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LA PRÁCTICA DE SUBSISTENCIA ENTRE EL HÁBITAT DESPOJADO Y LA VIVIENDA RESTITUIDA. CASO SAN RAFAEL, ANTIOQUIA

THE PRACTICE OF SUBSISTENCE BETWEEN THE DISPOSSESSION OF HABITAT AND THE RESTITUTED HOUSING. SAN RAFAEL, ANTIOQUIA CASE

Referencia Autores: Mónica Mejía-Escalante. Arquitecta y Magíster en Hábitat, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Doctora en Arquitectura Universidade de São Paulo, Brasil. Profesora Asistente Escuela del Hábitat-Cehap, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Investigadora del Grupo de investigación “Escuela del Hábitat-Cehap” categoría A. Investigación sobre habitabilidad y modos de habitar en áreas residenciales, indicadores de la vivienda digna y adecuada y su relación con la dimensión legal del territorio y con la vivienda como derecho. Correo electrónico: memejiae@unal.edu.co. Orcid.org/0000-0002-2768-1550. Daniela Lopera-Avendaño. Arquitecta y estudiante de la Maestría en Hábitat, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Investigadora del Grupo de investigación “Escuela del Hábitat-Cehap” categoría A y del proyecto Observatorio de Reasentamiento y Movimiento de Población. Investigación acerca del hábitat despojado: Nodos residenciales entre espacio habitado despojado a vivienda reparada, al habitante retornante. Correo electrónico: dloperaa@unal.edu.co. RESUMEN El hábitat despojado o abandonado por desplazamiento forzado, en el marco del conflicto armado interno en Colombia y su posterior restitución bajo la Ley 1448 del 2011, configura el interés de esta investigación. Desde un enfoque cualitativo y comprensivo desde el análisis de contenido, se indaga por la perspectiva de autores académicos e institucionales sobre el despojo y restitución de tierras, y la experiencia individual de víctimas del despojo del Municipio de San Rafael, Antioquia. La indagación a este caso posibilita visualizar el fenómeno del despojo en otros municipios, en zonas geoestratégicas por la explotación de recursos naturales no renovables desde variadas escalas y actores. Se concluye que no es sólo la vivienda de lo que se despoja, también las prácticas de subsistencia y el hábitat vivido, pero se restituye sólo la tenencia de la vivienda. Palabras Claves: Despojo del hábitat, restitución de tierras, población desplazada, vivienda. ABSTRACT The spurred or abandoned habitat due to forced displacement, in the framework of the internal armed conflict in Colombia and its subsequent restoration under Law 1448 of 2011, shapes the interest of this research. A qualitative and comprehensive approach since the content analysis, incorporates the perspective of academic and institutional authors on land dispossession and restitution, and the individual experience of victims of spoliation from the

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Municipality of San Rafael, Antioquia. The investigation of this case allows us to visualize similar situations in other municipalities where spurred habitat takes place, in geostrategic areas due to the exploitation of non-renewable natural resources at different scales and actors. It is concluded that it is not only housing that is stripped away, also subsistence practices and lived habitat, but only housing tenure is restored. Keywords: Dispossession of habitat, restitution of land, displaced population, housing.

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LA PRÁCTICA DE SUBSISTENCIA ENTRE EL HÁBITAT DESPOJADO Y LA VIVIENDA RESTITUIDA. CASO SAN RAFAEL, ANTIOQUIA

THE PRACTICE OF SUBSISTENCE BETWEEN THE DISPOSSESSION OF HABITAT

AND THE RESTITUTED HOUSING. SAN RAFAEL, ANTIOQUIA CASE INTRODUCCIÓN El hábitat despojado y abandonado por el conflicto armado que ha vivido Colombia desde hace más de 50 años, y su restitución es el interés de esta investigación, mediante el caso emblemático de la Masacre en la Vereda El Topacio en 1988, ocurrida en el Municipio de San Rafael, Antioquia [Colombia], la cual devela abandono forzado de vivienda, de condiciones de existencia y de subsistencia, y el proceso de restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas. La indagación a este caso permite visualizar situaciones análogas en otros territorios, donde también acontece despojo del hábitat en zonas geoestratégicas, con explotación de recursos naturales no renovables en diversas escalas y por variados actores. Entre 2018 y 2020 se han realizado visitas a San Rafael y a la Vereda El Topacio para obtener de la voz de víctimas del conflicto armado, su relato de la masacre de los mineros alrededor del Rio Nare en 1988; revisión de registros oficiales del acontecimiento en la Oficina de Atención a Víctimas del Municipio y participación en procesos de reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado en el Municipio, liderados por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este artículo se inscribe en la tesis de maestría en Hábitat en proceso “Hábitat del despojo: Nodos residenciales entre el espacio habitado despojado y la vivienda reparada del habitante retornante. San Rafael, Antioquia”. El texto se estructura en tres partes, con fuentes documentales examinadas bajo un enfoque cualitativo y comprensivo desde el análisis de contenido: El desplazamiento forzado y el despojo de vivienda en Colombia y su evidencia en el Municipio de San Rafael desde datos institucionales; un estado del arte de autores académicos e institucionales sobre el despojo y la restitución, para finalizar con unas consideraciones sobre la restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011. 1. Despojo, abandono de tierras y desplazamiento forzado

La cifra global de desplazados en el mundo al 2019 registra 40.3 millones, de los cuales 8.5 millones representa a colombianos, por lo que al País se reconoce como el segundo número más alto en desplazados internos después de Siria. El desplazamiento forzado en Colombia figura como uno de los acontecimientos de mayor afectación en el sector rural, cuyo contexto es 75.5% de Municipios Colombianos rurales, en los cuales viven el 31.6% de la población y representa el 94.4% de la superficie del país1. Este fenómeno del desplazamiento se ha hecho evidente en la desocupación y abandono de territorios rurales. El Gobierno Nacional reconoce el fenómeno y busca reparar materialmente a las víctimas del conflicto armado interno conforme la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas, que entre sus objetivos está la restitución de tierra que fue despojada.

1 Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto (RUV), Gobierno de Colombia, https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-deinformacion/red-nacional-de-informacion. En línea a octubre de 2020.

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La agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) y la Red Nacional de información (RNI) registran al momento 8.553.416 víctimas del conflicto armado en Colombia dentro de la propia frontera, de estos, 7.585.536 sujetos han sufrido desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, siendo 2.242.246 hogares expulsados de su localidad de residencia y de sus actividades económicas habituales porque su vida, integridad física, seguridad y libertad personal es vulnerada o amenazada; de manera que, de cada 100 ciudadanos, 12 son desplazados (40% afrocolombianos, 40% indígenas y 20% campesinos). Del total de desplazados, 21.405 padecen abandono y/o despojo forzado de tierras, y 119.031 adolecen pérdida de bienes muebles e inmuebles; en tal sentido, la III Encuesta Nacional de Verificación define que 55% de esta población tenía tierras, y de ellos, el 94% debió abandonarlas2. (Ver Ilustración 1). La Ley 1448 de 2011 tiene una vigencia de 10 años (10 de junio del 2021-Articulo 208). De los favorecidos por el Estado conforme a la encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre “Goce efectivo de Derechos 2013-2014”, tan solo el 15,4% son reubicados y/o retornados en condiciones de dignidad y el 19,5% de sus hogares habitan en condiciones dignas con espacios suficientes, servicios domiciliarios, materiales apropiados, seguridad jurídica de la tenencia y ubicación segura (DANE, 2015). Este despojo forzado de las tierras y la pérdida del hábitat es una situación generalizada en la gran mayoría de Municipios del país que aun enfrentan las secuelas del conflicto. (Ver Ilustración 2). El despojo conlleva a la población a desplazarse de áreas rurales a ciudades receptoras, por lo que en las últimas décadas el Estado mediante la Ley 1448 del 2011 avanza en reparar a víctimas del conflicto. Sin embargo, el elemento reparador al desplazado retornante que ha perdido su hábitat por despojo, se establece desde el retorno a su predio despojado o a otro en condiciones similares, bajo la garantía de tenencia segura; o desde el acceso a subsidios de vivienda a través del programa de “viviendas 100% subsidiadas” de la política habitacional “Mi Casa Ya” del gobierno colombiano, para que la población vulnerable, entre la que se encuentra la población desplazada, acceda a vivienda, como garantía de tenencia de un inmueble. La restitución del despojo del hábitat por una vivienda, no busca una comprensión de los modos de habitar de un desplazado forzado que abandona su hogar, y que debe reconfigurar su vínculo, sus lazos afectivos y económicos con el territorio.

2 Datos conforme los resultados de la III Encuesta Nacional de Verificación (ENV) sobre el goce efectivo de Derechos de Personas en situación de desplazamiento forzado, https://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2011. En línea a noviembre de 2020.

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El retornar para algunas víctimas aun no es factible, por lo que regresar es enfrentar una realidad de despojo, es afrontar y adaptar aquellos elementos configurativos del hábitat que determinaban la permanencia del habitante en el hábitat de origen. Se ha descubierto que el proceso de restitución del hábitat por despojo no indaga por el movimiento espacial itinerante del habitante hacia regiones receptoras, tampoco por las espacialidades forjadas luego del despojo, más es relevante, ya que “[…] la privación al hogar por despojo significa algo más allá de la vivienda o lugar residencial, era también el entorno doméstico, el entramado social habitacional, los afectos, costumbres, geografía, memoria y sobre todo desaparición de su lugar en el mundo” (Ocampo, Chenut, Férguson, Martínez y Zuluaga, 2014, pág. 26), de manera que, privilegiar el resarcimiento sólo a través de la seguridad de la tenencia y del retorno a su vivienda de origen ha ocasionado una limitada mirada sobre el esclarecimiento del fenómeno del despojo.

Ilustración 1: Contexto de desplazamiento, retorno y restitución en Colombia y en el Departamento de Antioquia. Fuente: Elaboración propia basada en datos de Red Nacional para la Información-Unidad de Víctimas (RNI), Registro Único de

Víctimas (RUV) y III Encuesta Nacional de Verificación (ENV).

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Ilustración 2: Esquema del desplazamiento, despojo y subsidio de vivienda. Fuente: Elaboración propia basada en datos de Red Nacional para la Información-Unidad de Víctimas (RNI), Registro Único de

Víctimas (RUV), Corporación “Forjando Futuros”, Fonvivienda y MinAmbiente.

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1.1. Despojo del hábitat en áreas estratégicas de explotación de recursos no

renovables El Municipio de San Rafael, Antioquia, presenta una ubicación geográfica estratégica, en zona de embalses del oriente Antioqueño, en donde se genera un 33% de la energía del país, se explotan recursos naturales no renovables de manera artesanal e industrial en una topografía accidentada, de laderas poco urbanizadas. El auge de explotación de recursos naturales a partir del año 1980 atrajo a setenta y cinco núcleos familiares, para un total de ciento cincuenta individuos, además de la llegada eventual de personas provenientes de municipios del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, probando suerte en el lavado aurífero o barequeo, talado de madera, pesca artesanal y agricultura, actividades que se constituyeron en medios de subsistencia para estas familias (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016). Los proyectos hidroeléctricos Guatapé y Jaguas en el Embalse Las Playas se ejecutan en el municipio entre 1970 y 1990, transformando las áreas dedicadas a la agricultura en cuanto fueron inundadas, para posibilitar en estas zonas la generación de energía eléctrica para Colombia, en consecuencia, familias desplazadas que se dedicaban a la labor del agro, y llegan al territorio individuos con prácticas en el manejo de las hidroeléctricas (Periódico la Realidad, 1987). La presencia de la guerrilla FARC se da a finales de 1970, donde la cuenca del Río Nare y los proyectos hidroeléctricos hacen atractivo su asentamiento, como punto estratégico de fortalecimiento militar, político y económico, lo que les permitió desarrollar un plan de explotación de recursos con mano de obra minera de la zona y ruta de narcotráfico. Coadyuvó a esta actividad el sentimiento de dignidad herida que expresaban los mineros luego de verse obligados a abandonar sitios tradicionales de labor, para dar paso a la construcción de los embalses, lo que ofrecía una disposición de ánimo que favorecía la promoción de la acción armada (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016, págs. 146-150). Esta crudeza del conflicto se padeció con mayor impacto sobre la Vereda El Topacio entre 1980 y 1988, siendo un lugar de disputa entre Guerrillas, Estado y Movimientos sociales que discrepaban en la forma de ejercer el dominio sobre los recursos naturales, los proyectos hidroeléctricos y particularmente la minería de oro, debido en parte a que el modelo de desarrollo Municipal y el dominio de los recursos naturales en La Vereda, promovido por el Estado Nacional, era objeto de oposición por parte de la Guerrilla y por los movimientos sociales (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Por este motivo, acontece el 13 de junio del 1988 la masacre de catorce mineros opositores al control de la zona aurífera por actores al margen de Ley, lo cual, generó el desplazamiento forzado de 3.474 de sus habitantes y el homicidio indirecto de 5.421 (Unidad de Víctimas, 2020). Expulsados de su lugar de residencia y sus prácticas económicas habituales ligadas a los recursos naturales de la zona, y desplazados a territorios receptores para desarrollar actividades de subsistencia y modos de habitar diferentes al hábitat despojado.

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Esta situación implicó, conforme la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que desde el año 1985, el 95% del total de la población de San Rafael fuera considerada víctima (15.627 habitantes), de los cuales desplazados son 11.700 habitantes (74.9%), despojados de bienes muebles e inmuebles son 273 habitantes (1.7%) y reparados en marco de Ley de Víctimas son 123 habitantes (0.8%)3. Situación similar en otras regiones de Colombia que se encuentran en procesos de restitución de tierras. (Ver ilustración 3).

Ocurrida la masacre, ninguna familia permaneció en el lugar. Algunos salieron a la cabecera con la esperanza que la situación mejorara, salieron sin nada, perdieron todo, de las personas que quedaron, pocas recibieron acompañamiento de la Alcaldía. Hubo quieres se desplazaron hacia los municipios de San Roque y San Carlos. En algunos casos el trayecto fue influenciado por relaciones familiares; en otros pesó el miedo de permanecer en el municipio para buscar suerte en otros municipios, otros se fueron a ciudades como Medellín donde se encontraron inmersos en una realidad que desconocían en un mundo citadino que los absorbía en un contexto que los agredía y reconstruir sus vidas desde esos lugares se convirtió en todo un reto, lo que les dejó una marca de desarraigo, de pérdida en relaciones sociales y de solidaridad (2016, págs. 189-195). Algunos retornaron sin apoyo efectivo del Estado, expresando ellos, que las cosas no volvieron a ser como antes, ya que

3 La Unidad de Víctimas del Municipio de San Rafael, desde el 2018 implementa el “Plan de retorno y reubicación”; y en junio del 2019 se da inicio al “Plan de Reparación Colectiva” desde la estrategia “Entrelazando”, que hace parte del enfoque psicosocial; además, en marzo de 2019, la entrega de indemnizaciones económicas a las víctimas de San Rafael, como compensación a hechos violentos.

Ilustración 3: Contexto del Municipio de San Rafael, Antioquia [Colombia]. Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Alcaldía de San Rafael del 2018.

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el temor a ser objeto de represalias hizo difícil y angustiosa la elaboración del duelo y reconstrucción del proyecto de vida (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016, pág. 17). Por relatos de autores y moradores se conoce que se inicia un acoso contra los habitantes, caracterizada por la combinación de asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos forzados de la vereda, señalados de ser colaboradores de la guerrilla FARC, que se intensificó desde 1998, como parte de una estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), orientada a ejercer un control territorial sobre el Cañón del Nare. La noticia de la desaparición de mineros y los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares provocó el desplazamiento forzado de la totalidad de la población de esta vereda y de otras vecinas. En total, unas 500 personas abandonaron sus casas, lo que desató el denominado primer éxodo del Oriente Antioqueño, que desencadenó una difícil situación de orden público en la cabecera de San Rafael, ante la toma de instalaciones de la municipalidad por parte de la población, para exigir seguridad física y techo donde permanecer. 1998 marca un momento crítico para la región en cuanto al desplazamiento con 3.474 personas, cifra superada en el 2000, momento de mayor intensidad en la arremetida paramilitar con 5.828 personas (2016, págs. 46-80). Las expectativas de un pronto retorno se desvanecieron ante el anuncio de paramilitares “nosotros estamos aquí y nos vamos a demorar”, con lo que se registró la llegada intempestiva y apropiación de viviendas habitadas y abandonadas por otros actores (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016, pág. 74). A partir del año 2000 en el marco de la estrategia de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) la región del Oriente se convierte en zona de operaciones con la realización de acciones militares (Operación Meteoro y Operación Marcial) y el Estado recupera el territorio bajo el dominio hasta entonces de las FARC y el ELN (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016, pág. 86). La masacre y los hechos asociados han dejado múltiples daños y huellas en la memoria de las víctimas: 1) daños físicos y psicológicos por la sevicia en el asesinato de seres queridos, por la imposibilidad de hacer el duelo, por tristeza, angustia y miedo; 2) daños socioculturales expresados en ruptura de relaciones entre vecinos, con el río y con la minería como actividad productiva e identitaria; 3) daños materiales y patrimoniales que deterioraron la calidad de vida, sumergiendo gran parte de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad; 4) fractura de la confianza en instituciones Estatales (2016, pág. 169). Sobre el hábitat minero artesanal, después de la masacre del Topacio, transformó las rutinas de sus moradores, el río dejó de ser el escenario de trabajo por varios años para quienes volvieron, puesto que, después de 1988 este lugar fue asociado al recuerdo de los catorce mineros asesinados (Jaramillo, Gómez, González, Martínez y Parra, 2016). Los autores relatan desde la rememoración de un minero habitante de La Vereda, que, durante el retorno, las cargas atribuidas a los recuerdos de la tragedia llevaron a que muchos de los mineros prefirieran otros escenarios de trabajo; incluso cambiaran sus actividades económicas para dedicarse a la agricultura o a otro tipo de prácticas que les permitiera sostener a sus familias. La minería era un oficio del que se sentían orgullosos, en la que desplegaban sus habilidades y conocimientos y que en esencia garantizaba el sustento diario a la familia, y ese fue el significado que se trastocó con la masacre (Jaramillo, Gómez, González y Parra, 2016). La masacre y los continuos actos violentos generados a partir del año 1988 generó sentimientos de impotencia, inestabilidad y desesperanza, en quienes habían dedicado toda su vida a la minería y fueron despojados del territorio durante los enfrentamientos

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armados internos, debido a que tuvieron que enfrentar un nuevo espacio dinámico, atravesado por diferentes contextos, prácticas económicas y modos de habitar. (Ver ilustración 4).

La pérdida de la propiedad por despojo, de la práctica-oficio de sustento y de las redes de apoyo, causa en el desplazado una suerte de incertidumbre, errancia e inestabilidad a múltiples tránsitos (nodos y flujos) de recepción, en los que el sujeto víctima proyecta, adapta y transforma estos lugares de sedentarización formado por el artefacto residencial en su indagación por encontrar arraigo, permanencia y subsistencia. Así que los lugares de reasentamiento y de sedentarización del habitante en su proceso migratorio a causa del desplazamiento forzado, corresponde a tres nodos: (1) su despojo y expulsión del lugar de origen, (2) lugares de acogida en su desplazamiento forzado, (3) restitución, sea al lugar de origen o en otro lugar. Cada uno de estos nodos se configura por una red de intersubjetividades que lleva consigo el habitante y que se materializa en un artefacto arquitectónico residencial. Así, los habitantes despojados de su hábitat y de sus prácticas artesanales de subsistencia se asumen en el éxodo como “Víctimas”. En su travesía son portadores de cultura, costumbres y comportamientos, que favorecen la adaptación a los lugares de tránsito y destino. En este sentido, el territorio no se limita a entorno físico o espacio geográfico que ocupa un grupo humano, sino que se erige a partir de lazos sociales, relaciones de poder e interacciones entre individuos, quienes definen y ordenan el territorio con sus propias marcas naturales. De manera que el territorio es una construcción simbólica que acude a la memoria, la historia, el trazo, el cuerpo vivo y el testimonio de una comunidad; donde se fecundan los pensamientos, creencias, experiencias, necesidades, capacidades.

Ilustración 4: Cartografía de la Vereda El Topacio [San Rafael] y los modos de habitar. Fuente: Elaboración Propia basada en relatos de habitantes, fotografías y documentos oficiales.

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En los procesos migratorios de éxodo y retorno, la práctica de subsistencia expuesta por (Maturana y Varela, 2006) como ser vivo autopoiético4, se lleva a cuestas, no se pierde ni se despoja, sino que se transforma durante las dinámicas territoriales, debido a que los lugares de acogida ofrecen códigos para adaptarse a estos. Aun cuando el individuo es despojado de la práctica de explotación de recursos naturales no renovables, de la propiedad y de la ocupación y usufructo de su tierra, debido a la ruptura con la práctica económica extractiva de subsistencia, se mantiene el sentido del ser, hacer y estar en el territorio. En virtud de ello, el habitante busca retornar a la práctica de subsistencia, desde los procesos de restitución y en el marco general de construcción de paz. 2. El despojo y la restitución en Colombia El despojo y posterior desplazamiento forzado observado en los diversos lugares donde acontece, se genera por hábitats y prácticas artesanales extractivas de subsistencia en disputa; las cuales han sido analizadas por instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y académicos que han visibilizado el fenómeno del despojo, tan sólo explorado recientemente a razón de los procesos de reparación de víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011. “Realidades del despojo de tierras: Retos para la paz en Colombia” de (Moncada, 2011) parte de un estado del arte de la violencia en el Urabá Antioqueño en el período 1991-2009, desde un enfoque estructural que presenta causas y formas del despojo en lo político, económico y territorial, en contraste con los derechos de la población en situación de desplazamiento, desde la restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 del 2011. El autor describe el despojo como una problemática de usurpación de tierras y de bienes patrimoniales, producto de conflictos de disputa territorial entre diferentes actores sociales, los cuales privan al sujeto migrante-desplazado de su capacidad de decisión y creación de condiciones de vida digna para retornar a sus lugares originales. En acuerdo con el autor, al enlazar el despojo con una restitución mediada por la Ley de Víctimas, su discurso institucional debe comprender una titulación de tierras que supere los factores de vulnerabilidad del despojo, con estrategias de inclusión económica, social, material y simbólica. El conflicto colombiano durante el período 1980-2013, es indagado por (Cuartas, Martinez y Villamizar, 2014) en el libro “Espacios vividos…Territorios despojados” desde las vivencias de los habitantes migrantes en las geografías recorridas y producidas luego de un desplazamiento forzado, y las acciones del estado para reparar de manera eficaz a las víctimas desde la Ley de Víctimas. Los autores exponen que las acciones de reparación derivan en una concepción limitada del espacio-territorio ya que enfatiza en la reparación individual no colectiva y con una política en beneficio de proyectos económicos de dominio territorial y de poder, que excluyen de la actividad económica a la población local. Acentúan en su texto la necesidad de resignificar las historias de las víctimas del despojo enmarcadas en relaciones sociales de poder desde sus resistencias, para así leerlas de forma integral como realidades de unos territorios que materializan y afectan la vida social de los moradores y la región; a la espera que en la ley de restitución, se indague por una equidad espacial-temporal que apunte no solo a volver la tierra como lugar, sino, devolver a los

4 Termino acuñado por Maturana y Varela “Auto (a si mismo” y Poiesis (creación)”. O sea, un sistema que continuamente se produce a si mismo, y por tanto, se repara, mantiene y modifica, según el continuo flujo del ambiente que habita.

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habitantes la capacidad para construir territorialidad con un proyecto productivo que permita ejercer su participación como sujetos políticos. 3. El despojo en la práctica artesanal extractiva El despojo indagado por artículos académicos e informes de comisiones de Derechos Humanos plantean no sólo la afectación al acceso al territorio, también las actividades que se ejercían sobre un predio, la tenencia, el residir en una vivienda, las prácticas económicas de subsistencia, además de la ausencia de mecanismos legales-normativo que garanticen integralmente restitución, rehabilitación, indemnización y no repetición para la experiencia de despojo material y simbólico. Los procesos de configuración de práctica artesanal de subsistencia son debatidos por (Mariscal, 2015) en su libro “Práctica artesanal y políticas culturales”. Indaga por la producción y el establecimiento de relaciones de intercambio-apropiación, la comercialización y consumo; la reproducción de la fuerza laboral en relación a la transmisión de capitales (simbólico, cultural y social) y las visiones artesanales que efectúan cambios al interior de unidades domésticas; de modo que, la práctica artesanal está formada por acciones y habitus que comparte el artesano en la producción de un espacio social adquirido a través del tiempo, donde los actores se encuentran en constante disputa por imponer una jerarquía favorable a sus intereses por medio de una identidad, representación, valores y símbolos que delimitan fronteras. Partiendo de este análisis describe al artesano como “un creador de espacio-tiempo”, que manifiesta en sus objetos cuestiones populares o hegemónicas y bienes materiales como estrategias de supervivencia, adaptación o simbiosis. Las prácticas culturales artesanales extractivas cotidianas que atienden a formas de organización, dependientes de recursos primarios ancestrales de subsistencia y a sistemas tradicionales de conocimiento particular son revisadas por (Estrada, Moreno y Ordóñez, 2013) en su libro “Procesos socio-territoriales del Pacífico: Itinerarios y tendencias”, en el marco de la violencia armada que apunta a una disgregación territorial, sociocultural además del conflicto ambiental debido a la disputa por bienes minerales que a la vez es la causa del despojo de la práctica artesanal del morador local, (Mariscal, 2015) manifiesta que estas prácticas económicas-culturales cotidianas tradicionales están relacionadas con el fomento del discurso de competitividad, productividad y progreso que impacta la propiedad de tierra y los modos de vida de los habitantes. Estos habitantes despojados expresan sus habilidades en los nuevos territorios desde formas de adaptación al contexto, parafraseando a (Echeverría, 2009) los habitantes conllevan habitus como comportamientos incorporados o instituidos desde su condición social, que prolongan o rompen inconscientemente en su existir y accionar, desarrollando capacidades adaptativas para establecer formas propias en el tiempo y espacio. Desde esta premisa el, habitus denota acción y práctica. Los habitantes despojados comportan habitus que se referencian en la cotidianidad y en las formas de relacionamiento socio-cultural en un espacio determinado, no obstante, estos son variables conforme cambia el contexto; así la llegada a un nuevo hábitat, enmarcado dentro de unas lógicas de adaptabilidad podría suscitar al individuo a despojarse temporalmente de sus prácticas de origen, a ejercer unas nuevas o adaptarlas al nuevo territorio.

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Las prácticas responden a costumbres y relaciones que se dan en la vida cotidiana, a través de comportamientos, acciones y hábitos de los individuos que les permite actuar de forma emergente de acuerdo a las circunstancias, los acontecimientos y situaciones que generan un grado de incertidumbre o riesgo. Para este caso, el conflicto armado interno incide sobre las prácticas sociales, las cuales al verse perturbadas actúan en reacción frente a las acciones externas. De modo que, la forma de vinculación del habitante despojado al hábitat de acogida está asociado a la transformación de las prácticas tradicionales desarrolladas a través de experiencia, observación y transmisión oral como medio de subsistencia, de allí, que su subsistencia se encuentre constantemente amenazada por un contexto adverso al del territorio natal, al practicar oficios informales o de “rebusque”. 4. Consideraciones finales El postconflicto plantea nuevos desafíos, donde las fuerzas políticas y las dinámicas del lugar precisan acomodarse a nuevas realidades en donde las víctimas se convierten en actores políticos reclamando verdad y restitución, para residir en el territorio de forma permanente, de volver a sus lugares de origen o de quedarse en el lugar de reasentamiento luego del desplazamiento. La situación de despojo de tierras permite observar que en procesos de desplazamiento y retorno, con lapsos de hasta 40 años, los habitantes víctimas del conflicto se han visto en la necesidad de ajustar sus modos de producción y reproducción social, reconfigurando en su desplazamiento forzado, sus sentidos e interpretaciones socio-culturales de representación, apreciación y acción, en los lugares de acogida entre el despojo y el retorno, que constituyen sus prácticas espaciales y por ende sus modos de vida. A partir de la Ley 1448-2011 algunas familias aceptaron retornar a sus territorios de origen; otras permanecieron en el hábitat de acogida, por la incertidumbre y desconfianza en el proceso, por el temor a actores del conflicto armado, optando por aceptar la pérdida como algo irremediable, para acogerse a prácticas, costumbres y hábitos impuestos por el nuevo territorio. Quienes retornan, están motivados por las políticas de seguridad del Estado y por la relación con redes comunitarias; por la perspectiva de recuperación de activos; por la mejora en las condiciones de habitabilidad; por la posibilidad de generación de ingresos desde la explotación de riquezas naturales; por la añoranza de recuperar las costumbres, simbolismos, prácticas productivas, las relaciones comunitarias con sus vecinos. El derecho a la vivienda habitable, sostenible y al hábitat digno para un morador en condición de desplazado-retornante se debe construir desde una relectura de políticas y programas que recojan la diversidad y complejidad existente en los territorios de acogida, reconozcan los modelos habitacionales gestados durante el proceso migratorio (origen, recepción y retorno), como parte de una restitución que debe además atender el acceso al patrimonio residencial, no desde la acción puntual del otorgamiento de casa o subsidio de vivienda, también desde factores subjetivos que integran el proyecto de vida, como formulación alternativa al proceso de reparación y restablecimiento del hábitat, lo cual supone nuevas oportunidades y retos para el ordenamiento del territorio.

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