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Madrid. Una clase en el Instituto Internacional de Señoritas de España. Fotografía Moreno, c. 1920. Archivo Moreno. Fototeca delPatrimonio Histórico, IPCE, Ministerio de Cultura.

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INTANGIBLE HERITAGE AND THE RIGHTS OFINTELLECTUAL PROPERTYIgnacio Garrote Fernández-DíezAssociate Professor with Tenured of Civil Law. UniversidadAutónoma de Madrid

The protection of what is called Intangible Heritage(or Intangible Cultural Heritage) has clear points ofcontact (and sometimes of friction) with the protec-tion of intellectual property. This includes differentartistic manifestations such as the traditional stage

arts (dance and popular theater), popular music, or thepopular iconography of the different communities. In all ofthese cases the tension between the maintenance of a“common cultural heritage” and the concession of amonopoly or exclusive right which allows for some way to“privatize” this Intangible Heritage is evident.

Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property

The protection of what is called Intangible Heritage (orIntangible Cultural Heritage) has evident points of contact(and sometimes of friction) with the protection of intellectualproperty. This includes distinct artistic manifestations such asthe traditional scenic arts (dance and popular theater), popu-lar music, or the popular iconography of different communi-ties. In all of these cases, one notices the tension between themaintenance of a “common cultural heritage” and the con-cession of a monopoly or exclusive right which allows the“privatization” in some way of this Intangible Heritage.

From the point of view of intellectual property, the compo-nents which make up the Intangible Heritage of a concretecommunity are “unprotected elements” or, in best of thecases, works which are in the public domain and which there-fore can be used by all. Thus, for example, if we take the twocultural manifestations included in the list published byUNESCO of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritageof Humanity, The Mystery of Elche and The Patum de Berga, wewill see how the first is simply a musical-dramatic workwhich has fallen into the public domain (it seems to havebeen performed since the 15th Century) while the second is amanifestation of the folklore which involves different works(musical, sculptural, choreographic) which can all be con-sidered as belonging to the public domain. And a very simi-lar reasoning can be made with respect to other Masterpieceson an international level, such as the vegetable tattoos ofthe Brazillian Wajapi or the Malaysian Mak Yong theater.

In fact, intellectual property does not just directly not pro-tect manifestations of popular or traditional culture, butinstead, on the contrary, in many occasions the existence ofa protection system of copyrights has served in practice tounjustly “partimonialize” elements which were in the publicdomain (fundamentally in the oral tradition), and which arenonetheless collected in writing by someone, who, from thatmoment, claims the poplar or folklore work as their own.Thus, it doesn’t seem difficult to think how a good part ofthe so called “canción española” (Spanish song) are nothingmore than popular coplas or coplillas which at some givenmoment some quick-witted author wrote down (making, insome cases, certain modifications) and began to exploit asa work of their own. And the same can have occurred inother genres linked to traditional forms of expression, suchas Christmas carols, Sevillanas, regional dances, etc. Fromthis point of view, therefore, intellectual property is more anobstacle for the correct legal protection of the IntangibleHeritage than an element designed for its safeguarding. [the text continues in the page 125]

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El Patrimonio Inmaterial y los derechos depropiedad intelectualIgnacio Garrote Fernández-DíezProfesor Titular de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid

La protección del llamado patrimonio inmaterial (o patrimonio cultural inmaterial) tiene evi-dentes puntos de contacto (y a veces, de fricción) con la protección de la propiedad intelec-tual. Ello incluye distintas manifestaciones artísticas como las artes escénicas tradiciona-les (la danza y el teatro popular), la música popular o la iconografía popular de las distintascomunidades. Se advierte en todos estos casos la tensión entre el mantenimiento de un“acervo cultural común” y la concesión de un monopolio o derecho exclusivo que permita dealguna manera “privatizar” este patrimonio inmaterial.

1. El patrimonio cultural inmaterial y la propiedad intelectual

La protección del llamado patrimonio inmaterial (o patrimonio cultural inmaterial) tiene evidentes puntos decontacto (y a veces, de fricción) con la protección de la propiedad intelectual. Ello incluye distintas manifes-taciones artísticas como las artes escénicas tradicionales (la danza y el teatro popular), la música popular ola iconografía popular de las distintas comunidades. Se advierte en todos estos casos la tensión entre el man-tenimiento de un “acervo cultural común” y la concesión de un monopolio o derecho exclusivo que permitade alguna manera “privatizar” este patrimonio inmaterial.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, los elementos que componen el patrimonio inmaterialde una comunidad concreta son “hechos no protegidos” o, en el mejor de los casos, obras que están ya enel dominio público y que por tanto pueden ser utilizadas por todos. Así, por ejemplo, si tomamos las dosmanifestaciones culturales españolas incluidas en las lista promulgada por la UNESCO de Obras Maestras delPatrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, el Misterio de Elche y La Patum de Berga, veremos cómo elprimero es simplemente un obra dramático-musical que ha caído en el dominio público (al parecer se repre-senta desde el siglo XV) mientras que la segunda es una manifestación del folclore que implica distintasobras (musicales, escultóricas, coreográficas) que también pueden ser consideradas como integrantes deldominio público. Y un razonamiento muy parecido puede hacerse respecto de otras Obras Maestras a nivelinternacional, como los tatuajes vegetales de los Wajapi brasileños o el teatro Mak Yong malayo.

De hecho, la propiedad intelectual no sólo no protege directamente las manifestaciones de la cultura popularo tradicional, sino que, por el contrario, en muchas ocasiones la existencia de un régimen de protección delos derechos de autor ha servido en la práctica para “patrimonializar” torticeramente elementos que estabanen el dominio público (fundamentalmente en la tradición oral), y que son sin embargo fijados por escritopor alguien, que, a partir de ese momento, reclama la obra popular o del folclore como suya propia. Así, noparece difícil pensar cómo buena parte de la llamada “canción española” no son más que coplas o coplillaspopulares que en un momento dado algún autor “avispado” fija por escrito (haciendo, el algunos casos, ciertasmodificaciones) y comienza a explotar como una obra propia. Y lo mismo puede haber ocurrido en otrosgéneros ligados a las formas tradicionales de expresión, como los villancicos, sevillanas, bailes regionales,etc. Desde ese punto de vista, por tanto, la propiedad intelectual es más un obstáculo para la correcta pro-tección jurídica del patrimonio inmaterial que un elemento diseñado para su salvaguardia.

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Sin embargo, ello no debe precipitarnos a pensarque la propiedad intelectual es en el mejor de loscasos un instrumento inútil para la protección delpatrimonio inmaterial de las comunidades tradicio-nales y en el peor de ellos un obstáculo que seríamejor remover o eliminar. Por el contrario, como setrata de argumentar a continuación, el Derecho depropiedad intelectual conoce distintas manifestacio-nes que no sólo tratan de impedir una apropiaciónindebida del acervo cultural común, sino quefomentan la creación de dicho acervo mediante unaprotección temporal de los autores y otros titulares dederechos de propiedad intelectual que deviene en lacreación de un fondo de obras y prestaciones prote-gidas en el dominio público que cualquier miembrode la comunidad puede utilizar.

En concreto, veremos a continuación cómo a nivelinternacional existen distintos instrumentos que,desde la dogmática propia de la protección de lapropiedad intelectual, se han orientado a sancionara quienes se apropian indebidamente de las expre-siones del folclore popular. También examinaremoscómo aunque no existen en la Ley de PropiedadIntelectual española disposiciones que sancioneneste tipo de conductas de rapiña de las expresionesculturales tradicionales, el propio “sistema” de lapropiedad intelectual está diseñado para favorecerla constante renovación del acervo cultural común.

2. La protección de las expresiones culturalestradicionales a nivel internacional

Se ha señalado ya cómo frecuentemente se piensaque las relaciones entre patrimonio inmaterial y pro-piedad intelectual son problemáticas, pues existe elriesgo de que se utilice la propiedad intelectual comoun medio de “privatizar” expresiones culturales tradi-cionales, que forman parte del dominio público yque, por tanto, “son de todos”.

Sin embargo, existe a nivel internacional un impor-tante movimiento que pretende extender algunos delos mecanismos básicos de la protección de la pro-piedad intelectual a las expresiones de la culturapopular o tradicional. La protección de estas expre-siones del folclore incluye la tutela de manifesta-ciones artísticas muy distintas, pero en todos loscasos existe el objetivo común de impedir su “priva-tización”, sancionando a quienes pretenden llevar acabo una apropiación indebida de las mismas.

En ese sentido, la idea fundamental que ha animado lostrabajos de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) y de la UNESCO es que estas expre-siones del arte popular o tradicional pertenecen a suscomunidades originarias (indígenas), transmiten unavisión espiritual y artística concreta de dichas comu-nidades, y, por tanto no pueden ser objeto de apro-piación por parte de terceros.

Lamentablemente, pese a los numerosos esfuerzosque se han hecho en este sentido, los trabajos no sehan podido todavía concretar en un instrumento nor-mativo concreto (un Tratado Internacional que reguleesta cuestión). Lo único que existe hasta el momentoen el plano del derecho positivo son distintas leyesnacionales, que, con técnicas jurídicas variopintas yfortuna diversa, recogen reglas especiales de protec-ción de las expresiones culturales tradicionales o delfolclore (sobre todo en países africanos y de AméricaLatina 1). En estas leyes se suele aclarar que el titularde los derechos sobre las expresiones artísticas popu-lares es la propia comunidad en las que nacieron y enlas que se utilizan habitualmente. Se trata, por tanto,de un derecho colectivo, atribuido originariamente ala comunidad, y que no pretende hacer posible eldisfrute del derecho por parte de su titular, sinoimpedir una explotación indebida por parte del ter-cero que se pretende apropiar de las expresionesartísticas populares.

Más allá de estas leyes domésticas, sólo encontramosun frondoso bosque de trabajos que se vienen lle-vando a cabo en el ámbito internacional desde hacemás de tres décadas. De entre ellos, creo que merecela pena mencionar como avance valioso la adopciónen 1985 de una Ley Modelo 2 sobre la protección de lasexpresiones del folclore y contra la explotación ilícitay otras acciones lesivas, elaborada conjuntamentepor la OMPI y la UNESCO.

La idea básica que subyace en dicha Ley Modelo esque las diferentes expresiones del folclore no puedenser objeto de apropiación o explotación ilícita porparte de terceros (art. 1). La Ley Modelo consideraen su art. 2 que a los efectos de su adecuada protec-ción es irrelevante si la “expresión del folclore” se haexpresado o no en un soporte material, por lo quese protege no sólo la expresión oral de cuentos,narraciones y canciones populares, sino también laejecución e interpretación de danzas, desfiles, coreo-grafías, representaciones teatrales o pantomimas.Naturalmente, también se protegen los objetos tan-gibles que expresan el arte o la cultura popular,como los dibujos, pinturas, cuadros, terracotas,mosaicos, cestas, instrumentos musicales, etc.

Según el art. 3 de la Ley Modelo, la autorizaciónpara poder utilizar estas expresiones de la culturapopular con fines lucrativos sólo puede darla la“autoridad competente” (definida en el art. 9.1 de

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Murcia, Pareja de huertanos. Fotografía de J. Laurent, 1878.Archivo Ruiz Vernacci, NIM 352. Fototeca del Patrimonio Histórico,IPCE. Ministerio de Cultura.

la Ley Modelo), de manera que cualquier utilizaciónfuera del ámbito consuetudinario que no tenga lapertinente licencia o autorización viola el derechocolectivo de la comunidad.

Existen además una serie de supuestos excepcionaleslistados en el art.4 en los que se permite la utilizaciónde las expresiones del folclore sin necesidad derequerir licencia o autorización alguna. Se trata bási-camente de supuestos de utilización no comercial (porejemplo, con fines educativos).

La Ley Modelo recomienda a los distintos Estadosque decidan adoptarla que quienes se apropien delas expresiones tradicionales del folclore sean objetode distintas sanciones (art. 6), aunque depende porsupuesto del Estado en concreto decidir si estamosante un supuesto de infracción administrativa, civilo incluso penal.

Pues bien, partiendo de este precedente sentado porla Ley Modelo de 1985 se ha producido en el marcode la OMPI todo un proceso cuyo objetivo último esla conclusión de un Tratado internacional que abordeesta cuestión. Prescindiendo de una mención másdetallada de toda la batería de trabajos y documentosque jalonan dicho proceso, destaca uno de impor-tancia singular, el Documento OMPI aprobado por laNovena Sesión del Comité Intergu-bernamental sobrepropiedad intelectual y recursos genéticos, conoci-mientos tradicionales y folclore, entre los días 20 y24 de abril de 2006 3.

Dicho Documento se presenta formalmente sólocomo un grupo de “principios y objetivos” sin carác-ter jurídicamente vinculante, pero lo cierto es queen la práctica cuentan con un Anexo en el que seincluyen unos “principios sustantivos” formados porun articulado concreto y comentarios a cada una delas disposiciones, lo que sugiere que se está prepa-rando el terreno para hacer posible a nivel interna-cional la consecución de un instrumento normativopara la “Protección de las expresiones culturales tra-dicionales/expresiones del folclore”.

Las ideas que subyacen en estos “Objetivos y Prin-cipios” tienen puntos evidentes de conexión no sólocon la Ley Modelo antes explicada, sino también conla Convención Internacional de la UNESCO para lasalvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de2003 y con la Convención de la UNESCO sobre laprotección y promoción de la diversidad de lasexpresiones culturales, de 2005. Se trata por tanto,de un complemento jurídico a dicha actividad,desde el punto de vista y la sistemática propia deun Tratado Internacional en materia de propiedadintelectual 4.

El texto articulado comienza, como es clásico enmateria de propiedad intelectual, por una definicióndel objeto protegido por el (futuro) Tratado, esto eslas llamadas “expresiones culturales tradicionales” o“expresiones del folclore”, que son dos términos queen el articulado se emplean de forma distinta (art.1),manejándose en todo momento en el texto la formacompleja “expresiones culturales tradicionales/expre-siones del folclore” y su abreviatura (ECT/EF).

Estas “expresiones del folclore” incluyen cualquierforma de expresión de la cultura popular, expresadaen formato tangible o intangible. Así, por ejemplo,dentro de las expresiones culturales sin soporte tan-gible se incluyen la interpretación y ejecución dehistorias, relatos, gestas épicas, narraciones, leyen-das, canciones, nombres, rituales o danzas. Y en lacategoría de expresiones del folclore fijadas ensoportes tangibles se incluye la protección de diseños,pinturas (incluidas las pinturas corporales), joyería,cestería, labores de punto, ebanistería, forjas, danzas,tapices, etc..

El art. 2 del Documento designa como beneficiariosde la protección a los pueblos indígenas, a las comu-nidades tradicionales y a las demás “comunidades cul-turales” que utilizan estas “expresiones protegidas”de la cultura popular, siempre que se haya confiadoen ellas la custodia y la salvaguardia de las ECT/EFde conformidad con sus leyes y prácticas consuetudi-narias; y que se mantengan las expresiones culturalestradicionales/expresiones del folclore como elementoscaracterísticos de su identidad cultural y social. Esnecesario por tanto que las ECT/EF no sólo se siganutilizando en la práctica, sino hayan pasado a formarparte del patrimonio inmaterial de la comunidad.

Resulta especialmente interesante observar cómo los“actos de apropiación indebida” de las expresionesculturales tradicionales se articulan mediante elestablecimiento de un sistema complejo de protecciónen tres niveles que incluye la sanción no sólo de losactos no autorizados de reproducción, distribución,comunicación pública etc. de las expresiones delfolclore, sino también la adaptación de las obras delfolclore con el objeto de crear obras nuevas (obrasderivadas). Con ello se trata de impedir que mediantela implementación de cambios pequeños o modifi-caciones formales se pueda producir de facto unaapropiación indebida de una ECT/EF concreta.Además, de forma interesante, los actos prohibidos nosólo incluyen conductas de explotación económica,sino también cualquier distorsión, mutilación o actosderogatorios (art. 3 (a) (i) del Documento).

Resulta también importante reseñar cómo elDocumento establece que el plazo de protección deestas expresiones del folclore se extenderá mientras

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subsista la propia expresión protegida y se siga uti-lizando en la comunidad (art. 6), lo que implica lógi-camente un cierto ámbito de protección de las ECT/EFque ya existen en la comunidad en este momento(art. 9).

Desde el punto de vista de la gestión de las autori-zaciones para la utilización de las expresiones delfolclore, el encargado primario de otorgar dichaautorización es “la comunidad implicada, si así lodesea” o, en su defecto, un Organismo creado porlos Estados específicamente a tal efecto (art. 4).Cualquier compensación económica o de otro tipoque se otorgue a cambio de la licencia o autoriza-ción para la explotación de una ECT/EF debe serdirectamente disfrutada por la comunidad en cuyoseno fueron creadas.

Existe además todo un elenco de excepciones a lanecesidad de autorización (art. 5), de modo que sepueda utilizar cualquier ECT/EF para la ilustraciónde la enseñanza, para fines de revisión o crítica, conocasión de información sobre acontecimientos deactualidad, en utilizaciones incidentales, etc. Además,como es tradicional en materia de propiedad inte-lectual internacional, la protección de las expresionesdel folclore no se supedita a ningún requisito deforma (art. 7), de manera que no es necesaria su ins-cripción en Registro público alguno para que gocende protección frente a apropiaciones indebidas. Lassanciones que establezcan los distintos Estados fir-mantes del (futuro) Tratado podrán proceder delámbito civil, penal o administrativo, de acuerdo conla tradición jurídica nacional (art. 8).

En cuanto a la compatibilidad de protección de lasECT/EF con las reglas propias de la propiedad intelec-tual, el Documento afirma un principio general decompatibilidad que tiene evidentes dificultades prác-ticas. En efecto, señala el art. 10 que “La protecciónconcedida a las expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore de conformidad con estas dispo-siciones no sustituirá (más bien complementará) a laprotección aplicable a las expresiones culturales tradi-cionales/expresiones del folclore y a las obras derivadasde las mismas en virtud de otras disposiciones de pro-piedad intelectual, leyes y programas sobre salvaguar-dia, preservación y promoción del patrimonio cultural,y otras medidas jurídicas y no jurídicas disponiblespara la protección y preservación de las expresionesculturales tradicionales/expresiones del folclore”.

La dificultad proviene básicamente del hecho de quela gran mayoría de ECT/EF no tienen a los efectosdel derecho de propiedad intelectual un autor comocentro jurídico de imputación de las facultades patri-moniales y morales habituales. El hecho de que ensu propia definición se insista en que las ECT/EF

pertenecen a la comunidad en la que nacieron y sonutilizadas en la práctica confirman esta idea de unaautoría colectiva o “desestructurada” que las más delas veces se hunde en la noche de los tiempos.

Incluso cuando en el caso concreto es posible iden-tificar a unos autores individuales, el hecho de quepor definición estemos ante expresiones culturalestradicionales implica que en la mayoría de los terri-torios donde existen normas de propiedad intelectuallas ECT/EF sean consideradas como obras de dominiopúblico y que, por tanto, carecen de protección aefectos del Derecho de propiedad intelectual.

Tampoco resulta muy comprensible la mención a lacompatibilidad entre la protección de las ECT/EF y

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Retrato de una familia de Azaila. 1916-44. Archivo Cabré.Fototeca del Patrimonio Histórico, IPCE, Ministerio de Cultura.

Atienza (Guadalajara) La Caballada. AgrupaciónFotográfica de Educación y Descanso de Guadalajara. Fototeca deInformación Artística, IPCE, Ministerio de Cultura.

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las obras derivadas de las mismas, que recibirán laprotección que corresponda en virtud de la legisla-ción correspondiente en materia de propiedad inte-lectual. Y ello porque, como hemos señalado a lolargo de este trabajo, la idea de una protección delas expresiones culturales tradicionales y una atribu-ción de derechos de autor sobre las mismas (o sobreobras derivada de las mismas) resulta en ciertamedida contradictoria.

Lo que trata de evitar la protección jurídica de lasECT/EF es precisamente conductas de “privatización”de expresiones culturales tradicionales que están enel acervo común, de manera que si se garantiza laprotección por vía de propiedad intelectual a lasobras derivadas que toman como base dichas ECT/EF, lo que se está consiguiendo en buena medida esprecisamente lo contrario de lo que se pretende. Noresulta razonable, por ejemplo, que una pequeñamodificación que incluya cierto grado de originali-dad sirva para generar un Copyright para las obrasmaestras del canto polifónico georgiano o la tradi-ción del canto védico en India.

Naturalmente, estas y otras cuestiones deberán serresueltas en los próximos años, de manera que ladecisión definitiva acerca de si el Documento de 2006se convierte finalmente en un Tratado Internacionaldependerá de los distintos Comentarios que aportenlos países sobre el texto propuesto y de la propiadecisión del Comité Intergubernamental nombradopara esta cuestión. Si la Decisión del Comité es posi-tiva, deberá someterse como Proyecto formal a laAsamblea General de la OMPI, que será la que discutael Tratado y si procede su aprobación mediante lacorrespondiente Conferencia internacional.

3. La propiedad Intelectual en España como“propiedad especial”

Al contrario de lo que sucede en muchos países afri-canos o latinoamericanos, la legislación española enmateria de propiedad intelectual no contiene reglasespecíficas para la protección del patrimonio inma-terial ni para evitar la apropiación indebida de expre-siones del folclore (ya he mencionado que posible-mente muchas coplas no sean sino “apropiaciones”de canciones populares).

Sin embargo, ello no significa que el legislador depropiedad intelectual sea totalmente ajeno al fenó-meno de la creación de un “patrimonio inmaterialde la comunidad”. Lo que ocurre es que la tutela deeste patrimonio inmaterial se lleva a cabo mediante

una técnica jurídica distinta. En lugar de impedirla apropiación de obras del folclore que están yaen el dominio público, lo que se hace es fomentarla creación de obras que, tras un periodo de pro-tección, caerán posteriormente en dicho dominiopúblico, formando a partir de dicho momento partedel acervo cultural común.

En efecto, nuestra doctrina acepta generalmenteque el derecho de propiedad intelectual es un instru-mento muy útil para fomentar la creación de ungran número de obras que, de otro modo nuncaverían la luz. Se parte por tanto del presupuesto deque un mayor nivel de protección jurídica del creadorse debe corresponder con un aumento del númerode creaciones que éste lleve a cabo (cuanto más pro-tegido esté, más creará), lo que no sólo resulta bene-ficioso para el autor (que obtiene un rendimientoeconómico por la explotación de su obra), sino tam-bién para la comunidad, que ve como se incrementa(o, en un mundo ideal, se maximiza) el número deobras que hay “en el mercado”.

Para lograr este efecto beneficioso es necesario pro-teger al creador desde un doble punto de vista. Enprimer lugar, desde un punto de vista, patrimonial,de manera que el creador tenga la posibilidad deobtener un rendimiento económico por la explota-ción de su obra, bien explotándola por sí mismo, biencediendo dicha explotación a terceros a cambio deuna compensación económica. De ahí que nuestraLey diga que los derechos de explotación económicasobre una obra corresponden al autor por el merohecho de su creación (art. 2 de la Ley de PropiedadIntelectual, en adelante LPI).

En segundo lugar, se entiende que la obra es unaexpresión de la personalidad del autor, y cualquierconducta que pretenda debilitar o romper este vínculoesencial entre el autor y su obra debe ser impedida.Así, por ejemplo, el art. 14 de la Ley de PropiedadIntelectual impide que un tercero se apropie de laobra del autor, haciéndola pasar por propia, conductaque es también sancionada en el art. 270 del Códigopenal (bajo el confuso nombre de plagio) como undelito contra la propiedad intelectual 5.

A partir de dichas premisas básicas, la primera Leyque estableció una regulación de los derechos deautor en España data de 5 de agosto de 1823, aunquehubo que esperar para tener una regulación eficaz a laLey 10 de enero de 1879, de Propiedad Intelectual 6,que se dedicaba fundamentalmente a la protecciónde los autores de obras literarias, incluyendo a lostraductores. Es precisamente la Ley de 1879 (anterioral Código civil de 1889) la que consagró entre nosotrosla idea de que la propiedad intelectual es una pro-piedad “especial”, que tiene reglas parcialmente

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Sevillana tocando una guitarra. Fotografía de E. Gateau/ J.Laurent,1878. Archivo Ruiz Vernacci, NIM. 17618. Fototeca delPatrimonio Histórico, IPCE. Ministerio de Cultura.

distintas a las que regulan la propiedad ordinaria enel Código civil.

Dicha especialidad no proviene sólo del objetoinmaterial del que se predica el derecho de propie-dad (la obra), sino también del hecho de que la pro-tección de los autores debe conjugarse con el interésgeneral en fomentar la producción y difusión de lacultura en la comunidad, llegando a un punto decompromiso o equilibrio entre los intereses particu-lares de los autores y el “interés general”.

Es esta idea del “equilibrio de intereses” la que fun-damentalmente explica que desde un principio laprotección de la propiedad intelectual fuera ennuestro país menos intensa que la de la propiedad“ordinaria”, sobre cosas materiales, haciendo asíposible la creación de un dominio público en el queotros autores encuentren la inspiración para crearnuevas obras y prestaciones protegidas. En estedominio público “caerán” al final todas las obras,pasando a formar parte del patrimonio cultural(inmaterial) de la comunidad

Este principio de protección “limitada” de la propie-dad intelectual, que ya estaba en la Ley de 1879, seconsolidó definitivamente en nuestra Constituciónde 1978, que reconoció el derecho de propiedad pri-vada en el art. 33.1 CE, pero también una limitaciónintrínseca de este derecho, la de su “función social”(art. 33.2 CE), que permite recortar distintas faculta-des del propietario cuando el “interés general” así loexija. Es este interés social el que explica, por ejem-plo, que se pueda expropiar al dueño de una fincaparte de sus terrenos para construir una carretera oun colegio, abonando el correspondiente justiprecio.

Pues bien, a partir de la aprobación de la CartaMagna resulta más evidente aún si cabe la idea deque la propiedad intelectual es una especie delgénero de los derechos de propiedad 7, que cuentacon ciertas limitaciones en su tutela por el hecho deque su objeto consista (básicamente) en obras cien-tíficas, técnicas o artísticas. Ello explica que las limi-taciones a los derechos de los autores fueran parteesencial de la regulación de la Ley de PropiedadIntelectual de 1987 8, que, tras sucesivas reformasprovocadas por la implementación en España dedistintas Directivas comunitarias, fue posteriormen-te publicada en forma de Texto Refundido de la Leyde Propiedad Intelectual en 1996 9.

El derecho de propiedad intelectual está por tantoesencialmente limitado por distintas previsioneslegales que pretenden conjugar una protección sufi-ciente de los autores con un nivel razonable de accesode la comunidad al patrimonio cultural inmaterialque dichos autores están generando.

4. La limitación temporal de los derechos y lacaída en el dominio público

La principal de las limitaciones establecidas por laLPI, y la que en mayor medida coadyuva a la creaciónde un patrimonio inmaterial en el dominio público,es la de la restricción temporal en la duración delos derechos patrimoniales de los autores que (enel supuesto más habitual) se extienden desde elmomento de la creación de la obra hasta setentaaños después de la muerte de su autor.

Esta regla de duración temporalmente limitada delos derechos de autor (positivada en el art. 26 de laLPI) parte de la idea de garantizar al autor medioseconómicos para que subsistan él y dos generacionesmás, pasando después la obra al dominio público,donde puede ser utilizada por todos. De ahí que digael art. 41 de la LPI que la extinción de los derechosde explotación determina el paso de las obras aldominio público, de modo que pueden ser “utilizadaspor cualquiera”, siempre que se respete la autoría yla integridad de la obra.

La cuestión del plazo de protección adecuado paralos derechos de autor es una cuestión polémica, queen la mayoría de los países de nuestro entorno ha idoprogresivamente en aumento desde los veinticincoaños post mortem auctoris (p.m.a) que consagra comomínimo el principal Tratado internacional en la mate-ria, el Convenio de Berna 10 (art. IV.1) hasta los setentaaños p.m.a que están fijados actualmente como reglageneral en el Derecho de la Unión Europea (art. 1 dela Directiva 2006/116/CE de Parlamento Europeo ydel Consejo, relativa al plazo de protección del dere-cho de autor y de determinados derechos afines[versión codificada] 11). En España, sin embargo, lasituación es singular, puesto que la Ley de 1879 esta-blecía un plazo general de protección de 80 añosp.m.a, que, tras un breve periodo intermedio en elque se redujo a 60 años, ha sido luego necesarioajustar de nuevo hasta los 70 años p.m.a. actuales.

Es evidente pues que el plazo de protección es pro-longado (para algunos, muy prolongado, sobre todoen determinado tipos de obras, como los programasde ordenador), pero también que la limitación tem-poral incluye un elemento restrictivo que resultainimaginable en el derecho de propiedad “ordinaria”,el que recae sobre cosas materiales. ¿Se imaginan eldesencanto del heredero de un piso que ve cómopasa a formar parte del dominio público porque hanpasado ya 70 años desde la muerte del testador?

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Huertanos de Murcia. Fotografía de Laurent y Cía, 1871.Archivo Ruiz Vernacci NIM 355. Fototeca del Patrimonio Histórico,IPCE, Ministerio de Cultura.

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El hecho de la duración limitada de los derechosejerce su poderosa influencia en todo el “sistema”de la propiedad intelectual. El equilibrio de interesesse logra en nuestro caso a través de una cesión gra-ciosa que hace el Estado al autor para que explote suobra durante un periodo de tiempo determinado,antes de que entre a formar parte del dominiopúblico. Es aquí donde percibimos el origen histó-rico de la propiedad intelectual en su aspecto deregalía (royaltie).

Naturalmente, una vez que han caído en el dominopúblico, las obras pueden ser editadas, emitidas porradio o televisión, representadas en un escenario opuestas en Internet, etc., sin necesidad de solicitarpermiso alguno a los autores o a sus herederos. Loúnico que hay que respetar es la paternidad de laobra (hay que seguir diciendo que la obra es deCervantes, de Mozart) y la integridad de la misma(de modo que la obra no quede totalmente mutiladao irreconocible).

Nuestra Ley parte por tanto de una distinción meri-diana entre un conjunto de obras protegidas, quedeben ser explotadas contando con la correspon-diente licencia de los autores o de sus causahabientesy obras que ya han caído en el dominio público, quepueden ser libremente explotadas por todos 12.

Ello ocurre además no sólo respecto de las obras ensentido estricto, sino también respecto de lo que seconoce en la doctrina como “prestaciones prote-gidas”. Dichas “prestaciones protegidas” (discos,películas, emisiones de radio y televisión) aparecencomo objetos dignos de protección por la propiedadintelectual de una manera sistemática en España apartir de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987,que significó entre nosotros no sólo una construcciónmás completa y sofisticada de los derechos de autor(cuestión a la que la norma dedica su Libro I), sinotambién una ampliación de la protección otorgadapor la propiedad intelectual a otros creadores que,hasta ese momento, sólo habían tenido una protec-ción incompleta y fragmentada en nuestro Derecho(protección que ahora se contiene en el Libro II dela LPI).

Se trata de un colectivo variopinto (que incluye aartistas, intérpretes y ejecutantes, productores audio-visuales, productores discográficos, entidades deradio y televisión y otros creadores, como los reali-zadores de “meras fotografías 13”) a los que la Ley haotorgado “otros derechos de propiedad intelectual”,según reza la rúbrica del Libro II de la LPI. Se tratade derechos que en los países de nuestro entornoson conocidos como derechos “afines”, “vecinos” o“conexos” a los derechos de autor, pero a los quenuestro legislador parece concebir no como parientes

cercanos del derecho de autor, sino como ramas deun mismo tronco.

Lo que estos “otros derechos” permiten a sus titulareses básicamente un control sobre el aspecto patrimo-nial de su creación (las actuaciones en el caso de losartistas, las grabaciones audiovisuales o películaspara los productores audiovisuales, etc.), aunque enel caso concreto de los artistas el art. 113 LPI lesreconoce también de forma excepcional ciertasfacultades de carácter personal (derechos morales).

Lo importante a nuestros efectos es que la lógicaque impregna estos “otros derechos de propiedadintelectual” es, en su mecanismo básico, la mismaque anima el sistema autoral. Se piensa que con unaprotección jurídica suficiente se logrará un nivelóptimo de producción de estas “prestaciones prote-gidas”, aumentando así el número de actuaciones,películas, discos, emisiones de TV etc., que hay “enel sistema” en un momento determinado y permi-tiendo, tras un periodo limitado de protección, lacreación de un dominio público robusto a partir delcual puedan nutrirse otros creadores.

De ahí que también en estos casos el plazo de pro-tección sea limitado. En efecto, en nuestra LPI segarantiza la protección de estas “prestaciones prote-gidas” por un plazo estándar de cincuenta añosdesde la primera fijación de la actuación, desde laemisión en radio o televisión o desde que se lanzaal mercado el disco o película protegida (arts. 112,119, 125 y 127 LPI). De ahí que, como ocurre tam-bién en el caso de los derechos de autor, pasado elplazo otorgado por la Ley para su protección las lla-madas “prestaciones protegidas” pasan al dominiopúblico, formando a partir de entonces parte delacervo cultural común y pudiendo ser utilizadas porcualquiera sin requerir permiso alguno a los (anti-guos) titulares de estos “otros derechos de propie-dad intelectual”

5. Propiedad Intelectual y excepciones a losderechos patrimoniales

Además de la limitación temporal en la duración delos derechos de autor y de los “otros derechos” depropiedad intelectual (que es un límite intrínseco,que se anuda a la propia estructura del monopoliojurídico que se otorga a los titulares), existen ennuestra LPI un segundo de grupo de reglas que pre-tenden lograr un equilibrio adecuado entre los dere-chos de los autores y el interés de la comunidad endisfrutar de un patrimonio inmaterial suficiente y

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Huertanos de Murcia. Fotografía de Laurent y Cía, 1871.Archivo Ruiz Vernacci NIM 918. Fototeca del Patrimonio Histórico,IPCE, Ministerio de Cultura.

accesible a todos. Se trata de los distintos límites oexcepciones a los derechos patrimoniales que tienenlos titulares de derechos, previstos en los arts. 31 y ss.LPI. Dichos límites se conceptúan como excepcionesal ius prohibendi, tipificando distintas actividadesque no necesitan del permiso del titular del derechode propiedad intelectual para poder llevarse a cabo.

Algunas de estas excepciones o limitaciones reco-gen sin lugar a dudas una preocupación por el “biencomún”. Es el caso, por ejemplo, del art. 31.1 LPI,que permite la inclusión en una obra propia de frag-mentos de obras ajenas a título de cita o para suanálisis, comentario, o juicio crítico. La idea que latetras esta excepción es impedir que se utilice el dere-cho de autor como medio de impedir la críticaajena, lo que resulta imprescindible para el sanodebate intelectual. Lo mismo sucede con otros límitesa la propiedad intelectual, como puede ser la utiliza-ción de obras en trabajos o artículos sobre temas deactualidad difundidos por los medios de comunica-ción social (art. 33.1) o la reproducción, distribucióno comunicación al público de obras con fines deseguridad pública (por ejemplo, en el marco de unainvestigación criminal), cuestión a la que se refiere

el art.31 bis, apartado primero. En todos estos casosexiste un interés general que debe prevalecer ante elinterés particular.

Con todo, no debemos sobrevalorar este segundomecanismo de protección del interés general en elsistema de la LPI desde la perspectiva de la proteccióndel acervo cultural común o del patrimonio inmate-rial. Y ello por dos razones distintas.

En primer lugar, porque dicho “interés general” esmuy difícil de ver (y a veces es directamente inexis-tente) en determinados casos que nuestra ley concibecomo excepciones o límites a los derechos exclusivosde los autores. Es lo que ocurre, por ejemplo, con laexcepción para permitir determinadas reproduccionestécnicas en redes digitales del art. 31.1 LPI (que tienecomo objetivo fundamental dejar a salvo la respon-sabilidad de las compañías de telecomunicacionesque prestan acceso a Internet) o con la excepcióndel art. 38 LPI, que permite la ejecución de obrasmusicales en ceremonias religiosas, siempre que elpúblico pueda asistir a ellas gratuitamente (quebusca satisfacer el interés de las distintas confesionesreligiosas).

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En segundo lugar, porque siempre debemos teneren cuenta que el sistema de la propiedad intelectualtiene un mecanismo de cierre en su art. 40 bis queimpide que un uso excesivo de las excepciones a losderechos exclusivos acabe por perjudicar en exceso alos autores y otros titulares de derechos de propiedadintelectual. Así, ninguna de las excepciones que la Leyprevé (ni siquiera las que claramente se basan en laprotección de un interés general) puede ser interpre-tada de manera tal que causen un perjuicio injustifi-cado a los intereses legítimos del autor o que vayan endetrimento de la explotación normal de la obra.

A este respecto, aunque lógicamente existe un ampliodebate doctrinal respecto de lo que quiere decirnuestro legislador con conceptos jurídicos tan inde-terminados como el “perjuicio injustificado a los inte-reses legítimos del autor” o lo que es la “explotaciónnormal de la obra”, la idea que anima el art. 40 bises clara. El bien común, por muy importante que sea,no puede servir para vaciar de contenido o expro-piar al titular los derechos patrimoniales derivadosde la propiedad intelectual sobre las distintas obrasy prestaciones protegidas. De hecho, ni siquieradebe interferir con los mecanismos habituales deexplotación de la obra en el mercado (la “explota-ción normal de la obra”).

De ahí concluimos sin demasiadas dificultades queeste segundo grupo de limitaciones o excepciones alos derechos patrimoniales de los autores no tiene elmismo vigor que el límite general de la duración delderecho, que determina la “caída” de la obra aldominio público sin remisión. Se trata siempre deexcepciones a derechos exclusivos, de interpretaciónrestrictiva, y que cuentan con la válvula de seguridaddel art. 40 bis 14.

6. Conclusión

Las relaciones entre la protección del patrimonioinmaterial de las comunidades, y, en especial, susexpresiones culturales tradicionales o expresionesdel folclore y la tutela que la propiedad intelectualotorga a los autores y otros titulares de derechos noson siempre sencillas. De hecho, la propiedad inte-lectual se ha utilizado en ocasiones como un expe-diente jurídico para la apropiación indebida demanifestaciones culturales que son de la comunidad.Sin embargo, una mirada más pausada sobre estacuestión enseguida nos revela cómo la dogmática ytradición jurídica de la propiedad intelectual tienetambién un papel activo en la protección de la cul-tura tradicional.

Por un lado, sancionando a quienes pretenden pri-vatizar de forma indebida cualquier expresión culturaltradicional y estableciendo sistemas de licencia que

redunden en beneficio de las comunidades en las quenacieron las expresiones del folclore. Por otro lado,estableciendo una protección patrimonial duranteun tiempo limitado, de manera que se maximice elnúmero de obras y prestaciones protegidas que hayen el mercado, obras y prestaciones, que, pasadoel tiempo, caerán necesariamente en el dominiopúblico, formando parte a partir de ese momentodel patrimonio inmaterial común, que necesitará denuevo ser protegido frente a los intentos de volver a“privatizarlo”.

Notas

1 Así ocurre, por ejemplo, con la Ley panameña núm. 20, de 26de junio de 2000, que protege frente a apropiaciones indebidasde terceros, entre otros objetos, los vestidos tradicionales de lascomunidades indígenas, en especial los conocidos como Dule,Mor, Jio y Nahua, (art. 2), la música o instrumentos tradicionales(art. 3) y los aperos de trabajos y artes tradicionales, como lascestas de mimbre (art. 5).

2 Su texto está disponible en <http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/1982-Folclore-model-rovisions.pdf>.

3 Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_4.pdf>.

4 Los trabajos se complementan con un Documento similaren el que se aborda la cuestión de la protección de los cono-cimientos tradicionales, formando conjuntamente una “solu-ción holística” a esta cuestión según la OMPI. El Documentosobre Conocimientos Tradicionales está disponible en castellanoen la dirección <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_5.pdf>.

5 Con todo, también esta protección del aspecto personal delderecho del autor está supeditada al interés general. Así, porejemplo, señala el art. 40 LPI que si un autor fallece sin divulgarla obra, y su herederos deciden seguir dejándola inédita (ejer-ciendo por tanto el derecho que les concede la ley a no divul-garla), el juez puede ordenar “las medidas adecuadas” a peti-ción de las Administraciones públicas o instituciones públicasde carácter cultural, de modo que la no divulgación no entre encontradicción con el Derecho de acceso a la cultura que con-sagra el art. 44 de la Constitución, derecho que los poderespúblicos tienen la obligación de tutelar y promover.

6 Publicada en la Gaceta de Madrid de 12 de enero.

7 Con todo, todavía hay quien cree que el fundamento de lapropiedad intelectual no está en el derecho de propiedad, sinoen el derecho a la producción y creación literaria, artística,científica y técnica del art. 21.1 b) de la Carta Magna.

8 El papel de estos recortes al derecho de propiedad de losdistintos titulares es tan relevante que se menciona en el fron-tispicio de la Ley, en su art. 2, dedicado a la descripción delobjeto protegido por la LPI, cuando se señala que “La propiedadintelectual está integrada por derechos de carácter personal ypatrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y elderecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limita-ciones que las establecidas en la Ley”.

9 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril (BOE núm.97, de 22 de abril).

10 Convenio de Berna para la protección de obras literarias yartísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, Instrumentode ratificación de 2 de julio de 1973.

11 DO n.º L 372, de 27 de diciembre de 2006.

12 Sin embargo, en la práctica es frecuente que muchas obras seencuentren en una situación intermedia, son las denominadas

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Ayuntamiento de Zorita de los Canes, c. 1945. Archivo Cabré. Fototeca del Patrimonio Histórico, IPCE, Ministerio de Cultura.

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“obras huérfanas”. Se trata de obras que tienen sus derechos“vivos”, pero en las que resulta imposible o extremadamentecomplejo en la práctica encontrar a los causahabientes de losautores para negociar una autorización para explotar econó-micamente la obra. La falta de un sistema de “ventanillaúnica” para negociar estos derechos provoca que muchas deestas obras no sean objeto de ulteriores explotaciones, pormiedo a que los titulares de los derechos “aparezcan” una vezque se ha iniciado la explotación patrimonial.

13 La mera fotografía es según el art. 128 de la LPI una foto-grafía que no reúne la característica esencial de la originalidad(por lo que no puede ser considerada obra según las reglas delLibro I de la LPI), pero que sin embargo tiene un valor econó-mico en determinados casos, por lo que sus “realizadores” (noson autores), gozan de los derechos patrimoniales de repro-ducción, distribución y comunicación pública durante veinti-cinco años.

14 En rigor, el único grupo de obras que en atención a los inte-reses generales han quedado al margen del “sistema” delderecho de autor son las mencionadas en el art. 13 LPI. Setrata de obras que directamente “no son objeto de propiedadintelectual”, y, que, por lo tanto no suponen por el merohecho de su creación el nacimiento de un derecho patrimonialy moral a los autores de las mismas. Se trata de las “disposi-ciones legales o reglamentarias y sus correspondientes pro-yectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y losactos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organis-mos públicos, así como las traducciones oficiales de todos lostextos anteriores”. Se trata con ello de que la producción nor-mativa de los organismos y administraciones públicas no estésometida a las limitaciones del derecho de autor en cuanto asu reproducción y distribución, lo que redundará en el interésgeneral al ser mucho más sencillo su conocimiento o difusión.

[it comes from the page 110] Nonetheless, this doesn’tmean we should get ahead of ourselves in thinkingthat intellectual property is in the best of cases auseless instrument for the protection of IntangibleHeritage of traditional communities and in the worstof them an obstacle that it would be best to removeor eliminate. On the contrary, as is outlined below,the Right of intellectual property knows distinctmanifestations that don’t just try to impede anunlawful appropriation of the common cultural her-itage, but which fosters the creation of said heritage

through a temporal protection of the authors and othertitleholders of rights intellectual property which transforms inthe creation of a base of protected works and performances inthe public domain, which any member of the communitycan use.

In specific, we will see below how on an international leveldifferent instruments exist which, using the very dogma ofthe protection of intellectual property, have aimed to sanc-tion those who unlawfully appropriate expressions of pop-ular folklore. We will also examine how although disposi-tions in the Spanish Law of Intellectual Property whichsanction these types of thefts of the traditional culturalexpressions do not exist, the very “system” of intellectualproperty is designed to favor the constant renovation of thecommon cultural heritage.

The Protection of Traditional Cultural Expressions on anInternational Level

It has already been pointed out how frequently it isthought that the relations between Intangible Heritageand intellectual property are problematic, because thereexists the risk that intellectual property is used as a meansto “privatize” traditional cultural expressions, which formpart of the public domain and, therefore, “belong to all”.

Nonetheless, on an international level there exists animportant movement which hopes to extend some of thebasic mechanisms for the protection of intellectual proper-ty to the expressions of traditional or popular culture. Theprotection of these expressions of folklore include theguardianship of very different artistic manifestations, butin all cases there exists the common objective of impedingits “privatization”, sanctioning those who try to make anunlawful appropriation of them.

In this sense, the fundamental idea that has driven thework of the World Intellectual Property Organisation(WIPO) and UNESCO is that these expressions of the popu-lar or traditional art belong to their originating (indige-nous) communities, they transmit a concrete spiritual andartistic vision of these communities, and, therefore, cannotbe the object of appropriation by third parties.

Regrettably, despite the numerous efforts which have beenmade in this sense, their efforts have still not been able tomaterialize in a specific normative instrument (anInternational Treaty which regulates this question). Theonly thing which until now exists in the plane of positiverights are the distinct national laws which, with diverselegal techniques and variable success, collect special rulesof protection of the traditional cultural expressions or folk-lore (especially in the African and Latin American counties1). In these laws it is generally clarified that the owner ofthe rights to the popular artistic expressions is the very community in which they were born and which customarily

uses them. Therefore, it is a question of a collective right,originally attributed to the community, and which doesn’tseek to make possible the benefit of the right on the partof its owner, but rather to prevent an unlawful exploitationon the part of their parties who attempt to appropriate thepopular artistic expressions.

Beyond these domestic laws, we only find a leafy forest ofworks which have been elaborated in the internationalarena starting more than three decades ago. Among them, Ithink it is worth mentioning as a valiant advance the adop-tion in 1985 of Model Provisions for National Laws 2 on theProtection of Expressions of Folklore Against illicitExploitation and Other Prejudicial Actions, jointly elaboratedby WIPO and UNESCO.

The basic idea which underlie the Model Provisions is thatthe different expressions of the folklore cannot be the objectof appropriation or illicit exploitation by third parties (art. 1).The Model Provisions consider in art. 2 that for the effects ofadequate protection it is irrelevant if the “expression of thefolklore” has been expressed in a material support or not, bywhich what is protected is not just the oral expression of sto-ries, narrations, and popular songs, but also the executionand performance of dances, processions, choreographies,theatrical representations, or pantomimes. Naturally, thetangible objects which express the popular art or culture,such as the drawings, paint, paintings, terra cottas, mosaics,baskets, musical instruments, etc. are also protected.

According to art. 3 of the Model Provisions, the authoriza-tion to be able to use these expressions of the popular cul-ture for lucrative ends can only be given by the “competentauthority” (defined in art 9.1 of the Model Law), in such away that any use outside the customary realm which doesnot have the appropriate license or authorization violatesthe collective rights of the community.

There also exist a series of exceptional occasions listed inart. 4 in which the use of the expressions of folklore is per-mitted without needing any license or authorization. Thesebasically concern non-commercial uses (for example, foreducational purposes).

The Model Provisions recommends to the different Stateswhich decided to adopt it that those who appropriate thetraditional expressions of the folklore be the object of dis-tinct sanctions (art. 6), although it is up to the State inquestions, of course, to decide if we are before an adminis-trative, civil, or even penal infraction.

Starting from this precedent established by the ModelProvisions of 1985 in the franework of WIPO, an entireprocess has arisen whose ultimate aim is the conclusion ofan International Treaty which covers this question.Bypassing a more detailed mention of the full battery ofworks and documents which mark said process, one is ofsingular importance and especially worthy of note: theDocument WIPO approved for the Ninth Session of theIntergovernmental Committee About Intellectual Propertyand Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore,between the 20th and 24th of April of 2006 3.

This Document is formally presented only as a group of“principles and objectives” without any attached legalforce, but what is certain is that in practice it comes withan Annex in which includes some “substantive principles”formed by a series of articles and commentaries for each

one of the dispositions, which suggests that it is preparingthe terrain to make possible the achievement of a normativeinstrument on an international level for the “Protection of theTraditional Cultural Expressions/Expressions of the Folklore”.

The underlying ideas in these “Objectives and Principles”have evident points of connection not only with the above-mentioned Model Provisions but also with the 2003UNESCO International Convention for the Safeguarding ofthe Intangible Cultural Heritage and with the 2006UNESCO Convention About the Protection and Promotionof the Diversity of the Cultural Expressions. It thereforeconcerns a legal complement to this activity, from the pointof view and the very system of an International Treaty inintellectual property material 4.

The text begins, as is classic in intellectual property material,with a definition of the object protected by the (future) Treaty,which are the so called “traditional cultural expressions” or“expressions of the folklore”, two terms which are used indifferent ways in the articles (art. 1), using throughout thetext the complex form “traditional cultural expressions/expressions of the folklore” and its abbreviation (TCE/EF).

These “expressions of the folklore” include any form ofexpression of the popular culture, expressed in a tangibleor intangible format. Thus, for example, the acting and per-formance of histories, stories, epic exploits, narrations, leg-ends, songs, names, rituals, or dances are included within the

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Vaquero de Córdoba. Fotografía de J. Laurent, c. 1862-70.Archivo Ruiz Vernacci NIM 3164. Fototeca del Patrimonio Histórico,IPCE, Ministerio de Cultura.

cultural expressions without tangible support. And includedwithin the category of “expressions of the folklore” affixed intangible supports are the protection of designs, paintings(including body paintings), jewelry, basketry, embroidery,cabinetry, forge work, dances, tapestries, etc.

Art. 2 of the Document designates the indigenous peoples,the traditional communities, and all other “cultural commu-nities” which use these “protected expressions” of the pop-ular culture as beneficiaries of the protection, always solong as they have been entrusted with the custody and thesafeguarding of the TCE/EF in accordance with their lawsand customary practices; and that they maintain the tradi-tional cultural expressions/expressions of the folklore ascharacteristic elements of their cultural and social identity.It is therefore necessary that the TCE/EF are not merely stillin use in the present, but that they have gone on tobecome part of the Intangible Heritage of the community.

It is especially interesting to see how the “unlawful acts ofappropriation” of the traditional cultural expressions arearticulated through the establishment of a complex systemof protection in three levels which include the sanction notjust of the unauthorized acts of reproduction, distribution,public communication, etc. of the expressions of the folk-lore, but also the adaptation of the works of the folklorewith the object of creating new works (derivative works).This is an attempt to prevent de facto the production of anunlawful appropriation of a specific TCE/EF through theimplementation of small changes or formal modifications.Also, in an interesting way, the prohibited activities do notjust include economic exploitation, but also any distortion,mutilation, or derogatory act (Art. 3 (a) (i) of the Document).

It is also important to note how the Document establishesthat the time limit of the protection will extend so long asthe protected expression itself continues and is still used inthe community (Art. 6), which logically implies a certainarea of retroactive protection of the TCE/EF which alreadyexist in the community at this time (Art. 9).

From the point of view of the management of the authori-zations for the use of the expressions of the folklore, theprincipal entity in charge of granting said authorization is“the community in question, if they so wish” or, lackingthat, a Public organ created by the States specifically forthis effect (Art. 4). Any economic or other compensationwhich is offered in exchange for the license or authoriza-tion for the exploitation of a TCE/EF must be enjoyeddirectly by the community which gave birth to it.

There also exist an entire panoply of exceptions to the needfor authorization (Art. 5), in such a way that any TCE/EF canbe used for the illumination of education, for critical orreview purposes, with the motive of information about cur-rent events, in incidental uses, etc. Moreover, as is tradition-al in material of international intellectual property, the pro-tection of the expressions of the folklore is not dependenton any requisite of form (Art. 7), in such a way that noinscription in a public Registry is needed in order to enjoythe protection from unlawful appropriations. The sanctionsthat the distinct States signing the (future) Treaty establishcan be in the civil, penal, or administrative realm, in accor-dance with their national legal tradition (Art. 8).

In terms of the compatibility of the protection of theTCE/EF with the very laws of intellectual property, theDocument affirms a general principle of compatibility

which has clear practical difficulties. In effect, Art. 10 pointsout that “Protection for traditional cultural expressions/expressions of folklore in accordance with these provisionsdoes not replace and is complementary to protection appli-cable to traditional cultural expressions/expressions of folk-lore and derivatives thereof under other intellectual propertylaws, laws and programs for the safeguarding, preservationand promotion of cultural heritage, and other legal and nonlegal measures available for the protection and preservationof traditional cultural expressions/expressions of folklore.”

The difficulty stems basically from the fact that the greatmajority of ECT/EF don’t have, as far as the rights of intel-lectual property are concerned, an author as its legal centrefor the imputation of the traditional equitable and moralrights. The fact that in its very definition it insists that theECT/EF belong to the community in which they were bornand are used in practice confirms this idea of a collective or“de-structured” authorship which most of the times isburied in the night of Time.

Even when it is possible to identify individual authors in aspecific case, the fact that by definition we are before tradi-tional cultural expressions implies that in the majority ofthe territories where intellectual property regulations existthe ECT/EF are considered as works in the public domainand which, therefore, lack protection with regard to theRights of intellectual property.

The mention of the compatibility between the protectionof the ECT/EF and the works derived from the same, whichwill receive the corresponding protection in virtue of theappropriate legislation relating to intellectual property isalso not very comprehensible. And this is because, as wehave shown over the course of this paper, the idea of a pro-tection of the traditional cultural expressions and an attri-bution of copyright for the same (or for the works derivedfrom them) are to a certain degree contradictory.

What the legal protection of the ECT/EF aims to avoid isprecisely conducts of “privatization” of traditional culturalexpressions which are still in the common heritage, in sucha way that if protection via intellectual property is guaran-teed to the derivative works which are based on theseECT/EF, what is being achieved is precisely the opposite ofthe original aim. It is not reasonable, for example, that asmall modification that includes a certain degree of origi-nality serves to generate a copyright for the masterworksof polyphonic Gregorian Chant or the traditional Vedicsongs of India.

Naturally, these and other questions must be resolved inthe next few years, in such a way that the definitive deci-sion as to whether the Document of 2006 will finallybecome an International Treaty will depend on the differentCommentaries which countries make to the proposed textand on the decision itself of the IntergovernmentalCommittee named to address this issue. If the Decision of

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Arriba, La Peña Lara desde el alto (excursionistas enla Sierra de Guadarrama) Tarjeta postal, c. 1915. Edición deHauser y Menet. Colección CNIAAE, NIM TP-184. Fototeca delPatrimonio Histórico, IPCE. Ministerio de Cultura.

Abajo, Encarnación Cabré junto a un berraco de LasCogotas en Cardeñosa, Ávila (c 1928) Archivo Cabré.Fototeca del Patrimonio Histórico, IPCE, Ministerio de Cultura.

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the Committee is positive, it must be presented as a formalProject before the General Assembly of WIPO, which will bewho debates the Treaty and, if appropriate, who approve itthrough the corresponding International Conference.

Intellectual Property in Spain as “Special Property”

In contrast to what happens in many African or LatinAmerican countries, Spanish legislation regarding intellec-tual property does not have specific rules for the protectionof Intangible Heritage nor to avoid the unlawful appropria-tion of expressions of the folklore (I’ve already mentionedthat many coplas are possibly in fact “appropriations” ofpopular songs).

Nonetheless, this does not mean that the legislator ofintellectual property is completely removed from the phe-nomenon of the creation of an “Intangible Heritage of theCommunity”. What happens is that the guardianship of thisIntangible Heritage is managed through a different judicialtechnique. Instead of blocking the appropriation of worksof the folklore that are already in the public domain, whatit does is to encourage the creation of works that, after aperiod of protection, will later fall into said public domain,forming part of the common cultural heritage from thatmoment on.

In effect, our doctrine generally accepts that the right ofintellectual property is a very useful instrument to encour-age the creation of a large number of works which wouldnever see the light of day by other means. It thereforeembarks from the premise that a greater level of judicialprotection of the creator should correspond with anincrease in the number of creations that he undertakes (themore protected he is, the more he will create), which is notjust beneficial for the author (who will receive an economicreturn for the use of his work), but also for the community,which sees how the number of works that are in “the mar-ket”’ increases (or, in an ideal world, maximizes).

To achieve this beneficial effect it is necessary to protectthe creator from a double point of view. In the first place,from an equitable point of view, so that the creator has thepossibility of receiving an economic recompense for the useof his work, wh ether exploiting it himself, or licensing saidrights to third parties in exchange for an economic return.Thus it is that our Law says that the rights of economicexploitation to a work belong to its author for the merefact of its creation (art. 2. of the Ley de PropiedadIntelectual, hereafter LPI).

In the second place, it is understood that a work is anexpression of the personality of the author, and any con-duct which seeks to weaken or break this essential linkbetween the author and his work must be prevented. Thus,for example, art. 14 of the LPI prevents third parties fromappropriating the work of the author and claiming it fortheir own, conduct which is also sanctioned in art. 270 ofthe Penal Code (under the confusing name of plagiarism)as a crime against the intellectual property 5.

Beyond these basic premises, the first Law which estab-lished a regulation of copyrights in Spain dates fromAugust 5, 1923, although it had to wait in order to have aneffective regulation of the Law January 10 of 1879, ofIntellectual Property 6, which was principally dedicated tothe protection of authors of literary works, including trans-lators. It is precisely the Law of 1879 (before the Civil Code

of 1889) which CONSAGRÓ among us the idea that intellec-tual property is a “special” property, which has rules partial-ly different from those which regulate ordinary property inthe Civil Code.

This specialness doesn’t only stem from the immaterialobject from which the rights of property are derived (thework) but also from the fact that the protection of theauthors must fit together with the general interest inencourage the production and dissemination of culture inthe community, reaching a point of compromise or equilib-rium among the individual interests of the authors and the“general interest”.

It is this idea of “equilibrium of interests” which fundamen-tally explains that, from the beginning, the protection ofintellectual property in our country was less intense thanthat of “ordinary” property, of material things, thereby mak-ing possible the creation of a public domain in which otherauthors find the inspiration to create new protected worksand performances. In the end, all works “will fall” into thispublic domain, coming to form part of the (Intangible)Cultural Heritage of the community.

This beginning of “limited” protection of intellectual prop-erty, which was already in the Law of 1879, was definitivelyconsolidated in our Constitution of 1978, which recognizedthe right of private property in art. 33.1 CE, but also anintrinsic limitation of this right, that of its “social function”(art. 33.2 CE), which permits the curtailing of differentrights of ownership when the “general interest” sodemands. It is this social interest that explains, for exam-ple, how a landowner can lose some of his property in orderto construct a highway or a school, offering him inexchange the corresponding valuation.

Since the approval of the Magna Carta, this idea that intel-lectual property is a subset of the genre of the rights ofproperty 7 is more evident than ever, which takes intoaccount certain limitations in its guardianship from thefact that its object consists (basically) of scientific, techni-cal, or artistic works. This explains why the limitations tothe rights of the authors were an essential part of the reg-ulation of the 1987 Ley de Propiedad Intellectual 8, whichafter successive reforms caused by the implementation inSpain of various communitary Directives, was later pub-lished in the form of the Texto Refundido de la Ley dePropiedad Intelectual in 1996 9.

The rights of intellectual property is therefore essentiallylimited by distinct legal previsions which seek to bringtogether sufficient protection of the authors with a reason-able level of access by the community to the Cultural andIntangible Heritage which said authors are generating.

Temporal Limitations of Rights and the Fall into the PublicDomain

The primary limitation established by the LPI, and the onewhich to the largest degree contributes to the creation ofan Intangible Heritage in the public domain, is that of thetemporal restriction on the duration of the equitable rightsof the authors which (in the most common instances)extend from the moment of creation of the work until sev-enty years after the death of its author.

This rule of limited temporal duration of the copyright (setforth in art. 26 of the LPI) springs from the idea of guaran-

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teeing the author the economic means by which to survive,for himself and two more generations, with the work thenpassing into the public domain where it can be used by all.Thus art. 41 of the LPI says that the extinction of the rightsof exploitation determines the passage of the works intothe public domain, in such a way that they can be “used byanyone”, always so long as the authorship and integrity ofthe work is respected.

The question of the adequate period of protection for thecopyright is a polemical question, which in the majority ofcountries around us has been progressively extended fromthe twenty five years post mortem auctoris (p.m.a.) conse-crated as the minimum in the principal International Treatyon the subject, the Berne Convention 10 (art. IV.1) to the 70years p.m.a which are currently fixed as a general rule inthe Rights of the European Union (art. 1 of the Directive2006/116/CE of the European Parliament and of theCouncil, relating to the period of protection of copyrightand of determined related rights [codified version] 11). Thesituation in Spain, however, is unique, given that the Law of1879 established a general period of protection of 80 yearsp.m.a., which, after a brief intermediary period in which itwas reduced to 60 years, had to be adjusted again to the70 years p.m.a. currently in effect.

It is therefore evident that the period of protection isextended (for some, very extended, especially for certaintypes of works, such as computer programs), but also thatthe temporal limitation includes a restrictive limitationthat is unimaginable in “ordinary” property rights, whichcover material things. Can one imagine the dismay of theinheritor of an apartment which he sees pass to becomepart of the public domain because 70 years from the deathof the testator have elapsed?

The fact of the limited duration of the rights exercises itspowerful influence on the entire “system” of intellectualproperty. The equilibrium of interests is achieved in our casethrough the funny concession that the States makes to theauthor for him to exploit his work during a set period of time,before it becomes part of the public domain. It is here that wesee the historic origin of royalties for intellectual property.

Naturally, once they have fallen into the public domain,works can be published, broadcast on radio or television,acted on stage, or placed on the internet, etc., without theneed to solicit any permission from the authors or theirestates. The only thing which must be respected is thepaternity of the work (one must continue to say that thework is by Cervantes, by Mozart) and the integrity of thesame (in such a way that the work is not left totally muti-lated or unrecognizable).

Our Law therefore starts from a meridian distinctionbetween a multitude of protected works, which must beused only with the corresponding license of its authors ortheir successors, and works which have already fallen intothe public domain, which can be freely used by all 12.

This also occurs not just with respect to works in a strictsense, but also with respect to what is known in the doc-trine as “protected performances”. These “protected per-formances” (albums, films, radio and television broadcasts)appears as objects worth systematic intellectual propertyprotection in Spain after the LPI of 1987, which meant for usnot just a more complete and sophisticated construction ofcopyrights (issue to which the regulation devotes its Book

I), but also an amplification of the protection granted byintellectual property to other creators who, until thatmoment, had only had an incomplete and fragmented pro-tection in our Law (protection which is now contained inBook II of the LPI).

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Calvario cercano a la iglesia del Berrocal enCardeñosa, Ávila. c. 1929. Archivo Cabré. Fototeca delPatrimonio Histórico, IPCE, Ministerio de Cultura.

El panadero. Córdoba. Fotografía de J. Laurent c. 1862-70.Archivo Ruiz Vernacci NIM 3160. Fototeca del Patrimonio Histórico,IPCE. Ministerio de Cultura.

It concerns a diverse collective (which includes artists,actors and performers, audiovisual producers, music com-panies, radio and television entities, and other creators,such as the producers of “mere photographs” 13) to whomthe Law has granted “other rights of intellectual property,as the finale of Book II of the LPI dictates. These are rightswhich are known in the countries around us as “neighbor-ing”, “likeminded,” or “related” rights to copyrights, butwhich our legislation sees not as near relatives of copyrightbut rather as branches of the same tree.

What these “other rights” allow their title holders is basi-cally a control over the equitable aspects of their creation(the performances in the case of artists, the audiovisualrecordings or films for the audiovisual producers, etc.),although in the specific case of artists art. 113 of the LPIalso recognizes in an exceptional fashion certain rights of apersonal character (moral rights).

What is important for our effects is that the logic whichimpregnates these “other intellectual property rights” is, inits basic mechanism, the same which drives the authorialsystem. It is thought that with a sufficient legal protectionan optimal level of production of these “protected perform-ances” will be achieved, thereby increasing the number ofperformances, films, discs, TV programs, etc. which exist “inthe system” in a specific moment and allowing, after a lim-ited period of protection, the creation of a robust publicdomain from which other creators can draw nourishment.

Thus the duration of protection is also limited in thesecases. In effect, in our LPI the protection of these “protectedperformances” is guaranteed for a standard period of fiftyyears from the first recording of the performance, from itsbroadcasting on radio or television, or from the moment ofpublic release of the protected album or film (arts. 112, 119,125, and 127 LPI). Just as happens in the case of copyrights,once the period granted by Law for its protection, the “pro-tected performances” pass into the public domain, formingpart of the common cultural heritage from that momentand able to be used by anyone without need for any per-mission from the (former) owners of these “other intellec-tual property rights”.

Intellectual Property and Exceptions to Equitable Rights

In addition to the temporal limitation on the duration ofthe copyrights and the “other intellectual property rights”(which is an intrinsic limit, which diminish the very struc-ture of the legal monopoly which is granted to the titleholders), there exists in our LPI a second group of ruleswhich seek to achieve an adequate equilibrium betweenthe rights of the authors and the interest of the communi-ty in enjoying a sufficient Intangible Heritage accessible byall. It concerns the different limits or exceptions to theequitable rights that the titleholders of the rights possess,foreseen in the arts. 21 and following of the LPI. These limi-tations are conceived as exceptions to the ius prohibendi,typifying different activities which do not need the permis-sion of the owner of the intellectual property rights inorder to under taken them.

Some of these exceptions or limitations unquestionablyshow a concern for the “common good”. This is the case, forexample, of art 31.1 LPI, which allows for the inclusion with-in a work of fragments of other works as citations or for itsanalysis, commentary, or criticism. The idea which underliesthis exception is to prevent use of the copyright as a means

of blocking criticism of the work, which is essential forhealthy intellectual debate. The same is true with otherlimits to intellectual property, as might be the use of worksin articles or other works about current events distributedby social media (art 33.1) or the reproduction, distribution,or communication to the public of works with the aim ofpublic safety (for example, under the aegis of a criminalinvestigation), a question which art 31 bis, first section,addresses. In all these cases there is a general interestwhich must take precedent over the individual interest.

With everything, we must not overvalue this second protec-tion mechanism of the general interest in the LPI systemfrom the perspective of the protection of the common cul-tural heritage or of Intangible Heritage. And this is for twodifferent reasons.

In the first place, because this “general interest” is very dif-ficult to see (and sometimes is directly non-existent) in cer-tain cases which our law conceives as exceptions or limitsto the exclusive author rights. This is what happens, forexample, with the exception of art. 31.1 LPI that allows forcertain technical reproductions in digital networks (whichhas as its fundamental objective to hold harmless thetelecommunication companies which provide internetaccess) or the exception of art. 38 LPI, which allows for thecreation of music works in religious ceremonies, so long asthe public can attend these free of charge (which aims tosatisfy the interests of the different religious creeds).

In the second place, because we should always keep inmind that the system of intellectual property has a closingmechanism in its art. 40 bis which prevents that an exces-sive use of the exceptions to those exclusive rights overlyharm the authors and other titleholders of rights of intel-lectual property. Thus, none of the exceptions which theLaw considers (not even those which are clearly based onthe protection of the general interest) can be interpreted ina fashion such that they cause an unjustified prejudice tothe legitimate interests of the author or if they cause a detri-ment to the normal exploitation of the work.

To this respect, although there logically exists a wide doc-trinal debate with regard to what our legislators meant tosay with such indefinable judicial concepts as “unjustifiedprejudice to the legitimate interests of the author” or whatis the “normal exploitation of the work”, the idea whichdrives art. 40 bis is clear. The common good, as importantas it might be, cannot serve to empty of content or expro-priate the titleholder of the equitable rights derived fromthe intellectual property of the different protected worksand performances. In fact, it should not even interfere withthe habitual mechanisms of exploitation of the work in themarketplace (the “normal exploitation of the work”).

From this we conclude without much difficulty that thissecond group of limitations or exceptions to the equitablerights of the authors doesn’t have the same force as thegeneral limitation of the duration of the right, which deter-mines the uncompromising “fall” of the work into the pub-lic domain. It always deals with exceptions to exclusiverights, of restrictive interpretation, and which rely on thesafety valve of art. 40 bis 14.

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Salamanca. Pareja de La Alberca. Fotografía de Juan Pando.Archivo Pando. NIA 60691. Fototeca del Patrimonio Histórico, IPCE.Ministerio de Cultura.

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Conclusion

The relationship between the protection of the IntangibleHeritage of the communities and, in particular, their tradi-tional cultural expressions or expressions of the folkloreand the guardianship that the intellectual property grantsto the authors and other rights title holders is not alwayssimple. In fact, intellectual property has on occasions beenused as a judiciary expedient for the unlawful appropriationof cultural manifestations which belong to the community.Nonetheless, a closer look at this question immediatelyreveals to us how the judicial dogmatic and tradition ofintellectual property also has an active role in the protectionof the traditional culture.

On the one hand, it sanctions those who seek to privatizein an unlawful fashion any traditional cultural expressionand establishes systems for licensing which are to theadvantage of the communities in which these expressionsof the folklore were born. On the other hand, it establishesan equitable protection during a limited period of time,such that the number of protected works and performanc-es available in the market is maximized, works and per-formances which, after a time, will necessarily fall into thepublic domain, forming from that moment on a part of thecommon Intangible Heritage, which will need anew to beprotected in the face of the attempts to “re-privatize” it.

Notes1 This occurs, for example, with the Panamenian Law num. 20, of26 June, 2000, which protects from the unlawful appropriationby third parties, among other objects, the tradtional costumes ofthe indigenous communities, especially those known as Dule,Mor, Jio, and Nahua (art. 2), the music or traditional instruments(art. 3) and the work tools and traditional arts, such as the wovenbaskets (art. 5).2 It’s text is available at<http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/1982-Folclore-model-provisions.pdf>.3 Available at <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_4.pdf>.4 These efforts are complemented by a similar Document inwhich the cuestion of the protection of the traditional knowl-edge is addressed, collectively forming a “holistic solution” to thisissue according to WOMPI. The Document about TraditionalKnowledge is available in Spanish at <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_5.pdf>.5 With everything, this protection of the personal aspect of thecopyright is also subordinate to the general interest. Thus, forexample, art. 40 LPI points out that if an author dies withoutpublishing the work, and his estate decide to continue leaving itunpublished (excercising therefore the right the law confers onthem to not publish it) a judge can order “adecuate measures” onrequest of the public Administrations or public institutions of acultural nature, such that the non publication does not enter intoconflict with the Right of acces to the culture which art. 44 ofthe Constitution guarantees, a right which the public powershave the obligation to safeguard and promote.6 Published in the Gaceta de Madrid of January 12.7 With everything, there are still those who think that the funda-ment of intellectual property is not in the right of property, butrather in the right of the literary, artistic, scientific, and technicalproduction and creation of the art. 21.1 b) of the Magna Carta.8 The role of these limitations to the rights of property o the differ-ent titleholder is so relevant that it is mentioned in the foreword tothe Law, in its art. 2, dedicating to the description of the objectprotected by the LPI, when it highlights that “Intellectual proper-ty is integrated by rights of personal and equitable nature, whichattribute to the author the full disposition and the exclusive

right to the exploitation of the right, without further limitationthan those established by Law”.9 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, approved byReal Decreto Legislativo 1/1996, of April 12 (BOE núm. 97, de 22 deabril).10 Berne Convention for the Protection of Literary and ArtisticWorks, revised in París on July 21, 1971, Instrument ratified on July2, 1973.11 DO n.º L 372, of December 27, 2006.12 Nonetheless, in practice it is common for many works findthemselves in an intermediate situation, they are cold “orphanedworks”. This is the case of works who have “live” rights, but inwhich it is impossible or extremely complicated in practice to findthe successors of the authors in order to negotiate an authoriza-tion to economically exploit the work. The lack of a system of “sin-gle window” to negotiate these rights causes many of theseworksare not the object of later exploitations, for fear that therightsolders “appear” once the equitable exploitation has begun.13 Mere photography is, according to art. 128 of the LPI, a photo-graph which does not contain the essential characteristic of orig-inality (for which it cannot be considered a work according to therules of Book I of the LPI), but which nonetheless has an econom-ic value in certain cases, for which its “directors” (they are notauthors) enjoy the equitable rights of reproduction, distribution,and public communication during twenty five years.14 Strictly speaking, the only group of works which haveremained at the margens of the “system” of copyright in attend-ing to the general interests are those mentioned in art. 13 LPI.These concern works which directly “are not the object of intel-lectual property” and, which, therefore, don’t suppose the birth ofany equitable and moral rights for the authors of the same forthe mere fact of their creation. These include the “legal or judici-ary dispositions and their corresponding projects, the resolutionsof the jurisditial organs and the acts, agreements, deliberations,and judgments of the public organs, as wel las the official trans-lations of all the abovementioned texts”. This keeps the norma-tive production of the public organs and administrations are notsubject to the limitations of copyright in terms of their reproduc-tion and distribution, which benefits the public interest in makingtheir knowledge and broadcasting much easier.

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