Irizar 2c Jose Manuel c. Misiones

7/26/2019 Irizar 2c Jose Manuel c. Misiones

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IRIZAR, JOSE MANUEL C/ MISIONES, PROVINCIA DE S/ INCONSTITUCIONALIDAD.

S.C. I.43.XXIII.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

Juan Manuel Irizar inicia la presente accin, en

los trminos del artculo 322 del Cdigo Procesal Civil y

Comercial, contra la Provincia de Misiones, tendiente aobtener la declaracin de inconstitucionalidad de la ley

local n2256, en cuanto supedita el trmite de solicitudes

de gua forestal a que el peticionante acredite que ha

satisfecho las tasas municipales e impuestos provinciales

que afectan a las tierras donde se realiza la explotacin.

Manifiesta que es titular de un inmueble ubicado

en jurisdiccin de la referida Provincia, al que decidi

transformar de un bosque degradado e improductivo a una

estructura de produccin agrcola-forestal, en el marco de

una serie de planes aprobados por el Ministerio de Ecologa

y recursos Naturales Renovables de ese Estado.

Seala que, en pleno desarrollo las labores de

forestacin, la autoridad provincial -con apoyo en la ley

n2256 citada- se neg a extenderle nuevas guas

forestales necesarias para la extraccin y comercializacin

de madera de su propiedad, actividad que le provee los

fondos indispensables para la realizacin de los

mencionados planes forestales.

Pone en conocimiento de V.E. que, si bien las

ltimas guas le fueron extendidas por Resolucin de dicho

Ministerio, el 23 de noviembre de 1989, se aclar, con


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referencia a una carta documento suya que haba remitido, que

"...vencido el plazo all sealado de 60 das a partir de la

extincin de las guas y cupones forestales se exigira un

convenio de pago con la Municipalidad...para continuar

extendiendo las guas correspondientes de acuerdo a lo que

exige la ley..." (fs. 17/8).

Considera violentados los derechos emergentes de

los artculos 9, 10, 11, 14, 17, 18 y 28 de la Constitucin

Nacional, no obstante puntualizar que "...no discute la

procedencia del pago de la tasa exigida por la provincia

demandada para la extensin de las guas forestales, sino la

exigencia de la previa comprobacin del pago de los impuestos

provinciales y municipales que afectan las tierras donde se

realiza la explotacin forestal" (fs. 18).

Sin perjuicio de lo cual y con cita del precedente

de V.E. "Urrutia Hermanos S.C.A. c/ Pcia. de Misiones" (E.D.,

tomo 74:286), argumenta que toda vez que "...las guas

constituyen el nico instrumento habilitante para la salida

de la madera fuera de los lmites de mi propiedad y para el

trnsito dentro y fuera de la provincia..." (arts. 56 y 57 de

la Ley Forestal n854), consagrndose como infraccin todo

acto u omisin relativo "...al pago de las tasas o afines al

transporte de la madera..." (art. 68, modificado por la ley

n1129), la ley en cuestin "...al hacer que todos los

tributos provinciales y municipales de hecho constituyan un

obstculo al trnsito intra e interprovincial, aunque ese no

fuere el carcter de los tributos, acarrea la

inconstitucionalidad de tales gravmenes..."


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(fs. 79 vta.). Empero, circunscribe su planteo de

inconstitucionalidad a la ley n2256.

Tacha esta disposicin legal de irrazonable dado

que, a su juicio, no existe adecuacin entre el medio

empleado por la ley y la finalidad que persigue desde que

si el propsito de la normativa es asegurar el pago de las

contribuciones provinciales y municipales, no considera

racional la consecucin de dichos objetivos por la va de

obstaculizar ilegtimamente el ejercicio del comercio y la

libre circulacin de las mercaderas por el territorio de

la Nacin, ya que el fisco tiene a su alcance, a los

efectos de la normal percepcin de la renta pblica, medios

expeditos como el procedimiento de ejecucin fiscal.

Estima que ello viola, incluso, su derecho de de-

fensa en juicio, al no permitirle, como contribuyente,

ejercer, siquiera de manera limitada, las defensas que

podra articular en ese marco procesal. Afecta, adems, -

dice- el derecho de trabajar y ejercer todo comercio o

industria lcita pues la exigencia consagrada en la ley n

2256 "...hace que, de hecho, todos los tributosprovinciales y municipales funcionen como gravmenes a la

mera circulacin territorial...".

-II-

La Provincia de Misiones contest la demanda a

fs. 59/71 y cuestion, en primer lugar, la configuracin de

los recaudos que el artculo 322 del Cdigo Procesal en lo

Civil y Comercial de la Nacin exige respecto de la vaintentada.


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Puso de relieve, en este sentido, la ausencia de

incertidumbre en la relacin jurdica sobre la que reposa la

impugnacin; la inexistencia de inters para efectuar el

planteo de inconstitucionalidad, dado que responsabiliz al

actor, por su obrar -que calific de negligente y renuente en

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales-, de cualquier

gravamen que pudiera sufrir; y la existencia de vas idneas

en el orden local para ventilar la cuestin.

Luego de negar todos y cada uno de los hechos invo-

cados en la demanda, especialmente argument que la ley en

cuestin no vulnera derechos constitucionales, sino que

importa el ejercicio del poder consagrado en el artculo 104

de la Constitucin Nacional, en virtud del cual los estados

provinciales poseen amplias facultades para establecer guas

como requisito sobre el transporte en la medida en que no se

cree un derecho al trnsito. Extremo que consider que no se

configura en autos desde que lo que se exige mediante la nor-

mativa local es el cumplimiento de "...la obligacin tributa-

ria (tasa), que no tiene la naturaleza de un derecho de trn-

sito, sino que pretende que aquel que ejerce la actividad

forestal, usufructuando la riqueza nativa y sus vas de co-

municacin cumpla con sus obligaciones fiscales..." (fs. 67).

Asign carcter ordenatorio a la legislacin cues-

tionada ya que "...a la vez que tiende a proteger la riqueza

natural, exige el cumplimiento de los tributos provinciales y

municipales que son obligaciones legales anteriores y pre-

existentes...legtimas manifestaciones de las potestades tri-


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butarias de la Provincia y del Municipio..." y que, unido a

la realidad ecolgica y econmica de la Provincia

"...obliga al legislador provincial a acudir en apoyo de

los municipios a fin de evitar que la extraccin de la

riqueza natural disminuya las garantas del fisco cuando

ste pretenda hacer efectivas sus pretensiones tributarias

sobre los inmuebles de cada jurisdiccin" (fs. 67).

Dijo que "...el objeto perseguido por la Ley Pro-

vincial...es impedir que la utilizacin y extraccin de los

recursos naturales del territorio provincial se realice sin

la adecuada contraprestacin de los particulares, quienes

deben contribuir al sostenimiento, progreso y desarrollo de

la Provincia" (fs. 67 vta.).

Y, si bien reconoce que tal recaudo debi

establecerse como requisito previo a la aprobacin del plan

forestal en cuyo marco desarrolla su actividad la actora,

explica que la oportunidad consagrada por la norma

respondi a que solamente as el particular pondra en

evidencia "...un inters serio en la explotacin

forestal..." (fs. recin citada).

Contest, por ltimo, los restantes agravios de

la demandante con fundamento en la violacin de la garanta

de la defensa en juicio y de los derechos de trabajar y

ejercer comercio o industria lcita (fs. 68/9) y propuso

tambin su rechazo.

-III-

Producida la prueba y clausurado el perodo a

ella destinado (fs. 225), las partes presentaron sus

alegatos (fs. 227/235), tras lo cual se remiti el

expediente a esta


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Procuracin General para que conteste la vista conferida a

fs. 236.

-IV-

Corresponde, en primer lugar, expedirse en torno al

planteo que efecta la Provincia de Misiones respecto a la

viabilidad de la accin intentada. En tal sentido, es cri-

terio de V.E., reiteradamente expuesto, que el acceso a esa

jurisdiccin no puede quedar subordinado, en aquellos supues-

tos en que surte en razn de la materia o de las personas, al

cumplimiento de requisitos exigidos por leyes locales, como

el haber agotado la va administrativa o judicial que regulan

tales preceptos (doctrina de Fallos: 273:269; 279:33;

285:209; 304:1129; 307:1302, entre muchos otros) ya que ese

tipo de reglamentacin "...no se puede referir sino al propio

gobierno provincial y, por lo tanto, a los juicios a seguirse

ante los tribunales locales" (doctrina de Fallos: 57: 337;

205:87, entre otros).

Por otro lado, los restantes agravios vinculados a

la procedencia formal de la va elegida han sido planteados,

en mi parecer, sobre extremos que constituyen materia propia

de los jueces de la causa y, por ende, ajena al alcance de

este dictamen.

-V-

Paso a pronunciarme, entonces, respecto de la cues-

tin de fondo que motiva esta vista. As, del anlisis de la

norma cuestionada surge que, con el objeto de obtener la sa-

tisfaccin de obligaciones tributarias -cuya existencia y

exigibilidad exceden el marco de esta litis- condiciona el

transporte de los productos forestales propios y esenciales


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a la actividad de la industria lcita que el actor ejerce

en el marco del plan forestal aprobado por la propia

demandada.

Para fundar la legitimidad de esa disposicin, el

poder pblico local invoc el ejercicio de atribuciones

propias.

En lo que a ello concierne, V.E. ha reconocido a

los estados provinciales poderes atribuidos para el cumpli-

miento de sus fines, en virtud de los cuales puede interve-

nir, por va reglamentaria, en el desenvolvimiento de cier-

tas industrias y actividades a efectos de restringirlo o

encauzarlo en la medida en que lo exijan la defensa y el

afianzamiento de la salud, el orden pblico o an los

intereses econmicos de la colectividad (Fallos: 200:450 y

217:468).

As tambin, es reconocida la facultad de los

estados provinciales para establecer impuestos locales y,

en general, todas las contribuciones que juzguen

conducentes a su bienestar y prosperidad, sin ms

limitaciones que las enumeradas en el artculo 108 de la

Constitucin y con exclusin de aquellas que han sido

reservadas para el Gobierno de la Nacin.

Al respecto, de acuerdo con los artculos 104 y

105 de la Constitucin Nacional, las provincias se hallan

facultadas para crear impuestos sobre todas las cosas que

forman parte de su riqueza general, la eleccin de objetos

imponibles, la determinacin de los medios para

distribuirlos en la forma y alcance que les parezca ms

conveniente e incluso las formalidades de percepcin y las

acciones judiciales pa-


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ra hacerlo efectivo (Fallos: 187:317; 189:135; 194:56 citados

en Fallos: 209:487; Fallos: 187:306, cons. 4citando Fallos:

154:337; 191:460 y sus citas de Fallos: 137:212; 150:419;

154:104; 298:341, cons. 8, entre muchos otros). A punto tal

que sobre su conveniencia o inconveniencia, as como sobre su

monto, el Poder Judicial de la Nacin es incompetente para

pronunciarse y lo atinente a ello queda librado a la

sabidura y prudencia de la Legislatura local (Fallos:

179:98, cons. 3).

-VI-

Empero, los principios hasta aqu expuestos no obs-

tan a que, como ocurre con toda norma jurdica, las disposi-

ciones legales y los actos de las autoridades de provincia,

llevados a cabo en ejercicio de las facultades recin des-

criptas, sean susceptibles de ser cuestionadas en cuanto a su

constitucionalidad.

Examen que no ha de incluir la eficacia de los me-

dios arbitrados para alcanzar los fines propuestos o si de-

bieron elegirse esos u otros procedimientos (Fallos: 199:

483; 277:147, entre otros), sino que slo cabe un pronuncia-

miento acerca de la razonabilidad de los medios empleados, es

decir, si son o no proporcionados a los fines que el le-

gislador se propuso conseguir, y, en consecuencia, si es o no

admisible la consiguiente restriccin de los derechos in-

dividuales afectados.

Ya que como dijo V.E. en Fallos: 171:349, nunca ha

entendido que pueda sustituir su criterio de conveniencia o

eficacia econmica o social por el del legislador para pro-

nunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las


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leyes, sea de las que regulan trabajos, comercios o indus-

trias con fines de polica, sea de las que establecen

impuestos o tasas (Fallos: 98:20; 147:402; 150:89;

160:247).

Debe radicar su examen y pronunciamiento en la

conformidad que de acuerdo con los artculos 28 y 31 de la

Constitucin Nacional deben guardar con ella las leyes, de

modo tal que el ejercicio de esas amplias facultades

discrecionales, sea dentro de la esfera del poder de

polica o de la del poder impositivo, se compatibilicen con

el respeto a las garantas individuales que consagra la

Constitucin Nacional (Fallos: 187:306).

Aun cuando estas ltimas, tambin es sabido, no

son absolutas (Fallos: 199:149 y 483; 200:450; 249:252;

262: 205, entre muchos otros) sino que estn sujetas, en su

ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el

orden y la convivencia social (Fallos: 188:105) y que

precis el juez Harlan al sostener que "la libertad

asegurada por la Constitucin no importa un derecho

absoluto para cada persona de estar, en todo tiempo y en

todas las circunstancias, enteramente libre de

restricciones. Hay mltiples restricciones a las cuales las

personas se hallan necesariamente sujetas para el bien

comn... La verdadera libertad para todos no podr existir

bajo la accin del principio que reconociera el derecho de

cada individuo para usar el propio, sea con respecto a su

persona o a su propiedad, con prescindencia del dao que

pudiera ocasionar a los dems. Esta Corte ha reconocido ms

de una vez que es un principio fundamental el


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de que las personas y la propiedad estn sujetas a toda clase

de cargas y restricciones, en orden a asegurar el bienestar,

salud y prosperidad del Estado" (197 US 11, 26).

Principio que ya la Declaracin Universal de los

Derechos del Hombre, aprobada por Naciones Unidas en 1948,

reconoca cuando consagr que "...en el ejercicio de sus

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona es-

tar sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el

nico fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los

derechos y libertades de los dems y de satisfacer las justas

exigencias de la moral, del orden pblico y del bienestar

general en una sociedad democrtica" (artculo 29), y que fue

recogido en anlogos trminos por el apartado 2del artculo

32 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos,

aprobada por ley 23.054.

Es por ello que la interpretacin del instrumento

poltico que rige el ordenamiento jurdico argentino no debe

efectuarse de tal modo que queden frente a frente los dere-

chos y deberes por l enumerados, para que se destruyan

recprocamente. Antes bien y como V.E. lo record en Fallos:

312:496, ha de procurarse su armona dentro del espritu que

les dio vida; cada una de sus partes ha de entenderse a la

luz de las disposiciones de todas las dems, de tal modo de

respetar la unidad sistemtica de la Carta Fundamental (Fa-

llos: 167:211; 171:348; 181:343; 199:483; 240:311; 242:353;

246:345; 251:86; 253:133; 255:293; 258:267; 272:99 y 231;

276:265; 280:311; 289:200; 300:596; 301:771, entre muchos

otros).

Como consecuencia de lo cual, la mencionada rela-


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tividad de los derechos no puede ser de tal naturaleza que

consagre una violacin a los fines tenidos en mira al

reconocerlos ya que si bien el poder poltico tiene tal

facultad con el objeto de preservar otros bienes tambin

ponderados en la Ley Fundamental, esa atribucin -que

constituye la esencia misma de las potestades del rgano

legislativo- debe ser ejercida en forma razonable: esto es,

justificada por los hechos y las circunstancias que le han

dado origen y por la necesidad de salvaguardar el inters

pblico comprometido y proporcionado a los fines que seprocura alcanzar, de tal modo de coordinar el inters

privado con el pblico y los derechos individuales con el

de la sociedad (Fallos: 136:161; 172:21 y 291; 199:483;

200:450; 201:71; 204:195; 243:449 y 467; 263:83; 269:416;

297:201 citados en Fallos: 312:496, cons. 7).

-VII-

Cabe entonces analizar, a la luz de losprincipios antes expuestos, si la condicin requerida en la

ley n2256 de la Provincia de Misiones, en cuanto

establece que "La Direccin General de Bosques y

Forestacin, para dar curso a las solicitudes de gua

forestal, que presenten los interesados en explotaciones

madereras, requerir la acreditacin en forma fehaciente

que se han abonado las Tasas Municipales e Impuestos

Provinciales, que afectan a las tierras donde se realiza la

explotacin, sin cuyo requisito no se dar curso a peticin

alguna" (fs. 14) se encuentra dentro de dichos lmites.


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Ello es as toda vez que el actor puntualiza que

"...no discute la procedencia del pago de la tasa exigida por

la provincia demandada para la extensin de las guas fo-

restales..." cuestin sometida a consideracin en Fallos:

101:8 (cons. 30), ni tampoco las facultades del estado pro-

vincial para emitir, en el ejercicio de su poder de polica,

las guas forestales "...sino la exigencia de la previa com-

probacin del pago de los impuestos provinciales y municipa-

les que afectan las tierras donde se realiza la explotacin

forestal" (fs. 18 vta.)

Circunscripta as la cuestin, procede considerar

que las guas forestales tienen por objeto legitimar la cir-

culacin de productos de esa naturaleza, tal como surge del

art. 56 de la ley n854 de Forestacin (Anuario de Legisla-

cin 1977-B, pg. 1904/1913) en cuanto establece que "Los

productos forestales no podrn ser transportados fuera del

lugar de extraccin o apeo sin: a) estar marcados o indivi-

dualizados, y b) Sin las correspondientes guas parciales,

expedidas por la Direccin General de Bosques, que tendrn

carcter de documento pblico".

Principio que concuerda con lo estipulado en el se-

gundo prrafo de esa misma disposicin legal en cuanto dispo-

ne que "A los propietarios, concesionarios, transportistas

y/o empresas de transporte, establecimientos industriales y

comerciantes de la madera, les est prohibido liberar, trans-

portar y/o aceptar cargas de productos forestales que no se

encuentren amparados por las respectivas guas, o cuando su

naturaleza o cantidad no coincidan con las especificaciones


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contenidas en la citada documentacin". Y, con el artculo

57, que crea la gua fluvial con el fin de "...amparar los

productos y/o subproductos forestales a ser transportados

por va fluvial".

No es ocioso recordar que las guas tienen, tam-

bin, como propsito fundamental permitir la individuali-

zacin del propietario de la cosa estableciendo una presun-

cin juris tantum frente al control que ejercen las autori-

dades pblicas durante la circulacin econmica y territo-

rial, dentro del mbito local o interjurisdiccional. A

punto tal que el artculo 70 de la ley de forestacin de la

Provincia de Misiones establece que "Se presume que los

productos forestales transportados sin amparo de guas son

de origen fiscal, salvo la prueba en contrario que podr

producir el propietario...".

Asimismo, se le asigna el carcter de instrumento

pblico acreditante de la habilitacin para aquel que sea

tenedor o poseedor del bien durante su circulacin o

trnsito, sujeto a las infracciones y penalidades

tipificadas en el Ttulo XII de la Ley de Forestacin

provincial, entre las que se incluye la prohibicin de su

transporte fuera del lugar de extraccin o apeo sin la

portacin de la gua (conf. art. 56, inc. "b" antes citado,

la misma ley).

Habida cuenta de lo expuesto, la exigencia de su

expedicin y tenencia aparece impuesta, en hiptesis como

la de autos, por razones de polica, de higiene y de

seguridad en el trfico de los bienes.


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-VIII-

Sin embargo, el legtimo ejercicio del poder de po-

lica exige proporcionalidad entre los medios arbitrados para

ese fin y la consecucin de los propsitos perseguidos, de

modo tal que la relacin entre ambos extremos se presentacomo indispensable (doctrina de Fallos: 98:20; 147:402; 150:

89; 160:247; 171:349) examen para el cual deber demostrarse

que la ley impugnada le impide al actor ejercer su actividad,

no bastando la sola limitacin o la reglamentacin de las

condiciones en que la misma debe ser ejercida.

Es de toda evidencia que los trminos del condicio-

namiento para la tramitacin de la solicitud de guas, no

slo impide al actor su obtencin sino que las consecuencias

que necesariamente de ello se derivan conducen a la imposibi-

lidad de ejercer su industria lcita de manera que los bienes

producto de la explotacin a su cargo puedan circular y ser

comercializados.

As, entonces, advierto que este gravamen se vincu-

la directamente con la condicin impuesta por la norma impug-

nada, y si bien aqulla guarda relacin con facultades pro-

pias de la provincia cuales son la que se refiere al ejerci-

cio del poder impositivo -potestad no controvertida en autos-

la modalidad escogida por el poder pblico provincial para

hacerla valer, esto es dentro de la rbita de su poder de

polica y como condicionante de l excede el marco de re-

lacin de medio a fin que resulta indispensable para asignar-

le razonabilidad a la disposicin legal en cuestin.


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En tal inteligencia cabe poner de relieve que ha-

br de distinguirse, siguiendo el criterio de los

tribunales norteamericanos sobre el punto, entre el poder

de polica y el poder impositivo, ya que mientras este

ltimo es ejercido con el propsito de obtener rentas,

sujeto a las limitaciones constitucionales, aqul se ejerce

nicamente con el fin de promover el bienestar pblico, y,

aunque este fin puede ser alcanzado mediante la imposicin

de gravmenes o la exigencia de permisos para el ejercicio

de una actividad industrial o comercial, el objeto debe ser

siempre la regulacin y no la obtencin de renta; por

consiguiente, las restricciones del poder impositivo no le

son aplicables (conf. Linares Quintana, Segundo V. "Tratado

de la Ciencia del Derecho Constitucional", Tomo III,

"Libertad Constitucional", pg. 294, Ed. Macland S.R.L.,

Buenos Aires, 1956. En igual sentido American Jurisprudence

2d, Tomo 16A, pg. 42/44 y Tomo 71, pg. 395/7, The Lawyers

Cooperative Publishing Co., Rochester, New York 1979).

Y si bien V.E. ha destacado que, conjuntamente

con su esencial propsito de allegar fondos al tesoro

pblico, los tributos constituyen un valioso instrumento de

regulacin de la economa, complemento necesario del

principio, con raigambre constitucional, que prev atender

al bien general (art. 67, inc. 2de la Constitucin

Nacional) al que conduce la finalidad de impulsar el

desarrollo pleno y justo de las fuerzas econmicas (Fallos:

151:359; 243:98, citados en el cons. 8de Fallos:

298:311), tal finalidad no puede


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reconocer, en mi parecer, un alcance de tal entidad que des-

naturalice los principios que informan a una y otra potestad

y en virtud de los cuales el poder de polica se ejerce para

obtener el bienestar pblico en forma directa.

De esto resulta que ambos poderes coexisten pero de

ninguna manera el poder de polica depende del impositivo

(confr. Linares Quintana, ob. cit., pg. cit.) aun cuando lo

recaudado en virtud de este ltimo pueda ser destinado a re-

gulaciones de aquella ndole (American Jurisprudence antes

cit., Tomo 16A, pg. 42, jurisprudencia citada en nota 24), a

fin de evitar que bajo una medida de polica se encubra el

ejercicio del poder impositivo (confr. Marienhoff, Miguel S.,

"Tratado de Derecho Administrativo", T. IV, pg. 549,

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1973).

-IX-

A la luz de los principios hasta aqu expuestos, es

mi parecer que corresponde acoger el planteo de inconsti-

tucionalidad deducido en autos desde que no advierto que los

medios escogidos por la legislatura local para obtener la

percepcin de tributos tenga una relacin real y substancial

("Nebbia vs. New York" 291 US 502) con el objeto perseguido

de proveer a la polica, higiene y seguridad en el trfico de

los bienes sometidos a circulacin.

Ya que, como V.E. lo destac al dictar sentencia en

la causa publicada en Fallos: 311:2593, constituye un exceso

al mbito de las facultades reglamentarias propias de las

provincias en el marco del ejercicio del poder de polica de

seguridad del trfico de bienes (artculos 104, 108 y


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67, inciso 11, de la Constitucin Nacional), que el

procedimiento establecido a dichos fines "...sea en s

mismo una causa de ingresos fiscales, o el modo de

controlar el pago de otros gravmenes...", agregando que

ello "...no es razn suficiente para allanar el contenido

de clusulas constitucionales de cumplimiento

ineludible..." (cons. 7).

La solucin aqu propiciada no importa

desconocerle a los estados provinciales ni a sus municipios

el ejercicio de potestades impositivas, las que incluyen la

seleccin de los medios que considere ms convenientes para

su percepcin. Mas la modalidad elegida por la ley

cuestionada resulta irrazonable y, en tal sentido,

violatoria del artculo 28 de la Ley Fundamental, en

hiptesis en que, como la del sub lite, torna inoperante el

ejercicio de derechos constitucionales en el marco de una

actividad previamente autorizada por el propio estado

provincial y respecto de la cual la gua forestal aparece

como indispensable para que los bienes producto de la

explotacin puedan circular y ser comercializados.

Criterio que aparece corroborado a poco que se

repare en las expresiones vertidas por el estado local

demandado en su conteste de fs. 59/71 al manifestar que "En

realidad la Ley debi establecer, como requisito previo

para la aprobacin por la Direccin General de Bosques del

Ministerio de la Provincia, de los 'Planes de Rozado' y/u

'Ordenamiento' forestal, la acreditacin de haber pagado

sus impuestos y tasas que gravan el inmueble en que se

realiza la ex-


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plotacin forestal" y que no lo hizo porque "...la Provincia

de Misiones no desea trabar su desarrollo, sino fomentarlo,

por lo que recin despus que un particular ha evidenciado un

inters serio en la explotacin forestal, exige la acredi-

tacin del pago de los tributos" (fs. 67 vta., prrafo 3y

4).

-X-

Por todo lo expuesto, soy de opinin que correspon-

de hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley

n2256 de la Provincia de Misiones.

Buenos Aires, 3 de junio de 1993.

Es copia.

OSCAR LUJAN FAPPIANO.


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I. 43. XXIII.

ORIGINARIO

Irizar, Jos Manuel c/ Misiones,

Provincia de s/ inconstitucionali-

dad.

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1996.

Vistos los autos: "Irizar, Jos Manuel c/ Misiones,

Provincia de s/ inconstitucionalidad" de los que

Resulta:

I) A fs. 16/27 se presenta Jos Manuel Irizar e

inicia demanda en los trminos del art. 322 del Cdigo

Procesal Civil y Comercial de la Nacin contra la Provincia

de Misiones a fin de que se declare la inconstitucionalidad

de la ley 2256 que contrara, a su juicio, los arts. 9, 10,

11, 14, 17, 18 y 28 de la Constitucin Nacional por cuanto

supedita el trmite de las solicitudes de guas forestales

a que el peticionario acredite que ha satisfecho las tasas

municipales e impuestos provinciales que afectan las

tierras en la que se realiza la explotacin.

Dice que es propietario de un inmueble, ubicado

en el departamento de El Dorado, donde lleva a cabo una

produccin agrcola forestal en el marco de una serie de

planes aprobados por el gobierno de esa provincia. Dice que

en pleno desarrollo de los trabajos de forestacin, las

autoridades pertinentes, basndose en la norma legal

citada, se negaron a extenderle las guas forestales

necesarias para la extraccin y comercializacin de la

madera de su propiedad, con el consiguiente perjuicio para

la explotacin.

Expresa que la ley 2256, al exigir como condicin

indispensable para el otorgamiento de las guas la

comprobacin del pago de todos los impuestos provinciales y

municipales, afecta el comercio y la libre circulacin de

mercader

-

//-


20/38

-//-as amparados por la Constitucin Nacional en sus arts. 9

a 11 toda vez que en los hechos los tributos cuyo pago se re-

quiere funcionan como un derecho aduanero que interfiere la

entrada, el trnsito y la salida de un producto. Tal efecto,

y no la procedencia del pago de las tasas exigidas para la

expedicin de las guas, es lo que justifica la tacha de in-

constitucionalidad.

No obstante, y con la cita del caso registrado en

Fallos: 298:341, sostiene que dado que esos documentos cons-

tituyen el nico instrumento habilitante para la salida de la

madera fuera de los lmites de su propiedad y para el

trnsito dentro y fuera de la provincia segn lo imponen los

arts. 56 y 57 de la Ley Forestal 854, la exigencia de la ley

2256 hace que todos los tributos provinciales y municipales

constituyan de hecho un obstculo al trnsito intra o inter-

provincial que acarrea la tacha de inconstitucionalidad.

Sostiene que este texto legal es irrazonable por

cuanto no existe relacin adecuada entre el medio propugnado

y la finalidad que persigue, desde que si el propsito es

asegurar el pago de las contribuciones provinciales y munici-

pales, no es correcto el logro de esos objetivos obstaculi-

zando ilegtimamente el ejercicio del comercio y la libre

circulacin de las mercaderas ya que existen otros medios

eficaces para la percepcin de las rentas pblicas como, por

ejemplo, el procedimiento de ejecucin fiscal. Por otro lado,

el temperamento adoptado viola, asimismo, el derecho a la

defensa en juicio ya que le priva de utilizar las defensas

que, aunque de manera limitada, le acuerda ese marco pro-

cesal. Finalmente, reitera que la ley afecta el derecho de

-//-


21/38

2 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-trabajar y ejercer toda industria lcita ya que hace

que los tributos funcionen como gravmenes a la mera

circulacin territorial.

II) A fs. 59/71 contesta la demanda la Provincia

de Misiones. Sostiene, en primer trmino, que no se encuen-

tran configurados los recaudos exigidos por el art. 322 del

Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin y, tras

negar los hechos invocados por la actora, afirma que la ley

en cuestin ha sido dictada en ejercicio de las facultades

que las provincias se han reservado en el marco del art.

104 de la Constitucin Nacional (art. 121, texto segn

reforma de 1994) y que su aplicacin en modo alguno afecta

el derecho de trnsito sino que persigue por parte de

quienes ejercen la actividad forestal el cumplimiento de

sus obligaciones fiscales e impedir que la utilizacin y

extraccin de los recursos naturales del territorio

provincial se realice sin la adecuada contraprestacin de

los particulares, quienes deben contribuir al

sostenimiento, progreso y desarrollo de la provincia.

Reconoce que si bien el recaudo legal debi establecerse

como requisito previo a la aprobacin del plan forestal, la

oportunidad escogida en la norma atiende a provocar la

evidencia de un real inters en la explotacin. Niega que

la legislacin impugnada contravenga los derechos

constitucionales invocados.

Considerando:1) Que este juicio es de la competencia origina-

ria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitucin

-

//-


22/38

-//-Nacional). En efecto, como se ha dicho reiteradamente en

casos semejantes y lo destaca el dictamen del seor Procura-

dor General, el acceso a esta jurisdiccin no debe quedar

subordinado en los supuestos en que se basa en razn de la

materia o de las personas al cumplimiento de recaudos exigi-

dos por las normas locales como los concernientes al agota-

miento de la va administrativa o judicial que regulan esos

preceptos.

2) Que el Tribunal ya se ha expedido sobre la pro-

cedencia de la accin declarativa en supuestos semejantes al

presente a partir del caso de Fallos: 307:1139 y, ms espec-

ficamente, en Fallos: 310:606, por lo que cabe desestimar las

objeciones planteadas por la demandada con fundamento en las

razones all expuestas.

3) Que la cuestin de fondo a resolver radica en

decidir si la ley 2256, con el objeto de asegurar el cumpli-

miento de obligaciones tributarias, condiciona el transporte

de los productos forestales que en el ejercicio de su activi-

dad especfica explota la parte actora. Para ello es necesa-

rio considerar si esa disposicin fue dictada en el marco de

las atribuciones propias de la Provincia de Misiones.

4) Que esta Corte ha reconocido a los estados pro-

vinciales poderes para el cumplimiento de sus fines por los

que les es dable intervenir por va reglamentaria en el

desenvolvimiento de ciertas industrias y actividades en la

medida en que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la

salud, el orden pblico o los intereses econmicos de la co-

munidad.

5) Que por otro lado, se han admitido desde anti

-//-


23/38

3 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-guo sus facultades impositivas para establecer tributos

locales y todas las contribuciones que conduzcan al logro

de su bienestar y desarrollo provenientes de lo dispuesto

en los arts. 121 y 122 de la Constitucin Nacional, los que

pueden recaer sobre todas las cosas que forman parte de su

riqueza general. Esas facultades conllevan la eleccin de

los objetos imponibles, la determinacin de los medios para

distribuirlos en la forma y alcance que les parezca ms

conveniente y, en tanto no contraren principios

consagrados en la Ley Fundamental, pueden ser ejercidas en

forma amplia y discrecional (Fallos: 310:2443 y sus citas).

6) Que, por consiguiente, el tema por decidir

consiste en determinar si la ley 2256, en cuanto impone

como condicin necesaria para el otorgamiento de las guas

de trnsito la acreditacin del cumplimiento de las

obligaciones impositivas, es compatible con las garantas

individuales que la Constitucin consagra.

7) Que, como lo seala el dictamen del seor

Procurador General, que recoge en ese sentido doctrina de

esta Corte, las guas -en este caso las forestales- tienen

como propsito legitimar la circulacin de productos de esa

naturaleza, tal como surge de los arts. 56 y 57 de la ley

local 854, a la vez que facilitan la individualizacin de

sus propietarios estableciendo una presuncin juris tantum

frente al control que ejercen las autoridades pblicas

durante la circulacin econmica dentro del mbito local ointerjurisdiccional, tal como se desprende del art. 70 de

la recordada

-

//-


24/38

-//-ley 854. Por otra parte, se les asigna la condicin de

instrumentos pblicos acreditantes de la habilitacin para el

tenedor o poseedor del bien durante su trnsito, sujeto a las

infracciones y penas previstas en el Ttulo XII de la Ley de

Forestacin, entre las que cabe sealar la prohibicin de su

transporte fuera del lugar de extraccin o apeo sin la

portacin de la gua (conf. art. 56 inc. b, ley 854).

Todo ello indica claramente -como dice el dictamen-

que la exigencia de su expedicin y tenencia est impuesta

por razones de polica, de higiene y de seguridad en el

trfico de los bienes.

8) Que el poder de polica ha sido definido como

la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del

cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo,

la que para asumir validez constitucional debe reconocer un

principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad y que

relacione los medios elegidos con los propsitos perseguidos

(Fallos: 160:247; 171:349; 243:98). En el presente, la irra-

zonabilidad aparecera manifiesta si el requisito exigido pa-

ra la obtencin de la guas forestales -documento indispensa-

ble para la circulacin de los productos- importara para el

actor la imposibilidad de ejercer la industria lcita que es

su actividad (art. 14 de la Constitucin Nacional).

9) Que la modalidad escogida, ejercitada dentro de

la rbita de lo que es materia del poder de polica, excede

el marco de razonabilidad antes sealado y encubre bajo esa

apariencia una pretensin fiscal que obra, en los hechos,

como una suerte de impedimento para la circulacin de los

productos forestales de modo tal que gravita negativa

-//-


25/38

4 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-mente sobre la actividad productiva al punto de

dificultarla, en contradiccin con los planes de desarrollo

que la legislacin especfica debe perseguir. De esa

manera, los medios escogidos para la recaudacin de

tributos carecen de relacin real con el objetivo

perseguido por la legislacin forestal de proveer a la

polica, higiene y seguridad en el trfico de los bienes.

10) Que, por ltimo, cabe recordar -como lo hace

el dictamen precedente- que en Fallos: 311:2593, el

Tribunal ha establecido que constituye un exceso de las

facultades reglamentarias del ejercicio del poder de

polica de seguridad del trfico de bienes (arts. 104, 108

y 67, inc. 11, de la Constitucin Nacional y texto

anterior) que el procedimiento establecido a dichos fines

opere en s mismo como "una causa de ingresos fiscales, o

modo de controlar el pago de otros gravmenes". Ello -se

sostuvo en esa oportunidad- "no es razn suficiente para

allanar el contenido de clusulas constitucionales de

cumplimiento ineludible".

Por ello se decide: Hacer lugar a la demanda y

declarar la inconstitucionalidad de la ley 2256. Con

costas.

Teniendo en cuenta la labor desarollada en el

principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts.

6, incs. b, c, y d; 10, 37, 38 y concs. de la ley 21.839,

se regulan los honorarios del doctor Jos Manuel Irizar enla suma de mil doscientos pesos ($ 1.200) y los del doctor

Rodolfo R. Spisso en la de tres mil pesos ($ 3.000).

Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuel

-

//-


26/38

-//-to a fs. 78 y 84, se fija la retribucin de los doctores

Humberto Augusto Schiavoni y Mara de los Angeles Azuaga, en

conjunto, en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400) (art. 33

de la ley citada). Notifquese y oportunamente, archvese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) -

CARLOS S. FAYT (en disidencia) -AUGUSTO CESAR BELLUSCIO -

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)

- GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO

VAZQUEZ (en disidiencia).

ES COPIA

DISI-//-


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5 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-DENCIA DEL SEOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO

MOLINE O'CONNOR Y DE LOS SEORES MINISTROS DOCTORES DON

CARLOS S. FAYT Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

1) Que este juicio es de la competencia origina-


Nacional). En efecto, como se ha dicho reiteradamente en

casos semejantes y lo destaca el dictamen del seor

Procurador General, el acceso a esta jurisdiccin no debe

quedar subordinado en los supuestos en que se basa en razn

de la materia o de las personas en el cumplimiento de

recaudos exigidos por las normas locales como los

concernientes al agotamiento de la va administrativa o

judicial que regulan esos preceptos.

2) Que en "Newland, Leonardo Lorenzo Antonio c/

Santiago del Estero, Provincia de" (Fallos: 310:606), el

Tribunal ha reconocido la procedencia de las acciones

declarativas cuando se discute la constitucionalidad de

normas provinciales impositivas, por lo que cabe desestimar

las objeciones planteadas por la demandada con fundamento

en las razones all expuestas.

3) Que la cuestin de fondo a resolver radica en

decidir si la ley 2256, con el objeto de asegurar el

cumplimiento de obligaciones tributarias, condiciona de

manera inconstitucional la explotacin forestal, al exigir

la acreditacin del cumplimiento de determinadas cargas

fiscales provinciales y municipales como requisito para

expedir las guas forestales. En cambio, en autos no se ha

cuestionado

-

//-


28/38

-//-la constitucionalidad de tributo alguno, ya que la ley

cuestionada no crea una tasa o impuesto que tenga como hecho

imponible el trnsito o el comercio interprovincial. De all

que no resulte procedente que este Tribunal se pronuncie

sobre la existencia de potestades impositivas reservadas por

la provincia a fin de imponer los tributos de cuyo cumpli-

miento se trata.

4) Que, en consecuencia, el nico punto a conside-

rar es la constitucionalidad de la exigencia de acreditar el

pago de los tributos, contenida en la disposicin cuestionada

como requisito para la expedicin de las guas forestales.

5) Que esta Corte ha reconocido que la valiosa

funcin del impuesto justifica que las leyes pertinentes con-

templen medios coercitivos para lograr la satisfaccin opor-

tuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera

directa al inters de la comunidad, porque gravitan en la

percepcin de la renta pblica (causa S.152.XXII "Santa Cruz,

Provincia de c/ Y.P.F. (Sociedad del Estado)", pronun-

ciamiento del 2 de febrero de 1993 y sus citas).

6) Que el medio elegido por la disposicin atacada

no peca -a juicio del Tribunal- de irrazonabilidad alguna ni

vulnera derechos constitucionales.

En efecto, el pago puntual y ajustado a las normas

tributarias no configura sino una de las variadsimas expre-

siones del deber jurdico de todos los ciudadanos de someter-

se al cumplimiento del orden jurdico vigente. En este sen-

tido, su demostracin en la situacin prevista en la ley lo-

cal 2256 no supone ms que acreditar ese ajuste; situacin

normal en la que -no puede presumirse de otra manera- deben

-//-


29/38

6 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-encontrarse quienes habitan una nacin en que rige el

estado de derecho.

7) Que, en este orden de ideas, es de advertir

que el deber de cumplir el ordenamiento jurdico vigente

crea la presuncin de que los habitantes se encuentran en

esa situacin, por lo que la exigencia de su comprobacin

no aparece como un recaudo excesivo ni se han invocado

dificultades administrativas para obtenerlo que

justificaran su cuestionamiento.

8) Que, por lo dems, el instrumento legislado a

travs de la norma impugnada no configura sino uno ms de

aqullos utilizados por el legislador para asegurar la

efectividad de la recaudacin impositiva. Tal como la regla

solve et repete y otras de similares caractersticas, cuya

constitucionalidad -como principio- ha sido pacficamente

aceptada.

Y no es de resorte del Poder Judicial el examen

de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el

legislador en el mbito propio de sus atribuciones (Fallos:

306:655), lo que descarta la tacha de inconstitucionalidad

con sustento en que la legislatura local tena a su

disposicin otros medios idneos para lograr el

cumplimiento de las cargas fiscales.

9) Que lo hasta aqu expuesto no excluye la

posibilidad de que -en determinadas hiptesis ajenas a la

situacin de autos- la aplicacin de la norma pueda operarcomo un mecanismo que dificulte en grado intolerable el

ejercicio de derechos constitucionales.

Con todo, tal posibilidad slo puede justificar

que

-

//-


30/38

-//-frente a esas situaciones se dispongan las medidas

tendientes a remover el obstculo inconstitucional al ejerci-

cio de los derechos del afectado, por las vas procesales

pertinentes.

10) Que, por lo dems, la norma en cuestin no pri-

va al peticionario del derecho de plantear por la va perti-

nente las cuestiones atinentes a la validez constitucional de

los tributos de cuyo pago se trata. Seran esas cargas, en su

caso, y no la demostracin de su pago, las que ocasionaran

las lesiones constitucionales que -por esta va- pretendieron

remediarse.

Por ello, se rechaza la demanda. Con costas (art. 68 del

Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin). Notifquese.

EDUARDO MOLINE O'CONNOR -CARLOS S. FAYT -ADOLFO ROBERTO

VAZQUEZ.

ES COPIA

DISI-//-


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7 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-DENCIA DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1) Que este juicio es de la competencia origina-


Nacional). Como se ha dicho reiteradamente en casos

semejantes y lo destaca el dictamen del seor Procurador

General, el acceso a esta jurisdiccin no debe quedar

subordinado en los supuestos en que se basa en razn de la

materia o de las personas al cumplimiento de recaudos

exigidos por las normas locales como los concernientes al

agotamiento de la va administrativa o judicial que regulan

esos preceptos.

2) Que en "Newland, Leonardo Lorenzo Antonio c/

Santiago del Estero, Provincia de" (Fallos: 310:606), el

Tribunal ha reconocido la procedencia de las acciones

declarativas cuando se discute la constitucionalidad de

normas provinciales impositivas, por lo que cabe desestimar

las objeciones que sobre este punto plantea la demandada

con fundamento en las razones all expuestas.

3) Que esta Corte ha reconocido desde antiguo a

los estados provinciales sus facultades impositivas para

establecer tributos locales y todas las contribuciones que

conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo con

sustento en lo dispuesto en los arts. 121 y 122 de la

Constitucin Nacional, los que pueden recaer sobre todas

las cosas que forman parte de su riqueza general. Esas

facultades implican la eleccin de los objetos imponibles,

la determinacin de los medios para distribuirlos en la

forma y con el alcance que

-//-


32/38

-//-les parezca ms conveniente y, en tanto no contraren

principios consagrados en la Ley Fundamental, pueden ser

ejercidas amplia y discrecionalmente (Fallos: 310:2443 y sus

citas). Como consecuencia de tales poderes, las provincias

estn tambin facultadas para elegir los medios que conside-

ren apropiados para asegurar la percepcin de los tributos

que imponen.

4) Que la ley 2556 de la Provincia de Misiones

supedita el trmite de las solicitudes de las guas foresta-

les -nico instrumento habilitante para la salida de madera

fuera de los lmites de una propiedad y para el trnsito

dentro y fuera de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto

por los arts. 56 y 57 de la ley provincial 854, de foresta-

cin- a que el peticionario acredite que ha satisfecho las

tasas municipales e impuestos provinciales que afectan las

tierras en que se realiza la explotacin.

5) Que el actor sostiene que son irrazonables las

restricciones impuestas por la citada ley provincial al dere-

cho de comerciar, al derecho de libre trnsito y al derecho

al libre comercio interprovincial, consagrados en los arts.

9, 10, 11, 14 y 67 inc. 12 de la Constitucin Nacional (texto

anterior). Para resolver adecuadamente estos agravios es

menester verificar, en primer trmino, si la norma impugnada

limita sustancialmente los derechos mencionados. En segundo

lugar, corresponde constatar la existencia de una relacin

proporcionada entre el medio empleado por la ley y los fines

que el legislador persigui mediante su dictado. Esto es as

porque la constitucionalidad est condicionada, por una par

-//-


33/38

8 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-te, a la circunstancia de que los derechos afectados

sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la

adecuacin de las restricciones que se les impone a las

necesidades y fines pblicos que las justifican, de manera

que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables,

esto es, proporcionadas a las circunstancias que las

originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas

(Fallos: 200:450).

6) Que corresponde considerar la aplicabilidad

al caso en examen de las doctrinas de los precedentes

"Urrutia" (Fallos: 298:341) y "Transportes Vidal S.A. c/

Provincia de Mendoza" (Fallos: 306:516), relativos a las

condiciones necesarias para que una ley impositiva local

respete en su sustancia los derechos de libre comercio

interprovincial y de trnsito.

En el caso "Urrutia", esta Corte se pronunci

acerca de la constitucionalidad de una ley provincial de

Misiones que gravaba con una tasa del 2% la expedicin de

guas para la circulacin del t destinado a la

exportacin. Sostuvo que: "al conferir al Gobierno Nacional

la facultad de 'reglar el comercio martimo y terrestre con

las naciones extranjeras y de las provincias entre s'

(art. 67, inc. 12), se han limitado las atribuciones

provinciales, que no pueden afectar el comercio o la libre

circulacin de mercaderas (arts. 9 a 11 de la Constitucin

Nacional), eventualidad invalidante que se produce cuandoel tributo establecido por las autoridades locales funciona

de hecho y aunque no se

-//-


34/38

-//-le acuerde formalmente tal carcter, como un derecho a-

duanero afectando la entrada, trnsito o salida de un produc-

to o cuando las mercaderas son gravadas en forma diferencial

en razn de su destino", concluyndose finalmente que la

tasa, tal como era aplicada -nicamente a las mercaderas que

salan de la provincia-, importaba "un ejercicio incons-

titucional del poder tributario local sobre el comercio in-

terprovincial". Esta doctrina fue reiterada recientemente,

para un supuesto anlogo, en el fallo recado in re: "So-

ciedad Annima Agrcola Ganadera, Inmobiliaria 'El Bagual' c/

Entre Ros, Provincia de s/ devolucin de tributos"

(S.539.XXIII, sentencia del 7 de septiembre de 1993).

En el caso registrado en Fallos: 306:516, se discu-

ta la constitucionalidad de las leyes de la Provincia de

Mendoza que creaban y regulaban el impuesto provincial a los

ingresos brutos, que el actor se haba visto obligado a pagar

en razn de desenvolverse como transportador interjuris-

diccional. Se dijo entonces, al rechazarse la demanda, que:

"los arts. 9, 10, 11, 12, 67, inc. 12 y 108 de la Constitu-

cin Nacional no fueron concebidos para invalidar absoluta-

mente todos los tributos locales que inciden sobre el comer-

cio interprovincial, reconociendo a ste una inmunidad o pri-

vilegio que lo libere de la potestad de imposicin general

que corresponde a las provincias". Asimismo, se afirm que la

proteccin que acuerdan los artculos citados: "slo alcanza

a preservar el comercio interprovincial de los gravmenes

discriminatorios, de la superposicin de tributos locales y

de aquellos que encarezcan su desenvolvimiento al extremo de

dificultar o impedir la libre circulacin territo

-//-


35/38

9 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-rial".

Como se observa, entre los casos "Urrutia" y

"Transportes Vidal", y el sub examine existen diferencias

decisivas. En efecto, del anlisis de aqullos surge como

presupuesto inicial para considerar que una ley impositiva

afecta sustancialmente los derechos de libre comercio

interprovincial o de libre trnsito que lo cuestionado sea

el tributo en s mismo; solamente a partir de esa hiptesis

es posible afirmar la inconstitucionalidad de una norma

sobre la base de lo dispuesto en los arts. 9, 10, 11 y 75,

inc. 13 de la Carta Magna. Ese requisito -de ndole

fctica- no se encuentra satisfecho en estas actuaciones,

pues lo que se procura es la abolicin de un medio para

facilitar el cobro de diversos tributos, y no de los

tributos en s mismos. Conviene destacar -para aclarar el

punto- que la ley cuestionada no crea una tasa o impuesto

que tenga como hecho imponible el trnsito o el comercio

interprovincial, sino que se limita a vedar la expedicin

de guas forestales a quienes no acrediten el pago de los

tributos inmobiliarios municipales y provinciales. En este

orden de ideas, cabe resaltar que la aplicacin de la ley

2256 no significa para el actor un aumento econmico de las

obligaciones fiscales a su cargo, aunque lo constria

fuertemente a cumplirlas. El examen precedente permite

concluir que la ley de la Provincia de Misiones no afecta

sustancialmente los derechos constitucionales citados alcomienzo de este considerando.

7) Que la norma en crisis tampoco vulnera el

dere

-//-


36/38

-//-cho a comerciar, reconocido en el art. 14 de la Constitu-

cin Nacional. Ello es as en razn de que no se ha acredita-

do en autos que el cumplimiento de la exigencia que aqulla

impone torne econmicamente imposible el desenvolvimiento de

la explotacin forestal. Por otra parte, la satisfaccin de

este requerimiento hubiera conducido necesariamente al actor

a pedir la declaracin de inconstitucionalidad de las tasas e

impuestos inmobiliarios municipales y provinciales, peticin

sta que ho ha sido formulada.

8) Que de acuerdo con lo expresado por la demanda-

da, el fin de la ley es impedir que la utilizacin y extrac-

cin de los recursos naturales se realice sin la adecuada

contraprestacin de los particulares, quienes deberan con-

tribuir al sostenimiento, progreso y desarrollo de la provin-

cia. Asimismo, conviene tener en cuenta que dicha finalidad

est de acuerdo con la Constitucin de la Provincia de Misio-

nes, cuando declara que el bosque ser protegido con el fin

de asegurar su explotacin racional y lograr su mejor apro-

vechamiento social (art. 56), y con el art. 1 de la ley pro-

vincial 854, de forestacin, que declara "...de inters p-

blico el uso ptimo de los bosques, la defensa, enriqueci-

miento y ampliacin de los mismos y tierras forestales, as

como el fomento de los bosques de implantacin y de la

industria forestal".

9) Que existe relacin entre los medios arbitrados

por la ley provincial en anlisis y los propsitos per-

seguidos por el legislador al dictarla. En efecto, la norma

slo exige la acreditacin del pago de las tasas municipales

-//-


37/38

10 I. 43. XXIII.

ORIGINARIO



dad.

-//-y de los impuestos provinciales que afectan las tierras

en que se realiza la explotacin para la cual se

solicitaren las guas forestales. Se advierte de este modo

una adecuada proporcin entre el requisito exigido y su

finalidad, por un lado, y los derechos que se limitan para

el logro de esta ltima, por el otro.

10) Que no obstante lo dicho en el considerando

anterior, parece cierto que la legislatura de la Provincia

de Misiones tena a su disposicin otros medios idneos

para alcanzar los fines aludidos. El actor afirma al

respecto que uno de dichos medios -el procedimiento de

ejecucin fiscales menos gravoso para los derechos

constitucionales que el mecanismo de la ley 2256. Al

considerar este agravio es necesario recordar que: "escapa

a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la

conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones

creados por el Congreso Nacional o las legislaturas

provinciales" (Fallos: 314:1293). De ello se sigue tambin

la no justiciabilidad de la conveniencia o equidad de los

medios seleccionados por el legislador para asegurar el

cobro de los impuestos o contribuciones. De lo contrario,

so capa de juzgar sobre el mrito de aqullos, se estara

examinando la conveniencia de stos.

Esta doctrina, por otra parte, coincide con el

postulado general, reiteradamente expuesto por esta Corte,

segn el cual: "...el control de constitucionalidad queincumbe a los tribunales no incluye el examen de la

conveniencia o acierto del criterio adoptado por el

legislador en el m

-//-


38/38

-//-bito propio de sus atribuciones, pues el anlisis de la

eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines que

el legislador se ha propuesto es ajeno a la competencia de la

Corte Suprema, a la cual slo incumbe pronunciarse acerca de

la razonabilidad de los medios elegidos..." (Fallos:

306:655).

11) Que en tales condiciones, las restricciones im-

puestas por la ley 2256 de la Provincia de Misiones a los de-

rechos de trnsito y de comercio no son -contrariamente a lo

afirmado por el actor- irrazonables.

Por lo expuesto, se rechaza la demanda. Con costas. No-

tifquese. ANTONIO BOGGIANO.

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Irizar 2c Jose Manuel c. Misiones