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OON5JEJO DE ESTADO
S A lL ./J ;,. DJE lLO CONTJENCllOSI[) ADMINISTlRATWO
SlECCJJN Q7IJIN]r.l~
Bogot, D. c., cuatro (4) dejulio de dos mil trece (2013)
Rad'RCllidln N: 1 1 1 1 .
Oi01I-@;]-2i8-{]i{]iO-2011[)-@{)27-QJO
Actor: J.AJ!MJEARAVJOJ R.1ENJrEKA 1 J j I OTROS
Demandllido: CONSlEJO NACIONAL lElLlECTOlRAL
]i'allo -Accin deNp.didad cOIlll.-raacto de c{mtcnido
electoral
Agotados los trmites propios y sin observar causal alguna
que
invalide lo actuado, la Sala dicta sentencia de nica
instancia
dentro del proceso de la referencia.
10- .ANTlEClEDENJrlES
1 1 .0 - Llli d /.'E m m r a d !.i flJ .
Los doctores Jaime Arajo Renteria y Jorge Ignacio Salcedo
Galn,
en su nombre y tambin como apoderados de Ricardo Prez
Gonzlez y Jeritza Merchn Daz, presentaron demanda de nulidad
contra actos de contenido electoral, en la que plantean la
siguientepretensin:
"Se declare, en abstracto, la Nulidad parcial (en la parte que
se refiere ala Unin Patritica) de las Resoluciones 5659 y 7477 de
2002' del ConsejoNacional Electoml, actos administ'ativos que
declararon la prdida de lapersonel'ajurdica del partido poltico
"Unin Patritica".
, Lu 5659 es del 30 de septiembre de 2002 y la 7477.dcl20 de
llOl'lcmbre de 2002.
e : .
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2
Ex pedien te 20JO-00027-00Actor: Jaime A.I"QjoRcntcra y otros
1/
.~q
En los hec!h.os [email protected]:res de la demanda se afirma que:
1.- Como resultado del proceso de paz que se inici en el
Gobierno
del Presidente de la Repblica doctor Belisario Betancur
Cuartas,
se lanza oficialmente en Bogot en noviembre de 1985, la
plataforma poltica del partido poltico Unin Patritica (en
adelante UP).
2.- En las elecciones del ao 1986, el candidato a la presidencia
de
la Repblica de este partido, doctor Jaime Pardo Leal, obtuvo.
.
328-752 votos, cifra histrica para los partidos de izquierda
en
Colombia. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado el doctor
Pardo
Leal, para esa poca presidente de la UP.
3.- En las elecciones territoriales de 1988 la UP obtuvo 19
alcaldas
directamente, 95 alcaldas en coalicin, 18Diputados, 3
Consejeros
Comisariales y 368 Concejales. Para las elecciones
presidenciales
de 1990, resistiendo el genocidio, la UF lanza la candidatura
de
Bernardo Jammillo e inscribe listas a las corporaciones pblicas
y
alcaldas. El 22 de marzo de ese ario fl1e asesinado el
doctor
Jaramillo.
4.- En comunicado del 23 de marzo de 1990 el Comit Ejecutivo
Central de la UP anunci su decisin de no participacin
electoral
para la Presidencia de la Repblica.
5.- La UP tuvo dos representantes en la Asainblea Nacional
Constituyente de 1991 y en las elecciones de 1992 logr 24
alcaldas,
8 Diputados y 100 alcaldas en coalicin.
6- En 1994fue asesinado Manuel Cepeda Vargas, el ltimo
Senador
de la U P.
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t
3Expediente 2010-00027.00
Acto ": Jaim e Ara lljo Ren tcria y otros
7.- En la Resolucin 792 del 1 dejulio de 1998 el CNE ratific
las
personeras de algunos partidos polticos, que de conformidad
con
la ley cumplan los requisitos para ello, entre stas la de la
UP,
gracias a la eleccin del se'ior Octavio Sarmiento Bohrquez
como
Representante Q la Cmara por Arauca, pOl'la culacin
UP-Partido
Liberal. En octubre de 2001fue asesinado Octavio Sarmiento.
8.- En las elecciones del Congreso de 2002 la UP no particip
electoralmente por carecer de garantas, lo que era un hecho
de
pblico conocimiento.
9.- Mediante Resolucin 5659 del 30 de septiembre de 2002, el
CNE
basndose en los resultados de las elecciones a Congreso de
la
Repblica del ao 2002, decide que debido a que la UP no
renelos
requisitos establecidos en el artculo 4 de la Ley 130de 1994
"Por la
cual se dicta el Estatuto Bsico de los partidos y movimientos
polticos, sedictan normas sobre su financiacin y la de las campaas
electorales y se
dictan otras disposiciones", no puede conservar su personera
jurdica.
10.- Contra ese acto el representante legal de la UF, Mario
Upegui,
ejerci recurso de reposicin en el que se puso de presente que
por
fuerza mayor la UP no pudo presentar candidatos a las
elecciones
de Congreso realizadas ellO de marzo de 2002, dado el
genocidio
sistemtico que vena presentndose contra sus candidatos y
representantes.
11.- Mediante Resolucin 7477 del 30 de noviembre de 2002 el
CNE
confirm el acto recurrido, eliminndose toda opcin de accin
poltica a la UP, y sin que para tal decisin hubiera tomado
encuenta las razones por las que dicho partido no pudo
presentar
candidatos a esas elecciones.
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-. I
t
4Expediente ~OlO-00027-00
A ct o r: Ja im e A ra jo Re /He r a y otros
q~-1 ; -
Como normas infringidas se citan el Prembulo y los artculos
1,2,
13, 19, 22, 40 numeral 3, 108Y siguientes y 264 de la
Constitucin
Poltica; la Ley 418 de 1997 "Porla cual se consagran unos
inst'umentos
para la bsquedade la convivencia,la eficaciade lajusticia y se
dictan otras
disposiciones", que fue "prorrogada" por la Ley 548 de 1999
"Por
medio de la cual se prorroga la vigenciade la Ley 418 del 26 de
diciembre de
1997y se dictan otras disposiciones",y el artculo 4 de la Ley
130 de 1994
"porla cualse dicta el Estatuto Bsicode lospartidos y
movimientospoliticos,
se dictan n01'1nassobre su financiacin y la de las campaiias
electoralesy se
dictan otras disposiciones",norma que seala por cules causales
los
partidos y movimientos polticos pierden su personera
jurdica,
Al explica' el concepto de violacin la demanda selala que los
actos
de supresin de la persoi1era jurdica y de confirmacin de tal
determinacin estn viciados de nulidad debido a que se
expidieron:
Con desconocimiento del artculo 20 de la Constitucin
Poltica que seala que las autoridades estn instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, y para
asegurar el cumplimiento de los derechos sociales del Estado y
de
los particulares, pues el CNE no protegi los derechos de la
UP
como partido poltico de oposicin, sino que por el contrario,
con
tales actos administrativos "se consolid, simblicamente, el
genocidio
que contra la UninPat,-iticas e cometi de manera sistemtica y
que hoy
contina impune"_ Que adems desconocieron el carcter de
democracia participativa y pluralista que segn el artculo la
constitucional debe regir en la Repblica de Colombia,
Con desviacin de poder: Porque no consideraron que el
genocidio poltico del que era vctima el partido polftico,
constitua
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I
r 1
,
SExpediente2010-00027-00
Actor: Jaime Arajo Rcntera y otros
factor que excepcionaba imponer a la UP las consecuenclOS
que
prev la normatividad que se le aplic. De esta fonna el CNE
desconoci la razn vlida que afront este partido poltico para
no
participar en las elecciones parlamentarias de marzo de
2002,
debido a lafalta de las garantas de que tratan los artculos 2y
264
constitucional (este ltimo en su texto ante"ior a la r:eforma
del
Acto Legislativo 01 de 2003).
Este vicio que afecta la validez de las Resoluciones tambin
se
presenta debido a que el CNE al expedir los actos acusados no
tuvo
en cuenta la restriccin de la libertad, que padeca la UP ante
la
persecucin poltica de que era objeto.
Infringiendo el artculo 4 de la Ley 130 de 1994 y de paso
incurriendo con ello en la falsa motivacin: Segn esta norma
"Cuando en una eleccin no obtengan a travs de sus candidatos por
lo menos
50.000 votos o no alcancen, o [no] mantengan representacin en el
Congreso,
conforme al artculo anterior", el partido poltico no puede
mantener la
persone"a jurdica. Porque esta causal no se present en
realidad
como supuesto fctico, puesto que la UP no pudo inscribir
candidatos para esas elecciones, POi" las acreditadas razones
de
fuerza mayor en que se encontraba de persecucin poltica y de
aniquilamiento de sus jilas, circunstancias que lo situaban
en
desigualdad de condiciones frente a los dems partidos
polticos
reconocidos. Adems, lo privaba de toda garanta de respeto al
derecho fundamental de participacin poltica reconocido por
la
Carta Poltica como uno de los fines esenciales del Estado, pero
al
cual no se atendi por las autoridades en el caso de la UP.
Alegan que, por tal razn, los actos acusados se expidieron
con
falsa motivacin puesto que el sustento que les sirve de apoyo:
no
haber obtenido la UP un mnimo de cincuenta mil (50.000)
votos
en las elecciones del ao 2002 a Congreso de la Repblica ni
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r 6
Expedie nte 2010-00027-00Actor : Jaim e AralY o Ren ler (a y
otros .
C ( l : ,/V
conservado curul alguna en esa corporacin pblica de eleccin
popular, no es veraz, pues en realidad nofl1e lo que ocurri ya
que
no le fue posible partici[).aren esas elecciones. Entonces, se
trat
por tanto de un motivo diferente al que prev el numeral 1
del
artculo 4 de laLey 130de 1994.
SU$pe lns i lTV . pT j "{ JJv is ip ln rVJ .U : Con la demanda
sepidi la suspensin
provisional del acto demandado, solicitud que se neg en auto
de
Sala del 23 de agosto de 2010.
El apoderado del OVE se opuso a la prosperidad de las splicas
de
la demanda. Puso de presente que la prdida de personera
jurdica
de un partido poltico no acan'ea su extincin. Que al CNE le
compete cumplir las normas sobre partidos polticos, incluidas
lasdecisiones sobre su pe'sonera.
Explic que para el momento en el que este organismo expidi
los
actos demandados, derivaba su atribucin del artculo 265 de
la
Constitucin. Que ninguna ley contemplaba las circunstancias
que
aducen los demandantes como causal eximente para mantener la
personera jurdica por parte de un partido poltico.
Por ltimo se propuso la excepcin de pleito pendiente, al
estar
cUT'sandouna demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho,
bajo radicado 2003-00148 ante la Seccin Primera del Consejo
de
Estado.
1.- Del Conseio Nacional Electoral: Record que al contestar
la
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r ~ 7
Exped ien te 2010-00027-00.1clor: Jaime Amjo Rel l ter ia y
otros .
.vt11
demanda propuso la excepcin de PLEITO PENDIENTE porque
para entonces el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
que cursaba ante la Seccin Primera no haba terminado, pero
quecomo para este momento ya se dict el respectivo fallo, debe
declararse la excepcin de COSA JUZGADA.
En cuanto a las pretensiones, refiri que la ley prev
requisitos
objetivos para que los partidos polticos mantengan la
personera
jurdica, los cuales la UF no cumpli, situacin que los mismos
demandantes aceptan (jls. 619 a 629).
2.- Por la Darte demandante: Luego de reiterar parte de la
historia
poltica de Colombia y citar algunas publicaciones
periodsticas
sobre hechos delictivos contra sus militantes, insisti en que el
CNE
no debi aplicar la norma de la Ley 130 de 1994 "por exist"
genocidio y la vulneracin de la libertad de la Unin
Patritica".
En cuanto a la COSA JUZGADA, seal que no existe plena
identidad entre los procesos, comenzando porque el caso que
conoci y fall la Seccin Primera es de nulidad y
restablecimiento
del derecho y el presente caso es de nulidad simple (jls. 632 a
647).
El Procurador Sptimo Delegado ante el Consejo de Estado
consider que la excepcin de pleito pendiente "no procede en
tanto
tiene naturaleza de previa ", y que la de cosa juzgada no
prospera
''por cuanto el objeto de una y otra demanda si bien son
coincidentes en lo
relacionado Q la nulidad del acto son divergentes en cuanto a la
consecuencia
de la decisin ".
Respecto del asunto de fondo, aduce que proceder conforme con
los
I
-
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, .
I
-
8
Expediellte 2010-00027-00
Actor: Jaime Arajo Relltera y otros
i{'D.1 ;
mandatos de la leyes imperativo para los rganos del Estado.
Que
no puede concluirse que el CNE haya actuado con desviacin de
poder al expedir los actos demandados, pues dicha entidad lo
que
hizo fue aplicar la norma que 'egulaba la situacin en dicho
momento.
Sostiene que la situacin excepcional que la UF aleg ante el CNE
a
fin que no se le impusiem la consecuencia del numeral 10 del
artculo 40 de la Ley 130 de 1994,jurdicamente no poda se/'
admitida, debido a que ninguna ley autorizaba a este
Organismo
para considerar un efecto distinto, siendo que realmente la UP
no
obtuvo 50.000 votos en las elecciones para Cong/'eso ni
conserv
ninguna curul en el mismo, lo cual tipificaba el supuesto de
hecho
que la norma regula.
1 1 lo - ODNSIDJERACj[r[JJNJES DJEUSAlLA
11..- CIDmpdendaJI.
La competencia de la Sala para conocer en nica instancia de
este
proceso de nulidad contra acto de contenido electoral deviene de
lo
dispuesto en el numeral 3 del articulo 128del G.G.A.,
modificadopor el Decreto 597 de 1988 artculo 2(por el cual se
modificaron los
artculos 128,129,130,131 Y132del Cdigo Contencioso
Administrativo) y por
la Ley 446 de 1998 artculo 36; al igual que por lo normado en
el
Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena
del
Consejo de Estado "Por el cual se modifica el reglamento del
Consejo deEstado".
Para la Sala, en virtud de la incidencia que para el inters
general
de preservacin de la democracia y del carcter partcipativo y
pluralista del Estado Colombiano representa exammar
l -C r l
-
-
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,
.
9Expediente2010-00027-00A ct or : Jaime Arajo Remeda y otros
judicialmente la constitucionalidad y la legalidad de las
Resoluciones que se acusan, dado el carcter de los cargos en que
se
hacen consistir por los demandantes los motivos de nulidad que
seproponen, encuentra que la naturaleza de las Resoluciones
demandadas trasciende la esfera de pronunciamientos que solo
afectan al partido poltico, y adquieren la condicin de actos
con
impacto social y poltico que, por lo tanto, los hace
controlables
judicialmente por la va del proceso objetivo de legalidad, que
no
est sujeto a trmino de caducidad, y para cuyo
eje"ciciocualquier
ciudadano tiene legitimacin.
La competencia del juez en esta clase de accin est circunscrita
a
esil1dia"la procedencia o no de la exclusin del acto
administrativo
del mundo jurdico, para preservm' en abstracto el
ordenamiento
legal, con independencia de los efectos derivados que per-se
genere
elfallo, en el caso de ser anulatolio.
La Resolucin 5659 del 30 de septiembre de 2002 del Consejo
Nacional Electoral que contiene la decisin concerniente a que
la
Unin Patritica no cumple los requisitos para conservar
supersonera jurdica, y la Resolucin 7477 del 20 de noviembre de
2002 del mismo Organismo que neg la reposicin presentada
contra esa determinacin, se aportaron con la demanda en
copia
autntica (fls. 3a 19).
CUlES7flIN JPREVJlA
En la contestacin de la demanda el CNE propuso como excepcin
- " .. '
-
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10
Expediente 20O-00027.00
A c to r: J aim c A I'm lj " o Relllel'a y o l ros D
J O
la de pleito pendiente. Lafundamenta en que en la Seccin
Primera
del Consejo de Estado cursaba pam esa poca, el proceso 2003-
001
48 en el quese
pretenda igualmente la nulidad de estos actosadministrativos y
por las mismas censuras.
En consideracin a que cuando se corri traslado para alegar
(24
de octubre de 2012)ya se haba dictado sentencia en el proceso
de
nulidad y restablecimiento del derecho contra dichas
resoluciones,
el CNE solicit entender, a partir de entonces, la excepcin
que
inicialmente propuso, de pleito pendiente, ahom como de cosa
juzgada.
La Sala aborda su anlisis y definicin as:
La cosa juzgada es un efecto jurdico de que goza la
sentencia,
como fruto de un procedimiento calificado por el que se llega a
la
declaracin de certeza. Resultado de ello se predican del
pronunciamiento judicial defin ital'io de una conlTove'sia,
consecuencias que tienen como garanta conferir seguridad
jurdica a las partes y a los asociados, sobre lo decidido.
Concretamente sobre los efectos que tiene la sentencia de
nulidadde un acto administrativo, el artculo 175 del C.C.A.dispone
que "La
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendr
fuerza de
cosa juzgada erga omnes. J L 0 1 crjlllLCnl1eglllLc fa
7Ju.didlmllpcdlidlOl. prodllllLdv'1
cosOljlJ.zgadlUl ergC! Oil7lll7lespe1l"O sUo ell7l 1l"dlUlcin
con UIUlCIUlI.J ISIJ !petell7ldli.
j7JUg01dO! (. ..)".
Sobre este tema la Seccin Segunda de esta Corporacin2
sostuvo
en sentencia de mayo 12de 2011, sustentndose en tal norma,
que
cuando la decisin jurisdiccional sobre la nulidad es negativa,
es
: Seccin Segunda. e.\p' 2005.(}2j36 (imemo /269-(9). Uf, Ser /ha
L / l e a Rom i / 'e : de PiJe: , que o Sil \.'1 1 : c i t sen/enc
a de l 22 deab r i l d e !~n()-I,e!.\lJ , f 3 2 i- l . I/ .P , D I
' . Germn A y a/a ,Hm lf i ! la.
" ',',
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Expedie nte 201O-00027~OOAc to, .: Ja im e Ar a jo Re nter a y
otros
decir si el acto administrativo demandado conserva validez, la
cosa
juzgada se predica nicamente de las causales de nulidad que
se
aleaaron, razn Dar la cual el acto puede
dieml11LndIOlr'sedie
nlWe1lJOpor ol t l' l11Lrr;wJi.sl11La,siendo as posible que si
las nuevas censuras
resultan probadas, la pretensin prospCI'C,
El efecto de cosa juzgada de las sentencias concierne a los
atributos
de imperatividad, coercibiliclad e inmutabilidad de que estn
revestidas estas decisiones judiciales ejecutoriadas. As,
cuando
adquieren firmeza haciendo trnsito a la cosa juzgada,
significa,
por una parte, que son susceptibles de hacerse cumplir
incluso
coercitivamente y, por otro lado, que el debate que se dirimi no
es
posible controvertido de nuevo, salvo las excepciones por la
procedencia de recursos extraordinarios expresamente
reguladas
por la ley.
De conformidad con el artculo 332 del Cdigo de
Pl'Ocedimiento
Civil, para que opere elfenmeno de la cosa juzgada es preciso
que
el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; que se fl1nde en
la
misma causa anterior y que en los procesos haya
identidadjurdica
de partes.
Para el presente caso si se comparan en su contenido las dos
demandas3, esto es, la que se tramit y se decidi en la
Seccin
Primera y la presente, se logra apreciar de manera clara que
presentan varias diferencias que no permiten considerar que
la
sentencia que defini el proceso N, 2003-00148 de nulidad y
restablecimiento del derecho constituya cosa juzgada que
impida
resolver con sentencia de mrito el presente proceso de
simple
nulidad, pues las exigencias del articulo 332 del Cdigo de
Procedimiento Civil, antes referidas, no estn presentes
aplenitud.
3 La de nl/lidad y restablecimiento del derecho segln lo que de
ella se re sum i en la sentencia del 2 de diciembre de2()1O de la
Seccin Primera del Cunsejo de Estado. -
I-
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,
12
Expediellt e 2.010-00027-00
Ac tor : Ja im eA raj o Re nte ra y otros ' 1 1
V"1
El siguiente cuadro permite corroborar la inexistencia de
identidad
plena entre ambos medios de control judicial ejercidos contra
estos
mismos actos:
CI.ASEDEDEMANDA NATURALEZA DE LA
INSTAURADA ANTE LAI DEMANDj1. QUE SEOBSERVACIN
ASPECTO A SECCIN la: PRESENT ANTE LACOMPARAR ( DE NULIDAD Y
SECCiN Sa : (SIMPLE
RESTABLECIMIENTO NULIDAD)DEL DERECHO) Na,
2012-00027NO.2OO3-00148
Los demandantesDEJUANDANTE Representante legal, Ciudadanos
Ricardo P,'ez son diferentesPartido Unin Patritica y Gonzlez y
otros
otros
De carcter aeneral: Ms esnecficos:La UP en sus inicios obtuvo La
UPen 1988 obtuvo 19 No son sustentosSUSTENTO 19diputados, 351
alcaldas directamente, 95 fcticos idnticos.FCTICO concejales,
7consejeros en coalicin, 18 diputados, Las dos(ent,.e otros
intendencia les y 8 368 concejales y 3 demandashechos) comisariaies
conseje1'Oscomisariales presentandife,'encias.
CONSl1TUCION: Arts. 2, CONSTITUCION: La nica 1101'maNORMAS 5,14,
20, 23, 29, 38, 107, Prembulo y arts. 1, 2, 13, comn que enVIOlADAS
112Y228 19,22,40 numo 3, 108 Y ambas demandassiguientes y 264. se
alegi como
trasgredida es elarticulo 2 de la
ConstitucinPoltica.
Ley 418 de 1997 El1la demanda"prorrogada" por la Ley al1te la
SeccinlQ
"48 de 1Q9q slo se citannormas
A,'t. 4 de la Ley 130de consti tuciona les19q4
LA UP naci producto de Lafalta de considerar el Los cargos y su,
m acto especial del genocidio poltico como alegacin noLOS CARGOS Y
gobierno. El CNE no poda factor de excepcionalidad tienenEL
CONCEPTO ignorar ese acuerdo. al aplicar los efectos
coincidenciaDE
negativos de las normasVIOLACIN En las Resoluciones del
para que no pudiera la UPCNE demandadas no se mantener su
pel'sonedaconsider que el genocidio jurdica, constituyefue el
impedimento para desviacin de poder en la
que elpartido poltico se expedicin de los actos quepresentara a
eleccianes. se acusan. Tambin stosLos miemb1'OS del CNE estn
afectados defalsa
actuaron deforma motivacin: Porqueparcializadajrente a un aunque
dicen haberse
partido poltico que' ejerci expedido con base en elsu labor de
oposicin. art, 4 de Ley 130de 1994.
La demanda no ubica estas no se cumpli elalegaciones en alguna
presupuesto de la norma
causal especfica de referido que "a travs de
nulidad de los actos sus candidatos" noadministrativos.
obtuviera un determinadonime1'Ode votos, pues la
situacin de la UPfuediferente, en tanto lo que
ocurri fue que noinscribi candidatos.
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Expediente2010-00027-00
AcCOr : Ja i l 11eAm jo Ren t e l ' a y orros
. - , O ' J
Reiterando lo explicado, entonces, la sentencia que niega la
pretensin de decretar la nulidad del acto administrativo,
atendiendo a lo dispuesto POi' el artculo 175 del C. C. A.
(norma
vigente para la poca de interposicin de esta demanda), produce
efectos
de cosa juzgada "erga OT11lleS"slo en relacin con la "causa
petendi"
juzgada, esto es nicamente respecto al cargo de nulidad
propuesto
y. a las normas indicadas como violadas. Por ello resulta
imperativo concluir que en el caso concreto no oper el
fenmeno
de la cosa juzgada, pues no se trata de la misma "causa
petendi",
como lo muestra la sntesis contenida en el cuadro comparativo
al
folio anterior, entre las dos demandas.
En suma, cuando la Seccin Primera en el fallo de 2010 revis
la
legalidad del acto acusado, no lo hizo exactamente desde _la
perspectiva de la 'Jalsa motivacin" ni de la "desviacin de
poder",
"causa petendi" que bajo este enfoque, s fue el propuesto en
la
presente demanda. Tal situacin, impone en garanta material
del
derecho fundamental de acceso a la administracin de
justicia,
permitir que ante esta otra solicitud elevada pOI' los
ciudadanos
aqu demandantes, realizar control del acto de contenido
electoral
demandado con fundamento en estos nuevos y especficos
argumentos.
En consecuencia, la excepcin propuesta se declarar no
probada.
CUESTIN DE FONDO
4.- S(J)bre NOl7!7lodn die pm"odi(J) poUllic(J)
jMnciUll. die c(rnOlH1izml(J)7]" dicE dereclhuD
pm'ticipOlcin c"~el ejercicio diel podier
Y J OlCC7I'COlde
ci7J.O.dOldiOlUll.([}
En los sistemas de gobierno democrticos los partidos polticos
se
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Expediente2010-00027-00
Al: tor : .Jaim e .4r m lj" o RClllera y otros 4
'9'1
constituyen como organizaciones que libremente coriforman
los
ciudadanos con el propsito de canalizar su participacin en
el
ejel'cicio del poder del Estado, a partir de afiliarse a ese
colectivo,a
fin de tmducir y desarrolla' el ideario y los programas de
gobierno
que se acuerdan a ttulo institucional. El artculo 107
Superior
determina que se garantiza a todos los ciudadanos el derecho
a
.fundar organzaciones y a desarrolla' partidos y movimientos
polticos, y la libertad de qfiiiarse a eilos.
Considera la Sala de importancia, a ttulo ilustrativo y como
introduccin a ocuparse en especifico y directamente del examen
de
las causales de nulidad que se endiigan a los actos
acusados,
referirse a la nocin de partido poltico y a la connotacin
que
tienen estas organizaciones frente al ejercicio del derecho
.fundamental a elegir y ser elegido.
El artculo 40 ibdem reconoce a todos los ciudadanos el derecho
a
participar en la coriformacin, ejercicio y control del poder
poltico
a travs de las siguientes actuaciones: elegir y ser elegido;
tomar
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y
otras formas de participacin ciudadana; constill1ir
partidos.
movimientos I d agrupaciones polticas sin limitacin alguna,
formar
varte de ellos libremente I d difundir sus ideas I d programas,
as
como tambin, acceder al desempeo de .funciones y
cargospblicos,
La Ley 130 de 1994 "POI' la cual se dicta el Estatuto Bsico de
los partidos y
movimientos polticos, se dictan normas sobre su financiacin y la
de las
campaas electo mies y se dictan otras disposiciones", define los
pQ1.tidos y
movimientos polticos en el artculo 2, as:
"ARTCULO 2, DEFINICIN. Los partidos son instituciones
permanentesque reflejan el pluralismo poltico, promueven y encauzan
la participacinde los ciudadanos y contribuyen a la formacin y
manifestacin de la
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
15/35
' 5Expediente2010-00027-00
Actor: Jaime Arajo Rentcra y otros I
'1 .; < J .
voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los
cargos de eleccinpopular y de influir en las decisiones polticas y
democrticas de la Nacin.
Los movimientos politicos son asociaciones de ciudadanos
constituidas
libremente para influir en la formacin de la voluntad poltica o
paraparticipar en las elecciones.
Los partidos y movimientos polticos constil1lidos con el lleno
de todos losrequisitos constitucionales y legales tendrn personera
jurdica".
La Corte Constitucionaf. ha reiterado el carcter de
fundl.OI.menfLOlH
de los derechos polticos. En la sentencia C-329 analiz el
marco
participativo y democrtico del Estado Social del Derecho y
sostuvo
entre otras consideraciones que:
"(...) De conformidad con Prembulo y con el artculo 10 de la
Constitucin,
Colombia es un Estado social de derecho, organizado enforma de
repblicaunitaria, democrtica, participativa y pluralista,fundada en
el respeto a ladignidad humana. Tales conceptos no constituyen, ha
dicho la Corte, meros
postulados filosficos, sino que deben ser realizados por una
actuacin' del
Estado dirigida al cumplimiento de, entre otros fines
esenciales, gar'antizarla efectividad de los principios, de/'echos
y deberes consagrados en la
Constitucin y afacilitar la participacin de todos en las
decisiones que losafectan y en la vida econmica, poltica,
administrativa y cultural de lanacin.
La participacin se establece en el ordenamiento constitucional
colombianocomo pr'incipio y fin del Estado, influyendo no solamente
dogmtica, sino
prcticamente, la relacin que al interior del mismo, existe entre
lasautoridades y los ciudadanos, en sus diversas rbitas como la
econmica,
poltica o administrativa. En atencin a dichos postulados, el
Constituyente, dentro del Titulo de los derechos fundamentales
en la
Constitucin, dedic a los derechos polticos un artculo
especial,itormm.dose as expresa la relevancia que en el
mm'coiUilsitrucimud itelTlle K a parricipl[Jlci.impoltica de los
tCVldadOl.nos.
En efecto, el artculo 40 Supe/'ior establece que todo ciudadano
tienederecho a participar en la conformacin, ejercicio y control
del poder
poltico y que, en ese orden de ideas, puede elegir y ser
elegido, tomar parteen elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras fonnas de
participacin democr'tica,' constituir partidos, movimientos
yagrupaciones polticas sin limitacin alguna y formar parte de
ellos
libremente y difundir sus ideas y pT"Ogramas, revocar el mandato
de los
elegidos en los casos y en la fm'ma que establecen la
Constitucin y la ley,
tener iniciativa en las corporaciones pblicas, interponer
acciones pblicasen defensa de la Constitucin y la ley y acceder al
desempeo de funciones
y cargos pblicos. Es decir', a la par que estableci el der'ecllO
departicipacin en el poder poltico, estableci una serie de
prerrogativas afavor de los ciudadanos tendientes a garantizar su
r'ealizacin, en perfecta
armona can las disposiciones internacionales ratificadas por
Colombia en
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
16/35
16
Expediente2010-00027.00
A c w r; J ai m e A ra jo Re n/ c r a y otros
({)Io
-)
la mat1'ia"4.
El partido poltico se camcteriza por su vocacin de
organizacin
estable y permanente. Proyecta su ideologa a tmvs de la
construccin de programas de gobierno que traduzcan su
ideario
sobre losfines del ejercicio del poder, y a partir de las
orientaciones
que transmiten a sus avalados para que atienden a lafilosofa
que
funda su existencia, en la realizacin de los objetivos que
la
identifican. Su razn de ser es la conquista y el eje/'cicio de
las
potestades pblicas, para lo cual debe tener un apoyo
popularsignificativo. ste solo lo obtiene si goza de garantas
plenas para
su existencia y operatividad, incluida la ms importante: la
posibilidad de participacin poltico-electoral.
De conformidad con el artculo 2 de la Ley 130 de 1994, los
partidos y movimientos polticos constituidos con el
cumplimiento
de todos los requisitos legales y constitucionales,
tendrnpersonera jurdicas.
La personera jurdica puede definirse como el reconocimiento
oficial de que la Organizacin poltica fue fundada, adopt sus
estatutos, obedece a una plataforma ideolgica y programtica,
tiene una lista de afiliados y cuenta con directivos6, a partir
de lo
cual se considera sujeto de derechos y obligaciones, como
personajurdica que es7.
El reconocimiento de dicha personera les permite a los
partidos
polticos, entre otros, obtener las siguientes prerrogativas:
4 COI'te Constitucional, sentencia C-329 del 29 de abril de
2003. M.P.: luaro Tafur Galuis.5 Sobre el par ticu lar, el arti
culo 108 de la Con stituci n Poli tica , modific ado por el art
culo 20 del Acto Legislativo 01 de2009, qu e ( J su vez m odific e
l Acto Leg is la ti vo 01 de 2003, prev que "El Consejo Nacional
Electoral reconocerPersonera Jur dic a a J o s pal'tl'dos,
movimientos polticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos
podrnobte ner las con vota cin no inferior al tres por ciento (3%)
de los votos emitidos vlidamente en el territOl'io nacional
enelecciones de Cmara de Representantes o Senado. Las perdern si no
consiguen ese porcentaje en las elecciones de lasmismas Corporacio
nes Pb licas. Se except la el rgimen e xc ep cio na l q ue s e e
sta tu ya e n l a l ey p ara la scirc unscrip cion es de min ora s
tnicas y polticas, en las cuales bastar haber obtenido
representacin en el Congreso".(l Ve/' pargl'afa del articulo 3 de
la Ley 1475 de 2011._~ V e r C d i g o Ch -i l Co l o m b i al l o
, 4 l lt i c u lo 6 33 _
-
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;,
,
17
Ex pe die nte ' 201o-00027.uoAc tor: Ja im e Ar at jo Rc ntcri a
y otros
Inscribir sus candidatos a elecciones populares, Sin
requisito
adicional que el otorgamiento del correspondiente aval
(articulo107de la Constitucin Politica).
Utilizar los medios de comunicacin que hagan uso del
espectro
electro electromagntico, en todo tiempo, conforme a la ley,
para
todos los partidos (articulo 111 de la Constitucin Poltica).
Para los que se declaren en Qj20sicin al Gobierno, ejercer
libremente la funcin crtica frente a ste y plantear y
desarrollar
alternativas politicas. Para estos efectos, se les garantizar:
i) El
acceso a la informacin y a la documentacin oficial, con las
restricciones constitucionales y legales, ii) El uso de los
medios de
comunicacin social del Estado incluidos los que hagan uso
del
espectro electromagntico, de acuerdo con la representacin
obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente
anteriores, y, iii) El derecho de rplica (articulo 112 de la
Constitucin Poltica).
Obtener financiacin anual procedente del Estado (articulo
109
de la Constitucin Poltica), lo cualfue reglamentado por el
artculo
12de la Ley 130 de 1994 y luego por el m'tculo 17de la Ley 1475
de
2011.
Recibir reposicin de gastos de campaiia electoral
(articulo10
9
de la Constitucin Poltica), lo cual se reglament por el artculo
13
de la Ley 130 de 1994y luego por el 21 de la Ley 1475de
2011.
Derecho a postular los respectivos candidatos, a efectos de que
el
Congreso de la Repblica elija los miembros del Consejo
Nacional
Electoral (artculo 264 de la Cr;mstitucin Poltica).
-J-U"I
-
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18
Expediellt e 2010-00027-00
Ac tor: Ja im e Ar mjo Re lll cr ia y otros
Pasa ahora la Sala a ocuparse en especfico del
]JT'Oblemajurdico
que impone resolver la demanda. Este radica en que la Sala
determine si las Resoluciones 5659del 30 de septiembre y 7477
del
20 de noviembre de 2002, expedidas por el CNE, en cuanto
declaraT'On que el partido UNIN PATRITICA "no rene los
requisitos establecidos en la Ley 130 de 1994 para conservar su
personera
jurdica", incurren o no en las censuras que a ttulo de vicios,
los
demandantes les atribuyen.
Los reproches que la demanda le atribuye a estos actos
administrativos conciernen esencialmente a: falsa motivacin
y
desviacin de poder. Se fundan en que la UP no present .la
situacin que el numeral 1del artculo 4 de la Ley 130 de 1994
consagra como motivo de prdida de la personera jurdica paraun
partido poltico cuando: "en una eleccin no obtenga a tmvs de
sus
candidatos por lo menos 50.000 votos, o no alcancen o
mani"engan
representacin en el Congreso [de la Repblica)", causal que, sin
embargo,
aplic el CNE a dicha organizacin poltica para que no
conservara
su personera jurdica.
Los demandantes alegan que no es verdad lo que se aduce en
las
Resoluciones demandadas en el sentido que la UP no obtuvo un
mnimo de cincuenta mil (50.000) votos en las elecciones del
2002,
ni alcanz al menos una curul en el Cong'eso, puesto que este
supuesto fctico de la norma parte de la base que el partido
haya
participado en la contienda electoral, constituyndose ello en
la
condicin sine-qua-non sobre la cual est edificada la causal. Y
queen el caso de la UP lo acaecido fue que debido al exterminio de
sus
lderes, candidatos y miembros elegidos, as como de muchos de
sus
militantes, por este motivo que esfuerza mayor, no pudo
participar
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
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' 9Expediente 2010-00027-00
A ct or: Ja im eA ra jo Nc nte r a y otros
~G/l
en igualdad de condiciones en esas elecciones, dada la falta
de
garantas a la vida e integridad personal de sus afiliados y
electores simpatizantes que padeci.
Que por lo tanto, la potestad que ejerci el CNE para suprimir
la
personeriajuridica a partidos polticos que no demostraran con
los
resultados de las umas el apoyo popular, en el caso del partido
UP
no tuvo por objeto atender a la finalidad que informa la
norma:
preservar el reconocimiento legal solo a partidos polticos
que
demuestren su solidez organizativa en la representacin
ciudadana, alcanzada en las urnas.
La Sala verifica que las consideraciones que szrvzeron de
fundamento al CNE para tomar la decisin de retirarle la
personeriajuridica al Partido Unin Patritica "UP"fuemn:
En la Resolucin 5659 del SOde septiembre de 2002:
"(...) 3.- Que como consecuencia de las elecciones que se
celebl.aron el 10
de marzo y 26 de mayo del ao 2002, pam elegir Congreso de la
Repblicay Presidente y Vicepl.esidente de la Repblica, se hace
necesario que elCoilsejo Nacional Electoml entre a valorar cules
partidos o movimientos
polticos no '.enen los requisitos para conservar su personera
jurdica.
4.- Que el Director de Gestin Electoral de la Registradura
Nacional del
Estado Civil, mediante oficio DGJE-24j0!7 deO13de O1gostodie
2002,
remiti al Consejo Nacional Electoml un listado que contiene
losresultados de las elecciones de Congreso de la Repblica que se
realizaron
ellO de marzo de 2002, discriminado por partido o movimiento
poltico,indicando los que obtuviemn curul, y a su vez sealando la
votacinindividual por agrupacin poltica en cada una de las
corporacioneslegislativas (...). Los anteriores datos sirvieron
como base para el estudioque debla realizar el Consejo Nacional
Electoral.
5.- Que una vez cotejada la informacin suministrada parla
Direccin de
Gestin Electoral, se colige que algunos Partidos y Movimientos
Polticos,
no renen lo requisitos contemplados en la Constitucin Poltica y
en laLey 130de 1994" (jIs. 17019).
En la Resolucin 7477 del :20 de noviembre de 2002, en la que
el
eNE resolvi el recurso de reposicin que interpuso el Partido
Unin Patritica:
-
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20
Expediente 2010-00027-00
Ac to /': Jaime Ar m i }o R c nt el ' a y o t ro s
.0'S I
"(...) El decreto o no de la prdida de la personera ju rdica
pOI'porte de lospartidos y movimientos polticos no es una actividad
discrecionol de laCorporacin; sino que esta actividad es la
consecuenClQ de un mandatoimperativo de la Ley de cuyo cumplimiento
no se puede sustraer el rgano
electoral.( o o . )
A cont1'ario sensu, cuando quiera que la colectividad poltica
reconocidano mantiene el nmero mnimo de votos -cincuenta mil- en la
ltimacontienda poltica y a su vez no logra reelegir a un candidato
al Congresode la Repblica, la Ley presupone que dicho partido o
movimiento polticono cuenta con el suficiente apoyo popular y pUl'
consiguiente no seconstituye en un canal de representacin eficiente
de los intereses de lacomunidad. De suerte que al no contarse con
el apoyo popular requerido,
el partido o movimiento poltico no rene los mritos suficientes
para.gozm' de los favo/'es del Estado, siendo llamado a perder su
personerajurdca,
(. ..)
En otras palabras, pam el caso en nada influye el que el Pm'tido
PolticoUNION PATRIOTICA se encontrare incurso en la causal primera
delartculo 4 de la Ley 130 de 1994 pOI' razones de fuerza TTlayoro
caso
fortuito pOI' cuanto que -como se advirti- no se discute el que
lacolectividad poltica fuere legalmente /'esponsable de no haber
obtenido los
cincuenta mil votos o haber alcanzado /'epresentacin en el
Congreso,
(oo.) la misma expr'esin caso fortuito indica idiomticamente
unacontecimiento extrao, sbito e inesperado. POI' tanto, si el
hecho yaexistia al tiempo con el vencimiento del trmino pam
inscribir candidatosal Congreso de la Repblica o era conocido o
cognoscible pOI' las directivasde la colectividad poltica, o si
esto razonablemente hubieran podido
preverlo en el futuro, por ser acontecimiento normal, o al
menos, defrecuente acaecer, la ocurrencia de ese hecho no
constituye caso fortuito.
( . o o )
Es cla1'O que la UNIN PATRITICA Q/'guye como imprevisible
eirresistible una situacin jurdica que n w > lO!era; as como
trae a colacinun argumento tendiente a justificar SlU! no posruladn
decandidatos a una contienda elrectm'rrd como cOlusa
ddadvenimieudO! de la prdida de perso1l1l.ena jurdica,
siruaci1l1l.que POU'donde quiera qm~ se le mire n.o puede Sef' de
recibo paralOlOorporacin POI'CllMUdo qlUle~mprimer trmfw no se
discutela responsabilidad dd partidio poHiCricocu la prdida de
SlUl
perso71ev'Ol,como tampoco es jru.zrodic
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
21/35
..2J
Rrpedicl lt e. 20JO-00027-00
Ac tor : Jai me l1. ,.a jo RClItCl'a y oiras
'1 \'
La desviacin de poder como causal de nulidad de los actos
administrativos est contemplada en el artculo 84 del C.CA. y
ha
sido definida por la jurisprudenciay
la doctrina de la siguientemanera:
"(...) cuando la autoridad profiere una decisin administrativa
para la
cual la ley le ha otorgado competencia pero lo hace con fL a n
fin distinto
deU previsto por dBegisn{}Ilfiorse iU1lcw're eU1lmu desviaciU1l
diepoder. De tal suerte que, cuando exista contrariedad ent'e el
fin
perseguido por la ley y el obtenido por el autor del acto se
configura estacausal de ilegalidad. Ciertamente, se ha dicho, esta
es una causal que no
resulta fcil de comprobar, por tratarse de presupuestos
subjetivos o
personales que en ocasiones no se alcanzan a revelar"8
Se presenta cuando el acto sloformalmente aparece expedido
con
ajuste a la facultad conferida, pues materialmente en realidad
no
atiende al fin que la nOl"maque autoriza su produccin
pe"sigue,
sino que est orientado a un propsito diferente que, por lo
tanto,
resulta ilegtimo.
En relacin con la causal de nulidad por falsa motivacin,
como
vicio que anula los actos administrativos, prevista en el
artculo 84
del C. C. A, la Seccin Quinta del Consejo de Estado ha sostenido
lo
siguiente:
"(...) De manera generalizada se acepta que los motivos de un
actoadministrativo corresponden a los antecedentes de hecho y de
derecho queconducen a la expedicin del mismo, es decir, las
circunstancias que llevan ala administracin a expresa' su voluntad
en el sentido manifestado en el
acto administrativo de que se trate. Y de conformidad con lo
dispuesto en el
articulo 84 del Cdigo Contencioso Administrativo, se entiende
que laexistencia real de los motivos de un acto administrativo
constituye uno de
sus fundamentos de legalidad. al puniD de que cuando se
demuestra que los
motivos que se expresan en el acto como fuente del mismo no son
reales, o
no existen, o estn maquillados, se presenta un vicio que
invalida el acto
administrativo, llamado falsa motivacin. En sin (esis, el vicio
de faL .s{}Imotivucitm es UrqueB CJJ.l.P.eafecta e n demento
ClWSOlB del {}Idoadministrativo, referido {}Inos {}Intecedentes de
hecho y die derecho
que, die cmiforrmidadl cm~ el ordle!lw.mientojurdico, faCUltan
suexpedicin y, para efectos de su configuracin, con'esponder al
impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo
nocorresponde a la realidad"g .
.~ C on se jo el e E st ad o, S ec ci n Se gun da, se n te n ci
a de l 26 d e m a r zo de 2009, rad , 2004~01941-01(0312-o8), ,H.P
. :GC/ '{ I l 'do A renas M onsalue.
'1 Selltencia del 8de se pt ie m br e de 2005, I 'ad.
2003:01806.01(3644), M .P.: Daro Quiones Pini l la .
-
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.
22
Expediente2010-00027-00
A .c c o r: J ai m e A ra jo Re n te l' fa y otros
V- S \
A partir de las connotaciones que presentan estos dos tipos
de
vicios que la demanda atribuye a las resoluciones del CNE que
se
acusan, y examinados de manera directa en el contexto fctico
yjurdico de tales decisiones administrativas, la Sala encuentra
que,
ciertamente, no .erajurdicamente posible que el CNE le
atribuyera
al partido poltico UF la consecuencia de supresin de la
personera
jurdica, pues las circunstancias que en su caso se presentamn
no
encajaban en la situacin que consagra el numeral 10 del
artculo
40
de la Ley 130 de 1994, disposicin que le sirvi de apoyo
normativo al rgano administrativo electoral para la toma de
la
decisin administrativa que es objeto de este control
judicial.
Porque lo que le ocurri a la UP fue que no cont con las
condiciones de garanta indispensables para vincularse a. la
contienda electoral al Congreso del ao 2002 con una pluralidad
de
candidatos avalados y en un escenarIO de
normalidadpariicipativalO Consecuencia de ello, por obvias
1'Qzonesestaba en
imposibilidad de obtener cincuenta mil (50.000) votos, o de
conservar al menos una curul en esa Corporacin de eleccin
popular.
stas fueron las verdaderas razones, de carcter de fuerza
mayor,
que le impidieron, en igualdad de condiciones a los dems
partidos,
y con garantia de libertad, poder ejercer este derecho
poltico,
de'echo que es de naturaleza fundamental.
En efecto, en el expediente obra prueba documental sobre la
situacin de exterminio del que venan siendo objeto los
militantes
y simpatizantes de la UF. En especial ello se evidencia del
anlisis
10 AlPI'OCCSO se aport certificacin del Director de Gestin
Electoral del CNE en el sentido que la UP prm;ent un nicocandidato
a la Cmara de Representantes pOI' el Departamento de A m u c a .
.para las elecciones del 10 de marzo de
2002, En cua n to a l Sena d o , se ee r hJ l e q ue hno hubo
inscritos" (JI.391 c. p p a l. ). N o o b s ta n t e l a s Res o
luc i ones d e l eNEque se demandan no aducen ni se refieren a esta
circunstancia que POI'/O tanto careci dc relevancia.
-
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1
23Expediente 2010-00027-00
A c to r: Ja im e A rQ t( jo Re n te ,.a y o t r o s
del estudio titulado "Informe del Defensor del Pueblo para el
Gobierno, el
Congreso y el Procurador General de la Nacin" de octubre de
1992, donde
se dan a conocer las conclusiones del "Estudio de casos de
homicidio de
miembros de la Unin Patritica y del movimiento paltico Esperanza
Paz y
Libertad". Este documento preexista a la fecha en la que se
expidieron los actos acusados.
Tal informe tuvo origen en la orden que al respecto imparti a
la
Defensora del Pueblo la Corte Constitucional en la sentencia
T-439
de julio 2 de 1992, cuando ampQ1' los derechos a la libertad
personal, la vida, la integl'idad, la igualdad, la intimidad,
la
libertad de conciencia y la participacin poltica del seal'
Luis
Humberto Roln Maldonado (sobreviviente de la UP), as como
los
derechos de su familia a la armona y unidad, y los derechos
fundamentales de los nU'os a gozar de una familia yana ser
separados de la misma. Orden a las autoridades darle proteccinal
accionante y a su familia, y en el numeral cuarto de la parte
resolutiva, dispuso lo siguiente:
"CUARTO.- SOLlICJ'lfAJR al seriar Defensor del Pueblo que,
dentro de larbita de sus competencias y para losfines indicados en
el articulo 282dela Constitucin, elabore, en el tnnina de tres (3)
meses UT l informe condestina al Cangreso Nacional, al Gobierno y
al Procurador General de la
Nacin, sabre el estado en que se encuentran las investigaciones
penales y
disciplinarias que se adelantan como cansecuencia de las muertes
demiemras del partido paltico Unin Patritica y del mavimiento
polticaEsperanza, Paz y Libertael, as coma promover ante las
autorielades
judiciaiGs competentes las accianes necesw'ias para el
definitivo y tolalesclarecimiento.de estos hechos".
El estudio se anex en copia autntica a este proceso (c. pruebas
N 1),
Y contiene la siguiente resei'a histrica sobre el surgimiento de
este
partido poltico:
"(...) La Unin Patritica UP swrge como organizacin paltica
eH28demayo de 11985 siendo un 'esultado del procesa ele paz entre
elSecretariado Nacional de las Guerrillas de las FARC-E?, y el
gobierno del
presidente Belisario Belancur Cuartas.
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
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24
Expediente2010-00027-00
A ct or : Ja im e A ra j o R eT ll er c l y otros
, Va,l
El proceso que se adelantaba en 1985 implicaba a las luces del
acuerdoinicial el cese bilateml del fuego y segn lo establecido se
concretaria conel efectivo desar-rollo de las reformas politicas,
econmicas y sociales quedaran respuesta a los compromisos
adquiridos por el Gobierno Nacional
en el acuer'do de prrroga del 2 de marzo de 1986. Dicha
obligacin seconsagraba en los siguientes trminos: "El Gobierno, de
acuerdo con loestablecido por la Constitucin y las Leyes,
oll:organ! lU l Ua Ui
jpal1:iltica y [as grmrmdus y segw'idaa:esindlispensaMes parl!1l
que pi.4edaUl! dlesarronmr, en forma idnlticl!1ll!l Ras demls
agF"WJ admll.e:; U]oUIl:iCI!1lS,Sil acci
II:l!1lnl1:oproseUiltisftacomo eUeetomU (. ..)" (pg. 63 Y64 del
Informe)
En otro captulo hace reje,encia a los resultados electorales de
la
UP y a los actos de violencia vinculados a aquellos, en los
siguientes
trminos:
"- Perodo electoral marzo de 1986 a marzo de 1988:
En 1986 primer' ao de participacin electoral de este naciente
partido, seconstituye la UP como el "fenmeno politico electoml"
obteniendo la msalta votacin de la izquierda reflejada en el apoyo
de 320.000 electores.yla eleccin de 5 Senadores, 9 Representantes a
la Cmara, 14 Diputadosdepartamentales, 351 Concejales y el
nombmmiento de 23 alcaldesmunicipales.(...)
Indagando sobre las posibles causas de la multiplicidad de
violaciones,encontramos que existe una relacin directa entre el
apreciable xitoelectoral obtenido y la respuesta violenta de
O1'ganizaciones de extremaderecha, delincuencia organizada, grupos
paramilitares, nar'cotrfico y enalgunos casos agentes del Estado,
que ven menoscabados sus intereses
polticos y econmicos.(...)
De las estadsticas electorales y de violacin a los Derechos
Humanoscontra la Unin Patritica en este perodo, se establece:
1.- La violencia contra la Unin Patritica se dir'ige
especialmente contralos miembros elegidos a corporaciones pblicas;
as en estos diosprimeros miios se asesiull.l!1l I!1lUm1Ximo
dirigente y candidato a lapresidencia JAIME PARDO LEAL, el 11 de
noviembre de 1987, a 2seutadlores, 2represenll:wliftes a la Cmara,
5 dlipll.Jl.tudos regionales,45 com~ejaUes y 4 J . aUeaUdles
municipales.
2.-JLas mayores vioUaClout
-
7/28/2019 Fallo Consejo de Estado Up
25/35
,
25Expedi e11te 2010-00027.00
Ac lor: Ja im eA rajo Rellteria y otros I
'3 ( . ': >
lgido en este periodo preelectoml, causndole la muerte a 9
candidatos aConcejosMunicipales, 5candidatos a alcaldias y 1a
Asamblea.
A pesar de esta oleada violenta que deja entrever evidentes
sntomas deintoler'ancia politica, ausencia de garantas electorales
y exterminio
sistematizado contra los dirigentes y militantes de la UP se
eligen 15alcaldes y 13diputados.
Comparando lajornada electoral de 1986 y 1988, podemos
evidenciar quela Unin Patritica para esta justa electoral tuvo una
considerabledisminucin en su caudal electoral (...), consecuencia
directa de la ausenciade garantias electorales y del proceso
intimidato'io de sus dirigentes ymilitantes. (...).
Periodo electoraljunio de 1990 a septiembre de 1992:
Para las elecciones al Congreso en 1990 la Unin Patritica arroja
lossiguientes resultados: Un (1) Senador con su suplente y cuatro
(4)Representantes a la Cmara con sus suplentes; en las elecciones
deAsamblea Nacional Constituyente en 1990 logra dos constituyentes,
unopropio (Aida Abella Esquive/) y otro de convergencia (Alfredo
VsquezCarrizosa).
En los comicios electorales del 27 de octubre de 1991elige un
(1) Senador' ytres (3) Representantes a la Cmara" (pg. 65 a
68).
En otros apartes indica que lo que est en juego a raz de la
intolerancia "no es la supervivencia de un g"UPOpoltico, sino la
de la
democracia colombiana" (pg. 71), Y analiza la visin de las
organizaciones intemacionales sobre la Unin Patritica, donde
cita el siguiente segmento que hace parte del Informe de
Amnista
Internacional de 1989:
"(...) Tanto el Partido Comunista Colombiano como la Unin
Patritica(UP), han sido blanco especial de los asesinatos y
desapariciones pormotivos polticos de los ltimos aos. Desde S 1l1 l
creacin en J1985, msde 750 miembros de la UP, incluyendo activistas
de base, concejalesmunicipales elegidos en los comicios de marzo de
1988, diputados y lderesnacionales han sido victimas de lo que
parecen ser asesinatos pormori.lIJ os poOincos. Muchos dirigentes
de la UP han recibido escoltas del
DAS como consecuencia de las persistentes amenazas de
muerteformuladas contra ellos y sus familias. Sin embargo, en
varios casosdocumentados por Amnista Internacional, activistas de
la UP que estabanrecibiendo proteccin estatal fueron asesinados en
momentos en que losescoltas no estaban presentes" (pg. 55del
informe).
Tambin alude al informe del Relator Oficial de la ONU que
por
invitacin del gobierno de Colombia realiz visita a este pas
entre
el 1111P : P e~20 de Oicrub1f'e O l e 1 1 9 J 8 '!J , y en el
cual se condensa el
-
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26
Expediente 2010-00027-00
A c to r: Jai m e A ra jo Re n te f a y otros
-'),10
nmero de vctimas de ~sesilf1l~It(]]ls dIe miemibll"(]]Is
dJ.,."6I 1
-
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I
27
E;rpadicnt e 2010-00027-00
Actor : Jaime Arati ja RCl1 te r a 1 ) o t r o s
-1 ;', " 1
Estas y otras acreditaciones sobre la 'eliminacin sistemtica
de
militantes de la UF lefl1eron puestas en conocimiento del eNE
por
el representante legal de la Unin Patritica cuando interpuso
eliecurso de reposicin contra la Resolucin N 5659 de 2002 "Por
la
cual se determinan los Partidos y Movimientos Polticos, que no
cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley 130 de 1994, pierden su
personera
jurdica", entre ellos la UP (j1s. 138 a 143 c. ppal.), pero no
fueron
consideradas como circunstancias excepcionales y dejuerza
mayor
al decidir la impugnacin.
Tan grave situacin indiscutiblemente afect la libertad de la
UP
para continuar actuando como partido poltico.
El seor expresidente de la Repblica doctor Andrs Pastrana
Arango en declaracin por certificacin (j1s. 472 a 474 c. ppal.),
seal
que como ciudadano, expresidente de Colombia y periodista tuvo
laoportunidad de conocer varios de los acontecimientos que
sustentan los hechos de esta demanda, as como tener acceso a
varios documentos pblicos y literarios en los que se relata
la
ocurrencia de varios de estos eventos. Que "eD OIsesillHlllto
die nmchos
die Dos miembros de DOI U1Ir.i; lPOIltnlticOI en Colombia a
manos de
miembros de bandas criminales vinculadas al narcotrfico y al
paramilitarismo es 1 lJ I U 1 ! hecho noltorio y plblli.co que
ha sido divulgado
ampliamente por medio de la prensa y de textos polticos e
histricos".
Agreg el testigo que la obra literaria [de su autora]
denominada
"La palabra bajo fuego" tiene como fundamento los hechos
ocurridos dentro del territorio nacional en un determinado
perodo
de nuestra historia. Que la muerte de varios de los integrantes
de la
Unin Patritica fue un hecho ampliamente informado a la
opinin
pblica, y que este conocimiento hace parte de la historia del
pas y
"corresponde a hechos que ojal no hubiesen sucedido jams".
-
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,28
Expedicl lte 2010-00027-00
Ac tor : Ja ime Ara ju Rc nte Ta y otros
- ; ~ t t.
Concluy su declaracin expresando que:
"(...) En mi calidad de autor del libro, y con el propsito de
fracer un relato
propio de lo acontecido con este partido poltico y los _efec~os
.que esosasesinatos tuvieron sobre las perspectivas de paz en los
anos sIgUIentes, se
utniz la expresin "Genocidio" de ~cuerdo con la definicin
delDiccionario de la Real Academia Espai10la de la Lengua, el cual
define lapalabra genocidio de la siguiente manera: .
"Genocidio: .
1. m. Exte'minio o eliminacin sistemtica de un grupo social
POI'
motivo de raza, de etnia, de religin, de poltica o de
nacionalidad"
Considerando los argumentos anteriores, DECLARO y CERTIFICO que
U Q /
expresin "genocidio poltica" IUltHizQlIIjQ/em e n Woro
"lLAPALABRA DJE FUJEGO" q1lA.iso comtexrualizQ/r el
/homicidiosistemtico de los miemb~'os de 1Ul1l1lfP'lUlpo poHtico,
oCll7Tido en
nuestro pas en un momento histrico, para que fuera comprensible
para
cualquier lectOl' en cualquier poca, aclarando que esta
plUllblicQ/dm
solo tiene lm carcter' liteu'lJlrio e hisfl:rico" (7 . 529
c.ppal, negrillasfllera del texto original).
Entonces los integrantes del pm.tido Unin Patritica fueron
vctimas de persecucin por razones polticas acaecidas en el
pas,
cuando manos desconocidas decidieron exterminar a sus
militantes
y afiliados con el claro propsito de deshacer el partido a fin
de
impedirle su participacin democrtica en la gobemabilidad del
pas, As, se trat entonces de un verdade1'O atentado contra
el
pluralismo y la democracia.
La Corporacin Reiniciar y la Comisin Colombiana de Juristas
presentaron en el ao 1993 demanda ante la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por estos
hechos
delincuencia les contra la UP (caso 11,227). El Organismo
internacional en auto del 12 de marzo de 1997 declar la
admisibilidad del casolI Luego, la propia Comisin
Interamericana
de Derechos Humanos, el 14 de noviembre de 2008, desglos delcaso
11.227[0 concerniente a la muerte del Senador por la UP seor
Manuel Cepeda Vargas, originando el caso 12,531, que se
decidi
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de
mayo
11 JttD:/Iwltl1Q.~idh,QQS 0/'(1, Informe N" 5/97
-
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;
29
Expedient e 2010.00027-00
Act or : Jai me Armlio RCl1tera y otros
~\q
de 2010 sentencia en la que se conden al Estado Colombiano.'
-
En la aCi1wlidad el caso 11.227 se encuentra a la espera de que
sea
resuelto Dar la CIDH .
Entonces, retomando el objeto del presente proceso, se tiene
que
cuando el CNE al determinar si al Partido Poltico UNIN
PATRIOTICA corresponda aplicarle el numeral 1 del artculo 4
de la Ley 130 de 1994 para extinguir su personera jurdica, le
era
exigible constitucional y legalmente que valorara la
situacin
fctica que gobernaba los acontecimientos del estado de
fuerza
mayor que padeca el partido, 'especto a su capacidad real de
participacin poltica, bajo un enfoque con rasero totalmente
diferente al que de ordinario,. ante situaciones de
nm'malidad,
empleaba para evaluar en cualquier otro pw'tido poltico la
ausencia de 50.000 votos o el no alcanzar o mantener UT!escao
enel Congreso de la Repblica, Porque debido a la crisis de la UP,
se
trataba de un estadio totalmente irregular y diferente,
luego
tambin diferente deba ser el tratamiento a impartir a este
partido.
La finalidad que inspir al legislador para establecer la causal
que
se consagra en el numeral 1del artculo 4 de la Ley 130 de
1994
para que los partidos polticos no conserven la personera,
fue
sancionarlos por car'ecer de apoyo popular', demostrado en
las
urnas, ya por lafalta de solidez de su ideario o por el
descrdito de
sus directivos o por el incumplimiento de los programas
ofrecidos
por sus avalados, lo que se deduce al no lograr ninguna
representacin en la principal Corporacin Pblica de eleccin
popular, el Cong'eso de la Repblica. La norma tiene entonces
el
claro propsito de impulsar con ello la permanencia
institucional,
con su reconocimiento oficial de personera jurdica, solamente
de
-
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,
30
Expedie11te 2010-00027-00
Actor : .Jai m e Ar a )o Re nt er a y otros O
1 1''J .
organzzaclOnes polticas slidas, senas y consistentes que
identifiquen el clamor popular con liderazgo de acogida
comunitaria de su ideario poltico, y mediante el aval a
candidatos
que sean merecedores de representar la democracia
participativa
del electorado.
Pero en el caso de la UP, conforme est demos iTado, no se trat
de
pl'dida de apoyo popular por estar en desacuerdo los electores
con
su ideario o con sus directivos, sino de la total imposibilidad
en que
estuvo para presentarse a las elecciones al Congreso de la
Repblica del 10 de marzo de 2002, en igualdad de condiciones
a
los dems partidos y movimientos polticos, en cuanto al goce
de
las garantas para la preservacin de la vida e integridad
personal
de sus directivos, militantes y simpatizantes.
Pese a ser ello as, el CNE en la Resolucin 5659 del 30 de
septiembre de 2002 '~Porla cual se determinan los Partidos y
Movimientos
Polticos, que no cumplen con los requisitos establecidos en la
Ley 130 de 1994,
pierden su personera jw'dica", se limit a aplicar' en forma
literal el
numeral 1 del artculo 4 de la Ley 130 de 1994 para concluir
que
la UP no reuna los requisitos para conservar su personera, y
lo
ratific en la Resolucin 7477 del 20de noviembre de 2002
cuando
resolvi el recurso de reposicin, no obstante que la
impugnacin
estuvo expresamente sustentada en el clamor de un
tratamiento
legal especial, compadecido con la particular situacin que
af1'Ontaba, la cual era de notoriedad pblica.
En consecuenclQ, se reitera, corresponda al Consejo Nacional
Electoral evaluar las razones que adujo el partido poltico para
que
no se considerara inmerso en la consecuencia jurdica prevista
en
el artculo 4- de la Ley 130 de 1994, pues de lo contrario la
decisin
de suprimir la personera jurdica no estara, en su caso, en
-
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31Ex pedie nte 2010-00027-00
, letal' : Jaim e A rQljo Rentera y otros \
~tV
correspondencia con el propsito que busc el legislador con
su
consagracin, implicando desviacin de poder.
En este asunto no se trataba, corno lo afirma el Ministerio
Pblico
en su concepto, de crear una excepcin a la norma, sino de que
no
resultaba procedente imponerle la consecuencia prevista en sta
de
forma literal, sin atender las especiales circunstancias del
caso.
Tan ajeno fue el orgamsmo pblico en evaluar la situacin de
atropello que padeca este Partido Poltico, verdadera causa de
su
desfase electoral, que se limit a se'ialar en la Resolucin 7477
del
20 de noviembre de 2002 por la cual 'esolvi el recurso de
reposicin presentado contra la nmero 5659 del 30 de
septiembre
de 2002, que:
"(...) cuando quiera que la colectividad poltica reconocida no
mantiene elnmero mnimo de votos -cincuenta mil- en la ltima
contienda poltica ya su vez no logra reelegir a un candidato al
Congreso de la Repblica, laley presupone que dicho partido o
movimiento poltico rw cw:mlta can eHsuif[cienlte apoyo popular y
por consiguiente no se cmistiruye en uncmnaH de repres,mltacin
eficiC1!li-e de Hos intereses de HacOffllUnidadi.De suerte que al
no contarse con el apoyo popular requerido,el partido o movimiento
poltico no rene los mritos suficientes paragozar de los favores del
Estado, siendo llamado a perder su personeria
jurdica" (ji. 11).
Yque al resolver sobre el argumento del casofortuito y de
lafuerzamayor que invoc la UP como causal exonemtiva de no
haber
podido cumplir con la exigencia de la Ley 130 de 1994, el
eNE
estim lo siguiente, como lo registra uno de los apartes de
la
Resolucin 7477 del 30 de noviembre de 2002 "Por medio de la cual
se
resuelve el recw'so de reposicin interpuesto contra la Resolucin
5659 de
2002 (...)por parte del Partido Poltico UNIN PATRITICA":
"(.-.) En ese sentido, Hm misffllQl expresin caso jo ruill:a
indiicailI1iomlticamenlte im acontecimiento exltl'aa,
s11biltoeineSI)eradio. Por tanto, si el /ec.;/oya exista al tiempo
con el vencime1ltodel trmino para inscribir candidatos al Congreso
de la Repblica ocmconocido ocognoscible por Kas directivas de la
colectividad poltica,o si estos "OlZonmbUemenlt~-hubicuoClIFupodido
Pl'~V~".v en el futuro,
-
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32
Expediente2010-00027-00
Ac to /': .Ja im e Ar a jo !< en ter a y otros
PO1/"se1/" IJlconiLecimiento lIwrmat o al menos, die
frecueU7lteacaece:-,la ocurrencia de ese hecho 1llI.Ocrxmskituye
caso jorruiiLo.(...)
Es cla1"Oque la UNJaN PATRIOTICA a1/"guye como imprevisible
eirresistibOe ww situacin jurdica que no Uora; as como tme acolacin
un argumento tendiente a justifica' su no posllllacin decandidatos
auna contienda electoral como causa del advenimiento de la
prdida de personera jurdica, situacin que por donde quiera que
se lem/'e no puede ser de recibopara la C01poracinPOT' cuanto que
en primertrmino no se discute la responsabilidad del partido
poltico en la prdidade su personera, como tampoco esjurdicamente
aceptable que el Consejo
Nacional Electoral tenga en cue>1
