Fallo Tc Art.62 Lguyc

7/25/2019 Fallo Tc Art.62 Lguyc

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Santiago, diez de septiembre de dos mil quince.VISTOS:Con fecha 9 de julio de 2014, Curtidos as S.!.,

representada por los abogados "os# $uis $ara !rro%o, $uis

&ugenio 'arc(a)*uidobro *errera % +atricio "os# Sila)

-iesco jeda, ha requerido la declaraci/n de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo

del art(culo 2 de la $e% 'eneral de rbanismo %

Construcciones %, en subsidio de lo anterior, ha solicitado

la declaraci/n de inaplicabilidad de una oraci/n contenida

en el aludido inciso, para que surta efectos en el procesosobre casaci/n en el fondo, -ol 3 1.95)2014, sustanciado

ante la Corte Suprema.&l te6to del precepto legal objetado en autos dispone7Artculo 62, inciso segundo: Las industrias mal

ubicadas, que causen molestias o daos al vecindario,

debern trasladarse dentro del plazo que les seale la

Municipalidad, previo inorme del !epartamento de "igiene

Ambiental del #ervicio $acional de #alud % de la#ecretara &egional correspondiente del Ministerio de

'ivienda % (rbanismo) *ste plazo no ser inerior a un

ao)+)$a oraci/n contenida en el precepto precedentemente

transcrito, que en subsidio se impugna, es la que se

refiere al plazo para el traslado % prescribe que 8e-ste

plazo no ser inerior a un ao).&n cuanto a la gesti/n pendiente, cabe precisar que el

citado recurso de casaci/n en el fondo fue interpuesto por

la requirente, respecto de la sentencia de la Corte de

!pelaciones de San :iguel que rechaz/ el reclamo de

ilegalidad que la misma dedujera en contra del decreto del

!lcalde de San "oaqu(n, que le orden/ trasladarse de la

comuna por causar molestias al ecindario al desarrollar

sus procesos productios, sobre la base del ejercicio de la

potestad que le confiere el precepto que se cuestiona.&n el marco de la rese;ada gesti/n judicial, el

conflicto de constitucionalidad sometido a esta

:agistratura consiste en determinar si es constitucional o

no el que, por aplicaci/n del precepto reprochado, pueda la


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autoridad edilicia ordenar el traslado de una industria por

causar molestias, m


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confirmado el car


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sectoriales ?como lo son los que implica el ingreso al

Sistema de &aluaci/n !mbiental) % las patentes

municipales, para poder iniciar las actiidades en un nueo

establecimiento.+or lo dem


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de su propiedad %, adem


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)de uso, goce % disposici/n) con las necesidades de la

sociedad, cuesti/n que palmariamente no se ha producido.

! su ez, cabe recordar que el concepto % elementos dela funci/n social, acotados por la Constituci/n )intereses

generales de la naci/nG la seguridad nacional, utilidad %

salubridad p=blicas % conseraci/n del patrimonio

ambiental), deben interpretarse restrictiamente, tal como

se efect=a con todas las restricciones de un derecho. +or

lo dem


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administratia aplicada a la empresa por ulnerar la

normatia que regula su actiidad econ/mica.

53.) o es proporcional, en sentido estricto, pues noopera frente a supuestos graes, como lo ser(a la situaci/n

de un establecimiento e6puesto a peligro de e6plosi/n o

incendio.Cuarta infracci/n7 la aplicaci/n del precepto impugnado

ulnera el derecho a la seguridad jur(dica, establecido en

el 3 23 del art(culo 19 constitucional.$o anterior, desde el momento que, como fuera

argumentado, se conculca la esencia del ejercicio de los

anteriores derechos se;alados como infringidos.-especto de la pretensi/n subsidiaria7 esgrime que

debe eliminarse la frase del precepto que establece que la

:unicipalidad puede ordenar el traslado en el plazo m(nimo

de un a;o, toda ez que ella produce los efectos m


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pertenecen a la /rbita del m#rito de la le%, de manera que

resulta ser inadmisible de conformidad a lo dispuesto en el

art(culo D4 de la $e% 3 1H.99H, rg


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pretende no someterse a la legislaci/n igente % realizar

su actiidad econ/mica tal como lo ha hecho durante 0

a;os.Fercera alegaci/n7 la disposici/n reprochada no

ulnera el derecho a desarrollar una actiidad econ/mica

l(cita.$o anterior713.) +orque la norma no proh(be que se desarrolle una

actiidad econ/mica industrial, sino tan s/lo que #sta no

cause molestias o da;os al ecindario, es decir, que la

actiidad se ajuste a una regulaci/n que dispone ciertas

e6igencias en pos del inter#s general % de la comunidad.23.) +orque la norma cumple con el est


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afectan derechos fundamentales, toda ez que la empresa no

est< obligada a salir del mercado, pudiendo realizar su

actiidad en otra ubicaci/n.Iuinta alegaci/n7 el precepto impugnado se justifica

en la protecci/n del medio ambiente.+or una parte, porque, a diferencia de lo sostenido

por la requirente, la $e% 3 19.500, sobre bases generales

del medio ambiente, entrega definiciones respecto a los

conceptos de medio ambiente % contaminaci/n.E, por otra, la consagraci/n legal de la potestad de

ordenar el traslado de una industria molesta tiene como

sustento finalmente, en cuanto a la petici/n subsidiaria de

inaplicabilidad de la oraci/n del precepto que dispone que

el plazo m(nimo para efectuar el traslado es de un a;o,

argumenta que ella es incoherente pues, de eliminarse

aquella menci/n, la autoridad municipal %a no tendr< unm(nimo de plazo ordenar el retiro de la empresa % podrundamental.

$a falta de una adecuada connotaci/n de los conceptos

empleados por el legislador, impide preer razonablemente

en qu# casos se aplica o no la regla coactia de e6cepci/n.

!l paso de que puede proocar indefensi/n, por carecer los

tribunales )conocados a su reisi/n) de elementos de

juicio predeterminados a partir de los cuales juzgar la

procedencia % proporcionalidad de la medida aplicadaGDECIMOCTAVO7 Iue lo anterior concuerda con la

jurisprudencia de este Fribunal, donde se ha reprobado

aquellas le%es que dejan abandonado el goce efectio de los

derechos % libertades a los poderes absolutamente

discrecionales que pueda acometer, indeterminadamente, un

/rgano de la !dministraci/n, m


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objetios % controlables que garanticen que el /rgano

gubernamental se ha circunscrito a ellos, asumiendo la

consecuente responsabilidad cuando los ha transgredido M-ol

3 5D9, considerando 23, doctrina posteriormente aplicada

en -ol 3 455, considerandos 503, 513 % 543N.:ismo criterio que ha serido para apuntar que las

afectaciones al dominio, autorizadas por el art(culo 19, 3

243, de la Constituci/n, estundamental. &l intr(nseco

deber correlatio al mismo, de abstenerse de lesionar o no

ir 8contra la le% o contra derecho ajeno, encuentra su

fuente actual en el C/digo Ciil Mart(culo D2N, as( como

en la Constituci/n chilena, cuando al establecer la

obligatoriedad uniersal de sus preceptos Mart(culo 3,

inciso segundoN, llea a concluir que todos deben respeto a

los derechos % libertades de los dem


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+oniendo a las industrias preestablecidas en situaci/n

de 8mal ubicadas, la objetada norma )en su cong#nita

indeterminaci/n) faculta remoerlas administratiamente por

hechos que, bajo el tamiz de una normatia clara %

razonable, no cabr(a considerar como causantes de

8molestias o da;os. , al menos, no de la entidad

suficiente como para justificar una tal medida de

8trasladoGVIGESIMOPRIMERO7 Iue, sin desmedro de procurar una

coniencia arm/nica con la comunidad, es improcedente que

los derechos pree6istentes de la requirente )sobre el

predio propio % sus instalaciones) queden condicionados en

su eficacia a no causar indefinidas 8molestias o

incomodidades a los ecinos de alrededor, pues la

Constituci/n, en su art(culo 19, 3 243, no admite la falta

de aquiescencia o de beneplaltando

en la legislaci/n connotar algunos supuestos que eidencien

tal da;o % que ameriten ese traslado, como medio =nico %

necesario, los antecedentes de este caso concreto llean a

presumir que la requirente ha ejercido leg(timamente su

derecho % que, por ello, se encuentra plenamente amparadapor las garant(as que al efecto confiere la Constituci/nG

VIGESIMOSEGUNDO7 Iue el susodicho 8traslado no

implica que el establecimiento comprometido tenga que

desplazarse, desde el lugar en que se encuentra radicado, a

alg=n determinado barrio industrial. Se trata de una orden

de retiro que para el afectado implica )en realidad) una

ablaci/n, esto es, la p#rdida del derecho a permanecer en

el inmueble de su propiedad, para seguir desarrollando las

mismas actiidades a que #l l(citamente las destin/.

+riaci/n que se produce aunque formalmente consere el

t(tulo de propietario, habida cuenta de que en los asuntos


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jur(dicos ha de estarse a la esencia de las cosas,

independientemente de su denominaci/n.

!s(, en la especie toma forma una supresi/n irtual delas prerrogatias inherentes al dominio, en circunstancias

que la Constituci/n Mart(culo 19, 3 243, inciso terceroN,

a los efectos de e6igir que medie una e6propiaci/n,

entiende que la priaci/n del dominio no s/lo acontece

cuando se quita o despoja al due;o de lo su%o, en su

totalidad, sino tambi#n cuando al titular )aun conserando

nominatiamente tal car


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relatio )para lo que aqu( incumbe) 8al modo de usar, gozar

% disponer de la propiedad % a sus limitaciones %

obligaciones Mmodificaci/n hecha al art(culo 44, 3 1, de

la Carta de 192N.Conteni#ndose la actual $e% 'eneral de rbanismo %

Construcciones en el @>$ 3 4D, de 19H, emitido bajo la

igencia del citado te6to constitucional, entonces debe

entenderse que pudo establecer tanto el modo de usar, gozar

% disponer de las propiedades reguladas por sus normas,

cuanto aquellas limitaciones % obligaciones tendientes a

asegurar su funci/n socialGVIGESIMOQUINTO7 Iue el acto regulatorio difiere de una

limitaci/n en su contenido % alcance. &l primero es aquel

que tiene por objeto determinar las reglas conforme a las

cuales se debe usar, gozar %Oo disponer de la propiedad,

orientadas precisamente a resguardar su ejercicio efectio

e impedir que se emplee contra la le% o contra derecho

ajeno. Como se sabe, despu#s del terremoto ocurrido en

Falca el a;o 192D, con este objetio se dict/ la $e% 3

4.5, que luego dar(a origen a la primera $e% 'eneral

sobre Construcciones % rbanizaci/n, con el @>$ 3 54, de

1951.&l objeto de la limitaci/n, en cambio, consiste en

restringir, acortar o ce;ir, reduciendo a menores l(mites,

la e6tensi/n donde puede ejercerse el derecho, pero dejando

plenamente igentes sus facultades esenciales, seg=n

precisa la jurisprudencia Mroles 3s 29, 1D, 24, 24,

entre otrosN % la doctrina M&duardo Soto Ploss, en 8@erecho

!dministratio. ases >undamentales, tomo AA, p


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derecho en el lugar donde


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VIGESIMOCTAVO7 Iue en raz/n de las consideraciones

e6puestas, se ha llegado a concluir que la aplicaci/n delinciso segundo del art(culo 2 de la $e% 'eneral de

rbanismo % Construcciones, en este caso concreto, resulta

inconstitucional, por lesionar las garant(as que al derecho

de propiedad reconocen los numerales 243 % 23 del art(culo

19 de la Carta >undamental.+or manera que al acogerse el requerimiento por este

motio, se hace innecesario pronunciarse sobre las dem


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reclamo por considerar que estaba acreditado el car


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$a norma es consecuencia del mandato del art(culo H

de la $'C. &ste establece que el uso del suelo urbano en

las


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ambos) cumplieron con las normas del +lan -egulador

Comunal o instrumento de planificaci/n territorial

pertinente en su instalaci/n % funcionamiento posterior,

pero que en irtud de uno o m


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. Iue, en segundo lugar, para que la norma se

aplique, es necesario que se den las causales que la norma

establece. &s decir, que la industria sea molesta al

ecindario o que cause da;os al ecindario.Se trata de causales que reflejan una perturbaci/n

sensible % objetia en la ida, salud o propiedad de

quienes habitan en la pro6imidad de la industria mal

ubicada % que resulta de la actiidad productia MSFC

245O201, 244O201N.$a primera causal Mmolestias al ecindarioN alude al

menoscabo que pueden sufrir los habitantes pr/6imos a laindustria que, de conformidad con el instrumento de

planificaci/n territorial pertinente, han fijado su

residencia en un lugar ecino o cercano a la actiidad

productia desarrollada. @icho problema puede referirse,

en los t#rminos de la disposici/n en anundamental, en

su art(culo 19, se;ala un conjunto de


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:inisterial de Liienda % rbanismo, incorpora la

regulaci/n sectorial aplicable por dichos organismos, la

que contiene est


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residencia o habitaci/n en un lugar ecino o cercano a la

actiidad productia desarrollada. @icho problema puede

referirse, en los t#rminos de la disposici/n en an


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realizar una determinada conducta a tra#s de la cual la

!dministraci/n concreta una obligaci/n para un particular.

&n la orden la !dministraci/n, preia habilitaci/n legal,

concreta un deber para una situaci/n particular, enunciado

de modo general en la le%. +or eso se dice que la orden es

constitutia, pues define qui#n, c/mo, cu


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15. Iue, en segundo lugar, este Fribunal consider/

leg(timo que se dispusiera el traslado de redes de

empresas de sericio p=blico ubicadas en la faja de un

camino p=blico, pues ello se funda en el beneficio que

para la sociedad toda trae consigo el mejoramiento de

dichos caminos, garantizando de esa forma la libertad

ambulatoria que la Constituci/n establece MSFC 1D5O2012,

19DO2012, 1991O2012, 1992O2012, 1995O2012NG14. Iue, en tercer lugar, este Fribunal alid/

tambi#n el que los canales de teleisi/n de libre

recepci/n estuieran sujetos a una franja teleisia

obligatoria % gratuita, como justa contrapartida del

derecho monop/lico que se les otorga % del inter#s general

de la colectiidad inolucrado en las elecciones MSFC

O19DD, 24DHO2015NG1. Iue, finalmente, en las SFC 245O201 %

244O201, este Fribunal rechaz/ un cuestionamiento

precisamente a la norma impugnada en esta ocasi/n.

Consider/ que la norma proteg(a un inter#s p=blico

preeminente, pues cubr(a a las personas frente a molestias

que alcanzan un grado incompatible con el desarrollo de

una ida normal en una zona urbana residencial. $a norma

impide la continuaci/n de una actiidad que se ha hecho

incompatible con la salud % calidad de ida de los

ecinosG1. Iue, por lo tanto, para estos disidentes, el

e6amen de la presente cuesti/n no puede prescindir de

estos precedentes, construidos paciente % laboriosamente a

lo largo del tiempoG

IV. LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS.1H. Iue para una adecuada resoluci/n del presente

cuestionamiento, es necesario sentar los criterios

interpretatios que guiar


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del legislador al momento de definir el modo en que se ha

de adquirir, usar, gozar % disponer de una propiedad, %

las limitaciones % obligaciones que derien de su funci/n

social. $a Constituci/n asegura la propiedad en sus

diersas especies MSFC D0HO2000, 129DO2009, 245O201 %

244O201N.no de esos estatutos es la propiedad urbana. &n ella

se compatibilizan los intereses p=blicos con la protecci/n

de los derechos priados, con el fin de armonizar cuatro

necesidades itales7 habitar, trabajar, recrearse %

circular MSFC 245O201 % 244O201N.&n la legalidad urban(stica e6isten distintas

ariables constitucionales comprometidas. +or de pronto,

ciertos mandatos al &stado. +rimeramente, el deber de

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a

todos % a cada uno de los integrantes de la comunidad

nacional su ma%or realizaci/n espiritual % material

posible Mart(culo 13N. &nseguida, promoer la integraci/n

arm/nica de todos los sectores de la naci/n Mart(culo 13N.

!simismo, el deber de promoer el desarrollo equitatio %

solidario Mart(culo 53N. >inalmente, el deber de asegurar

a la comunidad local su participaci/n en el progreso

econ/mico, social % cultural Mart(culo 11DN.na segunda ariable son los bienes jur(dicos en

juego. @esde el punto de ista de los derechos, #stos

tienen que er con el derecho a la ida % a la integridad

f(sica % s(quica de las personas Mart(culo 19, 3 13N.

Fambi#n con el derecho a iir en un medio ambiente libre

de contaminaci/n Mart(culo 19, 3 D3N. @el mismo modo, se

encuentra el derecho a la protecci/n de la salud Mart(culo

19, 3 93N.na tercera ariable es la regulaci/n. &l derecho

urban(stico se enmarca dentro del art(culo 19, 3 213, que

permite el desarrollo de la actiidad econ/mica8respetando las normas legales que la regulen. Fambi#n en

que el uso, goce % disposici/n de la propiedad deben

hacerse conforme a la le% % respetando las limitaciones

que imponga la funci/n social Mart(culo 19, 3 243N. E en


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que la le% puede establecer restricciones espec(ficas al

ejercicio de determinados derechos % libertades para

proteger el medio ambiente Mart(culo 19, 3 D3NG19. Iue como consecuencia de la tutela del inter#s

p=blico que el derecho urban(stico implica, se entrega a

la autoridad municipal una serie de potestades. &ntre

ellas, la de fiscalizaci/n Mart(culo 142, $'CN, la de

paralizaci/n Mart(culo 14N, la de demolici/n Mart(culos

14D % 1N, la de terminaci/n de obras Mart(culo 1DN, la

de reparaci/n Mart(culo 1DN, la de retiro Mart(culo 10N,

la de clausura Mart(culo 11N, la de inhabitabilidad

Mart(culo 11 bisN, la de construcci/n obligatoria

Mart(culos H % HHN. ! ello se suma el congelamiento

Mart(culo 2N % el traslado obligatorio Mart(culo 2N. E

sin perjuicio de que la infracci/n de la legalidad

urban(stica trae aparejadas multas Mart(culos 20 % 21NG20. Iue el segundo criterio interpretatio dice

relaci/n con el equilibrio que e6iste entre la le% % el

reglamento. &sta :agistratura ha sostenido que es posible

% l(cito que las normas administratias puedan regular

MSFC 52O2001N. $a Constituci/n dise;a un r#gimen que

armoniza potestad legislatia con la potestad

reglamentaria MSFC 5H0O2005N. !firmar que una determinada

materia est< regida por el principio de legalidad, no

equiale a e6cluir la potestad reglamentaria, dada la

interpretaci/n arm/nica que debe e6istir entre losart(culos 5 % 52, 3 , por la naturaleza general %

abstracta de la le% % por la diisi/n de funciones entre

el $egislatio % el &jecutio MSFC 4D0O200N.Frat


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humano, el constante progreso de los medios % t#cnicas

para medir dicha afectaci/n % la incesante reisi/n de

aquello que constitu%e las mejores condiciones para el

desarrollo de la ida humana, entre otros factores,

recomiendan traspasar a una potestad normatia m


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autoridad edilicia actu/ o no fundadamente al disponer el

traslado. $a Corte de !pelaciones, al rechazar el reclamo

de legalidad, sostiene que e6isten malos olores en forma

reiterada, con distinto grado de intensidad % duraci/n,

que proocan afectaci/n a la salud. &sta es la sentencia

que se impugna en la gesti/n pendiente MSC! San :iguel,

DDO2015N.!simismo, la Corte Suprema ha sostenido que est

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