AGOSTO, 2005 No. 30 AUGUST, 2005 INDICE INDEX

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OPINION 2 OPINION ARTICULO #1: REFORMAS AL REGLAMENTO LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 3 ARTICLE #1: AMENDMENTS TO THE RULES TO THE LAW OF ACCESS TO INFORMATION ARTICULO #2: PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 5 ARTICLE #2: ORIGIN OF THE ADMINISTRATIVE SILENCE

ARTICULO #3: LOS FONDOS DE RESERVA DEL SEGURO SOCIAL 9 ARTICLE #3: THE SOCIAL SECURITY RESERVE FUNDS

JURISPRUDENCIA: PRINCIPIO PRO - OPERARIO 13 JURISPRUDENCE: PRO – OPERATIVE PRINCIPLE NOVEDAD LEGISLATIVA: AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DEL TRABAJADOR CONTRATADO POR HORAS 14 LEGISLATIVE NEWS: SOCIAL SECURITY MEMBERSHIP OF THE HOURLY RATED WORKER INDICADORES ECONOMICOS 15 ECONOMIC INDICATORS EVENTOS 15 EVENTS Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Víctor Emilio Estrada # 814 - A Piso 10 entre Guayacanes e Higueras Telf. (5932) 2266062 Telf. (5934) 2386665 Fax (5932) 2266061 Fax (5934) 2358973 Quito – Ecuador Guayaquil - Ecuador

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COORDINADORA: Ab. María Dolores Orbe

El presente material ha sido preparado, elaborado y/o editado por el Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cia. Ltda. La información, datos y material presentado en este Boletín tiene fines informativos únicamente por lo que son sujetos a cambio o modificación sin previo aviso. Nótese que la transmisión vía correo electrónico no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín, comuniquese inmediatamente con nosotros: ejvyv@uio.satnet.net. This material has been prepared, elaborated and/or edited by Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cía. Ltda., The information, data and material presented in this Bulletin is for information purposes only, thus are subject to change or modification without previous notice. Please note that transmission by electronic mail cannot assure confidentiality of messages transmitted nor a correct reception of the same. If you do not wish to continue receiving this bulletin, please contact us immediately at: ejvyv@uio.satnet.net

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OPINION El 14 de Julio de 2005 en Quito, Licensing Executive Society – LES Comunidad Andina organizó la Mesa Redonda: “Aspectos Legales y Comerciales de la Transferencia de Tecnología”, en la cual participaron importantes profesionales vinculados con la materia. En su calidad de miembros de LES Comunidad Andina, VIVANCO & VIVANCO patrocinó el evento. En la presentación inicial el Ab. Hugo Montalvo, Director de nuestro Departamento de Propiedad Intelectual enfatizó en que nuestro principal motivo para participar activamente tanto en el evento como en LES Comunidad Andina es la importancia actual de la transferencia de tecnología. El evento tuvo mucho éxito. Aun más, el tema de la transferencia de tecnología cobra mayor importancia cuando las negociaciones del TLC están llegando a su culminación, y la mesa de Propiedad Intelectual tiene importantes definiciones por delante. Quizás los acuerdos en estos temas son tan difíciles porque en lo relacionado con la transferencia de tecnología, los intereses de los países desarrollados son muy disímiles a los de los países en desarrollo. Lo cual se ahonda aun más entre los intereses de las empresas radicadas en los países desarrollados y aquellas radicadas en los países en desarrollo. Sin duda alguna los gobiernos tanto de los países del primer mundo, como de los del tercer mundo, tienen una responsabilidad muy grande frente a la investigación tecnológica. No obstante, es la iniciativa privada la que en realidad hace la diferencia entre que un país sea exportador o importador de tecnología. Tal como se expuso en la mesa redonda a la cual hemos hecho referencia, países como Ecuador pueden beneficiarse receptando tecnología, e incluso exportando cierta tecnología específica que puede ser desarrollada aprovechando ventajas competitivas propias del país. LEX ECUADOR seguirá tratando temas relacionados con la transferencia de tecnología, más aun cuando en la práctica profesional estos asuntos son cada vez más importantes.

OPINION On July 14, 2005, in Quito, the Licensing Executive Society – Andean Community LES organized the Round Table: “Commercial and Legal Aspects of Technology Transfer”, in which important professionals in this field participated. VIVANCO & VIVANCO sponsored the event, in its condition of member of the Andean Community LES. During the initial presentation, Att. Hugo Montalvo, Head of our Intellectual Property Department, emphasized that our main reason to participate actively, so much in the event as in the Andean Community LES is related to the current importance of technology transfer. The event was a complete success. Furthermore, the subject of technology transfer becomes even more important when the negotiations of the Free Trade Agreement [TLC (FTA)] are arriving to their conclusion, and the Intellectual Property table has future important definitions. Perhaps, the agreements in these subjects are so difficult because when relating to technology transfer, the interests of the developed countries are very different to those of the developing countries. This deepens even more among the interests of the companies located in the developed countries and those located in the developing countries. Undoubtedly, governments from the first world countries, as well as those from the third world, have a very large responsibility before technological research. Nevertheless, it is private initiative what really establishes the difference within those countries that are exporters from those which are importers of technology. Exactly as it was exposed on the referred round table, countries like Ecuador can be benefited by receiving technology, and even exporting certain specific technology that can be developed considering the country’s own competitive advantages. LEX ECUADOR will continue discussing subjects related to technology transfer, even more since in the professional practice these matters are increasing its importance.

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REFORMAS AL REGLAMENTO LEY DE ACCESO A LA

INFORMACION Por: Dr. Marco Navas Alvear Profesor de la PUCE Ha cumplido en mayo un año la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Este tiempo ha coincidido lamentablemente con las acciones de un gobierno reactivo a la transparencia que terminó sus últimos días en medio de los más serios atropellos a los derechos ciudadanos. La crisis tuvo su eclosión con el cambio en la administración del Estado. El nuevo gobierno ha traído consigo la esperanza de que se pueda enmendar el rumbo con actitudes democráticas y empieza a dar algunas muestras saludables en ciertas decisiones que toma. Una de las gestiones acertadas del presidente Palacio ha sido reformar el Reglamento general a la LOTAIP. Este instrumento expedido en enero pasado por la administración anterior adolecía, como a su tiempo lo comentamos, de serias fallas técnicas que lo colocaban en oposición a la Constitución, a la Ley que reglamentaba y en suma, restringían la posibilidad de ejercer el acceso a la información. En otras palabras, como muchas de las acciones propiciadas por el coronel Gutiérrez, el Reglamento en mención cumplía una función contraria a la que debía cumplir, favoreciendo la oscuridad como ambiente propicio para una gestión corrupta.

Ahora, mediante Decreto Ejecutivo 137, en nuevo gobierno da un claro mensaje sobre su posición respecto de un estilo de administración secretista y favorable a la ruptura del estado de derecho y la corrupción.

Un signo no basta, pero es simbólicamente importante que una de las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo haya sido la reforma de disposiciones que amarraban el derecho de acceso a la información.

AMENDMENTS TO THE RULES TO THE LAW OF ACCESS TO

INFORMATION

By: Dr. Marco Navas Alvear Proffesor of PUCE In May, the Basic Law of Transparency and Access to Public Information (LTAPI) reached a year. This period has sorrowfully coincided with the actions of a government adverse to transparency that ended its last days in the middle of the most serious abuses to the civic rights. The crisis emerged with the change in the State’s administration. The new government has the hope that the course could be amended with democratic attitudes and it begins to show some beneficial standards in certain decisions that it takes. One of the wise managements of president Palacio has been the amendment to the General Rules to the LTAPI. This instrument that was issued the past January by the previous administration suffered, as we commented at the proper time, of serious technical errors that placed it in opposition to the Constitution, to the Law that it regulated and in short, it restricted the possibility to exercise the access to information. In other words, as many of the actions supported by colonel Gutiérrez, the aforementioned Rules complied a contrary function, to the one it should have fulfilled, favoring darkness as a positive environment for a corrupt management.

At the moment, by means of Executive Decree 137, the new government gives a clear message on its position with respect to a style of secretive and favorable administration to the breach of the rule of law and the corruption.

A sign is not enough, but it is symbolically important that one of the first measures taken by the Executive has been the amendment of provisions that hindered the right of access to information.

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El Principio de Publicidad

La reforma toca dos aspectos importantes, el primero de los cuales se refiere al principio rector del acceso a la información, el denominado Principio de Publicidad.

Efectivamente el nuevo texto del artículo 4 evita extender indebidamente los alcances de la Ley, circunscribiendo su ámbito de aplicación a las disposiciones de los artículos 1 y 3 de la LOTAIP. Este texto deja de todos modos establecido que respecto de las entidades privadas el acceso a la información seria procedente cuando estas o la información que se haya generado tenga participación estatal. La información reservada

En cuanto al tema de las excepciones vía reserva al acceso informativo, el nuevo texto del artículo 9 también vuelva las cosas a su estado original luego de aprobada la LOTAIP. Es decir se suprime la odiosa lista que contenía el anterior y se ratifica el principio de que las excepciones por reserva a la información solamente pueden implementarse si previamente existe una norma legal en la que se contempla tal información debe tener esa calidad. ¿ Qué falta por hacer? Da la sensación de que pese a las buenas intenciones que hay que reconocer tampoco la reforma al reglamento en cuestión significa un avance cuanto a lo que es la función de un Reglamento, que es desarrollar algunos aspectos establecidos en la Ley.

Ya se ha dado un primer paso que era enmendar los errores cometidos. Ahora es importante considerar como puede avanzarse en desarrollar de, mejor manera algunos aspectos como la regulación de costos de la información, regular la forma de atención de parte de las entidades obligadas de los requerimientos ciudadanos de acceso a la información, establecer unas normas mínimas sobre páginas de Internet de las entidades, especificar mejor las sanciones, entre otros aspectos que pueden mencionarse que nada, ahora se requieren acciones e instrucciones a

Principle of Publicity The amendment touches two important aspects, the first one refers to the main principle of access to information, the so-called Principle of Publicity. Effectively, the new text of article 4 avoids extending unnecessarily the scopes of the Law, circumscribing its application’s sphere to the provisions of articles 1 and 3 of the LOTAIP. This text establishes anyway, that regarding the private agencies the access to information could be appropriated when these or the information that has been generated have state participation.

Undisclosed information Concerning the subject of the exceptions by reserve to the informative access, the new text of article 9 also returns things to its original state after the sanction of the LOTAIP. That is, the odious list that contained the previous one is suppressed and it ratifies the principle that the exceptions by reserve to the information can only be implemented if previously it exists a legal norm which contemplates that such information should have that quality.

What must be done? It gives the impression that despite the good intentions that we must recognize, neither the reform to the considered rules signifies an advance regarding to the function of a Rule, which is to develop some aspects established by the Law. A first step has already been given, which was to amend the committed errors. Now, it is important to consider how we can progress in developing, in a better way, some aspects such as the regulation of the information costs, to rule the form of attention of the institutions responsible of receiving civil requirements of the access to information, to establish some minimum norms regarding the institution’s web pages, to better specify the punishments, among other aspects that can be mentioned more than anything, now actions and instructions to the state institutions are

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las entidades del estado para que se cumpla realmente la Ley.

Por ejemplo en lo que se refiere a las páginas de Internet que desde el mes de marzo deberían contener más de 20 aspectos de información sobre cada institución obligada. Para ello, hay que tomar en cuenta la disposición transitoria del Reglamento que manda al Ministerio de Economía y Finanzas a situar los recursos necesarios.

PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Dr. Néstor Arboleda Terán

Si bien el silencio administrativo es una herramienta para facilitar trámites y vencer la inoperancia, es necesario advertir que tiene algunas limitaciones que, a pesar de ser obvias, no han sido tomadas en cuenta por personas inescrupulosas que han pretendido ciertos abusos.

Limitaciones

En primer lugar, es necesario que exista un base de derecho para el pedido. No procede, por ejemplo, que yo acuda ante el Tribunal Supremo Electoral para pedir que se me nombre Presidente de la República. Si el Tribunal no contesta en el término de quince días, ¿debería entenderse que se me debe ungir Presidente? Es obvio que no, porque la elección del Presidente reclama un proceso debidamente establecido por la Constitución y la ley.

En segundo lugar, es necesario que el pedido se dirija a instituciones u organismos competentes. Por ejemplo, no se puede pedir al Ministerio de Gobierno que autorice una concesión minera.

En tercer lugar, que la vía escogida sea la prevista en la ley. No procedería que, a través de reclamo administrativo, se pidiera al Presidente de la República el pago de una indemnización que debería tramitarse y declararse por acción judicial y vía ordinaria.

required so that Law would really be accomplished.

For example, regarding to the web pages that since the month of March should contain more than 20 aspects of information about each liable institution. For this, the transitory provision of the Rules should be considered since it orders the Ministry of Economics and Finances to provide the needed resources. ORIGIN OF THE ADMINISTRATIVE

SILENCE

Dr. Néstor Arboleda Terán

Although the administrative silence is a tool to facilitate procedures and to overcome ineffectiveness, it is necessary to notify that it has some limitations that, in spite of being obvious, unscrupulous persons who have intended certain abuses have not considered them.

Limitations

Firstly, it is mandatory the existence of a legal base for the request. It does not proceed, for instance, that I go to the Supreme Electoral Court and ask to be appointed President of the Republic. If the Court does not answer in the term of fifteen days, should it be understood that I should be designated President? Obviously not, because the election of the President demands a process properly established by the Constitution and the law.

Secondly, it is necessary that the request be directed to competent institutions or agencies. For example, it is not possible to ask the Ministry of Government to authorize a miner concession.

Thirdly, it is necessary that the law should foresee the procedure chosen. It would not proceed that, through administrative claim, it will be inquired to the President of the Republic the payment of a compensation that should be claimed and declared by legal action and ordinary proceedings.

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Al respecto, el Tribunal Constitucional, en Resolución 128-2000-TP (24 de julio de 2000), dentro del caso 1119 de amparo constitucional, dijo "Que, no cabe aplicar el silencio administrativo para actos que no contempla el artículo 28 de la Ley de Modernización, pues, bastaría que un buen número de personas pidan sumas de dinero y si el Presidente no avanza a contestar dentro del plazo previsto, tendrían derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya establecido la procedencia del requerimiento".

En cambio si una persona, natural o jurídica, cumpliendo los requisitos previamente establecidos, pide al Ministerio de Educación que apruebe el funcionamiento de un establecimiento educativo, el Ministerio no puede abstenerse de un pronunciamiento más allá del término que la Ley de Modernización establece, salvo el caso que su propia ley contemple otros términos, como efectivamente ocurre. En este supuesto, la solicitud debe ser contestada en los términos de esta ley. De no ocurrir así, se debe entender aceptada. Conozco la situación de varios colegios e institutos particulares que, no obstante presentar solicitudes documentadas, no recibieron contestación en uno, dos y más años. Es evidente que, en esos casos, operó la aceptación tácita aunque los funcionarios del Ministerio de Educación quieran desconocerlo porque no existe el acuerdo ministerial que aprobó la escuela o colegio.

Juicio de lesividad

De acuerdo con la Constitución, la ley y el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, (arts. 89 al 96), la administración no puede revocar o dejar sin efecto arbitrariamente un acto (tácito en este caso) que ha creado derechos de los administrados sino que debería recurrir al juicio de lesividad, equivalente a la nulidad, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Si de hecho la administración emitiera una resolución posterior y extemporánea que desconociera el derecho que ya fue consagrado, la persona afectada podría

With regard to this, the Constitutional Court, in its Resolution 128-2000-TP (July 24th, 2000), in the case 1119 of constitutional protection, said "That, it is not possible to apply the administrative silence for acts which are not contemplated under article 28 of the Law of Modernization, thus, it would suffice that a great number of people ask for amounts of money and if the President is not able to answer within the predicted time limit, they would have the right to collect it, through legal protection, without having established the origin of the request".

On the other hand, if a person, natural or legal, complying with the previously established requirements, asks the Ministry of Education to approve the operations of an educational establishment, the Ministry cannot abstain to pronounce beyond the term that the Law of Modernization establishes, except in the case that its own law contemplates other periods of time, as it effectively happens. In this situation, the request should be answered in the term established by this law. If it does not happen this way, it should be understood as accepted. I know the situation of several schools and private institutes that, although they presented documented requests, they did not receive a reply in one, two and more years. It is evident that, in those cases operated the tacit acceptance, although the officials of the Ministry of Education would like to deny it because there is no ministerial agreement that approved the school or institution.

Damage judgment

According to the Constitution, the law and the Statute of the Legal System of the Executive Function, (arts. 89 to 96), the administration cannot arbitrarily revoke or leave without effect an act (tacit in this case) that has created rights for the administered but it should appeal to the damage judgment, equivalent to nullity, before the Local Court of the Administrative-Contentious.

If, in fact, the administration issues an extemporaneous and subsequent resolution that denies the right that was already consecrated, the affected person would be

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intentar una acción de amparo constitucional porque representa un atentado contra el derecho constitucional de petición o la acción contencioso administrativa por revocatoria de la resolución tácita.

Consecuencias civiles y penales de la revocatoria

El art. 20 de la Constitución advierte que "Las instituciones del estado, sus delegatarios y concesionarios están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos". Indica también que estas instituciones "tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios".

El artículo 28 de la Ley de Modernización, ya citado, pero, que vale la pena repetir, advierte en su segundo y tercer incisos: "En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare un petitorio, suspendiere un procedimiento administrativo o NO EXPIDIERE una resolución dentro de los términos previstos, SE PODRA DENUNCIAR EL HECHO A LOS JUECES CON JURISDICCIÓN PENAL como un acto contrario al derecho de petición garantizado por la Constitución, de conformidad con el artículo 213 del Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieren las leyes.

La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario inferior ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a resolverlo en un término no mayor a quince días a partir de la fecha de su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito para que éste excite el correspondiente enjuiciamiento". Reconozco que, debido la temor reverencial de los administrados frente a posibles represalias de la administración, muy pocos ensayarán la vía penal, pero, ahí está el derecho como una espada de Damocles que, en cualquier momento, puede caer sobre la cabeza de

able to present an action of constitutional protection proceeding because it represents an attack against the constitutional right to petition or the contentious-administrative proceeding by revocation of the tacit resolution.

Civil and criminal consequences of the revocation

Article 20 of the Constitution notifies that "The state institutions, their delegates and licensees, are compelled to compensate the individuals for the damages that they caused them as a result of the deficient rendering of public services or the acts of their officials and employees in the performance of their posts". It also indicates that these institutions "will have the right to repetition and they will do effective the responsibility of the officials or employees that, by means real or serious negligence, judicially declared, have caused the damages".

Article 28 of the Law of Modernization, previously mentioned, but, worth recalling it, notifies in its second and third clauses: "In the event that any administrative authority would not accept a request, would suspend an administrative proceeding or DOES NOT ISSUE a resolution within the predicted term, IT WILL BE POSSIBLE TO COMPLAIN THE FACT BEFORE THE JUDGES WITH CRIMINAL JURISDICTION as an opposed act to the right to petition guaranteed by the Constitution, according to article 213 of the Criminal Code, without prejudice of exercising other actions conferred by the laws.

The highest administrative authority that verifies that a subordinate official has suspended an administrative proceeding or has refused himself/herself to resolve it in a period of time not longer than fifteen days from the date of its presentation, will communicate to the Public Prosecutor, from the respective District, so the prosecutor would motivate the corresponding judgment". I recognize that, due to reverential fear of the administered in front of possible retaliations from the administration, only a few will practice the criminal process, but, there is the right as a Damocles sword that, at any time, can fall

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quienes por negligencia o conveniencia no atienden ni tampoco resuelven en forma oportuna y debidamente los reclamos.

Jurisprudencia

Para mayor ilustración me permito citar el concepto de silencio administrativo que maneja la Corte Suprema de Justicia en fallos reiterados constantes en la jurisprudencia de casación gaceta judicial Año XCVII, serie 16, No. 10, Pág. 2716.

En sentencia de 10 de diciembre de 1997, frente a los recursos de casación planteados por los señores Ministro de Energía y Minas y Gerente de la Empresa de Comercialización y Transporte de Petróleos del Ecuador PETROCOMERCIAL respecto de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, el 11 de junio de 1996, en el juicio seguido por Andrea Menozzi, representante legal de la Compañía AGIP ECUADOR, contra los recurrentes y contra el Procurador General del Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo manifestó: "El derecho que se establece por el ministerio de la ley como consecuencia del silencio administrativo en el término señalado, es un derecho autónomo, que conforme lo dicho por la doctrina y por jurisprudencias tan importantes como los fallos del Consejo del Estado francés y de su similar colombiano, nada tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo al que se dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida después del término que la ley establece para dar oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la acción que se endereza ante el órgano jurisdiccional no está dirigida a que se declare el derecho, que, como señalamos se encuentra firme, sino a que dicho órgano disponga su ejecución inmediata; de tal forma que una acción de esta clase no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de ejecución. Desde luego que el legislador ha establecido en el Art. 28 de la Ley de Modernización, el efecto positivo del silencio administrativo, en

down over the head of those who by negligence or convenience do not pay attention neither resolve timely and properly the claims.

Jurisprudence

In order to provide a better illustration, I will like to quote the concept of administrative silence that the Supreme Court of Justice employs in repeated judgments found in the cassation of judgment’s jurisprudence of the Judicial Gazette, Year XCVII, series 16, No. 10, Page 2716.

In judgment of December 10, 1997, in relation to the appeals to the Supreme Court presented by the Ministry of Energy and Mines and the Manager of the Ecuadorian Petroleum Commercialization and Transportation Company PETROCOMERCIAL regarding the sentence pronounced by the Second Room of the Local Court No.1 of the Contentious- Administrative, on June 11, 1996, in the trial followed by Andrea Menozzi, legal representative of the Company AGIP ECUADOR, against the appellants and against the State General Attorney, the Contentious- Administrative Room declared: "The right that is established by operation of the law as a result of the administrative silence in the indicated term, is an autonomous right that, according to what has been said by the doctrine and the jurisprudences so important as the judgments of the French and Colombian State’s Counsels, has nothing to do with the facts or administrative circumstances previous to its origin and it is not affected by the negative answer of the institution to which the request was directed, when such resolution is delivered after the term that the law establishes to give opportune answer to a request; by which, the action that is presented before the court is not directed to declare the right, that as we have indicated is final, but to the mentioned body to order its immediate enforcement; in a sense, that this kind of action does not cause a procedure of knowledge but one of execution. In any case, the legislator has established in Art. 28 of the Law of Modernization, the positive effect of the administrative silence, in replacement of the negative effect that consecrates the previous legislation, not in an arbitrary way, because

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reemplazo del efecto negativo que consagra la anterior legislación, no de manera arbitraria, pues, tal efecto rebasa el propósito negativo, que únicamente tenía por objeto posibilitar la continuación y desenvolvimiento del proceso contencioso administrativo, ya que, además, y principalmente, mediante el positivo se da un efecto práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, consagrado en el Art. 19 numeral 11 de la Constitución Política del Estado, precisamente por ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que admite prueba en contrario, sino más bien, una presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo".

LOS FONDOS DE RESERVA DEL

SEGURO SOCIAL

Por: Ab. Michelle Lalama Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO

FONDO DE RESERVA: Es el valor equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de servicios, que el patrono se encuentra obligado a pagar al trabajador.

El fondo de reserva es una institución que existe desde 1936 y su antecedente es la Ley de Desahucio del Trabajo. Según el Código de Trabajo, el dinero entregado por los empleadores constituirán el fondo de reserva o trabajo capitalizado del afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este fondo siempre se constituyó en un auxilio para que el trabajador pueda en algún momento solucionar sus problemas económicos y otras contingencias que tiene el trabajador durante su vía laboral. Hasta el 2001, el retiro de estos fondos se realizó cada tres años y ahora hay un proyecto en el Congreso para regresar a ese método, pues ahora solo se los puede retirar al final de la vida laboral.

such effect surpasses the negative purpose, that had as its only objective to enable the continuation and development of the contentious-administrative proceeding, since, besides and mainly, through the positive a practical effect is given to the guarantee or right to petition and opportune answer, consecrated in Art.19, numeral 11, of the Political Constitution of the State, precisely because of it, the positive effect of the administrative silence, is not a presumption of fact that admits disproof, but it is more a rebuttable presumption that origins an autonomous procedural action".

THE SOCIAL SECURITY RESERVE

FUNDS

By: Ab. Michelle Lalama VIVANCO & VIVANCO Law Firm

RESERVE FUND: Is the value that equals to a month of salary or to a salary for every completed year following the first year of services, that the employer is compelled to pay to the worker.

The reserve fund is an institution that exists since 1936 and its antecedent is the Law of Labor Eviction.

According to the Labor Code, the money delivered by the employers will constitute the reserve fund or capitalized work of the members of the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS).

This fund was always constituted as an aid that could be used by the worker in a given moment to solve his/her economic problems and other eventualities faced during his/her labor life.

Until 2001, the withdrawal of these funds was carried out every three years and now there is a project in the Congress to return to that method, since at the moment they can only be withdrawn at the end of the labor life.

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Con la nueva Ley de Seguridad Social vigente cambió la naturaleza del fondo de reserva de los afiliados. Se lo incorporó al fondo de pensiones para entregarlo, en forma acumulada, al trabajador cuando este acceda a la jubilación.

La Ley 2001-55, establece en los artículos 72 y del 274 al 282 que el Fondo de Reserva de los afiliados del régimen mixto (afiliados menores de 40 años de edad al 30 de noviembre de 2001, o en edades entre 40 y 50 años a dicha fecha que elijan el régimen mixto), se destinará a cubrir contingencias de cesantía, vejez invalidez y muerte.

De acuerdo a la Ley de Seguridad Social vigente, los fondos de reserva se pueden entregar en tres casos: al afiliado que cumpla 60 años de edad, aunque no complete el número de imposiciones mínimas que le permita acceder a la jubilación; a los derecho habientes del afiliado que falleciere, con sujeción a las normas legales; y al afiliado que haya cumplido las condiciones para jubilarse por invalidez o vejez.

De esta manera el Fondo cambió su perspectiva, la cual se dirigía a auxilio económico que el trabajador podía recuperar periódicamente del Seguro con los intereses que este generaba.

Hoy en día en el Ecuador existe un gran debate en el Congreso Nacional, el mismo que trata de un Proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Social que prevé la devolución de los Fondos de Reserva a los afiliados del IESS.

Existen dos posiciones en el Congreso Nacional : La primera posición que propone la devolución del CIEN POR CIENTO (100 %) para todos los afiliados y el segundo que recomienda una entrega del 100 % de los fondos de reserva a todos los afiliados y beneficiarios con un tope de MIL DOLARES ( 1.000)

Los segundos argumentan que de devolver el CIEN POR CIENTO (100%) de los fondos de

With the new Social Security Law in force the nature of the member’s reserve fund changed.

It was incorporated to the pension fund to deliver it, in accumulative form, to the worker when he/she obtains the retirement.

Law 2001-55, establishes in articles 72 and 274 to 282 that the Reserve Fund of the mixed state members (members under 40-years-old to November 30, 2001, or in ages between 40 and 50 years to the said date that choose the mixed state), will be destined to cover contingencies of unemployment, old age invalidity and death.

According to the Social Security Law in force, the reserve funds can be delivered in three cases: to the 60-years-old members, although they have not fulfilled the number of minimum requirements that permits the access to retirement; to the heirs of the deceased member, with subjection to the legal norms; and to the member that has fulfilled the conditions to retire due to disability or old age.

In this manner the Fund changed its perspective, which was directed to the economic aid that the worker could periodically recover from the Security with the interests that it generated.

Nowadays a great debate in the National Congress exists in Ecuador, which deals with a Project of Amendment to the Social Security Law that foresees the repayment of the Reserve Funds to the members of the IESS.

Two positions exist in the National Congress: The first position that proposes the refund of THE HUNDRED percent (100%) for all members and the second that recommends a delivery of the 100% of the reserve funds to all the members and beneficiaries with a limit of a THOUSAND DOLARS (1.000)

The last ones argue that if the HUNDRED PERCENT (100%) of the reserve funds is

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Reserva a todos los afiliados va a quebrar al IESS, desfinanciará el Presupuesto del Estado, eliminará los préstamos quirografarios, generará inflación, quebrará el Seguro de Pensiones, impedirá al IESS proteger a los asegurados contra las contingencias de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, riesgos del trabajo y cesantía, etc. Los que están a favor de la devolución, los trabajadores, argumentan que es su dinero, y que nadie va a administrar mejor su ahorro que ellos .

El Instituto de Seguridad Social registró en Mayo del 2005, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (734´473.324) millones, de los cuales DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) millones estarían depositados en el Banco Central del Ecuador (BCE) y el resto repartidos en inversiones en el sector público y privado; y, la parte que se puede disponer es la que se encuentra en el BCE, puesto que lo demás está en inversión y se tendría que desinvertirse para poder cubrir las obligaciones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVA

EMISOR MONTO PLAZO

Sector Público 384´346.98 757 días

Sector privado 84´840.771 221 días

S.P. Financiero 77´952.230 190 días

S.P. No Financiero 6´888.541 566 días

Banco Central 265´285.565 Disponible

Según los datos publicados por el IESS, los fondos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- TRESCIENTOS DOS (302) millones de dólares se encuentran orientados a bonos del Estado;

refunded to all members, the IESS is going to collapse, the National Budget will not be financed, the general loans will be eliminated, inflation will be generated, the Pensions Security will break, the IESS will be impeded to protect the insured against the contingencies of illness, maternity, invalidity, old age, death, occupational risks and unemployment, etc. The ones that are in favor of the refund, the workers, argue that it is their money, and that nobody is going to administer better its savings than them.

The Institute of Social Security registered in May 2005, SEVEN HUNDRED THIRTY-FOUR MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY-FOUR (734´473.324) millions, of which TWO HUNDRED SIXTY-FIVE (265) millions would be deposited in the Ecuadorian Central Bank (ECB) and the remainder distributed in investments in the private and public sector; and, the available part is the one that is found in the ECB, since the remnant is invested and those investments should be cancelled in order to cover the obligations.

DISTRIBUTION OF THE RESERVE FUNDS

ISSUER AMOUNT TIME LIMIT

Public Sector 384´346.989 757 days

Private Sector 84´840.771 221 days

Financial P.S. 77´952.230 190 days

Non-Financial P.S. 6´888.541 66 days

Central Bank 265´285.565 Available

According to the data published by the IESS, the funds are distributed in the following way:

- THREE HUNDRED TWO (302) million dollars are destined to gilt-edged securities;

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- OCHENTA Y DOS (82) millones en certificados de tesorería;

- SIETE (7) millones en obligaciones de empresas;

- DIECIOCHO (18) millones en pólizas de acumulación;

- TRES (3) millones en papel comercial;

- TRES (3) millones en valores de titularización;

- DOS (2) millones en certificados de inversión;

- CUARENTA Y SIETE (47) millones en certificados de depósito a plazo;

- UN (1) millón en certificados de ahorro; y,

- DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) millones disponibles en el Banco Central.

Con lo expuesto, si bien el IESS justifica la existencia del dinero de los afiliados, no es menos cierto que el mismo no se encuentra disponible ya que, al momento no tiene el capital suficiente para reembolsar el dinero a los afiliados.

Las consecuencias del retiro de los fondos de reserva según el Ministro de Economía y Finanzas sería la descapitalización del IESS.

Se incrementaría el consumo. La preocupación es que el incremento en este indicador afectará la inflación en un DOS POR CIENTO (2,0%) para fin de año. Esto produciría un incremento de precios y traería como consecuencia una caída del poder adquisitivo de los propios trabajadores; y, la devolución de los fondos de reserva disminuirá los ingresos de los futuros jubilados.

Una de las posibles soluciones a este problema que ha originado la devolución de los Fondos de Reserva sería que los fondos

- EIGHTY-TWO (82) millions in treasury securities;

- SEVEN (7) millions in businesses bonds;

- EIGHTEEN (18) millions in policies of accumulation;

- THREE (3) millions in promissory notes;

- THREE (3) millions in bonds;

- TWO (2) millions in certificates of investment;

- FORTY-SEVEN (47) millions in certificates of deposit on credit;;

- ONE (1) million in certificates of savings; and,

- TWO HUNDRED SIXTY-FIVE (265) millions available in the Central Bank.

In relation to what was above mentioned, even if the IESS justifies the existence of the money of its members, it is not less certain that it is not available since, at the moment it does not have the enough capital to refund the money to its members.

The consequences of the withdrawal of the reserve funds according to the Minister of Economy and Finances would be the lack of funding of the IESS. The consumption would be increased. The concern is that the increase in this indicator will affect inflation in a TWO percent (2,0%) by the end of year. This would produce an increase of the prices and would bring as a consequence a fall of the purchasing power of the workers; and, the refund of the reserve funds will diminish the incomes of the future retired. One of the possible solutions to this problem that has originated the refund of the Reserve Funds would be that these reserve funds will

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de reserva sean restituidos a los afiliados en a cabo de NOVENTA (90) días , ya que como se desprende del Cuadro de Distribución señalado anteriormente, estos se encuentran en inversiones a corto y mediano plazo.

JURISPRUDENCIA

PRINCIPIO PRO - OPERARIO

Actor: Manuel Antonio Acero Demandada: Empresas Industrias Guapán S.A. SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Ambas partes interponen recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Azogues. Lo interesante de esta sentencia, es el expreso reconocimiento que la Corte señala que según el artículo 7 del Código del Trabajo, “dispone que en materia laboral, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, contractuales o reglamentarias se aplicarán éstas en el sentido más favorable a los trabajadores (principio pro-operario)”. Por tanto, así lo dice la Corte, si existiere duda sobre el alcance de lo estipulado en un contrato colectivo, deberá aplicarse dicha norma en el sentido más favorable al trabajador. En este sentido, la Corte reconoce la prevalencia de los o contratos colectivos, sobre las disposiciones existentes en el Código del Trabajo, siempre y cuando, los acuerdos llegados entre las partes, nos disminuyan los beneficios que la legislación otorga a los trabajadores. Así, la Suprema dice:: “Cabe aquí, considerar que los beneficios de los trabajadores amparados por la contratación colectiva, superan los derechos contenidos en el Código del Trabajo; por consiguiente, si el acuerdo colectivo, que implica voluntad de las partes, fue de que el trabajador jubilado se le fije la pensión jubilar en relación con el salario mínimo del sector cementero, no en base al salario mínimo del trabajador en general, no es posible

be returned to the members in NINETY (90) days, since as it was established in the previously indicated Distribution Table, they are found in short and medium term investments.

JURISPRUDENCE

PRO – OPERATIVE PRINCIPLE Petitioner: Manuel Antonio Acero Defendant: Businesses Industries Guapán INC. SECOND ROOM OF THE LABOR AND SOCIAL AFFAIRS OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE Both parts file an appeal to the Supreme Court of the sentence passed by the First Room of the Superior Court of Justice of Azogues. The interesting matter of this judgment is the express recognition that the Court indicates that according to article 7 of the Labor Code, “establishes that in a labor matter, in case of doubt on the extent of the legal, contractual or regulation provisions they will be applied in the most favorable sense to the workers (pro-operative principle)”. Therefore, as stated by the Court, if there exists doubts on the scope of what is stipulated in a collective contract, such norm should be applied in the most favorable meaning to the worker. In this sense, the Court recognizes the prevalence of the collective contract(s), on the existing provisions in the Labor Code, only if the agreements achieved by the parties, do not diminish the benefits offered by the legislation to the workers. Thus, the Supreme Court establishes: “It is to be considered in this part, that the benefits of the workers protected by collective contracting, surpass the rights contained in the Labor Code; consequently, if the collective agreement, that implies the will of the parties, was the setting of a pension for the retired worker in relation to the minimum wage of the cement sector, not based on the minimum wage of the worker in general, it is not legally

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legalmente que a pretexto de la unificación salarial se desconozca un derecho adquirido de los trabajadores.” Fuente: RO. 47 del 27 de Junio de 2005

NOVEDAD LEGISLATIVA

AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DEL TRABAJADOR CONTRATADO

POR HORAS En ediciones anteriores de LEX ECUADOR, en esta misma sección, pusimos en conocimiento de nuestro lectores el Reglamento para la Contratación Laboral por Horas, publicado en el Registro Oficial No. 547 de 18 de Marzo de 2005; ahora el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante resolución publicada en el Registro Oficial No.44 de 22 de Junio de 2005, realiza aclaraciones a dicho Reglamento respecto al Régimen Especial de aportación al IESS de las personas vinculadas con uno o varios empleadores a través de contratos de trabajo por horas y de la cual se desprende puntos muy importantes a ser tomados en cuenta para efectos de registrar el tiempo de aportación al IESS del trabajador contratado bajo esta modalidad, permitiendo además que los empleadores tengan un conocimiento mas claro de sus obligaciones patronales. En este sentido, las aclaraciones contenidas en la resolución antes mencionada determinan principalmente la obligación del empleador de afiliar al trabajador contratado bajo este régimen al Seguro Social Obligatorio desde su primer día de labor, lo cual será contabilizado por el IESS que acumulará el tiempo de aportación del trabajador contratado por horas hasta un máximo de 160 horas mensuales, aun cuando este ejecute sus labores para uno o varios empleadores dentro del mismo mes, pudiendo adicionarse éste al tiempo registrado en otros regímenes laborales. Por otra parte, establece específicamente los riesgos asegurados al trabajador contratado por horas, que serán cubiertos por el Seguro General de Salud, Seguro General de

possible to pretext that due to salary unification an acquired right of the workers will be ignored”. Source: OR. 47 of June 27, 2005

LEGISLATIVE NEWS

SOCIAL SECURITY MEMBERSHIP OF THE HOURLY RATED

WORKER In previous editions of LEX ECUADOR, in this same section, we offered our readers the Rules for the Hourly Rated Contracting, published in the Official Registration No. 547 of March 18, 2005; now the Executive Counsel of the Ecuadorian Institute of Social Security, by means of a resolution published in the Official Registration No. 44 of June 22, 2005, conducts explanations to the mentioned Rules with respect to the Special Regime of contribution to the IESS of persons linked with one or various employers through hourly rated contracts and from which are inferred very important points to be considered for registering the time of contribution to the IESS of the worked hired under this modality, permitting besides that the employers have a clearer knowledge of their management obligations. In this sense, the contained explanations in the above mentioned resolution determine mainly the obligation of the employer to affiliate the hired worker under this status to the Obligatory Social Security since his/her first day of work, which will be counted by the IESS that will accumulate the time of contribution of the hourly rated worker to a maximum of 160 monthly hours, even when he/she executes work for one or many employers in the same month, being able to add this time to the one registered in other labor states. On the other hand, it specifically establishes the insured risks for the hourly rated worker, that will be covered by the General Insurance of Health, General Insurance of Risks of the

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Riesgos del Trabajo y el Seguro General de invalidez, vejez y Muerte, que no están contemplados en el Reglamento antes señalado, así como tampoco en la Resolución No. C.I.130 que contiene el Reglamento de Afiliación al Trabajador Contratado por Horas. Fuente: R.O. No. 44 22 de Junio de 2005

INDICADORES ECONOMICOS

Reserva Internacional de libre disponibilidad

Mill.US$ 1,701,8**

Producto Interno Bruto 2005

Mill.US$ 32,034

Variación del PIB 2005 % 3,60PIB Per Cápita 2005 US$ 2,424Importaciones 2005 Mil.US$

FOB 807,805*

Exportaciones 2005 Mil.US$ FOB

798,017*

Balanza Comercial 2005

Mil.US$ -9,788

Inflación Junio 05 % 0,08Inflación Año 2005 % 1.67**Inflación Año 2004 % 1.95Tasa Interbanc. Abril 2002

% 3.95

Tasa Legal % 9.23Tasa – Máximo Convencional

% 13.43

Tasa Activa % 8.21Tasa Pasiva % 4.07 * Estimado a Junio (Provisional) 2005 ** Estimado a Diciembre 2005

EVENTOS AGOSTO 17 y 18 “Estrategia de Marketing para Ventas” Organizado por: Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (CEDEM) Lugar: Salas de Capacitación del CEDEM - Quito Información: (593-2)2507-450

Work and the General Insurance of invalidity, old age and death, that are neither contemplated in the before mentioned Regulation, nor in Resolution No. C.I.130 that contains the Rules of Membership of the Hourly Rated Worker. Source: O.R. No. 44, of June 22, 2005.

ECONOMIC INDICATORS

International Monetary Reserve

Mill US$ 1,701,8**

Gross Domestic Product GDP 2005

Mill.US$ 32,034

Annual GDP Variation Rate 2005

% 3,60

GDP per capita 2005 US$ 2,424 Imports 2005 Mil.US$

FOB 807,805 *

Exports 2005 Mil.US$ FOB

798,017 *

Balance of Service 2005

Mil.US$ -9,788

Inflation June 05 % 0,08Inflation Year 2005 % 1.67**Inflation Year 2004 % 1.95Interbank Rate April 2002

% 3.95

Legal Rate % 9.23Maximum Appraise % 13.43Ask Rate % 8.21Bid Rate % 4.07 * Estimated to June (Temporary) 2005 ** Estimated to December 2005

EVENTS

AUGUST 17 and 18 “Marketing Strategical for Sales” Organized By: Development Enterprising Studies Corporation (DESC) and the Ecuadorian – American Chamber Commerce Place: Training Room of the DESC - Quito Information: (593-2)2507-450

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AGOSTO 24 y 25 “Management para la Creación de Empresas” Organizado por: Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (CEDEM) Lugar: Salas de Capacitación del CEDEM Información: (593-2)2507-450 OCTUBRE 25, 26, 27 y 28 “XVII Congreso Latinoamericano, IX Iberaoamericano y I Nacional de Derecho Penal y Criminología” Organizado por: Comité Organizador del Congreso Penal 2005 Lugar: Guayaquil Información: www.carlosparma.com.ar

AUGUST 24 and 25 “Management for Creating Enterprises” Organized By: Development Enterprising Studies Corporation (DESC) and the Ecuadorian – American Chamber Commerce Place: Training Room of the DESC Information: (593-2)2507-450 OCTOBER 25, 26, 27 and 28 “XVII Latinoamerican Congress, IX Iberaoamerican and I Nacional for Penal Law and Criminology” Organized By: Organizer Committee for the Criminal Congress 2005 Place: Guayaquil Information: www.carlosparma.com.ar