Título original: Peut-on sauver l’Europe?Chroniques 2004-2012Thomas Piketty, 2011Traducción: Heber OstroievskyIlustración de cubierta: Sebastián DufourDiseño de cubierta: Eugenia Lardiés

Editor digital: TitivillusePub base r1.2

Prefacio

Este libro reúne, sin correcciones ni reescritura,columnas mensuales que publiqué en el diarioLibération entre septiembre de 2004 y enero de2012[1]. Algunos textos pueden haber envejecidoun poco, otros no tanto. Tomados en conjunto,pueden ser leídos como el intento de uninvestigador en ciencias sociales de comprender yanalizar el mundo día a día y de comprometerse enel debate público, tratando de conciliar lacoherencia y la responsabilidad del investigadorcon las del ciudadano.

El período que va de 2004 a 2012 estuvomarcado de manera decisiva por la crisisfinanciera mundial desencadenada entre 2007 y2008, todavía vigente. Muchas de estas crónicas latienen como protagonista. Intento, una y otra vez,comprender el nuevo rol que desempeñaron losbancos centrales para evitar la debacle de la

economía mundial, o analizar las diferencias y lassimilitudes entre la crisis irlandesa y la griega.También me ocupo de temas clásicamentefranceses, pero que siguen siendo claves paranuestro futuro común: la justicia fiscal, la reformadel sistema previsional o el porvenir de lasuniversidades. Todos estos temas merecerían unlugar en el debate en torno a las eleccionespresidenciales de 2012 en Francia. Sin embargo,hacia el final del período referido, un tema eclipsatodos los otros: ¿la Unión Europea estará a laaltura de las esperanzas que muchos de nosotrosdepositamos en ella? ¿Podrá Europa transformarseen la potencia pública continental y en el espaciode soberanía democrática que nos permita retomarel control de un capitalismo mundializado yenloquecido? ¿O su papel se reducirá una vez másal de un instrumento tecnocrático de ladesregulación, de la competencia generalizada yde la sumisión de los Estados a los mercados?

En primer lugar, la crisis financiera que

comenzó en el verano de 2007 con el inicio deldesmoronamiento de las subprimes en los EstadosUnidos, y prosiguió en septiembre de 2008 con laquiebra de Lehman Brothers, puede considerarsecomo la primera crisis del capitalismo patrimonialglobalizado del siglo XXI.

Resumamos. Desde principios de la década de1980 una nueva ola de desregulación financiera yde fe desmedida en la autodisciplina de losmercados se expande en el mundo. El recuerdo dela depresión de los años treinta y de loscataclismos que le siguieron se diluyó. La«estanflación» de la década de 1970 (mezcla deestancamiento económico e inflación) demostrólos límites del consenso keynesiano de las décadasde 1950 y 1960, construido en una situación deurgencia, en el contexto particular de la posguerra.Ante el fin de la reconstrucción y del crecimientoelevado que caracterizó las tres décadas doradasdel capitalismo, naturalmente se ha puesto en telade juicio el proceso de ampliación indefinida del

rol del Estado y de las deducciones obligatoriasque se aplicaron en las décadas de 1950 y 1960[2].El movimiento de desregulación comenzó entre1979 y 1980 en los Estados Unidos y en el ReinoUnido, donde cada vez se toleraba menos queJapón, Alemania y Francia los hubiesen alcanzado(e incluso superado, en el caso del Reino Unido).Aprovechando este descontento, Reagan yThatcher explicaron que el Estado era el problemay no la solución, y propusieron salir de ese Estadobenefactor que había adormecido a losempresarios anglosajones y volver a uncapitalismo puro, como el que imperaba antes dela Primera Guerra Mundial. El proceso se aceleróy se extendió por toda Europa continental a partirde 1990-1991. La caída de la Unión Soviéticadejó al capitalismo sin rival y abrió una fase en laque se creía en el «fin de la historia» y en un«nuevo crecimiento» que se apoyaba en unaperpetua euforia bursátil.

A comienzos de la década de 2000 las

capitalizaciones bursátiles e inmobiliarias deEuropa y los Estados Unidos alcanzaron, y luegosuperaron, los récords históricos precedentes, quedataban de 1913. En 2007, en la víspera de lacrisis, la totalidad de los patrimonios financieros einmobiliarios (netos de deudas) que poseían loshogares franceses alcanzaba los 9,5 billones deeuros, es decir, cerca de seis años de ingresonacional. Y si bien la fortuna de los francesesdisminuyó levemente en el bienio 2008-2009,volvió a subir a partir de 2010, y actualmentesupera los 10 billones. Si ponemos estas cifras enuna perspectiva histórica, comprobaremos que lospatrimonios no habían crecido tanto desde hacía unsiglo. El patrimonio neto privado representa en laactualidad el equivalente de cerca de seis años deingreso nacional, contra menos de cuatro años enla década de 1980, y menos de tres en la décadade 1950. Es preciso remontarse hasta la belleépoque (1900-1910) para encontrar talprosperidad de las fortunas francesas, con ratios

patrimonio/ingreso que rondan el cociente 6/7[3].Vemos también que la actual prosperidad

patrimonial no es tan solo consecuencia de ladesregulación. Es también, y sobre todo, unfenómeno de recuperación a largo plazo, luego delos violentos impactos sufridos a comienzos delsiglo XX, y un fenómeno ligado al crecimientodébil de las últimas décadas, que conduce demanera mecánica a ratios patrimonio/ingresoextremadamente altas. El hecho es que, en elperíodo histórico actual, en los países ricos lospatrimonios prosperan mientras que la produccióny los ingresos crecen a ritmos menguados. Durantela Edad de Oro del capitalismo se tenía la ideaequivocada de que habíamos pasado a otra etapa,a una suerte de capitalismo sin capital. No setrataba, en realidad, más que de una fasetransitoria: un capitalismo de reconstrucción. En ellargo plazo, solo puede existir el capitalismopatrimonial.

De cualquier modo, la desregulación iniciada

en las décadas de 1980 y 1990 creó una dificultadsuplementaria: hizo que en este comienzo desiglo XXI el sistema financiero y el capitalismopatrimonial se volvieran particularmente frágiles,volátiles e imprevisibles. Vastos sectores de laindustria financiera se desarrollaron sin ningúncontrol, sin una regulación prudente, sin unarendición de cuentas digna de ese nombre. Inclusolas más elementales estadísticas financierasinternacionales están impregnadas deincoherencias sistemáticas. Por ejemplo, a escalamundial, las posiciones financieras netas songlobalmente negativas, lo que por lógica esimposible, a menos que supongamos que en partenos controla el planeta Marte… Es más probableque, como demostró recientemente GabrielZucman[4], esta incoherencia indique que una parteno desdeñable de los activos financieros, que seencuentran en paraísos fiscales y en manos de noresidentes, no está registrada correctamente comotal. Esto afecta sobre todo la posición neta exterior

de la zona euro, que es mucho más positiva que loque sugieren las estadísticas oficiales. Por unasimple razón: los europeos con fortuna tieneninterés en ocultar una parte de sus activos, y laUnión Europea no hace por el momento lo quedebería —y podría— para disuadirlos.

En términos más generales, la fragmentaciónpolítica de Europa y su incapacidad para unirsefragilizan especialmente a nuestro continente frentea la inestabilidad y la opacidad del sistemafinanciero. Es evidente que el Estado-nacióneuropeo del siglo XIX ya no tiene el pesonecesario para imponer reglas fiscales yprudenciales apropiadas a las institucionesfinancieras y a los mercados globalizados.

Europa sufre además una dificultad extra. Sumoneda, el euro, y su banco central, el BancoCentral Europeo (BCE), fueron concebidos afinales de los años ochenta y comienzos de losnoventa (los billetes en euros entraron encirculación en enero de 2002, pero el Tratado de

Maastricht fue ratificado por referéndum enseptiembre de 1992), en un momento en el que seimaginaba que los bancos centrales tenían comoúnica función mirar pasar el tren, es decir,garantizar que la inflación permaneciera baja y quela masa monetaria aumentase grosso modo almismo ritmo que la actividad económica. Despuésde la «estanflación» de los años setenta, tanto losgobernantes como la opinión pública se dejaronconvencer por el discurso que sostiene que losbancos centrales deberían, ante todo, serindependientes del poder político y tener comoúnico objetivo reducir la inflación. Así, se llegó acrear, por primera vez en la historia, una monedasin Estado y un banco central sin gobierno.

En el camino, se olvidó que en el momento decrisis económicas y financieras profundas losbancos centrales constituyen una herramientaindispensable para estabilizar los mercadosfinancieros y evitar tanto las quiebras en cadenacomo la depresión económica generalizada. Esta

rehabilitación del rol de los bancos centrales es lagran lección de la crisis financiera de estosúltimos años. Si los dos bancos centrales másgrandes del mundo, la Reserva Federalestadounidense (Federal Reserve; en adelante,Fed) y el BCE, no hubieran impreso cantidadesconsiderables de billetes (muchas docenas depuntos del PBI de cada uno en 2008 y 2009) paraprestarlos a una tasa baja (0%-1%) a los bancosprivados, es probable que la depresión hubieraalcanzado dimensiones comparables con la de losaños treinta, con tasas de desempleo mayores al20%. Felizmente, tanto la Fed como el BCEsupieron evitar lo peor y no reprodujeron loserrores «liquidacionistas» de los años treinta,época en la que se dejó caer a los bancos uno trasotro. El poder infinito de creación monetaria quetienen los bancos centrales debe estar sujeto acontroles estrictos. Pero, ante crisis profundas,sería suicida no utilizar una herramienta de estetipo y su rol de prestamista de último recurso.

Lamentablemente, si bien este pragmatismomonetario permitió evitar lo peor en 2008 y 2009y apagar el incendio de manera provisoria,condujo también a no preguntarse lo suficiente porlos motivos estructurales del desastre. Lasupervisión financiera progresó tímidamente desde2008 y pretendió ignorar los orígenes de la crisisvinculados a la desigualdad: el estancamiento delos ingresos de las clases populares y medias y elaumento de la desigualdad, en particular en losEstados Unidos (donde el 1% de los más ricosabsorbió cerca del 60% del crecimiento entre1997 y 2007), contribuyeron de manera evidente ala explosión del endeudamiento privado[5].

Sobre todo, este salvataje de los bancoscentrales a los bancos privados que tuvo lugar en2008 y 2009 no impidió que la crisis entrara enuna nueva fase en 2010 y 2011, con el colapso delas deudas públicas de la zona euro. El puntoimportante a destacar aquí es que esta segundaparte de la crisis, que nos preocupa hoy, solo

concierne a la zona euro. Los Estados Unidos, elReino Unido y Japón están más endeudados quenosotros (100, 80 y 200% del PBI en deudapública respectivamente, contra el 80% para lazona euro), pero no sufren una crisis de la deuda.Por una razón muy simple: la Fed, el Banco deInglaterra y el Banco de Japón les prestan a susgobiernos respectivos a una tasa baja —menos del2%—, lo que permite calmar los mercados yestabilizar las tasas de interés. Por su parte, elBCE prestó muy poco dinero a los Estados de lazona euro —de allí la crisis actual—.

Para explicar esta actitud específica del BCE,se suelen evocar los traumatismos ancestrales deAlemania, que tendría miedo de recaer en lahiperinflación de la década de 1920. Esta pista nome parece muy convincente. Todos sabemos que elmundo no está amenazado por la hiperinflación. Loque nos amenaza hoy es más bien una recesióndeflacionista, con una disminución o unestancamiento de los precios, los salarios y la

producción. De hecho, la enorme creaciónmonetaria de 2008 y 2009 no provocó unainflación significativa. Los alemanes lo saben tanbien como nosotros.

Una explicación potencialmente mássatisfactoria sería que, luego de varios deceniosde desprestigio del poder público, finalmente nosresulta más natural pedir ayuda a los bancosprivados que a los gobiernos. Aunque en losEstados Unidos y en el Reino Unido, donde estedesprestigio alcanzó su cenit, los bancos centralespudieron por fin mostrarse pragmáticos y nodudaron en comprar deuda pública en formamasiva.

En realidad, el problema específico quedebemos afrontar, y la explicación principal denuestras dificultades, es, lisa y llanamente, que lazona euro y el BCE fueron mal concebidos desdeel comienzo y, por lo tanto, resulta difícil refundarlas reglas en plena crisis. El error fundamental hasido imaginar que se podía tener una moneda sin

Estado, un banco central sin gobierno y unapolítica monetaria común sin políticapresupuestaria común. Una moneda común sindeuda común no puede funcionar. En rigor, puedefuncionar en tiempos de calma pero, a largo plazo,nos lleva a una explosión.

Al crear la moneda única se prohibió laespeculación sobre los 17 valores de cambio delas monedas de la zona euro: ya no se puedeapostar a la caída de la dracma con relación alfranco, o a la caída del franco con relación almarco. Pero no se anticipó que esta especulaciónsería reemplazada por una especulación sobre las17 tasas de interés de las deudas públicas de lazona euro. Pues bien, esta segunda especulaciónes, a largo plazo, todavía peor que la primera.Cuando se ataca el valor de cambio, siempre esposible tomar la delantera y devaluar la moneda,lo que permite al país al menos volverse máscompetitivo. Con la moneda única, los países de lazona euro perdieron esta posibilidad. En principio,

deberían haber ganado a cambio estabilidadfinanciera, pero claramente no ha sido el caso.

La especulación sobre las tasas de interés a laque nos enfrentamos hoy es ademásparticularmente perversa, pues vuelve imposiblereorganizar con serenidad el equilibrio de nuestrasfinanzas públicas. Las masas en juego son enefecto considerables. Pagar una tasa de interés del5% en lugar del 2% con una deuda pública queronda el 100% del PBI hace que la carga anual delos intereses de la deuda sea del 5% del PBI enlugar del 2%. ¡Pues bien, la diferencia, 3% delPBI (60 000 millones de euros en Francia),representa la totalidad del presupuesto paraeducación superior, investigación, justicia yempleo! Si no se sabe si la tasa de interés en unaño o dos será del 2% o del 5%, entonces essencillamente imposible instaurar un debatedemocrático sereno sobre los gastos que debenreducirse y las deducciones que deben aumentarse.

Es tanto más lamentable cuanto que resulta

evidente que los Estados de bienestar europeosdeben ser reformados, modernizados,racionalizados, pero no solo para restablecer elequilibrio presupuestario y asegurar la estabilidadfinanciera, sino primero y ante todo para quegaranticen un mejor servicio público, una mayorreacción ante las situaciones individuales, y elrespeto de los derechos. La izquierda deberetomar la iniciativa en estos temas, a saber, lamodernización de nuestra fiscalidad (a la vezcompleja e injusta, que debe ser refundada a partirdel principio «a igual ingreso, igual impuesto», dela deducción en origen y del impuesto con baseimponible más amplia y tasa baja como lacontribución social generalizada —CSG[6]—), larefundación de nuestro sistema previsional(actualmente dividido en múltiples regímenes, loque lo vuelve también incomprensible para losciudadanos e imposible de reformar con consensoy equidad[7]), o aun la autonomía de nuestrasuniversidades (tercer tema clave que, como la

reforma fiscal y la reforma previsional, no hay quedejar en manos de la derecha).

Ahora bien, en la medida en que estemos amerced de grandes movimientos de especulaciónsobre las tasas de interés, ¿cómo impulsar estetipo de debates con cierta calma? Seamos claros:lo que sucede en la actualidad en España e Italia,donde las tasas de interés superan el 5-6%, puedesuceder perfectamente en Francia en los próximosmeses. Si tuviéramos que pagar a largo plazo unatasa de interés de este orden, o incluso solo del4%, mientras que el Reino Unido, con el mismoendeudamiento inicial que el nuestro, no paga másque el 2% gracias a su banco central, entonces enpoco tiempo se haría muy difícil defender el euroen Francia. Si una situación de ese tipo seprolongara, aunque fuera uno o dos años, lamoneda común se volvería rápidamente impopular.

¿Qué hacer? Para poner fin a la especulaciónsobre las 17 tasas de interés de la zona euro, laúnica solución durable es mutualizar nuestra

deuda, crear una deuda común (los «eurobonos»).Es también la única reforma estructural quepermitirá al Banco Central Europeo desempeñarplenamente su rol de prestamista de últimorecurso. Es cierto que el BCE podría comprar másdeuda soberana en los mercados ahora mismo, yesta solución de urgencia probablementedesempeñe un rol crucial en los meses que vienen.Pero, mientras el BCE tenga que enfrentar 17deudas soberanas diferentes, tendrá un problemaimposible de resolver: ¿qué deuda comprar? ¿Aqué tasa? Si la Fed debiera elegir cada mañanaentre la deuda de Wyoming, la de California y lade Nueva York, tendría muchos problemas parasostener una política monetaria coherente.

Pues bien, para tener una deuda común, esnecesario crear una autoridad política federalfuerte y legítima. No se pueden crear eurobonospara dejar que cada gobierno nacional decidacuánto emitir de deuda común. Y esta autoridadpolítica federal no puede ser el Consejo de Jefes

de Estado o el Consejo de Ministros de Finanzas.Debemos dar un paso enorme hacia la uniónpolítica de los Estados Unidos de Europa o, encaso contrario, tarde o temprano daremos uninmenso paso atrás, a saber, el rechazo al euro. Lasolución más simple sería asignar finalmente unverdadero poder presupuestario al ParlamentoEuropeo. Sin embargo, el problema es que esteúltimo comprende a los 27 países de la UE, esdecir, mucho más que la mera zona euro. Otrasolución, que planteé en mi crónica del 22 denoviembre de 2011, consistiría en crear una suertede «Senado Presupuestario Europeo», que reunieraa los diputados de las comisiones de finanzas y deasuntos sociales de los Parlamentos nacionales delos países que desearan mutualizar su deuda. EsteSenado tendría poder real sobre las decisiones deemisión de deuda común (lo que no impediría acada país emitir deuda nacional si lo desea, peroesta no estaría garantizada colectivamente). Elpunto importante es que este Senado tomaría sus

decisiones con mayoría simple, como todos losParlamentos, y sus debates serían públicos,transparentes y democráticos.

Esta es la gran diferencia con los Consejos deJefes de Estados, que tienden al statu quo y a lainercia, porque se apoyan en la unanimidad (ocuasiunanimidad) y se limitan en esencia aconciliábulos privados. Por lo general, no se tomaninguna decisión, y cuando por milagro emerge unadecisión unánime es casi imposible saber por quése la tomó. Es en definitiva lo contrario de undebate democrático en un recinto parlamentario.Hoy en día negociar un nuevo tratado europeo queconsista en permanecer en una lógicaintergubernamental pura (con la única y simplemodificación de pasar de una regla de decisión del100% a una del 85% en el seno de los Consejos deJefes de Estado) no está a la altura de lascircunstancias. Y, evidentemente, no permite creareurobonos, lo cual requiere mucha más audacia enel plano de la unión política, audacia a la que los

alemanes parecen mucho más dispuestos que elpresidente francés (que acaba de alabar una vezmás la lógica intergubernamental pura, mientrasque la Unión Demócrata Cristiana alemanapropuso la elección de un presidente europeo porsufragio universal). Habría que tomarlos en serioen este tema y formular propuestas precisas. Enesto consiste el gran desafío.

Parte I

Gestionar al borde del abismo:crónicas del mal gobierno

Reforma impositiva: ¡olé!

12 de septiembre de 2005

El 14 de julio Jacques Chirac anunció que en 2006dejaría en suspenso la baja del impuesto a lasganancias (IG) «para consagrar todos los mediosdisponibles a la lucha contra el desempleo». El 1ºde septiembre, Dominique de Villepin[8] confesósus intenciones de… ¡retomar la tendencia a labaja a partir de 2007! ¿Se trata de un simplemanejo para recargar energías en 2006 y mejorarla relación con los electores-contribuyentes en2007? No parece tan claro si se toman en serio lasdeclaraciones del primer ministro. Al anunciar suobjetivo de suprimir las exenciones del 10 y el20% y de revisar completamente el cálculo paravolver más legible el impuesto, Villepin abrió elcamino para una reforma ambiciosa del IG, muy

diferente de lo hecho estos últimos años, en loscuales simplemente se bajaron las tasas, lo queconstituye un típico ejemplo de no reforma.

Recordemos los fundamentos del problema.Tras noventa años de disputas presupuestarias, elIG francés logró ser menos significativo que encualquier otro país desarrollado (apenas más del3% del PBI, contra el 5% de hace veinte años y el7-8% por lo menos en cualquier otro lado), pero almismo tiempo las tasas son incomprensibles y enapariencia muy elevadas para niveles de ingresopoco considerables: por ejemplo, el 28,26% en lafranja que va de los 15 004 a los 24 294 euros; el 37,38% para la comprendida entre los 24 294 ylos 39 529 euros, etc., y el 48,09% para losingresos por encima de los 48 747 euros (cálculode 2005). Tal proeza se debe a que estas tasas seaplican, no sobre el ingreso real, sino sobre el«ingreso imponible por partes»: se empieza poraplicar, de la mayoría de los ingresos, exencionesdel 10 y del 20%, lo que da el ingreso imponible,

y luego se lo divide por el número de partes: 2,5partes para una pareja con un hijo, 4 partes parauna pareja con tres hijos, etc. Además, las tasas nose aplican a la totalidad del ingreso, sino solo a lafracción comprendida en cada franja: es el oscurosistema, fuente de incomprensiones, del cálculollamado «en tasa marginal». Cuántas veces hemosescuchado que los contribuyentes se preocupan(equivocadamente) porque van a «saltar unafranja» dentro de poco tiempo y van a serafectados por una pérdida neta del ingresodisponible… Si agregamos a esto la inverosímilacumulación de mecanismos de reducción deimpuestos y de nichos fiscales, llegamos a unsistema ilegible, por el cual los ciudadanos sonincapaces de hacerse una idea simple de quiénpaga qué. Resultado: todo el mundo se consideravíctima de un sistema opaco y sospecha que elvecino saca un mejor partido de los dispositivosen vigor. El IG atrajo fantasmas que contaminan eldebate fiscal francés.

No hay duda de que, para salir de estemarasmo, es necesario suprimir las exenciones del10 y del 20% e integrarlas en el cálculosimplificándolo, como propone Villepin. Pero parareconciliar a los franceses con un impuesto alsalario no alcanza con «reducir el número deescalafones de siete a cuatro». Para que por fin elIG se vuelva comprensible, resulta necesario salirdel sistema en tasa marginal y expresar el cálculoen términos de un índice efectivo directamenteaplicable al ingreso real. Tomemos el ejemplo deuna pareja con un hijo que gana 60 000 euros poraño. Su tasa efectiva es hoy del 8%, es decir, pocomenos de 5000 euros de impuesto. Esta tasa es laque debe figurar en el cálculo para este nivel deingreso, y ninguna otra. Con 130 000 euros deingreso anual, la tasa efectiva es actualmente del15%, luego sube al 30% para 300 000 euros, al40% para 1 000 000 de euros, y a cerca del 50%para 5 000 000 de euros. Entre estos puntos, bastacon trazar líneas rectas: por ejemplo, alcanza con

decir que la tasa efectiva pasa progresivamentedel 8 al 15% entre 60 000 euros y 130 000 euros,es decir, el 1% más cada 10 000 euros. Si seexpresa el cálculo de este modo, cada uno podráhacerse una idea de quién paga qué y estará encondiciones de constatar que es preciso alcanzaringresos de varios centenares de miles de eurospara hacer frente a tasas efectivas que rondan el 25o el 30%, contrariamente a lo que el cálculo actualhace pensar.

Una reforma de esta naturaleza permitiríaretomar el debate democrático: algunos juzgaránque la tasa efectiva del 50% aplicada a losingresos de 5 000 000 de euros debe ser rebajadaal 40%; otros, que la tasa del 8% aplicada a losingresos de 60 000 euros debe ser reducida al 7%,y todos estos debates podrán llevarse a cabo contransparencia. Un sistema de cálculo de este tipo,expresado directamente en términos de tasaefectiva, ya se aplicó en varios países y, sobretodo, en Francia de 1936 a 1942. Introducido por

el Frente Popular con especial énfasis en latransparencia democrática, fue suprimido duranteel gobierno de Vichy, con el argumento de que era«demasiado transparente», y se pasó a los cálculosen franjas de índices marginales, a tal punto quecasi hemos olvidado que existía otra manera deproceder, netamente más satisfactoria desde unpunto de vista cívico. Para este primer ministropleno de lirismo, que expresó el deseo de un IGpor fin comprensible para los ciudadanos, ¡he aquíun precedente histórico capaz de ponerle un pocode sal a un ejercicio de reforma fiscal más biengris!

¿Hay que aplicar un impuesto alvalor agregado?

30 de enero de 2006

Al anunciar su voluntad de reformar lascontribuciones patronales a partir de 2006,Jacques Chirac logró sorprender a todos ypreocupar a algunos, sobre todo en el seno de supropia mayoría y de la organización patronal (elMovimiento de Empresas de Francia MEDEF).

En el fondo, los argumentos esgrimidos parajustificar el recurso al valor agregado de la basetributaria para financiar las cargas de salud y lasasignaciones familiares son clásicos e irrefutables.Tales cargas financian prestaciones (reembolsosde prestaciones de salud, subsidios familiares) quedesde hace mucho tiempo se han vueltouniversales: conciernen al conjunto de los

ciudadanos y residentes franceses y no tienen nadaque ver con el «salario extra» acordado a losempleados que eran jefes de familias numerosas en1945. No tiene sentido seguir financiando solo conlos salarios tales prestaciones, que deberíandepender de la solidaridad nacional, sobre todo enun momento en el que el trabajo se encuentrasobregravado y en el que se busca favorecer lacreación de empleos. Como señalaron Chirac y elministro de Seguridad Social Philippe Bas, estareformulación de los aportes patronales medianteuna «contribución sobre el valor agregado» (CVA)es la prolongación directa de la contribuciónsocial generalizada (CSG) que creó MichelRocard en 1991[9]. Rocard había extendidoentonces la base tributaria de las deduccionessalariales de salud y familiares hacia el conjuntode los ingresos. Esta filiación rocardiana, depronto reivindicada, puede sorprender: perodemuestra que ciertos procesos prolongadospueden imponerse a la manía de anulación y

ruptura cíclica, lo cual resulta más bientranquilizador.

Lamentablemente, en cuanto nos enfrentamos alas cuestiones prácticas que surgen con la CVA, elasunto se vuelve más complicado. Anunciada porLionel Jospin en 1997, esta reforma fue enterradacon rapidez luego de que el Informe Malinvaud[10]

denunciara los riesgos de un aumento de la presiónfiscal sobre las empresas. De hecho, el valoragregado de una empresa se define como ladiferencia entre el valor de sus ventas y el valorde los insumos intermedios comprados a otrasempresas. Por definición, es igual a la suma de lamasa salarial y del «excedente bruto deexplotación», que es el beneficio bruto restante dela empresa luego de pagar los salarios. El pasajede un aporte patronal basado solo en los salarios aun aporte basado en el valor agregado conducenecesariamente a un aumento de las deduccionesimpuestas a los beneficios de las empresas, y debeser asumido como tal: se trata precisamente, tal

como ocurría con la CSG, de extender la basetributaria de las cargas sociales con el fin dedetener (parcialmente) la gradual destrucción delos impuestos directos que pesan sobre losingresos del capital. Pero tampoco hay queexagerar los riesgos económicos ligados a talestransferencias. En promedio, la masa salarial(incluidas las contribuciones) representa dostercios del valor agregado de las empresas. Si sereemplaza 1 punto de la contribución basada en lossalarios por 0,6 o 0,7 punto del valor agregado(nadie espera que esta reforma, si se produce en2006, vaya más allá de 1 punto), las empresasganadoras serán las que tengan una mano de obramás intensiva que la media, y las perdedoras, lasde los sectores más capitalistas, como el de laenergía. En la práctica, esta grilla abarca demanera imperfecta el carácter más o menosinnovador de las empresas: por ejemplo, existennumerosas sociedades de servicios que sonigualmente intensivas en salarios (altos). En

cualquier caso, más allá de este efecto en lossalarios, todas las empresas verán bajar el costorelativo del trabajo y es poco verosímil que elefecto en el empleo sea globalmente negativo.

Otra fuente de confusión tiene que ver con elhecho de que las deducciones agregadas sonpercibidas de manera muy diferente según sededuzcan directamente de la suma de los salarios yde los beneficios (el MEDEF se queja entoncespor las empresas) o bien indirectamente de ladiferencia entre el valor de las ventas y el de losinsumos intermedios, como lo hace la CVA (laConfederación General del Trabajo se preocupaentonces por los consumidores). Sin embargo, laincidencia final de la CVA y del IVA es claramentela misma: en los dos casos, la deducciónrepercutirá parcialmente sobre los precios (lo cualpermite, como es deseable, que contribuyan losjubilados); y parcialmente también en el capital yen el trabajo en tanto factores de producción. Laúnica diferencia clara es que el IVA permite gravar

a las empresas extranjeras que venden en Francia,mientras que la CVA grava a las empresasfrancesas que venden en el extranjero. La otraventaja de la opción IVA social es que la basetributaria ya existe. Si se abandona estaalternativa, la única solución viable consisteentonces, sin duda, en introducir una CVA basada,grosso modo, en la suma de los salarios y de losbeneficios netos sometidos al impuesto sobre lassociedades. El principal riesgo que amenaza unareforma de estas características es la necesidad deinventar una base fiscal completamente nueva ydifícil de controlar, lo que conduciría a grandescreaciones de empleo en las consultoras fiscalesencargadas de evadirla así como a resultadoslamentables.

El Partido Socialista hace la«plancha» fiscal

29 de mayo de 2006

El Partido Socialista comienza a dar precisionessobre su programa 2007-2012. El proyecto debeestar terminado este 6 de junio, y deberá seraprobado por los militantes el 22. Una vez queello ocurra, en principio, el programacomprometerá al candidato socialista para laselecciones presidenciales, sea quien fuera. Estosdocumentos programáticos suelen estaratravesados por una dimensión fuertementeretórica. Por lo general el objetivo es elaborarpropuestas en apariencia consistentes y múltiples,evitando al mismo tiempo formularlas condemasiada precisión, para preservar así el máximomargen de maniobra una vez en el poder. En lo que

respecta a los temas difíciles, la guerra entre jefessocialistas impide asumir posturas claras: esprobable que el programa se contente con indicarque la ley impulsada por François Fillon[11] sobrelas jubilaciones debe ser «revisada», sin másprecisiones. Respecto de los temas supuestamenteconsensuales, es el momento de afirmar grandesprincipios: la escuela debe ser laica y favorecer elempleo, etc. El compromiso de reducir a 18 lacantidad de alumnos por aula en las zonas deeducación prioritaria (ZEP[12]), que hasta hacepoco parecía una cuestión acordada, se transformóahora en una propuesta que apunta a «concentrarlos recursos en los territorios que acumulan todaslas dificultades»: menos precisión y, por lo tanto,menos compromisos. Sobre la reforma de losaportes patronales, la fórmula que se utiliza ahora(«favorecer a las empresas que contratan personalcambiando el modo de cálculo de los aportespatronales») brilla igualmente por su imprecisión.Uno puede temer que la notable unanimidad que se

exhibió respecto de este tema durante el congresopartidario no llegue a ninguna reforma deenvergadura, como en 1987. A menos que elgobierno de Villepin[13] elija volver a poner sobrela mesa las propuestas de Jacques Chirac, quien,en su mensaje al país a fines de 2006, se pronunciócon claridad a favor de una contribución sobre elconjunto del valor agregado de las empresas (y yano únicamente sobre los salarios). Otra vez a laorden del día, esta medida, apoyada por lossindicatos pero conflictiva en el seno de laderecha tanto como en el de la izquierda, podríatransformarse tranquilamente en uno de loselementos centrales del debate económico y socialde 2007.

La propuesta más audaz formulada en laactualidad por el PS es la fusión entre el impuestoal salario (IS) y la contribución socialgeneralizada (CSG). No nos engañemos: comotodas las grandes reformas fiscales, una reformade este tipo es cualquier cosa menos técnica.

Aunque deseable en el fondo, esta medida implicacuestiones sociopolíticas fundamentales y no tieneoportunidades de ser adoptada a menos que setome conciencia de su importancia y que un vastodebate democrático preceda su aplicación. Paracomenzar, advertimos una cuestión ligada a lanaturaleza familiar o individual del impuesto. LaCSG es un impuesto estrictamente individual: solodepende del ingreso de la persona afectada y no delos ingresos de otros miembros del hogar o delnúmero de hijos. Esta falta de consideración de lasituación familiar fue lo que condujo al ConsejoConstitucional a anular las exenciones de la CSGpara los salarios bajos, lo que llevó al gobierno deJospin a crear la prima por el empleo (PPE[14]).Por su parte, el impuesto a la riqueza (IR) secalcula para los hogares con ayuda de toda unabatería de dispositivos legislativos que permitendistinguir entre las parejas casadas y las unidascivilmente mediante el Pacto Civil deSolidaridad[15], las falsas familias monoparentales

y los verdaderos concubinatos, cuándo unapersona tiene hijos a cargo y cuándo no, etc. Parafusionar estos dos impuestos, habría que elegir. Ysi la vía más satisfactoria es la de unaindividualización del Impuesto a la Riqueza(acompañado por una reforma de las asignacionesfamiliares), está claro que no se podrá hacer en undía, como lo demuestra el precedente de lasreformas fiscales del período 1948-1959.

Finalmente, hicieron falta más de veinte añospara fusionar la «tasa proporcional» (casiindividualizada) y la «recarga progresiva»(familiarizada) en un impuesto sobre el salarioúnico.

Pero la ahora posible fusión IS-CSG conllevaun problema aún más fundamental. La CSG es unimpuesto asignado a fines específicos, en elsentido en que sus ingresos financianesencialmente un gasto público bien determinado:el seguro de salud. Los sindicatos lo defienden conahínco, pues garantiza el buen nivel de

financiamiento del sistema de salud de losfranceses. De hecho, el estar afectada a un finespecífico hace imposible bajar la CSG: todopolítico que proponga una disminución deberíaexplicar de inmediato cómo piensa hacer parareducir en la misma proporción los gastos desalud, ejercicio peligroso si los hay.

El problema es que el precio a pagar por esta«santificación» de los gastos de salud esexorbitante: el IS está destinado a financiar unvasto conjunto indistinto de gastos diversos, y a lolargo del tiempo se volvió un «impuesto a bajar»,mientras que solo aporta poco más del 3% delPBI, es decir, entre dos y tres veces menos que entodos los otros países desarrollados.

Una fusión progresiva del IS y el CSG, queaplique la retención en origen, es sin duda la únicamanera de salir de la impasse en que se encuentraactualmente el debate fiscal francés.

Impuestos afectados a finesespecíficos, campo minado

26 de junio de 2006

La cuestión es tan vieja como las finanzaspúblicas: ¿los impuestos deben estar destinados alfinanciamiento de gastos públicos específicos otienen que alimentar el presupuesto general? Enteoría, la doctrina tradicional es clara: lasdeducciones afectadas a gastos específicos son unapuerta abierta a la demagogia y al populismo ydeben ser excluidas. En la práctica, la realidad esmás compleja.

Los impuestos que alimentan el presupuestodel Estado —impuesto al salario (IS), IVA,impuesto a las empresas (IE), etc., es decir, el16% del PBI de Francia— respetan, es verdad, elprincipio de no afectación: los diputados no

pueden decidir que el IS vaya a las escuelas, elIVA a las Fuerzas Armadas, etc., y sin duda esmejor así. Del mismo modo, los impuestosdestinados a las administraciones locales (cercadel 5% del PBI) no están, por lo general, afectadosa gastos particulares. Las deducciones, sobre todolas cargas sociales y la contribución socialgeneralizada (CSG), que financian la seguridadsocial, en cambio, se ubican claramente en lalógica de las deducciones afectadas a finesespecíficos: ciertos aportes alimentan cajasdedicadas a la jubilación, a los subsidios dedesempleo, al seguro de salud, a las prestacionesfamiliares, etc. Las deducciones afectadas de estemodo a la seguridad social representan el 21% delPBI, es decir, el equivalente a todos lospresupuestos del Estado y de las administracioneslocales reunidos.

Este tipo de afectación está concebido para losaportes previsionales y de desempleo, que siguenuna lógica contributiva: el derecho a la jubilación

y a los subsidios para los desempleados se nutrende las contribuciones acumuladas por losasalariados, y estas cuentas deben permanecerseparadas de otras deducciones. Pero la lógica esmenos evidente en lo que concierne a los aportesde salud y las asignaciones familiares, quefinancian prestaciones universales desde hacemucho tiempo, como el reintegro de consultas ymedicamentos, los subsidios familiares, lossubsidios a los hogares monoparentales, etc. Estosgastos conciernen al conjunto de los ciudadanos yresidentes franceses, independientemente de losaportes pagados, y se basan en una lógica desolidaridad nacional y de derechos fundamentales,al igual que numerosos gastos del presupuestogeneral del Estado, por ejemplo en el campo de laeducación.

Por ello, los actores sociales están muyapegados a esa lógica de deducciones afectadas aun fin específico, pues consideran que solo ellapermite que los franceses dispongan de un seguro

de salud de calidad. En otras palabras, si el segurode salud se financiara a partir del presupuestogeneral, como sucede en el Reino Unido y otrospaíses, los franceses tendrían un sistema públicode tan mala calidad como el de los británicos. Elargumento es coherente y no puede descartarse conligereza. Por ejemplo, es indudable que lo quevuelve imposible bajar la CSG es su condición deimpuesto afectado a un fin específico: todopolítico que proponga su disminución deberíaexplicar inmediatamente cómo hará para reducirlos gastos de salud. Por suerte, nadie se arriesga aeste peligroso ejercicio.

Pero esta misma lógica explica también lasreducciones sucesivas de los impuestos de Estado,que solo financian un conjunto indistinto de gastosdifícilmente identificables. Nadie se movilizacontra la disminución del IS y del IE, aunque estosimpuestos contribuyen a financiar escuelas,universidades, etc. Dicho de otro modo, el hechode sacralizar ciertos gastos tiene consecuencias

negativas para otros, a veces igualmenteindispensables.

El debate es complejo, pero podemos estarseguros de una cosa: la arquitectura global denuestro sistema no está preparada para cambiar. Y,a partir del momento en que se conservandeducciones afectadas a las ramas de salud yfamilia, la solución correcta sería que lasdeducciones sacralizadas no solo se apoyaran enel trabajo, sino en una base fiscal lo más ampliaposible. No tiene ningún sentido seguir haciendopesar únicamente sobre el salario elfinanciamiento de los gastos que dependen de lasolidaridad nacional, sobre todo en un momento enel que el trabajo se encuentra ya sobrecargado deimpuestos y en el que se busca favorecer lacreación de empleo. Por eso, más allá de lasdiscusiones técnicas sobre sus modalidades(como, por ejemplo, una contribución patronalgeneralizada que gravite sobre los salarios y losbeneficios —sin duda el mejor compromiso

técnico y político—, una contribución sobre elconjunto del valor agregado, el denominado IVAsocial), la ampliación de la base de aportespatronales sería sin dudas una buena reforma. Seubicaría en continuidad directa con la CSG, creadaen 1991 para extender la base de aportes de saludy familiares de los salarios al conjunto de losingresos. Y si, tal como piensan ciertoseconomistas, toda tentativa de gravar losbeneficios está destinada al fracaso en el actualcontexto internacional, siempre será posible bajarel impuesto sobre sociedades más rápidamente delo previsto. Al menos habremos logradosensibilizar a los actores sociales y a losciudadanos sobre el problema central de laarmonización fiscal europea y sobre el hecho deque el actual sistema de deducciones afectadas aun fin específico no hace más que exacerbar lastendencias que operan hoy en Europa (impuestoscrecientes al trabajo, sobre todo al pococalificado, y desgravación progresiva del capital y

del trabajo altamente calificado).

Exigible… pero ¿eficaz?

15 de enero de 2007

¿El solo hecho de proclamar el derecho exigible ala vivienda[16] constituye un medio eficaz paramejorar las condiciones habitacionales de los másdesfavorecidos? Muchos observadores son, apriori, escépticos. No basta con proclamar underecho para que se realice. El derecho al empleo,enunciado por la Constitución de 1946, nocontribuyó en nada a bajar el desempleo. Paraayudar realmente a los más desfavorecidos, no escuestión de contentarse con afirmar principios, esnecesario movilizar los recursos que permitanfinanciar políticas adecuadas, como por ejemplolas construcciones públicas o los subsidios para lavivienda. Proclamar la existencia abstracta dederechos iguales para todos —algo que se hace sin

mucho esfuerzo— es a veces una manera dedispensarse de pagar las tasas y transferenciasfiscales que permitirían al menos atenuar ladesigualdad real de las condiciones de vida.

En el caso del acceso a la vivienda, elproblema es más complicado de lo que parece, enla medida en que las políticas clásicas hanmostrado sus límites. Hasta los años setenta, elEstado tomaba directamente a su cargo grandesprogramas de construcción de viviendas sociales,con ciertos aciertos pero también con fracasosbochornosos, como lo atestiguan varios móduloshabitacionales y monoblocks hoy destruidos.

Desde las décadas de 1970 y 1980, laprioridad ha pasado de la ayuda al sectorinmobiliario a la ayuda a las personas, bajo laforma del aumento progresivo de subsidios para lavivienda destinados al conjunto de los hogaresmodestos, que buscan solventar la demanda deestos tanto en el mercado privado como en elámbito de las viviendas sociales. Los subsidios

para la vivienda se volvieron así la transferenciasocial más importante del sistema francés: en2006, totalizaron cerca de 15 000 millones deeuros, es decir, casi dos veces más que el seguromínimo de desempleo y la prima por el empleo[17]

juntos. Lamentablemente, el balance es ambiguo.Como lo demuestran los trabajos de GabrielleFack, las diferentes reformas del sistema permitenestimar que alrededor del 80% de los subsidiospara la vivienda repercutieron en el aumento delprecio de los alquileres, sin una mejora sensiblede la calidad. Este resultado decepcionante pareceexplicarse por la poca elasticidad de la oferta deviviendas: la reacción de la construcción privadaa estas nuevas motivaciones fue ínfima.

Ante tales fracasos, se exploran víasalternativas. ¿Qué puede aportar el derechoexigible a la vivienda? El espíritu de lasasociaciones y comisiones que trabajaron sobreeste tema es dar la posibilidad a quienes tienenproblemas habitacionales de realizar una demanda

en la esfera administrativa más pertinente, en estecaso las administraciones locales. A cambio, aestas se les confiarían atribuciones másimportantes en materia de políticas de vivienda,sobre todo en lo que concierne a la ayuda a laconstrucción (ayuda al sector inmobiliario para lasviviendas sociales y mejoras de las viviendasprivadas), así como a la asignación de lasviviendas y a los requisitos que deberían cumplirlos interesados.

Desde esta perspectiva, la puesta en marchadel derecho exigible a la vivienda podríaclarificar las responsabilidades de los diferentesactores públicos y concentrar los medios en elnivel adecuado. Lo cual podría relanzar laconstrucción, que es la clave de todo, como lomuestra la experiencia de los subsidios para lavivienda. En efecto, si la intervención pública esperfectamente legítima para la producción de unbien tan particular y complejo como la vivienda,¿no sería necesario organizarla de manera más

eficaz, aunque más no sea por razonesurbanísticas?

Cabe esperar además que la instauración de underecho exigible a la vivienda conduzca a unafuerte movilización de procedimientos de recursosen el nivel local. La idea de que unajudicialización de las políticas económicas ysociales pueda funcionar es relativamente ajena ala tradición francesa, pero ya ha sido probada enel extranjero.

En la India, el derecho a una comidanutritivamente equilibrada en las escuelas se havuelto realidad tras un fallo de la Corte Supremaen 2001 y varios recursos presentados porasociaciones ante los estados y las colectividadesde la India. Este ejemplo recuerda que unamovilización de este tipo solo puede producir unresultado positivo si la naturaleza del derechoexigible se define de manera muy simple. En elcaso del derecho exigible a la vivienda, seránecesario definir las condiciones (de superficie,

alquiler, ubicación de la vivienda) que permitandeterminar si una familia cuenta con una viviendaaceptable o no. Es imposible tomar un solocriterio, como por ejemplo el alquiler en el casodel escudo fiscal («no se permite un alquilersuperior al 25% del ingreso») que propuso elPartido Socialista. Que las condiciones deaplicación de los recursos sean claramentedelimitadas y comprendidas por todos es el mayordesafío a afrontar para demostrar la viabilidad delderecho exigible a la vivienda.

Propietarios: la subvenciónabsurda

4 de junio de 2007

Hablemos claro: la reducción del impuesto a losintereses de los préstamos prevista por el gobiernodel primer ministro Fillon encarna el clientelismopolítico y la ineficacia económica. A priori,subvencionar la vivienda no tiene nada deabsurdo. Si el mercado subproduce un bienparticular, ya sea porque los hogares subestiman suvalor (por ejemplo, si los padres no toman encuenta la importancia de la vivienda en eldesarrollo de los niños) o porque el proceso deproducción correspondiente es objeto de unaineficacia particular, es legítimo subvencionarlo,sobre todo deduciendo el gasto que corresponde alingreso imponible. De todos modos, hay que estar

seguros, pues de lo contrario se corre el riesgo deque el impuesto favorezca nichos fiscales de todanaturaleza, con la consecuencia de un aumentoconfiscatorio de las tasas que se aplican a la basefiscal restante. Pues bien, todo nos hace pensar quela medida sobre los intereses de los préstamoscorresponde a esta segunda lógica.

Desde el punto de vista económico, no tienemayor sentido deducir los intereses de lospréstamos pagados por los propietarios sinautorizar igualmente la deducción de los alquilerespagados por los inquilinos (salvo si se gravanalquileres ficticios, es decir, valores locativos deviviendas ocupadas por sus propietarios, lo queera el caso hasta los años sesenta). Si se deseasubvencionar la vivienda, poco importa que elpago del servicio de vivienda tome la forma deintereses o de alquileres. Así, la medida deSarkozy no es una subvención a la vivienda, sinouna subvención a los propietarios en cuanto tales,algo que no tiene una justificación económica muy

clara. ¿Por qué el poder público debería gastar susescasos recursos en favorecer a los que compransus autos en lugar de favorecer a aquellos quealquilan? Sobre todo teniendo en cuenta que enFrancia ser propietario de una vivienda suele estarasociado a la inmovilidad y no al dinamismoeconómico, dado el impuesto extremadamenteelevado que se aplica a la venta de viviendas (másdel 5% a pesar de la baja de 1999). Este impuestoabsurdo equivale a la idea de un impuestodestinado a los que cruzan la calle, y habría quesuprimirlo de manera prioritaria para dinamizar lamano de obra y el mercado de la vivienda enFrancia.

La experiencia muestra que el rendimientoeconómico de los incentivos fiscales para lavivienda es extremadamente débil. Todas lasevaluaciones disponibles indican (ya sea que setrate de subvenciones a las viviendas paraalquiler, de subsidios para la vivienda… o de ladeducción de intereses de los préstamos que se

practicó en Francia hasta 1997) que estas ayudasse trasladan de manera casi integral a la inflacióninmobiliaria, sin impacto real en la construcción nien las condiciones de las viviendas. GabrielleFack puso en evidencia que el 80% de losincrementos de las subvenciones a la viviendafueron absorbidos por los aumentos de losalquileres. El mismo mecanismo se aplicaráprobablemente a los intereses de los préstamos.Por una simple razón: estos incentivos generan lailusión de que los hogares son más solventes yaumentan su demanda de vivienda; pero, teniendoen cuenta la poca elasticidad de la oferta y elbajísimo incremento del stock de viviendasdisponibles, esta demanda suplementaria alimentael aumento de los precios. Para tomar un casoextremo, toda subvención fiscal a la compra o alalquiler de tierra (un bien en cantidad fija) setransmite en un 100% a los propietarios iniciales.Y, en un país en el que todos están dispuestos apagar caro para vivir cerca de sus semejantes, la

vivienda es apenas más elástica que la tierra. Eldesafío actual es inventar nuevos medios de acciónque permitan relanzar la construcción deviviendas, en particular para quienes viven encondiciones precarias. Y, claramente, noimplementar nuevos incentivos fiscales al conjuntode préstamos en curso y al de viviendas yaadquiridas, ampliación inevitable dado que fue unapromesa electoral, pero que recarga el costo de lamedida en cerca de 5000 millones de euros poraño a cambio de un rendimiento casi nulo.

Como si fuera poco, Nicolas Sarkozydistribuye cheques por 5000 millones de euros conel mismo ritmo con el que antes visitaba lascomisarías de la policía. Eso es lo que costaráaproximadamente la exención impositiva de lashoras extra, medida tan insensata desde el punto devista económico (todas las horas de trabajo tienenel mismo valor, sobre todo las primeras paraaquellos que no tienen ninguna) como fiscal(llevará a manipulaciones sin fin) sin equivalente

en ningún otro país. Es lo que costará también lacasi supresión de los derechos de sucesión,política en extremo inicua que solo Bush yBerlusconi habían osado aplicar. Y el valorunitario del cheque dista de ser despreciable:5000 millones de euros es la mitad delpresupuesto total para la educación superior.

Esta política conduce a profundizar la deuda, aquemar todos los cartuchos presupuestarios encaso de cambios en la coyuntura y a dañargravemente las reformas futuras. Después detamaña generosidad, no es fácil explicarles a losenfermos que será necesario aplicar franquiciasmédicas[18] (sin mencionar el incremento del IVAque se anuncia); a los estudiantes, que la reformauniversitaria se hará con 1000 o 2000 millones derecursos suplementarios; a los ferroviarios, quedeben renunciar a su régimen especial, etc.

El IVA social, una mala respuesta

27 de agosto de 2007

El gobierno Sarkozy-Fillon, luego de varios demeses de tergiversaciones, parece decidido avolver a poner sobre la mesa la discusión sobre elIVA. El tema se presentó durante la primavera dela peor manera, inmediatamente después de que segastaran 15 000 millones de euros en regalosfiscales clientelistas e ineficaces (intereses depréstamos, el denominado escudo fiscal, horassuplementarias), es decir, el equivalente de dospuntos del IVA. Para los electores de laslegislativas, en estas condiciones, resulta difícil nosospechar que la derecha quiere financiar suspromesas electorales con un aumento del IVA.Sobre todo porque el gobierno Chirac-Juppé hizolo mismo en 1995, y el resultado fue la demolicióndel crecimiento en unos pocos meses. Tratemos de

olvidar por un instante este desperdicio de 15 000millones y consideremos el debate sobre eldenominado IVA social como lo que debería ser:no una manera indirecta de aumentar los ingresosdel Estado, sino una reforma compleja de laestructura de financiamiento de la protecciónsocial mediante ingresos constantes. ¿De qué setrata? Actualmente, la protección social descansacasi exclusivamente en los aportes que se deducende los salarios. Para un salario bruto de 100 euros,el asalariado percibe un ingreso neto de 80 (losaportes representan el 20%) y el empleador paga145 euros (45% de contribuciones). A largo plazo(«cuando todos estemos muertos», decía Keynes),in fine, los asalariados terminan pagando todas lascargas sociales; la prueba es que la parte de lossalarios (aportes patronales incluidos) en el valoragregado de las empresas (alrededor del 70%) essensiblemente el mismo en todos los países y entodas las épocas. De esta enorme masa de cargassociales, una generosa mitad corresponde a las

prestaciones llamadas contributivas (jubilación,desempleo), que reposan sobre los salarios, cosaque nadie discute: la retención es proporcional alsalario y, al final, los derechos son proporcionalesa las contribuciones. El problema aparece con lasegunda mitad, que financia las prestaciones delseguro de salud (dotaciones a los hospitales,reembolso de consultas y medicamentos) y lasprestaciones familiares (subsidios familiares,subsidios para familias monoparentales). Estasprestaciones se basan en una lógica deuniversalidad y de solidaridad nacional. No tieneningún sentido basar su financiamientoexclusivamente en el salario y acentuar así lapresión fiscal en el trabajo. Sobre todo en uncontexto de subempleo. De ahí el debate sobre laextensión de las retenciones para salud/familia.Debate que ya fue saldado a nivel de los aportessalariales con la creación de la CSG (contribuciónsocial generalizada) por parte del primer ministroMichel Rocard en 1991. Pero el debate no se

agotó para la patronal, y el financiamiento de lasramas salud/familia reposa sobre los aportespatronales más allá de los 18 puntos basadosexclusivamente sobre los salarios. De ahí laproposición recurrente de bajar progresivamenteestas retenciones y reemplazarlas por una tasadotada de una base tributaria más amplia, porejemplo el IVA. Visto de este modo, el IVA socialaparece como una respuesta posible a unverdadero problema, pero sin duda no es la másadecuada. Una mejor solución, promovida porcentrales sindicales como la ConfederaciónFrancesa Democrática del Trabajo, consistiría encrear una contribución patronal generalizada(CPG) que se financie sobre la base del conjuntodel valor agregado de las empresas, es decir,sobre la base de la suma de los salarios y lasganancias. Lo más simple sería retomar lasganancias sometidas al impuesto a las sociedades,lo que conduciría a una base tributaria dealrededor de 7000 millones de euros por punto de

CPG, lo mismo que un punto de IVA. De hecho, lasdos soluciones deberían ser equivalentes: el IVAgrava el valor agregado definiéndolo como ladiferencia entre los productos que una empresavende y los que compra, la CPG grava el valoragregado definiéndolo como la suma de ingresosque la empresa distribuye entre el trabajo y elcapital. Dejemos de lado la idea de que el IVAfracasaría totalmente en los precios que pagan losconsumidores, mientras que el CPG los gravaría al100%: en verdad, todas las tasas pesan en algunamedida sobre los precios y los ingresos, enfunción de la realidad económica de la basetributaria y del grado de competencia de losmercados de bienes, del trabajo y del capital en elsector correspondiente. Si IVA social y CPGdifieren en sus efectos económicos, es por razonesmás sutiles. El modo de deducción del IVA francésautoriza la deducción integral de los gastos deinversión, lo que de hecho deja exenta una buenaparte de los ingresos del capital. De manera

inversa, el IVA pesa mucho sobre los jubilados, adiferencia de la CPG. Finalmente, los bajossalarios están exentos de aportes patronales paraenfermedad/familia, y padecen directamente elaumento del IVA, mientras que la CPG permitemantener esta exención, que se aplica desde hacequince años, para disminuir la presión fiscal sobreel trabajo poco calificado. Para resumir: la CPGpermite un verdadero reequilibrio fiscal entretrabajo y capital, mientras que el IVA social haceque la cuenta la paguen los jubilados y losbeneficiarios del salario mínimo, lo que es socialy económicamente injustificado y se asemejamucho a otra política disfrazada: como lasjubilaciones están indexadas sobre los precios, lasarcas públicas acabarán por pagar una vez máscon una mano lo que tomaron de las jubilacionescon la otra. La única ventaja del IVA social,ampliamente publicitada por el gobierno, es elimpuesto a las importaciones y la exención de lasexportaciones, mientras que la CPG se basa

únicamente en los bienes producidos en Francia,cualquiera sea su destino. Pero subordinar unareforma fiscal de tal envergadura a este magrodiferencial no es serio: ¿podemos realmenteimaginar que vamos a competir con los textileschinos o indios gravando su precio con dos puntossuplementarios de IVA? Esta piadosa posturaproteccionista demuestra que sobre este tema,como sobre el conjunto del paquete fiscal, lasrespuestas que aportan Sarkozy-Fillonsimplemente no están a la altura de los desafíoseconómicos que enfrenta Francia en el marco de lamundialización.

Los misterios de la tasa al carbono

7 de julio de 2009

¿Alguien entiende algo de la tasa al carbono? Unbravo para quien lo logre: seguramente será unmilitante ecologista experimentado. Para el comúnde los mortales, los proyectos que se mencionanestán rodeados de misterios que, de momento, eldebate público no ha permitido aclarar. A nivel deprincipios, todo parece claro. Se trata de cobraruna tasa a todos los consumos de energía enfunción del volumen de emisión de CO2 que segenere en cada caso. Y, como si fuera poco, con un«doble dividendo»: al aplicar una mayor tasa a lasenergías contaminantes se podrá disminuir elimpuesto al trabajo, y revolucionar así nuestrosistema fiscal.

Las cosas se complican cuando se examinan decerca los proyectos concretos elaborados para

2010, que guardan un parecido y hasta seconfunden con un vulgar aumento del impuesto alcombustible, de los que ya hubo tantos en elpasado. De hecho, la nueva recaudación previstacon la tasa al carbono en 2010, es decir, cerca de9000 millones de euros, de los cuales casi 5000millones provienen del aumento del impuesto alcombustible de automóviles, permitirá apenascompensar la disminución de la recaudaciónregistrada estos últimos años sobre la TIPP (tasainterna a los productos petroleros), que pasó de25 000 millones en el bienio 2002-2003 a menosde 20 000 millones en la actualidad, debido al alzade los precios del petróleo y a la caída delconsumo. Recuperar estos ingresos perdidos es sinduda una buena idea, pero ¿es verdaderamenterevolucionaria? De hecho, la fiscalidad verdeexiste desde hace mucho tiempo en Francia: segúnestadísticas de Eurostat, las ecotasas representanen total cerca de 2,5 puntos del PBI (y la mitad enconcepto de TIPP), contra cerca de 3 puntos en

Suecia y en el promedio en Europa.Entonces, ¿qué es lo verdaderamente nuevo en

los proyectos actuales?En principio, una «tasa al carbono» exitosa se

distingue de la fiscalidad verde a la antigua en queestá totalmente guiada por objetivos ecológicoscoherentes y no por consideracionespresupuestarias o políticas. Esto tiene dosconsecuencias esenciales. Primero, es fundamentalque la tasa que se aplique a todas las energías seacoherente con la contaminación producida. Hastaaquí, Francia había aplicado un impuestorelativamente alto a la nafta, pero excesivamentebajo sobre todo al gas, al gasoil para usodoméstico y al carbón.

Luego, y fundamentalmente, una vez fijado yaceptado este marco general, la particularidad dela tasa al carbono es que aumentaría conregularidad a lo largo de las próximas décadas enfunción de una evaluación objetiva del costo de lacontaminación para la sociedad, costo medido por

el ya famoso «precio de la tonelada de CO2». Esteprecio ficticio se estima tomando en cuenta, a lavez, los costos ligados a la reducción de lasemisiones (por ejemplo, si plantar los árbolesnecesarios para absorber una tonelada de CO2 opara desarrollar una tecnología propia cuesta 100euros, entonces el precio de la tonelada se fija en100 euros) y los costos ligados a las emisiones(estimados en función de las previsionesclimáticas a largo plazo y de las consecuenciaspara la vida humana). En Francia, el informeQuinet sobre «el valor tutelar del carbono»propone llevar progresivamente el precio de latonelada de CO2 de 32 euros en 2010 a 100 eurosen 2030 y a 200 euros en 2050. En concreto, estoquiere decir que la tasa al carbono aumentaránotablemente. Estas cifras, demasiado inciertas,serán por supuesto revisadas y corregidas. Pero elpunto esencial es que la sociedad y los gobiernosfuturos se comprometan a hacerlas crecer conregularidad, con independencia de los azares

políticos y presupuestarios de corto plazo.Numerosos expertos señalan que esta tasa al

carbono virtuosa debe agregarse a las tasas verdesexistentes, y no sustituirlas. En particular, el nivelactual de la TIPP sería apenas suficiente paracompensar las otras poluciones ligadas alautomóvil (calidad del aire, embotellamientos,polución sonora), pero no las emisiones de gas conefecto invernadero. El argumento técnico sesostiene, pero debe ser explicado; de lo contrario,los contribuyentes podrían pensar que todo esto separece más a una doble penalización que a undoble dividendo.

Sobre todo porque el debate sobre lautilización de la recaudación de la tasa al carbonocomenzó realmente muy mal. Para empezar, lasempresas industriales se vieron exentas de lanueva tasa, con la excusa de que entran dentro delsistema europeo de cuotas de emisión. También eneste caso hay buenos argumentos técnicos a favorde este sistema dual de tasas y cuotas. Pero esto

socava potencialmente la aceptación social delconjunto del dispositivo, en la medida en que sesupone que estas cuotas, que por ahora se obtienende manera casi gratuita, no tendrán costo ni sesubastarán hasta 2013. En estas condiciones,proponer que desde 2010 se utilice la recaudaciónde la tasa al carbono para suprimir la tasaprofesional que pagan estas mismas empresasparece una provocación ideológicaparticularmente inoportuna.

El escándalo del rescate de losbancos irlandeses

7 de diciembre de 2010

Primero Irlanda fue un milagro, luego setransformó en un desastre y ahora está a punto deser un escándalo. Es increíble que la UniónEuropea preste unos 90 000 millones de eurospara salvar a los bancos y las finanzas públicasirlandesas sin exigir un incremento previo de losimpuestos a los beneficios de las empresas, hoy endía de un 12,5%, cuando deberían ser por lomenos del 25-30%. Primero, porque los bancos yotras empresas radicadas en Irlanda volverán aobtener beneficios en algún momento gracias alplan de rescate europeo. Lo menos que se puedeexigir es que estos beneficios paguen un porcentajesignificativo en concepto de impuestos. En

segundo lugar, y sobre todo, porque las estrategiasde desarrollo fundadas en el dumping fiscal estándestinadas al fracaso y son nocivas tanto para lospaíses vecinos como para aquellos que laspractican. Ya es tiempo de que la Unión Europeatome las riendas del caso y le ponga punto final, acambio de la estabilidad financiera que aporta alconjunto de la zona; a condición, claro, de que laaporte de verdad.

En todos los países europeos, las deduccionesobligatorias representan al menos entre un 30% yun 40% del PBI, y permiten financiar un nivelconsiderable de infraestructura, servicios públicos(escuelas, hospitales) y protecciones sociales(desempleo, jubilaciones). Si los beneficios de lasempresas solo pagan un 12,5% de impuestos, estono puede funcionar. A menos que se recargue enexceso el impuesto al trabajo, algo que no es nijusto ni eficaz, y que contribuye por otro lado aaumentar el ya considerable desempleo en Europa.

Digámoslo con claridad: dejar que los países

que se enriquecieron gracias al comerciointraeuropeo dañen la base fiscal de sus vecinosno tiene nada que ver con los principios de laeconomía de mercado o el liberalismo: se llamarobo. Y prestar dinero a personas que nos hanrobado sin exigir nada a cambio para que esto nose reproduzca se llama estupidez.

Lo peor es que el dumping también es nocivopara los pequeños países que lo practican. Cadapaís forma parte de un engranaje: como en lacarrera armamentista, a los irlandeses les convienemantener una tasa baja de impuestos a lasempresas dado que los polacos, estonios, etc.,mantienen baja la suya. Precisamente por eso laUnión Europea puede poner fin a este ridículojuego de suma cero. Es posible imaginar unimpuesto a los beneficios totalmente europeo, obien un sistema dual con una tasa mínima del 25%en cada país, completado por una sobretasaeuropea del 10%. Esto permitiría que la UniónEuropea retomara el manejo del aumento del

endeudamiento público creado por la crisis y dieraa las finanzas públicas nacionales la posibilidadde volver a empezar con el pie derecho.

Tomar las riendas es tanto más urgente cuantoque el dumping contribuyó directamente a laburbuja irlandesa y a la crisis actual. En particular,el dumping condujo a manipulaciones contablesmasivas y artificiales, que tornaron totalmenteilegibles los balances bancarios y las cuentasnacionales de Irlanda. Estas últimas están ahoraseriamente contaminadas por los enormes flujos detransfer pricing (que buscan localizar en Irlandalos beneficios que obtuvieron las filialesradicadas en otros países europeos) y cuyadimensión exacta nadie conoce. Esta opacidadcontable adquirió proporciones todavía máselevadas que las manipulaciones griegas de losgastos de armamento y déficit público. En los doscasos, Europa debe poner orden.

Pero no debe equivocarse de herramienta. Lainiciativa Merkel-Sarkozy, que consiste en suponer

que ciertas deudas públicas soberanas no sepagarán íntegramente (haircut), no es una buenaidea. Primero, porque si se quiere que los bancosy los tenedores de activos financieros paguen suserrores —lo que es altamente deseable—,entonces es mucho mejor proponer un haircutfiscal (se pagan las deudas, pero se grava laganancia financiera vía un impuesto a losbeneficios a nivel europeo), en lugar de un haircutsalvaje basado en la quiebra estatal de los bancos,proceso incierto y con consecuenciasimprevisibles que nadie sabe quién terminarápagando. Luego, y sobre todo, porque estaestrategia de los grandes países significa recrearun conjunto de tasas de interés diferenciadas sobrelas 27 deudas soberanas europeas, lo que no harámás que desatar una vez más la especulación.Estas medidas cuestionan la lógica misma de lamoneda única y el interés de los pequeños paísesen participar de ella. Es urgente que los dirigentesfranceses y alemanes adopten una perspectiva

europea ambiciosa para salir de la crisis actual.

Regular (de una buena vez) a losencuestadores

8 de marzo de 2011

Falta poco más de un año para la primera vueltade las elecciones presidenciales. Primero todaslas semanas y después todos los días, nos van asaturar con encuestas sobre las intenciones devoto. Cada hecho o gesto de los candidatos seráinterpretado con esa vara. El problema es que, apesar del tremendo error de 2002 (nadie predijoque el Frente Nacional pasaría a la segunda vueltaen lugar de Jospin), las encuestas siguen sin serreguladas como deberían serlo. En términosgenerales, todo el mundo puede publicar las cifrasque quiere, sin exhibir los márgenes de error y aúnmenos los «secretos de fabricación».

Si los legisladores asumen el desafío, la buena

noticia sería que llegó la hora de reforzar la leysobre las encuestas y la comisión parlamentariaque se ocupa de este tema. La primeramodificación que se impone es la de obligar a lasencuestadoras y a los medios a publicar losintervalos de confianza y ya no una única cifra porcandidato.

Tomemos como ejemplo un caso típico de unaencuesta basada en una muestra inicial de 1000personas, con un porcentaje de respuesta del 70%a la pregunta sobre las intenciones de voto (esdecir, 700 respuestas utilizables). Imaginemos elcaso más favorable para los encuestadores, ylamentablemente demasiado optimista, de unamuestra perfectamente representativa de lapoblación francesa, sin ninguna complicación enlas respuestas. Un cálculo de estadística elementalmuestra que el intervalo de confianza asociado atal encuesta es del orden del 4%.

Dicho de otro modo, si el candidato A obtieneun resultado del 51% en la segunda vuelta,

entonces el intervalo de confianza es igual a [49-53%]. Esto significa que existe un 90% deposibilidades de que el «verdadero» resultado (esdecir, el resultado obtenido si se hubiera sondeadoal conjunto de la población) esté comprendido enel intervalo [49-53%], y 10% de posibilidades deque esté por fuera de este intervalo. Inversamente,para el candidato B, que obtiene un resultado del49% en la encuesta, el intervalo de confianza esigual a [47-51%].

Con la nueva ley, los institutos y los mediosestarían obligados a publicar los dos intervalos[49-53%] y [47-51%] para los candidatos A y B(y ya no las cifras 51%, 49%). Se puede constatarasí que los intervalos se entremezclan, y que laencuesta finalmente no nos dice casi nada que seaconfiable. Esto va mucho más allá del reprochehabitual según el cual los sondeos son solo una«fotografía» de la opinión en un instante dado. Elhecho es que incluso si los electores no cambiarande opinión, la encuesta no sería creíble.

Publicar un intervalo de confianza para cadacandidato tendría un doble interés. Primero, uno sedaría cuenta de que la mayoría de las distanciasentre candidatos no son estadísticamentesignificativas. En particular, en el caso de laencuesta publicada el fin de semana pasado queubicaba a Marine Le Pen con el 23%, delante deMartine Aubry y Nicolas Sarkozy —igualados,ambos con el 21%—, es probable que todos losintervalos de confianza se solapen (¡para estoscandidatos como para cualquiera de los candidatossocialistas!). Dicho de otro modo, todo es posibley es hora de concentrarse en las ideas y losprogramas, más que en esperar las encuestas quereemplazan el debate democrático.

El segundo interés de una ley como esta es queobligaría por fin a las encuestadoras a divulgar losmétodos estadísticos que utilizan para obtener losdatos brutos. Las técnicas de obtención no sonilegítimas en sí: si se observa que las personas queanuncian un voto al Frente Nacional (FN) a los

encuestadores son sistemáticamente dos vecesmenos numerosas que los electores del FN el díadel voto, entonces se justifica multiplicar por dosel resultado del FN en el sondeo. El problema esque estos coeficientes de obtención varíanenormemente a lo largo del tiempo y según lasencuestas, y los institutos se obstinan en negarse ahacer público lo que consideran su «secreto defábrica».

Una charlatanería como esta no puedecontinuar. Podemos aceptar el argumento de quepublicar las cifras brutas en los medios al mismotiempo que las cifras promedio podría generarconfusión y que la exposición completa de losmétodos de obtención no puede hacerse en pocaslíneas. Pero es necesario, como mínimo, obligar alos encuestadores a subir a la web todos losdetalles de las cifras brutas y los métodosestadísticos utilizados. Por otra parte, esindispensable que el cálculo de los intervalos deconfianza tome correctamente en cuenta todos los

márgenes de error, y que sea posible verificarlopúblicamente. Y es aún más importante porque lasdiferentes técnicas de obtención pueden modificarmucho los intervalos de confianza señalados másarriba.

Para terminar, el efecto de una ley de este tiposería incitar a los encuestadores y a los medios apublicar menos encuestas y a argumentar sufiabilidad. Por ejemplo, al dividir por 5 lacantidad de encuestas, y si multiplicamos por 5 eltamaño de las muestras utilizadas (de 1000 a 5000personas), los márgenes de error serían 3 vecesmenores. El debate público ganaría así en calidady los encuestadores serían más creíbles.

Parte II

Crisis del capitalismo patrimonial:¿qué hacer?

¿Hacia una fiscalidadinternacional?

4 de abril de 2005

Para financiar los «objetivos del milenio», quepretenden reducir a la mitad la pobreza mundial deaquí a 2015, se estima que la ayuda pública parael desarrollo debería pasar de 50 a 100 000millones de dólares por año. Esta cifra tal vezparezca poco (menos del 0,3% del PBI mundial, esdecir, 40 000 millones de dólares), pero enrealidad es difícil de alcanzar si tenemos en cuentala avaricia de los países ricos, que deben darrespuesta además a sus reivindicaciones socialesinternas y a la demagogia antiimpositiva, que escada vez más fuerte.

Por eso, hoy en día surgen numerosasreflexiones sobre la necesidad de crear nuevos

recursos permanentes mediante una verdaderafiscalidad internacional. Impuestos a lastransacciones financieras, a las ganancias de lasmultinacionales, a la venta de armas, al transporteaéreo, etc.: la feria de ideas ya está oficialmenteen marcha, como lo muestra la reunión organizadael último jueves en el Ministerio de Economía porla Agencia Francesa del Desarrollo (AFD) conpresencia de varios de los actores implicados. Talsolución tendría además el mérito de estabilizarlos recursos disponibles para los países pobres (laayuda pública es muy volátil). Sobre todo, unaparte importante de los programas previstos en los«objetivos del milenio» corresponde a verdaderos«bienes públicos mundiales» (lucha contra lasepidemias, contra la polución, etc.) y es lógico quesu financiamiento exija impuestos mundiales. ¿Elfuturo del mundo pasará entonces por la creaciónde una fiscalidad internacional? Sí, sin duda, peroa condición de no equivocarse de objetivo.

En primer lugar, aun cuando la creación de

tales impuestos y los esfuerzos de los países ricospermitieran alcanzar los 100 000 millonesmencionados, sería ingenuo imaginar que estanueva ayuda internacional podría asumir por sísola el lugar de una política social en los paísespobres. En todos los países hoy desarrollados,incluidos por supuesto los Estados Unidos, elproceso de modernización y desarrollo se sostuvoen la construcción paulatina de una potenciapública capaz de movilizar de manera eficaz ydemocrática al menos el 30 o el 40% del PBI parafinanciar los gastos colectivos indispensables parael crecimiento económico: educación, salud,infraestructura. Muchos países subdesarrollados,sobre todo en África y en el sur de Asia, tienen unsector público desesperadamente pobre e ineficaz,y el principal desafío es ayudarlos a construir supropio modelo de Estado de bienestar. Como loseñalaba recientemente Jean-Marc Sévérino, no esposible ni deseable que las organizacionesinternacionales se vuelvan el empleador efectivo

de decenas de millones de maestros, enfermeras ymédicos necesarios en los países pobres, pues estoresquebrajaría el frágil proceso de construccióndel Estado en estos países. Una de las prioridadessería más bien ayudarlos a desarrollar unafiscalidad adecuada y dinámica (en muchos paísespobres las recetas fiscales representan apenas el10 o el 15% del PBI, como en Europa hace dossiglos, lo que permite apenas pagar a los militaresy a los policías). Se trata de algo que hapreocupado muy poco a las organizacionesinternacionales estos últimos quince años. Y esnecesario señalar que los países que han tomadoese camino (como China, donde el impuesto sobreel salario aportará el 5% del PBI dentro dealgunos años, ¡más que en Francia!), lo han hechosin nuestra ayuda.

Aun así, la creación de rudimentos defiscalidad internacional sería útil en los días quecorren. Y, una vez más, la historia del desarrollode los países ricos puede ayudar a no seguir

caminos equivocados. La larga evolución de lafiscalidad revela las mismas tendencias en todaspartes: se empieza por utilizar las bases fiscalessimples (derechos de aduana y otros impuestosindirectos sobre los intercambios) y luego, solo demanera progresiva, los Estados adquieren lacapacidad administrativa y la legitimidad políticanecesarias para impulsar impuestos más elevadose intrusivos, como el impuesto al ingreso o a lasganancias. Imaginar que vamos a comenzar lahistoria de la fiscalidad internacional creando unimpuesto mundial a las ganancias de las empresases pura ilusión: habría que comenzar porarmonizar las bases europeas del impuesto a lasganancias, algo que dista de ser un hecho. Elimpuesto del 0,01% sobre las operaciones decambio (que, según la Asociación por la Tasaciónde las Operaciones Financieras y por la AcciónCiudadana [ATTAC[19]], podría aportar 10 000millones de dólares) supone en cierto modo losmismos problemas. Se trata de una base fiscal

ampliamente manipulable de la cual habría queexcluir, además, toda operación a muy corto plazoque reporte menos del 0,01%, que un impuesto talharía desaparecer de inmediato (es decir, lamayoría de las operaciones de cambio, segúnJean-Pierre Landau[20], quien destaca que solo lainclusión del conjunto de operaciones de valoresmobiliarios podría reportar 10 000 millones). Alquerer arreglar todo al mismo tiempo, la famosa«tasa Tobin» corre el riesgo nada menor de noconcretarse nunca. Una solución menos glamorosapero más realista sería sin duda un impuesto sobrelos intercambios internacionales (el comerciomundial representa 10 billones por año, una tasade 0,1% reportaría los mismos 10 000 millones),que además podría comenzar a aplicarse inclusoantes de conseguir la adhesión de todos los países.

Sucesiones, la libertad impositiva

27 de febrero de 2006

La reforma de las sucesiones aprobada la semanapasada[21], a pesar de haber pasado casidesapercibida en este período atestado deactualidad, implica una serie de efectos concretospara millones de franceses. El objetivo de losdiputados es «simplificar las sucesiones». Se tratade terminar con las situaciones irresolublescreadas por las viejas rigideces de nuestro sistemade sucesión, y que solo han empeorado con laevolución de la sociedad. La ley prevé facilitar latransmisión directa a los nietos, adaptar lasdonaciones para los casos de las familiasreconstituidas o incluso pasar de la regla de launanimidad a la de los dos tercios para la gestiónde las indivisiones.

Se podría reprochar que el texto es demasiadotimorato y que solo propone cuasimedidas en unterreno en el que hace falta un buen sacudón desdehace mucho tiempo. En particular, el avance en elcaso del Pacto Civil de Solidaridad (Pacs[22]) esmuy tímido. El cónyuge sobreviviente dispondrádel derecho temporario de usar durante un año laresidencia común, lo que es poco en comparacióncon los derechos habitualmente atribuidos alcónyuge sobreviviente, al menos cuando se trata deun cónyuge legítimo y del sexo opuesto. No esabsurdo preguntarse si este derecho limitado (que,es cierto, ni siquiera existía cuando se creó elPacs) no es más bien un modo de alejar por untiempo a las parejas homosexuales del régimencomún.

De todos modos, si apuntamos a la cuestión dela simplificación y de las nuevas libertades, y noal falso problema de las contribucionesimpositivas, esta ley puede ayudar a orientar eldebate francés en la dirección correcta. Contra una

idea falsa, pero obviamente popular, el problemadel impuesto a las sucesiones no es su importe.Históricamente, las tasas aplicadas a lassucesiones en línea directa han sido relativamentebajas en Francia, con una tasa superior al 40%desde 1983 (en las décadas de 1960 y 1970 eradel 15-20%), solo aplicable a la fracción de lassucesiones superiores a alrededor de 2 millonesde euros (por heredero). Concretamente, el juegode exenciones hace que la tasa efectiva por unpatrimonio de un millón de euros, nivel alcanzadopor menos del 0,3% de los decesos, legado a uncónyuge y dos hijos, sea hoy de apenas el 15%. Setrata aquí de tasas relativamente bajas encomparación con las aplicadas en otros países.

Por ejemplo, se olvida a menudo que la tasasuperior del impuesto a las sucesiones en losEstados Unidos era del 77% entre las décadas de1940 y 1970, y que es del 55% desde los añosochenta, un nivel que nunca se alcanzó en Francia.Y si bien Bush prevé reducir progresivamente esta

tasa del 55% para llevarla al 0% de aquí a 2011(supresión total de la death tax), es poco probableque esta ley plurianual se revele viable, dadas lasencendidas críticas que esta política enfrenta enlos Estados Unidos, sobre todo entre los self-mademen, que no quieren que sus hijos se transformenen rentistas. En verdad, el principal problema delsistema francés es su extrema rigidez.

Del otro lado del Atlántico, el principio delibertad se encarna desde el punto de vista fiscalen la libertad absoluta acordada a los individuospara transmitir su patrimonio común como mejorles parezca: cualquiera que sea el vínculo entre eldonador y los herederos, las tasas del impuestoson las mismas y, además, relativamente elevadaspara los grandes patrimonios.

En Francia sucede lo contrario: si se tiene elbuen gusto de legar el patrimonio a hijos legítimos,y en partes iguales, entonces el impuesto es bajo.Pero si se intenta donar algo a una personaencantadora, conocida algunos meses antes de la

muerte, o incluso a una pareja del mismo sexo,entonces la furia del fisco se ensaña con elimprudente: las transmisiones en línea familiarindirecta (hermanos, hermanas, etc.) y entre noparientes son gravadas desde el primer centavocon tasas que van del 35% al 55% según el caso.Nuestro sistema de sucesión, impregnado de unamezcla de tradición católica y napoleónica,probablemente nunca haya sido un buen sistema.Pero con la evolución de las costumbres, elenvejecimiento, etc., se ha vuelto de verdadproblemático.

Estamos lejos de un sistema satisfactorio que,por otra parte, todavía no se ha inventado (lalibertad absoluta necesita sin duda de algunasrestricciones). Sin embargo, algunas disposicionesvotadas la semana pasada van bastante lejos en elsentido de la libertad testamentaria. Por ejemplo,la posibilidad que se da a un heredero derenunciar a su parte en beneficio de un hermano ouna hermana discapacitados, aunque pueda parecer

anodina, cuestiona profundamente el sacrosantoprincipio de la división en partes iguales entrehermanos y deja al descubierto el carácterliberticida del sistema anterior.

De manera más general, tal vez estaorientación permita hacer progresar la idea de queun buen impuesto es aquel que otorga al poderpúblico los medios necesarios para financiar losgastos colectivos, que lo hace de manera justa yprogresiva (en ocasiones, sumamente progresiva)pero, sobre todo, que alcanza estos dos objetivosdel modo menos intrusivo posible, tanto para laspersonas como para las empresas.

Se trata, en cierta forma, de una libertadimpositiva.

¿Hay que eliminar el impuesto alas sucesiones?

28 de agosto de 2006

El impuesto a las sucesiones, monumento veneradoy reformado una o dos veces por siglo, podríavolverse uno de los puntos centrales del debatepresidencial de 2007 en Francia. Desde haceveinte años, frente al temor que despierta elenvejecimiento generalizado de los dueños de lospatrimonios, las discusiones vienenconcentrándose sobre todo en el impuesto a lasdonaciones, es decir, las cesiones que las personasrealizan en vida y no en el momento de su muerte.Tanto la derecha como la izquierda implementarondiversas desgravaciones fiscales específicas, conel fin de incitar a los padres a transmitir sus bienesa sus hijos antes de que estos últimos se jubilen.

El debate está a punto de dar un giro muydiferente y claramente más radical. Luego de haberdisminuido fuertemente el impuesto a lassucesiones durante su paso por el Ministerio deEconomía en 2004, Nicolas Sarkozy defiendedesde entonces su supresión total. Último episodiohasta el momento: la nueva propuesta dedisminuirlo, formulada hace dos semanas por elministro de Presupuesto y apoyada por el partidogobernante —la Unión por un Movimiento Popular(UMP)— fue, al parecer, rechazada por el primerministro.

La orientación radical declamada por elpresidente de la UMP molesta incluso a la mayoríagobernante, ya que ignora las evoluciones que seprodujeron en el pasado. Alan Lambert, antiguoministro de Presupuesto de la UMP, señala porejemplo que sin el estímulo proveniente de losderechos de sucesión, el Estado no dispondría deherramientas para estimular la transmisiónanticipada del patrimonio, y agrega que «lo aterra

la idea de que el patrimonio francés sea mañanapropiedad de una mayoría de nonagenarios». Demanera más clásica, varios responsables de lamayoría, entre los cuales se cuenta el primerministro, se preocupan por el camino que sedespeja a la izquierda: resulta difícil pretenderdefender la igualdad de oportunidades y reclamaral mismo tiempo la abolición de los derechos desucesión, que desempeñan un rol esencial en lalimitación de la reproducción social desde laRevolución Francesa, y más aún desde la TerceraRepública, que los volvió progresivos en 1901. Enlos Estados Unidos y en Italia los intentos de Bushy de Berlusconi de abolir el impuesto a lassucesiones suscitaron fuertes resistencias, inclusoentre millonarios como Warren Buffert o BillGates, quienes se consideran self-made men y noquieren que sus hijos se transformen en rentistas.

De hecho, en oposición a una idea falsa peronecesariamente popular, el problema del impuestoa las sucesiones no es su nivel. Los ingresos

actuales, algo más de 7000 millones de euros en2006, es decir, 0,4 puntos del PBI, se sitúan enrealidad en niveles relativamente bajos entérminos históricos, a pesar de la insolente saludque conservan los dueños de dichos patrimonios.Estos últimos ciertamente aumentan, como maníacaconsecuencia de la suba continua de los activosinmobiliarios y bursátiles, así como del lentoproceso de reconstitución del patrimonio de loshogares luego de los impactos sufridos durante lasdos guerras mundiales. Los ingresos por elimpuesto a las sucesiones pasaron así de apenas 0,2 puntos del PBI en 1950 a 0,3-0,4 puntos delPBI en los años 1990-2000. Sin embargo,permanecieron levemente por debajo de losvalores de 1900, otro período afortunado para losactivos inmobiliarios y financieros. Por entoncessignificaban para el Estado cerca de 1 punto delPBI, antes incluso de la aplicación de laprogresividad. Y esto, pese a que el patrimoniototal de los hogares franceses recobró en los años

1990-2000 el nivel anterior a 1914, y se sitúa en2006 como el equivalente de cerca de cuatro ocinco años de PBI, igual que hace un siglo. Dichode otro modo, en 2006 los hogares poseen enpromedio patrimonios equivalentes a cuatro ocinco años de ingreso anual (es decir, por ejemplo,160.000-200 000 euros de patrimonio para uningreso anual de 40 000 euros; esto depende,claro, de la edad, de las herencias recibidas, etc.),al igual que los hogares de la belle époque. Quelos ingresos no hayan recobrado nunca su nivelanterior se explica por una serie de factores:múltiples exenciones y nichos fiscales acumuladosdurante décadas; envejecimiento constante de lapoblación y por lo tanto aumento de la duraciónmedia entre transmisiones, etc.

Para resumir, los patrimonios se portan hoy demaravillas y no existe ninguna justificacióneconómica sólida para reducir masivamente unimpuesto a las sucesiones, que ya aporta muypoco: entre dos y tres veces menos que hace un

siglo, mientras que el peso global de lasdeducciones se triplicó a lo largo del mismoperíodo, pasando de 15 a 45 puntos del PBI (sololas cargas al trabajo representan más de 20 puntos,y reducirlas de alguna manera sería más urgente silos márgenes de maniobra presupuestarios lopermitieran). El impuesto a las sucesiones mereceser debatido con seriedad, en particular paraabordar la cuestión de la prolongación de laexpectativa de vida y la extrema rigidez de lasleyes de sucesión francesas (el impuesto es leve enlínea directa, pero excesivo para los que no sonpadres, lo cual no facilita en absoluto lacirculación de las fortunas). Reducir masivamentesu peso solo dará más consistencia a la idea deque en el siglo XXI se afirma un hipercapitalismoque ni siquiera aplica los impuestos al capitalvigentes en el siglo XIX.

Dividendos: se cerró el círculo

22 de octubre de 2007

Con un aire falsamente técnico, el nuevo régimende deducciones liberadoras[23] al 18% de losdividendos, que adoptó la semana pasada lamayoría de la Unión por un Movimiento Popular,está cargado de sentidos. El impuesto progresivoal ingreso será imputado a partir de ahora casiexclusivamente sobre el impuesto al trabajo, y casitodos los ingresos del capital se veránbeneficiados por un régimen preferencial deimpuestos proporcionales, a valores reducidos.¡Qué paradoja, en un momento en el que se celebrala revalorización del trabajo!

¿Cómo llegamos hasta aquí? Cuando se creó elimpuesto general sobre el ingreso en 1914, lospatrimonios y sus beneficios eran tan prósperos

que a nadie se le hubiera ocurrido beneficiarloscon exenciones particulares. No solo todos losingresos del capital estaban íntegramentesometidos a una lógica progresiva (incluidos losalquileres ficticios, es decir, el valor de locaciónde las viviendas ocupadas por sus propietarios),sino que además podían caer en el régimen delimpuesto a las ganancias creado en 1917(antecedente del actual impuesto a las empresas),así como en el impuesto a los ingresos de valoresinmobiliarios (intereses de obligaciones ydividendos de acciones) instituido en 1872 y,desde entonces, elemento central del nuevo pactorepublicano. Los ingresos salariales gozaban decondiciones fiscales netamente más favorables,pero el equilibro se quebró inmediatamentedespués de la Segunda Guerra Mundial.

A partir del impacto que sufrieron lospatrimonios durante las guerras y a lo largo de losaños treinta, los gobiernos sucesivos se sintieronobligados a dar un poco de aire: por un lado,

exención impositiva creciente de los intereses delos préstamos públicos desde los años cincuenta,exención impositiva de los alquileres ficticios en1963. Y, sobre todo, creación en 1965 del créditofiscal (que busca eximir del impuesto a lasempresas los dividendos) y de la deducciónliberadora, que permitió a todos los interesesescapar de la lógica progresiva, saldando unadeducción fija del 15% particularmentebeneficiosa para los contribuyentes ricossometidos a una tasa marginal superior a la franjaentre el 50 y el 60%.

Esta brecha entreabierta nunca se cerró: losregímenes de cajas de ahorro y productosfinancieros eximidos se multiplicaron en lasdécadas de 1980 y 1990 en un contexto demovilidad creciente del capital y de competenciafiscal entre Estados. A tal punto que, de losaproximadamente 100 000 millones de euros deingresos del patrimonio que los hogares percibíanen 2005, ¡solo 20 000 millones fueron sometidos

al escalafón más progresivo del impuesto alingreso!

La etapa terminal de esta larga evoluciónacaba de consumarse: los dividendos, queconstituían la principal categoría todavía sometidaal escalafón más progresivo y que fueronbeneficiados en 2006 con la creación de unaexención del 50%, tendrán, desde 2008, laposibilidad de eludirlo, saldando una deducciónliberadora del 18%, a partir de ahora común atodos los ingresos mobiliarios (intereses,dividendos y plusvalías).

¿Estamos viviendo los últimos días de lafiscalidad del siglo XX? ¿Debemos esperar que lafiscalidad del siglo XXI repose de maneraexclusiva sobre el trabajo? Ahora que los ingresosdel capital escapan casi íntegramente al régimendel derecho común, es más fácil hacer tender haciael 0% las tasas de impuestos de estos regímenesde excepción. Las fuerzas de la competencia fiscalempujan con claridad en este sentido: el programa

electoral de la derecha polaca busca reducir al10% las tasas del impuesto a las sociedades y al15% la tasa del impuesto a los ingresosmobiliarios. Y Francia, a pesar de todos losdiscursos, alimenta una vez más la carrera hacia eldumping fiscal (hasta ahora, ningún paísdesarrollado había desgravado hasta este punto losimpuestos mobiliarios).

Una cosa está clara: una sociedad quedesgrava de manera durable los patrimonios(¡cuando estos recobraron la vitalidad previa a1914!), corre el riesgo de una esclerosiseconómica (una clase de rentistas que envejecereaparecerá de manera inevitable) y de explosiónsocial. En lo que respecta al impuesto a lassociedades, las premisas de un cambio a escalaeuropea ya se dejan ver. En lo que concierne a lasingresos mobiliarios, un retorno a la progresividaddel siglo XX es poco probable (los flujosinternacionales son cada vez más inaprensibles, ylos ingresos se agregan inmediatamente al

patrimonio). Es posible, pues, que el siglo XXIdeba inventar su propio modelo, fundado porejemplo en la imposición de los propios stocks depatrimonios y no en los flujos de ingresos. Elfuturo comienza hoy.

Jubilaciones: ¡bienvenido 2008!

19 de noviembre de 2007

Un deseo para 2008: que el debate nacional sobrelas jubilaciones levante vuelo y vaya más allá dela estigmatización de algunas categoríaspuntuales[24]. Primero, porque la necesarianormalización de los regímenes especiales solocubrirá una parte ínfima de los problemas definanciamiento. Segundo, porque no se garantiza elfuturo de las jubilaciones sin rediseñar un sistemaque se volvió ininteligible. ¿Cuáles son lasrazones sustanciales para mantener la jubilaciónpor el sistema de reparto? Por un lado, losmercados financieros e inmobiliarios sonincapaces de transferir un ahorro garantizadodurante varias décadas. Por otro, algunos activosse expondrían al riesgo de no ahorrar lo suficiente

para los días en que resulte necesario.Dicho de otro modo, la jubilación de reparto

es un sistema de ahorro forzado garantizado por elEstado, que no debe tratar de ser otra cosa. Suobjetivo no es redistribuir transfiriendo dinero delos ricos a los pobres o compensar la debilidad delos salarios de algunos empleados o suscondiciones de trabajo. Para esto, hayherramientas más adecuadas (impuesto al ingreso,ingreso mínimo de inserción, jubilación mínimapara personas sin recursos, políticas salariales yde prevención de riesgos profesionales, etc.).Justamente, como se le piden a nuestro sistemaprevisional muchas cosas a la vez, hemosacumulado un número inverosímil de reglascomplejas y de redistribución opacas eincomprensibles para los ciudadanos. A partir deeste principio general surgen las líneas directivasde toda reforma ambiciosa. Todos los años deaportes deben contar en el cálculo de la jubilación.Todos deben poder jubilarse cuando lo deseen,

con una pensión proporcional a los aportesrealizados durante el total de la vida activa. Elcoeficiente de conversión dependerá de lasevoluciones demográficas (esperanza de vida,ratio activos/jubilados), como el notable sistemade puntos aplicado en Suecia. El pasaje a unsistema semejante demandará, por cierto, muchasetapas, pero no es inalcanzable.

En la esfera pública, cada año de actividad daderecho a una tasa de reemplazo del 1,875%, esdecir, una tasa de reemplazo del 75% paracuarenta años de aportes, del 37% para veinteaños, etc. Este simple principio deproporcionalidad de los años aportados es más omenos el mismo en el sector privado, salvo que lajubilación con tasa plena del 75% del salario porcuarenta años solo se alcanza acumulando lajubilación del régimen de base (50%) con lapensión complementaria aportada por laARRCO[25] (no ejecutivos) y la AGIRC(ejecutivos). Esta es la primera fuente de opacidad

que debe suprimirse: nadie entiende las fórmulascomplicadas que resultan de la acumulación deregímenes, y ni hablar de los empleados que tienenel mal gusto de ser ejecutivos y no ejecutivos en eltranscurso de una misma vida. El Estado debeasumir sus responsabilidades y fusionar losregímenes ARRCO y AGIRC con el régimengeneral, para alcanzar así una regla única y simplepara el sector privado, como la que existe en elpúblico. Y, de paso, una baja masiva del techo (lajubilación por reparto no está para generar ahorrode los altos ejecutivos, cuya esperanza de vidaelevada cuesta además muy cara). Para que cadaaño de aporte cuente, es necesario suprimir laduración mínima de aportes de quince añosactualmente en vigor en el sector público (dejar deser funcionario no es una tara) y aplicar la tasa dereemplazo al conjunto de los salarios de la vidaactiva, y no a los salarios de los seis últimosmeses (sector público) o de los veinte mejoresaños (sector privado). Con el mismo espíritu de

transparencia, los aportes patronales saldados porel Estado para financiar las jubilaciones públicas(60% de los salarios brutos) deben figurar en losrecibos de sueldo, como en el sector privado.

Finalmente, las anualidades luego de loscuarenta años deben contar en el cálculo de la tasade reubicación, para permitir que los empleadosque hayan comenzado a trabajar muy tempranoreciban finalmente sus aportes. El sistema dereducción-sobrevaloración, por su parte, está paracumplir una función muy diferente: tomar en cuentael hecho de que jubilarse un año más tardeconduce no solo a aportar un año suplementario,sino sobre todo a recibir un año menos de pensión(por ejemplo, diecinueve en vez de veinte años, esdecir, un 5% menos de la pensión total). Lareducción-sobrevaloración debe por lo tantodepender de la edad de jubilación y de laesperanza de vida previsible, y no de la duraciónde los aportes. El sistema por puntos permitirá alos trabajadores asimilar la idea de que sus

aportes jubilatorios constituyen un ingresodiferido, no un impuesto.

Jubilaciones: basta de parches

6 de mayo de 2008

En 2003, cuando la reforma impulsada por elprimer ministro François Fillon igualó la duraciónde los aportes en el ámbito público con la delámbito privado (cuarenta años para una jubilacióna tasa plena), el gobierno consiguió el acuerdo deuna parte de los sindicatos, en particular de laConfederación Francesa Democrática del Trabajo(CFDT).

Sin embargo, cinco años más tarde, nadiequiere oír hablar del paso de cuarenta a cuarenta yun años que el gobierno pretende imponer. ¿Porqué la situación cambió tanto entre 2003 y 2008?

Primero, la reforma de 2003 se basaba en unprincipio de equidad entre lo público y lo privadoque resultaba un antecedente indispensable paracualquier debate maduro sobre el equilibro a largo

plazo de nuestro sistema de jubilaciones. Estadimensión de equidad estaba, además, reforzadapor los avances que obtuvo por la CFDT en lascarreras largas, con la posibilidad para losasalariados que habían comenzado a trabajarjóvenes de jubilarse a los 60 años, mientras queantes tenían que tener cuarenta y cuatro o cuarentay cinco años de aportes para poder jubilarse.

Nada de esto pasa con la «reforma» de 2008.El paso de cuarenta a cuarenta y un años expresauna lógica puramente financiera a raíz del déficitcorriente, particularmente difícil de aceptar porparte de un gobierno que casi no ha dado ejemplosen materia de responsabilidad presupuestariafrente a las generaciones por venir. ¿Es necesariorecordar que el paquete fiscal votado el veranopasado privará al Estado de más de 15 000millones de euros de ingresos por año, mientrasque el déficit anual de la franja de vejez esactualmente inferior a los 5000 millones? Conmucha lógica, el líder de la CFDT, François

Chérèque, señaló que el gobierno primero debíadar el ejemplo y que había muchas otras manerasde encontrar los 2500 millones de ahorros que elpasaje a los cuarenta y un años debería aportardesde ahora hasta 2012. Por ejemplo, subiendo losaportes patronales en 0,5 puntos. Chérèque habríapodido agregar que la exención de las horassuplementarias cuesta, debido a que se estimuló suutilización, más de 6500 millones de euros poraño, de los cuales más de 2500 millones sonaportes jubilatorios perdidos.

El período 2003-2008 ha demostrado loslímites de las medidas de prolongación de laduración de los aportes, al menos mientras no serealicen importantes esfuerzos para mejorar la tasade empleo de los seniors. Cuando llega elmomento de liquidar la jubilación, menos del 40%de los asalariados se encuentra actualmente ensituación de empleo. Para los otros, el pasaje acuarenta y un años tendrá por efecto, sobre todo,alargar la duración del desempleo y la reducción

del monto de las pensiones. Apoyarse en laseriedad presupuestaria, el empleo de los seniorsy el aumento gradual de los aportes para garantizarel futuro de las jubilaciones no resultará muchomás efectivo que concentrarse totalmente en laprolongación progresiva de la duración de losaportes. En los dos casos, se volvería a ingresaren una carrera sin fin y se dejaría sin salida todaverdadera protección del derecho a jubilarse.

Más allá de la incertidumbre generada por lassimulaciones del Consejo de OrientaciónPrevisional, nadie cree ni por un segundo que elpasaje a cuarenta y un años o que un aumento delos aportes de 0,5 punto alcanzará para garantizarlas jubilaciones de las décadas futuras. La verdades que las generaciones que se jubilarán en 2030 o2050, como consecuencia de la acumulación de losregímenes y de los modos de cálculo, no tienen unaidea precisa sobre el monto futuro de suspensiones, ni sobre las incertidumbres financieraso sobre la escalofriante complejidad de las reglas

en vigor.Solo una reestructuración general de nuestro

régimen de jubilaciones permitirá clarificar estosderechos y superar los ejercicios habituales deremiendo y estancamiento de los déficitscorrientes. Como la notable reforma aplicada enSuecia entre 1994 y 2008, la mejor soluciónconsistiría en aplicar a todos los trabajadores(públicos y privados, ejecutivos y no ejecutivos,asalariados y no asalariados) un sistema unificadode jubilación de reparto fundado en cuentasindividuales de aportes. Estudios recientesmostraron que, contrariamente a lo que se cree, taltransición sería viable en Francia, y provechosapara los asalariados modestos[26]. Esta reformapermitiría superar las lógicas puramentefinancieras y diseñar una salida superadora para laactual crisis de las jubilaciones.

¿Hay que salvar a los banqueros?

30 de septiembre de 2008

¿Implicará la crisis financiera un regreso forzadodel Estado en la escena económica y social? Esmuy pronto para decirlo. Pero al menos sería útildisipar algunos malentendidos y precisar lostérminos del debate. Los salvatajes de bancos y lasreformas del sistema de regulación financieraorquestados por el gobierno de los Estados Unidosno constituyen un cambio histórico. La rapidez y elpragmatismo con que el Tesoro y la ReservaFederal de ese país adaptan cada día sus doctrinasy lanzan nacionalizaciones temporarias de sectoresdel sistema financiero son ciertamenteimpresionantes. Y si bien se necesitará tiempopara conocer el costo final neto para elcontribuyente, es posible que la amplitud de lasintervenciones en curso supere los niveles

alcanzados en el pasado. Se habla de montos quevan de los 700 000 millones a los 1,4 billones dedólares, es decir entre 5 y 10 puntos del PBInorteamericano, mientras que la debacle deSavings and Loans de los años cuarenta habíacostado alrededor de 2,5 puntos del PBI.

De todos modos, este tipo de intervención enel sector financiero se sitúa en cierta medida encontinuidad con doctrinas y políticas ya aplicadasen el pasado. Las élites estadounidenses estánconvencidas de esto desde los años treinta: si lacrisis de 1929 tomó tal magnitud y llevó alcapitalismo al borde del precipicio, fue porque laReserva Federal y las autoridades públicasdejaron que los bancos se hundiesen, negándose ainyectarles la liquidez necesaria para restablecerla confianza y el crecimiento regular de laeconomía real. Para algunos liberalesestadounidenses, la fe en el intervencionismo de laReserva Federal va de la mano con elescepticismo respecto del intervencionismo estatal

fuera de la esfera financiera: para salvar elcapitalismo necesitamos una buena Fed, ágil y concapacidad de reacción, y sobre todo, el Estado debienestar debilitado que los rooseveltianosquisieron imponer en los Estados Unidos. Siolvidamos este contexto histórico, corremos elriesgo de sorprendernos por la rapidez de laintervención de las autoridades financieras de esepaís.

¿La cosa va a detenerse ahí? Depende de laselecciones presidenciales norteamericanas: unpresidente Obama podría aprovechar estaoportunidad para reforzar el rol del Estado enotros dominios además de la esfera financiera,como por ejemplo en lo que se refiere al seguro desalud y la reducción de las desigualdades.Teniendo en cuenta el precipicio presupuestariolegado por la administración Bush (gastosmilitares, salvatajes financieros), los márgenes demaniobra en salud corren el riesgo de serlimitados: el consentimiento de los

norteamericanos para pagar más impuestos no esinfinito. El debate en curso en el Congreso sobrela limitación de las remuneraciones en el mundode las finanzas ilustra, por otra parte, lasambigüedades del contexto ideológico actual. Esperceptible la exasperación creciente de laopinión pública estadounidense frente a laexplosión de los supersalarios de directivos ytraders en los últimos treinta años. Pero lasolución prevista, que consiste en instituir unaremuneración máxima de 400 000 dólares (elsalario del presidente de los Estados Unidos) enlas instituciones financieras que los contribuyentessacaron a flote, es una respuesta parcial; y sobretodo, fácil de eludir: basta transferir el pago de lossalarios más elevados a otras sociedades.

Luego de la crisis de 1929, como reacción alenriquecimiento de las élites económicas yfinancieras que habían conducido al país a lacrisis, la respuesta de Roosevelt fue más brutal,aunque en otro sentido. La tasa del impuesto

federal a las ganancias, aplicable a los ingresosmás altos, fue llevada del 25 al 63% en 1932, al79% en 1936, al 91% en 1941, para luego serreducida al 77% en 1964, y finalmente al 30-35%durante las décadas de 1980 y 1990 por laadministración Reagan-Bush. Obama, por su parte,propone subirla al 45%. Durante cerca decincuenta años, entre los años treinta y los ochenta,la tasa superior no solo no se redujo nunca pordebajo del 70% sino que fue, en promedio, de másdel 80%. En el contexto ideológico actual, en elque el derecho de percibir bonos eindemnizaciones doradas de varias decenas demillones de euros sin tener que pagar más del 50%de impuestos se vio promovido al rango dederecho humano, muchos considerarán que estapolítica es primaria y expoliadora. Sin embargo,fue aplicada durante cincuenta años en lademocracia más grande del mundo, y ello,visiblemente, no impidió que la economíaestadounidense funcionase. Sobre todo, tuvo el

mérito de desincentivar drásticamente a losdirectivos de las empresas a servirse de la cajamás allá de cierto límite. Con la globalizaciónfinanciera, sin duda esos mecanismos no podríanimplementarse sin refundar las reglas detransparencia contable y sin ejercer una acciónimplacable contra los paraísos fiscales.Lamentablemente, faltan aún muchas crisis parallegar a este punto.

Bancos centrales, manos a la obra

12 de mayo de 2009

No pasa un solo día sin que se evoquen laspolíticas «no convencionales» que implementaronpor los bancos centrales para sacarnos de la crisis.Tratemos de ver esto un poco más de cerca. ¿Quéhacen los bancos centrales en tiempos de calma?Se contentan con asegurarse de que la masamonetaria crezca al mismo ritmo que la actividadeconómica, de manera que puedan garantizar unainflación baja —que ronda el 1 o el 2% anual—.También prestan dinero a los bancos por períodosmuy cortos, a menudo por apenas unos pocos días.Estos préstamos permiten garantizar la solvenciadel conjunto del sistema financiero. En efecto, losenormes flujos de depósitos y de retiros quecotidianamente efectúan los hogares y lasempresas no se equilibran nunca con exactitud

para cada banco particular. Este rol estradicionalmente más importante en Europa,teniendo en cuenta la importancia que adquirieronlos bancos en el financiamiento de la economía,mientras que en los Estados Unidos reposa másbien en los sistemas financieros. ¿Qué vienenhaciendo los bancos centrales desde hace un año?En líneas generales, han duplicado su tamaño, unpoco más en los Estados Unidos, un poco menosen Europa. Hasta comienzos del mes deseptiembre, los activos totales de la ReservaFederal ascendían a cerca de 900 000 millones dedólares, es decir, el equivalente del 6% del PBIanual de los Estados Unidos. A fines del mes dediciembre, estos ascendieron súbitamente a cercade 2,3 billones de dólares, es decir, 16 puntos dePIB. En Europa se constata una evolución similar.Entre septiembre y diciembre de 2008, los activosdel BCE (Banco Central Europeo) pasaron de 1,4billones a 2,1 billones de euros, es decir, de 15 a23 puntos del PBI de la zona euro. En tres meses,

los bancos centrales de uno y otro lado delAtlántico inyectaron, así, fondos frescosequivalentes a cerca de 10 puntos de PBI.

¿A quiénes prestaron ese dinero los bancoscentrales? Esencialmente, al sector financiero.Pero la principal novedad reside en la duración delos préstamos otorgados a los bancos privados. Enlugar de otorgar préstamos por unos días, la Fed yel BCE comenzaron a otorgar préstamos porperíodos de tres meses, incluso seis; de allí elaumento de los volúmenes correspondientes.Comenzaron también a prestar, por esos mismosplazos, a empresas no financieras, sobre todo enlos Estados Unidos. Según los últimos balancespublicados por los bancos centrales, estosvolúmenes de préstamos comenzaron a disminuir acomienzos de este año. Al 1º de mayo, los activosde la Fed volvieron a caer a 15 puntos del PBI, ylos del BCE a 20 puntos del PBI. Los bancoscentrales quieren ver en esto la prueba de que elsector financiero ya no necesita estos fondos

excepcionales y que la recuperación llegarápronto.

Pero esa disminución también podríainterpretarse como el signo de que los bancos nosaben qué hacer con este dinero. De hecho, loscréditos acordados a las empresas y a los hogarespor el sector financiero nunca comenzaronverdaderamente a dinamizarse, y parecen haberseguido en el curso del primer trimestre de 2009 elmismo ritmo de decrecimiento que a lo largo delúltimo trimestre de 2008. Sin duda, las políticas«no convencionales» de los bancos centraleslograron impedir una sucesión de quiebrasbancarias como las que habían signado la crisis delos años treinta, frente a las cuales los bancoscentrales había permanecido inertes. Se evocaahora la posibilidad de políticas monetariasinnovadoras, con préstamos al sector bancario dehasta nueve o doce meses y compras directas deobligaciones relativamente prolongadas. Lamagnitud que alcanzaron los balances de los

bancos centrales todavía está lejos de representaruna real amenaza inflacionaria. Recordemos quelos préstamos otorgados por el Banco de Franciaal final de la Segunda Guerra Mundial superaronampliamente el 100% del PBI de la época, y deellos el 80% se otorgó directamente al gobierno,lo cual generó la fuerte inflación de los añossiguientes.

Pero, salvo que imaginemos que los bancoscentrales empezarán a otorgar préstamosdirectamente por cualquier plazo y a todos losactores, algo para lo que no están preparados,estas políticas no convencionales terminarán tardeo temprano por encontrar sus límites. Los bancoscentrales no tienen el poder de forzar a los actoresprivados paralizados por la crisis a gastar dinero.En la práctica, la expansión monetaria del otoñopermitió sobre todo financiar los déficit públicos:los bancos centrales no prestaron directamente alos gobiernos (los tratados europeos se loprohíben expresamente al BCE, y la Fed redujo

sus operaciones en bonos del Tesoro), pero losbancos privados lo hicieron en su lugar. Si seconfirma que el Estado es el único actor capaz degastar dinero, entonces los gobiernos deberánasumir sus responsabilidades y volcarse haciaverdaderos planes de reactivación.

Terminemos con el PBI, volvamosal ingreso nacional

6 de octubre de 2009

El Informe Stiglitz[27] sobre los nuevosindicadores económicos fue criticado por la faltade ideas innovadoras y sobre todo por susrecomendaciones, numerosas pero vagas. Sinembargo, incluye una propuesta concreta, aunquepara nada novedosa, que merece ser apoyada. Hayque dejar de utilizar el PBI (producto brutointerno) y privilegiar el PNN (producto nacionalneto).

El PNN, llamado habitualmente «ingresonacional», muy usado en Francia hasta 1950, siguesiendo utilizado hoy en los países anglosajones.Siempre es posible calcularlo a partir de cuadrosdetallados de la contabilidad nacional,

establecidos por el Instituto Nacional deEstadísticas (INSEE). Lamentablemente, nunca selo destaca, ni en las publicaciones oficiales ni enel debate público. Es una pena, por una razón quepuede resumirse de forma muy simple: al medir elconjunto de los ingresos realmente disponiblespara los residentes de un país, el ingreso nacionalcoloca al hombre en el centro de la actividadeconómica, mientras que el PBI traduce en granmedida la obsesión productivista de la Edad deOro del capitalismo.

El PBI es el reflejo de una época en la que secreía que la acumulación de mercancíasindustriales era un fin en sí mismo y que elcrecimiento de la producción resolvería todo.Llegó la hora de retornar al ingreso nacional.

¿Cuáles son las diferencias entre el PBI y elingreso nacional? La primera es que el PBIsiempre es «bruto», en el sentido en que adicionael conjunto de las producciones de bienes yservicios sin contar la depreciación del capital

que permitió realizar estas producciones. Enparticular, el PBI no toma en cuenta el desgaste dela vivienda y los inmuebles, de los equipamientosy computadoras, etc. El INSEE realizaestimaciones minuciosas de esta depreciación, queson evidentemente imperfectas pero existen.En 2008, el total se estimó en 270 000 millones deeuros para un PBI de 1,95 billones, de allí queproducto interior neto fuera de 1,68 billones.

Tomar en cuenta esta depreciación permite, porejemplo, constatar que las empresas francesasatraviesan una situación de ahorro negativo:distribuyen a sus accionistas más de lo querealmente tienen para distribuir, aunque lo que lesresta no permite siquiera reemplazar el materialusado.

Muchos países también comenzaron a integraren sus estimaciones la depreciación del capitalnatural y los daños causados al ambiente natural enel proceso de producción. Estos esfuerzos debencontinuar.

La segunda diferencia es que el PBI es«interior», en el sentido en que se busca medir lasriquezas producidas dentro del territorio del paísconsiderado sin preocuparse por su destino final,en particular sin tener en cuenta los flujos debeneficios entre países. Por ejemplo, un país cuyamayoría de empresas y de capital productivo esposeído por accionistas extranjeros podría muybien tener un PBI alto, pero un ingreso nacionalmuy bajo una vez deducidos los beneficios queparten al extranjero.

En 2008, en Francia, esta corrección norepresenta ninguna diferencia: según el INSEE y elBanco Francés, los residentes franceses poseen através de sus emplazamientos financieros, grossomodo, tanta riqueza en el resto del mundo como laque el resto del mundo tiene en Francia.

El ingreso nacional es pues casi idéntico alproducto neto interno (1,69 billones de euros).Pero es distinto en muchos otros países, y no soloen los pobres, como lo demuestra el caso irlandés.

Con una población de 62 millones, el PBI superólos 31 000 euros por habitante en 2008, mientrasque el ingreso nacional es de tan solo 27 000euros. Esta cifra sigue siendo superior al ingresomedio realmente percibido por los franceses, puesen el último caso incluye el valor de los bienes yservicios financiados por los impuestos(educación, salud, etc.), lo cual es legítimo. Sinembargo, se acercan: el ingreso nacional puedeentonces contribuir a reducir la brecha entreestadística y percepción. Con la siguientecondición: que se publique también la distribucióndel ingreso nacional, y no exclusivamente losingresos medios. Las últimas series querealizamos con Emmanuel Saez demuestran que laparte del ingreso nacional que va al 1% de losestadounidenses más ricos pasó de menos del 9%en 1976 a cerca del 24% en 2007, es decir, unatransferencia de 15 puntos de ingreso nacional.Entre 1976 y 2007, el 58% del crecimientonorteamericano fue absorbido por el 1% de la

población (esta cifra alcanza el 65% entre 2002 y2007).

El concepto de ingreso nacional permite estetipo de descomposición social del crecimiento, demanera que no se trata de un mérito menor.

¿Quiénes ganarán con la crisis?

1º de diciembre de 2009

¿Qué efectos tendrá la crisis financiera mundialdel trienio 2007-2009 sobre la distribución de lariqueza? A contramano de lo que se escucha amenudo, es poco probable que la crisis conduzca auna disminución duradera de las desigualdades.Sin duda, la caída de los valores bursátiles y delos precios inmobiliarios afecta en primer lugar alos que tienen patrimonios. Pero los que soloposeen su trabajo también se ven golpeadosduramente por la degradación del empleo. Estoocurre en todas las recesiones. En general, elefecto inmediato es a la vez una reducción de lasdesigualdades entre el nivel medio y el alto de ladistribución (reducción de las ganancias y de lasprimas de los superejecutivos) y un crecimiento delas desigualdades entre el nivel medio y el bajo de

la distribución (aumento del desempleo). Sinembargo, si examinamos los efectos a mediano ylargo plazo, las cosas son aún más complejas.

En realidad, a la crisis de 1929 le siguió unafase de reducción histórica de las desigualdadesen todos los países desarrollados. En los EstadosUnidos, en 1928 la parte del ingreso nacionalcaptada por el 10% de los ingresos más elevadosalcanzaba el 50%, y luego, en las décadas de 1950y 1960, el 35%. Habría que esperar a 2007 paraalcanzar, incluso superar levemente, el récord dedesigualdad de 1928. Pero no hay ninguna razónpara que este escenario se reproduzca hoy enforma mecánica. Las series históricas que hemosestablecido con Tony Atkinson, y que describen laevolución anual de las desigualdades en 23 paísesa lo largo del siglo XX, demuestran sinambigüedades que las crisis financieras en tantotales no tienen ningún efecto duradero sobre lasdesigualdades: todo depende de la respuestapolítica que se aporte. Por ejemplo, la crisis

financiera sueca del período 1991-1993 no cambióen nada la tendencia de concentración creciente delos ingresos y patrimonios que se produce enSuecia desde la década de 1980. En los años quesiguieron a la crisis financiera asiática de 1997-1998, tanto en Singapur como en Indonesiase observa incluso un aumento repentino de laparte del patrimonio y del ingreso nacional quequeda en manos del 10% más favorecido. Auncuando los datos disponibles todavía sonimperfectos, la explicación más probable es quelos más acomodados consiguieron sacar un mejorpartido del caos financiero, al comprar los bonosactivos en el momento correcto. Los patrimoniosmás elevados tienen una proporción mayor deinversiones de riesgo, lo que los sitúa encondiciones de aprovechar mejor los períodos deexpansión y, a priori, de perder más en momentosde crisis. Pero cuando se posee 1 millón de eurosen activos (con mayor razón si se dispone de 10 o100 millones), se poseen también más recursos

para pagar a los intermediarios y asesoresfinancieros que cuando se poseen 50 000 o100 000 euros. En promedio, este segundo efectoparece haber dominado en la coyuntura de la crisissueca y, más aún, en las crisis asiáticas. Y es muyposible que este mismo mecanismo esté en marchaactualmente. La verdad es que no se sabe grancosa, porque nuestro dispositivo estadístico noestá adaptado para estudiar en tiempo real losfenómenos complejos de redistribucionesfinancieras. Lo cual es aún más lamentable porqueestas redistribuciones desempeñan hoy un rolcentral —para confirmarlo basta con analizar lasrespuestas políticas a la crisis—. En 1929 losgobiernos dejaron que las quiebras semultiplicaran, lo cual generó pérdidas netas depatrimonio.

Hoy, los gobiernos realizan salvatajes debancos y grandes empresas, lo que permite evitarla depresión. Pero este rapto de generosidadpública favorece en muchos casos redistribuciones

a la inversa. Luego de 1929, los gobiernos lespasaron la factura a los que se habían enriquecidomientras conducían el mundo al borde delprecipicio: fuerte alza de impuestos a lasganancias y fiscalidad progresiva sobre losingresos y patrimonios más elevados, control delcapital bajo todas sus formas (estricta regulaciónfinanciera, bloqueo de alquileres,nacionalizaciones, etc.). Fueron esas respuestaspolíticas las que condujeron a una reducciónhistórica de las desigualdades, no la crisisfinanciera en tanto tal. Hoy, las dificultades seplantean de manera diferente desde un punto devista técnico (stock-options, paraísos fiscales,etc.), pero son en esencia las mismas. Librado a símismo, el capitalismo nos lleva con naturalidad alas catástrofes, ya que es profundamente inestabley antiigualitario. Lamentablemente, parecería quehacen falta más crisis para que los gobiernostomen plena conciencia de ello.

Repensar los bancos centrales

15 de junio de 2010

¿Podrán salvarnos los bancos centrales? No, nopor completo. Pero tienen una parte de la soluciónpara la crisis actual. Comencemos por elprincipio. Desde siempre el Estado ha tenido dosmaneras de obtener dinero: el cobro de impuestoso la emisión monetaria. De modo general, esinfinitamente preferible el cobro de impuestos. Lasplanchas de billetes se pagan con inflación, cuyasconsecuencias distributivas no son manejables(aquellos cuyos ingresos están menosrevalorizados que los de otros pagan el precio másalto), y que además desorganiza los intercambios yla producción. Una vez desatado, el procesoinflacionario es difícil de detener y no aportaningún beneficio.

En la década de 1970, la inflación alcanzaba

entre el 10 y el 15% anual, y esto no impidió elestancamiento económico y el crecimiento deldesempleo. Este episodio durable de«estanflación» convenció a los gobernantes y a laopinión pública de que los bancos centralesdebían ser «independientes» del poder político, enel sentido de que debían contentarse con hacerprogresar lenta y regularmente la masa monetaria afin de mantener una inflación débil (del 1 o 2%).Nadie llegó a proponer que los bancos centralesfuesen privatizados (hasta 1936, el Banco deFrancia era propiedad de accionistas privados).En Europa como en los Estados Unidos los bancoscentrales siguen siendo controlados íntegramentepor los Estados, que establecen sus estatutos,nombran sus directores y recaudan sus eventualesganancias. Simplemente, los Estados dieron a losbancos centrales un mandato que se limitaba amantener una inflación baja. La era de lospréstamos masivos a los Estados y al sectorprivado parecía estar definitivamente superada.

Los bancos centrales nunca debían intentarintervenir en el funcionamiento de la economíareal.

La crisis financiera mundial de 2008-2010hizo volar en pedazos esta concepción pasiva delos bancos centrales inspirada en la estanflaciónde los años setenta. Entre septiembre y diciembrede 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, losdos grandes bancos centrales del mundoduplicaron su tamaño. Los activos totalesprestados por la Fed y el BCE pasaron, grossomodo, de 10 a 20 puntos del PBI estadounidense yeuropeo. En algunos meses, a fin de evitar unasucesión de quiebras, se prestaron cerca de 2billones de euros en fondos frescos al 0% a losbancos privados, con vencimientos cada vez máslargos. ¿Por qué esta operación masiva de emisiónde billetes no se tradujo en más inflación? Sinduda, porque la economía mundial estaba al bordede una depresión deflacionista. Los bancoscentrales permitieron evitar el bloqueo completo

del crédito y el desmoronamiento de los precios yde la actividad económica. Recordaron al mundosu rol irreemplazable. Para terminar, nadie pagó elprecio de la intervención: ni los consumidores, nilos contribuyentes.

Nadie pagó el precio, solo que al mismotiempo los Estados acumularon déficits que ahoratendrán que pagar. Estos déficits no son laconsecuencia de los préstamos hechos a losbancos (que fueron pocos en comparación con losque otorgaron los bancos centrales), sino de lacaída de los ingresos fiscales que produjo larecesión. Para aligerar el fardo, la Fed, y ahora elBCE, comenzaron a comprar títulos de deudapública, y por lo tanto a prestarlos directamente alos Estados.

Pero esta transformación mal encarada se hacede manera mucho más lenta. Visiblemente, luegode muchas décadas de denigración del poderpúblico, parece más natural imprimir billetes parasalvar a los bancos que para salvar a los Estados.

El riesgo inflacionario es, sin embargo, igualmentebajo en los dos casos y puede ser manejado. ElBCE podría asumir por su cuenta y a una tasa bajabuena parte de los veinte puntos de PBI de deudapública creados por la recesión, y anunciar almismo tiempo que aumentará sus tasas si lainflación supera el 5%. Esto no dispensará a losEstados europeos de manejar sus finanzas públicasy, sobre todo, de unirse para emitir finalmente unadeuda europea común y en conjunto beneficiarsede tasas bajas. Pero si apuestan todo a políticas derigor drástico, el riesgo de conducirnos a undesastre es grande. Las crisis financieras sonconsustanciales al capitalismo. Y, en las grandescrisis, los bancos centrales constituyen uninstrumento irreemplazable. Su poder infinito decreación monetaria requiere, por supuesto, unmarco de seriedad. Pero no utilizar plenamenteeste instrumento en el contexto actual constituyeuna estrategia suicida e irracional.

Las cuatro claves de la revoluciónfiscal

8 de febrero de 2011

En menos de dos semanas, casi 200 000 personasingresaron al sitio revolution-fiscale.fr yrealizaron más de 350 000 simulaciones dereforma fiscal. Más de 350 000 veces losvisitantes modificaron tasas y límites impositivosy quisieron conocer el impacto de su reforma en eldéficit presupuestario, las desigualdades entregrupos sociales, etc. Esto demuestra el interés delos ciudadanos por un debate fiscal preciso queparta de cálculos claros.

El problema es que, en materia de impuestos, amenudo los responsables políticos se aferran aprincipios generales y no se comprometen a casinada. De allí la ausencia de una reforma de fondo

luego de las elecciones y la acumulación deparches y privilegios fiscales que son típicos denuestro sistema impositivo. Los dirigentessocialistas fingen haberse puesto de acuerdorespecto a la idea de fusionar el impuesto alingreso (II) y la contribución social generalizada(CSG). En verdad, nadie dice por qué y cómodebería hacerse esta fusión: la CSG, individual ydeducida en origen, ¿debe absorber el II, familiar ydeclarativo, o más bien lo contrario? Con CamilleLandais y Emmanuel Saez[28] defendemos lasiguiente solución: que la CSG absorba el II, perocon escalas progresivas. Para nosotros, es lamejor manera de evitar los bloqueos: el impuestoactual al ingreso está tan destrozado por losprivilegios fiscales y las dificultades que ya nopuede ser reformado, debe ser suprimido. Sepuede proponer una solución alternativa, pero lacondición es que se la calcule de manera precisa ycorrecta.

Primer punto difícil de dirimir: la retención en

origen. Para nosotros, no resultan creíbles losdirigentes políticos que pretendan modernizarnuestra fiscalidad y fusionar el II y la CSG sincomprometerse respecto de la deducción enorigen. Nuestro impuesto sobre el ingreso aportaapenas el 2,5% del PBI, es decir, de tres a cuatroveces menos que en los demás países europeos(que implementan la retención en origen desdehace décadas), cerca de dos veces menos que laCSG y cuatro veces menos que el IVA y otras tasasal consumo (todas deducidas en origen). ¿No esobvio que este impuesto agoniza? ¿Esperaremosque caiga debajo del 1% del PBI para aceptar loevidente? Por otra parte, la retención en origensimplifica la vida de los contribuyentes y evitaretrasos en los pagos. En el sistema actual, a losasalariados que ganan el salario mínimo se lesdeduce primero un mes de salario en concepto deCSG, y luego, un año más tarde, se les da mediomes de salario en concepto de prima por elempleo[29]. ¿Es razonable?

Segundo punto difícil: la individualización. Elnuevo impuesto fusionado se calculará o bien aescala individual (como la CSG), o bien a escalade la pareja (como el actual II). Hay que elegir: delo contrario, la fusión será ficticia. Nosotrosapoyamos la individualización, pues permite evitarlas polémicas sobre las diferentes formas de vidaprivada y familiar. Los responsables del PartidoSocialista (PS) están divididos. François Hollandeparece querer mantener el denominado coeficienteconyugal (parejas casadas o en unión civil, con unimpuesto en dos tramos). Más audaces, MartineAubry y Ségolène Royal parecen preferir laindividualización, que favorece además laigualdad entre el hombre y la mujer. Esperemosque las posiciones se aclaren y se decidan en elmomento de las primarias, así el candidatosocialista tendrá un proyecto claro en 2012.

Tercer punto difícil: la política familiar.Proponemos reemplazar el salario familiar por unsistema de crédito impositivo igual para todos los

niños, cualquiera que sea el ingreso de sus padres.Sin incrementos en el presupuesto de la políticafamiliar, el 95% de las familias se beneficiaráncon esta reforma, que permite crear de factosubsidios familiares desde el primer niño. El 5%de las familias más favorecidas perderán, pero almenos ya no hará falta limitar los subsidiosfamiliares que benefician a quienes no losnecesitan. En este punto también algunos preferiránel statu quo. En todos los casos, habrá que decidir.

Cuarto punto difícil: la escala impositiva. Parala mayoría de los franceses, el poder sarkozista secaracteriza por los favores fiscales a los másricos. Pero, si la derecha consigue hacer creer quela oposición quiere castigar a las clases medias,entonces los impuestos pueden hacer que laizquierda pierda. La única solución: transparenciacompleta en las escalas. Nosotros proponemos unareforma con base tributaria constante, que reduzcalos impuestos para quienes perciben hasta 7000euros de ingresos brutos mensuales (individual), y

los aumente —moderadamente— más allá de los8000 euros. No creemos para nada que esta escalasea perfecta, pero es una base precisa para lanzarel debate. Si la izquierda no adopta propuestas concifras precisas, corre el gran riesgo de arruinar suanunciada victoria.

El proteccionismo: un arma útil…si no hay otra mejor

20 de diciembre de 2012

¿Por qué la inmensa mayoría de los economistascree en el libre comercio? Porque aprendieron enla universidad que en principio es más eficazdedicarse a producir la mayor cantidad de riquezaposible, apoyándose en los mercados libres ycompetitivos, y así utilizar al máximo las ventajascomparativas de unos y otros. A condición derepartir de manera equitativa, en un segundomomento, las ganancias del intercambio, a travésde impuestos y transferencias transparentes dentrode cada país. Esto es lo que se aprende en lafacultad de economía: la redistribución eficaz es laredistribución fiscal; hay que dejar que losmercados y los precios hagan su trabajo,

distorsionarlos lo menos posible (la famosa«competencia libre y sin trampas»); peroconservar la posibilidad de redistribuir luego, «enun segundo momento».

No todo es falso en esta bella historia, nimucho menos. Pero nos plantea un problemamayor. En el curso de los últimos treinta años, losintercambios de bienes y servicios fueronliberalizados casi sin trabas, principalmente ennombre de esta misma lógica. Pues bien, lasegunda fase, la del incremento de laredistribución fiscal, no llegó nunca. Al contrario,la competencia fiscal diluyó los impuestosprogresivos que se habían construido conpaciencia durante las décadas precedentes. Losmás ricos se beneficiaron con grandes reduccionesde impuestos, aunque ya eran los primerosbeneficiarios de la liberalización de losintercambios y de la globalización. Los másmodestos tuvieron que contentarse con losaumentos de las contribuciones sociales y de los

impuestos sobre el consumo, todo en un contextode estancamiento del empleo y de los salarios.Lejos de compartir más equitativamente lasganancias de la liberalización, la redistribuciónfiscal, al contrario, tendió a acentuar los efectos dedesigualdad.

Algunos dirán: es una pena, pero ¿qué levamos a hacer? Si las preferencias políticas delelectorado llevaron a elegir menos redistribuciónfiscal, no queda otra opción que lamentarlo. Esono basta para restablecer las barreras aduaneras,que solo debilitarían un crecimiento ya demasiadodébil.

Es verdad. Salvo que, si miramos bien, laliberalización incondicional de los intercambios yel dumping fiscal tienen bastante que ver en todoesto. Se desarmó el poder público sin obtenernada a cambio. Con la prohibición de tasas sobrelas importaciones y los subsidios a lasexportaciones, se impulsó incluso a los Estados adesarrollar otras herramientas para promover la

producción nacional, en particular desgravando lasinversiones extranjeras y el trabajo altamentecalificado (todo de manera perfectamenteautorizada, claro está). Sin contar con que laliberalización de los servicios financieros y de losflujos de capitales facilitó directamente la evasiónfiscal, tanto de las empresas como de losindividuos. La ausencia de una coordinaciónadecuada entre países limitó fuertemente lacapacidad de los Estados para impulsar unapolítica fiscal autónoma.

Un ejemplo entre otros: la directiva sobrefiscalidad del ahorro, que se implementó en 2005,estaba destinada a facilitar los intercambiosautomáticos de información entre administracionesfiscales europeas, de manera que cada paíspudiera conocer en tiempo real las inversiones desus residentes en el extranjero y los interesescorrespondientes. Salvo que todavía no se aplicaen Luxemburgo o en Suiza (por otra parte, estaúltima acaba de negociar de manera independiente

una prolongación de su régimen de excepción, quele permite, de manera legal, no revelar laidentidad de los titulares de cuentas en susbancos). Además, la directiva solo afecta alahorro bancario y a las obligaciones, y excluye loesencial de las inversiones financieras importantesque se poseen en el extranjero (sobre todo lascuentas de títulos en acciones).

Para que esto cambie de verdad hace falta algomás que amables cumbres del G20 y declaracionesde buenas intenciones. Para hacer retroceder a losparaísos fiscales y, más aún, para poner en marchalas regulaciones financieras, sociales ymedioambientales necesarias para retomar elcontrol de un capitalismo mundializado que sevolvió loco, el arma comercial será sin dudasindispensable. Si Europa habla con una única vozy deja de comportarse como un enano político,podremos incluso evitar la ejecución de lasamenazas de embargos y protecciones. Lo quesería preferible, pues el proteccionismo —como la

policía— es un arma disuasiva esencial que losEstados deben tener a mano, pero no constituye ensí mismo una fuente de prosperidad(contrariamente a lo que imaginan algunos«desglobalizadores» entusiastas). Pero, si se eligeprofundizar la construcción europea sin un avancereal en esta dirección, se corre el riesgo deprovocar repliegues nacionalistas en extremoviolentos.

¿El crecimiento podrá salvarnos?

24 de septiembre de 2013

¿Es razonable apostar por el retorno delcrecimiento para solucionar todos nuestrosproblemas? Es cierto, siempre es preferible que laproducción y el ingreso nacional crezcan el 1% yno el 0%. Pero llegó el momento de aclarar queesto no resuelve lo esencial de los desafíos quelos países ricos deben enfrentar en este comienzodel siglo XXI.

La producción puede crecer por dos razones:por el crecimiento de la población o por elcrecimiento de la producción por habitante, esdecir, de la productividad. Durante los tres últimossiglos, la producción mundial progresó enpromedio el 1,6% anual, del que el 0,8% anualcorresponde a la población y el 0,8% a laproducción por habitante. Puede parecer

minúsculo. Pero se trata en realidad de un ritmomuy acelerado cuando se sostiene a lo largo deltiempo. De hecho, corresponde a unamultiplicación por más de 10 de la poblaciónmundial en tres siglos, que pasó de cerca de 600millones de habitantes en 1700 a 7000 milloneshoy. Parece poco probable que este ritmo decrecimiento demográfico continúe en el futuro; lapoblación ya ha comenzado a disminuir en muchospaíses europeos y asiáticos y, según lasprevisiones de Naciones Unidas, el conjunto de lapoblación mundial debería estabilizarse en elcurso de este siglo.

En lo que respecta a la producción porhabitante, podemos imaginar perfectamente que elcrecimiento pasado (0,8% anual desde hace tressiglos) continuará en el futuro. No soy un defensoracérrimo del decrecimiento. Las innovacionestecnológicas pueden continuar perfectamente ypermitir un crecimiento inmaterial y nocontaminante indefinido. A condición, sin

embargo, de inventar energías apropiadas, lo quetodavía no se ha logrado. En todo caso, el puntoimportante es que incluso si el crecimientocontinua, no superará el 1-1,5% anual. Loscrecimientos del 4% o el 5% anual observados enEuropa durante la Edad de Oro del capitalismo, eincluso más en la China de hoy, correspondensiempre a situaciones puramente transitorias derecuperación de un país en relación con otros.Cuando nos situamos en la frontera tecnológicamundial, ningún país ha tenido nunca uncrecimiento sostenido superior al 1-1,5% anual.

En estas condiciones, es casi inevitable que elcrecimiento se estabilice en el siglo XXI en unnivel netamente inferior al rendimiento del capital,es decir, lo que aporta en promedio un patrimonioen el curso de un año (como forma de alquileres,dividendos, intereses, ganancias, plusvalía, etc.)como porcentaje de su valor inicial. Esterendimiento es en general del orden del 4-5% poraño (por ejemplo, si un departamento que vale

100 000 euros tiene un valor locativo de 4000euros por año, el rendimiento es del 4%), y puedealcanzar el 7-8% anual para las acciones y lospatrimonios más elevados y mejor diversificados.

Pues bien, esta desigualdad entre rendimientodel capital (r) y crecimiento de la producción (g),que podemos escribir r g, otorga naturalmente unaimportancia desmesurada a los patrimoniosconstituidos en el pasado y conducemecánicamente a una concentración extrema de lariqueza. Comenzamos a ver los signos de ello hacealgunas décadas, en los Estados Unidos porsupuesto, pero también en Europa y en Japón,donde la disminución del crecimiento (sobre tododemográfico) conduce a un alza sin precedentes dela masa de los patrimonios en relación con losingresos.

Es importante comprender que no existeninguna razón natural por la cual el rendimientodel capital debería reducirse al nivel de la tasa decrecimiento. La manera más simple de

convencerse es constatar que el crecimiento hasido casi nulo durante lo esencial de la historia dela humanidad, mientras que el rendimiento delcapital ha sido siempre netamente positivo (por logeneral entre el 4 y el 5% para el impuesto a lapropiedad en las sociedades agrariastradicionales). Esto no plantea ningún problemalógico desde un punto de vista estrictamenteeconómico. Al contrario: cuanto más perfecto ypuro es el mercado de capital, en el sentido de loseconomistas, más fuerte será la desigualdad r g.Pero, por supuesto, conduce a desigualdadesextremas y poco compatibles con los valoresmeritocráticos sobre los que se fundan nuestrassociedades democráticas.

Hay varias soluciones posibles, desde lacooperación internacional más perfecta(intercambios automáticos de informaciónbancaria, impuesto progresivo sobre el capital)hasta el repliegue nacional más absoluto. Lainflación permitiría liquidar la deuda pública,

pero golpearía sobre todo a los patrimoniosmodestos, y por lo tanto, no es una respuesta delargo plazo. Control de capitales al modo chino,oligarquía autoritaria a la rusa, crecimientodemográfico perpetuo al estilo estadounidense:cada bloque regional tiene su solución. La ventajade Europa es su modelo social y su riquezapatrimonial, y aunque sus instituciones políticassean hoy gravemente disfuncionales tiene losmedios para ir más allá del crecimiento y permitirque la democracia retome el control delcapitalismo.

«Libé»: ¿qué significa ser libre?

25 de febrero de 2014

La crisis en el diario Libération («Libé[30]») tienepor lo menos el mérito de reavivar una preguntaclave: ¿qué significa ser libre cuando se está enmanos de un accionista, más aún de un accionistacon poder? ¿Qué formas de gobernanza alternativadeben inventarse en el siglo XXI para escapar a ladictadura del propietario todopoderoso y permitirpor fin un control democrático y participativo delcapital y de los medios de producción? Estacuestión eterna, que algunos creyeron terminadadespués de la caída del antimodelo soviético, enrealidad nunca dejó de plantearse.

Y se plantea sobre todo en el sector de laprensa y de los medios en general, donde lasestructuras de propiedad mixta, bajo la forma de

asociaciones o de fundaciones, volvieron a ganarinterés en los últimos tiempos, pues permitencumplir el doble objetivo de garantizar laindependencia de las redacciones y promovermodelos innovadores de financiamiento. En elcontexto de crisis aguda en el que se encuentranactualmente los medios —amenazados por unacompetencia desenfrenada y un desmembramientode las redacciones—, se hace necesario repensartodo el modelo (como lo demuestran muy bien lostrabajos recientes de Julia Cagé).

Pero la cuestión de las formas alternativas depropiedad del capital se plantea también en elconjunto de los sectores culturales y educativos, entodos los continentes. Hasta donde sé, nunca nadiepropuso transformar la Universidad de Harvard(cuyo presupuesto supera los capitales propios delos más grandes bancos europeos) en una sociedadanónima. Para tomar otro ejemplo, más modesto,los estatutos de la fundación «École d’Économiede Paris» prevén que el número de lugares de los

fundadores privados en el consejo deadministración aumente levemente en función de suaporte de capital, pero que siempre debe sernetamente inferior en todos los casos al número delugares de los fundadores públicos y de losresponsables científicos. Seamos claros: latentación de abuso de poder puede hacer estragostanto entre los simpáticos donantes privados de lasuniversidades como en el seno de los generososaccionistas de los diarios, y es mejor estaradvertidos de antemano.

A decir verdad, esta misma cuestión de ladivisión del poder se plantea en todo tipo deactividades, tanto en los servicios como en laindustria, donde coexisten numerosos modelosalternativos de gobernanza. Por ejemplo, losasalariados alemanes están mucho más implicadosen la dirección efectiva de sus empresas que enFrancia, lo que a todas luces no les impideproducir buenos autos (como lo recordó muyoportunamente un libro reciente de Guillaume

Duval).En «Libé», el problema se plantea hoy con una

intensidad especial. Su principal accionista, BrunoLedoux, adepto al parecer a los paraísos fiscales ya las operaciones financieras que le permiteneludir el pago de impuestos, afirmó con desprecioque Libé «debe su salud a la mera acumulación desubvenciones públicas». Luego, explicó en loscanales de televisión que quería que «todos losfranceses, que les pagan a estos tipos, fuerantestigos». Esta declaración increíble, de unaviolencia inaudita con los periodistas delperiódico que dice querer salvar, puede parecerinexplicable. Sin embargo, es coherente con eldenominado «proyecto» revelado ese mismo día,que busca «valorizar» la marca «Libé» echando alos periodistas.

Esta violencia verbal, esta violencia de «DonDinero», que cree que todo le está permitido,incluso decir enormes estupideces, nos interpela atodos, como ciudadanos y como lectores de

«Libé». A veces, podemos decepcionarnos con elcontenido del diario, pero basta con mirar lascadenas informativas y su flujo incesante denoticias embrutecedoras para recordar que lademocracia no puede funcionar sin la distancia queda lo escrito y la reflexividad de un diario deinformación general.

«Libé» tiene que vivir, y para eso hay quedenunciar las mentiras diseminadas aquí y allá.No, los medios no viven de la caridad pública. Unmedio como Libération paga mucho más deimpuestos que lo que recibe de subsidios; a losumo puede considerarse que está sometido a unatasa global de deducciones un poco menos elevadaque la media de las actividades económicasprivadas.

Veamos la cuestión en un contexto más amplio.Nuestro modelo económico consiste en reunir —bajo la forma de tasas, impuestos y contribucionesdiversas— cerca de la mitad de las riquezas quese producen cada año para financiar

infraestructura, servicios públicos y coberturascolectivas con las que nos beneficiamos todos. Noexisten por un lado los que pagan y por otro losque reciben: todos pagan y todos reciben. Enciertos sectores de actividad, denominadospuramente privados, se supone que los ingresos delas ventas cubren la totalidad de los gastos, peroesto no les impide beneficiarse de lainfraestructura pública. En otros sectores, como lasalud o la educación, los ingresos efectivamentepagados por los usuarios de servicios solorepresentan una pequeña parte de los costos. Estaelección se hizo para garantizar la igualdad deacceso a estos servicios, pero también porque noshemos convencido a lo largo de la historia de queel modelo de competencia absoluta entre losproductores que buscan maximizar su beneficio noes siempre el más adaptado, más bien lo contrario.Los sectores de la cultura y de los medios están enuna situación intermedia. Estimulamos laindependencia y el dinamismo que aportan los

productores mediante la competencia de unos conotros, pero desconfiamos del accionistatodopoderoso. Para construir un modelo viable,sin duda es necesario aceptar que la parte de losingresos privados en el financiamiento total estétambién en una posición intermedia: mucho máselevada que en la enseñanza superior, por ejemplo,pero netamente más baja que en la cosmética. Sinolvidar echar del sector a los pequeños marquesesque causan estragos.

Parte III

¿Cómo cobrarles impuestos a losricos?

El precio de un niño

7 de marzo de 2005

Más allá del escándalo, el caso del dúplex de 600metros cuadrados de los Gaymard a 14 000 eurospor mes (¡168 000 euros por año!), tuvo el méritode poner en evidencia uno de los más antiguosproblemas de la denominada política familiar[31].¿Todos los niños valen lo mismo? ¿El valor de losservicios y las prestaciones concedidos por elEstado debe ser el mismo para todos los niños,cualquiera sea el ingreso de sus padres? ¿O bien elEstado debe procurar mantener el nivel de vida delos padres que eligen tener una familia numerosa, yal mismo nivel que las parejas sin hijos pero conel mismo ingreso (en cuyo caso el monto de lascompensaciones que el Estado destina a cada niñodebe crecer necesariamente en relación con el

ingreso de los padres)? No sorprende entonces queeste debate entre lógicas de solidaridad vertical yde equidad horizontal provoque enfrentamientospolíticos violentos desde hace más de un siglo.

El exministro de Finanzas se ubica sin rodeosen la segunda lógica: los Gaymard consideraronque sus 240 metros cuadrados en el bulevar Saint-Michel ya no les permitían «tener una vidafamiliar normal y vivir con [sus] niños» (lo quequiere decir: en las condiciones de confortconformes a su nuevo estatus y a sus nuevosingresos), y como no son tan «burgueses» comopara poseer 600 metros cuadrados en eldistrito VIII de París, les pareció justificado quelos contribuyentes los compensaran por la pérdidade nivel de vida que sus ocho hijos podríanocasionar. En este caso, la ayudita delcontribuyente ascendía a alrededor de 2000 eurospor mes y por hijo. Para poner estas cifras enperspectiva, resulta útil compararlas con aquellasde la política familiar convencional.

La primera lógica es sobre todo la de lasasignaciones familiares. En la actualidad, ningúnhogar recibe dinero mensual por el primer hijo,pero sí alrededor de 115 euros por mes por doshijos, 260 euros por mes por tres hijos, y 145euros por hijo suplementario. Con ocho hijos, losGaymard recibirían pues 985 euros por mes, esdecir 12 000 por año, el mismo monto quecualquier Fulano y familia. Para estos últimos, setrata de un complemento de ingreso sustancial,pero no para los Gaymard (el salario delexministro era de 200 000 euros por año, teniendoen cuenta la parte no imponible, y su esposa debíade ganar al menos lo mismo, sin contar losingresos adicionales).

La segunda lógica es la del cociente familiar(CF), sistema único en el mundo, que se lanzó enFrancia en 1945 para conjurar el espectro de laderrota y de la disminución de la natalidad en lasfamilias acomodadas. El principio es simple. Cadahogar dispone de cierto número de partes: 2 para

una pareja casada sin hijos; 2,5 para una parejacon un hijo; 3, con dos hijos; 4, con tres hijos; yluego una parte suplementaria por hijo.Hasta 1953, las parejas descendían de 2 a 1,5partes si no tenían hijos luego de tres años decasados, ¡vaya prueba de imaginación dellegislador fiscal en materia de natalidad! Sedivide a continuación el ingreso por el número departes, se calcula el impuesto que corresponde,luego se remultiplica por el número de partes. Ladivisión por el número de partes permite escaparde las franjas más elevadas del impuesto, y aúnmás si el ingreso es más importante.

Concretamente, con ocho niños (es decir,nueve partes), Fulano y familia no son imponibles,y ya era el caso sin duda con dos partes, por lotanto el CF les reporta cero euros: debencontentarse con los subsidios familiares. Con uningreso anual de 100 000 euros, un hogar con ochohijos se beneficia con una reducción de impuestosde alrededor de 20 000 euros, que siempre es

bueno tomar en cuenta. En cuanto a los Gaymard,con un ingreso anual del orden de los 400 000euros (para darnos una idea), la aplicación estrictadel CF les reportaría cerca de 70 000, y más de80 000 si agregamos los subsidios. Estamos lejostodavía de los 168 000 euros del dúplex encuestión, pero vemos que los órdenes de magnitudno son incomparables. El departamento delministro fue finalmente un súper CF.

Al juzgar excesivo este beneficio, lossocialistas decidieron en 1981 que la reducción deimpuestos sería limitada (medida más quecompensada, en 1986, por la atribución de partescompletas más allá del tercer niño). En laactualidad, la reducción no puede superar 4200euros por parte, aunque los ocho niños de losGaymard reporten solo 30 000 euros (y no70 000). En cierta medida, la regla que fijó elprimer ministro Raffarin para salir de la crisis(cada ministro tiene derecho, además de susalario, a 80 metros cuadrados, más 20 por niño,

es decir, 240 metros cuadrados por ocho hijos)vuelve a suprimir la limitación de los efectos delCF solo para los hogares de los ministros.Instaurando a las apuradas este nuevo derecho dealojamiento familiar de los ministros (que ningúntexto prevé), luego de haber duplicado en 2002 sussalarios de manera poco transparente, el primerministro Jean-Pierre Raffarin contribuye una vezmás a poner al gobierno fuera del derecho.

Miles de millones de dólares

28 de octubre de 2008

Cuarenta mil millones para recapitalizar losbancos franceses, 320 000 millones paragarantizar sus préstamos, 1,7 billones a niveleuropeo: ¿quién da más? Al lanzarse a una carrerapara ver quién anuncia el plan de salvataje másgrande, los gobiernos de los países ricos correngrandes riesgos.

Primero, nada garantiza que esta estrategia decomunicación permita calmar la crisis y evitar unarecesión dolorosa. Los mercados financierosadoran las grandes cifras. Pero también amansaber con precisión para qué servirá el dinero,quién dispondrá realmente de qué sumas, durantecuántos años, bajo qué condiciones, etc. Pues bien,desde este punto de vista, reina la opacidad. Enverdad, los gobiernos se comportan igual que las

peores empresas a las que deberían regular. Todaslas técnicas de manipulación contable valen, conuna mención especial para el presidente de nuestropaís. Se mezclan flujos anuales y de stock, dinerofresco con simples garantías bancarias, se cuentanvarias veces las mismas operaciones. Y se suma latotalidad: cuanto más grande, mejor. Y nosencontramos en una situación absurda en la que lasautoridades estadounidenses y francesas, demanera apresurada y sin contrapartidas reales,entregan dinero público a bancos que no loquieren. Los 10 000 millones que se prestaron lasemana pasada a las grandes entidades francesasdeberían relanzar el crédito, pero el compromisoes puramente verbal. Sin embargo, existe todo unarsenal legislativo y regulatorio que permiteobligar a los bancos a prestar una parte de susfondos a las pequeñas y medianas empresas que,en la crisis actual, merecía ser revisado ymejorado.

Pero además, y sobre todo, esta estrategia

basada en la exhibición engañosa de cifras decentenas de miles de millones amenaza condesorientar de manera permanente a losciudadanos. Luego de explicar durante meses quelas arcas estaban vacías, y que incluso el mínimoahorro de algunas centenas de millones de eurosera imprescindible, ¡de pronto el Estado pareceestar en condiciones de endeudarse de modoilimitado para salvar a los banqueros!

La primera fuente de confusión tiene que vercon que se mezclan constantemente los flujosanuales de ingresos y de producción con los stocksde patrimonio, sin considerar que los segundos sonmucho más importantes que los primeros. Porejemplo, en Francia, el ingreso nacional anual, esdecir, el PBI menos el desgaste de losequipamientos, es del orden de los 1,7 billones(30 000 euros por habitante). En cambio, el stockde patrimonio nacional alcanza los 12,5 billones(200 000 euros por habitante). Para pasar a losniveles norteamericanos o europeos, estas cifras

deben ser grosso modo multiplicadas por seis: 10billones de ingreso, 70 billones de patrimonio.

El segundo punto importante es que losingresos y patrimonios son propiedad de loshogares en un 80%: por definición, las empresasno poseen casi nada, porque distribuyen loesencial de lo que producen a los hogaresasalariados y a los accionistas. Es lo que permitecomprender por qué el impacto inicial provocadopor la crisis de las hipotecas subprimes, estimadoen alrededor de 1 billón de dólares (es decir, elequivalente de 10 millones de hogaresnorteamericanos que hubieran pedido prestado,cada uno, 100 000 dólares), aunque sea modestoen comparación con el patrimonio general de loshogares, puede hacer que se desplome todo elsistema financiero. El banco más importante deFrancia, BNP Paribas, exhibe así 16,9 billones deactivos para 16,5 billones de pasivos, es decir, 40 000 millones de fondos propios. Antes de laquiebra, las cuentas de Lehman Brothers eran muy

parecidas, igual que las de otros bancos delmundo. El hecho central es que los bancos sonorganismos frágiles, y que el impacto de 1 billónde desvalorización de activos puede devastarlos.

Frente a una realidad de esta naturaleza,intervenir para evitar la crisis sistémica eslegítimo, pero solo puede hacerse bajo ciertascondiciones. Primero, obtener la garantía de quelos accionistas y directivos de los bancosrescatados por el contribuyente paguen el preciode sus errores, lo que no fue el caso en lasintervenciones recientes. Luego, y sobre todo,poner en marcha una regulación financieraimplacable que permita asegurar que ya no seráposible difundir impunemente activos tóxicos enlos mercados, con el mismo vigor con que lasagencias de seguridad alimentaria controlan laintroducción de nuevos productos. Esto no podráhacerse nunca si se permite que se manejen 10billones de activos desde paraísos fiscales demanera completamente opaca. Por último, es

necesario terminar con las remuneracionesindecentes en el mundo de las finanzas, quecontribuyeron a estimular la toma excesiva deriesgos. Esto exige mejorar la progresividad fiscalpara los altos ingresos, lo cual se ubica en lasantípodas de la política francesa denominadaescudo fiscal, que, al contrario, apunta a exonerarpor adelantado a los más favorecidos de cualquieresfuerzo por pagar los costos. Con una estrategiacomo esa, probablemente haya que prepararsepara crisis sociales y políticas todavía másviolentas.

Lecciones fiscales del casoBettencourt

8 de septiembre de 2009

Durante mucho tiempo la fortuna de LilianeBettencourt fue la mayor de Francia. Tras elproceso judicial que presentó su hija contra ella,hoy representa más que eso. En efecto: de maneraun poco extrema, este caso ilustra a la perfecciónalgunos de los problemas más espinosos que van aplantear los patrimonios y su transmisión en elsiglo XXI. Recapitulemos. Liliane, 87 años,heredera del grupo L’Oréal, acordó realizar ciertonúmero de donaciones a un amigo fotógrafo de 61años por un monto total estimado en 1000 millonesde euros, es decir, menos del 10% de su fortunatotal (15 000 millones de euros). Su única hija,Françoise, 58 años, la acusa de dejarse abusar y

presenta una demanda por «abuso de debilidad».Liliane, por su parte, considera que está enperfecto estado y no tolera las pericias médicasque su hija intenta imponerle por vía judicial.Agreguemos que ambas son miembros del consejoadministrativo de L’Oréal, el más notable de laBolsa de París. No es cuestión de pronunciarseaquí, por supuesto, sobre la salud mental de losprotagonistas. Sin embargo, nos permitimosseñalar que esto se asemeja bastante a una guerrade la tercera edad; en cierto modo, una historia deviejos. De hecho, los patrimonios no dejan deenvejecer en Francia, consecuencia evidente delaumento de la expectativa de vida, pero tambiénde que la rentabilidad del capital a lo largo de losúltimos treinta años superó ampliamente la tasa decrecimiento de la producción y de la renta con quese benefician los activos. Lo que resulta más gravetodavía es que esta evolución está exacerbada porla presión fiscal creciente que pesa sobre losingresos del trabajo, algo que correlativamente

limita la capacidad de ahorro de aquellos que solocuentan con su trabajo para acumular algo. Almismo tiempo, los patrimonios se beneficiaron derepetidas reducciones fiscales, tanto en el nivel delas transmisiones (donaciones, sucesiones) comoen el nivel del flujo de ingresos (dividendos,intereses, alquileres, plusvalía). Desde ese puntode vista, la fuerte disminución de los cánonessucesorios votada en 2007, en total contradiccióncon los eslóganes sobre la revalorización deltrabajo, constituye una decisión particularmentenefasta. Sobre todo porque, al privarse de esaarma, el gobierno disminuyó en la mayor parte delos casos la importancia de las zanahorias fiscalesprometidas a las donaciones anticipadas. Demanera evidente, las medidas de 2007 tendráncomo efecto principal acelerar el proceso deenvejecimiento de la fortuna actualmente enmarcha. El caso Bettencourt plantea igualmente lacuestión de la libertad que tiene una persona paratestar, es decir, para legar su patrimonio a tal o

cual. En el marco del Código Civil napoleónico, laherencia está cuidadosamente encuadrada enFrancia. Cualesquiera sean las relaciones con lospadres, cualquiera sea el monto de la fortuna, loshijos tienen derecho a la «reserva hereditaria».Los padres solo pueden disponer libremente de loque se ha dado en llamar la «porción disponible»,equivalente al 50% del patrimonio para el caso deun solo hijo, al 33% en el caso de dos hijos y al25% en el caso de tres o más. Dicho de otro modo,una persona que haya acumulado (o incluso quehaya heredado) una fortuna de 10 000 millones deeuros no tiene más opción que reservar al menos5000 millones a su único hijo, o 7500 millones asus tres hijos (repartidos en partes iguales). Eneste caso, Liliane Bettencourt respetó esta regla.Pero, sin siquiera apelar a su salud mental, su hijapodría impedirle legalmente proceder como BillGates, quien legó lo esencial de su fortuna afundaciones. Además, el impuesto francés a lassucesiones aplica las tasas más elevadas a los

patrimonios transmitidos dentro del marco de laporción disponible: el objetivo es favorecer lastransmisiones a los hijos, también aquí sinimportar cuál sea el monto. ¿Habría que suprimirtodo esto y pasar a un sistema de total libertadtestamentaria, a la anglosajona? La opción estentadora, sobre todo porque este sistema conduceen la práctica a una distribución igualitaria entrelos hijos en la inmensa mayoría de los casos,mientras que deja a las más grandes fortunas laposibilidad del mecenazgo, cuya insuficienciadeploramos a menudo en Francia. Al mismotiempo, los argumentos del Código Civil a favorde la protección de los hijos desheredados y lospadres abusados, se reforzarán de manera objetivacon el desarrollo de la cuarta edad, y procesoscomo los de Bettencourt podrían multiplicarse. Almenos, el mecanismo de la reserva hereditariamerecería ser limitado. Más allá de cierto nivel depatrimonio, no se entiende por qué la ley deberíaobligar a los padres a transformar a sus hijos en

rentistas.

¿Liliane Bettencourt pagaimpuestos?

13 de julio de 2010

Más allá del evidente conflicto de intereses con elpoder vigente, el caso Bettencourt ilustra a laperfección algunos desafíos fundamentales queenfrentan las sociedades contemporáneas[32]: elenvejecimiento de las fortunas, el lugar cada vezmás importante de la herencia —fenómeno deevolución lenta pero que pone profundamente encuestión el ideal meritocrático—, y, sobre todo, loinjusto que es nuestro sistema fiscal. «Lasdistinciones sociales solo pueden fundarse en lautilidad común», dice el art. 1 de la Declaraciónde los Derechos del Hombre. A todas luces, elhecho de que Liliane, octogenaria, y su hijaFrançoise, quincuagenaria, controlen el capital de

L’Oréal y formen parte de su directorio es de muypoca utilidad para la economía y la sociedadfrancesas. No son emprendedoras; son herederas,rentistas y, por sobre todo, personas ocupadas enpelearse como mercachifles. Lo lógico sería queun sistema fiscal racional, es decir, justo y eficaz,fundado en la utilidad común, les impusiera fuertescargas impositivas, para que de manera gradualvendieran sus títulos a accionistas menos ricos ymás dinámicos.

Pues bien, lo que sucede es exactamente locontrario. Liliane anunció, y con orgullo, que pagóun total de «397 millones de euros» de impuestossobre sus ingresos y fortuna en un período de diezaños. Sin darse cuenta, nos revela que su tasa deimposición es muy inferior a la de los asalariadosde L’Oréal, y de todos aquellos que solo viven desu trabajo. Según las revistas, su fortuna se estimaen 15 000 millones de euros. En diez años, pagóentonces el equivalente a 2,5% de su patrimonioen impuestos, es decir el 0,25% por año.

Supongamos que su fortuna, manejada por la mujerde un ministro, le generó en promedio unrendimiento del 4% anual (lo que no es nada delotro mundo). Esto significa que su tasa deimposición media en el curso de los diez últimosaños fue de poco más del 6% de sus ingresosanuales (un 6% de 4% da un 0,24%). ¿Cómo esposible esto y cómo es posible que, en estascondiciones, Liliane Bettencourt se beneficie conlas medidas del denominado escudo fiscal?Simplemente porque el concepto de ingreso fiscalutilizado por ese escudo no tiene nada que ver conel ingreso económico real. Por razonesideológicas, y probablemente también porincompetencia, el escudo fiscal instituido por elpoder vigente funciona de hecho como unamaquinaria que subvenciona a los rentistas.Supongamos que Liliane declara 15 000 millonesde euros en concepto de impuesto sobre la fortuna.En principio, debería pagar cada año cerca de 1,8% de su fortuna en concepto de ISF, es decir, 270

millones de euros de impuestos. Con unrendimiento del 4%, su fortuna debería aportarleun ingreso económico real de 600 millones deeuros por año. Pero Liliane no precisa tantodinero. Para pagar a su mayordomo, a su mucama,etc., le alcanza sin dudas con pagarse 10 millonesde euros en dividendos anuales sobre losbeneficios de la sociedad que maneja su fortuna,Clymène (el resto se acumula tranquilamente endicha sociedad). En este caso, el fisco consideraque su ingreso fiscal es de 10 millones (y no de600). Con un impuesto sobre el ingreso del 40%,es decir, 4 millones, Liliane paga un total de 274millones de impuestos, es decir, más que la mitadde su ingreso fiscal de 10 millones. Esto esinjusto, nos explican apasionadamente los tenoresdel partido gobernante: ¡Liliane trabaja más deseis meses por año para el fisco! Es verdad,Liliane trabaja duro. Por eso tendrá derecho alescudo fiscal, es decir, a un cheque de 269millones que, en líneas generales, le devuelve el

ISF.Así, de manera totalmente legal, las Liliane del

mundo pueden pagar 5 millones de impuestos poringresos de 600 millones, es decir, una tasa deimposición inferior al 1%. De esta manera, cuantomás grande es el rentista, menos importante es elbeneficio fiscal y mayor el descuento. Una bellainvención, es verdad. En este caso, la señoraBettencourt recibió un cheque de solo 30 millonesen concepto de escudo fiscal, probablementeporque su patrimonio imponible declarado nosupera uno o dos mil millones —el resto de sufortuna se beneficia del nicho fiscal para bienes«profesionales» o es declarado por su hija (ellatambién sin duda gran beneficiaria del escudofiscal)—. Duerman tranquilos, todo está cocinado.

Elementos para un debate serenosobre el impuesto a la fortuna

12 de octubre de 2010

El impuesto a la fortuna (ISF) suele despertarfervores tanto ideológicos como irracionales. Elmás reciente: 100 diputados de la Unión por unMovimiento Popular (UMP) proponen suprimirlo,en plena crisis de las finanzas públicas,privándose así de más de 3000 millones de eurosde ingresos fiscales. Hacer un cheque de 3000millones al 2% más rico de Francia, mientras todoel mundo se pregunta cómo hará el Estado parapagar sus deudas, ¿cómo no se nos había ocurrido?

Es una pena que el debate se limite acaricaturas como esa. La aplicación directa deimpuestos al patrimonio, elemento clave de unsistema fiscal justo y eficaz, desempeña un rol

significativo en todos los países desarrollados, amenudo bajo la forma de un impuesto inmobiliarionetamente más alto que en Francia. El ISF al estilofrancés pretende tratar todas las formas depatrimonio del mismo modo, lo cual es más eficaz,y les aplica un porcentaje progresivo, lo que esmás justo. Evidentemente, este impuesto no debeser suprimido. En cambio, podría ser modificado ymejorado, siempre que se den las condiciones paraun debate pacífico. Tratemos de contribuir.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas(Insee) y el Banco de Francia, los hogaresfranceses poseen actualmente cerca de 9,2 billonesde euros de patrimonio inmobiliario y financiero(libre de deudas). La fortuna de los francesesdisminuyó con claridad desde 2008 —en esemomento era de 9,5 billones—, pero siguerepresentando cerca de 6 años de ingreso nacional,contra menos de 4 en los años ochenta y menos de3 en los años cincuenta. Los patrimonios nunca hanestado tan bien desde la belle époque (1900-1910)

. En cambio, los salarios, los ingresos y laproducción crecen a un ritmo muy bajo desde hacetreinta años, y es probable que continúen así. Eneste contexto, no es absurdo exigir de lospatrimonios una contribución mayor con el fin dereducir la carga fiscal que pesa sobre el trabajo. Yno lo contrario, como proponen los diputados delUMP.

De estos más de 9 billones de patrimonio delos hogares, cerca de un 10% es alcanzado cadaaño por el impuesto a la fortuna (ISF). Enprincipio, todos los hogares que posean unpatrimonio imponible superior a 790 000 euros, esdecir, un poco más de 500 000 hogares (2% de lapoblación), deberían declarar todos sus activosinmobiliarios y financieros (netos de deudas). Enla práctica, varias reglas de excepción hacen quelos patrimonios declarados al ISF sean netamenteinferiores a los patrimonios económicos reales:reducción del 30% sobre la residencia principal,múltiples nichos fiscales y, sobre todo,

exoneración de los bienes llamados«profesionales», particularmente importantes paralas fortunas más grandes, aunque sus dueños noejerzan una actividad profesional. Hay un ejemplocélebre: Liliane Bettencourt posee, según suspropias declaraciones, un patrimonio real de15 000 millones de euros, pero aparentemente nodeclara más de 1000 o 2000 millones a los efectosdel ISF, y, al parecer, lo hace de manera legal. Sicruzamos diferentes fuentes, podemos estimar queel patrimonio real de las personas a las que sepuede aplicar el ISF es del orden de 2,5 billonesde euros, es decir, cerca del 30% del patrimoniototal de los franceses.

Como sea, el hecho es que los ingresos totalesdel ISF superan apenas el 0,3% de los 900 000millones de patrimonio imponible. Sostener que unimpuesto de este tipo atenta contra el espíritu deempresa y amenaza el equilibrio económico delpaís no es serio. Del mismo modo, no es serioampararse en los desplazamientos masivos de

empresas fuera de su lugar de origen: lasestadísticas reunidas por Gabriel Zucman[33]

muestran que los patrimonios declarados al ISFaumentaron a lo largo de las décadas de 1990 y2000 a un ritmo extremadamente alto y pococompatible con la hipótesis de una hemorragia dela base fiscal. Por último, no es exacto que el ISFse haya convertido en un impuesto a los pobresejecutivos parisinos que tienen la desgracia deposeer un departamento: los patrimoniosimponibles inferiores a 1,3 millones de eurosrepresentan en la actualidad apenas el 10% de larecaudación total del ISF, contra cerca del 50%para los patrimonios superiores a 7,5 millones.

Pero el ISF tiene un defecto mayor. Susmúltiples excepciones permiten que lospatrimonios más elevados paguen mucho menos delo que deberían y, a menudo, que sus declaracionesjuradas no guarden una verdadera relación con suspatrimonios reales: es el síndrome Bettencourt,que en realidad es mucho más general. Una buena

reforma sería suprimir los nichos fiscales yampliar así la base tributaria. Esto contribuiría areducir el déficit y —siempre y cuando el estadode las finanzas públicas lo permita— a reducir losimpuestos que pesan sobre los patrimonios másbajos.

Japón: riqueza privada, deudaspúblicas

5 de abril de 2011

Vista desde Europa, la realidad japonesa siguesiendo sorprendente e incomprensible. ¿Cómo esposible que Japón tenga una deuda públicasuperior al 200% de su PBI (dos años de productobruto interno) y que nadie parezca inquietarse? ¿Aqué realidad, a qué decisiones políticascorresponde esta deuda colosal? Todas las cifrasexpresadas en porcentajes del PBI o en miles demiles de millones con las que nos saturan cada día,¿tienen sentido o tendremos que pasarlas por altola próxima vez?

Para tratar de recobrar la cordura, lo mejor esremitirse a las cuentas nacionales, que en la mayorparte de los países hoy en día se refieren a los

stocks de activos (inmobiliarios y financieros) ypasivos (deudas) que tienen unos y otros (hogares,empresas, gobiernos, resto del mundo), y no solo alos flujos de producciones e ingresos.

Estas cuentas no son perfectas, claro. Porejemplo, a escala mundial, las posicionesfinancieras netas son globalmente negativas, lo quees lógicamente imposible, excepto si suponemosque en parte nos controla el planeta Marte. Es másprobable que esta incoherencia indique que unaparte no despreciable de los activos financierosque se encuentran en manos de los paraísosfiscales y de los no residentes no estáncorrectamente registrados como tales. Comodemostró hace poco tiempo Gabriel Zucman[34],esto afecta sobre todo la posición neta exterior dela zona euro, que probablemente es mucho máspositiva de lo que sugieren las estadísticasoficiales. Los europeos con fortunas tienen muchointerés en ocultar una parte de sus activos y laUnión Europea no está haciendo por el momento lo

que debería —y podría— para disuadirlos.Sin embargo, estas imperfecciones no deben

derrotarnos. Al contrario: al examinar las cuentasnacionales podremos contribuir a mejorarlas.Como siempre, en economía es necesario aceptarel principio de que partimos bien de abajo; eso esprecisamente lo que hace que la disciplina searelativamente interesante, y los progresos,potencialmente considerables.

Negarse a hacer las cuentas beneficia siemprea los más ricos, y a la riqueza adquirida, siemprelista para defenderse, más que a la riqueza enformación.

Volvamos al caso japonés. Lo primero a teneren cuenta cuando se habla de deuda pública es quelos patrimonios privados son siempre mucho máselevados que las deudas (privadas o públicas). EnJapón, como en Europa o en los Estados Unidos,los hogares poseen activos inmobiliarios yfinancieros (netos de deudas) del orden del 500-600% del PBI. Por lo general, en nuestras

sociedades ricas, el ingreso nacional es dealrededor de 30 000 euros por habitante y elpatrimonio medio es del orden de los 180 000euros por habitante, es decir, seis años deingresos.

La segunda cosa a considerar es que elgobierno japonés tiene deudas brutas superiores al200% del PBI, pero posee activos no financierosdel orden del 100% del PBI (inmobiliarios,terrenos), así como activos financieros igualmentedel orden del 100% del PBI (participaciones enlas empresas públicas, cajas de ahorro einstituciones financieras parapúblicas como elbanco Caisse des Dépôts). Los activos y lospasivos están más o menos equilibrados.

De todos modos, la posición patrimonial netadel sector público japonés pasó a ser levementenegativa estos últimos años, lo cual es bastantepoco habitual: un gobierno no puede ponerse avender todo lo que posee. Si comparamos, lasadministraciones públicas francesas y alemanas

conservan una posición sin duda positiva, inclusodespués de la crisis. En Francia, la deuda públicase acerca al 100% del PBI, pero los activospúblicos (no financieros o financieros) se acercanal 150% de ese producto nacional.

Esta particularidad nipona es más sorprendenteaún porque Japón, tanto en su sector público comoen el privado, tiene una posición neta en extremopositiva respecto del resto del mundo. A lo largode los últimos veinte años, los japonesesacumularon el equivalente de cerca de un año deingreso en activos exteriores netos. Estedesequilibrio entre riqueza privada y deudapública ya era patente antes del tsunami. Solopodrá resolverse aumentando la presión fiscal enel sector privado japonés (ahora de apenas el 30%del PBI). Los cataclismos recientes deberíanacelerar esta evolución, retrasada sin cesar desde1990, y contribuir a acercar Japón a Europa, conlas dificultades que esto implica.

Impuesto a la fortuna: basta dementiras de Estado

3 de mayo de 2011

Cuanto más grande, más desapercibida pasa. Alparecer, esta es la lógica del poder de turno.Primera mentira: durante tres años, de 2007 a2010, Nicolas Sarkozy justificó su medidadenominada «escudo fiscal» asegurando en todoslos programas de televisión, delante de millonesde franceses, que había una exención impositivasimilar en Alemania, algo que en realidad noexistía.

No fue suficiente: en 2010, el jefe de Estadoanunció la supresión del escudo, pero inventó unasegunda mentira: «Francia es el único país quetiene un impuesto al patrimonio». Es necesariopues suprimir o reducir de manera drástica el

impuesto a la fortuna (ISF). Esta mentira pura ysimple, repetida sin cesar en todos los medios,terminó por convencer a una parte de la opiniónpública. Pero es mentira: en realidad, en todos lospaíses hay impuestos al patrimonio de los hogares,sobre todo al patrimonio inmobiliario, bajo laforma de impuestos a la propiedad, mucho máscontundentes que el ISF. En Francia, los hogarespagan cerca de 15 000 millones de euros deimpuestos a la propiedad y 4000 millones de ISF.Si tuviéramos la fiscalidad estadounidense obritánica, deberíamos pagar cerca de 25 000millones de impuesto a la propiedad.

¿Tendríamos entonces un sistema fiscal mejor?No estoy seguro. A pesar de sus imperfecciones, elISF es un impuesto a la vez más justo, más eficaz ymejor adaptado al siglo XXI que los viejosimpuestos a la propiedad producto del siglo XIX.En primer lugar, porque trata de la misma maneralas distintas formas de patrimonio, inmobiliario ofinanciero, lo que minimiza las distorsiones

económicas. Hay muchos nichos que lo evaden, escierto, pero sigue siendo mejor que dejar exento el100% del patrimonio financiero, como hacen losimpuestos a la propiedad.

Además, el ISF permite la deducción dedeudas. Si usted posee un departamento de 1millón de euros, pero además tiene un préstamo de800 000 euros, entonces su patrimonio imponiblees de 200 000 y no tendrá que pagar el ISF. Encambio, pagará el mismo impuesto a la propiedadque una persona que no tiene ningún préstamo.

Finalmente, el ISF se funda en valores demercado, que tienen el mérito de ser los mismospara todos, mientras que los impuestos a lapropiedad reposan en la mayor parte de los paísesen valores catastrales que casi nunca se actualizan,lo que genera desigualdades injustificables entrecontribuyentes, según la comuna o el barrio en quevivan. Esta es la razón por la que Alemania yEspaña suprimieron recientemente su viejoimpuesto progresivo al patrimonio, que se basaba

en valores catastrales por completo obsoletos.Desde el punto de vista de la historia y de latécnica fiscal, estos impuestos no tenían nada quever con el ISF francés, creado en los años ochentay noventa, en una época en la que se habíacomprendido, por un lado, que la inflación sobreel precio de los activos era una realidad queduraría y, por otro, que un impuesto sobre elpatrimonio debía apoyarse en valores de mercadorevisados cada año. Si acercáramos el impuesto ala propiedad al ISF ganaríamos mucho más quebuscando suprimir este último por razonespuramente ideológicas.

Llegamos así a la tercera mentira. El gobiernoquiere dividir por más de tres las tasas deimposición para las fortunas más elevadas: la tasade 1,8% aplicable cuando se superan los 17millones de euros pasaría a 0,5%. ¿A quiénquieren hacerle creer que no se trata de un regaloenorme para los más ricos? Según nuestrasestimaciones, disponibles en www.revolution-

fiscale.fr, los ingresos del ISF pasarían, con lareforma propuesta, de 4100 millones a 1800millones de euros. De hecho, la pérdida seríaincluso más importante (3000 millones), puestendríamos que considerar los efectos de lamodificación de la escala. Los casi 1900 hogaresque superan los 17 millones declaran en promedio35 millones de patrimonio imponible y verían suISF bajar en promedio 370 000 euros (más omenos un 1% de su patrimonio). Según lasestadísticas publicadas por el Ministerio deEconomía, estos se benefician desde 2007 con un«escudo fiscal» promedio de 210 000 euros, queserá suprimido. En total, la reforma en curso losharía ganar 160 000 euros suplementarios porhogar (y 370 000 euros en relación con lasituación previa a 2007).

No creemos que nuestros cálculos seanperfectos. Pero al menos damos todos los detallesy los divulgamos en internet, justamente para quecada uno pueda verificarlos y mejorarlos con total

transparencia. Este no es el caso de las cifrasoficiales, que son en extremo confusas eincompletas (ningún detalle por franja deimposición, por ejemplo). El ministro FrançoisBaroin primero anunció que la recaudación delnuevo ISF ascendería a 2800 millones de euros(Le Monde, 22 de abril), para luego, algunos díasdespués, dar una estimación de 2300 millones (LesÉchos, 29 de abril). ¡Un pequeño esfuerzo más, yde aquí a una semana nuestra estimación de 1800millones será oficialmente convalidada! En todocaso, ¿es razonable perder varios miles demillones de ingresos del ISF cuando las arcasestán vacías, a los patrimonios nunca les ha ido tanbien y los ingresos se estancan? Esperemos almenos que el gobierno publique cifras claras yasuma su política. O, aún mejor, que deje por fin alos investigadores utilizar todos los archivosdisponibles, de tal manera que el debate fiscal sefunde en evaluaciones y no en mentiras.

Cuando el Ministerio deEconomía manipula a la prensa

27 de septiembre de 2011

¿Entonces los ricos no pagan menos impuestos quelos demás? En todo caso, eso anuncia con orgulloel diario Les Échos[35] en su edición del 19 deseptiembre. La buena noticia es atribuida a un muyoportuno «estudio del Ministerio de Economía(Bercy)». Lamentablemente, el estudio esinhallable en su página web. Intrigado, quisecontactar al periodista para obtener el estudio encuestión. «Imposible», me respondió, «es una notaconfidencial, prometí no transmitirla». Insistí yterminé por comprender que el estudio constasimplemente de algunas cifras poco claras, que nodemuestran nada de lo que se anuncia en elartículo.

¿Qué afirma, pues, la nota de Bercy? Que enlos últimos archivos fiscales disponibles, la tasaefectiva de imposición habría dejado de disminuiren la parte alta de la pirámide de ingresos. Paralos 100 000 contribuyentes más ricos, la tasa deimposición, «definida como la relación entreimpuesto al ingreso e ingreso imponible en laescala», se habría estabilizado en alrededor de un30%, e incluso progresaría muy levemente (31,4%para los 10 000 más ricos, 32,5% para los 100más ricos). El problema es que estas tasassupuestamente efectivas fueron calculadas sobre labase de porcentajes del ingreso imponible, y nodel ingreso económico real. Pues bien, el pecadocapital de nuestro sistema fiscal es precisamenteque la ratio entre ingreso imponible e ingreso realdisminuye brutalmente en el vértice de la pirámidede la distribución de los ingresos, ya que la mayorparte de los ingresos de patrimonio no pagaimpuestos. Concretamente, el impuesto al ingresode los más ricos es tal vez del 30% de su ingreso

imponible, pero esto representa menos del 15% desu ingreso real. Por una simple razón: la totalidadde los ingresos financieros (dividendos eintereses), sometidos a la escala progresiva delimpuesto al ingreso e incluidos en el ingresoimponible, representan menos de 20 000 millonesde euros, contra más de 40 000 millones si seincluyeran los ingresos sometidos a deduccionesliberadoras y las plusvalías. Y más de 80 000millones si se considerara el conjunto de losingresos financieros sometidos a la contribuciónsocial generalizada (CSG, base tributaria dosveces inferior a las cuentas nacionales, pero quetiene de todos modos el mérito de ser cuatro vecesmás amplia que el ingreso financiero imponible enla escala). Todos los detalles están disponibles eninternet en www.revolution-fiscal.fr[36];.

Si no se quiere corregir este camino, y uno selimita al estudio del ingreso imponible, tenemospocas posibilidades de poner al día laregresividad de nuestro sistema fiscal. Que,

además, no pudo más que empeorar con la recientereducción del impuesto a la fortuna (ISF). Todoesto es poco serio desde el punto de vistametodológico. Y no es normal que una cortina dehumo tan grosera haya pasado desapercibida paralos periodistas de Les Échos.

Se imponen varias lecciones. Primero,promover un debate fiscal moderno y transparenteno es para nada evidente si algunos periodistaseligen apoyarse en pequeñas notas confidencialesde este tipo, sin verificar nada ni hacer el másmínimo chequeo de la información. Con CamilleLandais y Emmanuel Saez hicimos un granesfuerzo para publicar en internet datos yprogramas extremadamente detallados quepermiten clarificar el sistema fiscal francés. ConFacundo Alvaredo, Anthony Atkinson y decenas deotros investigadores hemos examinado también demanera sistemática los archivos fiscales deveintitrés países desde hace un siglo. Las cifras deeste World Top Incomes Database, también

disponible en internet, recogen las seriesinternacionales más completas hoy en día sobre laevolución histórica de las desigualdades y son unareferencia en todo el mundo.

No pretendemos que estos datos seanperfectos, y cada cual es libre de compartir o nolas propuestas de reforma fiscal que hemospublicado allí. Sin embargo, tienen el mérito deser accesibles, públicas y verificables en todossus detalles, precisamente porque llegado el casoalguien podría mejorarlas. La precondición es quetodo el mundo se someta al mismo esfuerzo detransparencia y de rigor. Y si la administracióntiene nuevos archivos fiscales, que puedenresguardar el anonimato —lo cual no planteaningún problema técnico—, debe hacerlospúblicos para que los investigadores puedanutilizarlos a la luz del día.

Este asunto plantea también la cuestión másgeneral del financiamiento y de la independenciade la prensa. En 2007, los periodistas de Les

Échos intentaron, sin éxito, oponerse a la comprade su periódico por el grupo LVMH, de BernardArnault. Les preocupaban, con razón, lasconsecuencias para su independencia, y lanzaronuna petición que fue firmada por un gran númerode investigadores. Fue en vano: desde 2007, elprimer diario económico francés es propiedad dela persona más rica de Francia, que ademásmantiene una íntima amistad con el presidente dela República. Ignoro si esto explica la línea cadavez más evidente de este periódico a favor de lastesis defendidas por el poder de turno. Hay días enque uno tiene la impresión de estar leyendo LeFigaro, propiedad de Serge Dassault, senador delpartido gobernante (UMP), transformado casi enperiodista oficial del gobierno. ¿O es que, lo quesería más hipócrita aún, los periodistas de LesÉchos se contentan con adoptar los interesesfinancieros de sus lectores, que están cada vez másdesconectados del común de los mortales? Comosea, esta evolución, deplorada por numerosos

periodistas en el seno mismo de la prensa, espreocupante para la democracia.

Por un impuesto europeo a lafortuna

26 de marzo de 2013

La crisis de Chipre deja en evidencia algunas delas contradicciones más espinosas de lamundialización financiera. ¿De qué estamoshablando? Chipre es una isla de un millón dehabitantes que se unió a Europa en 2004, y a lazona euro en 2008. Su sector bancario sufre unallamativa hipertrofia, con balances que superanocho veces el PBI anual y depósitos que rondan elcuádruple del PBI. Se trata tanto de depósitos dechipriotas como de extranjeros, sobre todo derusos, que se ven atraídos por una fiscalidad tenuey por el exiguo control de las autoridades locales.

Se afirma que estos depósitos rusos incluyenenormes sumas individuales, y uno tiende a

imaginarse a oligarcas con fortunas de decenas demillones de euros. Debe de ser cierto, pero ni lasautoridades europeas ni el FMI publicaron ningunaestadística, aunque más no sea aproximativa. Esprobable que ni estas mismas instituciones sepangran cosa, y nunca hayan hecho nada paraprogresar en esta cuestión que, sin embargo, escentral. Esa opacidad no facilita una soluciónpacífica y racional del conflicto.

En efecto, el problema hoy es que los bancoschipriotas ya no tienen ese dinero: lo destinaron atítulos griegos hoy devaluados y a inversionesinmobiliarias en parte ilusorias. Naturalmente, lasautoridades europeas dudan si reflotar o no a estosbancos sin ninguna contrapartida, sobre todo si setrata de reflotar, esencialmente, a millonariosrusos.

Luego de meses de reflexión, los miembros dela ahora célebre «troika» (Comisión Europea,BCE, FMI) tuvieron la desastrosa idea de cobrarcasi el mismo impuesto a todos los depósitos

bancarios: 6,75% hasta 100 000 euros, y 9,9% porencima de esa suma. La tenue progresividad nodebe generar ilusiones: se trata de sacudir de lamisma manera a los pequeños ahorristas y a losoligarcas.

Ante las críticas, se ha comenzado a hablar deuna exención impositiva a los depósitos inferioresa 100 000 euros, y de cobrar más impuestos a losmás elevados. Pero las definiciones siguen siendovagas (nos orientamos, probablemente, hacia unanálisis banco por banco) y, sobre todo, el malestá hecho: los pequeños ahorristas europeos ya nosaben si pueden confiar en las autoridades que losgobiernan.

La versión oficial es que esa cuasitasa plana seadoptó a pedido del presidente de Chipre, quehabría querido imponer una fuerte cargaimpositiva a los pequeños ahorristas para evitar lafuga de los grandes. Tal vez fue así (no losabremos nunca pues todas las negociacionestuvieron lugar a puertas cerradas). La crisis

chipriota ilustra el drama de los países pequeñosen la mundialización, que para salvarse yencontrar su nicho a veces están dispuestos asometerse a la competencia fiscal más feroz yatraer así capitales poco recomendables.

Pero la excusa se sostiene a medias: la tasaplana fue adoptada por unanimidad en eleurogrupo. Es un buen momento para que losgobiernos europeos aprendan a asumirpúblicamente sus responsabilidades. Esta crisisdemuestra la necesidad de instituir un verdaderoParlamento Presupuestario de la zona euro, paraque estas cuestiones puedan ser por fin debatidas ydecididas de manera democrática, a la luz del día.

Esta crisis también ilustra la incapacidad delos grandes países para utilizar herramientas quepermitan regular las crisis financieras en formaeficaz, y repartir los esfuerzos y las pérdidas demanera justa y aceptable para todos. El problemade la aplicación de impuestos al patrimonio de loschipriotas es su estrecha base fiscal

(aparentemente, para eludirlo basta con transferirlos depósitos a cuentas títulos y otros activosexentos de impuestos) y su irritante falta deprogresividad, única en la historia.

A modo de comparación, la tasa del impuestosobre la fortuna en 2013 es del 0% hasta 1,3millones de euros, del 0,7% hasta 2,6 millones, ypasa al 1,5% más allá de 10 millones. Hay variosejemplos históricos de imposición temporaria yprogresiva al capital. Por ejemplo, el impuesto desolidaridad nacional instituido en 1945 comprendeuna doble deducción excepcional sobre el valorpresente de los patrimonios (con tasas que van del0% al 20% para las fortunas más elevadas), ysobre los enriquecimientos sobrevenidos entre1940 y 1945 (con tasas que llegan hasta el 100%para los enriquecimientos más importantes).

Para deducir este tipo de impuesto, senecesitan obviamente las declaracionesindividuales de patrimonio que reúnan los activosde los diferentes bancos. Hay recursos modernos

que facilitan esta tarea: con las transmisionesautomáticas de información entre países, se podríaincluso contar con declaraciones llenadas deantemano. Pues bien, es precisamente estaperspectiva de un impuesto internacional a lafortuna lo que la troika, y en particular el FMI,rechaza, por conservadurismo y razonesideológicas. De allí la idea de una tasa plana quepuede deducirse en cada banco, pero que esprofundamente injusta e ineficaz. Al menos, lacrisis chipriota tiene el mérito de plantear conclaridad este debate.

Parte IV

El nuevo mundo del trabajo: crítica delproyecto neoliberal

Contrato de trabajo: el ministroBorloo no da pie con bola

13 de diciembre de 2004

¡Vaya simplificación del derecho laboral la quenos acaba de proponer Jean-Louis Borloo[37]!Esperábamos que el ministro de Trabajo seinspirara en las propuestas del informe sobre laseguridad social para los profesionales presentadopor Pierre Cahuc y Francis Kramarz[38], quepreconiza, sobre todo, la fusión de los doscontratos de trabajo más importantes —CDD(contratos de duración determinada) y CDI(contratos de duración indeterminada)— en unúnico contrato por tiempo ilimitado, así como laimplementación de un sistema de «ventanillaúnica», que reúne en un mismo lugar y con unmismo interlocutor los diferentes servicios de

reubicación, formación e indemnización para losdesempleados (actualmente dispersos entrediferentes agencias: la Agencia Nacional deEmpleo, la Asociación para la FormaciónProfesional de Adultos, la Unión Nacional para elEmpleo en la Industria y el Comercio, etc.). Puesbien, he aquí que el ministro propone la creaciónde un tercer tipo de contrato de trabajo (aplicabledurante un período de transición a las personasdespedidas por motivos económicos) además delos otros dos, y una quinta agencia de empleo (las«agencias locales de empleo»), que se agregaría alas cuatro existentes.

Nadie esperaba, claro está, que las drásticasmedidas preconizadas por Cahuc-Kramarz, yaesbozadas en el informe Blanchard-Tirole [sobrela protección del empleo y los procedimientos dedespido], se aplicaran en forma inmediata; estasameritarían como mínimo un verdadero debate.Los dos economistas parten de la constatación deun fracaso conocido: a pesar de los engorrosos

procedimientos de despido (en relación con otrospaíses europeos), Francia es el paísindustrializado cuyos empleados sienten mayorinseguridad respecto de la estabilidad en susempleos. La razón es simple: de las 30 000supresiones de empleo cotidianas en el país(compensadas por casi 30 000 contratacionesdiarias), menos del 5% corresponden a despidoseconómicos, y la inmensa mayoría proviene de lafinalización de los CDD. El estatuto relativamenteprotector de los CDI tuvo como consecuencia unautilización masiva de los CDD por parte de lasempresas y el consecuente refuerzo del sentimientode precariedad entre los asalariados. De allí lapropuesta de suprimir esta dualidad perversa entreCDD y CDI, y de crear un contrato único detrabajo, más protector que los actuales CDD,porque sería de duración indeterminada (ya no másespada de Damocles sobre las cabezas de millonesde CDD luego de dieciocho meses), pero menosprotector que los actuales CDI, en la medida en

que las empresas deberían pagar un impuestonuevo en el momento del despido pero no tendríanobligación de reubicar al trabajador.

Este último aspecto es el que producirá,evidentemente, las controversias más fuertes, puesmuchos sindicatos ya denuncian en este «derecho adespedir» (similar al «derecho a contaminar») unamerma en la responsabilidad social de lasempresas. Estas reacciones son comprensibles,pero olvidan un hecho esencial: la función deredactar informes de evaluación del desempeño delos trabajadores, proponer nuevas capacitacionespara los asalariados despedidos y ademásreubicarlos en nuevos sectores y nuevos empleoses una tarea en sí misma, que exige habilidades yuna organización particular, y las empresas no son,qué duda cabe, las más indicadas paragarantizarlas. Además, la obligación dereubicación es a menudo fuente de incertidumbresjurídicas prolongadas, y los jueces no suelen tenerlas competencias necesarias para apreciar

correctamente la situación económica de laempresa y los esfuerzos de reubicaciónimplementados. Es necesario utilizar las empresaspara lo que saben hacer: producir riquezas y pagarimpuestos (llegado el caso, impuestos altos). Siestos últimos se utilizan para reorganizar ymejorar la eficacia del servicio público delempleo, en el marco de un sistema de «ventanillaúnica», donde el Estado se haría cargo de ofrecera los desempleados un servicio de capacitación yde ubicación de gran calidad, entonces unareforma de ese tipo podría ser beneficiosa paratodos, empresas y asalariados. Pero si noscontentamos con restarles responsabilidad social alas empresas, sin hacerles pagar más y sinreorganizar profundamente el servicio público delempleo, entonces se corre un fuerte riesgo dediseñar una reforma perjudicial para losasalariados. Lo que sería además muy malrecibido por los franceses, que por supuesto estánmuy aferrados a la protección relativamente fuerte

de los actuales CDI (incluso si se tarda muchotiempo en acceder a este tipo de contrato detrabajo). El sentimiento de precariedad que sientense explica, en primer lugar, por el escepticismogeneral respecto del mercado (por ejemplo, losfranceses figuran entre los más preocupadosrespecto de la globalización) y no por el fracasode nuestro modelo de derecho laboral en cuantotal.

La alternativa posible es difícil, pero ameritael intento o al menos un debate. Sin embargo,Borloo no parece ir en ese sentido. A veces, esverdad, la simplificación toma vías complejas y nopodemos excluir que Borloo tenga en la cabezauna estrategia sutil que permita alcanzar endiferentes etapas un objetivo más ambicioso (en elque, por ejemplo, las nuevas agencias localesterminarían englobando a las demás). En estemomento, la impresión que deja es que estácontribuyendo a la superposición de capasadministrativas que nos condujo al sistema actual.

Cupos: una mala jugada

7 de febrero de 2005

El debate sobre los cupos, relanzado por NicolasSarkozy[39], suscita reacciones tan variadas comocontradictorias. Algunos lo ven como un mediopara romper con el dogma absurdo de«inmigración cero» y para plantear en el espaciopúblico que un país como Francia necesitasiempre un flujo regular de migrantes, por razonestanto humanitarias como económicas, ydemocráticamente discutidas. Otros, por elcontrario, denuncian el riesgo de instalar unaclasificación selectiva y drástica de losinmigrantes mejor formados, o de orígenesnacionales más deseables, con la consecuente ynefasta fuga de cerebros desde los países pobres, yuna renuncia a los valores de justicia y

solidaridad, para exclusivo beneficio de losagentes reclutadores de las empresas y los racistasde todo tipo.

Digámoslo de entrada: el sistema de cupos esprobablemente la peor forma de regular lainmigración, y es paradójico ver resurgir talespropuestas cuando todos los especialistas (GeorgeBorjas en los Estados Unidos, Patrick Weil enFrancia) mostraron lo mal que funcionaba en losEstados Unidos.

Una de las ambigüedades del debate se vinculaa las referencias a menudo imprecisas al casonorteamericano, que, como siempre, sirve tanto demodelo positivo como negativo, sin que nunca sellegue a determinar si se trata de uno u otro. Porejemplo, ¿los cupos se definirán sobre la base delorigen nacional (por país o zona geográfica), obien utilizando categorías funcionales en relacióncon los tipos de inmigración (reagrupamientofamiliar, trabajo, refugiados, etc.)? Respecto a estepunto, recordemos que los cupos definidos sobre

la base nacional ya casi no existen en los EstadosUnidos tras la ley de 1965, que los sustituyó conun sistema basado en categorías funcionales. Delos 850 000 inmigrantes legales que entraron a esepaís en 2000, 350 000 corresponden al régimen decónyuges y parientes cercanos, 260 000 a otrascategorías de reagrupamiento familiar, 110 000 ala inmigración laboral (de los cuales 40 000ingresaron por el procedimiento especialdestinado a los trabajadores muy calificados),70 000 son refugiados políticos y solo 50 000 (un6% del total) corresponden al procedimiento quebusca promover la «diversidad» de los orígenesnacionales en ese país mediante los famosossistemas de sorteos.

Cuesta imaginar que Francia adopte un sistemade cupos nacionales que en los Estados Unidos seabandonó hace cuarenta años. En la práctica, lascategorías funcionales pueden coincidirampliamente con las categorías nacionales (los«refugiados» llegan más a menudo de África y

menos de los países de la Organización paraCooperación y Desarrollo Económico [OCDE] dedonde suelen provenir los «trabajadores muycalificados»). Por lo tanto, podemos sospecharque Sarkozy o sus sucesores, una vez que elsistema esté en marcha, buscarán maniobrar losdiferentes cupos para obtener el ratial mix másacorde con los deseos de la opinión pública. Losriesgos de manipulación demagógica de un sistemasemejante son aún mayores, dado que las cifras enjuego son difíciles de determinar. Sostener que esposible que los franceses o sus diputados votenrespecto del número adecuado de refugiados o dereagrupamientos familiares sin correr ningúnriesgo refleja cierta forma de ilusión democrática.

El otro peligro, por el contrario, es laesclerosis y la hiperrigidez. Los cupos son unobjeto político intimidatorio y, una vez fijados losdiferentes contingentes, será tentador dejarlosintactos durante décadas. En los Estados Unidoslos contingentes no se han modificado desde la ley

de 1990. Aunque se los transgreda sin cesar, eltema es tan explosivo que resulta casi imposiblereunir una mayoría en el Congreso para revisar lascifras fijadas en 1990. Los sorteos, que atraencada año 11 millones de candidatos en el mundo(provenientes de 50 000 lugares), han contribuidofuertemente a alimentar las frustraciones y lasoperaciones clandestinas.

Otra forma de rigidez que introducen los cuposes la siguiente: un gobierno no puede prever conprecisión las calificaciones que demandarán lasnecesidades futuras de mano de obra ni los flujoscorrespondientes, como lo muestra el fracaso delcupo de 20 000 especialistas extranjeros eninformática instituido en Alemania en 2000. Unejemplo de intervención bastante más flexible ysensato es el decreto Aubry de 1998[40], quesimplificó los procedimientos que debe seguir unempleador para contratar a un asalariadoextranjero. El principio general, según el cual elempleador debe probar que ningún desempleado

inscripto en la Agencia Nacional del Empleo(ANPE) puede cubrir el puesto, se aplica demanera drástica en Francia, lo que contribuye aque numerosos asalariados calificados busquenmejores destinos, sean originarios de los países dela OCDE o del sur. Esa medida, entre otras,contribuyó a que en Francia se produjera unaapertura migratoria real, sin bombos ni platillos,entre 1997 y 2001. Basta recordar que Sarkozyderogó el decreto Aubry en 2003 para medir lasverdaderas intenciones del presidente de la Uniónpor un Movimiento Popular, y la inocencia con laque trata de no caer en su propia trampa.

Reflexionar sobre un nuevocontrato laboral

27 de marzo de 2006

¿Hay que quemar el Contrato de Primer Empleo(CPE[41])? Para formarnos una opinión, sería útilcomenzar por recordar cuáles son las razones porlas que los contratos de trabajo deben estarencuadrados de manera estricta dentro de la ley yno quedar librados al libre juego del mercado.Para empezar, el mercado de trabajo estáconformado por personas, y los empleados debenestar protegidos contra las eventuales decisionesdiscriminatorias que tomen los empleadores, quetambién son personas, en la medida en que a vecesesas decisiones tienen otras motivaciones ademásde las económicas: como todos, pueden sersexistas, racistas, homofóbicos, etc.

Por otra parte, desde un punto de vistaestrictamente económico, la particularidad delmercado de trabajo es que entraña relacionesduraderas entre dos partes, en el marco de lascuales ambas realizan inversiones específicas. Porejemplo, para cumplir sus funcionescorrectamente, un empleado puede verse obligadoa mudarse, a adquirir habilidades o saberesparticulares, a replantearse sus hábitos y suidentidad profesional, etc.

Estas inversiones son costosas y a menudoinherentes al puesto específico que se ocupa, loque significa que al empleado le resultaría difícilhacerlas valer en otra empresa. Así, una vez que elempleado ha realizado estas inversiones, elempleador adquiere una posición de poder sobreél, al que puede amenazar o despedir. Anticipandotal precariedad, el empleado invierte menos, y asítodo el mundo pierde. Por esta razón, reglamentarde manera estricta los contratos de trabajo, y sobretodo las condiciones de despido, redunda en

beneficio tanto del empleado como del empleador,así como de la eficacia de la economía en general.

Teniendo en cuenta estos análisis clásicos(pero a menudo olvidados por los partidarios dellibre mercado), el Informe Blanchard-Tirolerealizado en 2003 proponía una reforma global delos contratos de trabajo.

Primera propuesta: para favorecer lasinversiones durables, los Contratos de DuraciónIndeterminada (CDI) deberían transformarse en lanorma, mientras que los Contratos de DuraciónDeterminada (CDD), que hoy abarcan el 80% delas contrataciones, deberían ser la excepción oeventualmente suprimirse, para instituir un contratoúnico bajo la forma de un CDI mejorado.

Segunda propuesta: para que las empresaspiensen dos veces antes de tomar este tipo dedecisiones e «internalicen» el costo socialcompleto de un despido, deberían pagar no solo elcosto de los subsidios de desempleo, sino tambiénel de reubicación y capacitación en caso de

ruptura de un contrato único. Con este objetivo, elinforme propone adaptar los aportes patronales enfunción de los despidos pasados.

¿En qué medida el CPE responde a esteobjetivo? Estamos tentados de responder losiguiente: en ninguna. Da la sensación de que elperíodo de prueba de dos años que establece,durante el cual el empleador puede romper elcontrato por carta certificada sin indicar el motivo,es más precario aún que un CDD, en el que elempleado tiene al menos el derecho de cobrar susalario durante seis o doce meses. El efectopsicológico es desastroso y opuesto al objetivobuscado, en la medida en que el CPE, al menosdesde el punto de vista formal, tiene una duraciónindeterminada. Todos prefieren el CPE a unapasantía (no remunerada) pero, en ausencia de unareglamentación que las limite, nadie está del todoseguro de que el CPE vaya a sustituirlas. Y si lasindemnizaciones y los subsidios de desempleo deun CPE son mejores que los de un CDD (e incluso

que los de un CDI estándar), la tasa del 2%prevista para financiar las medidas deacompañamiento y de capacitación son, en cambio,bastante modestas. El límite de dos años introduceademás una fuerte discontinuidad plagada deefectos perversos.

Al anunciar tan rápido una medida como esta,el primer ministro puso en riesgo la línea de«crecimiento social» anunciada previamente, queuna reforma como la de la extensión de los aportespatronales a las ganancias de las empresas(comunicada en enero y apoyada por lossindicatos) podría encarnar con mucha másclaridad.

¿Un CPE mejorado puede ser una etapa haciala generalización de un nuevo contrato único deduración indeterminada, acompañado por unaverdadera seguridad social para losprofesionales? Dado que un objetivo de este tipoes compartido por los responsables políticos ysindicales, aunque nadie sabe bien cómo

concretarlo, al menos podemos plantearnos lapregunta. No nos engañemos: cualquiera sea elmétodo que se adopte, una reforma de estascaracterísticas se enfrentará inevitablemente conlos ayatolás que verán en ella una flexibilizacióndel actual CDI y el advenimiento del «derecho aldespido».

Es natural obligar a las empresas a asegurar elfinanciamiento de un verdadero recorridoprofesional, en el marco de un servicio públicorenovado del empleo y la capacitación, pero esigualmente legítimo asegurar jurídicamente a losempleadores, definiendo por adelantado lo quetendrán que pagar en caso de dificultades.

El papel de analizar las competencias de losempleados y proponer nuevas capacitacionesconstituye una tarea en sí misma, y las empresas noson las más aptas para garantizarla, del mismomodo que los jueces no son los más indicados paraevaluar correctamente la situación económica deuna empresa.

Esperemos que el gobierno y los actoressociales puedan aprovechar las discusionesactuales sobre el CPE para avanzar en el debate.

La carrera por el salario mínimo

23 de octubre de 2006

En gran medida, el debate entre presidenciablessocialistas se reduce a una simple pregunta:¿cuánto hay que aumentar el salario mínimo? ParaLaurent Fabius[42] no hay duda: al respecto, piensaencarnar la línea «bien a la izquierda» gracias a laque espera ganar la apuesta. En un principio, lapropuesta consistía en llevar el actual salariomínimo de alrededor de 1250 euros brutos por mesa 1500 euros antes del fin del próximo quinqueniolegislativo, es decir, otorgar un 20% de aumentoen cinco años. Pero como esta propuesta fueaceptada en el proyecto socialista que compartentodos los candidatos, tuvo que golpear más fuerte:Laurent Fabius se compromete ahora a aumentar elsalario mínimo en 100 euros, es decir, un 8% «en

los días siguientes a la elección», y le niega lacondición de socialista a todo el que se oponga asu línea.

Dejemos de lado lo increíble de esa vuelta detuerca política proveniente de un exministro deFinanzas que hace solo algunos años se jugabatodo a la reducción de impuestos para los salariosmás altos, la exención fiscal para los altosejecutivos extranjeros, etc. Más allá de lacredibilidad de su autor, esta propuesta presentaproblemas de fondo y muestra hasta qué punto fuenocivo aplazar la elección del candidato hastaúltimo momento (mientras el líder no es elegido, latentación demagógica impide todo debate defondo).

Para comenzar, supongamos que se aumente elsalario mínimo un 8% en 2007. ¿Qué habría quehacer al año siguiente? Con un crecimiento apenassuperior al 2% anual será difícil lograr que losbajos salarios progresen indefinidamente un 8%anual: no se puede, por definición, distribuir más

de lo que se produce. Aún más, lo cierto es que elsalario mínimo progresó más rápido que lossalarios más elevados en el curso de los últimosaños, como consecuencia del pasaje a las treinta ycinco horas de trabajo semanales. Dicho de otromodo, no estamos en presencia de una desconexiónestructural de los bajos salarios, contrariamente alo que sucedía, por ejemplo, hace cuarenta años:en los años cincuenta y sesenta, el salario mínimohabía progresado estructuralmente de manera máslenta que la producción, lo que permitió la fuerterecuperación del período 1968-1983, con una subadel 130% del poder adquisitivo del salariomínimo contra un 40% para la producción.

El nivel de los salarios bajos es insuficiente entérminos absolutos, pero se encuentra ligado a losotros salarios, que están a su vez ligados al nivelde producción (contrariamente a una idea en boga,los beneficios no progresan más rápido que lossalarios: las cuentas nacionales indican que laremuneración de los asalariados se sitúa siempre

alrededor del 65 o 66% del valor agregado en elcurso de los diez últimos años, contra el 34 o 35%para el excedente bruto de explotación que quedapara las empresas). En un contexto como este, laresponsabilidad de un político no es firmarcheques en blanco, sino encontrar caminos quepermitan asegurar de manera durable elcrecimiento de la producción y del poderadquisitivo de los más humildes, lo que exigerigurosidad y modestia.

Además, hoy existe una herramienta muchomás fina que el salario mínimo para revalorizar elpoder adquisitivo de los trabajadores con bajossalarios: la prima por el empleo (PPE[43]).Introducida en 2000 bajo el gobierno de Jospin,fuertemente aumentada por la derecha desde 2002(prueba de que la sensatez triunfa a veces sobre lamanía de ruptura y de anulación), la PPE parecesuscitar hoy poco entusiasmo entre los socialistas,más preocupados por la carrera del monto delaumento del salario mínimo. Ciertamente, es

preciso mejorar esta herramienta desde el punto devista técnico (su transferencia mensual no seencuentra todavía a punto); es necesario evitar quesu progresión se vea acompañada por unadesconexión del salario mínimo, lo que conduciríaa una desresponsabilización de los empleadores.Pero, aplicada de un modo conveniente, la PPEtiene el inmenso mérito de permitir un repartoequilibrado de la suba del poder adquisitivo: sumonto puede ser modulado en función de lasituación familiar, del tiempo de trabajo, del nivelexacto del salario, etc. Se trata de una herramientamucho más sutil que el aumento del salariomínimo, que, en la medida en que no permite estassutilezas, conduce, por un lado, a gravar de manerauniforme las remuneraciones en este nivel, y porotro, a un bloqueo de las progresiones salariales.

Sobre todo, la lógica de redistribución de laPPE es profundamente innovadora. Su principioesencial consiste en conducir el esfuerzo desolidaridad a los bajos salarios, no solo a los

empleadores de bajos salarios (que sonprincipalmente pequeños empleadores, a menudomenos ricos que muchos altos ejecutivos) sinotambién al conjunto de la comunidad nacional, enfunción del salario de cada uno. No nos sorprendeentonces que la focalización en el salario mínimosuscite más entusiasmo en una izquierda malemancipada del marxismo, que ama creer que laúnica desigualdad verdadera en la sociedadcapitalista es la que opone los asalariados a los«patrones», eternos pudientes en comparación conlos asalariados, considerados como un bloque máso menos homogéneo, y que por lo tanto deberíanser los únicos que pagan. Una razón más parasaldar este conflicto lo antes posible.

El suplicio de las treinta y cincohoras

17 de diciembre de 2007

Nicolas Sarkozy tiene una estrategia: obligar a laizquierda a beber el cáliz de las treinta y cincohoras[44] hasta el final. No se equivoca. Ganó suelección, en buena parte, por su propuesta «trabajemás para ganar más», eslogan que encarnóinmediatamente después de las elecciones en laexención de las horas suplementarias. Las nuevasmedidas anunciadas para relanzar el poderadquisitivo (compra de días francos, etc.)muestran que el suplicio aún no ha terminado.

Esta estrategia es comprensible. Si bien unareforma de tal magnitud incluye necesariamenteaspectos positivos, en particular reorganizacionesdel trabajo mutuamente beneficiosas en algunas

empresas, la aplicación de las treinta y cinco horasen el bienio 1997-1998 fue un gran error de lapolítica económica y social. Esto no significa quetoda intervención pública en la duración deltrabajo esté destinada necesariamente al fracaso yque haya que dejar a los empleados y a lasempresas por completo libres para negociar demanera individual la división de la ganancia de laproductividad entre el aumento del poderadquisitivo y el aumento del tiempo libre. Laexperiencia prueba que esta teoría liberal pura esinsuficiente, sobre todo porque descuida el rolclave de las normas sociales en la determinaciónde la duración del tiempo libre. Sin las múltiplesleyes sobre licencias pagas (de las dos semanas de1936 a las cinco de 1982), es probable que lostrabajadores franceses hubieran «elegido» —comosus homólogos anglosajones— dejar queaumentara su poder adquisitivo sin tomarvacaciones. Sin duda, tal «elección» no habríasido óptima en términos de bienestar, como lo

muestra por ejemplo el hecho de que los noasalariados se hayan aumentado ellos mismos suslicencias en 1982. El mismo razonamiento seaplica a la duración semanal del trabajo.

Se ve con claridad hasta qué punto laconcepción de las políticas públicas sobre laduración del trabajo es parte de una «relojería deprecisión». Los responsables políticos ysindicales deben percibir cuáles son lasaspiraciones no realizadas de los empleados enmateria de tiempo libre, teniendo en cuenta sobretodo sus aspiraciones contradictorias en términosde poder adquisitivo; todo esto dejando laflexibilidad suficiente para que la infinitadiversidad de aspiraciones individuales puedadesarrollarse. Desde ese punto de vista, las treintay cinco horas dan cuenta de un error manifiesto detiming. La reducción del tiempo de trabajo solopuede hacerse a partir de un período decrecimiento sostenido del poder adquisitivo y no,claro está, en medio del gran estancamiento

salarial que los franceses sufren desde elcomienzo de los años ochenta.

Este estancamiento presenta ciertas razonesestructurales que no tienen nada que ver con lastreinta y cinco horas: disminución del crecimientoluego de las tres décadas doradas del capitalismo;absorción del poco crecimiento por la progresióninevitable de los gastos en jubilación y en salud;innovaciones que favorecen el descenso de losprecios de la alta tecnología y no de artículos deprimera necesidad; aumento de los alquileresinducido por las transformaciones demográficas yreajuste histórico de los aportes de los activos; ymuchas otras más. Pero las treinta y cinco horas noayudaron: no es sorprendente en un contexto comoeste que los electores hayan apreciado la idea de«trabajar más para ganar más».

En realidad, los socialistas de 1997 tendríanque haber releído a los de 1936. Si bien las dossemanas de vacaciones pagas fueron un éxito, nonos cansaremos nunca de repetir que las cuarenta

horas decretadas por el Frente Popular debieronesperar a las décadas de 1960 y 1970 para poco apoco hacerse realidad. Por una razón muy simple:solo después de varias décadas de crecimiento dela productividad y del poder adquisitivo, losempleados y sus representantes aceptaron reducirlos volúmenes de horas extra.

Como las treinta y cinco horas de 1997, lascuarenta de 1936 fueron una medida concebidatotalmente a destiempo (no se combate elestancamiento económico con propuestasmalthusianas). Y en la medida en que lossocialistas de 2007 rechacen todo mea culpasobre las treinta y cinco horas (Ségolène Royal lointentó al comienzo de la campaña, antes de serllamada al orden), serán inaudibles en este tema,como también en lo que atañe a las jubilaciones.Esto es muy lamentable porque le despeja elcamino a Sarkozy para hacer lo que quiera. Gastarmás de 10 000 millones de euros por año (¡elequivalente del presupuesto de todas las

universidades juntas!), para eximir a lostrabajadores de las horas extra es una aberracióneconómica en la que ningún país se aventurónunca.

Esperemos que el debate francés deje deenfocarse en el tiempo de trabajo y se concentre deinmediato en la inversión masiva en educación einnovación, la única respuesta posible a losdesafíos planteados por la globalización.

Civilización o moral hogareña

14 de enero de 2008

Nuestro creativo presidente nos propone, ante lafalta de resultados de su política sobre el poderadquisitivo, una política de civilización. Latriquiñuela se agiganta si tenemos en cuenta quehoy es posible impulsar en Francia una políticaeficaz respecto del poder adquisitivo, con tal dedotarse de buenas herramientas. Por otra parte,cuando se los consulta, los franceses ofrecen larespuesta con total claridad.

Lógicamente, plantean que la reducción delIVA está a la cabeza de las políticas quepermitirían aumentar el poder adquisitivo. Puesbien, el gobierno no solo nunca pensó en unadisminución de este tipo, sino que dio a entenderdurante las legislativas que un aumento del IVApodría ser necesario para financiar su paquete

fiscal de 15 000 millones de euros (el equivalentede un aumento de dos puntos del IVA a tasa plena),así como la creación de nichos fiscales de fuertecontenido ideológico pero de una eficaciaeconómica más que dudosa. Todos los indicadoresconfirman que el desmoronamiento de la moral delos hogares observado en los últimos seis meses—demasiado rápido después de una elecciónpresidencial— se origina en este pecado original.

Sin embargo, Sarkozy, que parece empecinadoen su proyecto de aumentar el IVA (mal presentadocomo IVA «social»), explica hipócritamente queeste invierno no puede vaciar las cajas que seocupó cuidadosamente de exprimir la víspera delverano. Error económico de cigarra, tanto másgrave cuanto que hoy existe una herramienta quepermite aplicar in fine disminuciones puntuales yeficaces del IVA: la prima por el empleo (PPE).Creada en 2000 para aligerar la presión fiscalsobre los bajos salarios (los socialistas deseabaninicialmente reducir la contribución social

generalizada [CSG], algo que el ConsejoConstitucional censuró sin razón), la PPE tiene porobjetivo revalorizar el trabajo de los que selevantan temprano, trabajan duro y ganan poco. Seimplementó muchas veces desde 2002, lo queprueba que la derecha a veces sabe hacer su meaculpa —sobre la PPE como sobre el Pacto Civilde Solidaridad[45], por ejemplo— y llevar para sumolino las reformas del campo adversario.

El monto, sin embargo, sigue siendo modesto:la PPE media que reciben los aproximadamente 10millones de hogares beneficiados es de apenas 500euros (la prima máxima ronda los 900 euros), paraun presupuesto total de 5000 millones de euros. Esmuy poco en relación con el total de lasdeducciones que pesan sobre los trabajadores debajos salarios. Por ejemplo, un empleado demedio tiempo que recibe el salario mínimo y queconsume todo su ingreso (es decir, alrededor de12 000 euros netos por año) paga en la actualidadel equivalente a dos meses de salario en concepto

de IVA, y más de un mes de salario en concepto deCSG, sin contar las tasas indirectas anexas (nafta,tabaco, alcohol, etc.) o las cargas sociales, esdecir, una tasa de deducciones global superior al50%. Una medida simple y legible podría serduplicar la PPE, lo que reduciría grosso modo lamitad del IVA que pagan los asalariados cercanosal salario mínimo. Esta medida, cuyo costo es de5000 millones de euros, habría tenido sobre elpoder adquisitivo un impacto mucho más fuerteque el paquete fiscal presentado, y preservaría almismo tiempo los márgenes de maniobra parareducir la deuda e invertir en el futuro. De paso,habría que modernizar en profundidad laadministración fiscal para poder asegurar el pagomensual de la PPE en los recibos de sueldo, yaque actualmente se paga con un año de atraso ynadie entiende nada. Esta política eficaz sobre elpoder adquisitivo permitiría además promover laidea de una cultura fundada en el trabajo y latransparencia democrática y fiscal. Una idea que

se encuentra en las antípodas de los proyectos deSarkozy-Hirsch, como el ingreso de solidaridadactiva (ISA), que, a grandes rasgos, hace pasar porasistidos a los empleados de sueldos bajos,cuando en realidad son ellos los que pagansiempre deducciones netamente superiores a todaslas transferencias recibidas, incluso luego devarias duplicaciones de la PPE. En lugar deentregarse a los debates surrealistas sobre lanecesidad imperiosa de no tener líder, lossocialistas harían mejor en reapropiarse ydesarrollar las buenas herramientas que ellosmismos crearon.

Ingreso de solidaridad activa: unaimpostura

2 de septiembre de 2008

Desde hace una semana podemos por fin debatircon precisión el sistema de ingreso de solidaridadactiva (ISA) propuesto por el gobierno.Recapitulemos[46].

Una persona sola sin ingreso actualmentepuede percibir 450 euros mediante el ingresomínimo de inserción (RMI, por su sigla enfrancés). Si encuentra un trabajo en el que lepaguen el salario mínimo, su salario neto mensualserá de 600 euros a tiempo parcial (20 horas), y de1000 euros a tiempo completo (35 horas). Desdeel año 2000, los asalariados modestos reciben elbeneficio de la prima por el empleo (PPE) igual al8% del salario, es decir, un complemento de

ingreso de 50 euros por mes para un salario de600 y de 80 euros para un salario de 1000. Másallá de esto, la PPE disminuye y se anulacompletamente a partir de un salario de 1600euros. Desaparece aún más rápido para los quetienen una pareja que trabaja, lo que no tienesentido desde un punto de vista económico: ¿elpoder público no debería preocuparse por alentarel trabajo de todos, independientemente de lasituación familiar, en vez de por saber quién vivecon quién? Además de la PPE, los asalariados atiempo parcial que salen del RMI tienen tambiénderecho al dispositivo de primas, que permiteconservar temporalmente una parte del RMI. Estesistema, extendido en 1998, permite, por ejemplo,a una persona sola que encuentra un empleo de 600euros conservar doce meses un complemento de150 euros a título de RMI.

¿Qué cambia exactamente el ISA respecto deestos complejos dispositivos? No mucho, y nonecesariamente en la dirección correcta. El ISA

consiste en mantener la PPE, pero aumentando elmonto del beneficio (para un salario de 600 euros,el complemento pasa de 150 a casi 200 euros) y,sobre todo, lo vuelve permanente y lo extiende atodos los asalariados que trabajan media jornada:ya no más límite de 12 meses, no más necesidad depasar por la caja del RMI para obtener elbeneficio. Suprimir este efecto perverso es sinduda algo bueno (y, como sea, una buena noticiapara el poder adquisitivo de los nuevosbeneficiados, lo que no es poco). Pero ¿realmenteimaginan que con pasar de 150 a 200 euros deprima con el ISA, y con el fin del límite de 12meses van a cambiar las tasas de salida del RMIhacia el empleo a tiempo parcial?

Para François Bourguignon, presidente delcomité de evaluadores del ISA, las pruebas no hanproducido por el momento ningún efectoestadísticamente significativo, aunque se hayanrealizado en colectividades voluntarias y por lotanto motivadas. Sin contar que, para todos los que

ya tienen un empleo de tiempo parcial, la creacióndel ISA, aparejada con el congelamientoanunciado de la PPE para los asalariados detiempo completo, tendrá como consecuencia unafuerte reducción de la brecha de ingresos entre losempleados de 20 horas y los de 35 horas. Estoimplicará menos motivación para pasar del tiempoparcial al tiempo completo. Es muy posible queeste efecto negativo que «las pruebas» no tuvierontiempo de evaluar triunfe sobre el modesto efectopositivo. El impacto global sobre la oferta detrabajo de esta nueva forma de subvención atiempo parcial que es el ISA, y que losempleadores no dejarán de usar proponiendo másempleos a medio tiempo, será negativo. Es decir,estará en las antípodas del objetivo proclamado.

En cualquier caso, lo central es que estareforma confusa no se ocupa para nada delproblema estructural que dinamita estosdispositivos desde hace años, a saber, sucomplejidad y su falta de legibilidad. Al contrario:

la reforma cree hacer coexistir dos dispositivosdistintos. Uno, para los asalariados de tiempoparcial, manejado por las cajas de asignacionesfamiliares, que siguen una lógica social (el ISA).La otra, para los asalariados de tiempo completo,manejada por la administración fiscal, que sigueuna lógica de crédito impositivo (la PPE). Los dosdispositivos se administrarán siguiendo reglas yperiodicidades diferentes (trimestral en un caso,anual en el otro), lo que es técnicamente absurdo ypromete un problema más para los asalariadospobres que tendrán que hamacarse de un sistema alotro.

¿Qué se habría podido hacer? Una reforma másambiciosa, fundada en una revolución fiscal que lepermita a Francia contar por fin con un impuesto alingreso progresivo, moderno y unificado. Fusiónde la contribución social generalizada y delimpuesto a la riqueza, deducción mensual enorigen, individualización completa del impuesto:los ingredientes son bien conocidos, pero lo que

falta es coraje y voluntad política. Un instrumentode este tipo permitiría integrar naturalmente elconjunto de los dispositivos del ISA y la PPE bajola forma de un crédito impositivo. Lo que seríamucho más eficaz técnicamente y, sobre todo, mássatisfactorio desde el punto de vista de latransparencia democrática. Pues los asalariadosmodestos son ante todo contribuyentes, como losdemás, no son asistidos del sistema social.Trabajen a tiempo completo o parcial, quienesperciben el salario mínimo pagan hoy elequivalente de dos meses de salario a título deIVA, más de un mes de salario a título de CSG, sincontar las tasas indirectas anexas (combustible,tabaco, alcohol, etc.) y los aportes sociales, esdecir, una tasa de deducción global superior al50%. Y contrariamente a lo que se intenta hacernoscreer, los aumentos de la PPE o del ISA no estáncerca de transformarlos en beneficiarios netos.

La izquierda debe tomar las riendas de lacuestión fiscal sin demora. Sobre todo porque

Nicolas Sarkozy comete cada vez más errores eneste campo. Luego de haber creado nichos fiscalespor más de 15 000 millones de euros en un sistemaque ya tenía muchísimos, luego de haberconstatado que las cajas ya estaban demasiadovacías para financiar el ISA, nuestro presidentetuvo la genial idea de inventar una nueva tasa de1000 millones de euros para los ingresos porinversiones. Típica receta, ya utilizada en elpasado para tapar los agujeros del financiamientosocial en Francia, esta deducción tuvo además lainteresante particularidad de ser regresiva: graciasal denominado escudo fiscal, los grandespatrimonios quedarán eximidos de hecho de estatasa del 1%. No es sorprendente que Sarkozy yMartin Hirsch se entiendan bien: tienen el mismogusto por los eslóganes que suenan bien, perotambién por la improvisación y por el culto alparche.

Beneficios, salarios y desigualdad

17 de marzo de 2009

En estos momentos de crisis brutal es una penaperder el tiempo en discusiones vanas. Pero aveces el debate sobre la distribución del valoragregado de las empresas entre los beneficios ylos salarios adquiere dimensiones sorprendentes.Por otra parte, cuando alguien habla del equilibrode esta distribución, la izquierda lo acusa dequerer decir que en Francia la desigualdad de losingresos no progresa. Pero en realidad se trata dedos cuestiones totalmente distintas, y esfundamental comprenderlo si se quieren poner enmarcha políticas de redistribución apropiadas.Dado que el verdadero desafío de estasdiscusiones es la cuestión de las desigualdades,digámoslo sin rodeos: estas explotaron en Franciaa lo largo de los últimos diez años.

Un estudio de Camille Landais lo demuestra demanera inobjetable. Entre 1998 y 2005, seconstatan progresiones de varias decenas en losporcentajes del poder adquisitivo entre losfranceses más pudientes: 20% en promedio para el1% más rico, y más del 40% para el 0,01% másrico, mientras que entre el 90% de los francesesmenos pudientes la progresión fue de apenas el4%. Todo indica que estas evolucionescontinuaron, incluso se amplificaron, entre 2005 y2008. Se trata de un fenómeno nuevo, desconocidoen las décadas precedentes, y masivo: el trend esde una magnitud comparable a la observada en losEstados Unidos luego de los años ochenta, con laconsecuencia de una transferencia del orden de 15puntos del ingreso nacional hacia el 1% de lapoblación más rica y el estancamiento del poderadquisitivo del resto de la población. ¿Cómocompatibilizar este primer hecho con el segundo,igualmente inobjetable, a saber, la estabilidadmacroeconómica de la distribución entre

beneficios y salarios?Cualquiera que ingrese al apartado

contabilidad nacional del sitio del InstitutoNacional de Estadísticas (Insee) podrá constatarlopor sí mismo. Si se suma el conjunto de lossalarios (incluidos los aportes patronales) pagadospor las empresas francesas en 2007, se obtiene unamasa salarial total de 623 000 millones, contra299 000 millones para los beneficios brutos (loque les queda a las empresas después de haberpagado a empleados y proveedores), es decir, unadistribución de 922 000 millones de «valoragregado» (igual por definición a la suma de lamasa salarial y de las ganancias brutas) entre 67,6% de salarios y 32,4% de beneficios. En 1997 lascifras eran de 404 000 millones de masa salarial y195 000 millones de beneficios brutos, es decir, unporcentaje de los salarios del 67,4 y de losbeneficios, del 32,6. Esta misma estabilidad dealrededor del 67 o 68% para los salarios y del 32o 33% para los beneficios se constata desde 1987.

A menos que el Insee se haya equivocado en lassumas, parece claramente estable.

Igualmente conocida es la disminución de laparte de los salarios entre 1982 y 1987 (que habíaseguido al aumento observado en la década de1970). Pero buscar en este fenómeno de los añosochenta la explicación de la explosión de lasdesigualdades observada a partir del fin de losaños noventa no es muy serio y no ayudademasiado a resolver los problemas actuales.

Entonces, ¿cómo explicar que desde el fin delos años noventa las desigualdades hayanaumentado tan fuertemente, a pesar de laestabilidad de la distribución entre beneficios ysalarios? Primero, porque la estructura de la masasalarial se deformó necesariamente en favor dealtísimos salarios. Mientras en su inmensa mayoríalas progresiones salariales eran ampliamenteabsorbidas por la inflación, los salarios muy altos—sobre todo de más de 200 000 euros anuales—obtuvieron aumentos considerables de poder

adquisitivo.Asistimos al mismo fenómeno que en los

Estados Unidos: los altos directivos tomaron elcontrol y se votan a sí mismos salariosexorbitantes, sin relación con su productividad(por definición no verificable), alentados en estesentido por las repetidas facilidades fiscales. Enel sector financiero, estas remuneracionesindecentes estimularon además comportamientosinsensatos en términos de toma de riesgos,contribuyendo así claramente a la crisis actual.

Frente a una deriva de esta magnitud, la únicarespuesta creíble es una mayor carga impositivasobre los ingresos muy altos, solución quecomenzó en los Estados Unidos y el Reino Unido yacabará por llegar a Francia si Nicolas Sarkozyconsigue entender que el denominado escudo fiscales el error de su quinquenio.

El segundo factor explicativo es que la famosaestabilidad de la distribución entre beneficios ysalarios no toma en cuenta ni el peso progresivo

de las deducciones sobre el trabajo (sobre todo delas cargas sociales) ni la rebaja de lasdeducciones sobre el capital (sobre todo elimpuesto a las ganancias). Si adoptamos el puntode vista de los ingresos que efectivamente recibenlos hogares, podemos constatar que la parte de losingresos del capital (dividendos, intereses,alquileres) no ha dejado de aumentar, mientras quela de los salarios netos ha bajado inexorablemente,reforzando aún más la progresión de lasdesigualdades. Sin contar con que las empresas,traccionadas por la burbuja bursátil y lasplusvalías ilusorias (e insuficientementegravadas), duplicaron sus pagos de dividendosrespecto de lo que sucedía hace veinte años, a talpunto que su capacidad de autofinanciamiento sevolvió negativa (los beneficios no distribuidos, esdecir, una pequeña parte de los beneficios brutos,no permiten siquiera reubicar el capital utilizado).La respuesta es, también aquí, fiscal, y pasa porrecuperar el equilibrio entre el capital y el trabajo,

sometiendo por ejemplo los beneficios a lascargas sociales de salud y familia. Esta vasta tareaexigirá una fuerte coordinación internacional.Esperemos que la crisis permita al menosfavorecer este cambio de rumbo.

Desigualdades olvidadas

9 de junio de 2009

El Informe Cotis[47] sobre la distribución del valoragregado y la brecha entre las remuneraciones nopresenta novedades muy conmovedoras. Pero almenos tiene el mérito de recordar, de manera muyclara, las cuestiones esenciales. En particular, elhecho de que la estabilidad aparente, desde haceveinte años, en lo referido a la distribución delpatrimonio entre masa salarial y beneficios nodebe ocultar la profundización de lasdesigualdades y el estancamiento del poderadquisitivo de la mayoría. Por un lado, losaltísimos salarios experimentan, desde la décadade 1990, progresiones claramente superiores a lamedia de la masa salarial. Este fenómeno tiene unimpacto psicológico desastroso y amenaza, si la

tendencia continúa, con adquirir la importanciamacroeconómica que finalmente tuvo en losEstados Unidos. Por otro lado, el crecimientoescaso fue ampliamente absorbido por el aumentocontinuo de las cargas sociales y otrasdeducciones que pesan sobre el salario, que por suparte, en cuanto salario medio, prácticamente seestancó en los últimos veinte años, mientras quelos ingresos del patrimonio conocieronprogresiones sustanciales.

El director del Instituto Nacional deEstadísticas (INSEE) no puede formularlas demanera descarnada, pero de estas constatacionesse deducen diversas implicaciones políticas. Másque lanzar cortinas de humo sobre la distribuciónprimaria del valor agregado, es necesario utilizarla herramienta fiscal: reducciones fiscales paraaquellos cuyo poder adquisitivo se estancó,endurecimiento para aquellos que más sebeneficiaron con el crecimiento. Es decir, todo locontrario de la política actual del gobierno, que

manipuló las reducciones en dirección de lossalarios más altos y de los patrimonios: redujo lafranja superior del impuesto a los ingresos, diseñóel llamado escudo fiscal, aplicó una quita de tasasa los dividendos y las sucesiones, bajó el impuestoa las fortunas. Y como la tasa global dededucciones obligatorias claramente está lejos debajar, el resto de la población terminará pagandoesta generosidad de manera discreta peroinevitable.

Si bien el análisis general es claro, hay sinembargo un punto extrañamente silenciado por elInforme Cotis: las empresas mimaron a susaccionistas estos últimos años, lo cual explica eldescenso inquietante de los beneficiosconsagrados a las inversiones. Esta realidad quedaoculta por el hecho de que el informe eligeconcentrarse en los beneficios brutos, en lugar detomar en cuenta la depreciación del capital. Puesbien, como el capital productivo se depreciacontinuamente, es necesario reemplazar los

equipos usados antes de realizar nuevasinversiones: las computadoras se cambianregularmente, los edificios y otros equipamientosdeben ser mantenidos y reparados, etc. Desde unpunto de vista económico, como también desde unpunto de vista fiscal, el concepto pertinente es elde «beneficio neto», es decir, el beneficio luego dela deducción de esta depreciación. Estosbeneficios netos son más difíciles de estimar pero,dado que el INSEE procura producir las mejoresestimaciones posibles de esta depreciación, espreferible que en lugar de silenciarlas las utilicelo mejor posible. Sobre todo porque la visiónglobal que uno puede hacerse del reparto de losbeneficios cambia completamente cuando se pasade beneficios brutos a beneficios netos. El InformeCotis nos dice que los beneficios brutosrepresentan entre un 32 y un 33% del valoragregado de las empresas desde hace veinte años,contra un 67 o 68% para la masa salarial, lo cuales cierto. Pero la depreciación del capital de las

empresas siempre representó entre un 15 y un 16%del valor agregado, es decir, grosso modo, lamitad de los beneficios brutos. Dicho de otromanera, cuando se presentan simpáticos gráficosque afirman que las empresas consagrangenerosamente la mitad de sus beneficios brutos ala inversión, la verdad nos obliga a decir que seestán burlando un poco de todo el mundo. Dehecho, esto significa que las empresas reemplazanlos equipamientos usados antes de remunerar a susaccionistas; por supuesto, esto es lo mínimo quepueden hacer. Si razonamos en términos debeneficios netos, entonces constatamos que lasempresas distribuyeron siempre casi la totalidadde sus beneficios a sus propietarios, bajo la formade intereses y dividendos. El ahorro neto de lasempresas, es decir, lo que les queda luego dehaber remunerado a sus propietarios, pagado susimpuestos y reemplazado el equipamiento usado,no representó nunca más que algunos puntos devalor agregado. Es el ahorro neto de los hogares,

completado por el del resto del mundo en épocasde déficit comercial, el que financia siempre loesencial de la inversión de las empresas. Lainquietante evolución de los últimos años es que elahorro neto de las empresas, que se volviónegativo en 2004, representaba cerca de un 1% a 1,5% de valor agregado entre 2005 y 2007. En losaños noventa, mientras la parte de beneficios en elvalor agregado era la misma que hoy, las empresaslograban producir un ahorro neto positivo de máso menos el 1,5 o el 2%. Esta transferencia delorden de los 3 o 4 puntos de valor agregado endetrimento de la inversión y en beneficio de losaccionistas es considerable: ¡las empresascomenzaron a distribuir a sus propietarios másbeneficios de los que tenían en caja! Siempresegún las cuentas nacionales del INSEE, talfenómeno no se había producido históricamente, aexcepción de la época que va de fines de los añossetenta a comienzos de los ochenta, período en elque la parte de los beneficios en el valor agregado

fue anormalmente baja. Y según las últimas cifraspublicadas, no hay que contar demasiado con lacrisis para calmar el juego: el ahorro neto negativode las empresas francesas alcanzó el 2% del valoragregado en 2008.

En un contexto como este, es tentadorrecomendar un aumento de impuestos a losbeneficios distribuidos, por ejemplo, parafinanciar la reducción de las cargas sociales quepesan sobre el trabajo.

¡Basta de impuestos imbéciles!

3 de noviembre de 2009

Es muy fácil denunciar la estupidez de unimpuesto. Por una simple razón: todos losimpuestos son más o menos estúpidos, ya quegravan personas y actividades que, en sí mismas,sería deseable no gravar. Pero las cosas secomplican cuando, después de anunciar conorgullo la supresión de un impuesto estúpido, losresponsables políticos buscan otros ingresos parafinanciar los gastos que cada uno consideradeseables: educación, salud, rutas, jubilaciones. Elejercicio puede resultar peligroso, sobre todoporque en materia de impuestos siempre hayalguien más imbécil que uno mismo. Los debatesrecientes sobre la tasa profesional (TP) sonperfecto ejemplo de esta cruda realidad.

Recapitulemos. En la actualidad, la TP se

apoya en el valor del capital (inmuebles,máquinas, equipamientos) que utilizan lasempresas. Hasta 1999, se basaba también en lamasa salarial; pero luego Dominique Strauss-Kahnsuprimió la parte salarial de la TP en un intentopor reequilibrar nuestro sistema fiscal, que, comodemostraron varios informes, se basabaexcesivamente en el trabajo. Recordemos que, engeneral, todos los impuestos se basan en losfactores de producción (capital o trabajo) o en elconsumo. Cuando se basan en el capital, puedengravarse el stock de capital (como la TP) o bien elflujo de ingresos provenientes de ese capital(beneficios, dividendos, intereses, alquileres),como por ejemplo el impuesto a los beneficios, locual tiene ventajas e inconvenientes.

Recordemos también que no existen impuestosque paguen las empresas: en última instancia, sonsiempre los hogares los que pagan, euro por euro,todos los impuestos. En este bajo mundo,lamentablemente las únicas personas que existen

para pagar impuestos son las personas físicas, decarne y hueso. Que las empresas esténtécnicamente obligadas a pagar algunos, es decir, aenviar un cheque a la administración fiscal, nodice nada sobre su incidencia final. Sin excepción,las empresas trasladan el peso de todo lo quepagan a sus asalariados (lo que reduce lossalarios) o a sus accionistas (lo que reduce losdividendos o implica menos acumulación decapital en su nombre) o a los consumidores (lo queaumenta los precios). La descomposición final nosiempre se aprecia a simple vista pero, de unamanera u otra, todos los impuestos acaban porrepercutir sobre los factores de producción osobre el consumo. Por ejemplo, las empresaspagan las cargas sociales calculadas a partir de lamasa salarial. Se admite, sin embargo, que estadeducción es principalmente pagada por lossalarios, que serían más elevados en su ausencia.

Otro ejemplo: todos los trimestres lasempresas emiten cheques en concepto del impuesto

al valor agregado (IVA), calculado sobre el valortotal de las ventas menos el valor total de lascompras a otras empresas. Esta diferencia,llamada «valor agregado», es igual a aquello de loque disponen las empresas para pagar el trabajo(salarios) y el capital (beneficios). Sin embargo, aveces se piensa que el IVA repercute integralmenteen los precios. Falso: como todos los impuestos,al IVA lo pagan en parte los factores de produccióny en parte los consumidores, en proporciones quevarían con el grado de competencia del sectorconsiderado y el poder de negociación de unos yotros, como lo demuestra la disputa reciente en elsector de la hotelería-gastronomía. Volvamos a laTP. En la reforma propuesta, la TP se basaría apartir de ahora en el valor agregado (salarios ybeneficios) y ya no únicamente en el capital.

Estos cambios representarían un alivio para elcapital y un nuevo incremento de las deduccionesfiscales que pesan sobre el trabajo y el consumo, acontramano de la reforma de 1999. Se habría

justificado más conservar la base actual, que teníaademás la ventaja de ser más fácil de localizar ymenos volátil que los beneficios. A condición derevisar por fin los valores de los inmuebles yequipamientos de las empresas, valores que, comosucede con los otros impuestos locales, no hansido ajustados desde los años setenta. En elpequeño juego de la demagogia fiscal, pocas vecesganan los más débiles.

Jubilaciones: volvamos a foja cero

20 de abril de 2010

¿Las previsiones del Consejo Orientador deJubilaciones (COJ) son catastróficasintencionalmente? En realidad, el problema nacede las interpretaciones engañosas que la derecha,el Medef como organización patronal y todos losque quieren producir miedo hacen de esasprevisiones. El COJ solo recordó lo que yasabíamos: para solucionar el problema de lasjubilaciones de aquí a 2030 basta con aumentar losaportes en 5 puntos; o trabajar cinco años más. Ocualquier combinación entre ambas medidas. Sinos proyectamos hacia 2050, estas cifras debenmultiplicarse por dos. Estas proyecciones son, porsupuesto, muy inciertas. Pero el COJ hizo lo mejorque pudo, y la dimensión de las magnitudes proveeuna guía útil para reflexionar. Hoy en día, pagamos

cerca del 25% de nuestros salarios mensualesbrutos en aportes jubilatorios. Si elegimos llevaresta tasa al 30% de aquí a 2030 y al 35% de aquí a2050, entonces los déficits desaparecen. Porcierto, esta elección no es fácil, pues amputará unaparte no despreciable del leve aumento del futuropoder adquisitivo. En el caso de que ese aumentose limitara al 1% anual en los veinte años quesiguen, el incremento de los aportes absorbería uncuarto del total. Es una elección colectiva y nadanos impide concretarla. Y entonces, ¿por quédiscutimos?

La primera dificultad es precisamente que haymuchas elecciones posibles. Se puede elegir quesolo una parte del ajuste consista en aumentar losaportes, y la otra, en mejorar la tasa de empleo delas personas mayores de aquí a 2030. Para todoslos que tienen la suerte de tener un trabajo que lesgusta (y esperemos que cada vez sean más), lajubilación no es necesariamente sinónimo deemancipación. El problema es que si aceptamos

discutir el aumento del tiempo de trabajo podemosencontrarnos en la situación de penalizar apersonas que no pueden trabajar más años. Desdeeste punto de vista, el aumento de la edad legal dejubilación sería la peor solución. Y dado que elpoder vigente se niega a debatir el aumento de losaportes, asistimos a un diálogo de sordos.

La segunda complicación tiene que ver con quesería en extremo inoportuno recortar los salariosen el contexto de la recesión actual. Y seríainjusto: buena parte de los déficits del período 2010-2020 provienen de la jubilación de lasgeneraciones del baby-boom. Este impacto tendríaque haberse previsto. Durante el gobierno deJospin se había creado un fondo de reserva dejubilaciones, pero desde 2002 se lo ha dejado delado. La irresponsabilidad presupuestaria alcanzónuevos récords a partir de 2007: se distribuyeronsin ningún límite miles de millones mediante lacreación de nuevos nichos fiscales y otros gastosinútiles (incluso perjudiciales: desgravación de

horas extra, intereses de préstamos) sin poner uncentavo en el fondo de reserva. Es necesariocomenzar por anular estas medidas. Resultaperfectamente legítimo, para amortizar el impactodel baby-boom, recurrir a financiamientosexcepcionales (beneficios e ingresos financieros),como acaba de proponerlo la socialista MartineAubry. Pero no vamos a restablecer el equilibriode las jubilaciones en 2030 o 2050 solo mediantela aplicación de impuestos a los beneficiospetroleros o bancarios. Por otra parte, no seríasano: para mantener un vínculo fuerte entre trabajoy jubilación, es preferible que los aportes sigansiendo la fuente principal de financiamiento.Llegamos así a la tercera complicación, la mássustancial. Es muy difícil, en el marco del sistemaactual, impulsar un debate sereno sobre losporcentajes de contribución y la parte del ingresonacional que se desea consagrar a las jubilaciones.Por una simple razón: debido a la acumulación deregímenes (asalariados, no asalariados, público,

privado, ejecutivos, no ejecutivos) y a la extremacomplejidad de las reglas en vigor, nadie entiendenada sobre la relación entre aportes y montos delas pensiones.

Se impone volver a foja cero. Junto conAntonio Bozio[48] propusimos un régimen únicobasado en las cuentas personales de derechosjubilatorios y en una mejora del sistema sueco(que tiene numerosos defectos). Pero se puedenunificar perfectamente los regímenes sin dejar delado una presentación bajo la forma de una tasa dereemplazo que se aplique a los salarios másantiguos. Si se toman en cuenta todos los años detrabajo, lo cual es lo más justo para las carreraslargas y los oficios difíciles, entonces las dosopciones son equivalentes. Si propusierauniversalizar al fin el derecho jubilatorio (como sehizo con el derecho al seguro de salud y a lossubsidios familiares, como habrá que hacerlo conel subsidio al desempleo, que excluye muchoscasos de precariedad dentro de lo público), la

izquierda podría retomar la iniciativa en el temajubilaciones, y mostrar que se preocupa por lasmedidas financieras a corto plazo tanto como porel equilibrio a largo plazo.

Jubilaciones: ¡que llegue ya 2012!

14 de septiembre de 2010

¿Cómo calificar la «reforma» previsional quedefiende el gobierno? Se trata de un proyectomediocre que emparcha pero no garantiza enabsoluto el equilibrio financiero a largo plazo.Comparado con los parches precedentes (leyBalladur 1993, ley Fillon 2003), la «cosechaSarko 2010» brilla por su cinismo y suinjusticia[49].

El gobierno aprovecha profundamente lacomplejidad de los sistemas previsionales paraque las comparaciones internacionales mentirosassuenen creíbles —ayudado por los medios, tancomplacientes como incompetentes—, y paraseguir fragilizando a los más frágiles. En Francia,el cálculo de las jubilaciones depende de

múltiples parámetros: la cantidad de años deaportes requerida para jubilarse a tasa plena(cuarenta y un años), la edad mínima que permiteadquirir el derecho a la jubilación (60 años) y laedad que permite jubilarse a tasa plena sindescuento por años faltantes (65 años). Al decidirno tocar la cantidad de años de aportes y enfocarsetotalmente en la edad, el poder elige por definiciónhacer pesar todo el ajuste en aquellos quecomenzaron a trabajar temprano (pasaje de 60 a 62años) y en quienes tienen carreras precarias eincompletas (se pasa de 65 a 67 años).

Tomemos el caso de un asalariado que hayacomenzado a trabajar a los 18 años. Actualmente,debe esperar a los 60 para una jubilación a tasaplena, es decir, cuarenta y dos años de aportes.Con la reforma, deberá esperar a los 62 años, esdecir, cuarenta y cuatro años de aportes. Encambio, esta reforma no incidirá sobre los que,habiendo tenido la chance de estudiar, hayancomenzado a trabajar a los 21 años o más, porque

de todas formas deben esperar a los 62 años paraalcanzar los cuarenta y uno de aportes ybeneficiarse con una jubilación a tasa plena. Y lasmedidas sobre las carreras largas, que la mayoríagobernante utilizó como propaganda, no cambiaránen nada esta realidad inevitable. Estas medidassolo competen a aquellos que hayan comenzado atrabajar antes de los 17 años y exigen en todos loscasos cuarenta y uno de aportes. Lo cual es aúnmás injusto si consideramos que aquellos quecomenzaron más temprano tienen en general losoficios más difíciles y la menor expectativa devida. Es una técnica clásica: hundir la cabeza delcondenado bajo el agua y después dejarlo respiraralgunos segundos para que diga «gracias». Nosorprende que el único sindicato que aprobó lamedida haya sido la Confederación General deEjecutivos.

Sin embargo, hay una buena noticia: por fincomienzan a delinearse los contornos de unaverdadera reforma alternativa. Frente a estos

remiendos a repetición, los dos sindicatosprincipales (Confederación Francesa del Trabajo[CFDT] y Confederación General del Trabajo[CGT]) impulsan ahora una revisión general denuestros regímenes jubilatorios. Es la únicaestrategia que permitiría garantizar el equilibrio alargo plazo, dar nuevamente confianza a lasjóvenes generaciones y sortear la crisis actual. Yaque, más allá de la complejidad de las normasrelativas a los años de aportes y la edad, elsistema francés se caracteriza por la superposiciónde decenas de regímenes, lo que hace imposiblecualquier debate sereno sobre la parte del ingresonacional que se desea consagrar a las jubilaciones.

Por supuesto, es necesario precisar yconsensuar los puntos de vista. La CFDT hablaabiertamente de una «reforma sistémica» orientadaa unificar los regímenes, mientras que la CGTevoca una «caja común de jubilaciones». Sedeberán dar garantías sólidas a los funcionarios,sobre todo en términos de compensaciones

salariales. Una refundación social de estamagnitud no podrá implementarse, claro está, sinuna fuerte legitimidad democrática, y por lo tantocon una validación de las urnas en 2012. Lasorganizaciones sindicales y políticas debentrabajar concertadamente en esta perspectiva. ElPartido Socialista ya comenzó a comprometersecon esta vía, defendiendo explícitamente launiversalización del derecho a la jubilación y lacreación de una «comisión por la unificación delos regímenes».

Resta mucho trabajo por hacer. Y nada podráhacerse si los responsables políticos no asumensus responsabilidades y no se comprometen loantes posible con objetivos precisos: este tipo dereforma no puede improvisarse después de laselecciones. Pero, a partir de ahora, ya no estáprohibido esperar.

El falso debate de las 35 horas

11 de enero de 2011

Un extraño rumor, proveniente de las vertientesmás extremas de la Unión por un MovimientoPopular (UMP), se ha expandido en Franciadurante las últimas semanas. «La reducción deltiempo de trabajo a treinta y cinco horas semanalesle cuesta al Estado más de 20 000 millones deeuros por año debido a la disminución deaportes», afirmación que puede leerse incluso enla pluma de periodistas supuestamentecompetentes e independientes.

El problema de esta afirmación es que es falsa.La reducción de los aportes y contribucionessociales de los bajos salarios fue introducida porel gobierno de Balladur en 1993 y luego reforzadadurante el gobierno de Juppé en 1996, mucho antesde las treinta y cinco horas. El objetivo era reducir

el costo del trabajo poco calificado. Es cierto quede 1998 a 2002 estas disminuciones quedaronparcial o provisoriamente condicionadas a lareducción del tiempo de trabajo: las empresas quefirmaron acuerdos de «35 horas» antes que otrasse beneficiaron con reducciones más importantes.Pero este mecanismo de incentivos desapareció en2002, cuando la duración legal del trabajo pasó atreinta y cinco horas semanales para todos. Elgobierno de Raffarin aplicó entonces la«reducción Fillon» (por el nombre de quien eraentonces Ministro de Trabajo). Este nuevo sistemade reducción de cargas sociales para los bajossalarios, que se aplicó por casi diez años (2002-2011), amplifica los dispositivos deBalladur-Juppé en vigor en 1993-1998 y esindependiente del tiempo de trabajo. Atribuir hoyestas reducciones a las treinta y cinco horas,cuando en verdad fueron aplicadas, ampliadas ymantenidas por gobiernos de derecha, es unacuestión de pura y simple desinformación.

Y es aún más lamentable en la medida en queestas reducciones de cargas plantean un verdaderoproblema y merecerían un debate de fondo sobreuna verdadera reforma del modo de cálculo de lascontribuciones patronales. Reducir el costo deltrabajo es legítimo, pero el financiamiento de laprotección social no debe recaer excesivamente enlos salarios, en particular en los bajos. Elproblema de la reducción Fillon es que creanuevas dificultades para estos últimos.

Comencemos desde el principio. La tasaglobal de la contribución patronal es en laactualidad del 45%, incluso del 50% si se incluyeel conjunto de las deducciones asentadas sobre lossalarios. Dicho de otro modo, para un salariobruto de 2000 euros por mes, un empleador pagacerca de 1000 euros de contribuciones patronales,es decir, el trabajo tiene un costo total de 3000euros. Estas contribuciones financian la mitad delas jubilaciones y los subsidios de desempleo, y lamitad de los gastos sociales (seguro de salud,

subsidio familiar, pagos de transportes, vivienda,formación, etc.) que benefician a todos y no tienenpor qué financiarse únicamente sobre la base delos salarios.

Con la reducción Fillon, las contribucionespatronales disminuyen a la mitad para el nivel delsalario mínimo, pero suben muy rápidamente, auna tasa del 45%, a nivel de 1,6 veces el salariomínimo. En concreto, los empleadores que seaventuran a aumentar los salarios de aquellaspersonas que ganan entre 1 salario mínimo (1350euros brutos por mes, es decir, 1050 euros netos) y1,6 salarios mínimos (2100 euros brutos por mes,es decir, 1650 netos) enfrentan importantesaumentos del costo total del trabajo, más de dosveces más que el aumento del salario neto. Puesbien, ¡cerca de la mitad de la población activa seencuentra en esta franja de remuneraciones!

Lamentablemente, no existen soluciones fácilespara salir de esta situación. La simple supresiónde estas reducciones, que los populistas de todos

los colores proclaman con frecuencia, no es unaopción: ningún gobierno asumirá laresponsabilidad de sobrecargar masivamente lasdeducciones a nivel del salario mínimo. Latransferencia de las contribuciones patronaleshacia el IVA (el famoso IVA «social») es unasolución que, aunque tenga numerosos adeptos enla derecha, incluso también en la izquierda, no esmucho menos dañina, pues recaería sobre los máspobres, quienes consumen la casi totalidad de suingreso. En lugar de pagar la cuenta en sus recibosde sueldo, los asalariados modestos (y lasjubilaciones y los subsidios pequeños) la pagaríana través de sus compras. Por eso hay una fuerteoposición popular a la «falsa buena idea» del IVA«social».

Una solución mejor sería extenderprogresivamente la base de las contribucionespatronales de los salarios al conjunto de losingresos: ingresos no salariales, ingresos delpatrimonio, pensiones. Esta «contribución patronal

generalizada» (CPG) sería el equivalente de lacontribución social generalizada (CSG) creadahace veinte años por el gobierno Rocard.Permitiría reducir fuertemente la tasa que pesasobre los salarios, al tomar en cuenta y evitar susefectos perversos en los salarios bajos.

Para que una reforma como esta pudiera existiren 2012, sería necesario que el debate públicoolvidara los ideologismos y las controversias, yapasados de moda, sobre las 35 horas. Y seríanecesario, desde luego, reciclar en esta reformalos 5000 millones de euros de reducciones decargas sobre las horas suplementarias creadas en2007. Esa medida es sin duda el más tonto detodos los privilegios fiscales inventados en el caosde la última presidencia. Extrañamente, parece serla única a la que quiere aferrarse el poder vigente.¡Todavía hace falta un esfuerzo!

Una reforma fiscal pararevalorizar el trabajo

31 de mayo de 2011

¿Qué deberíamos retener de la polémica sobre elasistencialismo y el subsidio que reciben aquelloscuyos ingresos mensuales son nulos o escasos(RSA, por su sigla en francés), «cáncer de lasociedad», según el funcionario del gobiernoLaurent Wauquiez[50]? Primero, que la carrera paraver quién se ubica más brutalmente a la derechaseduce a cuadros cada vez más jóvenes de laUnión por un Movimiento Popular (UMP).Después de Sarkozy, después de Copé, he aquí unnuevo candidato, capaz de cualquier cosa parahacerse conocido a costa de los más frágiles.Segundo, y más grave aún, que el poder de turnono tiene vergüenza. Para luchar contra el

asistencialismo, habría que consagrar todos losrecursos presupuestarios disponibles —los cualesbrillan por su ausencia— a revalorizar el poderadquisitivo de los trabajadores con ingresos bajosy medios.

Si tomamos en cuenta el conjunto de lasdeducciones obligatorias, incluidas, claro, lacontribución social generalizada (CSG), el IVA ydemás impuestos al consumo (al combustible,etc.), las cotizaciones y tasas sobre los salarios,etc., podemos constatar que las personas que gananentre uno y dos salarios mínimos pagan una tasaimpositiva global del 40 al 50% en el sistemafiscal actual, mientras que los más ricos paganentre el 30 y el 35%. Si se quiere revalorizar eltrabajo, en los actos y no solo en el discurso,entonces hay una sola solución: hacer todo lonecesario para reducir las tasas de imposición alos ingresos bajos y medios.

En cambio, el gobierno multiplica desde 2007los regalos fiscales a los más acomodados. Las

arcas públicas están vacías, pero el gobierno estáa punto de hacer un cheque de varios miles demillones de euros a los contribuyentes delimpuesto a la fortuna (ISF) y se prepara paradividir casi por 4 el ISF de los más ricos (la tasaaplicable más allá de los 17 millones de euros depatrimonio pasará del 1,8 al 0,5%). Estasdecisiones harán que aumenten la injusticia y laregresividad de un sistema que ya lo era, comoacaba de confirmar el Consejo de DeduccionesObligatorias, organismo poco revolucionario silos hay. Y la cuenta recaerá inevitablemente sobrelos más pobres, pues habrá que devolver lasdeudas de alguna manera.

Que la derecha pretenda defender el mundo deltrabajo impulsando una política de esta claseresulta incomprensible. La izquierda puede y debedemostrarle al país que es más creíble pararevalorizar el trabajo y el poder adquisitivo de lostrabajadores más modestos y de los sectoresmedios. Es tanto más urgente porque nuestro

sistema fiscal es complejo e ineficaz en sufuncionamiento pero también injusto en ladistribución: hay que empezar de nuevo. Losasalariados modestos pagan el 8% de su salariocada mes en concepto de CSG (es decir, un mes desalario por año) y reciben, con un año de retraso,un cheque a título de prima por el empleo querepresenta generalmente entre medio mes y trescuartos de mes de salario. Este sistema absurdoafecta todos los años a alrededor de 8 millones detrabajadores con bajos ingresos.

Fusionando la CSG, el impuesto sobre elingreso y la prima por el empleo en un únicoimpuesto, individualizado, pagado por todos ydeducido en origen, podríamos deducir solo un 2%del salario mínimo (ya no el 8%), y el salario netoaumentaría fuertemente, cerca de 100 euros pormes. Al ser mucho más satisfactorio que recibir uncheque, permitiría revalorizar de una forma real yconcreta el trabajo, a diferencia de las falsaspromesas de la derecha farandulera. Este objetivo

impone compromisos, y por ello aquellos que seoponen a esta «revolución fiscal» sin proponer unasolución alternativa que permita repensar la primapor el empleo deberían pensarlo dos veces.

La izquierda puede y debe volver a ser unespacio de las clases populares y de la justiciasocial y fiscal. Pero para eso deberá realizarpropuestas precisas y demostrables. La izquierdaestuvo en el poder una década durante los últimosveinte años (1988-1993, 1997-2002) y, cuandoestuvo en la oposición, siempre denunció a laderecha por las reducciones del impuesto alingreso. Pero cuando llegó al poder no fue capazde anular esas medidas. Nunca tuvo la voluntadreal de modificar el impuesto al ingreso. Incluso,algunos cedieron a la moda de denigrar elimpuesto a la fortuna e imaginaron sudesmantelamiento.

Hoy necesitamos otra cosa; ya no son efectivaslas vagas promesas de reforma fiscal para volver aganar la confianza de las clases populares, que

tuvieron muy a menudo la impresión durante estosúltimos años de que sus intereses económicos ysociales podían ser mejor defendidos por laextrema derecha que por los socialistas.Esperemos que las primarias permitan aportarrespuestas claras y convincentes.

Parte V

El fracaso de la experienciasocialdemócrata en Francia: ¿qué

lecciones debe aprender la izquierda?

Un congreso del PS que evita laspreguntas molestas

7 de noviembre de 2005

A pesar de una idea ampliamente difundida, lasmociones que esta semana fueron sometidas alvoto de los militantes socialistas no sondocumentos vacíos de sentido. Más allá de lasconsignas huecas y la fraseología soporíferapropia de este tipo de prosa, encontramos algunaspropuestas de suma importancia, escondidas, escierto, entre decenas de páginas insípidas.

Varias mociones proponen, por ejemplo,consagrar finalmente medios suplementariosconcretos para las zonas de educación prioritaria(ZEP[51]). La moción Hollande, que reconoceexplícitamente que la creación de las ZEP nunca seacompañó de una verdadera orientación de los

recursos para favorecer a estas escuelas, llegaincluso a formular un objetivo cuantitativo: «15alumnos como máximo por clase en las ZEP». Laslíneas consagradas a este tema no constituyentodavía un compromiso formalmente serio, pero seacercan.

Varias mociones proponen también laimplementación de un gran impuesto progresivoque resulte de la «fusión entre el IS (impuesto alsalario) y la CSG (contribución socialgeneralizada)». Estamos frente a un verdaderodebate. Conocemos los argumentos en contra, quemerecen ser tomados en cuenta: la CSG hoy es enesencia una retención afectada al seguro de salud,y los actores sociales no verán con buenos ojosuna reforma que diluya el dinero de la seguridadsocial en el marco de bases fiscales más amplias.Al mismo tiempo, si la lógica actual, de impuestosafectados a fines específicos en forma directa,permite garantizar el seguro de salud (ningúngobierno puede reducir la tasa de la CSG sin

explicar cómo va a reducir los gastos de salud),tiene también entre sus consecuencias desplazarhacia el IS una vasta partida de gastos indistintos afinanciar; de allí la tentación permanente de lossucesivos gobiernos, incluido el socialista, dealivianarla. Es valorable la apertura de estecomplejo debate, que pone en juego la arquitecturaglobal de la intervención del Estado y suarticulación con la protección social, pero lospárrafos que le consagran las mociones soninsuficientes para zanjarlo. Del mismo modo quela propuesta de extender la base de los aportespatronales al valor agregado —formuladanuevamente por una admirable unanimidad—, laidea de la fusión IS-CSG también se planteó antesde 1997, pero nada pasó. La idea que afirma quela fusión IS-CSG permitiría aliviar la imposiciónde salarios bajos y que entonces sería posible«suprimir la prima por el empleo» (PPE, creadasin embargo por la izquierda en 2000) se expresacon demasiada rapidez como para tomarla

completamente en serio.En términos generales, el punto común de

todas las mociones es que se ocupan de nomencionar nunca las cuestiones molestas. Todoslos temas difíciles que exigirían arbitrajesdolorosos a lo largo de una eventual mayoríasocialista en el período 2007-2012 se barrencuidadosamente bajo la alfombra: futuro de lasjubilaciones, reforma de la enseñanza superior yde la investigación, modernización de losservicios públicos, regulación de los gastos desalud, etc. Se contentan, por ejemplo, con anunciarla derogación de la ley Fillon[52], cuando todo elmundo sabe bien que esta ley no alcanzará siquierapara garantizar el equilibrio de las jubilaciones.Se evoca un nuevo «plan universitario 2010»,fingiendo ignorar que el necesario aumento derecursos debe acompañarse imperativamente dereformas estructurales.

La razón de este mutismo es simple: el PS seencuentra, desde hace tres años, en una fase en la

que ningún líder puede permitirse tomar unaposición mínimamente precisa sobre los temasdifíciles por miedo a verse humillado la mañanasiguiente en la prensa por sus camaradaspresidenciables. Y esto durará hasta ladesignación del candidato a fines de 2006, lo quedejará muy poco tiempo para preparar unprograma digno de ese nombre. Las responsablesde este desperdicio colectivo son las reglas degobierno del PS: en muchos países, un fracasoelectoral da lugar de inmediato a la eleccióntransparente de un nuevo líder, que dispone luegode toda la legitimidad necesaria para preparar laselecciones siguientes. El jefe del PartidoConservador, Michael Howard, renunciórápidamente después de su fracaso frente a Blairen mayo de 2005, y de inmediato se aplicó unprocedimiento para desempatar entre los sietecandidatos previstos para su sucesión, a través delvoto de los diputados del partido para elegir a losdos candidatos sometidos al voto de los militantes.

El vencedor tiene todas las chances de permaneceren ese lugar cuatro años, como Blair cuando en1994, mediante un procedimiento similar, seconvirtió en el líder del Partido Laborista. Puedediscutirse el procedimiento exacto, pero loimportante es que no puede discutirse al líderelegido de este modo, que por fin puedeconsagrarse a los temas esenciales.

En el PS se apostó a que, hablando delproyecto y no de las diferencias personales, estasúltimas se superarían, pero es evidente quesucedió lo contrario. Hace falta reflexionar desdeahora sobre el procedimiento que se aplicarádespués de una eventual derrota en 2007, para queun candidato vencido, y sin embargo tenaz, noreproduzca entre 2007 y 2012 el clima nocivo queel PS ha conocido entre 2002 y 2007.

Nunca más

10 de mayo de 2007

¿Qué lecciones debe aprender la izquierda a partirde la derrota electoral del domingo[53]? Paraalgunos, era evidente desde hacía tiempo: Franciase había derechizado y soñaba con Sarkozy, nadapodía evitarlo. Es un argumento poco convincente:todos los estudios demuestran que la mayoría delos franceses siempre tuvo miedo de Sarkozy y desus desvíos. Los votos que obtuvo Bayrou[54]

expresan con claridad los temores que suscita elnuevo presidente, incluso en la derecha.

Para otros, la derrota se explicaría por unerror de casting: Ségolène Royal, sin muchaexperiencia, poco creíble, en especial en temaseconómicos, no tenía peso propio. El argumento nose sostiene: la candidata socialista mostró que

tenía capacidad y, sobre todo, voluntad de renovarel programa económico de la izquierda, desplegóun discurso positivo sobre la prioridad que leotorgaba a la inversión en educación einvestigación, insistió en la necesidad deresponsabilizar a los actores, en el valor de ladescentralización y en el rechazo del puro Estado,así como en la necesidad de un equilibrio entrederechos y deberes. Es probable que soloSégolène Royal, gracias a su exterioridad respectodel PS y a la legitimidad que le confirió el voto delos militantes, hubiera sido capaz de realizar unllamado al diálogo con Bayrou antes de la segundavuelta, imperativo político y democrático evidenteque condiciona las victorias futuras (cómopretender tomar en cuenta las aspiracionespopulares simulando ignorar que Buffet, lacandidata del PC, reunió 1,9% de los votos yBayrou el 19%).

En verdad, la izquierda tuvo, ante todo, unproblema de timing. Hubiera hecho falta más que

algunos meses para elaborar un programapresidencial bien constituido. Para desarrollarposiciones socialdemócratas fuertes yconvincentes sobre los grandes temas económicosy sociales (enseñanza superior e investigación,jubilaciones, salud, fiscalidad, mercado detrabajo, etc.), que en todos los casos exigiríandolorosos ajustes intelectuales en numerosossimpatizantes de izquierda, eran necesariosmuchos años de debates y paciente trabajo depersuasión. Al haber sido designada en noviembre,Ségolène Royal se vio imposibilitada, más allá desu pragmatismo y energía, de finalizar esta tarea enel mes de marzo, sobre todo luego de que sussimpáticos competidores internos le hubieranembarrado la cancha acusándola de incompetenciaeconómica.

El error fundamental que cometió el PS entre2002 y 2007 es haber creído —o haber fingidocreer, pues nadie lo creía en verdad— que eraposible aplazar la elección del candidato para

después de la redacción del programa. Elresultado objetivo es que durante cuatro años, de2002 a 2006, los socialistas no hablaron de nada.Por una simple razón: era inconcebible paracualquiera tomar una posición fuerte en un temadifícil por miedo de que al día siguiente loscamaradas presidenciables lo linchasen. Resultadode la carrera: el programa adoptado por el PS en2006 es una fuente de agua tibia, en la que todaslas cuestiones molestas fueron cuidadosamenteevitadas. Los nuevos colores que Ségolène dio aeste programa no podían alcanzar para hacerlacreíble ante los ojos de los franceses.

Ejemplo evidente que ilustra este punto: laterrible secuencia del debate televisivo sobre lasjubilaciones, en el que Sarkozy condujo a lacandidata socialista a proponer un impuesto a larenta financiera. No es que una tasa de este tiposea, en cuanto tal, inconcebible: el fondo dereserva para las jubilaciones ya se alimenta enparte de una (modesta) contribución social

procedente de los ingresos devengados porinversiones, contribución que nada impideincrementar en el marco del necesario reequilibriotrabajo-capital de nuestro sistema fiscal. Pero estarespuesta, un poco breve por cierto, recordó amillones de franceses que durante años lossocialistas se contentaron con impulsar la futuraanulación de la ley Fillon sobre la extensión de laedad jubilatoria, cuando la inmensa mayoría de laopinión pública sabe desde hace años que laperennidad de nuestro sistema previsional exigereformas precisas y valientes.

Hoy la prioridad es hacer todo lo posible paraevitar repetir este error en la etapa 2007-2012. Esnecesario un voto militante (que eventualmente seextienda a los simpatizantes) antes de que termine2007. A él deberían someterse todos los queaspiren a llevar adelante el proyecto socialista, locual permitirá designar un líder indiscutido hasta2012. Ya podemos imaginar los argumentosfalaces que expliquen que una personalización de

este tipo sería contraria a la identidad colectivadel partido, etc. En verdad, es exactamente locontrario: hay que apresurarse a decidir sobre laspersonas para pasar a las ideas, precisamenteporque las cuestiones relativas a las personas sonpor completo secundarias en relación con lascuestiones programáticas y con el debate de ideas(contrariamente a una creencia muy difundida,muchas personas están calificadas para asumir lapresidencia de la República, incluso Sarkozy).

Para salir lo más rápido posible de la peleaentre jefes y evitar que la catástrofe se reproduzca,es urgente una fuerte movilización de militantes ysimpatizantes.

Royal-Delanoë, ¡urgente: un pocode contenido!

3 de junio de 2008

Digámoslo de entrada: el debate entre losprecandidatos socialistas Ségolène Royal yBertrand Delanoë no alcanzó, por el momento, elnivel que tenemos derecho a esperar. La discusiónen torno al liberalismo se sitúa en un planodemasiado general para ser verdaderamente útil.Sí, la libertad económica es evidentementeinseparable de la libertad política y sí, es un valoren sí mismo. Pero las cosas serias solo comienzancuando se acepta debatir políticas públicasconcretas que permitan que cada uno pueda serlibre y dueño de su propio destino, que cada unotenga realmente acceso a los derechos y lasoportunidades más amplios posibles. Proclamarse

liberal o antiliberal no alcanza para definir unproyecto político. La competencia que se anunciaes legítima; el período 2002-2007 ha mostradohasta qué punto aplazar sin cesar la elección de loscandidatos fue un camino seguro para elcongelamiento intelectual y programático. Peroahora urge que los candidatos salgan de lasgeneralidades y les den contenido a sus proyectos.

Tres temas en especial merecen sermencionados. La prioridad absoluta es lainversión masiva en capital humano y en laeconomía del conocimiento. El objetivo es tenerlos empleos más calificados del mundo, para queFrancia saque el mayor provecho posible de lamundialización. No vamos a encontrar nuestrolugar ante la India y China agregando algunashoras suplementarias de trabajo. El problema esque hemos creado la ilusión de un consenso sobreesta cuestión, ¡pero en realidad no hacemos nada!Los países escandinavos invierten tres veces másque nosotros en sus estudiantes. Este retraso solo

podrá ser superado si establecemos una prioridadpresupuestaria y solo una. Para ser creíble en estetema, la izquierda debe demostrar la impostura delgobierno actual y desmenuzar sus presupuestosengañosos, para después comprometerse en laimplementación de un plan de financiamientopreciso a diez años. Solo entonces la cuestióncentral de la autonomía de las universidades podráplantearse correctamente. La libertad no funcionaen la pobreza: «free to choose» (libre para elegir),declamaba Milton Friedman; «free to lose» (librepara perder), respondía la izquierdanorteamericana.

El segundo tema prioritario es lareestructuración general del sistema previsional. Afuerza de solapamientos, el sistema se tornóincomprensible y enervante. Es necesario salir delparche permanente y repensar todo el sistema. Lassoluciones existen. Los socialdemócratas suecosaplicaron un principio claro: a igual aporte, igualjubilación. Los derechos previsionales son

contabilizados en una cuenta individual de aportes,que puede consultarse en todo momento porinternet. La jubilación se vuelve finalmentepatrimonio de aquellos que no tienen patrimonio.Si los individuos cambian de estatuto, no pierdennada. Hoy en día en Francia se pierden muchosaños de aportes, por ejemplo en el caso de losasalariados que pasaron menos de quince años enla función pública. Este sistema es enemigo delmovimiento y de la iniciativa.

El tercer punto prioritario es la revoluciónfiscal, que debe permitir reconciliar a losciudadanos con el impuesto. También aquí esnecesario partir de un principio simple de equidady transparencia: a igual ingreso, igual impuesto.Pues bien, este principio mínimo ahora estáminado por la multiplicación de nichos fiscales ypor la complejidad de las escalas impositivas. Esnecesario proceder a una reformulación delimpuesto a las ganancias y de la contribuciónsocial generalizada (CSG), fusionándolos y

reemplazándolos por un impuesto únicoprogresivo retenido en la fuente, con escalascomprensibles expresadas en valor efectivodirectamente aplicables a los ingresos, para quecada uno pueda comprender fácilmente quién pagaqué (principio introducido por el Frente Popularen 1936 pero ¡suprimido por Vichy en 1942!). Esteimpuesto debería calcularse en forma individual yno para la pareja, pues de lo contrario perjudicaríael trabajo femenino. Y desconfiemos del falsoconsenso: en abstracto, todo el mundo está deacuerdo en modernizar los impuestos y suprimirlos nichos fiscales. Pero en la práctica, elgobierno se dedica a crear nuevos. Es un juego desuma cero, pues la recuperación sobreviene acosta de los que no se benefician. Para salir deeste círculo vicioso, los responsables políticosdeben asumir compromisos firmes y precisos.

Estos tres puntos concretos tienen algo encomún: apuntan a darle la posibilidad alciudadano de reapropiarse de la cosa pública y, de

este modo, de su propio destino.

¿Con o sin programa?

29 de diciembre de 2009

¿Se puede ganar una elección sin ningúnprograma? Seguramente. La historia electoral estállena de episodios en los que los partidos políticosconsiguen victorias o llegan al poder no porquesus propuestas hayan entusiasmado a las masas,sino gracias a los errores que comete el adversarioy al sentimiento de rechazo que este suscita. Elproblema es que necesariamente siempre setermina pagando un precio.

Tomemos como ejemplo la victoria socialistade 1997. Con la propuesta de la semana laboral de35 horas y los denominados empleos jóvenes, sepodría decir que la izquierda tenía algo que separecía a un programa. Pero no faltaríamos a laverdad si recordáramos que estas medidas seemparcharon en pocas semanas para lograr unir lo

más rápido posible a los demás partidos queconformaron la coalición de la izquierda plural,luego de la disolución sorpresiva del Parlamentodecidida brutalmente por el presidente de esemomento[55]. La victoria se basó principalmente enel rechazo al adversario.

Y el precio se pagó a partir de 2000. Una vezque se implementaron estas dos medidasemblemáticas, la izquierda plural ya no supo quéhacer o proponer al país, simplemente porque noestaban de acuerdo en nada. Jubilaciones,fiscalidad, enseñanza superior, mercado detrabajo: sobre ninguno de estos temas clavesexistía siquiera el esbozo de un programamínimamente preciso. La opinión pública acabópor darse cuenta de esto, lo que contribuyó muyprobablemente a las derrotas de 2002 y 2007.Además, las medidas pegoteadas a las apuradas aveces son bombas políticas que en algún momentoexplotan. No deberíamos dejar de ver en elreciente triunfo del lema «trabajar más para ganar

más» que impulsó Sarkozy una victoria póstumasobre las treinta y cinco horas, reforma excelenteen el largo plazo, pero poco adaptada a la fase degran estancamiento salarial en la que Francia y lospaíses ricos se enredaron desde los años ochenta.

Crucemos ahora el Atlántico. Para muchosobservadores norteamericanos, la causa es simple:si Barack Obama tuvo que ceder a todos loslobbies privados y desnaturalizar la reforma delsistema de salud, se debe a que no se habíanasumido compromisos lo suficientemente precisosantes de las elecciones. No fue elegido por unverdadero programa, de allí su debilidad actual.Visto desde Europa, donde se es más sensible a ladimensión mundial de la elección de Obama, sepuede ser más clemente con el presidenteestadounidense. Por supuesto, Obama podría haberevitado adoptar un acento republicano en elmomento de las primarias para criticar elprograma de salud de Hillary Clinton, másambicioso que el suyo. Esto probablemente le

habría dado mayor peso hoy frente al Congreso y ala industria médica.

Sin embargo, ¿quién puede afirmar que Obamatendría que haber asumido el riesgo, en la rectafinal, de asustar al electorado proponiendo unprograma completo de seguro de salud público, ycomprometer así su apretada victoria histórica?Los 160 millones de estadounidenses que disponende una cobertura de salud privada sencillamenteno estaban listos para un seguro público que, en supaís, solo podrá implementarse poco a poco. Noolvidemos que los electores a veces le prestan másatención a una visión general del mundo y a unacapacidad para adaptarse al entorno fluctuante quea un catálogo genial de medidas que noentienden…

La política no es una ciencia exacta, tampocola economía, y la frontera entre compromisos yconcesiones es siempre difícil de trazar. Entonces,¿qué va a suceder con la elección presidencial de2012? Es muy tentador para la izquierda francesa

apostar todo a una decadencia gradual del podersarkozista que, ya rechazado por buena parte delcentro y de la derecha, parece ahora relanzarse enuna carrera hacia la extrema derecha. Salvo que laderrota de Sarkozy, por más deseable que sea, noimplica en ningún caso el mismo desafíointernacional que la de Bush, y no podría ser un finen sí mismo. Por otra parte, si bien es totalmenteposible que la izquierda gane en 2012 sin unverdadero programa, y con un candidato designadoa último momento, por el simple rechazo deladversario, el escenario inverso, lamentablemente,sigue siendo el más probable.

Así que esperemos el programa y ¡buen 2010!

Discusiones franco-alemanas

14 de febrero de 2012

Acaban de publicarse las cifras correspondientesal año 2011. El inquietante déficit comercialfrancés ya alcanza los 70 000 millones de euros(más del 3% del PBI francés), mientras que elcolosal excedente de los alemanes ronda los160 000 millones de euros (más del 6% del PBIalemán). Nunca, desde 1950, el déficit francés fuetan alto —el récord anterior data del período 1980-1982: 2% del PBI—. Nunca, desde 1950, elexcedente alemán fue tan alto —recordemos que elsuperávit chino es del 3%—.

Sin embargo, cuando la derecha volvió alpoder en 2002, ambos países tenían un excedentecomercial comparable (2% del PBI), el mismoíndice de desempleo (8%) y un déficit públicosimilar (2% del PBI). En el período 1980-2010, la

balanza comercial francesa, en promedio, semantuvo equilibrada. Hoy el índice de desempleotrepó al 10% en Francia (6% en Alemania), y eldéficit presupuestario representa el 5% del PBI(1% al otro lado del Rin).

La derecha, que adora presentarse como unabuena gestora, ha permanecido en el poder enFrancia durante diez años. Su balance económicoes realmente calamitoso. El aparato productivo seencuentra en un estado penoso, la formación y lainnovación quedaron relegadas en favor desubvenciones ridículas para las horas extra, yhemos asistido a un despilfarro sin precedentes deldinero público mediante beneficios fiscalesinsensatos para los financiadores del partidogobernante, la Unión por un Movimiento Popular(UMP). El impuesto a la riqueza (ISF) aportarádos veces menos dinero en 2012 que en 2007,mientras que los patrimonios aumentaron un 20%en plena crisis de las finanzas públicas. Y comolas excusas habituales ya no funcionan (¡es culpa

del gobierno anterior!), el poder de turno acusa alos desempleados (cerca de 5 millones deinscriptos en la Agencia Nacional para el Empleo—ANPE—, otro récord) y a los inmigrantes, quese han transformado en los blancos delajusticiamiento público. Si sumamos a esto quetenemos un presidente fabulador, que pasa sutiempo relatando mentiras en lugar de hechosdelante de decenas de millones de franceses, laconclusión es contundente: la alternancia políticaes una cuestión de salud pública.

Pero esta preocupante situación económicaexige audacia e imaginación de parte de laizquierda. Primero, en el nivel de la políticaeuropea. Alemania tiene su parte deresponsabilidad en esta seria divergencia entre losdos países. Al comprimir excesivamente sudemanda interna (la parte de los salarios ha bajadoel equivalente al 5% del PBI del otro lado del Rindesde 2002), apostó por una estrategia que no esgeneralizable al conjunto de la Unión Europea.

Con ese excedente comercial del 6% del PBIanual, Alemania podría comprar en 5 años lacapitalización total del CAC 40[56], o bien latotalidad de la plaza inmobiliaria parisina (cercade 800 000 millones de euros cada lote).¡Alemania no necesita tantas reservas! Y la uniónmonetaria no puede funcionar con esosdesequilibrios. Por el contrario, Francia yAlemania necesitan una Europa fuerte y unida quepermita retomar el control de un capitalismofinanciero mundializado que ha enloquecido. Paraello, es imprescindible contar con un nuevo tratadoeuropeo basado en una estrategia de crecimiento,una deuda pública común y la unión de losparlamentos nacionales de los países que deseenencontrar soluciones. Alemania, que ha avanzadomás que nosotros en esta reflexión sobre la uniónpolítica, debe y puede entender este mensaje.

Francia también debe asumir su parte deresponsabilidad en esta divergencia franco-alemana. En esta campaña electoral, el mérito de

Hollande es que dice de dónde sacará los 30 000millones de euros de ingresos suplementarios quepermitirán reequilibrar nuestras finanzas públicas.Pero las reformas estructurales están por ahoracasi ausentes de su programa. El financiamiento denuestra seguridad social, que se apoya demasiadoen el trabajo, requiere una reforma profunda. Agrandes rasgos, de los cuarenta puntos decotizaciones patronales que pesan sobre lossalarios brutos, solo la mitad puede justificarse(cotizaciones previsionales y de desempleo) y elresto (salud, familia, educación, construcción, etc.)debe provenir de ingresos fiscales más amplios.La solución correcta pasa por implementar unaverdadera Contribución Social Generalizada(CSG) progresiva, que sea a la vez justa y máseficaz que el denominado IVA social. En términosgenerales, nuestro sistema fiscal es arcaico,complejo e imprevisible para los actoreseconómicos. Simplificarlo y modernizarlo resultaimperioso. Por ejemplo, somos el único país que

no ha adoptado la deducción en origen. Pues bien,el ministro de Presupuesto de François Hollande,Jérôme Cahuzac, acaba de explicar con orgulloque durante el quinquenio no habrá novedades enese sentido, y que hacen falta varios mandatos paraencarar una reforma de este tipo, ¡mientras quetodos nuestros vecinos lo hicieron en un año, enépocas en que la informática no existía! Undiscurso que no está a la altura de la situación. Sepodrían multiplicar los ejemplos. En cuanto a lasjubilaciones, el conjunto del sistema requiere unarevisión exhaustiva, que incluya la unificación delos diferentes regímenes para asegurar y dinamizarlas trayectorias profesionales complejas eimplementar cuentas individuales que reconozcanel derecho a la capacitación. La alternancia en elpoder no debería vestirse con el ropaje del malmenor.

François Hollande: ¿un nuevoRoosevelt para Europa?

8 de mayo de 2012

¿François Hollande será el equivalente deRoosevelt para Europa? La comparación puedegenerar una sonrisa. Sin embargo, vale la penarecordar que el peso de los acontecimientos y elpeso de las ideas suelen hacer que los hombrespolíticos desempeñen roles que los superan.Cuando llegó a la presidencia en 1933, Rooseveltno sabía con exactitud qué política iba a llevaradelante. Pero sabía que la crisis de 1929 y laspolíticas de austeridad habían puesto a los EstadosUnidos de rodillas, y que el sector público debíaretomar el control de un capitalismo financiero quese había vuelto loco. Hoy, en 2012, cuatro añosdespués del comienzo de la crisis financiera

mundial de 2008, Hollande se encuentraexactamente en la misma situación. Cuando iniciósu campaña, no sabía que la cerraría proponiendoun impuesto del 75% sobre los ingresos quesuperasen el millón de euros. Pero llegórápidamente a la misma conclusión que Roosevelt,a saber, que solo el arma fiscal permite detener laexplosión inaudita de remuneraciones altísimas.

Evidentemente, la principal dificultad quetendrá que enfrentar Hollande es Europa. El puntocentral es que no saldremos realmente de la crisisactual si nos contentamos con algunos projectbonds, es decir, obligaciones europeas quepermitan financiar inversiones en energía einfraestructura. Una herramienta de este tipo esútil, pero no debe ocultar que la verdaderadificultad está en otra parte. Sin un compromisoclaro que comprenda la mutualización de lasdeudas públicas europeas, la crisis volverá acomenzar una y otra vez. Una moneda única con 17deudas públicas diferentes, sobre las que los

mercados pueden especular libremente sin que losEstados puedan devaluar su moneda paradisminuir la presión, no funciona. Un sistema asíya condujo a Grecia a la catástrofe, y terminarácon el euro.

Debemos dejar de decir que no tiene sentidoplantear esta cuestión porque Alemania seopondría a la mutualización de las deudas.Primero, siempre es preferible indicar conprecisión la dirección final en la que se desea ir,aunque más no sea para comprometerse y lograrque un día este objetivo se realice. Después, ysobre todo, Alemania es mucho menosconservadora de lo que nos gusta pensar enFrancia. La verdad es que varios responsableseuropeos —y no solo de izquierda, lejos de ello—esperan que el nuevo presidente francés realicepropuestas audaces en esta dirección.

Guy Verhofstadt, presidente del grupo centristaen el Parlamento europeo, declaró recientementeque solo una mutualización de las deudas europeas

permitiría reducir las tasas de interés durante unplazo considerable. Si la Reserva Federalestadounidense tuviera que elegir cada mañanaentre la deuda de Wyoming y la de Texas, tendríamuchos problemas para llevar adelante unapolítica monetaria clara. Si el Banco CentralEuropeo se ve obligado a enfrentar una situacióntan absurda como esa, nunca podrá desempeñarplenamente su rol al servicio de la estabilidadfinanciera. En este contexto, seguiremosfabricando bombas de tiempo, como la de prestar1 billón de euros a los bancos privados con laesperanza de que estos les presten a los Estados, ola de prestar dinero al FMI para que este a su veznos preste a nosotros…

Hay muchas propuestas sobre la mesa. Los«sabios» alemanes (el colegio de economistas queaconseja a la Cancillería), a quienes no se puedeacusar precisamente de izquierdistas, propusieronen noviembre que toda deuda superior al 60% delPBI sea mutualizada a escala europea, incluida,

claro, la deuda alemana. Otros piensan que lo másadecuado es poner las deudas públicas en comúnpero a corto plazo. Ahora bien, hay que decidir yavanzar.

Y, sobre todo, sacar las conclusiones que seimponen en términos de unión política. JoschkaFischer, exministro alemán de Asuntos Exteriores,propuso crear una nueva Cámara que reagrupe adiputados provenientes de las comisiones deFinanzas y de Asuntos Sociales de los países quedeseen avanzar con el tema. Esta unión deParlamentos nacionales podría manejar unaagencia europea de la deuda, y fijaría los montosde los préstamos que se autoricen, resultado a suvez de una deliberación pública y democrática.Una Cámara de este tipo tendría la ventaja de sermás pequeña que el Parlamento Europeo y dereunir a aquellos que luego deberán asumirpolíticamente las consecuencias de sus decisionesen cada país afectado. Sería una manera originalde encaminarse hacia unos Estados Unidos de

Europa, a la altura de la construcción europea ybasada en las soberanías nacionales.

En todos estos temas Europa espera mucho deFrançois Hollande. Todo comienza ahora.

¡Rápido: un poco de acción!

25 de septiembre de 2012

¿Es tan malo como dicen el comienzo delquinquenio Hollande? Lamentablemente, sí. Elcontexto es complicado, es cierto, y el nuevopresidente todavía no ha logrado que lamentemosel anterior. Pero, de todos modos, percibimos unaactitud de espera y una indecisión inquietantespara un comienzo de mandato.

En el plano europeo, Francia no ha formuladoninguna propuesta concreta que permita avanzarhacia la unión política y presupuestaria y hacia lamutualización de las deudas públicas, la únicasolución para la crisis. Resultado: nosencontramos cumpliendo un plan de austeridadforzada supuestamente para restituir nuestracredibilidad, cuando todo el mundo sabe que estapolítica conducirá a más recesión y

endeudamiento. Perdemos el tiempo al ratificar untratado que, lo sabemos, no arreglará ninguno delos problemas estructurales de la zona euro. Lafrutilla del postre: dejamos que Angela Merkelhable de la unión política por su cuenta ydespliegue sus propuestas, que por lo menos tienenel mérito de existir (elección de un presidente dela Unión Europea por sufragio universal), pero quedistan de ser las más adecuadas (la prioridaddebería ser más bien establecer un Parlamentodemocrático a nivel de la zona euro, sin duda apartir de los Parlamentos nacionales). Y mientrastanto, el resto del mundo continúa avanzando,invirtiendo en el futuro y distanciándose deEuropa.

En el plano nacional, todas las reformas defondo fueron postergadas para más adelante. Lareforma fiscal, madre de todas las batallas durantela campaña del candidato Hollande, se limitará aalgunos pequeños ajustes, cuando en realidadnecesitaríamos una refundación completa, algo que

está a nuestro alcance. Francia es desde hacemucho tiempo el único país desarrollado que noimplementó la deducción en origen: no importa,seguirá así cinco años más. Francia se destaca porla acumulación de diversos impuestos directos,con bases tributarias apolilladas y con diferentesreglas que se superponen: aunque no lo crean, seimplementará una tercera franja del 75% con unatercera base tributaria, distinta a la vez de la delimpuesto a la renta y la contribución socialgeneralizada (CSG), y aún más general que los dosprimeros. Una cosa es segura: en el reino de lasbombas de tiempo, los asesores fiscales serán losreyes.

En cuanto al costo del trabajo y lacompetitividad, el presidente Hollande declaróque las contribuciones patronales no podían seguircargándose únicamente sobre el salario, y que ibaa pedir un informe para reformar el financiamientode la seguridad social. ¡Qué buena idea! Tan buenaque Lionel Jospin tuvo la misma en 1997, cuando

pidió un informe que le permitió constatar un añomás tarde que la cuestión era decididamentecompleja, y que lo urgente era no hacer nada.Esperemos que esta vez todo termine mejor.

En especial porque se trata de un temafundamental. Hoy en día, la tasa global de aportespatronales en Francia es cercana al 40%: parapagar 100 euros de salario bruto, el empleadorpaga 140 euros de salario superbruto (y elasalariado percibe 80 euros de salario neto). Esdemasiado. De este 40%, solo la mitad puedejustificarse (aportes previsionales y dedesempleo), y el resto (salud, familia, formación,construcción, etc.) debería apoyarse en basestributarias más amplias. Ya se perciben algunosmovimientos, pues la tasa del aporte patronal sedividió a la mitad en el nivel del salario mínimo.Pero la tasa sube notablemente cuando se supera elsalario mínimo, y alcanza el 40% a partir de 1,6veces el salario mínimo. El gobierno saliente,cuando prolongó parcialmente la tasa reducida

hasta 2,1 veces el salario mínimo, iba en ladirección correcta, y el nuevo gobierno podríahaber seguido el ejemplo manteniendo estareducción, pero con otro financiamiento. A fin decuentas, el objetivo debe ser reducir a 20% la tasadel aporte patronal sobre todos los salarios.

¿Cómo se podría financiar? El problema esque el denominado IVA social no estará nunca a laaltura de la dificultad: el aumento necesario seríaenorme, y golpearía brutalmente el poderadquisitivo. El IVA ecomodulable que el gobiernotiene en carpeta lo está aún menos: se puedentransferir de esa manera uno o dos puntos deaportes, pero no mucho más. La herramientacorrecta es la CSG, pues su base es mucho másamplia que la del IVA, y porque es la única quepermite distribuir los esfuerzos de manera justa ytransparente entre todos los ingresos. Con lacondición, sin embargo, de poner finalmente enpráctica una verdadera CSG progresiva, es decir,con una tasa modulable que varíe con el nivel de

ingreso. Sin estos cambios, la transferencia deaportes patronales recaerá en los jubilados y losasalariados modestos, y por lo tanto no seimplementará. Solo una reforma fiscal generalpermitirá resolver estas contradicciones. En lasituación actual, nada nos indica que el gobiernotenga el coraje y la voluntad para hacerlo, peronada nos impide mantener las esperanzas.

UE: «La charlatanería continúa»

17 de mayo de 2013[Declaraciones obtenidas por Cécile Daumas.]

Al escuchar a François Hollande, tengo lasensación de que el gran cambio no se produciráahora. En particular en Europa. Él habla de ungobierno de la zona euro. Muy bien, pero ¿quién lova a elegir? ¿Cuáles serán sus competencias? ¿Aquién rendirá cuentas? No ha aportado ningunaprecisión; la charlatanería sobre Europa continúa.La canciller alemana, Angela Merkel, y el nuevoprimer ministro italiano, Enrico Letta, se refirieronrecientemente a la posibilidad de elegir unpresidente de la Unión Europea por sufragiouniversal. ¿François Hollande estaba haciendoalusión a esta idea? Me extrañaría; él no quiereesto, como tampoco lo quiso Sarkozy en sumomento.

Si se quiere avanzar verdaderamente en eltema europeo, habría que constituir un ParlamentoPresupuestario de la zona euro a partir de lascomisiones de Finanzas y Asuntos Sociales de losParlamentos nacionales. Hasta tanto esta instanciademocrática y soberana no exista, los jefes deEstado continuarán complaciéndose entre ellos,felicitándose por haber salvado a Europadiecisiete veces en tres años, en interminablesreuniones nocturnas cuyo contenido olvidan a lamañana siguiente. De hecho, Hollande no tienevisión. Le tiene miedo a la Unión Europea y piensaque los franceses también le temen, puesrechazaron el tratado en las urnas en 2005. Aunqueaquel texto no preveía ningún avance en materia defuncionamiento democrático. La Europa de losConsejos de Ministros pudo así continuar sufuncionamiento en el marco de la impotencia y elbloqueo perpetuos.

El análisis es el mismo respecto a lacapacidad evocada por Hollande de obtener

préstamos comunes. En este caso, ¿qué instanciadecide quién gasta qué con esa tarjeta de créditocomún? Una observación sensata que apuntó elpresidente del Banco Central alemán.

Por último, respecto del poder adquisitivo, elpresidente declaró que el asunto dependía de lasnegociaciones salariales. Pero el Estado tiene unrol que cumplir, por ejemplo, mediante la primapara el empleo. Pues bien, esta prima funcionamal, pues se paga demasiado tarde, con un año dedemora, cuando la situación de los beneficiariossuele no ser la misma. Si se pagara directamentecon el recibo de sueldo, gracias a una reformafiscal, mejoraría inmediatamente el ingresomensual de 8 millones de personas, es decir, casila mitad de los asalariados franceses. Una vezmás, François Hollande aplazó el problema.

Esclavitud: una reparacióntransparente

21 de mayo de 2013

¿Es posible pensar en reparaciones financieraspara los crímenes cometidos durante la época dela esclavitud? Al decretar que «la historia nopuede ser objeto de una transacción», FrançoisHollande acaba de responder negativamente a estapregunta. La frase, pronunciada el 10 de mayodurante la conmemoración de la abolición de laesclavitud, es inteligente. Sin embargo, si laanalizamos con atención, la cuestión es máscompleja y no puede ser resuelta tan fácilmente.Christiane Taubira, responsable de la ley de 2001que reconoce la trata de negros y la esclavitudcomo crímenes de lesa humanidad, e instituye el10 de mayo como jornada conmemorativa de la

abolición de la esclavitud, acertó al corregir deinmediato la afirmación presidencial al evocar aldía siguiente la necesidad de reflexionar sobre laspolíticas de gestión y de redistribución de tierras afavor de los descendientes de esclavos en losterritorios franceses de ultramar.

Hace algunos años, una comisión encargada deinvestigar la expoliación de bienes judíos y susnecesarias reparaciones pudo finalmente realizarsus investigaciones en Francia. ¿Se trataba de una«transacción con la historia»? Hace solo diezaños, muchos países de la ex Unión Soviética y deEuropa del este decidieron restituir propiedades yaplicar compensaciones por acontecimientos quetuvieron lugar hace casi un siglo. En las grandesislas esclavistas francesas (que entre las tressuman casi dos millones de habitantes: la deReunión en el océano Índico, Martinica yGuadalupe en las Antillas), la esclavitud fueabolida en 1848, hace precisamente un siglo ymedio. ¿Estamos seguros de que esta leve

diferencia en cuanto a la antigüedad alcanza paraclausurar definitivamente el debate?

Parece todavía más injustificado en la medidaen que la explotación legal en realidad continuómucho más allá de la abolición de 1848, a menudohasta fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX.En la Isla de la Reunión, un decreto reemplazóinmediatamente la esclavitud por la obligación,para la población de color, de presentar uncontrato de trabajo de larga duración comotrabajadores domésticos u obreros agrícolas, sin elcual serían encarcelados por vagabundos.

Los debates recientes permitieron ademásrecordar un aspecto desconocido de esta historia.En la práctica, la abolición estuvo acompañada amenudo por reparaciones financieras muysustanciales… en beneficio de los propietarios delos esclavos. Un caso extremo es el del ReinoUnido. Cuando se sancionó la ley de 1833, queabolió la esclavitud en las Antillas británicas, laIsla Mauricio y el Cabo, el Parlamento de Londres

aprobó sin resistencias una generosa ley deindemnización: los contribuyentes pagarían 20millones de libras (es decir, cerca del 5% del PBIbritánico de la época, aproximadamente 100 000millones de euros de hoy) a alrededor de 3000propietarios de esclavos (es decir, el equivalentede más de 30 millones de euros cada uno).

Este episodio increíble impulsó recientementeuna notable iniciativa de transparencia realizadapor un equipo de investigadores del UniversityCollege London (UCL), que publicó en la web lalista completa de los 3000 propietarios encuestión, con los detalles de los montos recibidos,los nombres de los esclavos afectados, etc. (sepuede consultar «The Legacies of British SlaveOwnership» en internet). Nos enteramos así de queun primo del actual primer Ministro amasó buenaparte de su fortuna actual gracias a estaindemnización.

En Francia, una ley votada en 1849 indemnizatambién a los hacendados y a los colonos por el

perjuicio ocasionado por la liberación de susaproximadamente 250 000 esclavos(principalmente en Reunión, Martinica yGuadalupe). Los montos en juego parecen másacotados que los del Reino Unido, pero hasta elmomento no ha habido ninguna iniciativa detransparencia equivalente. Las islas en cuestióntienen la particularidad de que todavía seencuentran bajo soberanía francesa, y que lasdesigualdades entre descendientes de esclavos yde hacendados siguen siendo muy visibles allí.

Como señaló Christiane Taubira, con unabuena dosis de ironía, la redistribución de lastierras será más fácil de realizar en Guyana, dondeel Estado posee una parte importante de laspropiedades, que en las Antillas, donde buenaparte de las tierras pertenece todavía a losdescendientes de los esclavizadores. Franciaprotagonizó también un episodio sorprendente, quefue objeto de una demanda del ConsejoRepresentativo de las Asociaciones Negras

(CRAN). En 1825, Francia reconoció la soberaníade Haití a cambio del pago de 150 millones defrancos oro (es decir, el equivalente del 2% delPBI francés de la época) para indemnizar a loscolonos, que habían construido sus fortunasgracias a los esclavos. Este tributo fue finalmentede 90 millones, pero Haití arrastró hasta mediadosdel siglo XX una deuda externa colosal para«devolverle» el préstamo a Francia.

Hay que recordar que el CRAN (que hapresentado una demanda contra el banco Caissedes Dépôts, responsable de la administración deesos fondos) no pide reparaciones individuales,sino pagos que permitan poner en marcha unamayor transparencia respecto a estas cuestiones,por medio de investigaciones y museos (como elInternational Slavery Museum de Liverpool). Eldesafío sería instituir una comisión encargada deimpulsar la transparencia para estas cuestiones. Unartículo de la ley de 2001, que iba en este sentido,fue modificado por la mayoría parlamentaria de

esa época. Es un buen momento parareincorporarla.

François Hollande: confusiónsocial serial

28 de enero de 2014

¿Qué pensar de la política de François Hollande?Para avanzar en esta pregunta, tendríamos quecomenzar por desterrar ciertos términos vagos ycomplacientes que florecieron en los últimostiempos. ¿Hollande es un socialdemócratavaliente, un orgulloso reformista social, o sevolvió un tenaz socialista de la producción?

Las definiciones vacías se suceden, sin repararni un momento —o muy poco— en el contenido yel fondo.

En realidad, si continúa así, Hollande pasará ala historia como un prestidigitador social, adicto ala improvisación permanente, que podría haberpensado un poco mejor antes de las elecciones lo

que quería hacer una vez en el poder. Y, mejor aún,podría habérselo hecho saber a sus electores.

Resumamos: cuando llega a la presidencia,Hollande anula la reducción de los aportespatronales que su predecesor acababa deimplementar. Seis meses más tarde, crea lainverosímil bomba de tiempo denominada «créditode impuesto para la competitividad y el empleo»(CICE), que busca devolver, un año después, unaparte de los aportes pagados por las empresas unaño antes.

Hace dos semanas, aceptó finalmenteconsiderar la supresión del CICE, y remplazarlo,desde ahora y hasta 2017, por una reducción de losaportes patronales similar a la suprimida en elverano de 2012. ¿Tanto lío para nada, y comopremio la prensa lo aplaude? ¿Estaremossoñando?

Seamos claros: en Francia, el peso de losaportes patronales sobre los salarios es excesivo yes urgente reducirlo. No para hacerles un favor a

los patrones, sino porque no es justo ni eficaz queel financiamiento de nuestro modelo social reposetan fuertemente sobre la masa salarial del sectorprivado.

El problema de la política que lleva adelanteHollande es por lo tanto doble. En primer lugar, yluego de todas estas vacilaciones, seguimos sinsaber cómo van a evolucionar las tasas de losaportes durante los próximos años. ¿Cómo searticulará la reducción de las cargas en lossalarios bajos, el fin invocado —aunque lejos deser confirmado— por el CICE, con la supresión delas contribuciones de la rama familiar? Nadie losabe.

Dada la imaginación desenfrenada de la que hadado pruebas en este tema el bonachón del jefe dela Oficina de Impuestos actualmente a cargo,tenemos muchas razones para preocuparnos. Esprobable que el culebrón dure hasta 2017. Cincoaños de incertidumbre, cinco años perdidos. Laverdadera dificultad es proponer un nuevo modelo

de financiamiento de la seguridad social.Para la Unión por un Movimiento Popular, la

solución correcta es aumentar el IVA en formaindefinida. Luego de haber criticado esta opcióndurante diez años desde la oposición, la izquierdaen el poder decidió finalmente, ella también, subirel IVA el 1º de enero. Menos que la derecha, esverdad, y recurriendo más al impuesto sobre losingresos y el patrimonio —impuesto desolidaridad sobre la fortuna (ISF), sucesiones—,lo que no es poco. Pero de todos modos el PartidoSocialista sigue sin poder articular una visiónclara sobre el camino a seguir. Sin embargo, laúnica alternativa verdadera al denominado IVAsocial es evidente: tienen que contribuir todos losingresos (salarios del sector privado, del público,pensiones de jubilación, ingresos del patrimonio),con una escala progresiva que dependa del nivelde ingreso global.

Dada la amplitud de los aportes patronales quese deben transferir (más de 5,4 puntos de cargas

familiares, 12,8 puntos de seguro de salud), setrata de la única solución realista.

Si Hollande da vueltas es porque gasta toda suenergía en anular y después retomar (mal) elcamino de las cargas sociales ya emprendido porsu predecesor, cuando existen muchas otras víasposibles. Para que Francia encuentre su lugar en ladivisión del trabajo del siglo XXI, no alcanza conreducir el costo del trabajo. Es necesario invertirantes que nada en educación e innovación. Laausencia de un plan ambicioso para nuestrasuniversidades, muchas de las cuales se hunden enla miseria, puede ser el fracaso más vergonzosodel quinquenio.

Pero el ejemplo más grave de la indecisiónhollandesa es sin duda la política europea. Hacepocos días, Paul Krugman denunciaba los anunciosde Hollande y su responsabilidad personal en lacatastrófica estrategia macroeconómica —basadaen la austeridad, la recesión y el desempleoprolongado— de la zona euro: «La segunda gran

depresión europea —la de la década de 2010,después de la de 1930— podrá continuar».

Lamentablemente, Paul Krugman tiene razón:el presidente simula que vuelve a negociar eltratado europeo de 2012, pero en realidad no hapropuesto nada sustancial, y refuerza la idea(falsa) de que no existe otra verdadera alternativaa la austeridad presupuestaria. La izquierdafrancesa intenta hacernos creer que laresponsabilidad la tienen los egoísmos alemanes.Pero no ha formulado ninguna propuesta precisa deunión política y presupuestaria de la zona euro, loúnico que permitiría que el Banco Central Europeoimplementara una política más ofensiva parasacarnos de la deflación que se anuncia. En lugarde perder el tiempo con fórmulas vacías, Franciaharía bien en asumir su responsabilidad histórica.

Parte VI

Por qué la educación y la innovacióncientífica impactan en las

desigualdades

Una decisión errada para lainvestigación

10 de enero de 2005

El mensaje presidencial al país nos lo recordó elmartes pasado: el futuro de la investigación es eltema del momento. Retomando rápidamente lasconclusiones del Informe Beffa (presidente deSaint-Gobain[57]), Jacques Chirac pretendedemostrar que 2005 se desarrollará bajo el signode la modernización de nuestro sistema deinvestigación, y que nadie se preocupa más que élpor el retraso de Europa en este campo. Anuncióque «dentro de cuatro meses» se creará unaAgencia de Innovación Industrial (AII) que estarádotada, desde este año, de 500 millones de euros(y en tres años, «de al menos 2000 millones deeuros», es decir, el equivalente del 20% del

presupuesto para educación superior) y que seabocará a financiar programas tecnológicosinnovadores que reunirán, gracias a un granesfuerzo, a las pymes y los centros deinvestigación públicos.

Los datos que fundamentan el informe sonescalofriantes y nos preocupan. Las inversioneseuropeas en investigación y desarrollo sonequivalentes a las inversiones norteamericanas enlos sectores tradicionales (químico, automotor,etc.) y en aquellos que son objeto de grandesprogramas públicos (aeroespacial), pero son diezveces menores en lo que respecta a las nuevastecnologías (biotecnologías, informática, etc.). Elobjetivo de la nueva agencia sería pues descubrirlos Ariane y los Airbus del mañana, e invertirmasivamente en estos programas. La hipótesis debase es que se necesita el apoyo público parafacilitar que los actores privados asuman riesgosde muy largo plazo, lo cual en teoría puedejustificarse aún más por el hecho de que muchos

de los proyectos contemplados (autos ecológicos,energías renovables, etc.) tienen un valor que losmercados no pueden internalizar completamente yque, además, las innovaciones tecnológicas másimportantes tienen a menudo repercusiones yefectos de rebote en áreas imprevistas.

Antes de celebrar una nueva estrategia depolítica industrial, se impone un verdadero debate.En primer lugar, es llamativa la visiónindustrialista que anima el proyecto, en particularpor el rol de pivote otorgado a las grandesempresas. Eso es sorprendente, en la medida enque estas tienen a menudo más dinero que el quepueden gastar y que las dificultades en el mercadodel crédito afectan con intensidad a las nuevas ypequeñas empresas, cuyo dinamismo y tasa desupervivencia son notoriamente insuficientes enEuropa. El proyecto descansa además en un actode fe: la supuesta capacidad de los expertos de lafutura agencia para indicar al resto del país cuálesson los grandes proyectos tecnológicos

innovadores que es preciso acompañar durante lospróximos diez o quince años. En el escenario máspesimista, el proyecto puede volverse fácilmenteuna pesadilla soviético-pompidouniana, como el«plan cálculo» y otros desastres de los añossetenta. Y, como si esto fuera poco, podría generarnuevas ventajas para las grandes empresas.

Pero fundamentalmente, y teniendo en cuentaque los presupuestos públicos no son ilimitados enlos tiempos que corren, no hay duda de que estamanera de encarar la modernización de lainvestigación se opone a una estrategia fundada enel fortalecimiento de los establecimientos deeducación superior y de investigación, y juega másbien la carta de la atomización de las estructuras(con grandes empresas que crean redes de equiposespecíficos para un proyecto y una duracióndeterminadas). Esto es tanto más lamentable encuanto, más allá de las discusiones comprensibles—aunque contraproducentes— entre los diferentestipos de establecimientos (universidades, escuelas,

organismos), todos los actores universitarios estánde acuerdo en que el futuro pasa por laconstitución de establecimientos autónomos yresponsables, capaces de generar la credibilidad yeficacia necesarias para atraer los financiamientospúblicos y privados que tanto necesitan para salirde la actual miseria colectiva. Grandesuniversidades como Harvard, Princeton o el MITconstruyeron una identidad y una reputación queles permiten establecer una relación de confianzacon quienes las financian tanto desde el sectorpúblico como desde el privado. Un sociocapitalista que invierte, por ejemplo, en estasuniversidades sabe que el dinero no será utilizadopara contrataciones localistas y científicamentedudosas, o para apoyar programas deinvestigación inexistentes o desfasados. Encontrapartida, los profesores-investigadores deesas casas saben que esa reputación colectiva essu bien más preciado y que sus recursos dependende ella, e incluso rechazan compromisos que la

pongan potencialmente en riesgo. Como en el casode las empresas privadas, ese proceso deconstitución de una marca puede llevar muchosaños, incluso décadas, y solo puede conseguirse aescala de establecimientos autónomos yreforzados. Francia se encuentra claramenteatrasada en este terreno (la mayoría de lasuniversidades tienen una identidad difusa y unareputación dudosa); este es el primer freno aldesarrollo de las inversiones privadasindispensables en la educación superior y en lainvestigación. Sin duda mucho mayor que laausencia de una AII.

Zonas de educación prioritaria:discriminación positiva a la

francesa

5 de diciembre de 2005

En pocas semanas, la ola de violencia en lasperiferias reavivó el debate sobre las zonas deeducación prioritaria (ZEP) y lo ubicó en el centrode la actualidad. Para algunos, la razón es simple:llegó el momento de «decretar la quiebra» de lasZEP. Esta medida, que agradaría a todos aquellosque consideran que ya se les ha dado demasiado alos barrios menos favorecidos, es tanto másdesafortunada cuanto que lo que el ministro delInterior aparentemente quiso decir en su discursoes que la razón del fracaso de las ZEP es laescasez de recursos que se les asigna.

De hecho, el problema de las ZEP no es su

existencia, sino más bien su no existencia. Más deveinte años después de su creación, la verdad esque las escuelas clasificadas como ZEP no hanrecibido recursos suplementarios. En las escuelasprimarias de las ZEP, las clases tienen apenas unalumno menos que las que están fuera, y estadiferencia es aún menos significativa en las clasespequeñas. A partir de los datos del último censode alumnos de escuelas primarias realizado por elministerio, constatamos, por ejemplo, que eltamaño medio de las clases en primer grado es de 21,7 en las ZEP (13% de los alumnos), contra 22,4fuera de las ZEP (87% de los alumnos), y la mediageneral es de 22,3. Al mismo tiempo, existe unabrecha media considerable —del orden de los 10puntos— entre los territorios ZEP y los no ZEP encuanto al nivel de los exámenes de competencia enel ingreso a primer grado, es decir, sensiblementela misma brecha que separa los dos extremos de lapirámide social, a los hijos de altos ejecutivos delos hijos de obreros.

Estas cifras revelan además con muchaclaridad la magnitud de la segregación territorialen Francia y demuestran que el procedimiento declasificación en ZEP, a pesar de todas susimperfecciones, logra identificar de maneraadecuada las zonas desfavorecidas. Pero ¿cómopodríamos corregir esas fallas iniciales con 0,7 dealumnos menos por clase? Si agregamos a esto quelos maestros de las ZEP suelen tener menosexperiencia, trabajan en condiciones másprecarias, etc., y que la simple clasificación deuna escuela como ZEP produce en general elefecto de estigmatizarla y provocar la huida denumerosos padres (sobre todo si ningún recursoreal compensa el anuncio de la clasificación), esdifícil sorprenderse por el fracaso de las ZEP.

Frente a esta situación, diversas estrategiascomplementarias son posibles. Una consiste endesarrollar, en las carreras del nivel superior enlas que se lleva a cabo una selección, dispositivosde admisión preferencial para los alumnos de

secundario provenientes de las ZEP, como se haceen la escuela universitaria Sciences Po desde hacealgunos años, o como se hará en la clasepreparatoria[58] reservada a los alumnossecundarios de las ZEP, que abrirá el ColegioHenri-IV para el ingreso 2006. Tales dispositivosse asemejan a los mecanismos de discriminaciónpositiva que se aplican desde hace tiempo en elingreso a las universidades estadounidenses, conla pequeña pero notable diferencia de que lascategorías beneficiadas con una admisiónpreferencial aquí se definen sobre una baseterritorial y no étnica. Suscitarán de todos modoslos mismos debates que han suscitado del otrolado del Atlántico: por una parte, estas políticaspermiten dar una chance a jóvenes sin esperanzas,que nunca habrían osado postularse en estascarreras. Pero, por otra, existe el riesgo de que losalumnos que habrían podido ser admitidos detodas maneras deban soportar el prejuicio dehaber realizado un ingreso «tramposo». En este

caso en particular, es probable que prevalezcanlos efectos positivos, y que el aumento deestudiantes secundarios de las ZEP que sigan conéxito sus estudios en carreras elitistas (actualmenteinfinitesimal) tenga un impacto psicológicoimportante. Pero los debates resurgirían si talesdispositivos se extendieran más allá de medidasque no fueran puramente simbólicas y segeneralizaran al conjunto de las grandes escuelas yuniversidades.

Sobre todo, esta estrategia, por sí sola, nopermite corregir los considerables retrasosescolares acumulados en la adolescencia. Paralograrlo, hace falta actuar a una edad mucho mástemprana, desde los primeros grados de la escuelaprimaria, donde se conforman las desigualdadesduraderas. Según las últimas estimacionesdisponibles a partir de los informes del ministerio,disminuir el tamaño de las clases a 18 alumnos enlos dos primeros grados del primario en las ZEPpermitiría reducir cerca de un 40% la brecha que

existe en los exámenes de competencia para elingreso al tercer grado entre ZEP y no ZEP. Ningúnestudio puede predecir cuál sería el impacto en laedad adulta, pero todo hace pensar que podría serdel mismo orden. No nos engañemos: una políticade este tipo representaría una reorganizaciónconsiderable de los recursos. Si se desearaponerla en marcha de manera permanente (elprimario está por lo general bien provisto derecursos en Francia), se requeriría también un leveaumento de la cantidad de maestros en zonas noZEP, lo que no tendría un impacto real en los niñosconcernidos, pero haría reaccionar positivamentea sus padres. En particular, exigiría un rediseñocompleto de los procedimientos de afectación derecursos que actualmente aplica la administración.Aunque difícil de llevar a cabo, esa políticatendría sin embargo el mérito de diseñar una formade discriminación positiva al estilo francés,fundada no solo sobre la mera lógica de laadmisión preferencial, sino sobre el otorgamiento

de recursos suplementarios reales en losterritorios que enfrentan las desventajas másevidentes.

Sobre el buen uso de lacompetencia escolar

25 de septiembre de 2006

El debate sobre las virtudes de la competenciaescolar se está difundiendo en Francia. ParaNicolas Sarkozy, el asunto es muy claro: hay quesuprimir la asignación de escuelas a los alumnosde acuerdo con el mapa escolar[59] y reemplazarlas«por nada». La pura y simple competencia entreescuelas y colegios permitirá aumentar la calidadde todos los establecimientos, cada uno podrádesarrollar su proyecto pedagógico y encontrar sunicho en el mercado educativo.

Un debate en estos términos es totalmentelegítimo. No hay ninguna actividad en la que lasfuerzas de la competencia no tengan alguna virtud.La idea de que algunos sectores (educación, salud,

cultura, etc.) podrían estar al margen de ella es unaaberración. ¿Qué sería de la creación literaria oartística si prohibiéramos la competencia entreeditoriales y galerías de arte y si transformáramosa la totalidad de esos sectores en bienes públicos?En el ámbito escolar la competencia existe sinduda, y la presión que ejercen los padres sobre losmaestros y directores de escuela tiene efectospositivos.

Pero hay que analizar las fuerzas y los límitesdel juego de la competencia. Para simplificar,podemos decir que el primer criterio es el gradode complejidad y sobre todo de diferenciación delbien o servicio considerado. Cuando se trata deproducir un bien o servicio que puede y debeadoptar una multitud de formas para adaptarse a lainfinita diversidad de gustos y necesidades de losclientes y usuarios, entonces la competencia entreproductores libres y responsables es la únicamanera de obtener el resultado deseado. Esevidente en el caso de la creación artística y

literaria: ¿qué autoridad centralizada sería capazde decidir qué novelas merecen ser publicadas? Ala inversa, cuando el bien o servicio producido esrelativamente homogéneo y uniforme, entonces lasvirtudes de la competencia son limitadas.Tomemos el caso de la educación primaria: apartir del momento en que la comunidad nacionalconvino el currículo que todos los niños debencumplir, los márgenes de diferenciación sonreducidos. Son un poco mayores en el nivelsecundario (distinta oferta de idiomas, etc.) perotodavía limitados. Además, las innovacionesplebiscitadas por los padres no son nuncadeseables: en ocasiones, en los consejos escolaresestadounidenses los padres promueven reformascurriculares muy peculiares.

Esto explica por qué las experiencias decompetencia generalizada de escuelas primarias ysecundarias a partir del sistema de vouchers(cheques de educación que los padres dan a laescuela elegida) que promovió la administración

Bush produjo resultados decepcionantes entérminos de mejora de la calidad del servicioeducativo y de los resultados escolares.

En cambio, los costos a pagar al generar esacompetencia pueden ser claros e inmediatos, enparticular para las escuelas desfavorecidas que sehundirán aún más en la «guetización» social.Imaginar que las modestas ventajas en materia deeficacia que podemos obtener con la competenciageneralizada entre escuelas primarias puedecompensar tales desventajas es poco serio. Variosestudios (algunos discutibles, por cierto —laeconomía de la educación no es una ciencia exacta—, pero todos serios) sugieren que una política deorientación selectiva a favor de las escuelasdesfavorecidas podría tener efectos tangibles. Porejemplo, reducir a 17 el número de alumnos poraula en los primeros dos grados en las zonas deeducación prioritaria (ZEP) en lugar de losactuales 22 y contra los 23 fuera de las ZEPpermitiría disminuir cerca de un 45% la

disparidad en los exámenes de matemática alcomienzo del tercer grado, en las ZEP y fuera deellas.

Pero sobre todo, este legítimo debate sobre lacompetencia en el campo de la educación perderácompletamente su norte si continúa focalizándoseen el nivel primario y el secundario, que funcionanbastante bien en Francia. Ya bajo el gobierno deJospin, el entonces ministro Claude Allègre habíadesperdiciado inútilmente su capital políticoemprendiendo una guerra contra lo que denominó«el mamut», cuando la prioridad debería habersido la reforma de la educación superior. Por unarazón muy simple: a diferencia del primario, y engran medida también del secundario, el nivelsuperior se compone de una diversidad infinita decarreras en perpetua renovación, que secorresponden con las necesidades de losestudiantes, las transformaciones del mercado detrabajo o los avances de la investigación,imprevisibles por naturaleza. La educación

superior se parece más al sector de la creaciónartística y se adecua mal a las estructuras«sovietoides» y a las relaciones pueriles yburocráticas actualmente vigentes entre el Estado yeste tipo de establecimientos. Solo organizandouna competencia regulada entre establecimientosresponsables y autónomos podremos tener unaeducación superior envidiada por el resto delmundo, como sucede con nuestro sistema de salud,sector que supimos sostener, pero de manerainteligente, en las fuerzas de la competencia (si lamedicina liberal hubiera corrido en 1945 la mismasuerte que en Inglaterra, la situación no sería lamisma). El camino será largo, pero es tiempo deque este tema forme parte del debate presidencial.

La elección presidencial en elpupitre

12 de marzo de 2007

¿François Bayrou[60] encarna la síntesis ideal entrederecha e izquierda deseada por los franceses, ose beneficia del vacío que lo rodea, del nihilismode los electores frente a los grandes partidos? Parahacernos una idea, resulta útil mirar los programasde los diferentes candidatos en materia deeducación, en principio el campo que el candidatocentrista privilegia. Además, porque lasdiferencias entre los dos contendientes principalestambién es particularmente marcada en este tema.

Para Nicolas Sarkozy, la cuestión es simple:que todas las escuelas compitan entre sí permitiráelevar el nivel del sistema educativo. Basta conponer fin a la asignación de escuelas a los alumnos

sobre la base del mapa escolar, suprimir las ZEP(zonas de educación prioritaria) y reemplazarlas«por nada». El simple juego de la competenciaentre escuelas y colegios permitirá así aumentar lacalidad de todos los establecimientos, cada uno delos cuales podrá desarrollar con libertad suproyecto pedagógico y encontrar su nicho en elmercado escolar.

En el otro extremo, Ségolène Royal se contentacon evocar una «revisión del mapa escolar parasuprimir los guetos y asegurar la mixtura social».Sobre todo, propone realizar por primera vez enFrancia una búsqueda orientada de los medios quefavorezcan a las escuelas con mayoresdesventajas. Su pacto presidencial anuncia así queen los primeros dos grados de primaria de las ZEPhabrá un límite de 17 alumnos por clase, contra losactuales 22 (y 23 fuera de ZEP), es decir, unareducción significativa de 5 alumnos por clase, yuna multiplicación por 6 de la orientaciónespecífica de los recursos. Esta medida, que

beneficiaría al conjunto de las escuelasclasificadas como ZEP (cerca de un 15%, es decir,más de 250 000 alumnos por año en los primerosdos grados), y no a una ínfima fracción (como enlas experiencias realizadas hasta ahora), constituyela primera tentativa por dotar a las escuelasdesfavorecidas de medios suplementarios reales.

Si se las confronta con las investigaciones másrecientes en economía de la educación, estasvisiones opuestas son desigualmente convincentes.En particular, todo hace pensar que las virtudes dela competencia en el ámbito de la educaciónprimaria son limitadas. En el otro extremo, lasinvestigaciones más recientes sugieren que unapolítica de orientación específica de los recursosen beneficio de las escuelas desfavorecidas podríatener efectos tangibles. La reducción del númerode alumnos por aula en primero y segundo grado a17 en las ZEP permitiría reducir cerca del 45% dela desigualdad entre la educación en las ZEP yfuera de las ZEP, por ejemplo en los exámenes de

matemáticas en el ingreso a tercero. Siconsidaremos que se trata de una medida quecostaría menos de 700 millones de euros, elrendimiento parece excelente.

Ahora bien, ambas visiones antagónicas soncoherentes y claras. Nos permiten formularpreguntas concretas que todavía no se habíanplanteado en el debate francés. Poner el énfasis enla competencia educativa es legítimo y útil,incluso cuando los beneficios reales de unapolítica de este tipo sean esperables ante todo enla educación superior. Incluir explícitamente eltema de la orientación de los recursos en lasescuelas constituye una innovación importante ypermite abrir una nueva etapa en el marco delviejo debate entre libertad y equidad que nosocupa en Francia desde hace unos quince años, auncuando este debate no esté cerrado.

Frente a estas dos visiones coherentes yantagonistas, ¿qué nos propone el programa delcandidato centrista François Bayrou? Los

objetivos anunciados son ambiciosos: se trata de«reducir a la mitad el fracaso escolar y multiplicarpor dos los recorridos exitosos». Sin embargo,cuando nos detenemos en las propuestas concretaspara lograr estos resultados, como mínimo nosquedamos con las ganas. Bayrou pone el acento encuestiones de método (ninguna reforma educativapuede ser exitosa sin el apoyo de los maestros ylas organizaciones representativas, etc.), pero nose pronuncia con claridad ni sobre la competenciaescolar ni sobre las ZEP. En ese campo, al igualque en lo que respecta a la mayoría de lascuestiones económicas y sociales del momento, elcandidato centrista adopta una postura «ni ni», enlugar de posicionarse como el representante de unanueva síntesis.

Attali, más charlatán que Atila

11 de febrero de 2008

Digámoslo sin rodeos: el informe de la comisiónencabezada por Jacques Attali esdecepcionante[61]. No necesariamente porque lasmedidas más criticadas (liberalización de lostaxis, del comercio, etc.) estén injustificadas. Lacomisión tiene razones para criticar las barreras alingreso existentes en numerosos sectores. Y nosequivocaríamos si subestimáramos los daños quecausa este malthusianismo a la francesa, tanto entérminos de calidad de vida para los usuarioscomo en términos de creación de empleo (segúnlos mejores estudios disponibles, suprimir lasleyes Royer-Raffarin —que restringen el ingresode nuevos comercios— permitiría crear un 10%de empleos suplementarios).

Fuera de estas medidas específicas, es difícilcomprender la coherencia del informe en suconjunto. La Comisión Attali nos recuerda que elfuturo pasa por la economía del conocimiento, dela formación y de la innovación; lo cual no esfalso, pero ya se ha dicho mil veces. Pues bien, elinforme no aporta ninguna contribución originalsobre el rumbo a seguir para asumir el desafío dela inversión en capital humano. Sobre la cuestióndel financiamiento, y de los desafíosmacroeconómicos y presupuestarios de estaestrategia de inversión en el futuro, no se dicenada. Concretamente, ¿cómo hará Francia parapasar de los 8000 euros invertidos por estudiantehoy en día a los 20 000 que se invierten en Europadel Norte? Es un misterio. Además, el informedescribe como ganancias y pérdidas los 15 000millones de euros por año que gasta Sarkozy enmedidas que sirven para todo menos para prepararel futuro y son pura pérdida: intereses depréstamos, horas suplementarias, exenciones

fiscales, reducción del impuesto a las sucesiones.En 250 páginas, este informe sobre la«liberalización del crecimiento» cumple la difíciltarea de no decir una palabra sobre las medidasdel paquete fiscal que supuestamente se habíanadoptado para producir un «shock decrecimiento». Se comprende entre líneas que lacomisión no estaba muy convencida del shock,pero también que quien solicitó el informe nohabría apreciado mucho que esto se dijeraexplícitamente. Trágica ilustración de los límitesde este tipo de comisiones. Sobre todo porque estono impide a la comisión proponer el aumento deimpuestos como el IVA y la contribución socialgeneralizada (CSG) (con un efecto de crecimientomás que dudoso) para financiar de 15 a 20 000millones de euros de reducciones en las cargassociales, sin siquiera mencionar que ¡sin elpaquete fiscal previo habría sido posible bajarestas mismas cargas sin subir las deducciones!

Y más importante, el informe no dice casi nada

de las reformas estructurales indispensables paradinamizar el sistema francés de enseñanza superiore investigación. Alude, claro, a «diez grandespolos», pero no da detalles sobre la estrategiaoperativa, salvo la invención de un nuevoacrónimo (los «PUP», polos universitariospluridisciplinarios) que se agrega a la larga listade siglas, estructuras virtuales y otras cáscarasvacías que ya saturan nuestro sistemauniversitario. Peor aún, esto da crédito a la ideafalsa de que nuestras universidades tendrían untamaño insuficiente, cuando en realidad sucedetodo lo contrario. Recordemos: la UniversidadParís VI cuenta con 30 000 estudiantes y París Icon más de 40 000, contra solo 10 000 estudiantesen el MIT y 20 000 en Harvard. El desafío hoy noes ir más lejos en el gigantismo, sino ayudar anuestras universidades y escuelas a transformarseen establecimientos eficaces, en productores desaberes autónomos e independientes, tanto delpoder político como del poder económico. Pues

bien, no puede existir una verdadera autonomíacuando el 99% del financiamiento proviene de unasola fuente (en este caso, el Estado). El futuro pasapor la diversificación del financiamiento:regiones, fundaciones (la fiscalidad de lasdonaciones tendrá que ser revisada, la reservahereditaria obliga hoy a los millonarios atransformar a sus hijos en rentistas y les impidedejar su fortuna a fundaciones, lo cual es herenciade una visión ultrajacobina para la cual el Estadotendría el monopolio del interés general),empresas, personas privadas físicas y morales.Pero también será necesario un análisis sustancialde los derechos de inscripción, que podrán serfinanciados por sistemas innovadores de becas yde préstamos (¿qué sería de la creación artística sise impusiera la gratuidad del cine y de loslibros?), perspectiva llamativamente excluida dela Comisión Attali. El gobierno de lasuniversidades deberá reflejar progresivamenteesta diversidad de financiamientos, lo que la

propuesta de la ley Pécresse[62] no hace: es ciertoque los consejos de administración universitariospasan de sesenta a treinta miembros, pero sinmodificar en nada su estructura de autogestión (enparticular, los miembros exteriores no participansiquiera de la elección del presidente: difícilatraer financistas en estas condiciones). Porque,incluso si el Informe Attali no abrió de manerafrontal la discusión sobre el gobierno y laautonomía de las universidades, la cuestión no estácerrada ni mucho menos.

La autonomía de lasuniversidades: una impostura

17 de febrero de 2009

¿Por qué la idea de la autonomía de lasuniversidades, en teoría seductora, provoca tantacólera? ¿Por qué designio Nicolas Sarkozy y laministra Valérie Pécresse lograron unir a todo elmundo en su contra, a los mandarines de laizquierda y los de la derecha, a los estudiantes y alos jóvenes investigadores? Y lo hicieron con untema al que consideran «el campo de trabajoprioritario del quinquenio», la «prioridad de lasprioridades». Es muy simple: porque en la esferasuperior del Estado reinan la ideología, laincompetencia y la improvisación.

Estrictamente, no tenía ningún sentidoembarcarse en tales reformas con los recursos

humanos y financieros en baja, o mejor dicho,estancados. Se pueden analizar todos losdocumentos presupuestarios de arriba abajo: laverdad es que no se ha asignado ningún aumentoregular de fondos a las universidades, escuelas ycentros de investigación, contrariamente a lo quepretende el poder. El único aumento significativoes el que proviene de la explosión del denominado«crédito fiscal para la investigación» (reduccióndel impuesto a las ganancias para las empresas enfunción de sus gastos en investigación ydesarrollo), medida discutible (a primera vista, lasutilizaciones interesadas predominan) pero que noconcierne de ninguna manera a los presupuestos delos establecimientos de enseñanza superior y deinvestigación. Que Nicolas Sarkozy siga afirmandolo contrario no hace más que reforzar la sensaciónde desprecio para con los universitarios, que apriori conocen y constatan cotidianamente la faltade renovación de los puestos de trabajo y lareducción de fondos en los laboratorios. Tomar a

las personas por imbéciles no es la mejor manerade desarrollar una cultura de la autonomía y laresponsabilidad.

Más allá del error político, el estancamientode los recursos da cuenta de un enorme error deanálisis. Las universidades francesas estánfuertemente subfinanciadas en comparación consus competidoras extranjeras. Además, no puedehaber autonomía exitosa sin un manejo de losrecursos correspondientes, con progresionesregulares y previsibles. La libertad en la pobreza yla penuria no funciona. La cuestión inmobiliaria loilustra perfectamente. En términos ideales, darlesel pleno manejo de su patrimonio inmobiliario alas universidades es una buena idea: dada laincapacidad del ministerio para tomar decisionescorrectas, esta hipercentralización solo conduce ademoras inverosímiles o a proyectos faraónicosmal concebidos. Pero como el gobierno no puso uncentavo para asegurar el mantenimiento de losedificios, ninguna universidad quiso transformarse

en propietaria. En ese caso, hubiera hecho faltadarles, al mismo tiempo que la propiedad de susedificios, fondos que permitieran cubrir los gastosde mantenimiento y de inversión para los diez oquince años que vienen. Esto habría representadosumas considerables (decenas de miles demillones de euros) a desembolsar de inmediato.Pero la autonomía tiene este precio: ningunauniversidad puede ser autónoma si no dispone deuna dotación en capital de la que pueda disponerplenamente para su uso. Y como hacen faltadecenios antes de que el mecenazgo privadodesempeñe plenamente su rol, corresponde alEstado hacerse cargo mediante la asignación defondos iniciales significativos para cadauniversidad.

Con el Plan Campus[63], el gobierno hizo todolo contrario: no se giró ni un euro al puñado deestablecimientos seleccionados, y no sedesembolsará nada antes de la construcciónefectiva, lo que permite conservar un control

férreo sobre las decisiones inmobiliarias ycientíficas y, de manera accesoria, aplazar la cargafinanciera para los gobiernos futuros, haciendoolvidar así que «las cajas están vacías», sobretodo para los universitarios. Además, la leyrelativa a las libertades y responsabilidades de lasuniversidades (la denominada Ley de ReformaUniversitaria, impulsada por la ministra Pécresse)fue votada a las apuradas en el verano de 2007 y,en líneas generales, se limitó a reducir el tamañode los consejos directivos de 60 a 30 miembros yno sentó las bases de un gobierno equilibrado enlas universidades.

Hoy se ve claro: los profesores-investigadoresno confían en el poder local de los rectores de lasuniversidades, en particular para las decisiones depromoción o modificación de servicios. A talpunto que muchos prefieren volcarse a lasagencias y comisiones nacionaleshipercentralizadas, pero de las que por lo menosconocen los límites. Esta confianza en el gobierno

local, elemento clave de la autonomía, solo sepodrá construir en forma progresiva: por un lado,otorgando a las universidades los medios paradesarrollar proyectos y no repartiendo máspenurias (no es fácil construir confianza en estascondiciones) y, por otro lado, reflexionandocuidadosamente sobre la estructura de loscontrapoderes en el seno de los establecimientos.

En todas partes del mundo, los rectores de lasuniversidades son ante todo gestores: no sonnecesariamente universitarios y, en cualquier caso,son elegidos por consejos no exclusivamenteuniversitarios, y rinden cuentas ante ellos. Encontrapartida, solo intervienen excepcionalmenteen las elecciones científicas, que se hacen siempresobre la base de propuestas de especialistas dediferentes disciplinas. Estos delicados equilibriosnunca fueron analizados por el gobierno.

Esperemos al menos que esta política cínica noaniquile la idea misma de libertad, dedescentralización y de autonomía. Tener que lidiar

con una derecha telepolítica no deberíaconducirnos a refugiarnos en una izquierdasoviética. La izquierda inventó las radioslibres[64], y deberá algún día inventar lasuniversidades realmente libres, autónomas yprósperas.

La quiebra silenciosa de launiversidad

19 de noviembre de 2013

De manera lenta pero segura, los sucesivosgobiernos abandonan a las universidadesfrancesas. Sarkozy lo hizo mientras pregonaba quelos recursos aumentaban, una muestra de su totaldesprecio por la realidad. Con Hollande, se haceen silencio. Pero la realidad es la misma. Lainversión de la nación en la educación superior seestanca, incluso entra en decadencia, mientras quelos campus americanos, asiáticos y europeos sonmás prósperos que nunca. En Francia, losestudiantes se apiñan en aulas hacinadas y haymenos cursos; algunas universidades, casi enquiebra, deben cortar la calefacción para cumplircon sus presupuestos.

Ciertas carreras padecen desde hace años unasangría gradual de estudiantes, prueba de ladesconfianza profunda de una parte creciente de lajuventud ante la falta de salidas. Solo una pequeñaminoría de estudiantes, en el marco de las másselectas carreras de las grandes escuelas, goza delbeneficio de contar con recursos adecuados. Puesbien, esto no alcanza. Para que Francia encuentresu lugar en la economía del conocimiento delsiglo XXI, hay que invertir cada vez más y demanera masiva en formación y en capital humano,y no en una élite refinada. Si este estancamientocontinúa a lo largo del quinquenio, se tratará sinduda del principal fracaso de la presidencia deHollande, totalmente a contramano de la historia.

Lo más triste es que, como la enseñanzasuperior en Francia suele ser poco onerosa, nohabría necesidad de movilizar grandes masasfinancieras para introducir un gran cambio.Recordemos las cifras principales. En 2007, elpresupuesto total asignado a la educación superior

y a la investigación universitaria era ligeramenteinferior a 11 000 millones de euros. En 2013, esapenas superior a 12 000 millones de euros. Laprogresión nominal entre las dos fechas apenaspermite compensar la inflación. Durante esemismo tiempo, los campus extranjeros emplearonprofesores y se desarrollaron a gran velocidad, loque les permitió alejarse notablemente de loscampus franceses, además de atraer a una partecreciente de nuestros profesores, investigadores yestudiantes.

Recordemos también que esta suma de 12 000millones de euros corresponde a la totalidad delos recursos (masa salarial, funcionamiento,inversión) que llegan a las universidades y a lasdiversas escuelas e institutos, cualquiera que seael ministerio competente. Esto representa apenasmás del 0,5% del PBI (2 billones de euros), ycerca de 1% del total del gasto público (cerca del50% del PBI, es decir, aproximadamente 1 billónde euros). Sobre una masa de este tipo, debería ser

posible separar en algunos años un margen de6000 millones de euros. Esto alcanzaría paraaumentar un 50% los recursos de todas lasuniversidades y escuelas, lo que haría una enormediferencia y permitiría sacar al sistema de laencrucijada.

Es tentador comparar esta suma con los casi20 000 millones de euros anuales que el gobiernoplanea destinar al CICE, el famoso «crédito deimpuesto para la competitividad y el empleo». ElCICE, que será en parte financiado por el aumentodel IVA a partir del 1º de enero, busca reducir elimpuesto a los beneficios de las empresas enproporción a la masa salarial. Esta medidaconstituye el corazón de la política económica quesigue el gobierno para intentar aumentar lacompetitividad de la economía francesa. Aliviarlas deducciones que pesan sobre los salarios no esuna mala idea en sí, sobre todo en un país donde elsistema fiscal-social se basa excesivamente en eltrabajo.

Pero esta estrategia es insuficiente. Primeroporque habría sido necesario bajar directamentelos aportes patronales y lanzar una reformaestructural del financiamiento de la seguridadsocial. Esto podría lograrse con el desarrollo deuna contribución social general (CSG) progresiva,la única manera de hacer contribuir de manerajusta y eficaz a todos los ingresos (salariospúblicos, jubilaciones, ingresos del patrimonio, yno solo los salarios del campo privado), enfunción del ingreso de cada uno. El gobierno seequivoca al ignorar a los diputados que realizaronpropuestas en este sentido, y al oponer a lospartidarios del «socialismo de la oferta» a losdefensores de la «justicia fiscal». Solo seráposible avanzar y desbloquear la situación actualreconciliando las dos perspectivas.

Además, y fundamentalmente, no se puedefocalizar todo en la reducción del costo deltrabajo. ¿Es razonable gastar en un créditoimpositivo (por lo demás, poco claro y sin duda

poco eficaz) el equivalente de dos veces elpresupuesto de todas las universidades y escuelas,y congelar al mismo tiempo todos estos recursos?Evidentemente no. A largo plazo, la diferencia selogra con inversión en capacitación e innovación.La reorientación productiva del país no se lograrácon universidades en quiebra.

Parte VII

¿Podemos salvar a la vieja Europa?¿Cómo inventar regulaciones globales

para un capitalismo enloquecido?

Bolkestein, no Frankenstein

2 de mayo de 2005

Ahora que el sí al Tratado Constitucional europeoparece recuperar la delantera en las encuestas,sería útil retomar los debates suscitados por ladenominada directiva Bolkestein, fuente de variosmalentendidos durante la campaña. Pues si lafamosa directiva no tiene estrictamente nada quever con el proyecto de Constitución en debate,tiene como mínimo el mérito de ilustrar conclaridad los desafíos y la complejidad de laspolíticas europeas de liberalización[65].

Inicialmente, el texto del comisario holandés(cuyo apellido dio nombre a la directiva) preveíaque una empresa que brinda servicios desde unpaís externo a la Unión Europea sería regulada porel derecho del país de origen y no por el del país

de destino. Aclaremos que la mayoría de losintercambios de servicios no se ven afectados poresta controvertida disposición. Cuando el servicioa distancia se realiza por completo desde elextranjero, por ejemplo en el caso de un serviciode mantenimiento informático o un centro dellamadas con base en Polonia o en la India,evidentemente se aplicará a los trabajadoresimplicados el derecho del país extranjero. Ycuando el servicio sea brindado de manera íntegraen el país de acogida por trabajadores inmigrantes,como puede ser el caso de un plomero polacoinstalado en París —suponiendo que obtuvo lospermisos necesarios, lo que no es fácil—, esobvio que se aplicará el derecho del país deacogida. El caso ambiguo, el único afectado por lacláusula del país de origen, es el de una empresacon base en el extranjero pero que debe enviarempleados en misión al país de destino en elmarco de una prestación de servicios. Porejemplo, una empresa letona responde a una

convocatoria y envía a sus empleados a una obraen Suecia; estos últimos, según la directivaBolkestein, estarían sometidos al derecho letón yno al sueco.

Por más excepcional que pueda parecer, estaregla se justifica para las misiones en el extranjerocortas y puntuales —ocho días en la directivaprovisional de 1996—, ya que sería absurdo enese tipo de casos reescribir por completo todoslos contratos de trabajo. En numerosos sectores,como en el de los taxis, los comercios o las obraspúblicas, existen procedimientos yreglamentaciones que constituyen verdaderasbarreras a la entrada y que conciernen más a laprotección corporativa de rentas adquiridas,incluso a la corrupción, que al progreso social.Como destacaba un contrariado emprendedorpolaco: «Es más fácil para una empresa occidentalabrir un estudio de abogados en Polonia que paranosotros ir a azulejar un baño alemán».

Pero al pretender resolver los problemas

reales de discriminación que encuentran lostrabajadores y las empresas del Este (tanto másinjustificados si se tiene en cuenta la escasez demano de obra nacional en muchos de estossectores), Bolkestein adopta una solución que pecade excesiva. No fija ningún límite en la duraciónde las misiones y, sobre todo, soslaya el conjuntodel derecho y las reglamentaciones del país deacogida. La directiva abre la vía a un dumpingsocial y fiscal interminable, por el cual unaempresa podría simplemente fijar el domicilio desus empleados formalmente en el país que tengalas cargas sociales más bajas, para evitar, porejemplo, pagar los aportes sociales del país en elque se desarrolla su actividad de manerapermanente.

Con el fin de reformar ciertasreglamentaciones poco apropiadas, se terminautilizando a la Unión Europea para poner en dudael conjunto del edificio social y fiscal sobre el quese construyeron los Estados de bienestar europeos.

Frente a este tipo de ofensiva, la izquierda europeadebe construir coaliciones socialdemócratasofensivas, dispuestas a cuestionar lasreglamentaciones existentes cuando seaninadecuadas e, inversamente, a defender confirmeza los principios esenciales cuando seanamenazados, sobre todo en lo que concierne aldumping fiscal. Las propuestas de loseurodiputados de la socialdemocracia alemanapara reformular la directiva van en este sentido,pero esa actitud constructiva y europea es pocofrecuente entre los socialistas franceses, sobretodo entre los partidarios del «no», que en generalse aferran al repliegue demagógico o aloportunismo más crudo. ¿Es necesario recordarque el Informe Charzat proponía en 2001 exceptuarde impuestos franceses a los ejecutivos extranjerosradicados en Francia (medida que curiosamentenos recuerda la directiva Bolkestein) y que suimpulsor, Laurent Fabius, estaba dispuesto aaplicarlo en un momento en el que un

posicionamiento político de ese tipo lo favorecía?En cualquier caso, es necesario repetir con

fuerza que un «no» al tratado constitucional noharía más que disminuir las chances de los grandespaíses, y en particular de Francia, de pesar en estetipo de decisiones. Se puede lamentar, desdeluego, que un texto que solo comporta algunosnuevos, aunque tímidos, avances en relación conlos tratados precedentes (sobre todo las nuevasreglas que definen la mayoría calificada: 55% delos Estados representan el 65% de la población)lleve el nombre de Constitución y sea objeto de unplebiscito, lo que conduce inevitablemente anumerosos electores a expresar un descontentogeneral respecto de la Unión Europea. Pero ahoraque el proceso se ha lanzado, solo el sí nos puedepermitir avanzar en la dirección correcta.

Entre portugueses y polacos

30 de mayo de 2005

Cualquiera que sea la razón, la campaña en tornoal plebiscito dejó un gusto amargo entre lospartidarios de la integración europea[66]. No cabendudas sobre la razón principal que convenció atantos asalariados franceses de votar «no»: se tratadel miedo a los trabajadores de los nuevos paísesmiembros y la idea de que la competencia conellos —los estereotipos fueron el plomero polacoy la deslocalización de empresas en Rumania—conduciría irremediablemente a un deterioro delos salarios y de las condiciones del empleo enFrancia.

Es legítimo que aquellos que sufren la realidadactual del mercado de trabajo y el estancamientode los salarios desde hace veinte años expresen su

cólera frente a su situación y al gobierno actuales,y no nos cansaremos de repetir que el textopropuesto a modo de Constitución no ofrecesuficientes avances novedosos para evitar esteriesgo. Sin embargo, el hecho es que las élites querespaldaron la idea de que este sufrimiento sedebería a la Unión Europea y a sus nuevosingresantes (o, peor aún, la idea de que un «no»atenuaría este sufrimiento) tienen una pesadaresponsabilidad ante la historia. Durante lacampaña vimos a varios intendentes, incluso deizquierda, cazar trabajadores polacos instaladosen sus comunas como en los peores tiempos de lastopadoras antiinmigrantes del Partido ComunistaFrancés. Los partidarios del «no», tanto dederecha como de izquierda, no se cansaron deexplicar que la integración de nuevos paísesconduciría a la regla según la cual «el menos carogana» y a un deterioro global de la situación de losasalariados.

Estos temores no corresponden, de hecho, a

ninguna realidad económica seria. Si los salariosreales progresaron a ritmos excepcionales, delorden del 5-6% en los nuevos países miembrosestos últimos años, esto no se debe a que lossalarios en Francia y en Alemania hayan bajado enla misma proporción. En verdad aumentaron,aunque muy poco. La razón es que aquelloscomenzaron a producir más, lo que encontrapartida aumenta su poder adquisitivo y losconduce a importar nuestros productos. Esexactamente lo que sucedió a partir de laincorporación de España y Portugal a laComunidad Europea en 1986: se enriquecieron yse acercaron a la media europea. Y esto no se hizoa expensas de Francia, sino más bien lo contrario.Sin embargo, ya en aquella época, una coaliciónheterogénea se oponía a esos ingresos, con elargumento de que los asalariados franceses iban atener que pagar el precio de la competencia conlos trabajadores españoles y portugueses, muchomás cercanos a Francia, por cierto, que los

polacos, pero con distancias salarialesequivalentes. Esta coalición agrupaba, como decostumbre, a la extrema izquierda, el PartidoComunista Francés, la derecha soberanista y laextrema derecha. ¿Quién puede afirmar hoy conseriedad que los trabajadores francesespadecieron la competencia de España y Portugal yque las tasas de desempleo en Francia habríansido menores si los dejábamos fuera? Nada en laevolución del desempleo durante los últimostreinta años (5% en la década de 1970, 10% en 1986-1987, entre 8 y 9% en 1989-1990, 12% en 1994-1996, entre 8 y 9% en 2000-2001, 10% hoy)ni en el análisis de las tasas de desempleoregionales permite afirmar una tesis como esta.Creer que el sufrimiento de los trabajadoresfranceses se debería ahora a la llegada de losnuevos ingresantes polacos o rumanos es unamonstruosidad. La verdad es que el desempleofrancés es un problema complejo, que no tienemucho que ver con todo esto, y la tasa de

desempleo probablemente no sería muy diferentesi la integración europea se hubiera terminadohace treinta años.

¿Esto quiere decir que todo anda bien enBruselas y que la Constitución propuesta esperfecta? Por supuesto que no. A diferencia de lostrabajadores, los capitales son hoy notablementemás móviles que en 1986, y la Unión Europeadesempeña un rol clave en las luchas contra eldumping fiscal. El tratado constitucional ofreceríaherramientas superiores a todas las precedentespara avanzar en esta dirección, pero los adelantosson a todas luces insuficientes. Para ir más lejos,habría que convencer a nuestros socios de que eldumping no solo es colectivamente dañino, sinoabsolutamente innecesario para asegurar elcrecimiento y el buen funcionamiento de unaeconomía de mercado. Es una ilusión imaginar quela mezcla de arrogancia, xenofobia yantiliberalismo sistemático que se expresó enFrancia en estos últimos meses permitiría avanzar

en este sentido. Utilizar la Unión Europea comochivo expiatorio de todos nuestros malesnacionales es una tradición antigua. Ya en 1983 seexplicaba el bloqueo de los salarios como unaobligación impuesta por Europa, cuando enrealidad este giro habría tenido lugar de todosmodos, incluso si Francia se hubiese encontradosola en el mundo: los bajos salarios habíanprogresado tres veces más rápido que laproducción de 1968 a 1983, ritmo que no essostenible eternamente ni en una economía abiertani en una economía cerrada. La misma retórica deEuropa como chivo expiatorio fue llevada a suparoxismo con esta campaña, y ahora pagamos elprecio.

Evitar la trampa blairista

27 de junio de 2005

Como era previsible, Tony Blair aprovechó laoportunidad ofrecida por el «no» francés alplebiscito sobre la Constitución Europea paratratar de posicionarse como líder de la UniónEuropea. El primer ministro británico nos anunciaque, tras muchos años de bloqueo institucional,podría someter a discusión la rebaja del aportebritánico al presupuesto europeo obtenida porMargaret Thatcher en 1983. Pero a condición deque se lleve a cabo una revisión profunda de laestructura del presupuesto europeo y, en especial,que se modifique radicalmente la Política AgrícolaComún (PAC), que absorbe el 40% de los recursose impide que Europa invierta en el futuro(formación, investigación, infraestructura). Laapuesta es grande (en 2002 se había acordado no

volver a tocar la PAC hasta 2007), pero pareceimparable.

Al adoptar esta postura ganadora, Tony Blairbusca mostrar una Francia retrógrada y ubicarla enel banquillo de los acusados. Al poner el acento enla PAC, caricaturiza nuestro modelo social y lohace aparecer como un sistema corporativo ynostálgico, en el que una pequeña minoría,dispuesta a mostrar las garras y defender lasventajas logradas en los años cincuenta, acapara lagran masa de las transferencias. En realidad, nohay por qué avergonzarse de haberse convertido enel primer exportador mundial de numerososproductos alimenticios de alta gama, y conocemosbien el carácter artificial de la famosa cifra del40%, que, sobre todo, da cuenta de la debilidaddel presupuesto global de la Unión Europea. Perosin duda es difícil reconciliar a los ciudadanoseuropeos con una Unión que gasta el 40% de susrecursos actuales en beneficio de solo un 2% de lapoblación, y Tony Blair no se equivoca al

estigmatizar el impacto negativo de la PAC en eldesarrollo de los países del sur, que se volvieronincapaces de desarrollar sus producciones yexportaciones de materias primas agrícolas. Lacaricatura es completa si sumamos el hecho de queel Reino Unido considera haberse puesto a lacabeza del combate por la reforma de la ayudapública al desarrollo al apoyar, por ejemplo, unmecanismo ingenioso de subvención a laproducción privada de nuevas vacunas.

Francia aparece así como un país anquilosado,incapaz de comprender que el desarrolloeconómico y social debe apoyarse en las fuerzasdel mercado, y que defiende políticas inadecuadaspara sus propios ciudadanos y para el crecimientodel sur. Gran Bretaña estaría, al contrario,orientada por el discurso positivo y conquistadorde Tony Blair sobre la mundialización. En lugar detomar medidas de defensa y protección frente almercado, anuncia a los trabajadores que les darálas armas necesarias para ocupar los empleos más

dinámicos de la economía mundial.Es urgente salir de esta trampa, sobre todo

porque Francia se encuentra en realidad muchomejor preparada que el Reino Unido paraemprender el camino hacia «la economía delconocimiento más productiva del mundo»,anunciada por la cumbre de Lisboa. No noscansaremos de repetirlo: la producción por horatrabajada en el Reino Unido es hoy un 25% másbaja que en Francia o Alemania. Solo porque losbritánicos trabajan un 25% más de horas quenosotros llegan a alcanzar el mismo nivel de PBIpor habitante. Y el hecho de que los desempleados(menos productivos en promedio que los activos)sean más numerosos en Francia explica apenas unaparte minoritaria de esta brecha (esto es, menos deun tercio).

La verdad es que, veinticinco años después dela llegada de Margaret Thatcher al poder y de susreformas supuestamente salvadoras, el ReinoUnido sigue siendo un país subcapacitado y

escasamente productivo (la brecha de laproductividad prácticamente no ha disminuido),que se ha visto obligado a adoptar métodos depaíses pobres (como el dumping fiscal y largashoras de trabajo) para ubicarse al mismo nivel quelos otros. La mediocridad persistente de laproductividad de la mano de obra británica seexplica principalmente por el poco presupuestoque se destina a un sistema educativo marcado porfuertes estratificaciones sociales, herederas de unsistema aristocrático del que los norteamericanosse burlan desde hace dos siglos y que se encuentraen la base de la decadencia del Reino Unido.

Y, si bien es verdad que la enseñanza superiorha alcanzado una mayor modernización del otrolado de la Mancha, no es menos cierto que elsistema de enseñanza primaria y secundaria enFrancia constituye una base sólida que ofrece unaformación masiva de calidad envidiable. Además,es sorprendente constatar que una de lasprincipales propuestas de Tony Blair durante las

últimas elecciones haya sido la de instituir, en elReino Unido, un examen de finalización deestudios secundarios «a la francesa».

De la misma manera, a pesar de los esfuerzosreales emprendidos desde 1997, la mano de obrabritánica continúa estando claramente másdesprotegida que en Francia frente a los riesgos desalud. El modelo francés descansa en sistemas deescolarización y de coberturas de saluduniversales de alta calidad, no en la PAC, y es estemodelo el que hay que promover en Europa. Paraello, sin duda, es necesario renegociar lassubvenciones PAC para el período 2007-2013, locual, a su vez, permitirá una redefiniciónambiciosa de los objetivos europeos en materia deformación e investigación.

Bloqueos alemanes

10 de octubre de 2005

Sea cual sea el resultado de las negociaciones encurso sobre la «gran coalición» entre la UniónDemócrata Cristiana (CDU) y el PartidoSocialdemócrata (SPD), las elecciones alemanasdel 18 de septiembre tendrán el valor deinformarnos con precisión sobre el estado de laopinión en materia fiscal[67]. Ni en Alemania, niprobablemente tampoco en Francia y en otrospaíses europeos, los electores están dispuestos aaceptar cualquier cosa en nombre del pragmatismoy de la competencia fiscal europea. Todas lasencuestas y estudios de opinión lo confirman conclaridad: mientras Angela Merkel llevaba 20puntos de ventaja en las encuestas, lo quecontribuyó de manera decisiva a hacer caer la

CDU fue la irrupción en la campaña del juristaPaul Kirchhoff y sus propuestas radicales dereforma fiscal. De hecho, en cuanto se conocieronlos resultados, Merkel desplazó al hombre a quienpensaba confiar el Ministerio de Finanzas y quehasta poco antes describía como un «visionario».El mencionado jurista anunció entonces queretornaría a su cátedra, y hoy está claro que sureforma nunca verá la luz.

¿Qué proponía exactamente Kirchhoff? Lamedida más espectacular consistía en instituir unimpuesto a los ingresos con solo dos franjas: unadel 0% para los ingresos más bajos y una del 25%para la casi totalidad de los ingresos. Se tratabapues, a grandes rasgos, de volver a los impuestoscasi proporcionales que se aplicaban en elsiglo XIX, y borrar así la principal innovación delsiglo XX en materia fiscal: la progresividad. AGerhard Schröder le resultó sencillo estigmatizar aquienes consideraban la posibilidad de «cobrar lamisma tasa al gerente de una empresa y a su

empleada doméstica», un mensaje que fueretomado por el SPD en los debates televisivos yque claramente rindió sus frutos. Los alemanes,por lo tanto, permanecen ligados a cierta forma deprogresividad fiscal y de redistribución.

Es importante advertir que las posturas deKirchhoff, por extremas que puedan parecer,constituyen de alguna manera el marco natural delos próximos debates fiscales en Europa. EnAlemania, en Francia y un poco en todas partes lalógica implacable de la competencia fiscalcondujo a lo largo de los últimos veinte años abajar alrededor del 25-30% la tasa del impuesto alas ganancias de las empresas. Al mismo tiempo,la progresividad del impuesto al salario de laspersonas se redujo fuertemente, con tasassuperiores al 40% en la mayoría de los grandespaíses. No es casual que en 2005 Kirchhoff hayapropuesto pasar a un impuesto casi proporcionalcon una tasa única del orden del 25%. Se trata, dealguna manera, de la etapa siguiente a una

progresión lógica, y todos los países corren elriesgo de vérselas con ella, como ya sucede enEuropa del Este y en los Estados Unidos. Tendráconsecuencias para el futuro fiscal de Europa elhecho de que los electores alemanes se hayanopuesto con tanta claridad a esta nueva etapa, alpunto de que se negaron a dar plenos poderes a laCDU, a pesar de la impopularidad y el desgaste deSchröder (cinco millones de desempleados luegode siete años de gobierno de la alianza SPD-Verdes). Tal vez, este rechazo anuncie una pausaprolongada en el proceso que apunta a la bajadesde hace veinte años. En Francia, en particular,donde la reforma anunciada por el actual gobiernoconducirá a reducir la tasa superior en alrededordel 40% en 2007, es muy posible que un candidatoque procure ir más lejos en esta dirección,proponiendo una nueva baja importante de laprogresividad fiscal para el período legislativo 2007-2012, suscite la misma reacción de rechazoque en Alemania.

A pesar de esta interesante enseñanza, es ciertoque las elecciones del 18 de septiembredesembocaron en un gobierno inestable, dotado deun mandato y de una legitimidad políticaambiguos. En lo que se refiere a temasimportantes, como la reforma previsional, la delsistema de salud y la de la enseñanza superior, esprobable que la gran coalición tenga menoscapacidad para avanzar con serenidad quegobiernos más homogéneos bajo la dirección delSPD o bien de la CDU. La sensación de haberperdido una oportunidad es más rotunda dado queestas elecciones desperdiciadas llegan después delas de 2002, en las que Schröder había ganado inextremis al poner de relieve su activismo durantelas inundaciones en Alemania del Este y suoposición a la guerra en Irak, y al haber evitado elanuncio de las reformas dolorosas de la seguridadsocial que se aprestaba a realizar, y que finalmentellevaron a los bloqueos de los últimos tres años ya la disolución en 2005. Algunos ya culpan al

sistema electoral alemán, que no se adaptaría alpaisaje político diversificado como consecuenciade la unificación (con la irrupción de la extremaizquierda y en menor medida de la extremaderecha), y notan que, con un sistema de tipomayoritario, una coalición entre la CDU y elPartido Demócrata Liberal (FDP), que reúne el45% de votos (contra el 42% del SPD-Verdes),habría obtenido con comodidad la mayoría de losescaños. El argumento en parte es correcto, peroolvida que con otro sistema los electores hubieranvotado sin duda de manera diferente: buscabangenerar un resultado ambiguo y probablemente lohubieran conseguido aun con un escenariodiferente.

¿Hay que bajar el IVA?

23 de diciembre de 2008

¿Qué podemos decir sobre las violentas críticasexpresadas en Francia y en Alemania contra elplan de reactivación británico[68]? Primero, que apesar de la autocelebración francesa sobre sus seismeses de presidencia europea, Europa nuncaestuvo tan mal dirigida. No se trata aquí de afirmarque la reducción general de IVA decidida porGordon Brown, del 17,5% al 15%, sea la soluciónmilagrosa para evitar la recesión. Cada país tienesus especificidades, y es evidente que el ReinoUnido, cuyo sector financiero fue golpeadoduramente por la crisis mundial, se prepara paravivir horas particularmente difíciles. Pero eslamentable que el Plan Brown haya sido rechazadode inmediato por los gobiernos franceses y

alemanes sin ningún debate. Más aún teniendo encuenta que los argumentos utilizados contra lareducción del IVA son tan contradictorios comoeconómicamente infundados.

En primer lugar, se critica que la reducción delIVA no repercuta directamente en el descenso delos precios. Pero no existe ninguna razón para quese produzca tal repercusión integral. Desde elpunto de vista económico, es perfectamente normalque la reducción del IVA se comparta entreempresas y consumidores, siguiendo la elasticidadde la oferta y la demanda de bienes en losdiferentes sectores. En los sectoressobrecapacitados para la producción, lacompetencia conduce a una fuerte disminución delos precios y a una reactivación de la demanda. Enlos sectores donde se necesitan nuevas inversionespara aumentar la producción, en cambio, lareducción del IVA permite que las empresasrecuperen sus márgenes, lo que está muy bien. Así,esa medida produce al mismo tiempo una

reactivación de la demanda y de la inversión, deacuerdo con la teoría de la incidencia fiscal. Antesde estigmatizar el «keynesianismo» grosero de losbritánicos, el ministro socialdemócrata alemán deFinanzas tendría que haber releído sus manualesde economía.

El segundo reproche dirigido a la reduccióndel IVA es que favorecería ante todo a lasimportaciones. Es preferible, por cierto, que estareducción sea coordinada, de ahí la interesanteproposición del think tank Bruguel de reducirsimultáneamente al menos un punto del IVA entodos los países europeos. Pero subordinar elconjunto del debate fiscal y presupuestario a estacuestión de las importaciones carece de sentido.La totalidad de las importaciones de bienes deconsumo (de los textiles al calzado, pasando porlos juguetes y electrónicos) representaban apenas70 000 millones de euros en 2007, es decir, apenasel 7% de alrededor de 1 billón de eurosconsumidos por los hogares franceses. El total de

importaciones, por su parte, sube al 25% del PBI(de los cuales un 70% proviene del comerciointraeuropeo): como lo recordaba Philippe Martinla semana pasada, la parte de las importaciones esen realidad más importante para los bienes deinversión y de consumo intermedios que para losbienes de consumo. A fin de cuentas, el hechomayor es que el 75% del PBI corresponde a bienesy servicios producidos en Francia y consumidos (oinvertidos) en Francia. Pretender reducir elanálisis de una herramienta fiscal como el IVA a lacuestión de su incidencia en los intercambioscomerciales es increíblemente reduccionista. Si deveras se piensa que el bienestar de los francesespasa por la aplicación creciente de impuestos a losbienes importados del extranjero, asumamosentonces claramente un alza de las tasas sobre lasimportaciones y dejemos de contaminar elconjunto del debate fiscal y político con este tema.Como mostró bien Paul Krugman en los EstadosUnidos, esta obsesión por las importaciones y la

«competitividad» termina por debilitar toda formade pensamiento económico, tanto a la derecha(donde los ayatolás del IVA social parecen listos aponer nuevamente sobre la mesa sus proyectos deaumentos del IVA) como a la izquierda: ciertossocialistas franceses no están lejos de pensar lomismo, como lo muestra su tímida proposición dedisminución «orientada» del IVA (dichoclaramente, no bajar la tasa general, o sea, la únicaque cuenta desde un punto de vistamacroeconómico).

Todo esto es aún más lamentable porque unade las ventajas adicionales del plan derelanzamiento de la reducción del IVA es sueficacia inmediata (contrariamente, por ejemplo, alas inversiones públicas, que llevan años antes derealizarse, como lo saben por ejemplo todas laspersonas afectadas por el Plan Campus[69]) y sutransparencia: cuando se baja el IVA, se inyectadinero contante y sonante en la economía, adiferencia de todas las manipulaciones contables y

otras operaciones de comunicación que seimplementan actualmente. Hagamos un pronósticoy enunciemos un deseo: que el debate sobre lareactivación de la reducción del IVA se replanteeen 2009.

El desastre irlandés

14 de abril de 2009

El nuevo plan de ajuste presentado por el gobiernoirlandés el pasado 7 de abril, que pasóprácticamente desapercibido en Francia, nos dicemás sobre la crisis y sus consecuencias que elG20. ¿De qué se trata? Como otros paísespequeños que se concentraron mucho en el sectorinmobiliario y financiero, Irlanda se encuentra hoyen una situación catastrófica. El estallido de laburbuja del precio de las viviendas y las accionescondujo a un desmoronamiento de la actividadeconómica en la construcción y en las finanzas,seguido por el del conjunto de la economíairlandesa. El PBI bajó un 3% en 2008 y las últimasprevisiones gubernamentales apuestan a unadisminución del 8% en 2009 y del 3% en 2010,antes del comienzo de una normalización en 2011.

La recaudación fiscal se desmoronó y losdesembolsos para salvar a los bancos de laquiebra y ayudar a los desempleados (la tasa dedesempleo alcanzará un 15% hacia fin de año)aumentaron, por lo que este país se encuentra anteun déficit abismal de 13 puntos del PBI previstopara 2009. Es decir, el equivalente a la totalidadde los salarios y las jubilaciones de la funciónpública.

El gobierno irlandés implementa diferentesplanes de ajuste. En febrero, los salarios de losfuncionarios ya habían sido reducidos un 7,5%para financiar las jubilaciones. Esta medidaextremadamente brutal se justificó evocando a lavez la situación presupuestaria desesperada y ladeflación futura (el gobierno prevé unadisminución de los precios del 4% en 2009, perolos asalariados hasta ahora no la han visto). Y elmartes último, el ministro de Finanzas, BrianLenihan, anunció nuevas medidas draconianasorientadas a reducir el déficit de 2009 de 13 a 11

puntos de PBI, especialmente mediante un aumentogeneral de impuestos a los ingresos. La punciónserá en promedio de alrededor del 4% delconjunto de los ingresos —del 2% en el nivel delsalario mínimo (300 euros de deducción para uningreso anual de 15 000 euros) a un 9% para losingresos más elevados—, y se hará efectiva desdeel 1º de mayo. Resulta evidente que este nuevoplan de ajuste no será el último.

Lo que más sorprende, en este clima de crisisextrema, es que el gobierno se empecine enmantener la tasa ultrarreducida de 12,5% delimpuesto a los beneficios de las empresas. BrianLenihan lo dijo y lo repitió el 7 de abril: de ningúnmodo vamos a dejar de lado la estrategia quecontribuyó a la fortuna del país desde la década de1990, que atrajo las sedes centrales de lasmultinacionales y las inversiones extranjeras. Esmejor desangrar a la población irlandesa quearriesgarse a perder todo, haciendo huir a loscapitales internacionales. Es difícil prever cómo

reaccionarán los irlandeses cuando lleguen laselecciones europeas: rechazo del gobierno,rechazo del mundo exterior o, incluso, rechazo delos dos a la vez. Pero algo es seguro: Irlanda nosaldrá sola del terrible engranaje en el que laencerró el sistema internacional.

La estrategia de desarrollo basada en eldumping fiscal, adoptada por muchos paísespequeños, es un desastre. Irlanda fue seguida pormuchos otros en esta vía, y no puede dar marchaatrás sola. Casi todos los países del Este tienenhoy tasas de imposición a los beneficios de lasempresas de apenas un 10%. En 2008 el giganteinformático Dell había anunciado el cierre de susunidades de producción y su relocalización enPolonia, lo que provocó pánico en Irlanda. Laacumulación de capitales extranjeros se paga caro:actualmente, un país como Irlanda paga cada añocerca del 20% de su producción interna bajo laforma de beneficios y dividendos a los dueñosextranjeros de oficinas y fábricas. Técnicamente,

el PNB (producto nacional bruto) del que disponenverdaderamente los irlandeses se ubica un 20%más abajo que el PBI. La cereza del postre: el eurono permite siquiera que Irlanda evite tener quepagar tasas de interés exorbitantes por su deudapública. Las tasas de interés a diez años en Irlandao en Grecia son actualmente casi dos veces másaltas que en Alemania (5,7% contra 3,1%),fenómeno completamente anormal tratándose depaíses que comparten la misma moneda, y quemuestra que los mercados especulan con unabancarrota de estos países, o incluso con unaexplosión de la unión monetaria. El FMI estápreparado para apagar provisoriamente este tipode incendios inyectando ayudas financieras deurgencia, como ya fue el caso en Hungría. Perosolo la Unión Europea podría tener la legitimidadpolítica para tratar las causas que llevaron a estosdesastres. A grandes rasgos, el trato debería ser elsiguiente: la Unión garantiza la estabilidadfinanciera de la zona y ayuda a los países

pequeños si es necesario; pero, en contrapartida,estos renuncian a su estrategia de dumping fiscal,por ejemplo con tasas de imposición de beneficiosmínimas del orden del 30-40%. Luego de aceptarrenunciar a su soberanía monetaria, los pequeños ygrandes países deberían también abdicar de susoberanía fiscal. Cualquier otra solución es unerror. Construir una unión monetaria sin gobiernoeconómico ya era arriesgado en tiempos de calma.Pero frente a una crisis mayor, es necesario tomarmuy en serio el riesgo de desmoronamientogeneral.

El juez constitucional y elimpuesto

26 de enero de 2010

¿Es legítimo que el Consejo Constitucional[70]

censure una reforma fiscal adoptada por elParlamento? En el caso del impuesto al carbono,es tentador responder por la afirmativa. La tasa,planificada a las apuradas por el gobierno,implicaba, de hecho, una ruptura flagrante delprincipio de igualdad frente a los impuestos. Lasgrandes empresas industriales más contaminantesquedaban eximidas de hecho, con la excusa de queestán sometidas al sistema europeo de cupos deemisión. Salvo que esos cupos fueron obtenidosgratis y que nadie sabe cuándo habrá que pagar porellas. Era un tema complejo. De todos modos,queda claro que hay que desconfiar de las

intromisiones de los jueces en los debates fiscales,que deberían darse ante todo en la esfera política.

Como el principio de igualdad frente alimpuesto es un principio extremadamente vago, suinterpretación sin límites por parte de los juecesconstitucionales puede conducir a decisionesilógicas. Así, a fin de 2000, el gobierno del primerministro Jospin impulsó la aprobación endiputados de una reforma importante de lacontribución social generalizada (CSG), que en loshechos dejaba de ser un impuesto proporcional yse transformaba en una deducción progresiva: secreó una eximición para los salarios inferiores a 1,4 veces el salario mínimo social, lo que permitíaaumentar el salario neto y el poder adquisitivo delos salarios modestos, abriendo al mismo tiempola vía a una futura unificación de la CSG y delimpuesto al ingreso. El Consejo Constitucionaldecidió otra cosa: la ley fue censurada, con elargumento de que la reducción de la CSGacordada a los salarios modestos dependía

exclusivamente del nivel del salario individual sinintegrar la situación familiar.

Sin embargo, a los jueces constitucionalesnunca les impresionó el hecho de que muchas otrasdeducciones obligatorias no tomasen en cuenta lasituación familiar (el IVA a tasa reducida, lareducción de los aportes patronales para lossalarios bajos, etc.) y no tienen nada para decirsobre los múltiples nichos fiscales que planeansobre nuestros impuestos a los ingresos y a lafortuna, sin hablar del denominado escudo fiscal(¿en nombre de qué principio de equidaddeberíamos incluir ciertas deducciones y nootras?), que constituyen rupturas mucho más gravesdel principio de igualdad ante el impuesto.

Consecuencia de la censura de 2000: la CSGsigue siendo un impuesto proporcional; paracompensar, el gobierno de Jospin creó la primapor el empleo: la superposición se completórecientemente con el ingreso de solidaridad activa(ISA): y nos encontramos todavía hoy con esta

bomba de tiempo inverosímil (por un lado sededuce un mes de salario a quienes ganan elsalario mínimo a través de la CSG, por el otro seles transfieren recursos para compensar) del quelos «sabios» de la rue de Valois[71] sonampliamente responsables.

Un caso más extremo todavía lo aportaKirchhoff. Este jurista fiscal visiblemente muyenojado contra el impuesto fue durante la campañaelectoral de 2005 el virtual ministro de Finanzasde Angela Merkel, con una propuesta letal en lamano: una «tasa plana» que limitaba al 25% latasa de imposición de los ingresos más altos. En elcampo de la política cada cual es libre de opinarlo que quiera (en este caso, sus opiniones nosedujeron mucho a los alemanes: Merkel se vioobligada a gobernar con la socialdemocracia delSPD y a separarse de su protegido). Pero el puntoimportante del caso es que, en 1995, con suuniforme de juez del Tribunal Constitucionalalemán, el mismo Kirchhoff pronunció un fallo que

juzgaba inconstitucional toda imposición (directa)superior al 50%, asimilando así casi a un derechohumano el derecho de tomar varios millones deeuros en la caja y de guardarse la mitad en elbolsillo.

Los Estados Unidos de América, que de 1932a 1980 aplicaron una tasa marginal a sus élitesfinancieras superior al 82% (en promedio),¿dejaron de ser una democracia durante mediosiglo? El caso fue un escándalo en Alemania y elfallo fue anulado en 1999 por los juecesconstitucionales (cuando Kirchhoff se fue), quienesconfirmaron en 2006 que no cabía dentro de susatribuciones fijar los límites cuantitativos de lastasas de imposición, algo sobre lo que Sarkozy nose ha anoticiado todavía. La lección de todo estoes que el principio jurídico de igualdad ante elimpuesto puede querer decir cualquier cosa, y quelos jueces deben usarlo con extrema moderación.

Y, sobre todo, que para preservar la frágillegitimidad de los tribunales constitucionales, es

necesario evitar las designaciones evidentementepartidarias o políticas; tentación al parecer muyfuerte en las altas esferas del Estado en nuestrotiempo.

Beneficio récord de los bancos:una cuestión pública

23 de febrero de 2010

Así es: BNP Paribas, el primer banco francés yeuropeo, acaba de anunciar 8000 millones deeuros de ganancias para el año 2009, lo cualsupera su récord de 2007. Algunos ya comienzan acacarear: después de todo, ¿no es preferible tenerbancos que gocen de buena salud que tener bancosquebrados? Seguramente.

Pero vale la pena intentar comprender dedónde vienen estas ganancias. Los beneficios delos diez bancos europeos más grandes rondaronlos 50 000 millones de euros en 2009. Si sumamoslos diez bancos estadounidenses más grandes,alcanzamos los 100 000 millones. ¿De dóndeprovienen semejantes beneficios, cuando el

conjunto de la zona estaba en recesión en 2009? Laexplicación más evidente es que, durante la crisis,los bancos centrales prestaron dinero a los bancosa tasas muy bajas, y estos últimos pudieronutilizarlo luego para prestar a tasas muy elevadas aotros actores: a los hogares, a las empresas y,sobre todo, a los Estados.

Ensayemos un pequeño cálculo, aproximativoe imperfecto, pero que tiene al menos el mérito deilustrar la magnitud de las sumas en juego. Entreseptiembre y diciembre de 2008, el Banco CentralEuropeo (BCE) y la Reserva Federalestadounidense (Fed) lanzaron préstamos por unos2 billones de euros de dinero fresco (cerca de 10puntos del PBI norteamericano y europeo). Estedinero fue prestado a los bancos a tasas del ordendel 1% por períodos de tres a seis meses. Lospréstamos fueron, grosso modo, renovados a lolargo de 2009: los balances de la Fed y del BCEse ubican, en febrero de 2010, en niveles apenasmás bajos que el récord alcanzado a comienzos de

2009.Supongamos que estos 2 billones prestados a

los bancos les aportaron en promedio un 5%,porque prestaron al 5% a otros actores o porqueesto les permitió devolver deudas que les hubierancostado 5%, lo que sería lo mismo. El margenobtenido sería entonces de 80 000 millones (4%de 2 billones), es decir, el equivalente al 80% delos beneficios obtenidos por los bancos en 2009.Se explicaría así una buena parte de las ganancias,incluso suponiendo una brecha más pequeña entrelas tasas.

Sin embargo, esto no significa que los bancoscentrales hayan actuado mal: no caben dudas deque la nueva liquidez permitió evitar unaseguidilla de quiebras y la transformación de larecesión en depresión. Pero ahora los gobiernosdeberían imponer regulaciones financierasestrictas que permitan evitar que semejantesdesastres se reproduzcan, exigir cuentas (eimpuestos) a los bancos y, además, deshacerse de

la deuda que contrajeron con ellos.Si esto no sucede, los ciudadanos podrán

concluir que toda esta secuencia es parte de unaeconomía absurda: las ganancias y los bonosbancarios vuelven a subir, las ofertas de empleo ylos salarios permanecen a media asta, y ahora hayque ajustarse el cinturón para devolver la deudapública. La misma deuda creada para lavar laslocuras financieras de los banqueros que, además,comienzan a especular nuevamente, ahora endetrimento de los Estados, con tasas de interés querondan el 6% en el caso de los contribuyentesirlandeses y griegos. Los contribuyentes griegos,por su parte, desembolsaron sin saberlo 300millones de euros en concepto de honorarios aGoldman Sachs para maquillar sus propias cuentaspúblicas.

¿Demagogia? No. Simplemente, unaconstatación: para reconciliar a los ciudadanoscon los bancos, hace falta algo más que grandesdiscursos. Obama lo entendió cuando anunció en

enero, por fin, un plan más ambicioso deregulación fiscal. Pero está debilitadopolíticamente. En Europa, el hecho de que elBanco Central Europeo continúe apoyándose enlas agencias de calificación para comprar títulospúblicos (anuncio que precipitó la crisis griega),cuando en su estatuto nada lo obliga a hacerlo, notiene sentido en el contexto actual.

Gracias a esta crisis, el BCE convenció a loseuropeos de su utilidad: todo el mundo entiendeque si los mercados hubieran especulado con elfranco, el marco alemán o la lira italiana las cosasno habrían marchado mejor. Ahora deberíaadquirir autonomía en relación con los mercadosfinancieros, apoyándose en un verdadero gobiernoeconómico europeo.

Del otro lado del Atlántico, el poder públicoperdió el pudor: desde hace un año, la Fedimprimió 300 000 millones de dólares paraadquirir bonos del Tesoro sin pedir permiso a losmercados. Europa deberá aceptar también que una

inflación del 4% o el 5% es la manera menosnegativa de deshacerse de la deuda. Sin medidasde este tipo, los ciudadanos europeos deberánpagar las cuentas otra vez. No se da por sentadoque esta vez se dejen robar.

No, los griegos no son vagos

23 de marzo de 2010

Se dice que los griegos son unos vagos que gastanmás de lo que producen. Y que, para colmo, eligengobiernos corruptos que manipulan las cuentaspúblicas para crear falsas ilusiones. Si su hermanoo su vecino gasta más de lo que gana, ¿le estaríahaciendo un favor si le prestara más dinero? ¿Nohabrá llegado la hora de que deje de despilfarrar yaprenda la dura ley del trabajo y el mérito?

Este tipo de metáfora, fundada en la moraldoméstica y familiar (pereza versus trabajo, niñoprodigio versus buen padre de familia) esevidentemente un clásico de la retóricareaccionaria. En todas las épocas, los ricosestigmatizaron de esta forma a los pobres. Nadanuevo bajo el sol griego. Salvo que, en el marcode la complejidad del capitalismo del siglo XXI y

de sus crisis financieras, estas metáforasmoralizadoras parecen extenderse más allá de loscírculos habituales. Cuando ya no se entiendehacia dónde va el mundo, resulta tentador volver aciertos principios simples. Ante la violenciaextrema de los ataques en los medios, el primerministro griego declaró durante su visita a Berlín:«No hay más vagancia en los genes de los griegosque nazismo en los genes de los alemanes». Estasdeclaraciones, de una dureza poco corriente entrejefes de gobierno de una unión política, deberíanbastar para que se interesen en la crisis griegaquienes todavía no lo han hecho.

El problema con estas metáforas de cabotajees que a escala de los países, como también aescala de los individuos, el capitalismo no escuestión de méritos, ni mucho menos. Por dosrazones que se pueden resumir de manera muysimple: lo arbitrario de la herencia inicial y loarbitrario de ciertos precios, sobre todo el de larentabilidad del capital.

Arbitrariedad de la herencia inicial: Greciaforma parte de los países que siempre han estadoen parte en posesión de otros países. Lo que elresto del mundo posee en Grecia (empresas,bienes raíces, activos financieros) es desde hacedécadas más que lo que los griegos poseen en elresto del mundo. Consecuencia: el ingresonacional del que los griegos disponen paraconsumir y ahorrar siempre fue inferior a suproducción interna (una vez deducidos losintereses y dividendos pagados al resto delmundo). Esto los vuelve poco aptos para consumirmás de lo que producen.

En el caso de Grecia, la brecha que existeentre producción interna e ingreso nacional ya era,antes de la crisis, de alrededor de un 5% (es decir,dos veces más que el ajuste exigido hoy a estepaís). En países completamente volcados a lainversión extranjera puede superar el 20% (comoen el caso de Irlanda), y más aún en ciertos paísesdel sur. Se podrá objetar que estos flujos de

intereses y dividendos solo son la consecuencia deinversiones pasadas y que por lo tanto es justo ybueno que los deudores griegos y sus hijosdestinen una parte de su producción a pagar a losacreedores externos. Ciertamente. Del mismomodo que es justo y bueno que los hijos de losinquilinos paguen alquileres eternamente a loshijos de los propietarios.

El debate sobre el mérito implica asumir otropunto de vista. Arbitrariedad de la rentabilidad delcapital: la crisis es ante todo consecuencia de quelos contribuyentes griegos de repente tuvieron quepagar tasas de interés de más del 6% de su deudapública. La producción interna de Grecia rondalos 200 000 millones de euros. Los diez bancosmás grandes del mundo manejan cada uno más de 2billones de euros. Un puñado de operadores puedeimponer, en segundos, una tasa de interés del 6%en lugar del 3% sobre un título en particular, yarrastrar así a un país a la crisis.

Este sistema nos lleva directamente al

precipicio, y apelar a la moral doméstica no nosva a salvar. Al fin y al cabo, la solución es que elpoder público retome con firmeza las riendas delas finanzas. En Europa debemos inventar elcamino que conduzca al federalismopresupuestario. Pues bien, este camino no pasa porel FMI, sino por la emisión de obligacioneseuropeas. Y, algún día, por una revolución de lasdoctrinas monetarias. Para salvar a los bancos, lasautoridades monetarias les prestaron sin dudar atasas del 0% al 1%. Hicieron bien. Pero ahora, noes nada fácil explicarles a los contribuyenteseuropeos (tanto griegos como alemanes) que debenajustarse los cinturones durante años para pagarlos altos intereses de su deuda pública.

Europa contra los mercados

18 de mayo de 2010

Los países europeos implementan un plan de ajustetras otro. Las medidas drásticas se multiplican,como las reducciones de los salarios de losfuncionarios, algo que habíamos olvidado desdelos famosos decretos-ley Laval de 1935[72]. Y enla facultad aprendimos que esas medidas terminansiempre en desastre. Al exacerbar la recesión coneste tipo de medidas, lo más probable es quetengamos déficit aún más elevados que cuandocomenzaron los problemas.

¿Cómo llegamos a una situación tan absurda?Y sobre todo, ¿qué hacer? La prioridad absolutadebe ser la constitución de un poder públicoeuropeo capaz de luchar con armas de jerarquíasimilar a las de los mercados financieros. Si esto

exige el examen de proyectos de ley de finanzasnacionales por parte de instituciones europeas, enprincipio el Parlamento Europeo, hagámoslo. ¡Quéestamos esperando!

No tiene ningún sentido dejar que losmercados, que ni siquiera saben ponerles precio alos productos financieros que ellos mismoscrearon, especulen con los títulos de la deudapública de veintisiete Estados europeos. Al crearel euro, se pensó que se reducirían esos márgenesde maniobra. De hecho, la situación sería hoy peorsi los mercados pudieran jugar con las tasas decambio del franco, del marco y de la lira.

Pero ya es necesario pasar a la etapa siguiente,a saber, la emisión de una verdadera deudapública europea. La Unión Europea (UE) podríaasí retomar por su cuenta el excedente delendeudamiento creado por la crisis del trienio 2008-2010, es decir, entre 20 y 30 puntos del PBI,según los países. Esto permitiría que cada Estadomiembro pudiera sanear de manera perdurable sus

finanzas públicas, para volver a empezar con elpie derecho.

De a poco, nos encaminamos hacia esasolución más que evidente. Los dirigenteseuropeos parecen por fin dispuestos a abandonarel tecnicismo jurídico y dar muestras deflexibilidad en la interpretación de los tratados,que en realidad autorizan casi todo antecircunstancias excepcionales. Pero las cosas vandemasiado lentas. Hubo un entusiasmo un pocorápido con el plan de 750 000 millones de eurosanunciado el 10 de mayo que, en realidad,representa apenas algo más del 5% del PBIeuropeo. Sin contar con que suelen sercompromisos extremadamente vagos. El únicocaso más o menos claro corresponde a los 50 000millones de euros (menos de 0,5 puntos de PBIeuropeo) que la Comisión tendrá derecho a pedirprestado directamente en nombre de la UE. Restantambién vagas promesas sobre eventualespréstamos bilaterales entre Estados, impulsadas

posiblemente por el FMI, que podríamos dejar delado sin el menor inconveniente. No vamos acalmar la especulación con estas bombas detiempo.

Habrá que clarificar también la cuestión delfinanciamiento. Supongamos que la UE retoma porsu cuenta 20 puntos de PBI de deuda públicanacional. ¿Con qué recursos devolverá esa deuda?Si cada país contribuye al presupuesto europeo enproporción a su PBI, podríamos pensar que laserpiente se morderá la cola y que no hemosresuelto nada. En lugar de tener que fundamentarlos impuestos nacionales, habría que crear unimpuesto europeo, lo que ya sería un progreso (porejemplo, una tasa del 10% sobre los beneficios delas sociedades europeas sería ampliamentesuficiente). Sobre todo, el punto clave es que unadeuda pública europea permite tomar préstamos atasas más bajas. Tanto más cuanto que el BancoCentral Europeo (BCE), que ya comenzó a ganarcon la deuda pública nacional, no tendrá más

opción que apoyar la operación comprando ladeuda europea a una tasa baja. Es exactamente loque hace la Reserva Federal norteamericana (Fed)desde comienzos de 2009: comprando al 0%centenas de miles de millones de bonos delTesoro, aligera el fardo de los contribuyentesnorteamericanos, y permite salir más rápido de larecesión que en Europa. En las circunstanciasactuales, no existe otra solución más que monetizaruna parte de la deuda pública.

Y, contrariamente a una idea que persiste, laemisión de billetes no se traducirá en una inflacióngalopante: cuando se está al borde de la depresión,hay que evitar sobre todo una espiral deflacionista.Entre septiembre y diciembre de 2008, el BCE y laFed crearon cerca de 2 billones de euros enmoneda nueva (10 puntos del PBI europeo yestadounidense), para prestarlos al 0% a losbancos privados. Esto permitió evitar unaseguidilla de quiebras sin inflación suplementaria.Hoy hace falta lo mismo para salvar a los Estados.

Esperemos llegar finalmente a esta solución,aunque todavía haga falta un poco de tiempo.

Grecia: por un impuesto bancarioeuropeo

28 de junio de 2011

Alemania tiene razón al querer hacer pagar unaparte del costo del desastre actual a los bancos yotras instituciones financieras que le prestarondinero a Grecia, a veces a tasas muy altas. Perohay que hacerlo de manera ordenada, justa ycontrolada, mediante un impuesto europeoespecífico a los bancos, y no a costa de un defaultparcial del Estado griego.

¿Cuál es la diferencia? Es totalmente distinto.El problema del default es que resultaráimprevisible en sus consecuencias. Se comienzamediante una reducción del valor de todos lostítulos griegos en un porcentaje dado, digamos el50%: los que prestaron 100 recibirán solo 50

(reducción o haircut del 50%, para utilizar laexpresión consagrada). Pero como los bancos sepasan el hierro caliente miles de veces, a menudocon múltiples contratos de seguros que los unenentre sí (sobre todo los famosos CDS, CreditDefault Swaps, instrumentos que permiten in finejugar a la lotería respecto de la probabilidad de undefault griego) y los actores que poseen deudagriega a veces ni siquiera lo saben (por ejemplo,en estos últimos años numerosos ahorristastomaron paquetes de deudas europeas en suscontratos de seguro de vida y pocos leyeron laletra chica), nadie sabe quién va a terminarpagando la cuenta. No hay ninguna razón paracreer que el reparto del esfuerzo será justo: enmateria financiera, los jugadores más importantessuelen estar mejor informados y se deshacen de losproductos tóxicos a tiempo. Y, sobre todo, hayvarias razones para pensar que los efectos endominó en los balances bancarios produciránmovimientos de pánico en el sistema financiero

europeo, incluso quiebras en cadena. Más aún silos mercados comienzan a anticipar que una mismaestrategia de default y de haircut salvaje seaplicará a la deuda de otros países condificultades.

Las grandes instituciones financieras, queparecen tan poderosas, en realidad sonextremadamente frágiles: no poseen casi nada porellas mismas. Sus balances ponen en juego activosy pasivos colosales (1 billón de euros para unbanco medio, es decir, el 500% del PBI griego)pero sus fondos propios suelen ser muy frágiles(digamos 10 000 millones de euros). Un defaultgriego podría causar desastres terribles.

Francia y el Banco Central Europeo (BCE)tienen razones para no desear el default. Pero lasolución francesa, basada en una contribuciónpuramente voluntaria de los bancos, tiene pocaschances de imponerse. A grandes rasgos, la idea esllamar a algunos amigos banqueros para pedirlesgentilmente que retengan por más tiempo que el

previsto la deuda griega y que les renueven elpréstamo, sin especificar la moneda de cambio.Los problemas europeos no se arreglarán de estemodo. Francia debería apoyar la fuerte y legítimavoluntad alemana de «hacer pagar a los bancos»para negociar la creación de una verdadera tasa ocontribución bancaria europea que permita hacerque el sector financiero participe en lareestructuración en curso.

La inmensa ventaja de un haircut «fiscal», adiferencia de un haircut «salvaje», es que sepueden volver a calibrar la base fiscal y la tasa decontribución, de manera que solo se haga pagar alos bancos que tienen los medios para hacerlo y seevite todo tipo de pánico. Una tasa de estanaturaleza podría ser el embrión, modesto peroreal, de una nueva fiscalidad europea: losimpuestos se crean en períodos de crisis, yjustamente para responder a una necesidadprecisa. Incluso si esto no se ha dicho de maneratan explícita, la propuesta del BCE va en el

sentido de crear un verdadero Ministerio deFinanzas europeo (¿se puede tener un Ministeriode Finanzas sin impuestos?).

En concreto, ¿cómo sería un impuesto de estetipo? Si se calcula la contribución sobre la basedel porcentaje de los activos griegos que seencuentran en manos de las diferentes institucionesfinancieras, entonces la tasa sería exactamenteequivalente al default y produciría los mismosefectos nefastos. Algunos bancos, que poseenmuchos activos griegos pero poca liquidez,podrían quedar en rojo. Por lo tanto, paraasegurarse de que solo aporten los bancos quetengan los medios para hacerlo, se podría decidirque la tasa se base solo en los beneficios. Lacontribución bancaria sería entonces unsuplemento europeo del impuesto a los beneficiosy el inicio potencial de un verdadero impuestoeuropeo a las empresas. Es posible imaginar unasolución intermedia que se apoye en parte en estasdos bases fiscales. O bien una base que se apoye

en los fondos propios de cada banco, lo quetendría muchas ventajas para una regulaciónfinanciera y prudencial. En cualquier caso, este esel debate europeo que hay que dar.

Repensar (pronto) el proyectoeuropeo

22 de noviembre de 2012

No demos más vueltas: la calamitosa conducciónde Sarkozy-Merkel está a punto de hacer explotarla construcción europea. Ya van dos años en losque ambos nos anuncian todos los meses cumbresque serán la última oportunidad para obtenersoluciones perdurables, y que sin embargo soninmediatamente desmentidas por los hechos unassemanas después. El 27 de octubre, se llegóincluso a pedir dinero prestado a China y a Brasilpara ayudarnos a salir de la crisis de la zonaeuro… Este patético pedido de socorro pasará a lahistoria como el colmo de la incompetenciaeconómica y de la impotencia política delquinquenio Sarkozy, por la simple razón de que no

tiene ningún sentido pedir ayuda a países máspobres que nosotros, ya que somos la zonaeconómica más rica del mundo.

En efecto, el PBI de la Unión Europea superalos 12 billones de euros (9 billones para la zonaeuro), contra 4 billones para China y 1,5 billonespara Brasil. Los hogares de la Unión Europeaposeen un patrimonio total de más de 50 billonesde euros (de los cuales más de 25 son activosfinancieros); es decir, veinte veces más que lasreservas chinas (2,5 billones de euros), cincoveces más que la totalidad de las deudassoberanas europeas (10 billones). Tenemos losmedios para resolver perfectamente solos nuestrosproblemas de finanzas públicas, en la medida enque Europa deje de comportarse como un enanopolítico y como un colador fiscal.

Pero hay algo todavía más grave. Hoy, Europaestá menos endeudada que los Estados Unidos, elReino Unido y Japón, aunque somos nosotros losque atravesamos una crisis de la deuda soberana.

En los meses que vienen, Francia tiene que pagaruna tasa de interés cercana al 4%, tal vez al 5-6%o incluso más, mientras que los otros tres paísestoman prestado a apenas un 2%. ¿Por qué? Porquesomos los únicos que tenemos un Banco Centralque no está apuntalado por una autoridad política yun gobierno económico, lo cual le impide jugarplenamente su rol de prestamista de último recursopara calmar a los mercados. Con una deudainferior a la de los británicos, tendremos que pagaruna cantidad de intereses de deuda muy superior.Europa debería estar ahí para protegernos, no parahacernos más vulnerables y empeorar nuestrosproblemas presupuestarios.

¿Qué hacer entonces? Hay que establecer demanera urgente un nuevo tratado que permita quelos países que lo desean (comenzando por Franciay Alemania) pongan sus deudas públicas en comúny, en contrapartida, sometan sus decisionespresupuestarias a una autoridad política federalfuerte y legítima. ¿Cuál debe ser esa autoridad

política federal? He ahí el núcleo del problemasobre el que tenemos que debatir sin dilaciones.

Lo cierto es que necesitamos salir de la lógicaintergubernamental y de pequeños conciliábulosentre jefes de Estado. Contrariamente a lo que seintentó hacernos creer durante el debate sobre elfallido Tratado de Funcionamiento de la UniónEuropea (TCE), el Consejo de Jefes de Estado noserá nunca la Cámara alta de Europa. No tendríasentido delegar el poder presupuestario a losjueces del Tribunal de justicia de la Unióneuropea. Dar más poder al actual Parlamentoeuropeo es una solución tentadora (es la únicainstitución regional realmente democrática).Excepto que, por un lado, sus aproximadamente750 diputados no ejercieron por el momentoninguna responsabilidad financiera real y, por otrolado, estos mismos diputados provienen de los 27estados miembros de la UE y no solo de la zonaeuro.

Otra solución, mencionada cada vez más a

menudo, consistiría en crear una nueva Cámaraque reagrupe a los diputados procedentes de lascomisiones de finanzas y de asuntos sociales delos Parlamentos nacionales. Este «senadoeuropeo» controlaría a la Agencia Europea de laDeuda y fijaría cada año los montos de préstamosautorizados. Tendría la ventaja de ser máscompetente que el Parlamento y de reunir a laspersonas que luego tendrían que asumirpolíticamente las consecuencias de sus decisionesen cada país afectado.

Tal vez sea la solución correcta. En ese caso,hay que poner rápidamente sobre la mesa unproyecto preciso, con la composición detallada,número y designación de miembros, procedimientode votos, etc. En cualquier caso, es esencialencontrar una solución que permita que comience afuncionar muy pronto con aquellos países que lodesean, y prever al mismo tiempo la incorporaciónprogresiva de todos los que querrán sumarse a estenúcleo duro federal para beneficiarse de una

deuda europea mutualizada.Tenemos que dejar de imaginar que son los

alemanes los que bloquean todo. En realidad,Alemania, que también es consciente de que no essuficientemente poderosa para regular elcapitalismo globalizado, ha avanzado más queFrancia en su reflexión sobre el indispensablesalto federal. Los «sabios» alemanes (colegio deeconomistas que aconsejan a la Cancillería, pocoreconocidos por sus inclinacionesrevolucionarias) propusieron el 9 de noviembreque toda la deuda superior al 60% del PBI fueramutualizada a nivel europeo, incluida, claro, ladeuda alemana. Y los democristianos adoptaron, el14 de noviembre, el principio de elección porsufragio universal del presidente de la ComisiónEuropea (golpe evidente para el presidentefrancés). En la negociación en curso, todo hacepensar que Sarkozy quedará atrapado en una lógicaintergubernamental pura y no querrá conceder ni uncentímetro de su poder. Solo podemos esperar que,

ante la gravedad de la situación, se decida por fina tomar las decisiones correctas.

La única solución: el federalismo

5 de junio de 2012

¿Qué consecuencias tendrá la negociación europeaen curso[73]? El peor escenario sería que Franciase conformara, por comodidad y para lucirse, conresponsabilizar a Alemania del posible fracaso delos eurobonos. Pero en realidad no hay ningunapropuesta francesa precisa sobre la mesa.

A primera vista, las cosas son muy claras:Francia propone mutualizar las deudas públicaseuropeas para que todos se beneficien con tasas deinterés bajas y previsibles, y puedan ademásprotegerse de la especulación. Es la únicasolución realista para los problemas de la zonaeuro. A partir del momento en que cada paísrenuncia a la posibilidad de devaluar su moneda,es indispensable obtener a cambio cierta

estabilidad financiera a nivel federal. De otromodo, el sistema explotará en un lapsorelativamente corto.

El problema es que Francia expone lasconsecuencias políticas de esta propuesta aregañadientes. Si se decide crear una deudacomún, no será posible dejar que cada país asumapor separado la cantidad de deuda común quedesea emitir. La mutualización de deudas implicanecesariamente un paso hacia la unión política y elfederalismo europeo.

Pues bien, en realidad los alemanes hanavanzado más que nosotros en esta cuestión, comolo demuestra la propuesta realizada por la UniónDemócrata Cristiana: elegir por sufragio universalal presidente de la Unión Europea. En unaentrevista reciente, el presidente del BancoCentral de Alemania[74] se burlaba de lassupuestas posiciones francesas sobre loseurobonos, dado que la cuestión del federalismoeuropeo y de las delegaciones de soberanía no

fueron siquiera mencionadas durante la campaña, ylos dirigentes franceses, aún hoy, evitan lacuestión.

Sin embargo, se trata de un problema urgente, yhay soluciones. Para que Europa sea por findemocrática, las decisiones que afectan la deudacomún deben ser tomadas en un recintoparlamentario federal, a partir de discusiones ydebates públicos. Los conciliábulos entre jefes deEstado no pueden ser el modo de gobernanza deEuropa. Pues bien, el Parlamento Europeodifícilmente pueda desempeñar ese rol, porqueincluye países ajenos a la zona euro y porque loslegisladores nacionales no pueden ser desposeídosde su poder presupuestario.

Una solución concreta podría ser la de crearuna nueva cámara presupuestaria específica parala zona euro, mediante la unión de las comisionesde finanzas y de asuntos sociales del Parlamentoalemán, de la Asamblea Nacional francesa, y delos demás países que deseen participar. Un

ministro de finanzas de la zona euro, a la cabezade un tesoro europeo, asumiría responsabilidadesante esta cámara y conformaría el embrión de ungobierno federal de Europa.

Al contrario de lo que se cree, una innovaciónde este tipo no está para nada fuera de nuestroalcance. Los países que lo deseen puedenperfectamente suscribir un tratado que ponga estasreglas en marcha, dejando a los otros laposibilidad de unirse más tarde. Los paíseseuropeos acaban de ponerse de acuerdo en pocosmeses sobre un tratado que no arregla ninguno delos problemas de la zona euro. ¿Por qué no sepodría, dentro de algunos meses, suscribir untratado adicional que proponga las soluciones aestos problemas?

Al dejar que el presidente del ConsejoEuropeo prepare la cumbre del 28 de junio, elgobierno francés apunta a poner a las institucionescomunitarias en el centro del juego, lo cual esloable. Pero si Francia no indica con precisión

hasta dónde está dispuesta a llegar en cuanto a loseurobonos y a la unión política, la posibilidad deun fracaso es evidente.

Y lo es todavía más porque hay propuestasmenos ambiciosas, pero relativamente precisas,que ya se encuentran sobre la mesa. La másdetallada es la del «fondo de rescate» propuestoen noviembre por los «sabios» alemanes. La ideaes mutualizar toda las deudas superiores al 60%del PBI (grosso modo, esto concerniría en primerlugar a Italia, seguida de Alemania, y luego aFrancia y España). Ese fondo sería alimentado poringresos fiscales provenientes de cada país enproporción a las deudas compartidas. Cuandoestas deudas lleguen a término, el fondo tomarápréstamos con la garantía solidaria de todos, loque evitará que los países acudan por separado alos mercados. En un primer momento rechazadopor Merkel, este plan acaba de ser retomado por elPartido Socialdemócrata y los Verdes alemanes, yobtiene cada vez más adeptos en la Unión

Demócrata Cristiana.El dispositivo, concebido para ser temporario,

tiene sus límites. El piso de 60% y la amplitud delroll over podrían obligar a un país como Italia atener que volver a los mercados dentro de algunosaños. La propuesta no alude a la unión política, locual es problemático teniendo en cuenta lasconsecuencias que las decisiones del fondotendrán para los presupuestos nacionales.

Aun así, esta propuesta tiene el mérito deexistir. Francia haría bien en inspirarse y poner supropio plan sobre la mesa. Al postergar lasdecisiones sobre los eurobonos y el salto hacia elfederalismo, Europa juega con fuego.

¿Qué federalismo? ¿Y para hacerqué?

4 de julio de 2012

Al postergar las decisiones importantes para másadelante, los responsables europeos reunidos enBruselas el viernes pasado[75] no hicieron más queganar un poco de tiempo. Lamentablemente, laperspectiva de unión bancaria, un avanceimportante, sigue sin tener una definición clara. Lacuestión de los eurobonos no fue siquiera evocada.Por una razón muy simple: Francia no formulóninguna propuesta precisa de unión presupuestariay política que permitiera poner en marchaconcretamente los eurobonos. Tres años despuésdel comienzo de la crisis del euro, se siguesosteniendo que es posible recuperarseacumulando parches y cumbres de emergencia, que

concluyen, de manera ritual, con conferencias deprensa nocturnas y gritos de victoria.

Pero el problema sigue intacto: ¿qué formaoriginal y pragmática podría asumir el federalismoeuropeo? Todo el mundo percibe que el euro nopuede sobrevivir bajo su forma actual. Pero, almismo tiempo, el salto hacia el federalismo generatemores, en parte con razón, y por eso, parasuperarlos, es necesario no demorar el debate.

En su columna (Libération, martes 18 de juniode 2012), Bruno Amable[76] explicabarecientemente que el salto fiscal corría gran riesgode ser un «salto mortal» para la protección social.El argumento de Bruno Amable, preciso yescalofriante, es el siguiente: los sistemaseuropeos de protección social son frágiles. Sonproducto de compromisos nacionales específicos yde valores de solidaridad pacientementeconstruidos en el marco de los Estados-nación. Yel riesgo es que queden cuestionados en el marcode un Estado federal más vasto, donde los

conflictos étnicos o nacionales suelen imponersesobre los conflictos de clase. En concreto, losEstados Unidos de Norteamérica no desarrollaronun Estado de bienestar porque no querían pagarpor los negros, y existe el peligro de que losEstados Unidos de Europa desmantelen el suyo porno querer pagar por los griegos.

El punto débil de este razonamiento creo quees que nada nos obliga, en el marco delfederalismo europeo, a uniformizar todo y a hacertodo de manera común. La regla debe ser simple:debemos reunirnos para lo que no podemos hacersolos. Nada más y nada menos. Sería por completoinútil y contraproducente fusionar los sistemas dejubilación de los diferentes países. Ya nos cuestaen Francia modificar las reglas, unificar losdiferentes regímenes, articular el derecho a lajubilación con la formación continua. Hay pocasprobabilidades de que el problema se simplifiquey de que el debate sea más sereno si lo llevamos aun nivel más alto. Lo mismo sucede con el debate

respecto a la fusión de la contribución socialgeneralizada (CSG) y el impuesto al ingreso, o lasemana escolar de cuatro días: estos debates yestas competencias deben permanecer en el nivelnacional.

En cambio, existen dominios, como laregulación de los mercados financieros y losparaísos fiscales, en los que cada país no puedehacer gran cosa si permanece aislado, y donde elnivel correcto de intervención es claramenteeuropeo. En la escala de la economía mundial,Francia y Alemania son apenas más grandes queGrecia o Irlanda. Si seguimos dividiéndonosquedaremos en manos de especuladores yestafadores. No es la mejor manera de defender elmodelo social europeo.

Por eso, debemos aunar urgentemente lasdeudas públicas de la zona euro para que losmercados dejen de imponer tasas de interéserráticas y desestabilizadoras a unos y otros, ytambién el impuesto sobre sociedades, que las

sociedades multinacionales eluden en formamasiva. Estas dos herramientas, y solo ellas, sonlas que debemos mutualizar y colocar bajo elcontrol de una autoridad política federal.

Concretamente, si se crea una nueva Cámarapresupuestaria de la zona euro, mediante lareunión de los diputados de las comisiones definanzas y de Asuntos Sociales de los Parlamentosnacionales, esta podría decidir por la mayoría elvolumen de deuda pública común que el Tesoroeuropeo podría emitir cada año. Se trataría delresultado de un debate público y democrático, conpropuestas de un ministro de Finanzas europeoresponsable ante dicha Cámara. Pero cadaParlamento nacional sería luego totalmente librede establecer el nivel global de deducciones ygastos, y por supuesto de su reparto. Por ejemplo,si se decide que el déficit europeo es el 3% delPBI, esto no impide de ninguna manera que un paístenga el 50% del PBI en gastos y el 47% endeducciones, y que otro tenga el 40 y el 37%. Un

sistema de este tipo exige un nuevo tratado entrelos países que deseen involucrarse, pero este no seencuentra a nuestro alcance; hace falta un poco devoluntad política, en particular en Francia.Esperemos que el debate sobre el federalismoeuropeo pueda finalmente tener lugar durante lospróximos meses.

Merkhollande y la zona euro: unegoísmo miope

18 de diciembre de 2012

¿Por qué Francia y Alemania no promueven launión política y presupuestaria de la zona euro?Por una simple razón: hoy en día, los dos gozan detasas de interés extremadamente bajas (menos del1%) y se lavan las manos cuando Italia y Españapagan tasas superiores al 5% y se hunden en lacrisis. Se trata de un egoísmo miope: todos vamosa sufrir la recesión que se instala en la zona euro.Además, nadie puede prever las violentasreacciones políticas que todo esto podría llegar aproducir en Europa del sur o en otra parte.

En el mejor de los casos, Europa habráperdido una década discutiendo y sin invertir en elfuturo. Incluso, si consideramos que tenemos el

mejor modelo social del mundo, y que deberíamostener las mejores universidades del planeta, paraganar así la batalla de la inteligencia y deldesarrollo sustentable en el siglo XXI.

En el jueguito de los egoísmos nacionales esdifícil descifrar quién es más culpable. Alemaniaacumula excedentes comerciales demasiadoelevados: nadie tiene necesidad de tales reservas,y por definición una estrategia de este tipo nopodría funcionar si la siguiera todo el mundo. PeroFrancia, además de mostrarse incapaz de reformary modernizar su sistema económico, fiscal ysocial, no formuló ninguna propuesta precisa quepermitiera mutualizar las deudas públicas.

La única propuesta concreta hasta hoy es la delos fondos de rescate, formulada hace exactamenteun año por el consejo de economistas alemanesque asesoran al gobierno. La idea consiste enreunir todas las deudas nacionales que excedan el60% del PBI. La propuesta dista de ser perfecta.Sobre todo, le falta una vertiente política: una vez

constituido el fondo, el déficit anual y el ritmo dedesendeudamiento y de emisión de deuda comúndeberían ser fijados por un parlamentopresupuestario de la zona euro, luego de unadeliberación pública y democrática —es decir, locontrario de las cumbres de jefes de Estado yministros que constituye hoy el modelo degobernabilidad de Europa—. Como sea, lapropuesta tiene el mérito de existir, y Francia nisiquiera se ha dignado a responder y formular supropia versión.

¿Qué hacer entonces? Primero, decirnuevamente que una moneda única con 17 deudaspúblicas diferentes no puede funcionar. La pérdidade soberanía monetaria debe ser compensada porel acceso a una deuda pública mutualizada y a unatasa de interés baja y previsible. Hay que darsecuenta de que, con una deuda pública del orden del100% del PBI, las olas especulativas sobre lastasas de interés tienen efectos enormes ydevastadores sobre las finanzas públicas. Italia

tiene actualmente un excedente primario del 2,5%del PBI (los impuestos superan el gasto público enun 2,5% del PBI), pero solo los intereses de ladeuda alcanzan para hundir al país en el déficit yla espiral de la deuda. A título de comparación, elpresupuesto total de todas las universidades,grandes escuelas e institutos superiores en Franciay en Italia es del orden del 0,5% del PBI.

Cualesquiera que hayan sido los errores de lagestión pasada —y hubo muchos—, no tienesentido imponerles a Italia, España y Grecia talcosto, y tal imposibilidad de invertir en el futuro.Nadie puede reformar su país con semejanteincertidumbre pesando sobre su cabeza.

La unión política y fiscal de la zona euro es laúnica manera de repartir equitativamente losesfuerzos. Uno de los efectos de la crisis fue elgran retorno del impuesto al patrimonio. No haynada de qué sorprenderse: en Europa, lospatrimonios privados se sitúan hoy en nivelesdesconocidos desde la belle époque, mientras que

los ingresos se estancan. En España, el impuesto ala fortuna, suprimido en 2008 por Zapatero, fueimplementado nuevamente en 2011. En Alemania,el Partido Socialdemócrata quiere recrear unimpuesto general al patrimonio. En Italia, loesencial de los nuevos ingresos fiscalesrecaudados por el gobierno de Monti proviene deun aumento del impuesto a las propiedades y a losactivos financieros. Incluso el FMI, cuya doctrinafiscal se resume generalmente en la promoción delIVA, aplaudió estas medidas.

El problema es que es imposible llevaradelante correctamente este tipo de reforma sin lacooperación europea, y en particular sin unintercambio automático de información sobre losactivos financieros que se radican en el extranjero.Así, Italia tuvo que introducir una tasa del 0,5%sobre las propiedades (que no pueden«deslocalizarse») y de solo el 0,1% sobre losactivos financieros, cuando en realidad estosúltimos representan lo esencial de los patrimonios

más elevados.Por un lado, los proveedores de fondos le

piden a Grecia que aumente la presión fiscal a susciudadanos más ricos; pero, por otro, se niegan aponer en marcha la unión fiscal que permitiríarealizar este objetivo, y se fuerza a Europa del Sura lanzarse a una gran subasta de sus activospúblicos a bajo precio. La coherencia y la valentía¿para cuándo?

Cambiar de Europa para superarla crisis

18 de junio de 2013

Cinco años después del comienzo de la crisisfinanciera, los Estados Unidos volvieron a crecer,Japón está en el mismo camino y solo Europaparece encerrada en el estancamiento permanente yla desconfianza: nuestro continente no harecobrado aún el nivel de actividad de 2007.Nuestra crisis de la deuda parece insuperable,incluso si nuestro nivel de endeudamiento públicoes más bajo que en el resto del mundo rico.

La paradoja no termina ahí. Nuestro modelosocial es el mejor del mundo, y tenemos todas lasrazones para unirnos y defenderlo, mejorarlo ypromoverlo. El total de los patrimonios (activosinmobiliarios y financieros, netos de toda deuda)

que tienen los europeos es el más alto del mundo,mucho mayor que en los Estados Unidos y Japón, ytodavía más que en China. Contrariamente a unaleyenda tenaz, lo que los europeos poseen en elresto del mundo es mucho más que lo que el restodel mundo posee en Europa.

Entonces, ¿por qué nuestro continente, a pesarde todas estas ventajas sociales, económicas yfinancieras, no consigue superar la crisis? Porqueseguimos divididos respecto a los detalles, y noscomplacemos en seguir actuando como políticosenanos y coladores fiscales. Estamos gobernadospor pequeños países que compiten salvajementeunos con otros (Francia y Alemania pronto seránminúsculos en la escala de la economía mundial),y por instituciones comunes totalmente inadaptadasy disfuncionales.

Después de la caída del Muro y del impacto dela unificación alemana, los dirigentes europeosdecidieron en pocos meses la creación de lamoneda única. Cinco años después del inicio de la

crisis económica más grave desde 1930, seguimosesperando un acto de valentía equivalente. Eldesafío que hay que asumir es claro. Una únicamoneda, con 17 deudas públicas diferentes y 27políticas fiscales que buscan ante todo rasguñarlos ingresos del vecino, no puede funcionar. Puesbien, es necesario reformar la arquitectura políticade Europa para unificar las deudas públicas yponer en marcha la unión presupuestaria y fiscal.

El corazón mismo del problema es el Consejode Jefes de Estado y sus declinaciones a nivelministerial (Consejo de Ministros de Finanzas,Eurogrupo, etc.). Queremos creer que puedefuncionar como cámara parlamentaria soberana enEuropa: una Cámara que represente a los Estados,al lado del Parlamento Europeo, que representa alos ciudadanos.

Esta ficción no funciona, y no va a funcionarnunca, por una simple razón: no se puede organizaruna democracia parlamentaria pacífica, pública ycontradictoria con un único representante por país.

Una instancia de este tipo conduce naturalmente alenfrentamiento de los egoísmos nacionales y a laimpotencia colectiva. Va más allá de las personas:el Merkhollande no funciona mejor que elMerkozy.

El Consejo es útil para establecer las reglasgenerales o para negociar cambios en los tratados.Pero para manejar todos los días una verdaderaunión fiscal y presupuestaria, para votar en formasoberana el nivel del déficit público y adaptarlo ala evolución de la coyuntura (a partir del momentoen que se mutualizan las deudas, no es posibleseguir eligiendo el déficit por separado), para fijardemocráticamente la base fiscal y la tasa deimpuestos que deben aplicarse en forma conjunta(empezando por el impuesto sobre sociedades, hoyeludido masivamente por las multinacionales),necesitamos un verdadero ParlamentoPresupuestario de la zona euro.

Lo más natural sería construirlo a partir deParlamentos nacionales, por ejemplo, uniendo los

diputados de las Comisiones de Finanzas delBundestag, de la Asamblea Nacional, etc., quepodrían reunirse una semana por mes para tomardecisiones comunes. Así, cada país estaríarepresentado por 30 o 40 personas y no por unasola. Los votos no se reducirían a enfrentamientosnacionales: los diputados del Partido Socialistafrancés votarían a menudo con los del PartidoSocialdemócrata alemán, y los de la Unión por unMovimiento Popular con los de la UniónDemócrata Cristiana alemana. Y, sobre todo, losdebates serían públicos y conflictivos, ygenerarían decisiones mayoritarias claras ytrasparentes.

De esta forma, terminaríamos con la fachadade unanimidad de los Consejos de Jefes de Estado,que nos anuncian regularmente a las 4 de lamañana que salvaron a Europa, antes de que nosdemos cuenta, al día siguiente, de que ni ellosmismos saben lo que decidieron. El premio a lairresponsabilidad se lo llevan sin duda las

decisiones que en forma unánime tomaron elEurogrupo y la «troika» respecto de Chipre, quenadie quería asumir públicamente durante los díassiguientes.

El problema es que los gobiernos de turnoparecen aferrados a este sistema. En el fondo hayun consenso bastante amplio, que va de losliberales alemanes a los socialistas franceses, encuanto a que el poder político europeo debepermanecer en el Consejo de Jefes de Estado.

¿Por qué esta actitud pusilánime? Laexplicación oficial es que los franceses no deseanel federalismo y que sería suicida lanzarse acambiar los tratados. Extraño argumento: a partirdel momento en que se eligió, hace veinte años,compartir nuestra soberanía monetaria, y que sefijan reglas extremadamente puntillosas sobre losdéficit públicos (como el piso de 0,5% y laspenalidades automáticas fijadas por el nuevotratado adoptado el año pasado), somos de hechoun sistema federal.

La pregunta es simple: ¿nos encaminaremos sincuestionamientos hacia un federalismotecnocrático o estamos por fin maduros paraapostar por un federalismo democrático?

¡Ciudadanos: a las urnas!

20 de mayo de 2014

El próximo domingo, los ciudadanos europeospodrán cambiar el destino de Europa si eligen aMartin Schultz como presidente de la Comisión.En todo caso, es lo que proclaman con orgullo lasprofesiones de fe de los candidatos socialistas,aunque olvidan rápidamente que ellos ya están enel poder en Francia. Entonces, ¿Europa cambiarárealmente el domingo[77]?

Es indudable que esta elección contiene en síun potencial de cambio y de transformación másimportante que todas las elecciones europeasprecedentes. Tal vez por primera vez el voto tengaun impacto directo sobre la elección delpresidente de la Comisión. Si las listas socialistaslogran un claro triunfo, los jefes de Estado no

tendrán más opción que proponer a Martin Schultzpara que sea aprobado por el Parlamento europeo.En cambio, si ganan las listas de derecha y centro-derecha, el designado será Jean-Claude Juncker.Schultz, socialdemócrata sólido y sincero, frente aJuncker, exdirigente inamovible de Luxemburgo,paraíso fiscal escondido en el corazón de Europa,y que bloquea desde hace años toda tentativa deponer en marcha la transmisión automática deinformación bancaria. En el fondo, la opción esbastante simple y amerita ampliamente quevayamos a votar el domingo. Salvo que tengamosque hacer cosas muy importantes.

Sin embargo, será necesario mucho más que unvoto a Schultz para cambiar el rumbo de Europa.El balance de la gestión de la crisis es calamitoso:en el bienio 2013-2014 el crecimiento en la zonaeuro ha sido casi nulo, mientras que ha quedadoclaramente repartido entre los Estados Unidos y elReino Unido. ¿Por qué transformamos una crisisde la deuda pública, que al comienzo era tan

elevada aquí como del otro lado del Atlántico y dela Mancha, en una crisis de desconfianza hacia lazona euro, crisis que amenaza con encerrarnos enun largo estancamiento? Porque nuestrasinstituciones comunes son deficientes. Pararetomar el crecimiento y el progreso social enEuropa, es necesario replantearlas completamente.

Este es el sentido del Manifiesto por una uniónpolítica del euro, que ha sido traducido ypublicado en seis idiomas europeos(pouruneunionpolitiquedeleuro.eu). La idea centrales simple: una moneda única con 18 deudaspúblicas diferentes sobre las que el mercadopuede especular libremente y 18 sistemas fiscalesy sociales en competencia desenfrenada unos conotros no funciona, y no funcionará nunca. Lospaíses de la zona euro eligieron compartir susoberanía monetaria y renunciar por lo tanto alarma de la devaluación unilateral, sin dotarse sinembargo de nuevos instrumentos económicos,sociales, fiscales y presupuestarios comunes. Esta

situación indefinida es la peor de todas.Más allá de la buena voluntad de Martin

Schultz, más allá de cuál sea la mayoría de la quedisponga en el Parlamento europeo, enfrentarábloqueos producto de la omnipotencia del Consejode los jefes de Estado y los ministros. Para salirde la regla de unanimidad, es preciso instituir unaverdadera Cámara parlamentaria de la zona euro,donde cada país pueda estar representado pordiputados de todas las tendencias políticas, y nopor una sola persona. Sin esto, la inerciacontinuará: la misma que nos obligó a esperar lassanciones estadounidenses contra los bancossuizos para hacer algunos progresos en materia detransparencia financiera en Europa; la misma quenos empuja a reducir cada vez más el impuesto alas empresas y permite a las grandesmultinacionales no pagar impuestos en ningúnlado.

Para ilustrar la grave disfuncionalidad de lasinstituciones europeas actuales, se podría citar la

lamentable deducción proporcional sobre losdepósitos chipriotas, votada por unanimidad en laopacidad del Consejo de ministros de finanzas enmarzo de 2013, antes de advertir que nadie estabadispuesto a defenderla. Si una nueva crisis seproduce a una escala más amplia, podemosesperar lo peor. Proclamar que la opinión públicano quiere a la Europa de hoy y concluir que no hayque modificar nada esencial de su funcionamientoes una incoherencia notable. Los tratados sereforman de manera permanente, y así seguirásiendo en el futuro. Más que esperar de brazoscruzados las futuras propuestas de Angela Merkel,es mejor prepararse y proponer una verdaderademocratización de Europa.

Para cambiar el destino de Europa, tambiénserá necesario tomar las riendas del tratado euro-americano. La Unión Europea y los EstadosUnidos representan la mitad del PBI mundial. Susresponsabilidades y sus opiniones no puedenreducirse a la liberalización de los intercambios

comerciales. Al apoyarse en el Parlamentoeuropeo y los parlamentos nacionales, es posibleimponer en este tratado el desarrollo de normasexigentes en el plano social, medioambiental yfiscal. La Unión Europea y los Estados Unidostienen el peso necesario para imponer a susempresas y a los paraísos fiscales nuevas reglas:una base fiscal consolidada del impuesto a lassociedades, un registro mundial —o al menoseuro-norteamericano— de títulos financieros. Eneste movimiento, Martin Schultz puededesempeñar un rol central. Así que soñemos unpoco y votemos.

De Egipto al Golfo, un polvorín dedesigualdades

17 de junio de 2014

Desde hace una semana, todas las miradas hanvuelto a posarse sobre Irak. Ya en enero, la tomade Faluya por grupos rebeldes del Estado Islámicoen Irak y en Levante (EIIL) y la incapacidad de lasfuerzas regulares de retomar la ciudad, situada sinembargo a menos de 100 kilómetros de Bagdad,demostraron la fragilidad del actual régimen.Ahora todo el norte del país parece tambalear. ElEIIL ahora parece estar preparado para unirse alos grupos sirios con el fin de constituir un nuevoEstado que reagrupe amplias partes de Irak y deSiria, transformando así las fronteras establecidaspor las potencias occidentales en 1920.

Estos conflictos suelen ser pensados como

guerras religiosas (sunitas contra chiitas). Peroesta grilla de lectura, indispensable, no debehacernos olvidar las tensiones creadas por ladesigualdad extrema en el reparto de las riquezasen esta región del mundo, sin duda la más desigualdel planeta. Numerosos observadores notaron quela llegada del EIIL haría sobrevolar una pesadaamenaza sobre Arabia Saudí y los emiratospetroleros (aunque tan suníes como el EIIL). Encierto modo, una repetición a mayor escala de laanexión de Kuwait por parte de Irak en 1991.

Sin llegar a esto, es evidente que el conjuntodel sistema político y social de la región seencuentra sobredeterminado y fragilizado por laconcentración de recursos petroleros en pequeñosterritorios sin población. Si se examina la regiónque va de Egipto a Irán, pasando por Siria, Irak yla Península Arábiga, es decir, cerca de 300millones de habitantes, vemos que las monarquíaspetroleras concentran un 60% del PBI regionalpara apenas el 10% de la población. Hay que

precisar además que una minoría de habitantes delas petromonarquías se apropia de una partedesproporcionada de este maná, mientras queamplios grupos (mujeres y trabajadoresinmigrantes sobre todo) son mantenidos en unasuerte de semiesclavitud. Se trata de regímenessostenidos militar y políticamente por laspotencias occidentales, demasiado felices alrecuperar algunas migajas de estas riquezas parafinanciar sus clubes de fútbol. No es sorprendenteentonces que nuestras lecciones de democracia yjusticia social surtan tan poco efecto en la juventudde Medio Oriente.

Si hacemos algunas hipótesis mínimas,podemos concluir sin dificultad que la desigualdadde los ingresos en el seno de Medio Oriente essensiblemente más elevada que en los países másdesiguales del planeta (los Estados Unidos, Brasily Sudáfrica incluidos[78]).

Otra manera de expresar esta realidad es lasiguiente. En 2013, el presupuesto total del que

disponen las autoridades egipcias para financiar eltotal de escuelas, colegios, liceos y universidadesde este país de 85 millones de habitantes esinferior a 10 000 millones de dólares. Unoscientos de kilómetros más lejos, los ingresospetroleros alcanzan los 300 000 millones dedólares en Arabia Saudita, con sus 20 millones dehabitantes, y superan los 100 000 millones dedólares en Catar y sus 300 000 cataríes. Al mismotiempo, la comunidad internacional se pregunta sihay que renovar un préstamo de algunos miles demillones de dólares para Egipto, o si no habríamás bien que esperar que el país aumentara lastasas sobre las bebidas gaseosas y los cigarrillos,como había prometido.

¿Qué hacer frente a este polvorín dedesigualdades? Primero, demostrar a la poblaciónque nos preocupamos más por el desarrollo socialy la integración política de la región que por larelación con los emires. Una política energéticaeuropea común nos permitiría hacer prevalecer

nuestros valores y nuestro modelo de sociedad, yno nuestros estrechos intereses financierosnacionales, tanto en Medio Oriente como, por otraparte, en Ucrania o Rusia. La hegemoníaestadounidense condujo al desastre iraquí quetodos conocemos. La embriaguez de omnipotenciapodría llevar nuevamente a un abuso de posicióndominante, como acaba de recordarlo en unaescala más modesta —aunque no despreciable—el caso BNP Paribas (las operacionesaparentemente inescrupulosas efectuadas con elrégimen sudanés justifican claramente la expulsiónde los dirigentes del banco, que en el pasadodaban lecciones de buena gestión a todo el mundo,pero no el pago de un tributo exorbitante al Tesoroestadounidense, que implicaría un riesgo dedesestabilización del sector bancario europeo).Para ocupar un verdadero lugar en lamundialización y transformar el planeta en un lugarmás justo, Europa, hoy más que nunca, tiene queunirse políticamente.

Parte VIII

La estrategia estadounidense y lascontradicciones de Obama

Viva Milton Friedman

20 de noviembre de 2006

Milton Friedman, personaje antipático si los hay,falleció la semana pasada a los 94 años(Libération del viernes). Como suele suceder enestos casos, su adhesión al liberalismo económicoa ultranza (fe ciega en el mercado y denigraciónsistemática del Estado) iba de la mano de ciertoantiliberalismo político (Estado autoritario,incluso fascistoide, para reprimir a los perdedoresdel mercado). Así lo confirman sus visitas decortesía al régimen de Pinochet en los añossetenta. Y la llamada sociedad «liberal» de Mont-Pèlerin, que presidió después de Hayek, nunca seprivó de mantener relaciones con algunosmediocres generales sudamericanos hasta lasdécadas de 1990 y 2000.

Pero el fallecimiento del premio Nobel de

Economía de 1976 reviste cierta importanciaporque no era solo un ideólogo más. Más allá deque se compartan o no sus análisis económicos,por no hablar de sus posiciones políticas, esdifícil negar que Friedman era un verdaderoinvestigador. Su considerable influencia se basasobre todo en la precisión y el rigor de los quesupo —a veces— dar prueba en sus trabajosuniversitarios.

Para comprobarlo, es útil sumergirse en suHistoria monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960, una obra monumental y clásica, publicada en1963, en los inicios de la revolución monetarista.Friedman recorre allí un siglo de capitalismoestadounidense y desentraña para cada período derecesión y de expansión económicas losmecanismos que conducen a estos giroscoyunturales. Presta una meticulosa atención a losmovimientos cortos de la política monetaria quelleva adelante la Reserva Federal (o Fed, el BancoCentral de los Estados Unidos), a los que estudia

sobre todo a través de los archivos y las actas desus diferentes comités. No es sorprendente que elfoco de la investigación se concentre en los añosnegros que siguieron a la crisis de 1929, terribledeflagración que se extendió hasta Europa yfavoreció el ascenso del nazismo, y que constituyeel punto de partida de toda la reflexiónmacroeconómica contemporánea. Para Friedman,no hay duda: fue la política groseramenterestrictiva de la Fed la que transformó la quiebrabursátil en una crisis del crédito, y sumergió laeconomía en la deflación y en una recesióninusitada, con una caída de la producción de másdel 20% y un desempleo cercano al 25%. La crisishabría sido ante todo monetaria, y no tendríamucho que ver con la crisis de subconsumorápidamente descripta por la vulgata keynesiana(los salarios progresaban al mismo ritmo que laproducción en los años veinte).

De este análisis erudito y técnico, Friedmanextrae conclusiones políticas claras: para asegurar

un crecimiento pacífico y sin obstáculos en elmarco de las economías capitalistas, es necesarioy suficiente seguir una política monetariaapropiada que permita asegurar una progresiónregular del nivel de los precios. Para Friedman, elNew Deal y su florilegio de empleos públicos ytransferencias sociales aplicado por Roosevelt ylos demócratas luego de la crisis de los añostreinta y de la Segunda Guerra Mundial son unagran mentira costosa e inútil. Dicho de otro modo,para salvar el capitalismo no hace falta un Estadode bienestar ni un gobierno tentacular, basta conuna buena Fed. En los Estados Unidos de los añossesenta y setenta, donde la izquierda soñaba condarle mejor forma al New Deal, pero donde laopinión comenzaba a inquietarse por la caídarelativa de los Estados Unidos respecto de unaEuropa en pleno crecimiento, este mensaje políticosimple y fuerte tuvo el efecto de una bomba. Lostrabajos de Friedman y de la escuela de Chicagocontribuyeron sin ninguna duda a desarrollar un

clima de desconfianza frente a la extensiónindefinida del rol de Estado y a forjar el contextointelectual que condujo a la revoluciónconservadora de Reagan-Thatcher de los años1979 y 1980, con las consecuencias generalizadasque ya conocemos en el resto de los países.

Es cierto, las conclusiones políticas queFriedman sacaba de sus investigaciones no estabanexentas de ideología: una buena Fed es, sin duda,algo bueno, pero una buena Fed y un buen Estadode bienestar probablemente sean algo mejor. Detodos modos, el mensaje no habría tenido tantainfluencia si no se hubiera apoyado en unaverdadera investigación, que condujo a unprofundo cuestionamiento del consenso, entoncesdominante, sobre la crisis económica más gravedel siglo XX. Hoy, los debates sobre la crisis de1929 y el rol que desempeñó la política monetariadistan de haber concluido, pero es imposibleignorar los trabajos de Friedman.

Este personaje antipático, pero trabajador,

demuestra también que para el debate económicoes sano contar con universitarios con conviccionesultraliberales, pero serios en su tarea comoinvestigadores. Una lección para tener en cuenta enFrancia, donde los escasos economistas que sedeclaran ultraliberales son investigadoresmediocres y sin ningún reconocimientointernacional, lo cual solo contribuye a alimentarla pereza intelectual y el conformismo a vecestambién presente en sus opositores.

Duelo Clinton-Obama sobre lasalud, esa herida norteamericana

10 de marzo de 2008

El duelo Obama-Clinton se ha reavivado, y seríaútil examinar un punto destacado del debate: lacuestión de la creación de un seguro de saluduniversal en los Estados Unidos. Sobre todoporque los ejes de la polémica pueden parecerincomprensibles vistos desde Francia y Europa.

En su ya famoso discurso «Shame on youBarack Obama» («Qué vergüenza, BarackObama»), que circuló profusamente por cables einternet, Hillary Clinton respondía con vehemenciaa su rival, quien le había reprochado quererobligar a los norteamericanos sin recursos acomprar un seguro de salud. Acusación indigna deun demócrata, respondió Hillary: ¿no debería el

partido unirse para realizar por fin el sueño deHarry Truman de un seguro de salud universal paratodos? De hecho, si Clinton propone un seguroobligatorio, en el plan de Obama este es opcional,de manera tal que una parte de los 50 millones deestadounidenses que actualmente no cuentan concobertura de salud seguirán sin tenerla.Hipocresía, retruca Obama: la cuestión no es queel seguro de salud sea obligatorio sino que seabarato; es lo que propone el plan de Obama, queha inyectado tanto dinero en el sistema de saludcomo el plan de Clinton.

¿Por qué tantas dificultades para terminar conesta herida norteamericana? Herida tan sangranteque, a pesar de lo que se cree, las personas sincobertura no tienen siquiera atención de urgenciaen los hospitales de los Estados Unidos. Unestudio reciente y muy difundido demostró que lospacientes admitidos en la guardia de urgenciaspocos días antes de cumplir los 65 años (por tanto,sin la cobertura de Medicare, el programa público

creado en 1965 para las personas de edad, ni la deMedicaid, destinada a personas sin recursos)recibían menos atención y tenían una probabilidadde muerte un 20% más alta que los admitidosalgunos días más tarde con las mismas patologías.

¿Por qué los candidatos no se ponen deacuerdo sobre un seguro obligatorio para todos,financiado con contribuciones o con un impuesto?El problema no es tan simple, porque los EstadosUnidos fueron demasiado lejos en cuanto a dejar lacobertura de salud a cargo de vastas redes deseguros privados, y ahora es difícil volver atrás.Es cierto que, sobre una población de 300millones de norteamericanos, 50 millones notienen ninguna cobertura, más de 40 millones depersonas mayores dependen de Medicare y más de50 millones de pobres, de Medicaid, pero existentambién 160 millones que gozan de una coberturade alto nivel gracias a sus seguros de saludprivados (generalmente financiados por susempleadores) y con la que están globalmente

satisfechos (nunca conocieron otra cosa).Si el gobierno federal decidiera súbitamente

extender el beneficio de Medicare o de unprograma público equivalente al conjunto de lapoblación, lo que requeriría un fuerte aumento delas cargas sociales correspondientes (actualmentesolo el 2,9% del salario bruto se destina afinanciar Medicare, contra un 12,4% que sedestina al sistema público de jubilaciones y el 6,2% al seguro de desempleo), es probable quenumerosos empleadores se nieguen a pagar dosveces y dejen de ofrecer una cobertura privada asus empleados. En el mediano plazo, sin embargo,la situación sería sin duda mejor para todos, yaque la competencia entre las compañías de segurosde salud privadas funciona mal y genera unainflación desigual de los costos.

Pero en lo inmediato, esta retirada de losempleadores y de las compañías privadas, y de lasdecenas de miles de redes de hospitales y médicosque los acompañan, provocaría un caos duradero

que aterra no solo a los aseguradores (recordemoslos spots publicitarios de 1994 y 1995 queagitaban el espectro de una burocracia federal queimpondría una salud nivelada para abajo a todoslos norteamericanos —no muy diferente de lo quedice McCain en 2008—) sino sobre todo a los 160millones de asegurados privados, que no quierenperder el sistema que garantiza su salud desdehace años. Por esta razón, tanto Obama comoClinton deben encontrar maneras indirectas yprogresivas de asegurar a los 50 millones deestadounidenses sin cobertura (a menudoempleados de pequeñas empresas o con empleosintermitentes), obligando por un lado a losempleadores a contratar seguros subvencionadospara sus empleados y, por otro, a las personas queviven de empleos intermitentes a adquirir unseguro subvencionado (lo cual constituye eldesafío más delicado).

Una buena noticia, sin embargo, es que los doscandidatos prometen anular la reducción de

impuestos de la era Bush para inyectar nuevosrecursos en la salud e iniciar una nueva etapa,trabajosa pero real, del sistema estadounidense.

Obama-Roosevelt: una analogíaengañosa

20 de enero de 2009

¿Será Obama un nuevo Roosevelt? La analogía estentadora, pero engañosa por varios motivos. Elmás evidente es la profunda diferencia de timing.Cuando Roosevelt fue investido presidente, enmarzo de 1933, la situación económica parecíatotalmente desesperante: la producción habíacaído más de un 20% desde 1929, el índice dedesempleo alcanzaba el 25%, por no hablar de laalarmante situación internacional. Luego de lacalamitosa presidencia de Hoover, que se enredódurante tres años en su estrategia«liquidacionista», que apuntaba a dejar que losbancos «malos» quebrasen uno tras otro, y en sudogmatismo anti Estado (excedentes

presupuestarios hasta 1931, ninguna reactivacióndel gasto público), los norteamericanos querían uncambio fuerte y esperaban a Roosevelt como sifuera el mesías. Esta situación desesperada lepermitió aplicar una política radicalmente nueva.

Para castigar a las élites financieras que seenriquecían al mismo tiempo que llevaban al paísal borde del precipicio, y también para contribuiral financiamiento de una expansión gigantesca delEstado federal, decidió llevar en pocos años al80-90% las tasas de imposición aplicables a losingresos y a las sucesiones más elevadas, nivel enel que se mantuvieron durante casi cincuenta años.

Obama llega al poder pocos meses después delestallido de la crisis. Encara una situación porcompleto diferente y con un timing políticonetamente menos favorable. La recesión estátodavía muy lejos de haber alcanzado el nivelapocalíptico de los años treinta, lo que limita losmárgenes de maniobra de Obama para imponermedidas revolucionarias. Y si la recesión se

agrava, corre el riesgo de ser consideradoresponsable, lo que no podía sucederle aRoosevelt. De hecho, menos confiado queRoosevelt en su legitimidad, Obama aplazóprudentemente sus proyectos de incremento fiscalpara los ingresos elevados, y eligió al mismotiempo dejar correr progresivamente lasreducciones de la era Bush: la tasa aplicable a losingresos más elevados subirá tímidamente del 35al 39,6% a finales de 2010, y la tasa aplicable a laplusvalía pasará del 15 al 20%.

Sus partidarios ya le reprochan lasinsuficiencias de su programa de inversionespúblicas y de su plan de reactivación, demasiadocentrado en los beneficios fiscales a favor de laclase media, popular para los republicanos perono demasiado ambicioso en términos de gastopúblico. La «depresión bipartidaria» nos acecha,escribía Paul Krugman hace algunos días en TheNew York Times. A favor de Obama, recordemosotra diferencia con la situación que enfrentaba

Roosevelt. En cierto modo, era mucho más fácilampliar el campo de intervención del Estado luegode la crisis de 1929, simplemente porque elgobierno federal casi no existía en aquella época.Hasta comienzos de los años treinta, el total de losgastos federales norteamericanos no superaba el4% del PBI, nivel que Roosevelt llevó a más del10% en 1934, antes de alcanzar el 45% durante laguerra y de estabilizarse en 18-20% en laposguerra, nivel en el que se mantiene hasta hoy.

Este incremento histórico del peso del Estadofederal corresponde a las inversiones públicas y alas grandes infraestructuras promovidas en losaños treinta y, sobre todo, a la creación de unsistema público de jubilaciones por reparto y delsubsidio de desempleo. Al igual que en Europa, elgran salto cualitativo del Estado moderno yasucedió; hoy es más bien tiempo de unaracionalización del Estado de bienestar que de unatarea de construcción y de expansión indefinidas.Obama deberá convencer a sus conciudadanos de

que la solución de la crisis y la preparación delfuturo exigen una nueva ola de inversionespúblicas, sobre todo energéticas y ecológicas, y degastos sociales, en particular en el terreno delseguro de salud, pariente pobre del magro WelfareState estadounidense. Esperemos, por él y por elmundo, que lo logre sin que tengamos queatravesar una depresión de la magnitud de la delos años treinta.

¿Hay que tenerle miedo a la Fed?

9 de noviembre de 2010

El nuevo plan de acción anunciado la últimasemana por la Reserva Federal norteamericanadespertó viejos fantasmas y generó confusiónintelectual. Sobre todo, en los medioshiperrepublicanos, eternos enemigos del gobiernofederal. Los partidarios del Tea Party llegaron areclamar la supresión de la Fed y ¡el regreso alpatrón oro! Más sorprendente aún: registramos unainquietud apenas más medida en ciertosobservadores europeos normalmente mejorinformados. Para los más extremistas, este regresode la «máquina de hacer billetes» amenazaría elequilibrio mundial. En el diario Le Monde delúltimo fin de semana, Pierre-Antoine Delhommaisllegó a cuestionar la salud mental del presidentede la Fed, Ben Bernanke. Caramba. Intentemos ver

más claro. Y digámoslo de una vez: hoy el mundono se encuentra amenazado en lo más mínimo porel regreso de la inflación, inferior al 1% tanto enlos Estados Unidos como en Europa. El programade compra de bonos del Tesoro anunciado por laFed asciende a un total de 600 000 millones dedólares (431 000 millones de euros), es decir,menos del 5% del PBI del país. Afirmar que unaemisión monetaria de esta naturaleza podríahacernos caer en la hiperinflación no tiene ningúnsentido. Generará, como mucho, algún porcentajede inflación, lo cual sería una excelente noticia. Elriesgo es más bien el de un largo estancamientodeflacionario, agravado por las políticas de ajustepresupuestario. En este contexto, es perfectamentelegítimo que la Fed y el Banco Central Europeo(BCE) presten dinero a los Estados, cuyas finanzaspúblicas quedaron devastadas por la crisisfinanciera y la recesión. La acción de los bancoscentrales permite reducir las tasas de interés delos títulos de la deuda pública y aliviar un poco

las obligaciones presupuestarias de los Estados,algo muy bueno para los tiempos que corren. Estopermite poner freno a la especulación de losmercados, como pudo verse con la crisis griega.Por supuesto, es necesario reducir el déficitpúblico. Pero hacerlo demasiado rápido y sin laayuda de los bancos centrales sería una locura. Noharía más que agravar la recesión, lo cual iría encontra del objetivo inicial.

Curiosamente, hace dos años todo el mundodefendía a los bancos centrales cuando se tratabade reflotar el sector financiero privado,responsable sin embargo de la crisis mundial. Esobvio que varias décadas de desprestigio delsector público han dejado huellas, y nos hicieronolvidar que la función de los bancos centrales noera simplemente ver pasar los trenes: en períodosde crisis graves, desempeñan el rol fundamental deprestamistas de último recurso. Este rol podríaadquirir una importancia aún mayor durante lospróximos años.

Por fortuna, esta idea comienza a aceptarse enEuropa. El consejo de banqueros centraleseuropeos, que difícilmente puede ser acusado detener un excesivo cariño por la inflación, aprobóde manera masiva la decisión del presidente delBCE, Jean-Claude Trichet, de continuar con supolítica de compra de títulos de deuda pública. Lavoz disidente, expresada por Axel Weber,presidente del Banco Central de Alemania, recibióseveras críticas, incluso en Alemania. No es elmomento de criticar a la Fed: vamos a necesitardel BCE para hacer lo mismo en los próximosmeses y años.

Ahora bien, que los bancos centrales tenganparte de la solución de la crisis actual no significaque debamos exagerar su poder. Ni ellos ni nadiepueden cambiar el hecho de que estamos en unperíodo histórico de acercamiento entre paísesricos y países pobres. Es decir, un período en elque Europa y los Estados Unidos crecen al 1 o 2%anual, mientras que China, India o Brasil tienen

tasas de crecimiento anuales del 5 o el 10%. Estasituación continuará sin duda hasta que lossegundos alcancen a los primeros, y luego esprobable que todo el mundo crezca de manerarelativamente lenta. Más vale habituarse a estarealidad inevitable, en lugar de culpar al resto delmundo.

Pobre como Jobs

25 de octubre de 2011

Todo el mundo adora a Steve Jobs, quien setransformó, más que Bill Gates, en el símbolo delemprendedor carismático y dueño de una fortunamerecida. El fundador de Microsoft prosperógracias a su cuasimonopolio de hecho en el terrenode los sistemas de explotación (es cierto que habíaque inventar Windows), pero el creador de Applemultiplicó las innovaciones (iMac, iPod, iPhone,iPad…), revolucionando a la vez los usos y losdiseños de la informática. Es cierto, nadie sabecuál es la parte de trabajo que aportaron estosgenios individuales y la que brindan miles deingenieros cuyos nombres desconocemos (por nohablar de los investigadores en electrónica einformática que no patentaron sus artículoscientíficos, pero sin cuyo trabajo ninguna de estas

innovaciones habría sido posible). Aun así, cadapaís y cada gobierno, tanto de derecha como deizquierda, no pueden más que desear elsurgimiento de este tipo de emprendedores.

En el orden simbólico, tanto Jobs como Gatesencarnan además la figura, muy tranquilizadorapara los tiempos que corren, del rico que merecelo que tiene. Se podría casi concluir que susfortunas (8000 millones de dólares paraJobs, 50 000 millones para Gates según laclasificación de la revista Forbes) sonexactamente lo que deberían ser en un mundoideal, el mejor de los mundos, donde todo marchaa las mil maravillas. Lamentablemente, la fortunano es solo una cuestión de mérito, y antes deabandonarse a este sentimiento de beatitud seríabueno mirar las cosas más de cerca.

Primera sospecha: Jobs, el innovador, es seisveces más pobre que Gates, el rentista deWindows, tal vez una prueba de que la política dela competencia todavía tiene que progresar un

poco.Más lamentable aún: a pesar de todas estas

invenciones geniales, que se vendieron pordecenas de millones en el mundo, a pesar de laexplosión de las acciones de Apple durante estosúltimos años, Jobs solo posee 8000 millones dedólares, es decir, tres veces menos que nuestraLiliane Bettencourt (25 000 millones en elbolsillo), a quien le bastó heredar su fortuna, sinhaber trabajado nunca. En la clasificación Forbes(que hace lo imposible por minimizar la herencia,a través tanto de sus métodos como de losdiscursos que los rodean), encontramos decenas deherederos mucho más ricos que Jobs.

Algo incluso más perturbador: más allá decierto nivel, las fortunas heredadas progresan aritmos tan rápidos y explosivos como las de losemprendedores. Entre 1990 y 2010, la fortuna deBill Gates pasó de 4000 a 50 000 millones dedólares, y la de Liliane Bettencourt, de 2000 a25 000 millones. En ambos casos, el salto

corresponde a una progresión anual promedio demás del 13% (es decir, un rendimiento real queronda el 10 u 11% si se deduce la inflación). Esteejemplo extremo revela un fenómeno más general.Para el común de los mortales, el rendimiento realpromedio del patrimonio no supera el 3-4%,incluso menos para los patrimonios muy pequeños(la cuenta de ahorro francesa denominada «libretaA» tiene una tasa del 2,25%, es decir, un 0,5% porencima de la inflación). Pero los patrimonios másimportantes, que pueden permitirse tomar másriesgos y pagarles a administradores de fortuna,obtienen rendimientos reales promedio netamentemás elevados, que ronda entre el 7 y 8%, y hastade más del 10% para las grandes fortunas,independientemente de toda actividad profesional,talento o mérito particular de los propietarios. Enlíneas generales: el dinero acumula dinero, ypunto.

Encontramos esta misma realidad en el caso delos fondos soberanos o de los fondos de ahorro de

las universidades. Entre 1980 y 2010, lasuniversidades estadounidenses, que tenían menosde 100 millones de dólares en esta clase defondos, obtuvieron un rendimiento real medio de«solo» 5,6% por año (neto de inflación y de todoslos gastos de gestión, lo que ya está bastante bien),contra 6,5% para los montos comprendidos entre100 y 500 millones, 7,2% para los situados entre500 y 1000 millones, 8,3% más allá de 1000millones y cerca de 10% para las tres vedettesHarvard, Princeton y Yale (que pasaron de algunosmiles de millones en los años ochenta a variasdecenas cada una en 2010, como Bill y Liliane).

El mecanismo es simple, pero su amplitud esperturbadora: si se prolongan estas tendencias,tendremos diferencias aún mayores en el repartode los patrimonios, y por lo tanto del podereconómico. Para regular esta dinámicapotencialmente explosiva, la herramienta correctasería un impuesto progresivo a la fortuna a nivelmundial, con tasas moderadas sobre las pequeñas

fortunas, a fin de favorecer a los emprendedorespor venir, y tasas mucho más elevadas a lasfortunas importantes que se reproducen solas.Evidentemente, todavía estamos lejos deconseguirlo.

FMI, ¡un esfuerzo más!

22 de octubre de 2013

Pues bien, el FMI, en su último informe, defiendelos impuestos progresivos. Incluso recomienda unimpuesto a los patrimonios privados para reducirel endeudamiento público. ¡Qué buena idea!Evidentemente, tal cambio de rumbo puedeprovocar más de una sonrisa. Pero intentemoscomprender mejor lo que el FMI propone y lo queno propone, de dónde viene y hacia dónde va.

Durante décadas, el FMI hizo todo paradeslegitimar el principio mismo del impuestoprogresivo. En todos los países en los queintervino, favoreció los impuestos al consumo (noprogresivos) o la tasa plana, es decir, un tipo deimpuesto que afecta con la misma tasa a todos losingresos, de los más bajos a los astronómicos.Explicó en todos lados que el uso de tasas más

altas para las franjas superiores de ingresos eranocivo para el crecimiento y debía ser abandonado(afirmación que no tenía sin embargo ningúnsentido desde un punto de vista histórico: elcrecimiento nunca fue tan alto como entre 1950 y1980, período en el cual la progresividad fiscalalcanzó su punto máximo, sobre todo en losEstados Unidos).

Aún hoy, la mayor parte de los ejecutivos delFMI —que ganan entre 300 000 y 400 000 dólaresanuales, y como si fuera justo son excusados detodo tipo de impuesto— continúan moldeados poresta ideología. Continúan explicando, con buenaconciencia, que el ajuste presupuestario pasa demanera prioritaria por el aumento del IVA y lareducción de gastos sociales, y defienden lasreformas (como la deducción de interesesnacionales para las acciones) que apuntan dehecho a vaciar de todo contenido el impuesto a losbeneficios y a las sociedades. De más está decirque el informe reciente hace rechinar los dientes

en los pasillos del FMI y que queda un largocamino por recorrer para transformar estasmentalidades. Sin embargo, al recordar que unregreso a la progresividad de 1980 permitiríacolmar buena parte del déficit norteamericanoactual, la institución de Washington franquea unaetapa importante de su propia historia.

La batalla por un impuesto progresivo alingreso está lejos de ser ganada. Detrás de estaprimera confrontación, se vislumbra una batallaintelectual y política aún más importante: la delimpuesto progresivo al patrimonio. El FMI tienerazón cuando subraya que el endeudamientopúblico de los países ricos, que hoy pareceinsuperable, no es nada comparado con la masa depatrimonios privados (financieros e inmobiliarios)que tienen los hogares de esos mismos países,sobre todo en Europa. El mundo rico es rico: sonsus Estados los que son pobres. La soluciónprevista por el FMI —a saber, la aplicación deimpuestos a los patrimonios privados para reducir

la deuda pública— tiene el mérito de hacer visibleel tabú. Demuestra el desasosiego de la instituciónfrente a la crisis actual. El FMI no supo anticiparla crisis de 2008 y se da cuenta ahora de que laestrategia de austeridad presupuestaria que élmismo favoreció solo prolonga la recesión, y quea este ritmo serían necesarias muchas décadaspara conseguir que las deudas regresen al nivel de2007.

Lamentablemente, estamos en medio delpantano. El problema es que el FMI no secompromete claramente en la vía de un impuestoprogresivo al capital. El informe evoca ciertaposibilidad de una tasa concentrada sobre lospatrimonios más elevados. Pero parece favorecersobre todo una solución del tipo tasa plana sobrelos patrimonios, que es un auténtico repelente:aplicar la misma tasa a los ahorros pequeños ymedianos y a las grandes carteras financieras notiene ningún sentido. No puede conducir más queal rechazo de este tipo de política. Además, las

autoridades europeas y el FMI impulsaron unasolución de este tipo durante la crisis chipriota dela primavera pasada, con el éxito que conocemos(no hay ningún mea culpa sobre este punto en elinforme: el episodio ni siquiera es evocado).Teniendo en cuenta la concentración extrema quecaracteriza la repartición del capital, la escala deimposición de los patrimonios debe serfuertemente progresiva, aún más que para losingresos.

Una progresividad de este tipo exige un altogrado de transparencia financiera internacional yde cooperación entre países, cuestión que el FMIapenas menciona. Todavía más lamentable, sin unobjetivo fiscal claramente formulado, lasnegociaciones actuales sobre los paraísos fiscalestienen muchas chances de estancarse. El objetivode la transmisión automática de informaciónbancaria debe ser observar el conjunto de losactivos financieros e inmobiliarios que tiene cadaindividuo en diferentes países y deducir un

impuesto progresivo sobre el patrimonio netoindividual.

Soñemos un poco: ¿y si los funcionarios de laComisión Europea y los ministros europeos definanzas, en lugar de estar siempre a la zaga de losdel FMI (a la zaga para repetir la doxa fiscalultraliberal, o el cambio que sobrevenga luego),decidieran tomar la delantera y hacer propuestas?¿Y si los responsables políticos europeos,comenzando por los dirigentes franceses yalemanes, asumieran por fin susresponsabilidades?

De la oligarquía en América

22 de abril de 2014

¿El futuro de Norteamérica será la oligarquía o laplutocracia? Una decisión reciente de la CorteSuprema, que retira todo límite al financiamientoprivado de las campañas políticas, acaba derelanzar este temor. Las centenas de millones dedólares que los millonarios e hiperrepublicanoshermanos Koch[79] desembolsaron para los spots ylos think tanks al servicio de los candidatos quese ubican más a la derecha se transformaron en unsímbolo del dinero todopoderoso. El espectro deuna deriva hacia la hiperdesigualdad y una capturacreciente del proceso político por el «1%» agitacomo nunca los debates del otro lado delAtlántico. Hace algunos años ya, el movimientoOccupy Wall Street y sus extraños eslóganes

(«Somos el 99%») sorprendieron a Europa.Nuestro continente está muy preocupado —enparte con razón— por la modernización de suEstado social y los fracasos de su moneda única.Si Obama explicó recientemente que ladesigualdad era «el principal desafío de nuestrotiempo», fue ante todo porque el aumento de lasdesigualdades ha sido infinitamente más masivo enlos Estados Unidos. En un primer momento,asistimos a un despegue sin precedentes de lasremuneraciones de los superejecutivos. Ahora, laconcentración creciente de los patrimonios estápasando a ser el problema principal. La parte queel 1% de los más ricos posee en el capitalnacional norteamericano se acerca peligrosamentea los picos observados en la Europa del AntiguoRégimen y de la belle époque. Para un país que seconstruyó en gran medida como la antítesis de lassociedades patrimoniales europeas, el impacto esfuerte.

El crecimiento perpetuo de la población

norteamericana, el dinamismo de susuniversidades y de sus innovaciones, vienenpreservando por ahora al país de esta deriva. Peroya no alcanza. Una primera vez, hacia la década de1900 y hasta la de 1920 —en la época de laGilded Age, de Rockefeller y del gran Gatsby—,el aumento de las desigualdades había suscitado unvasto debate nacional. Así, el país tuvo queinventar, en el período de entreguerras, unafiscalidad fuertemente progresiva para losingresos más altos y los patrimonios heredadosmás importantes, con tasas marginales superioresque alcanzaron o superaron el 70-80% durantemedio siglo.

¿Vamos a asistir, durante los próximos años ydécadas, a una reacción similar de la democracianorteamericana? La decisión de la Corte Supremamuestra que la batalla política promete ser dura,pero se puede ganar. Los jueces constitucionalesestadounidense ya habían intentado bloquear elimpuesto al ingreso en el siglo XIX y el salario

mínimo en los años 1930. Hoy ha comenzado adesempeñar el mismo rol reaccionario, como lohace por otra parte el Consejo Constitucionalfrancés, cada vez más atento a dar fuerza de ley asus opiniones fiscales conservadoras, con total yabsoluta buena conciencia.

Una dificultad suplementaria es que laregulación del capitalismo patrimonial delsiglo XXI exige el desarrollo de nuevasherramientas y de nuevas formas de cooperacióninternacional. Solo los Estados Unidos representancerca de un cuarto del PBI mundial. El país tieneel tamaño suficiente para actuar, en particular paratransformar su impuesto proporcional sobre losbienes inmuebles (producto del siglo XIX, al igualque los impuestos similares en Europa, al estilodel impuesto a la propiedad en Francia) en unimpuesto anual y progresivo sobre el patrimonioneto individual (tomando en cuenta los préstamos yactivos financieros). Esto permitiría mejorar lasituación de todos los que buscan acceder a la

propiedad, y a la vez limitaría la concentración enlo alto de la pirámide. Los Estados Unidos yademostraron su capacidad de doblegar a losbancos suizos para lograr la transmisiónautomática de información sobre los activosfinancieros de sus residentes.

Para ir más lejos, sería necesario que la UniónEuropea desempeñara por fin su rol y desarrollaracon los Estados Unidos un verdadero registrointernacional de títulos y activos. La opacidadfinanciera y la concentración creciente depatrimonios son los desafíos que afectan alconjunto del planeta. Según las clasificacionesestablecidas desde 1987 por Forbes, lospatrimonios mundiales más altos progresaron a unritmo promedio del 6-7% por año entre 1987 y2013, contra apenas el 2% para el patrimoniopromedio a nivel mundial. El riesgo de una derivahacia la oligarquía existe en todos los continentes.

En China, las autoridades eligieron por elmomento regular el problema caso por caso, al

estilo ruso: se tolera a los oligarcas en la medidaen que sean dóciles con el poder, y se los expropiasi amenazan a los príncipes rojos del momento, osi se percibe que el límite de tolerancia de laopinión pública puede ser superado. Sin embargo,las autoridades chinas parecen empezar a tomarconciencia de los límites de una estrategia de estetipo, y los debates sobre la aplicación de unimpuesto a la propiedad ya comenzaron hace rato.El tamaño del país, muy pronto un cuarto del PBImundial, y su carácter fuertemente centralizado —mucho más que los Estados Unidos— lepermitirán, llegado el caso, actuar con eficacia.

Este país global, la Unión Europea (el tercercuarto del PBI mundial), sufre evidentemente de sudesmembramiento político. Sin embargo, teniendoen cuenta las necesidades financieras de su modelosocial, es la parte del mundo que tiene el mayorinterés en actuar contra los paraísos fiscales. Si seubica esta cuestión en el corazón del futuro tratadoeuro-americano, tiene todas las chances de ser

escuchada por una Norteamérica acechada por ladesigualdad.

THOMAS PIKETTY. (Clichy, Francia, 1971) esprofesor en la École d’Économie de Paris, de lacual fue su primer director. Es considerado uno delos pioneros en la reciente literatura sobre laevolución histórica del segmento de la poblacióncon mayores ingresos. En 2013 recibió el premioYrjö Jahnsson de la European EconomicAssociation, que se otorga cada dos años a uneconomista europeo menor de 45 años, y en 2012fue nombrado por la revista Foreign Policy uno de

los «100 pensadores globales más influyentes».

Notas

[1] La presente edición en castellano ha sidoactualizada e incorpora artículos publicados por elautor hasta el mes de junio de 2014. [N. de E.]. <<

[2] En Francia, la tasa de crecimiento real delingreso nacional pasó del 5,2% anual promedioentre 1949 y 1979 al 1,7% promedio entre 1979 y2009; es decir, se dividió por tres. <<

[3] Véase T. Piketty, «On the Long-Run Evolution ofInheritance: France 1820-2050», École d’Économie de Paris, 2010, y Quarterly Journalof Economics, 2011 (textos disponibles enpiketty.pse.ens.fr). <<

[4] Véase G. Zucman, «The Missing Wealth ofNations: Are Europe and the U. S. net Debtors ornet Creditors?», École d’Économie de Paris, 2011,disponible enwww.parisschoolofeconomics.eu/zucman-gabriel.Véase también, del mismo autor, La riquezaescondida de las naciones. Cómo funcionan losparaísos fiscales y qué hacer con ellos, BuenosAires, Siglo XXI, 2015. <<

[5] Véase World Top Incomes Database,disponible enwww.parisshoolofeconomics.eu/topincomes. <<

[6] Véase por ejemplo C. Landais, T. Piketty y E.Saez, Pour une révolution fiscale, París,Seuil, 2011, y disponible en www.revolution-fiscale.fr. <<

[7] Véase por ejemplo A. Bozio y T. Piketty, Pourun nouveau système de retraite, París, Éditionsrue d’Ulm, 2008, disponible en piketty.pse.ens.fr.<<

[8] Dominique de Villepin fue primer ministro deFrancia entre el 31 de mayo de 2005 y el 15 demayo de 2007, durante la presidencia de JacquesChirac. [N. de T.]. <<

[9] Miembro del Partido Socialista, Michel Rocardse desempeñó como primer ministro entre 1988 y1991, durante la presidencia de FançoisMitterrand. [N. de E.]. <<

[10] A pedido de Lionel Jospin, el economistafrancés Edmond Malinvaud evaluó una reforma delas cargas sociales. En el informe resultante,desestimó un cambio en la base tributaria. [N. deE.]. <<

[11] Se trata de la ley de reforma de lasjubilaciones de 2003. Entre sus principalesmedidas deben mencionarse el aumento de lacantidad de años de aportes necesarios paraobtener jubilaciones plenas (de cuarenta a cuarentay dos años), los estímulos para que los altosejecutivos pudieran seguir trabajando y el impulsoa un sistema de jubilación complementario porcapitalización individual. [N. de T.]. <<

[12] Las zonas de educación prioritaria (ZEP)fueron creadas en 1981 por el gobierno socialistacon el objetivo de luchas contra el fracaso escolar.Son zonas en que están situados escuelas ycolegios que, una vez caracterizados como partede áreas vulnerables, reciben recursossuplementarios y obtienen mayor autonomía paraenfrentar dificultades escolares y sociales. Lainstauración de las ZEP significó una ruptura delmodelo escolar igualitarista de Francia, y suimpulso fue motorizado en torno a la consigna «darmás a quienes más lo necesitan». [N. de T.]. <<

[13] Véase nota de p. 23. <<

[14] En francés, prime pour l’emploi [PPE],beneficio que se otorga a los hogares en los que almenos un integrante ejerce una actividadprofesional y cuyos ingresos no superan ciertolímite. [N. de T.]. <<

[15] El Pacto Civil de Solidaridad o Pacs es una delas formas de unión civil que admite el derechofrancés. Tiene por objeto organizar y reglamentarla vida en común pero, a diferencia del casamientocivil, puede realizarse independientemente delsexo de los contrayentes. Los derechos, deberes yobligaciones que dicha unión civil implica no sonexactamente iguales a los del casamiento. [N. deT.]. <<

[16] El 3 de enero de 2007, el primer ministrofrancés de entonces, Dominique de Villepin,anunció que presentaría un proyecto de ley por elcual el Estado se convertiría en el garante jurídicodel derecho a la vivienda, lo que habilitaba a losciudadanos a exigir judicialmente una vivienda ala administración pública competente. [N. de T.].<<

[17] Véase nota de p. 30 acerca de la prima por elempleo. <<

[18] La franquicia médica en Francia deja a cargodel asegurado la parte de los gastos sanitarios queno cubre el seguro de salud. Supone, por tanto,pagar una diferencia. Durante su campañaelectoral, Nicolas Sarkozy no ocultó su proyectode ampliar, una vez en el poder, las franquiciasmédicas ya existentes desde 2005. [N. de T.]. <<

[19] El movimiento internacional ATTAC nació en1998 en Francia como grupo de presión a favor dela introducción de una tasa a las operacionesfinancieras internacionales (conocidapopularmente como tasa Tobin), que permitierarestringir la volatilidad de los mercados decapitales especulativos. [N. de T.]. <<

[20] Funcionario francés con amplia trayectoria enla Dirección General de Finanzas, Jean-PierreLandau fue director ejecutivo, por Francia, delFMI y del Banco Mundial. Entre 2001 y 2006desempeñó el mismo cargo en el Banco Europeopara la Reconstrucción y el Desarrollo. [N. de E.].<<

[21] El autor se refiere a la Ley de Reforma de lasSucesiones, promulgada el 23 de junio de 2006.Dicha ley reformó las reglas de la sucesión enFrancia, hasta entonces principalmente estipuladasdesde el Código napoleónico de 1804, y lasadaptó a las nuevas realidades sociológicas delpaís. Dos de sus objetivos centrales fueronfacilitar las transmisiones de patrionio en lapsosde tiempo más breves y modificar los campos deaplicación de las donaciones, permitiendo porejemplo que se realizasen entre donantes yherederos sin lazos de sangre directos, o bien entreabuelos y nietos sin otras mediaciones. [N. de T.].<<

[22] Véase nota de p. 31. <<

[23] En la fiscalidad francesa, las deduccionesliberadoras son un aporte que los contribuyentespueden elegir en lugar del impuesto al ingreso enlo que concierne a sus ingresos por inversiones. Adiferencia del impuesto al ingreso, que esprogresivo, las deducciones liberadoras son a tasafija, no dependen del ingreso global delcontribuyente y no están integradas en el impuestoal ingreso, de ahí que se las denomine«liberadoras». [N. de T.]. <<

[24] Durante 2007 y 2008, el gobierno de NicolasSarkozy impulsó la reforma de los denominadosregímenes especiales de jubilación. Dichosregímenes permitían hasta entonces que ciertasprofesiones pudieran acceder a una jubilación atasa plena con menos años de aportes que lamedia. [N. de T.]. <<

[25] ARRCO es la sigla de la asociación para elrégimen de jubilación complementaria para losasalariados, no ejecutivos. AGIRC se refiere a laasociación general de instituciones de jubilaciónde ejecutivos. En ambos casos de trata de cajas dejubilación complementarias del sector privado.[N. de T.]. <<

[26] Antoine Bozio y Thomas Piketty, «Retraites:pour un système de comptes individuels decotisations», disponible enwww.jourdan.ens.fr/piketty. <<

[27] Se refiere al informe que elaboró la comisiónpresidida por Joseph Stiglitz, presentado enFrancia en septiembre de 2009. Dicho informe,realizado a pedido del presidente Sarkozy, sugeríala necesidad de modificar el criterioexcesivamente cuantitativo para medir lasperformances económicas de los países y proponíala elaboración de nuevos indicadores para medirlas riquezas que mejoraran al clásico PBI. [N. deT.]. <<

[28] Véase T. Piketty, C. Landais y E. Saez, Pourune revolution fiscale, París, Seuil, 2011. <<

[29] Véase nota de p. 30. [N. de T.]. <<

[30] Tras sucesivas crisis económicas, tensionescon los accionistas y cambios en el directorio, acomienzos de 2014 los empleados del diarioLibération iniciaron una serie de protestas yhuelgas. El 13 de febrero de 2014, NicolasDemorand renunció a la presidencia deldirectorio. A partir del 31 de julio de 2014 eldiario fue recapitalizado y el holding PresseMedia Participations (PMP) se transformó en elaccionista mayoritario. [N. de T.]. <<

[31] En febrero de 2005, un artículo del semanarioLe Canard Enchaîné reveló que el ministro deEconomía, Finanzas e Industria, Hervé Gaymard,su esposa y sus ocho hijos vivían en un dúplex de600 m2, en uno de los barrios más lujosos deParís, cuyo alquiler de 14 400 euros mensualespagaba el Estado. Por otra parte, la parejapercibía un alquiler por el departamento queposeía a pocos metros de distancia, donde habíavivido hasta unos meses antes. El escándalogenerado por la noticia finalizó con la renuncia deGaymard, diez días más tarde. [N. de T.]. <<

[32] El caso Bettencourt saltó a la primera plana delos medios franceses el 16 de junio de 2010, apartir de la publicación de una serie de escuchastelefónicas en el periódico digital Mediapart. Lasgrabaciones clandestinas realizadas por elmayordomo de Liliane Bettencourt, empresaria,principal accionista del grupo L’Oréal y dueña deuna de las principales fortunas de Francia,confirmaban las sospechas de evasión fiscal porparte de la multimillonaria. Por otra parte lasescuchas evocaban la posibilidad de conflictos deintereses vinculados al ministro de Trabajo ÉricWoerth, cuya esposa trabajaba para la sociedadque administraba la fortuna de Bettencourt y lasacciones del grupo L’Oréal. [N. de T.]. <<

[33] Acerca del aporte de Zucman, véase nota de p.14. <<

[34] Véase una referencia a sus trabajos en nota dep. 14. <<

[35] Principal periódico francés de informacióneconómica y financiera, de orientación liberal. [N.de E.]. <<

[36] Véase www.revolution-fiscal.fr/annexes-simulateur/Donnees/pdf/CN16.pdf. <<

[37] Jean-Louis Borloo —por entonces ministro deTrabajo y de Cohesión Social— propuso durantelos primeros días de diciembre de 2004 endeclaraciones a la prensa la creación de un«contrato de trabajo intermedio» para lostrabajadores que fuesen víctimas de despidos pormotivos económicos. Dicho contrato permitiríaque los trabajadores despedidos en zonasespecíficas siguiesen cobrando sus salariosdurante un período de un año a dieciocho meses.[N. de T.]. <<

[38] A pedido del gobierno francés, loseconomistas Pierre Cahuc y Francis Kramarzrealizaron un análisis comparativo de la situaciónsocioeconómica del país y de sus pares de laOCDE, en el que relevan la precariedad delmercado de trabajo francés. [N. de E.]. <<

[39] El debate sobre los cupos de inmigración fuerelanzado en 2005 por Nicolas Sarkozy, entoncesministro de Gobierno del primer ministro Jean-Pierre Raffarin. El objetivo de esta política era,según los argumentos de Sarkozy, pasar de unainmigración «sufrida» a una inmigración«selectiva». Se trataría de establecer criteriospara favorecer la inmigración de personas concalificaciones supuestamente útiles para eldesarrollo de Francia, y definir límites por oficioy nivel de capacitación. [N. de T.]. <<

[40] Ministra de Asuntos Sociales durante lagestión de Lionel Jospin, Martine Aubry impulsóla ley de reducción de la jornada de trabajo (detreinta y nueve a treinta y cinco horas semanales),además de otras disposiciónes laborales. [N. deE.]. <<

[41] El Contrato de Primer Empleo (CPE) fue unproyecto de contrato de trabajo destinado a losmenores de 26 años. Dichos contratos preveían,entre otros puntos polémicos, la posibilidad parael empleador de contar con dos años «deconsolidación», durante los cuales podía despedira su empleado sin dar motivos ni justificaciones.Sin embargo, la fuerte oposición de los jóvenes yde buena parte de la población, que se manifestóincluso en marchas callejeras, hizo finalmenteretroceder al gobierno en la implementación de lamedida. [N. de T.]. <<

[42] Laurent Fabius era uno de los precandidatossocialistas para las presidenciales de 2007.Finalmente, tras vencer en las internas socialistas,la candidata del partido fue Ségolène Royal. [N.de T.]. <<

[43] Véase nota de p. 30. <<

[44] Se refiere a las dificultades que tuvieron lossocialistas para implementar su propuesta dereducción del tiempo de trabajo mediante lasemana laboral de treinta y cinco horas en lugar decuarenta. Tal como se puntualiza en este artículo,uno de los principales eslóganes de Sarkozydurante la campaña electoral que lo llevó a lapresidencia había sido «Trabajar más para ganarmás», propuesta que solía acompañar con elogiosa los franceses «que se levantan temprano y seacuestan tarde». [N. de T.]. <<

[45] Véase nota de p. 30. <<

[46] El ingreso de solidaridad activa (RSA por susigla en francés) es una prestación social quefunciona como complemento para los trabajadorespobres y como mínimo social para quienes notrabajan. Fue implementada a partir de 2007,durante el gobierno de Nicolas Sarkozy. Dichaprestación garantiza un ingreso mínimo a cambiodel compromiso del beneficiario de buscar trabajoo de encarar un proyecto profesional que lepermita mejorar su situación financiera. Por otraparte, apuntaba a reemplazar el ingreso mínimo deinserción (RMI), prestación social que había sidoimplementada durante los años ochenta por elgobierno socialista. [N. de T.]. <<

[47] Se refiere al informe del Instituto Nacional deEstadísticas y de Estudios Económicos (INSEE)publicado en 2009. Dicho informe presentó unaserie de elementos de diagnóstico sobre ladistribución del valor agregado, de las ganancias yla evolución de las remuneraciones en Francia. [N.de T.]. <<

[48] Véase T. Piketty y A. Bozio, Pour un nouveausystème de retraites, París, Éditions rue d’Ulm.[N. de T.]. <<

[49] El 7 de septiembre de 2010, François Fillon,ministro de Trabajo, Solidaridad y FunciónPública, y Éric Woerth, primer ministro delgobierno encabezado por el presidente Sarkozy,presentaron un proyecto de ley para reformar elsistema jubilatorio. Consistía en un conjunto demedidas entre las que sobresalía la pretensión deextender por dos años la edad mínima jubilatoriaen Francia, que pasaría de 60 a 62 años,manteniendo el requisito de cuarenta y un años deaportes para poder jubilarse a tasa plena. [N. deT.]. <<

[50] Laurent Wauquiez fue ministro delegado a losAsuntos Europeos en el gabinete de la ministra deRelaciones Exteriores y Europeas Michèle Alliot-Marie, durante el gobierno del primer ministroFrançois Fillon y la presidencia de NicolasSarkozy. Wauquiez era además uno de los cuadrosmás jóvenes del elenco gubernamental y ejercíauna influencia creciente en el partido gobernante,la UMP. [N. de T.]. <<

[51] Acerca de las ZEP, véase nota de p. 29. <<

[52] Acerca de esta ley, véase nota de p. 29. <<

[53] Se refiere a la segunda vuelta de las eleccionespresidenciales de 2007 en las que Nicolas Sarkozyse impuso con el 53,06% de los votos, superandoa la candidata socialista Ségolène Royal, queobtuvo el 46,94% de los sufragios. [N. de T.]. <<

[54] Bayrou fue el candidato de la centrista Uniónpor la Democracia Francesa (UDF) a laselecciones presidenciales del 22 de abril de 2007,elección en la que llegaría a obtener el 18,57% delos votos. Se ubicaría finalmente como el tercerhombre detrás de Sarkozy y Royal, que definierondicha elección en segunda vuelta. [N. de T.]. <<

[55] La Quinta República francesa habilita al jefede Estado (el presidente) a disolver el Parlamentoy convocar a elecciones anticipadas. En este caso,el autor se refiere a la sorpresiva disoluciónimpulsada durante la presidencia de JacquesChirac en 1997. Las elecciones legislativas quepermitieron la conformación de un nuevoParlamento le otorgaron la mayoría a la izquierda(socialistas, comunistas, verdes, radicales y delMovimiento de los Ciudadanos) que conformaronuna alianza de Izquierda Plural para elegir alsocialista Lionel Jospin como primer ministro. Apartir de ese momento se conformó un gobierno«de convivencia», con Chirac como presidente yJospin como primer ministro elegido por elParlamento. [N. de T.]. <<

[56] El CAC 40 [Cotation Assistée en Continu] esun índice bursátil, ponderado según lacapitalización de los cuarenta valores mássignificativos entre las cien empresas principalesque se negocian en la Bolsa de París. [N. de T.].<<

[57] Jean-Louis Beffa —director entre 1986 y 2007de Saint-Gobain, empresa especializada enproducción y distribución de materiales para laconstrucción y la industria automotriz— redactó uninforme a pedido del presidente Jacques Chirac.Titulado «Por una nueva política industrial», dichoinforme proponía ante todo una serie de medidaspara dinamizar la innovación industrial en Francia.[N. de T.]. <<

[58] Las clases preparatorias a las escuelas de élite(CPGE) son clases que se imparten en losinstitutos durante dos años y son necesarias paraingresar a establecimientos públicos y privados deeducación selectiva. [N. de T.]. <<

[59] El denominado mapa escolar se refiere alsistema de afectación de alumnos a las escuelas ocolegios públicos según el sector geográficodonde esos alumnos están domiciliados. [N. de T.].<<

[60] Acerca de Bayrou, véase nota de p. 176. <<

[61] La Comisión para Liberar el Crecimiento oComisión Jacques Attali, a raíz del nombre de supresidente, fue creada por Nicolas Sarkozy en2007 con el objetivo de redactar un informe quecontenga recomendaciones para relanzar elcrecimiento económico en Francia. El informeentregado en 2008 proponía 316 medidas paraalcanzar dicho objetivo. Jacques Attali es uneconomista francés que se había desempeñadocomo consejero especial de François Mitterrandentre 1981 y 1991, autor de numerosos libros ycolumnista habitual de los medios franceses. [N.de T.]. <<

[62] Se refiere a la ley relativa a las libertades yresponsabilidades de las universidades,denominada ley Pécresse por el apellido de laentonces ministra de Educación Superior eInvestigación Valérie Pécresse. Dicha ley fuesumamente polémica, fundamentalmente por suconcepción de la autonomía universitaria comomera autonomía presupuestaria y por el modelo degestión de recursos humanos que alentaba para lascasas de estudios. [N. de T.]. <<

[63] El Plan Campus, anunciado por la ministra deEnseñanza Superior e Investigación ValériePécresse durante la gestión de François Fillon,tenía como objetivo crear doce polos deexcelencia universitaria de nivel internacional, quese financiarían con recursos excepcionales. [N. deE.]. <<

[64] Se refiere a la proliferación de radiosasociativas y no comerciales a partir de 1981,debido al fin del monopolio estatal sobre la radioy la televisión. La mayoría de estas radios,impulsadas por diferentes movimientos de laizquierda francesa y europea, eran consideradasclandestinas o piratas hasta entonces. [N. de T.].<<

[65] La directiva Bolkenstein es un documento de laUnión Europea presentado inicialmente por quienera el comisario europeo para el Mercado Interno,Frits Bolkenstein, en 2003 y finalmente aprobadacon varias modificaciones por el Consejo Europeoy el Parlamento Europeo en 2006. Dicha directivamodificó parcialmente la legislación sobre elmercado de servicios en la Unión Europea, dadoque permite que un prestador de servicios de unEstado miembro vea facilitadas sus posibilidadesde operar en otro Estado miembro. En 2005,durante las semanas previas al plebiscito acercade la ratificación o no del tratado que aceptaba laConstitución Europea, la directiva fue presentadapor distintos actores políticos partidarios del «no»como paradigma de las propuestas de una «Europaliberal» y, específicamente por sectores de laderecha nacionalista, como una normativa quehabilitaría una migración masiva de trabajadores

de los países del Este hacia Francia. La metáforaque en ese entonces condensó los argumentos deesta índole y que persistió varios meses fue la deuna supuesta invasión futura de «plomerospolacos». [N. de T.]. <<

[66] El 29 de mayo de 2005 se celebró en Franciael plebiscito acerca de la ratificación o no deltratado que aceptaba la Constitución Europea. El«no» obtuvo el 54,68% de los votos. [N. de T.].<<

[67] Tras la imposibilidad del canciller GerhardSchröder de obtener el voto de confianza a sugobierno en julio de 2005, el 18 de septiembre deese año se realizaron elecciones legislativasfederales en Alemania. La candidata a laCancillería de la CDU, Angela Merkel, obtuvo el 35,2% de los votos y 226 escaños en elParlamento, mientras que Schröder, candidato delSPD, alcanzó el 34,3% y 222 bancas. Un acuerdoentre las dos fuerzas políticas, alcanzado luego devarias semanas de negociación, constituyó ungobierno conocido como «la gran coalición»,liderado por Merkel. [N. de T.]. <<

[68] A fines de noviembre de 2008, y en el marcode la crisis desatada durante ese año, GranBretaña anunció un plan de relanzamientopresupuestario de unos 20 000 millones de libras,al mismo tiempo anunció una reducción del IVAdel 17,5 al 15% que entraría en vigor desde elprimero de diciembre de ese mismo año. El primerministro británico Gordon Brown apelaba por esosdías en pos de una acción coordinada entre losEstados Unidos y Europa. Las críticas desdeFrancia y Alemania no tardaron en hacerse oír. [N.de T.]. <<

[69] Acerca de este plan, véase nota de p. 219. <<

[70] El Consejo Constitucional de Francia es unainstitución creada por la constitución francesa de1958 (quinta República). Su rol principal espronunciarse sobre la constitucionalidad o no delas leyes y de ciertos reglamentos, así comogarantizar la regularidad de las elecciones yreferendos. A diferencia de nuestro sistema deCorte Suprema, el Consejo Constitucional no seubica en la cima de la jerarquía de los tribunales,ni judiciales ni administrativos. Esas jerarquíascorresponden a la Corte de Casación y al Consejode Estado. [N. de T.]. <<

[71] Se refiere al Consejo Constitucional ubicadoen el Palais Royal de la rue de Valois. [N. de T.].<<

[72] En junio de 1935, en plena crisis, Pierre Lavales designado primer ministro de Francia. Duranteel mes de julio de ese mismo año se sancionan unaserie de decretos para «organizar la deflación», lacaída de los precios. Dichos decretos sonacompañados por una reducción general del 10%de los gastos del Estado. El paquete de medidasdemostró ser incapaz de terminar con la crisis. [N.de T.]. <<

[73] El autor se refiere a las negociacionesvinculadas a la crisis financiera europea yespecialmente a las expectativas que acompañaronlas primeras semanas del gobierno de FrançoisHollande, del cual se esperaba una negociacióntensa y prolongada con la Alemania gobernada porAngela Merkel. [N. de T.]. <<

[74] Jens Weidmann, presidente del Banco Centralalemán, declaró que rechazaba la propuesta decampaña del presidente electo francés FrançoisHollande sobre la necesidad de revisar el pactopresupuestario europeo, emitir eurobonos ypermitir que el Banco Central Europeo prestedirectamente a los Estados, sin pasar por otrasmediaciones de la banca privada. [N. de T.]. <<

[75] Los días 28 y 29 de junio de 2012 se reunieronen Bruselas, en el marco de la convocatoria delConsejo Europeo, los jefes de Estado de lospaíses miembros de la Unión Europea. Los temasprincipales abordados en dicha reunión fueron lacrisis financiera de la zona euro, en particular lasituación económica en España, y la creación deun mecanismo común de supervisión de losbancos. [N. de T.]. <<

[76] Profesor de Economía de la UniversidadParís I y columnista habitual en la prensa francesa.[N. de T.]. <<

[77] Entre el 22 y el 25 de mayo de 2014 serealizaron elecciones en los veintiocho Estadosmiembros de la Unión Europea para elegirdiputados europeos. El Parlamento elegiría alpresidente de la Comisión Europea conposterioridad a dicha elección sobre la base de lapropuesta del Consejo Europeo, que se inclinófinalmente por Jean-Claude Juncker. [N. de T.]. <<

[78] Véase F. Alvaredo y T. Piketty, «Measuringincome inequality and top incomes in the MiddleEast: Data limitations and illustrations with thecase of Egypt», Economic Research Forum (Giza,Egipto), Working Paper n.º 832, mayo de 2014. <<

[79] Dedicados a los negocios petroleros, Charles yDavid Koch son dueños del segundoconglomerado industrial de los Estados Unidos yde la tercera fortuna de ese país. [N. de T.]. <<