizadas para la atención a personas con discapacidad
intelectual adultas son centros residenciales y de día (OED, 2011) que se configuran como
instrumentos de atención específica a estas personas como parte de los servicios sociales
5
especializados, dirigidos a posibilitar la integración social de este sector de la población (Martínez
1996).
La normativa vigente configura los centros residenciales como recursos de atención integral
destinados a aquellas personas que, no pudiendo ser asistidas en su medio familiar, lo precisan
temporal o permanentemente. Los centros de día son establecimientos destinados a la atención
de las personas con discapacidad que no puedan integrarse, transitoria o permanentemente, en un
medio laboral normalizado, o que por su gravedad, necesitan una atención continuada que no
pueden recibir en su núcleo familiar durante el día (Gallardo, 2011)
Junto a los servicios sociales comunitarios constituyen la estructura básica de los sistemas
públicos de servicios sociales de cada Comunidad Autónoma. Así se ha conformado un sistema
universal (pero sin derechos subjetivos) de responsabilidad pública aunque con posibilidades de
gestión mixta o compartida con otras entidades de iniciativa social (Espadas, 2006)
Ante el panorama actual de los servicios sociales, el sector de la discapacidad (CERMI), reivindica
una Ley de Servicios Sociales “de cuarta generación” acorde con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que refuerce el papel de las
entidades representativas y garantice la universalidad y subjetividad de derechos (Bayarri y Fillat,
2011)
La Ley 2/1988 de 4 de Abril de Servicios Sociales de Andalucía, desarrolla los servicios sociales y
produce una gran transformación. Hasta la Democracia, Andalucía contaba con un sistema de
atención a necesidades sociales escaso, benéfico de procedencia privada y de la Iglesia, con
servicios situados fundamentalmente en medio urbano. Un sistema desestructurado, y sin
ninguna orientación preventiva (Alemán y Pérez, 2000) que ha incluido la atención a personas
con discapacidad en colaboración con la iniciativa social. Una iniciativa social sin ánimo de lucro,
formada fundamentalmente por asociaciones de afectados y/o familiares, que contaban ya con
una red de centros privados dispersos (Espadas, 2006) y sin la estructura y las condiciones
mínimas de calidad exigibles a los centros para su concertación con la Administración.
Surgen algunos conflictos por la financiación de centros privados y la falta de control. Ante la
escasez de recursos, algunas entidades tomaron partido de esta situación y sumaron esfuerzos de
financiación de la Administración central, y de la autonómica, aún tímida y graciable, lo que
provocó desequilibrios y desigualdades en la atención ofrecida en cada una de las entidades
provisoras.
El Decreto 94/1989 sobre Registro y Acreditación de Entidades y Centros de Servicios Sociales
de 1989, intenta ordenar la situación, aportando información sobre los recursos disponibles de
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cara a una planificación y racionalización. El proceso ha durado más de dos décadas y ha contado
con otras herramientas:
• Plan de Servicios Sociales de Andalucía (1993) para homologar los centros y prestaciones y
consolidar los niveles de colaboración entre la Administración Pública y la iniciativa social
provisora, mediante un sistema de conciertos como mecanismo de financiación que
sustituyera progresivamente las subvenciones graciables (Díaz, 2003)
• Plan de Ordenación de la Red de Centros de Servicios Sociales Especializados de Atención a
Personas con Discapacidad Psíquica en Andalucía (1993-1998) que supuso inversiones para
una red de 214 centros de atención especializada a personas con discapacidad intelectual
adultas, 163 de iniciativa privada y 51 públicos (Zamora et.al. 1994)
• Decreto para la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía y su desarrollo
reglamentario en el periodo 1996-2000 para regular la tipología de los centros y servicios, las
condiciones de funcionamiento (este proceso ha ido incorporando modificaciones hasta
2007)
A nivel cuantitativo, la red de recursos públicos para la atención a personas con discapacidad
intelectual en Andalucía, alcanzaba una cobertura de casi 10.500 plazas en 2003, una red pública
conformada por centros privados concertados (92,60% de las plazas del movimiento asociativo) y
públicos (7,4% de plazas de la Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos).
Red insuficiente a pesar de la inversión pública (Defensor del Pueblo Andaluz, 2003:28)
A nivel cualitativo, la red se ha conformado con estructura organizativa (centros) heterogénea,
dependiendo de dimensiones como la titularidad de la entidad, tipología de personas atendidas,
capacidad y número de centros gestionados por la entidad titular. Las variables que inciden en la
diversidad de modelos provisores conforman varios modelos de atención que repercute en la
estructura organizativa de los centros. Estas variables han sido reconocidas por la Administración
Pública en: los requisitos que exige la normativa; el conocimiento que se va generando sobre las
personas con discapacidad y la concepción sobre la discapacidad; la actividad del movimiento
asociativo entorno a la calidad; (4) la cultura profesional y laboral del personal; la idiosincrasia o
cultura organizativa (Calzada, 2006: 122).
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Tabla 1 Modelos de atención en centros residenciales y de día en Andalucía
Modelos de atención en centros residenciales y de día en Andalucía
1. Atención centrada en las limitaciones de las personas atendidas más que en sus posibilidades. En general estos centros tienen una orientación más de carácter sanitario que social, son más cercanos a la concepción hospitalaria que a la residencial. Los/as usuarios/as suelen tienen perfiles muy dependientes.
2. Atención centrada en posibilidades más que en limitaciones, vinculada a personas usuarias muy autónomas con muchas posibilidades de integración social y laboral, en general usuarias de centros de día. Fomento de las habilidades adaptativas.
3. Atención benéfico-paternalista, cercana al origen caritativo de los Servicios Sociales. La denominación de clientes para los/as usuarios/as es opuesta a su concepto.
4. Atención centrada no sólo en las necesidades de los/as clientes, sino en sus deseos y expectativas, es una atención en general más profesionalizada que aplica el conocimiento a la atención cotidiana.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Calzada, 2006: 123)
La complejidad de factores que intervienen en la atención dificulta la identificación de alguno de
estos modelos de forma estricta o lineal. No obstante, existe una relación directa entre modelos
de atención y estructura organizativa de las entidades provisoras de este tipo de servicios.
En 2010, en Andalucía 178 entidades gestionan centros de día o residenciales para cerca de
17.000 personas con discapacidad intelectual, siendo la mayoría privadas sin ánimo de lucro1 .
Gráfico 1. Titularidad de las entidades que gestionan centros de atención especializada para personas con discapacidad intelectual en Andalucía
AYUNTAMIENTOS50 ENTIDADES
28%
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE
LUCRO 106 ENTIDADES
60%
JUNTA ANDALUCÍA5
ORGANIZACIONES 3%
MERCANTILES 9 ENTIDADES
5%
DIPUTACIONES Y ENTES
COMARCALES8 ENTIDADES
4%
ENTIDADES TITULARES DE CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios Junta de Andalucía 2010
1 Los datos que se presentan son el resultado de la recopilación, tratamiento, sistematización y representación gráfica de datos primarios de los centros residenciales y de día de cada provincia a fecha de junio de 2010 que facilita la D.G. de Atención a Personas con discapacidad. No se contemplan centros para personas con parálisis cerebral o para personas con autismo.
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Las entidades privadas son titulares y gestionan varios centros y las públicas, como los
Ayuntamientos, son titulares de un solo centro. Así, de los 634 centros, el 73% son de titularidad
privada no lucrativa, mayoritariamente asociaciones de familiares (465 centros) el 24% son de
titularidad pública (151 centros) y el 3% de titularidad privada mercantil (18 centros). La mayoría
de las entidades públicas son Ayuntamientos con centros locales o comarcales. Esta situación
ofrece la fortaleza de proximidad de recursos y la debilidad de heterogeneidad de usuarios/as.
Gráfico 2. Tipología de centros residenciales y de día en Andalucía
83 CENTROS13%
44 CENTROS7%
33 CENTROS5%
232 CENTROS37%
140 CENTROS 22%
98 CENTROS16%
UED TO UED RA RGA VT CTC
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA
OCUPACIONAL
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA
RESIDENCIA DE
PERSONAS ADULTAS
RESIDENCIA DE
PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS
VIVIENDAS TUTELADAS
CENTROS PARA PERSONAS
CON DI Y TRASTORNOS DE CONDUCTA
º
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios Junta de Andalucía 2010
El tipo de centro más frecuente es la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional que
supone el 37% de los centros andaluces. Junto a las Unidades de Estancia Diurna (para personas
gravemente afectadas) (22%) conforman el volumen de recursos asistenciales para personas con
discapacidad intelectual adultas
En Andalucía funcionan o están en construcción 232 Unidades de Estancia Diurna con terapia
ocupacional (UEDTo), 140 Unidades de Estancia Diurna (UED), 98 Residencia para personas
Adultas (RA), 83 Residencias para personas Gravemente Afectadas (RGA), 44 Viviendas
Tuteladas y 33 Centros para Personas con Trastorno de Conducta (CTC)
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Gráfico 3. Plazas residenciales y de día en Andalucía
PLAZAS
Plazas en Funcionamiento: 16.498
Plazas en Construcción: 5.787
Plazas Acreditadas: 12.443
1249
854591
3229
2291 822
1816
1332
502
25582422
1219
2338
2133683
1039
728
162
2601
1514
856
1668
1165
952
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios Junta de Andalucía 2010
En la actualidad Andalucía cuenta con 16.498 plazas en funcionamiento, de las cuales están
acreditadas 12.443, requisito para la concertación y financiación preferente de la Junta de
Andalucía. Casi 17.000 personas vinculadas a instituciones y el 80% de las plazas que ocupan
dependen de la financiación pública, aunque las instituciones titulares sean organizaciones
privadas. Solo el 11% de las plazas son financiadas de forma privada y el resto son plazas
públicas.
Se evidencia así el impacto de la responsabilidad pública en la atención a personas con
discapacidad intelectual en Andalucía y la homogeneidad de servicios mínimos vinculados a esa
financiación. Si bien más de 600 plazas están siendo financiadas con subvenciones (menor
financiación, calidad exigida y control).
2.2 Mapa descriptivo del Trabajo Social en centros residenciales y de día
La ausencia de estudios empíricos y la inaccesibilidad de los datos oficiales de la Administración
Pública, impiden determinar el volumen de profesionales del Trabajo Social empleados/as en los
centros residenciales y de día para personas con discapacidad intelectual. Con el mapa que se
presenta se plantea la hipótesis de que la mayoría de entidades cuentan con este perfil profesional,
10
por tanto cada centro cuenta en su plantilla con un/a trabajador/a social o compartido con otros
centros de la entidad2.
El estudio se estructuró mediante los ejes: prospección del contexto de la intervención, las
entidades y centros (dónde); prospección del perfil profesional (quiénes) y prospección de la
intervención profesional (qué y cómo).
Los resultados (n=64) 3 indican que los/as trabajadores/as sociales intervienen en un contexto
caracterizado por la presencia mayoritaria de instituciones provisoras privadas no lucrativas
ubicadas en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes de todas las provincias andaluzas que
financian las plazas de los centros mediante conciertos con la Administración Pública.
Estas entidades gestionan mayoritariamente centros de día con unas dimensiones adecuadas para
la atención de entre 50 y 60 personas con discapacidad intelectual y donde la mayor parte de sus
plantillas están feminizadas y se dedican a la atención directa. En la gestión los hombres están
más cerca de los puestos de dirección que las mujeres.
El 3% de las plantillas de los centros andaluces son trabajadores/as sociales que estando
vinculados/as formalmente a un centro de trabajo intervienen en varios centros y servicios de las
entidades.
“Simplemente quería reseñar que soy Trabajadora Social de una ONG que tiene como único
recurso de servicios sociales especializados un Centro Ocupacional, pero el desarrollo de mi
actividad está dirigida tanto al Centro Ocupacional como a la entidad titular que es una
asociación de ayuda mutua. Así pues los datos que reseño en este cuestionario son referidos a
los usuarios del centro ocupacional, exclusivamente aunque serían más amplios si incluyese
los usuarios de la asociación” (Observación encuestada C.27)
Son mujeres jóvenes, relativamente noveles, muchas con doble titulación universitaria, satisfechas
con su trabajo, con empleo estable pero con salarios bajos que no llegan a los 1000 euros.
Intervienen en los centros con funciones ambivalentes ya que se dedican tanto a la atención
directa como a la gestión.
2 En el caso de Andalucía, el Colegio Profesional de Málaga reconoce que el 63% de profesionales trabaja en entidades de titularidad privada y el 13% de profesionales en activo se dedica al sector de la discapacidad (Martín (coord..), 2009: 25, 36) 3 Por economía expositiva mostramos conclusiones generales del estudio y disponemos de datos brutos y resultados analíticos sobre frecuencias, medias, medianas, varianzas y desviaciones típicas y análisis multivariable de las relaciones significativas. Se utiliza fundamentalmente el procedimientote transformación de escalas, recodificación de variables, aplicación de tablas de contingencia y análisis multivariante. Apoyamos el texto con algunas observaciones realizadas por las encuestadas, dada la naturaleza general interpretativa de la aportación.
11
“El día a día y la sociedad actual impone un sistema y forma de trabajo burocrático y
centrado en la prestación de servicios. Las nuevas leyes creadas (ley dependencia, por
ejemplo) ofrecen recursos, prestaciones y servicios. No podemos negar que estos nuevos
recursos y servicios ofrecen y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas
dependientes, pero es frecuente olvidar que la calidad debe ir acompañada de "calidez". En
mi trabajo diario es muy importante, además de lo anterior, ofrecer un acompañamiento a las
familias a lo largo de su ciclo vital familiar. El acompañamiento es un trabajo de relación
personal y comprensión de las personas para que sean ellas las que determinen cuál es el
camino que quieren seguir. Debemos ofrecer apoyos para activar y movilizar recursos,
capacidades y potencialidades de las personas y familias, sin olvidar que "ellos son los que
saben de sus vidas" y "ellos saben lo que quieren". Este acompañamiento, es olvidado en la
formación universitaria, ofreciendo en muchos casos una formación del "profesional-
experto" y gestor de recursos que relega el papel de la persona/familia como 1er agente de
cambio y conductor en la toma de decisiones”(Observaciones encuestada C.52)
Distribuyen la mitad de su tiempo de trabajo en tareas a nivel micro y la otra mitad proporcional a
los niveles meso y macro, aunque les falta tiempo para el desarrollo de las funciones que le son
propias.
“Mecanización del Trabajo Social. Atiendo en ½ jornada a 75 usuarios y familias, así como
servicio a público en general. Imposibilidad de realizar actividades fuera de la gestión debido
a la falta de tiempo, realizando actividades de movilización social o actividades con usuarios a
un 2º o 3er plano. Considero que desempeño funciones cada día más cercanas a
administrativo por lo que no disfruto de este puesto de trabajo debido a la falta de inversión
en trabajo social por parte de la asociación”(observación encuestada C.10)
Se reconocen en modelos sociales de abordaje de la discapacidad y aunque cuentan con
herramientas para una intervención orientada a la calidad de vida, necesitan recursos para
promoverla o bien ajuste de ratios de intervención.
“Llevo seis años desempeñando mi labor como trabajadora social en la Institución, pero no
reconocida como tal; considero que la labor de trabajo social se está desempeñando desde
que existe un usuario y no hasta llegar a 100 usuarios como determina la Junta de Andalucía
(Consejería para la Igualdad y Bienestar Social) de la que dependemos y nos conciertan las
plazas. Me parece inapropiado que a un Centro que cuenta con 80 usuarios con D.
Intelectual no le exijan en plantilla un trabajador social. Aún nos queda mucho que luchar y
12
que nos reconozcan como tal. El apartado 025 FUNCIONES, es muy amplio ya que en una
asociación venimos a hacer de todo” (observación de la encuestada C.5)
Las/os profesionales de entidades públicas cuentan con más recursos humanos y mejores
salarios. Las/os de entidades no lucrativas cuentan con destinos menos específicos y funciones
orientadas a la intervención directa tanto en el centro como fuera del centro. Las/os
profesionales de los centros públicos y mercantiles funcionan fundamentalmente “puertas
adentro”.
Los/as profesionales más satisfecho/as están vinculados/as a entidades no lucrativas con salarios
medios y a hombres identificados/as con modelos sociales. Frente a esta situación los/as
profesionales insatisfechos/as son las/os vinculados/as al sector mercantil, los/as que ganan
menos de mil euros y mujeres orientadas por modelos de discapacidad rehabilitadores. Las
mujeres suelen contar con contratos de técnicos/as de grado medio y los hombres están en el
contexto de la dirección técnica de los centros.
Tabla 2 . Aproximación descriptiva de Trabajo Social en centros residenciales y de día para personas con discapacidad intelectual de Andalucía
TITULARIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA MERCANTIL PRIVADA NO
LUCRATIVA RATIO Menos de
30 personas Entre 30-50 personas Más de 50 personas
DESTINO Un centro Un centro Varios centros FUNCIONES Mixta Mixta Intervención directa NIVELES DE INTERVENCIÓN
Micro/meso Micro/Meso Micro/Meso/Macro
SALARIO Mayor salario Menor salario Menor salario SATISFACCIÓN (+) (-) (+) NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL EMPLEO SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN
TITULARIDAD DE LA ENTIDAD
Privadas no lucrativas Públicas Mercantiles
SALARIO Entre 1000-2.400€ Menos de 1.000€
SEXO Hombres Mujeres MODELOS TEÓRICOS
Modelos sociales Modelos rehabilitadores
SEXO MUJERES HOMBRES
CATEGORÍA PROFESIONAL
Técnica grado medio Dirección técnica
Fuente: elaboración propia
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2.3 La mirada reflexiva desde la práctica de Trabajo Social en los centros En este momento se muestran algunas dimensiones de los resultados del análisis de los discursos
profesionales respecto a los contextos institucionales, sociales y teóricos que condicionan el ser y
el hacer profesional y nos ofrece algunas claves interpretativas (Ruíz, 2009) para la compresión de
la evolución de la institucionalización en los centros. Seleccionamos aquellas que han estado
relacionadas con las políticas sociales y su impacto en la intervención profesional, tanto a nivel
micro (interacciones profesionales/personas con discapacidad) meso (interacciones
profesionales/organización empleadora) macro(interacciones profesionales/modelos teóricos).
2.3.1 Identificando la metamorfosis.
Los nuevos principios aceptados por las políticas sociales han supuesto cambios, que a nivel
estructural han orientado hacia la desinstitucionalización y a nivel funcional hacia fórmulas,
estrategias y procesos de intervención centrados en las personas, teniendo en cuenta las
necesidades de apoyo individual. Para ello han sido necesarios recursos y cambios de mentalidad.
• La nueva mentalidad y los recursos.
El movimiento asociativo FEAPS ha sido la correa de transmisión del cambio, por ser
aglutinador de una misión compartida y poseer legitimidad social por su representatividad. Los
discursos consideran al movimiento asociativo un elemento de palanca de cambio de modelos y
filosofías de intervención por ser un movimiento de familias que utiliza la formación como
instrumento de transmisión de valores y herramienta de interacción profesional. Este impacto
teórico ha alcanzado al sector público. Los/as profesionales de este sector valoran el liderazgo de
FEAPS y lamentan que no haya sido público, dada su situación de ventaja.
Del voluntarismo de décadas anteriores se llega a la consolidación de plantillas y estructuras de
recursos humanos especializados adecuadas a realidades más complejas que genera el trabajo en
equipo y con el notable incremento del trabajo burocrático que se relaciona con la
deshumanización de la intervención.
Los cambios dependen de algunos contextos diferenciadores como la titularidad de la entidad, las
posibilidades de financiación de sus servicios, el tipo de discapacidad de las personas a las que
atiende y los valores y prioridades de las entidades. La permeabilidad aumenta en entidades
privadas por sus estructuras flexibles y disminuye en las públicas y las mercantiles por la rigidez y
jerarquización de sus estructuras, y en las de corte religioso por la jerarquización de sus valores.
Los recursos contribuyen a la promoción de nuevos proyectos (instrumentos hacia la
normalización) y la implicación de profesionales en procesos organizativos. Las profesionales son
conscientes de que gran parte de la oferta de servicios en los que intervienen no son adecuados a
14
las necesidades de muchas personas (enfocadas desde los principios inclusivos) y aunque
intentan, con su esfuerzo, promocionar apoyos adecuados, la escasez de recursos impide el
progreso.
Sin embargo estas dificultades financieras y de recursos en general difieren en los centros, no
tanto por su tipología sino por la cantidad e intensidad de apoyos que necesitan las personas
atendidas. Las dificultades aumentan cuando no hay familias o éstas son mayores. Concretamente
se generaliza el pesimismo respecto a respuestas para las personas con discapacidad intelectual
con grandes necesidades de apoyo; los discursos no descubren alternativas diferentes a la
institucionalización para este grupo de personas con discapacidad intelectual.
• Amenazas y oportunidades de las políticas sociales
La consolidación de un sistema de financiación de los centros ha permitido la mejora de las
infraestructuras y su funcionamiento tras un proceso de adaptación. La inversión económica ha
facilitado el camino hacia la normalización pero ha potenciado la competitividad entre las
asociaciones frente a la cooperación y solidaridad de otros tiempos.
El sistema de conciertos genera diferencias económicas entre centros públicos y privados.
Mientras que entidades públicas pueden llegar a conseguir financiación para las plazas hasta de
tres vías públicas diferentes (administración autonómica, local y provincial) los privados no
cubren costes con la financiación autonómica que establece el sistema. Por otra parte, los
discursos añaden que la rigidez del sistema de concertación de las plazas y del Sistema Público (la
tramitación y gestión, adjudicación de las plazas, gestión financiera, retrasos en los cobros) no
satisface el dinamismo de las circunstancias de las personas con discapacidad intelectual.
La Ley de Promoción de la Autonomía y atención a las personas en situación de dependencia está
teniendo impacto en lo cotidiano de la práctica profesional. Como oportunidades de la misma
valoran los nuevos derechos generados y las posibilidades de empleo. Aunque alertan que sin
recursos efectivos y suficientes se generarán conflictos por las expectativas que ha creado. A ellas
les influye porque sienten que “son las que dan la cara” ante los titulares de derechos. Como
amenazas, explican el efecto “fagocitosis de la dependencia sobre la discapacidad” por disminuir
la incertidumbre familiar respecto a los recursos, y por ofrecer ventajas competitivas a entidades
en el mercado de los servicios. Esta situación genera conflictos profesionales situados entre la
oferta y la demanda en procesos de valoración y programaciones individuales.
La crisis económica influye transversalmente en la intervención y en la incertidumbre respecto al
proceso de inclusión. La financiación en momentos de crisis afecta a la intervención ya que añade
roles y funciones orientadas al diseño de proyectos y solicitud de subvenciones garantes de la
15
suficiencia económica de la entidad y funciones en procesos de calidad organizacional garantes
de la eficiencia.
Resulta significativo el tipo de relaciones que se establece con la Administración Pública y sus
responsables políticos. En este sentido nos encontramos con discursos polarizados que dependen
de la actitud política hacia los servicios y hacia las personas con discapacidad intelectual. Así
encontramos discursos críticos hacia el sector público y sus responsables políticos con quienes
divergen en la forma y en el fondo y a quienes reclaman más implicación y discursos
cooperativos con relaciones fluidas que mejoran el espacio de colaboración e incluso favorecen el
desarrollo del liderazgo político de trabajadores/as sociales.
2.3.2 Identificando referentes teóricos
Las referencias teóricas que influyen en la intervención están directamente relacionadas con
elaboraciones teóricas de la discapacidad antes que con elaboraciones teóricas propias del Trabajo
Social. Las teorías sobre la discapacidad provocan efecto fagocitosis sobre las teorías del Trabajo
Social en la intervención y esta situación no responde solamente a la creatividad o mestizaje
metodológico (Barrera, Malagón y Sarasola, 2009) sino a la dependencia teórica del contexto
institucional.
Los modelos sociales de la discapacidad conviven con prácticas ancladas en modelos tradicionales
y médico rehabilitadores. Los/as profesionales muestran una concepción de la discapacidad
como construcción social y plantean como alternativas respuestas inclusivas. Los principios que
orientan su intervención son la normalización e igualdad de oportunidades entendiendo la
desistitucionalización como opción deseable para las personas con discapacidad intelectual y con
posiciones críticas hacia la institucionalización. Adquiere relevancia el modelo de calidad de vida
del movimiento asociativo FEAPS con implicaciones hacia las personas y las organizaciones.
No obstante persisten concepciones de la discapacidad basadas en el déficit de las personas,
perceptibles desde contextos institucionales asistenciales donde los valores de la entidad son
determinantes aunque sean contradictorios a los referentes de las/os profesionales.
Los referentes del Trabajo Social cuentan con menor protagonismo explícito respecto a las
concepciones sobre la discapacidad a la hora de nutrir la práctica cotidiana. En este sentido las
profesionales se sitúan teóricamente orientadas a la práctica y la perspectiva ecológica-sistémica
en cierto mestizaje metodológico. La construcción del andamiaje teórico y metodológico de
las/os profesionales identifica dificultades coyunturales que tienen que ver con las limitaciones
que encuentran en la falta de recursos y de formación, las propias preferencias personales y la
influencia de la entidad para desarrollar metodologías en función a sus prioridades y valores; y
16
dificultades teóricas estructurales que tienen que ver con los debates epistemológicos actuales en
Trabajo Social.
2.3.3 Identificando fortalezas y debilidades. El compromiso como palanca de inclusión
Las condiciones laborales de las trabajadoras/es sociales en los centros residenciales y de día son
diferentes según la titularidad de las entidades y aunque en general muestran un buen nivel de
satisfacción con su trabajo no omiten las dificultades y frustraciones que las condiciones laborales
generan para realizar adecuadamente su labor. Antes que los salarios bajos resaltan la falta de
tiempo en general y la falta de herramientas para intervenir con familias de personas con
discapacidad intelectual. Resuelven la paradoja satisfacción/dificultades con el compromiso hacia
las personas con discapacidad.
• Diferencias en función a la titularidad de la entidad. Ambivalencia como valor y como riesgo.
Las entidades públicas proporcionan mejores condiciones laborales objetivas y sin embargo no se
identifican indicadores de satisfacción en los discursos de las profesionales de estas entidades. Las
entidades públicas proporcionan un marco de condiciones específicas, en departamentos de
Trabajo Social estables, pero no consiguen la dedicación exclusiva de las profesionales a esa
actividad laboral. Dedican una parte de la jornada al centro y otra parte a actividades vinculadas a
otras entidades. Las estructuras públicas no consiguen la motivación suficiente.Las privadas
proporcionan un marco heterogéneo de condiciones laborales en aplicación de diversas
categorías de contratación y responsabilidades, en cierto contexto de estabilidad laboral. Un
contexto de estabilidad relativa con contratos estables en un marco de financiación inestable e
insuficiente que genera inseguridad y desmotivación en los/as profesionales. Las condiciones
laborales en el movimiento asociativo vienen marcadas por la ambivalencia y versatilidad de
los/as profesionales a nivel orgánico y funcional, con posibilidades de destino amplias en los
centros como oportunidad laboral. La versatilidad profesional en el movimiento asociativo se
relaciona con reminiscencias asistenciales del Trabajo Social.
Los beneficios de la versatilidad quedan difusos y según su destino, las implicaciones pueden
resultar positivas o negativas para el desempeño profesional. Cuando la versatilidad interesa a la
institución y a sus ajustes organizativos conlleva efectos de sobrecarga profesional que afectan a
la calidad del trabajo. Cuando la versatilidad se vive como necesaria para un trabajo bien hecho,
se valora como positiva, enriquecedora, pero su desarrollo supone un coste de voluntariedad
profesional.
17
La ambivalencia está relacionada con la heterogeneidad de categorías laborales del sector privado,
de las que dependen las condiciones laborales. La categoría laboral que ostentan las/os
profesionales define el tipo de empleo y se entiende como la figura contractual que indica la
relación laboral formal. De esta forma se hace visible una heterogeneidad que oscila entre las
titulares de los departamentos de Trabajo Social de las Entidades, las responsables de servicios
específicos en centros orgánicamente definidos como servicios de apoyo a familias, trabajadoras
sociales de alguno de los centros residenciales y de día de la entidad, técnico/as de grado medio
para desarrollo de programas y hasta consultores externos vinculados con contratos mercantiles.
• El compromiso como fuente de satisfacción
La satisfacción laboral depende del nivel de compromiso de las/os profesionales hacia las
personas con discapacidad y hacia las instituciones, es decir de su sentido de pertenencia, aunque
insisten en ponderar la falta de tiempo originada por deficiencias orgánicas o funcionales y la
escasez de los salarios que ven compensada por la flexibilidad que cuentan en sus puestos de
trabajo y justificada en la estructural deficiencia financiera para asumir los costes de la atención a
las personas con discapacidad. Los/as profesionales del sector de la discapacidad intelectual se
muestran satisfechos/as con su trabajo tanto en entidades no lucrativas, públicas y mercantiles.
La satisfacción laboral presenta como dimensión central el compromiso de las profesionales con
las personas con discapacidad intelectual y su calidad de vida, que genera la situación verbalizada
como “enganche”. La motivación y nivel de compromiso se vinculan a la intervención directa, el
contacto directo y la interacción con personas y familias. En términos de variabilidad, la
dimensión compromiso refiere también el tipo de relación o vínculos que se establecen con las
entidades de referencia, fundamentalmente con entidades del movimiento asociativo. El sentido
de pertenencia responde a lógicas instrumentales como la autonomía que procuren a las/os
profesionales para desarrollar sus funciones, aunque también se vincula al carácter social de las
entidades, el trabajo en equipo y la existencia de un buen clima laboral.
Los discursos no eluden elementos tangibles de insatisfacción como la falta de tiempo para una
intervención adecuada y la escasa remuneración que perciben por su trabajo. La falta de tiempo
se relaciona con el trabajo burocrático, deficiencias organizativas estructurales, dificultades
metodológicas en la intervención, inestabilidad de los programas y la escasa financiación de las
entidades.
La insatisfacción que genera el bajo nivel salarial queda resuelta porque justifican, la escasa
financiación como cuestión estructural, la flexibilidad en las entidades privadas y
fundamentalmente, el nivel de compromiso con las personas con discapacidad intelectual.
18
• La frustración
Respecto a las situaciones que alteran la satisfacción y que generan impotencia profesional, se
presentan dos marcos generales: el marco de las interacciones, que muestra las frustraciones
sentidas con las familias de personas con discapacidad intelectual(falta de herramientas para
intervención con familias y/o efectos de la sobreprotección familiar) y con las entidades que las
emplean (falta de autonomía y valoración estilos de liderazgo rígidos, soledad profesional) y un
marco estructural que delimita las frustraciones originadas desde sus percepciones sobre las
políticas sociales hacia la discapacidad (insuficientes e inadecuadas para la promoción de
personas) y desde sus percepciones sobre el nivel de adecuación de la sociedad para la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.
2.4 Metamorfosis de la institucionalización: convivencia de procesos de intervención.
La categoría “(…)es que esto ha cambiado mucho (…)” es la que se erige como explicativa de lo
que ha sucedido en las últimas décadas. Un cambio positivo, experimentado tanto en la situación
profesional, la de las personas con discapacidad intelectual y la de los servicios. En este apartado
se muestra la transformación del conjunto de elementos de la institucionalización, marcando
cómo pasa un sistema de una coherencia a otra, dónde mantiene funciones con prácticas
renovadas o instaura otras, fractura algunas y adquiere nuevas. Por ello se define el cambio
percibido por los/as profesionales como metamorfosis4 de la institucionalización en los centros.
El pasado: las instituciones como asistencia frente al abandono y la invisibilidad.
“La verdad es que no recuerdo pero había bastantes subnormales, en aquel tiempo ¡eran
subnormales! Y me acuerdo que no seguía ninguna discapacidad determinada porque la
mayoría estaban ocultos y recuerdo que llegaba a una calle y preguntaba a algún vecino si por
allí vivía algún deficiente mental o subnormal, que era como se les llamaba antes. Muchas
veces no los conocían. La sociedad en general no los conocía y yo así con ese método sí
captaba, sí llegaba, peiné el territorio.” (E.10:95)
El futuro: las instituciones como apoyo a la vida inclusiva de las personas.
4 Se utiliza el sentido de metamorfosis de Castel(1995) al analizar la cuestión social y de Morin(2010) al
analizar la cuestión institucional respecto al modelo de Bienestar.
19
“(…) Al poco tiempo de estar aquí yo ya decía ¡el día que me quede sin trabajo qué contenta
voy a estar!... porque entonces entenderé que las cosas van en otra dirección y pienso que hay
que ser honestos y esta es la parte de compromiso que debes adquirir cuando trabajas con
personas. Si creas dependencia con la gente está claro que estás asegurando tu puesto de
trabajo, siempre vas a tener tareas que hacer pero es mucho más responsable, más divertido
incluso, hacer que la gente tenga sus propios recursos. Creo que sería mejor para nuestras
asociaciones no disponer de centros, mucho más arriesgado, puede dar mucho más vértigo
pero a mí me parece mucho más apasionante el trabajo hacia fuera que aquí dentro”
(E.9:128)
El presente: La transformación que integra tres procesos, disidencia, promoción y adaptación.
• Proceso de Disidencia
La disidencia responde a procesos de Trabajo Social cercanos a concepciones de la
discapacidad basadas en modelos sociales porque entienden la discapacidad intelectual como
construcción social y considera a las personas prioritariamente ciudadanas. Los procesos
disidentes se inspiran en la justicia y eligen la autodeterminación como principio que orienta
la intervención profesional. Lo que guía el trabajo es que las personas con discapacidad
intelectual sean las que controlen su vida, por ello facilitan la comunicación y la diversidad de
apoyos para que puedan elegir. La escasez de recursos agudizada por la crisis se suple en este
proceso con creatividad y generación de redes.
Los procesos disidentes se oponen a actitudes paternalistas y generadoras de dependencia
entre profesionales y personas con discapacidad. Tienden a combatir la institucionalización
gestionando la paradoja que plantea la ubicación de la intervención en instituciones,
fomentando la participación de las personas en su entorno natural tanto en el mercado
laboral como en la vida social de la comunidad. Las estrategias metodológicas se apoyan en la
denominada Planificación Centrada en la Persona.
Estos procesos se relacionan con: la autonomía profesional; el desarrollo de actuaciones de
acompañamiento, denuncia, reivindicación y promoción de derechos; intervención en los
niveles micro, meso y macro; las influencias teóricas del Trabajo Social y de los modelos teóricos
del movimiento asociativo sobre la discapacidad intelectual; formas de hacer Trabajo Social
hacia la reflexión/acción.
• Proceso de Promoción
La promoción responde a procesos de Trabajo Social cercanos a concepciones de la
discapacidad basadas en modelos integradores e identifican la discapacidad intelectual en las
20
interacciones de una persona, con determinadas circunstancias y un entorno inaccesible.
Estos procesos consideran a las personas con discapacidad clientes de los servicios de las
entidades.
Se inspiran en la normalización y eligen la calidad de vida como principio que orienta la
intervención profesional. De esta forma el trabajo se centra en el apoyo a personas con
discapacidad para que se conviertan en actores clave dentro de las organizaciones. Estos
procesos gestionan las paradojas centrándose en los resultados más que en la situación de
partida, en descentralizar la autoridad más que en liderar individualismos, en emplear
mecanismos de mercado más que burocráticos y en catalizar los sectores público, privado y
voluntariado, introduciendo la financiación privada en los procesos.
Tienden a transformar la institucionalización gestionando la paradoja que plantea la ubicación
de la intervención en instituciones fomentando la participación de las personas en las
entidades y generando procesos de innovación que diferencien sus servicios. Las estrategias
metodológicas se apoyan en el acerbo del desarrollo organizacional y sistemas de evaluación
de la calidad de servicios.
Los procesos de promoción se relacionan con: niveles medios de autonomía profesional;
desarrollan actuaciones de asesoramiento, coordinación, facilitación, adaptación, apoyo y
promoción; intervención en los niveles meso y macro; influencias teóricas de los modelos del
movimiento asociativo de la discapacidad intelectual; formas de hacer Trabajo Social hacia la
gestión.
• Proceso de Adaptación
La adaptación responde a procesos de Trabajo Social cercanos a concepciones de la
discapacidad basadas en modelos tradicionales y rehabilitadores e identifican la discapacidad
intelectual en las circunstancias individuales de la persona. Estos procesos consideran a las
personas con discapacidad usuarias de los servicios de las entidades.
Si los procesos dejan constancia de su concepción sobre la discapacidad en las formas de
nombrarla, en la adaptación se identifican reminiscencias de modelos tradicionales cuando se
refieren a las personas como “chavales”, una visión que infantiliza y que adquiere
consecuencias paternalistas y “discapacitados” que sustantiva lo adjetivo, se centra en la
carencia y determina opciones rehabilitadoras y suministradoras en la intervención. Eligen el
bienestar y la felicidad de las personas con discapacidad intelectual como principios que
orientan la intervención profesional. De esta forma el trabajo se centra en ayudar a las
personas a que vivan lo mejor posible en el entorno institucional de referencia. Tienden a
21
justificar la institucionalización y gestionan las paradojas con estrategias metodológicas
apoyadas en el cumplimiento de la normativa y de las reglas complementando los estándares
mínimos con voluntariedad y acomodación.
Los procesos de adaptación se relacionan con: bajos niveles de autonomía profesional;
desarrollan actuaciones de ayuda, registro, clasificación e información; intervención a nivel
micro centrada en la atención directa con personas con discapacidad intelectual y sus familias;
desorientación teórica; Formas de hacer Trabajo Social hacia la acción centrada en la
distribución de recursos.
Como elementos transversales a los procesos reconocemos uno conceptual, el compromiso, un
empeño personal en producir cambios tanto en la mejora de la vida de las personas con
discapacidad y sus familias, en las organizaciones desde donde se interviene y en la generación de
una sociedad más accesible. Este compromiso adquiere un significado concreto expresado en los
discursos analizados: “(…) que salgan lo máximo posible”
Como elemento transversal funcional reconocemos la interacción con personas con discapacidad
intelectual, característica de las estrategias que desarrollan en la intervención, siendo en sí misma
una paradoja porque reclaman la interacción como función irrenunciable a pesar de no estar
integrada entre sus competencias formales: “(…) todos los días busco el contacto directo con las personas
con discapacidad intelectual aunque me quite tiempo para hacer mi trabajo”
Como elemento transversal estructural reconocemos la desregulación de la intervención
profesional en los centros genera desajustes en la dimensión de las competencias lo que provoca
ciertas dificultades para que las formas de hacer Trabajo Social respondan a algún deber ser: “(...)
mi trabajo necesita tiempo”
Estos procesos navegan en un entorno social y político donde el criterio de planificación de las
necesidades en los territorios es la ordenación pública de los recursos existentes con unos
sistemas de homologación mínima basados en las posibilidades de financiación antes que en
criterios de calidad efectiva, con tipologías de centros rígidas que paradójicamente encajan
modelos de atención muy diferentes.
La diversidad de las entidades provisoras de servicios, un entorno mayoritariamente privatizado,
desplaza la intervención hacia intereses institucionales y políticos antes que hacia las personas y
sus familias haciendo valer su autonomía jurídica y ética.
El movimiento asociativo de familias que ha liderado la oferta de centros en este sector ha vivido
una transición de la identidad representativa por el crecimiento de sus estructuras y las
22
necesidades de estrategias empresariales para gestionar servicios. Está intentando conciliar la
calidad de vida de las personas con discapacidad con la calidad de servicios
3 Conclusiones
Aunque en países occidentales la sustitución de grandes residencias por servicios de apoyo en la
comunidad ha sido uno de los más importantes logros de las políticas para personas con
discapacidad intelectual en los últimos 30 años (Bigby y Fyffe, 2006; Mansell y Ericsson, 1996), la
desistitucionalización no ha hecho más que empezar (Kozma, Mansell y Beadle-Brown, 2009).
Los progresos han sido liderados por los países escandinavos, Norteamérica, Australia y Reino
Unido (Mansell, 2006).
La institucionalización sigue siendo la realidad de gran parte de personas con discapacidad. A
pesar de la dificultad del análisis por la escasez y diversidad de datos, aproximadamente un millón
de personas con discapacidad sigue viviendo en residencias en la Unión Europea (Mansell et. al.
2007). En Andalucía se confirma la situación con casi 17.000 personas con discapacidad
intelectual vinculadas a los centros residenciales y de día del sistema público, con más o menos
posibilidades de aislamiento en función al nivel de apoyo de las familias, dado que aún siendo un
sistema universal que no genera derechos subjetivos. La investigación muestra que las diferencias
de trato responden a factores socioeconómicos y políticos que generan desequilibrio entre las
necesidades de apoyo y la oferta de la red de centros y servicios disponibles en la comunidad.
La evolución de las políticas sociales dirigidas a personas con discapacidad ha determinado el
rumbo de la intervención profesional con personas con discapacidad intelectual adultas hacia una
red pública de servicios sociales especializados organizada fundamentalmente con residencias y
centros de día y gestionados mayoritariamente por entidades privadas. Esta red está sujeta a la
homogeneidad funcional que exige la normativa, de cuyo cumplimiento depende su supervivencia
financiera y a una heterogeneidad estructural que dificulta la construcción de patrones en los que
apoyar los procesos de intervención de trabajadores/as sociales integrantes de la red.
La red de centros se ha conformado sobre un sistema formal, centralizado y sectorizado, pensado
para respuestas asistenciales en colisión con las nuevas formas de mirar y responder a la
discapacidad intelectual basadas en apoyos inclusivos. Esta contradicción ha provocado un
proceso de transición institucional liderado por el movimiento asociativo representativo de la
discapacidad intelectual y dirigido a instaurar un modelo de calidad de vida en las organizaciones
provisoras de servicios.
23
Si el proceso de cambio en las respuestas a personas con discapacidad (salida de los centros) ha
sido conceptualizado en función a diversas perspectivas de análisis como desistitucionalización
(De Lorenzo, 2003, Iáñez, 2009), transinstitucionalización(Guy, 1991) extitución (Planella y
Martínez, 2010; Planella y Vilar , 2006), los procesos de Trabajo Social permiten explicar la
transición como metamorfosis de las instituciones, metamorfosis como la entiende Morin(2010)
o Castel (2006), radical en las transformaciones pero conservando lo que ha sido útil para la vida
con calidad de las personas con discapacidad intelectual. Mediante la adaptación, la promoción y
la disidencia, los cambios han transitado desde la voluntariedad en centros benéficos gestionados
por familiares a la especialización que exigen organizaciones centradas en el cambio
organizacional, inmersas en la competitividad y buscando estabilidad y suficiente financiación
para los servicios en un contexto de precariedad de los sistemas de protección social públicos
(Schalock, Gardner y Bradley, 2006)
La metamorfosis se vive gestionando paradojas, buscando equilibrios, pactando con una realidad
no deseable para transformarla, sin resultados a corto plazo, e intentando promover autonomía
de las personas con discapacidad intelectual sin suficientes apoyos institucionales, políticos y
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