— R E V I S T A L E G A L — NÚMERO 197

LEGAL MAGAZINE

La importancia de una regulación propia sobre insolvencia transfronteriza en el Perú

The Importance of Regulating Cross-Border Insolvency in Peru

El riesgo penal en fusiones y adquisiciones

Criminal risks in mergers and acquisitions

EN ESTE NÚMERO IN THIS ISSUE

ENTREVISTA A INTERVIEW WITH

ANDREA DE LA PIEDRACofundadora y CEO en Perú de AequalesAequales Co founder and CEO

“La equidad de género y la diversidad en Latinoamérica”“Gender equality and diversity in the work environment in Latin America”

Contenido

¿Usted descarga software vía internet? La Sunat lo considera un importador. La Corte Suprema dirime el casoEricka Angulo BazánSocia, especialista en litigios y controversias07

15El riesgo penal en fusiones y adquisicionesIan Paul Galarza MoralesSocio, especialista en compliance y derecho penal23

La geolocalización como medida de control laboralPaola Del Villar JaraAsociada, especialista en derecho laboral y seguridad social29

editor.open@gmail.comT- (51) 98848-7593

NÚMERO 197ISSUE 197

Actividades institucionales

31

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del PerúN° 2007-07703Tiraje: 1000 ejemplares

Comité Editorial / Editorial board:Fernando MeléndezArturo FerrariSilvia Núñez

Comentarios y sugerencias / Comments and Suggestions:aferrari@munizlaw.com snunez@munizlaw.com

Número anterior N° 196

Enfoque del procedimiento de fiscalización en el sector construcciónLenny Estrada VargasAsociada, especialista en derecho tributario13

— R E V I S T A L E G A L — NÚMERO 196

TENDENCIAS 2019TRENDS 2019

LEGAL MAGAZINE

INFORME ESPECIAL SPECIAL REPORT

¿Sabías que se puede adquirir un predio rústico por prescripción adquisitiva de dominio vía administrativa?Jorge Carcelén MartínezAsociado, especialista en derecho corporativo, notarial, registral y saneamiento de tierras – sede Ica26

Licencias sindicales: nuevos cambios con ocasión del D.S. 003-2019-TRAldo Soto DelgadoAsociado senior, especialista en derecho laboral y contrataciones con el Estado – sede Tacna20

Diferenciación o irrelevancia: las opciones en la abogacía de los negociosLidia ZommerSocia directora - Mirada 360 España

Entrevista La equidad de género y la diversidad en LatinoaméricaAndrea de la Piedra

Cofundadora y CEO en Perú de Aequales

04

La importancia de una regulación propia sobre insolvencia transfronteriza en el PerúAnthony Lizárraga Vera-PortocarreroSocio, especialista en reestructuraciones y procedimientos concursales10

Editorial

|3|

Fernando Meléndez Fernández

Socio principal - EditorSenior partner - Editor

Inestabilidad e incertidumbre política

A inicios de abril, el Ejecutivo entregó al Legislativo las propuestas de reforma política (12) elaboradas por la Comisión ad hoc designada

por el presidente de la República. Varias de estas, entre ellas las de reforzamiento de los partidos políticos (inscripción, cancelación y financiamiento) y modificación del sistema electoral nacional, son imprescindibles para mejorar significativamente la forma de hacer y entender la política.

Desgraciadamente, este tema que debía marcar la agenda de los próximos meses, pasó a un segundo o a un tercer plano a propósito de los graves sucesos ocurridos derivados del emblemático caso Odebrecht; el caso de corrupción más grande e impactante de los últimos años. La clase política en general, y varios expresidentes en particular (involucrados en el mismo), dan fe de ello.

Si marzo 2018 nos “escandalizó” con la renuncia de PPK al cargo de presidente de la República, abril 2019 nos conmovió con su detención preliminar y posterior prisión preventiva (36 meses). No obstante, el affaire Odebrecht alcanzaría su pico máximo con la muerte del expresidente Alan Garcia por mano propia.

Estos hechos supondrán un cambio radical en el panorama político, por la polarización y enfrentamiento que han propiciado entre todos los actores involucrados. Y una vez más, temas tan relevantes como el económico y social quedarán relegados.

Resulta imprescindible, entonces, que los protagonistas políticos y los poderes del Estado asuman sus respectivos roles y entiendan que si bien es absolutamente necesario que las investigaciones del caso Odebrecht lleguen hasta sus últimas consecuencias, es importante también que el país no siga atado a sus consecuencias. Ardua tarea la que tienen por delante. Esperemos que sepan estar a la altura.

Political instability and uncertainty

I n early April, the Executive introduced some political reform bills in Congress (actually 12), prepared by the ad-hoc Committee designated by the President of the

Republic. Many of these bills, including one dealing with the need to strengthen political parties (registration, cancelation and financing) and another one addressing some changes needed in the national electoral system, are indispensable to significantly improve the way of doing and understanding politics.

Unfortunately, these bills, which should have been a priority agenda item during the next few months, took second or third place due to some serious events triggered by the emblematic Odebrecht case, the biggest and most striking corruption scandal in the last few years. The political class in general, and some former presidents in particular (who were involved in the scandal), attest to this fact.

If in March 2018 we were “shocked” by the news of PPK’s resignation as President of Peru, in April 2019 we were touched by his preliminary arrest and subsequent preventive imprisonment (36 months). However, the Odebrecht scandal may have reached its peak when former president Alan García took his own life.

These events will entail a radical change in the political arena due to the polarization and confrontation sparked by all key players. And once again, topics as important as the national

economy and social problems affecting the country will be left behind.

It is therefore indispensable for political leaders and the branches of government to take on their roles and understand that although it is absolutely necessary to see the Odebrecht case investigation through to the end, it is also important not to tie the future of the State to the outcome of this case. A lot of hard work lies ahead. Let’s hope that our political leaders can rise to the occasion.

Columnista invitado

|4|

Diferenciación o irrelevancia: las opciones en la abogacía de los

negocios

A costumbrados a escuchar día a día que el sector legal está cambiando, quizás ya es momento de convencernos de que sí

ha cambiado. Lo que hacíamos en la abogacía hace diez, ocho o cinco años, no sirve para enfrentarnos con éxito a los desafíos actuales, probablemente, las mejores estrategias de hoy no nos sirvan para los desafíos próximos.

La abogacía de los negocios actual es un mercado altamente competitivo, con vocación global, donde el margen de crecimiento es mínimo y cuyo campo de batalla se reduce a arrebatar la cuota de negocio a la competencia.

Los despachos a la vanguardia están explotando las posibilidades de trabajar con tecnología, replanteando su modelo de negocio y reformulando la relación abogado-cliente. El sector en su conjunto está intentando adaptarse a un entorno en el que lo permanente es el cambio y un altísimo nivel de exigencia.

Ya hace varios años que Richard Susskind nos asustó a todos con su libro “La muerte de los abogados”, en el que destaca tres factores como determinantes de que el sector legal se ha transformado:

1. Las exigencias de los clientes, quienes toman el poder a partir de la crisis global del 2008 e introducen el “más por menos” como nuevo mantra.

2. Desarrollos tecnológicos que hacen posible aportar valor de un modo mucho más eficiente y transparente.

3. La desregulación, la cual permite que ingresen al mercado legal operadores que no son despachos de abogados.

En este mercado, los clientes ahora pueden encontrar los servicios que necesitan de una amplia gama de proveedores. Las firmas de abogados ya no somos la única opción para resolver sus problemas; y en

Columnista invitado

|5|

En un entorno tan competitivo, el desafío

más importante al que se enfrentan los

despachos de abogados para poder mantener

los precios es la diferenciación de la

marca

consecuencia de ello, debemos demostrar que somos necesarios y que aportamos valor, más valor que los demás, porque más baratos siempre habrá.

La competitividad del mercado legal actual exige a las firmas diseñar e implementar una estrategia de desarrollo de negocio entendiendo el mercado; identificando, potenciando y visibilizando la ventaja competitiva de la firma; poniendo en valor la diferencia del despacho, planificando los canales de captación y formando a los abogados en nuevas habilidades.

El rol del abogado, en su práctica individual o como parte de una organización colectiva, ha cambiado definitivamente.

Superando al conocimiento técnico, ahora el valor diferencial se sitúa en habilidades como la capacidad de negociación, de comprensión y comunicación para diseñar contratos que ayuden a cerrar tratos en lugar de espantarlos; la capacidad de transmitir seguridad al cliente o la honestidad y compromiso para fijar las expectativas al cliente explicando claramente el modo en que se desarrollará el asunto, las opciones y recomendar un camino, entre otras, muchas competencias.

Un expediente brillante y el dominio de idiomas ya no son suficientes para el éxito en una profesión donde esos factores se han convertido en una regla de mínimos.

Como abogados, somos expertos en asesoría legal, pero lo que los clientes tienen no son problemas jurídicos, sino de negocio y lo que esperan no es un simple asesoramiento, sino resultados.

Los clientes están dispuestos a contratarnos para resolver sus problemas mejor, más rápido y más barato. Quieren gastar la menor cantidad de tiempo y dinero necesarios para obtener resultados predecibles y apropiados. Pero históricamente las firmas de abogados no nos hemos concentrado en brindar costes, plazos y consecuencias predecibles.

Los compradores de servicios jurídicos de las grandes compañías eligen al abogado dentro de una firma de buena reputación. La marca del despacho es tan importante porque para operaciones o litigios

sensibles, es la cobertura personal del comprador, pues si las cosas salen mal, no es por su culpa, él eligió a una referencia del mercado. “Nobody ever got fired for hiring a Slaughter and May”, se dice.

En un entorno tan competitivo, el desafío más importante al que se enfrentan los despachos de abogados para poder mantener los precios es la diferenciación de la marca.

La marca corporativa es útil para llamar la atención del posible cliente, pero tampoco es suficiente, ya que en la medida de que el proceso de compra avanza, cada vez cobran más importancia las habilidades comerciales del abogado, quien fidelizará o perderá la oportunidad del contacto.

La decisión de la estrategia de diferenciación del estudio jurídico deberá partir de un análisis y reflexión sobre las propias capacidades, las de la competencia, la situación del mercado y cómo los recursos del despacho, actuales o desarrollables, pueden generar oportunidad de colaboración jurídica rentables. Definir nuestra propuesta única de valor, el ADN de la firma, es el paso más importante de la dirección del despacho: ¿para quién trabajas, qué beneficios ofreces y por qué deberían elegirte a ti?

“Cuando se intenta ser todo para todos, se termina siendo casi nada para nadie.” decían Al Ries y Jack Trout en “Las 22 Leyes Inmutables del Marketing”.

El mundo de los despachos de abogados se enfrenta a un futuro incierto y la diferenciación de la propuesta de valor es el paso más importante para sobrevivir.

lidia zoMMer

Socia directora, Mirada 360 EspañaManaging partner, Mirada 360 Spain

Guest Columnist

|6|

I n view that we can hear every single day that the legal sector is changing, maybe it’s time to convince ourselves that the legal sector has actually changed. What law firms and

lawyers used to do ten, eight or five years ago is no longer useful to successfully cope with current challenges; besides, today’s best legal strategies could probably not be useful to cope with future challenges.

Business law is currently highly competitive and has a global approach. Furthermore, there is very little room for growth, so the battleground is limited to stealing the business share of competitors.

Cutting-edge law firms are bringing out the best of technology, reassessing their business model, and restating the lawyer-client relationship. The legal sector as a whole is striving to adapt itself to an environment where change is permanent and expectations are extremely high.

Several years ago, Richard Susskind shocked us with his book “The death of lawyers”, where he highlighted three main factors which, in his opinion, were playing a decisive role in the transformation of the legal sector:

1. Client expectations. As a matter of fact, after the 2008 global financial crisis, clients took control of their destiny and started repeating a new mantra: “more for less”.

2. Technological breakthroughs, which make it possible to add value more efficiently and transparently.

3. Deregulation, which allows operators other than law firms to enter the legal market.

There is currently a wide range of legal service providers who can provide the services needed by clients. Law firms are no longer the only option available to resolve their problems and, as a result, we must prove that we are necessary and that we contribute value, actually more value than the rest, because there will always be cheaper firms.

Competitiveness in today’s legal market requires law firms to design and implement a business development strategy which understands the market, identifies and strengthens the competitive edge of the firm, makes it more visible, adds value to what it offers differently, designs client engagement channels, and provides training to lawyers so that they may develop new skills.

The role of lawyers, irrespective of whether they work on their own or as members of a law office, has definitively changed.

Sidelining technical skills, the differential advantage over competition now focuses on skills like ability to negotiate, understand and communicate ideas to design contracts which help clients close deals, instead of chasing potential clients away; ability to reassure clients; honesty and commitment to

meet expectations, clearly explaining the manner in which the case will be handled, the options available, and the path that the firm recommends following, among other abilities.

A brilliant case and language skills are not enough to guarantee success in the legal market where the above-mentioned factors have become the de minimus rule.

As lawyers, we specialize in providing legal advisory services, but what clients want us to resolve are not legal problems, but rather business problems, so they expect us to provide not only advice, but also results.

Clients are willing to retain our services to resolve their problems in a better, quicker and cheaper in a better, quicker and cheaper way. They are willing to spend less and save time to obtain predictable and appropriate results. However, historically, we can see that law firms have not been focused on providing predictable costs, terms and results.

In large companies, buyers of legal services choose lawyers who are members of a reputable law firm to entrust them with their case or cases. The brand name of the firm is absolutely important because, for sensitive transactions or litigation cases, it becomes some sort of personal coverage for a buyer of legal services. As a matter of fact, if things go wrong, it will not be the buyer’s fault because he/she chose a firm which marks a difference on the market. It is said that “Nobody ever got fired for hiring a Slaughter and May”.

In an environment as competitive as ours, the most important challenge that law firms face to maintain prices is brand differentiation.

Corporate brand names are useful to attract potential clients, but are not enough, because as the purchase process moves forward, the business skills of the lawyer become more and more important as the lawyer will be the one who will gain the loyalty of clients or otherwise lose the contact.

The differentiation strategy of any given law firm must be the result of a thorough analysis and evaluation of its own skills and those of the competition, the market situation, and the manner in which the firm’s present or future resources can give rise to profitable legal collaboration opportunities. Defining our value proposal, the firm’s DNA, is the most important step: who do you work for, what benefits do you offer, why should we elect you?

“If we try to be everything to everyone, we will be nothing to no one” Al Ries and Jack Trout wrote in the book entitled “The 22 Immutable Laws of Marketing”.

Law firms are facing an uncertain future and making a differentiated value proposition is the most important step they must take to survive.

Differentiation or irrelevance? Options available under business law

Columnista

|7|

E n la Casación No. 405-2015-Lima1, la Corte Suprema revisa si es válido calificar como importación la descarga de un software desde

internet y, en esa medida, permitir el cobro de tributos aduaneros a la Sunat.

¿Por qué la sentencia es relevante?

El caso incide en dos niveles. Primero, al usuario final, porque la descarga de software es realizada masivamente para el uso de nuestros teléfonos móviles, computadoras y dispositivos. De avalarse la postura de Sunat, todos seríamos, aquí y ahora, flagrantes evasores. En segundo lugar, tenemos el nivel corporativo, dándose el perjuicio en el software

ad hoc, aquel que las empresas mandan a elaborar a compañías extranjeras, para algún uso especial del negocio. Por ejemplo, sistemas de seguridad para bancos (elaborados en Estados Unidos, India, etc.), encriptación de datos y el programa que fue objeto de la sentencia: un software que indicaba a una empresa de telefonía celular cuáles zonas de Lima tenía baja señal móvil, a fin de instalar antenas en esos lugares y mejorar su servicio.

Como el tributo aduanero equivale a un porcentaje del valor del software, en los programas ad hoc tenemos cifras importantes para el fisco, ya que estos programas pueden costar hasta cientos de miles de dólares.

¿Usted descarga software vía internet? La Sunat lo

considera un importador. La Corte Suprema dirime el caso.

1 Ver ejecutoria de Sala Constitucional Permanente en: https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/

Columnista

|8|

¿Cómo sustenta su postura la Sunat? (Procedimiento INTA-PE.01.14)

La importación de software está concebida como el paso, a través de la aduana, de equipos informáticos que ya llevan instalado un programa de datos, de modo tal que el valor del bien se separa en: (i) La cuantía del equipo (hardware) y (ii) la cuantía de los programas (software). Este último importe debe excluirse del valor en aduana, es decir, no está afecto a tributos por importación; así lo establece la Decisión 4.1 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), incorporada a nuestra legislación por Decreto Supremo No. 128-99-EF. Esta inafectación obedeció, en palabras de la OMC, a la situación única en su género del software.

Para implementar el tratado internacional, la Sunat creó el procedimiento aduanero INTA-PE.01.142 que –en nuestra opinión– infringió la regulación la OMC, al convertir la inafectación total de software en un beneficio ficticio. El fisco estableció, en esta norma reglamentaria, que sí se cobraría tributos al “software imponible”, definiéndolo como cualquier programa necesario para que un equipo informático desarrolle una determinada operación o función. Con este amplísimo concepto, se abarcaba a toda clase de software (ya que todo programa está hecho para ejecutar una función). Así, un dispositivo reglamentario de la Sunat se imponía sobre un tratado internacional de mayor rango, y terminaba creando tributos aduaneros no aceptados en el estándar internacional, que, más bien, propugna el software libre.

No solo eso, la INTA-PE.01.14 también estableció que no interesaba si el software pasó o no por la aduana, en todos los casos debía pagar tributos de importación, incluso si el programa había sido descargado vía internet, satélite o por correo electrónico (ver norma VI, numeral 4).

En aplicación de esta norma, la Sunat impuso tributos aduaneros a quien nunca recurrió a la aduana, al usuario que descargó por internet, siendo esta decisión invalidada por el Tribunal Fiscal. No conforme con ello, Sunat inició el proceso judicial para lograr la afectación del software.

¿Cómo dirimió la Corte Suprema?

La casación 405-2015-Lima, llega a la conclusión correcta: un software descargado por internet no

debe pagar tributos aduaneros; pero los fundamentos pudieron haber sido más sólidos. Se señala que no es posible aplicar el criterio de software libre establecido en la Decisión 4.1, en tanto aquella regula los programas que pasan por una aduana, no lo descargado por internet.

En paralelo, la casación sí aplica otra norma aduanera que tampoco regula la situación de internet y es el artículo 8 del Acuerdo de Valoración de la OMC, señalándose que el software objeto de disputa no cumple con los dos supuestos allí establecidos para gravar una creación intelectual.

Actualmente el proceso INTA-PE.01.14 ha sido derogado, no obstante, nada impide que Sunat expida dispositivos similares, en detrimento del estándar OMC, por eso, la sentencia es un importante control judicial que desincentiva una nueva vulneración contra la norma internacional.

ericka angulo Bazán

Socia, especialista en litigios y controversiasPartner, Litigation and dispute resolution specialisteangulo@munizlaw.com

2 Ver: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/inta-pe-01-14.htm.

Columnist

|9|

I n Cassation Appeal No. 405-2015-Lima1, the Supreme Court is analyzing whether or not downloading software from the Internet can be validly considered an import and,

to that extent, allow the collection of customs duties by Sunat.

Why is this resolution relevant?It has an impact at two levels. In the first place, it impacts final users because software is downloaded on a massive basis in order to be used in our mobile phones, computers and devices. If the Supreme Court endorses Sunat’s stance, then we would become, here and now, flagrant evaders. In the second place, it has an impact on companies, as damage is caused to ad hoc software, that is, software developed by foreign companies at the request of local companies for a specific business purpose and use. For example, bank security systems (manufactured in the United States, India, etc.), data encryption systems, and the software system subject matter of the resolution under analysis: a software system that identifies which areas in Lima transmit a weak telephone signal in order for the mobile telephone company to install antennae in those areas and improve its service.

In view that custom duties are equivalent to a percentage of the software price, in ad hoc software the Treasury collects a substantial amount of money as this software can cost tens of thousands of dollars.

How does Sunat support its stance? (Procedure INTA-PE.01.14)Import of software refers for the customs clearance of computer equipment with an embedded data system, in such a way that the price of the equipment is broken down into: (i) the hardware price; and (ii) the software price. The latter must be deducted from the customs value, which means that it is not subject to import duties, as provided for in World Trade Organization (WTO) Decision 4.1, which was made a part of our legislation by means of Supreme Decree No. 128-99-EF. According to the WTO, this permanent exemption was granted due to the unique nature of the software system.

To implement the international treaty, Sunat implemented customs procedure INTA-PE.01.142, which –in our opinion– violated the WTO decision by turning a permanent exemption granted to software into a fictitious benefit. Treasury resolved, through this procedure, that “taxable software” would be taxed,

Do you download software from the Internet? Sunat considers it an import. The Supreme Court is settling an

ongoing dispute

and defined “taxable software” as any software required in order for computer equipment to carry out a specific operation or function. This absolutely broad concept included all kinds of software (as every software is intended to perform a specific function). In this way, a Sunat procedure managed to prevail over an international treaty with greater hierarchy and ended up creating customs duties not accepted in the international treaty, which rather advocates free software.

Not only that, but procedure INTA-PE.01.14 also established that it didn’t matter if the software system was or was not cleared through customs as it had to pay import duties in all cases, even if it had been downloaded from the Internet, via satellite or e-mail (see Rule VI, paragraph 4).

By applying this procedure, Sunat imposed customs duties on users who never made any import of software and, therefore, never had their software cleared through customs, but rather downloaded it from the Internet. Nevertheless, this decision was invalidated by the Tax Court. However, in view that Sunat did not agree with the Tax Court’s stance, it brought a court action in order for this software to end up paying taxes.

How did the Supreme Court settle the dispute?Through Cassation Appeal 405-2015-Lima, the Supreme Court came to the right conclusion: software downloaded from the Internet should not pay customs duties; but it could have used sounder arguments. It states that it is not possible to apply the free software concept contemplated in Decision 4.1, because this decision regulates software cleared through customs, not downloaded from the Internet.

Meanwhile, in the cassation appeal the Supreme Court applied another customs rule which does not contemplate the Internet case either. We are referring to Article 8 of the WTO Valuation Agreement, stating that the software subject matter of the ongoing dispute had failed to comply with the two assumptions contemplated therein to tax intellectual creations.

Procedure INTA-PE.01.14 has already been repealed; however, nothing prevents Sunat from issuing similar procedures, which are contrary to the WTO standard, for which reason this resolution is important because it exerts judicial control and discourages new violations of the WTO standard.

1 SeefinaljudgmentissuedbythePermanentConstitutionalCourtroomat:https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/2 See:http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/inta-pe-01-14.htm

Columnista

|10|

La importancia de una regulación propia sobre

insolvencia transfronteriza en el Perú

L a Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) define a la insolvencia transfronteriza como

aquella en la que el deudor que se encuentra en una situación de insolvencia posee bienes en más de un Estado o en la que algunos de los acreedores del deudor no son del Estado donde se está tramitando el procedimiento de insolvencia.

En el caso peruano, Indecopi es la autoridad competente para conocer los procedimientos concursales de todos los deudores domiciliados. Asimismo, el artículo 6.2 de la ley concursal peruana señala que dicha competencia se extiende a los procedimientos concursales de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero, siempre y cuando, las autoridades judiciales nacionales hubieran reconocido (vía exequatur): (i) la sentencia extranjera que declara el concurso; o (ii) cuando así lo dispongan las normas de derecho internacional privado. Para ambos supuestos la referida

competencia se extenderá solamente a los bienes del deudor situados en el territorio peruano. Es decir, actualmente el sistema concursal peruano tiene un sistema de insolvencia transfronteriza que depende estrictamente de las autoridades judiciales peruanas, ya sea en el tiempo de sus pronunciamientos, como el contenido de los mismos.

Por otro lado, el artículo 2105 del Código Civil Peruano establece que el juez procederá con la formación, administración y liquidación de la masa concursal del deudor, de conformidad con la ley concursal, satisfaciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, según la graduación (orden de preferencia) señalado en la mencionada ley. Esta regulación establece una regla discriminatoria, pues le otorga preferencias de cobro a los acreedores nacionales por sobre los extranjeros (que bien podrían ser inversionistas).

Columnista

|11|

Precisamente para evitar que una autoridad, a su discrecionalidad de fundamentos (predictibilidad) y de tiempo, genere desigualdad de cobros entre los acreedores de un deudor nacional o extranjero, en el año 1997 la CNUDMI elaboró una Ley Modelo sobre la insolvencia transfronteriza (en adelante, Ley Modelo).

En ese sentido, la Ley Modelo establece en su preámbulo que su finalidad radica en establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza para cumplir con los siguientes objetivos: (i) La cooperación entre los tribunales y demás autoridades competentes de este Estado y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de insolvencia transfronteriza; (ii) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones; (iii) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás partes interesadas, incluido el deudor; (iv) La protección de los bienes del deudor y la optimización de su valor; y, (v) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo. Es pertinente mencionar que, se ha aprobado legislación basada en la Ley Modelo en 44 estados, en un total de 46 jurisdicciones.

Así, la Ley Modelo establece diversas instituciones que se podrán utilizar en el ordenamiento jurídico nacional y otras que, por lo genérico de sus directrices, deberán adaptarse al ámbito local, sobre todo en el Perú, donde la autoridad concursal es un organismo administrativo y no judicial. A modo de ilustración podemos señalar que esta ley señala, por ejemplo, la solicitud del representante extranjero ante la autoridad local, la forma del reconocimiento de un procedimiento

concursal extranjero y sus reconocimientos de créditos como el pago de los mismos, reglas de cooperación entre las autoridades involucradas, entre otros.

Finalmente, el sistema concursal peruano carece de regulación propia de insolvencia transfronteriza, lo que hace que el régimen actual basado principalmente en lo regulado en el Código Civil sea poco atractivo e ineficiente para los actores extranjeros; además, los sistemas concursales modernos deben respetar la igualdad de cobro de acreedores, sean locales o extranjeros, tal como lo plasma la Ley Modelo, evitando que normas locales otorguen preferencias a unos frente a otros.

anthony lizárraga Vera-Portocarrero

Socio, especialista en reestructuraciones y procedimientos concursales Partner, Reorganization and bankruptcy proceedings specialistalizarraga@munizlaw.com

Columnist

|12|

T he United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) def ines cross-border insolvency as a proceeding in

which the insolvent debtor has assets in more than one state or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceeding is taking place.

In the case of Peru, INDECOPI is the competent authority to deal with bankruptcy proceedings brought by all domiciled debtors. Moreover, Article 6.2 of Peru’s bankruptcy law provides that INDECOPI´s f ield of competence extends to bankruptcy proceedings brought by individuals or legal entities domiciled abroad, provided national judicial authorities recognize (via exequatur): (i) the foreign resolution on the bankruptcy proceeding, or (ii) when so provided by international private law. In both assumptions, INDECOPI´s competence will only extend to goods located in the national territory. This means that Peru´s bankruptcy system currently has a cross-border insolvency system which fully depends on Peru´s judicial authorities, both with regard to the time of issuance of resolutions, as well as with regard to the content thereof.

In addition, Article 2105 of Peru´s Civil Code provides that the judge will set up, manage, and liquidate the debtor´s bankruptcy estate in keeping with the provisions set forth in the Bankruptcy Law, honoring the rights of creditors domiciled in Peru and outstanding debts registered in Peru, according to the order of precedence indicated in said law. This legal rule is discriminatory because it affords national creditors priority over foreign creditors (which could be investors) for the collection of debts.

Precisely to prevent the competent authority from granting unequal collection rights, in its sole discretion as to predictability and time thereof, to the creditors of national and foreign debtors, in 1997 UNCITRAL issued a model law on cross-border insolvency (hereinafter the Model Law).

The preamble to the Model Law states that its purpose is to establish effective mechanisms for dealing with cases of cross-border insolvency so as promote the objectives of: (i) cooperation between the

The Importance of Regulating Cross-Border Insolvency in Peru

courts and other competent authorities of this state and foreign states involved in cases of cross-border insolvency; (ii) provinding greater legal certainty for trade and investment; (iii) assuring fair and eff icient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other stakeholders including the debtor; (iv) protecting and maximizing the value of the debtor’s assets; and, (v) faciliating the rescue of f inancially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment. It is worth pointing out that laws based on the Model Law have been approved by 44 States, out of a total 46 jurisdictions.

The Model Law has established different mechanisms which could be used in the national legal system, including rules which, due to the broad nature of the guidelines embraced thereby, should be adapted to the local requirements, particularly in Peru, where the bankruptcy authority is an administrative entity, not a judicial entity. By way of example, we can mention that the Model Law describes the procedure to be followed by a foreign representative to f ile an application with the competent local authority, the manner of recognizing foreign bankruptcy proceedings, including recognition and payment of credits, cooperation rules between the authorities concerned, etc.

Finally, Peru´s bankruptcy system does not have any specif ic regulations dealing with cross-border insolvency, for which reason the existing regime, which is mainly based on the Peruvian Civil Code, is not attractive enough, and is additionally ineff icient for foreign players. Besides, modern bankruptcy systems must show respect for the equality of rights that should exist between local and foreign creditors, as provided for in the Model Law, to prevent local rules from affording preference.

Comentario tributario

|13|

D urante los últimos años, las empresas del sector construcción están siendo fiscalizadas por la Sunat, a efectos de analizar el reconocimiento de sus ingresos derivados de las obras de construcción; sin embargo, es una constante en estos procedimientos de fiscalización que el principio del devengado se encuentre

sujeto a diversas interpretaciones, originando que el reconocimiento del resultado de una obra se torne compleja y altamente contingente.

En cuanto al desarrollo conceptual del principio de devengado, como bien se conoce, hasta antes del 1 de enero de 2019, fecha en la que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1425, que establece la regulación tributaria del devengado, el reconocimiento de los ingresos y costos asociados se efectuaba en base a la NIC 11, la cual prescribía el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción, el cual señala en su rubro “Objetivos” que la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción era la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.

Como se aprecia, esta norma contable buscaba reconocer los ingresos de un contrato de construcción en los periodos en los que se haya ejecutado la obra, para lo cual resultaba importante poder estimar con suficiente fiabilidad su avance en cada periodo, pues en tal oportunidad se producía el hecho sustancial generador del ingreso.

No obstante, la Sunat alejándose de este criterio básico, ha venido cuestionando la aplicación del método de reconocimiento de ingresos del inciso b) del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, materializado en el método de los costos incurridos recogido en la NIC 11 (método que permite estimar el resultado operativo de una obra a partir de la relación que se establezca entre la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta una fecha determinada, frente a los costos totales estimados –presupuestados– en el contrato de obra), bajo el argumento que no existía veracidad respecto a la documentación base (presupuesto de obra) sobre la cual se aplicó el referido método de los costos incurridos, sustentando tal observación en inconsistencias formales no reguladas por un dispositivo legal, llegando incluso a aplicar un método distinto al seleccionado por la empresa constructora y sin que exista una habilitación normativa que lo faculte para ello.

Evidentemente, el accionar de Sunat es cuestionable, en la medida que no aplica el criterio básico de asociación de ingresos y costos en base al grado de realización de la obra, lo cual vacía de contenido al principio de devengado.

Esperamos que, a partir de la vigencia del nuevo concepto tributario del devengado, la Sunat aplique reglas más claras en las fiscalizaciones; y a pesar de ello, al estar este concepto condicionado a la realización de los hechos sustanciales para su generación, esto es el avance de obra, podría ocurrir que estos parámetros no sean los adecuados o los más razonables frente a este sector. lenny estrada Vargas

Asociada, especialista en derecho tributarioAssociate, Tax law specialistlestrada@munizlaw.com

Enfoque del procedimiento de fiscalización en el sector

construcción

Tax CommenT

|14|

D uring the last few years, construction companies have been audited by Sunat to analyze the proper recognition of income derived from construction contracts. However, in these audits, the principle of accrual has frequently been subject to different interpretations and, as a result,

recognition of income in construction projects has become complex and highly contingent.

Regarding the conceptual development of the principle of accrual, as we all know, before January 1, 2019, the effective date of Legislative Decree N° 1425 which regulates the principle of accrual, the recognition of income and related costs was based on IAS 11, which describes the accounting treatment to be given to income derived from customary activities performed and costs incurred in relation to construction contracts. The “Objectives” section of IAS 11 provides that what matters most at the time of entering construction contracts on the accounting books is to rightly distribute income derived from customary activities and costs generated from each construction contract, assigning them to the accounting periods to which they belong.

As we can see, this accounting standard was aimed at recognizing income derived from construction contracts in the periods in which the relevant work was carried out, for which reason it was important to calculate as reasonably as possible the project’s progress in each period, because the main income-generating activity precisely takes place at that very moment.

However, driving away from this basic principle, Sunat has been calling into question the application of the income recognition method referred to in item b) of Article 63 of the Income Tax Law, materialized in the cost incurred method embraced in IAS 11 (a method which allows calculating the operational result of a construction project based on the relationship that exists between contract costs incurred in work performed until a specific date and total estimated costs -budgeted- in a construction contract), arguing that the base documentation (work budget) used as a basis to apply the aforesaid method of costs incurred provided no certainty and having this argument supported by the existence of formal inconsistencies not regulated by law, even applying a method other than the one selected by the construction company, without being legally authorized to do so.

Obviously, Sunat’s stance can be called into question, to the extent Sunat does not apply the basic principle of association of income and costs based on work progress, thereby making the principle of accrual ineffective.

We hope that as from the effective date of the new tax-based concept of the accrual method, Sunat will apply clearer rules in its audits and, in spite of it, in view that this concept has been made conditional on the occurrence of substantial income-generating events, that is, work progress, it may happen that these parameters are inappropriate or unreasonable for this sector.

Approach to audits carried out by Sunat in the construction sector

“La Equidad de género y la diversidad en Latinoamérica”Andrea De la PiedraCofundadora y CEO de Aequales en Perú

EntrEvista

|16|

¿Cómo ve el mercado laboral peruano en este momento? ¿Cree que existe una brecha preocupante en la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

Vemos que si bien hay cada vez más mujeres trabajando y somos aproximadamente el 45% de la PEA, todavía enfrentamos una serie de retos y barreras visibles o invisibles que impactan en que se genere una pirámide o techo de cristal al momento de llegar a posiciones de liderazgo. No en vano vemos cifras que demuestran que en Perú solo hay 7% de mujeres en puestos de directorio, según el estudio de Women Ceo, Centrum o PwC, o que el 50% de las mujeres dice haber sufrido algún tipo de acoso. Todavía hay un reto grande de educar en equidad y revertir esa pirámide. Las mujeres no estamos accediendo como deberíamos a puestos de poder y se dice que si las cosas siguen como están, la brecha de género se cerrará en 200 años.

¿Con relación a los últimos años ¿cuáles serían las principales características de la discriminación de género dentro de las empresas en el Perú?

Hay diferentes formas de discriminación. Creo que una de ellas tiene que ver con los estereotipos y cómo se asume todavía que hay puesto para hombres o puestos para mujeres. Creo que también pesan mucho los sesgos inconscientes y cómo estos atajos que toma nuestro cerebro para tomar decisiones -de forma inconsciente- afectan sobre todo a las mujeres. Otro punto tiene que ver con el acoso y cómo este afecta la cultura en la que vivimos y el desarrollo de las mujeres. Una cultura permisiva al acoso es tóxica para las mujeres. Otro punto tiene que ver con que entendamos que la equidad de género no se dará de forma natural, sino que es imprescindible implementar acciones afirmativas para cerrar las brechas.

¿Cuáles son los objetivos específicos que persigue Aequales en materia de igualdad de género para el año 2019 y los siguientes?

Aequales es una empresa social que acompaña a las empresas en su camino a la equidad y que entiende

que la diversidad genera valor. Este año estamos lanzando el Ranking PAR a todo Latinoamérica con la finalidad de impactar en toda la región, pero también para generar mejor data sobre lo que ocurre y con esto tomar acción. Lo que no se mide no se gestiona y el ranking busca sobre todo medir. Por otro lado, este año seguiremos impulsando la Comunidad Aequales en Perú, Colombia y México. Esta comunidad está formada por 60 empresas que comparten y buscan tendencias en equidad de género. Nos reunimos cada dos meses a aprender sobre estas tendencias y compartir buenas y malas experiencias. Finalmente, este año nos estamos enfocando mucho en trabajar con la tecnología para cerrar brechas de género de forma más efectiva y rápida.

Durante el transcurso de estos 5 años, ¿considera que en el Perú existieron mejoras en relación con las condiciones y oportunidades laborales equitativas para las mujeres?

Creo que sin duda ha habido un avance en términos de la cantidad de empresas que saben que pueden ser agentes de cambio en el cierre de brechas. Se habla del tema mucho más que hace cinco años y existen cada vez más iniciativas vinculadas al tema; por ejemplo, el Sello de Empresa Segura, el Premio Igualitario, el Ranking PAR, entre otras iniciativas. También vemos como algunos gremios y cámaras están tomando un rol activo. El reto pendiente sigue siendo implementar comités de diversidad dentro de las empresas (un tercio de las que medimos en el ranking PAR lo hacía), definir acciones frente a los sesgos inconscientes, fomentar una verdadera flexibilidad, educar sobre qué es el acoso y cómo denunciarlo, entre otras acciones.

¿Cuál ha sido la evolución del ranking PAR en estos 5 años?

Empezamos en el 2014 con 22 empresas y el año pasado llegamos a más de 450 en tres países. La participación ha aumentado considerablemente. También son más las empresas que toman acción en temas como contar con políticas de equidad de género o designar un equipo a cargo del tema, tener

Columnas conversó con Andrea de la Piedra, cofundadora y CEO en Perú de Aequales, empresa social que realiza consultoría en búsqueda

de la equidad de género y la diversidad en el ámbito laboral de Latinoamérica.

EntrEvista

|17|

mediciones por género en cada nivel. Algunas ya tienen una posición que hacen pública en este tema. Estamos en un momento que el entorno y las empresas tienen una posición y donde no tener una también es una posición.

¿Las empresas que participaron en los anteriores rankings han logrado cambios significativos y mejorado su posición?

Este año lanzaremos un informe sobre el avance de las empresas en el tiempo. Sin duda, algo que hemos visto es que el 60% de las empresas que se miden, luego toman acción. También hemos visto que aquellas que se miden desde el inicio (desde el 2015) la mayoría ya han implementado acciones, como tener un comité de diversidad, políticas de equidad y sensibilizan a su personal sobre el tema. Además, suele ocurrir que son organizaciones con un alto compromiso de sus líderes.

¿Cuál debería ser el primer paso de una empresa para demostrar que existe una voluntad de formar parte en la lucha contra la discriminación de género?

Lo primero tiene que ver con medir cómo se encuentran. Esta es la línea de base. Lo que no se mide no se gestiona. Por eso es importante empezar manejando

ciertos indicadores desagregados por género y también recoger las percepciones de su equipo frente al tema. Este sería el inicio para identificar de forma más sencilla a dónde queremos llegar. Es clave tener una hoja de ruta o plan de acción.

¿Cuál sería el rol que debe asumir la empresa para erradicar la desigualdad de género y crear una cultura corporativa equitativa?

Una empresa puede ser un agente de cambio. Formar una cultura más inclusiva parte por educar al personal para evitar cualquier tipo de discriminación, tener un compromiso público frente al tema documentado en algún espacio y contar con los procesos y las políticas adecuadas. Por ejemplo, procesos de selección que permitan erradicar o disminuir sesgos, como contar con pautas de entrevistas o ternas diversas (al menos una mujer o minoría en la terna). También tiene que ver con fomentar un espacio libre de acoso, promover una verdadera flexibilidad y, en general, promover una cultura donde no impere el machismo.

¿Cuál es el reto que deberían asumir las empresas para el 2020?

Lo primero es asumir que las brechas existen y que tanto las empresas como las personas podemos

IntervIew

|18|

ser agentes de cambio. Todavía vemos empresas que niegan o invisibilizan esta problemática. Creo que para el 2020 más empresas deberían estar concientizadas sobre el problema y, por ende, más empresas deberían estar tomando acción para cerrar brechas a través de algunas acciones como las que he comentado.

andrea de la Piedra

Cofundadora y CEO de Aequales en Perú Aequales Co founder and CEO

How do you see Peru’s labor market at this point in time? Do you think there is a worrying gap resulting in unequal opportunities for men and women?

Although we can see that there is an increasing number of working women and that they account for almost 45% of the economically active population, women still face a series of visible and invisible challenges and barriers which create some sort of pyramid or glass ceiling to reach leadership positions. It’s not for nothing that figures show that in Peru only 7% of women serve on company boards, according to studies conducted by Women CEO, Centrum or PwC, or that 50% of women report having been a victim of some type of harassment. We still face a big challenge to achieve equality of education opportunities and reverse this pyramid. We still do not have enough women holding leadership positions and it is being said that if things continue as they are, the gender gap will be closed in 200 years.

Speaking of the last few years, what are the main characteristics of gender discrimination in Peruvian companies?

There are different forms of discrimination. I think that one of them has to do with stereotypes and the idea

that there are specific jobs for men and specific jobs for women. I think that unconscious biases and the shortcuts taken by our brain to -unconsciously – make decisions which affect women more severely, still weigh heavy on people’s mind. Another form of discrimination is harassment and how it affects the culture we live in and women’s development. A permissive culture where harassment is allowed is toxic for women. There’s something else: we should finally understand that gender equality will not occur naturally. It is very important that we take affirmative action to close gaps.

What specific objectives does Aequales seek to achieve in 2019 and ensuing years as far as gender equality is concerned?

Aequales is a social enterprise that supports companies in their search for gender equality and understands that value is created through diversity. This year, we are launching the PAR ranking in all Latin American countries to impact the whole region, but also to gather better data about the way things are evolving in the region in order to be able to take action. We cannot manage conditions that we cannot measure and this PAR ranking in only aimed at measuring the existing conditions. On the other hand, this year we will continue promoting the Aequales Community in Peru, Colombia and Mexico. This community is made up of 60 companies that share and

Columnas met with Andrea de la Piedra, co-founder and CEO in Peru of Aequales, a consulting social enterprise which aims to achieve gender equality and promote

diversity in the work environment in Latin America.

‘Gender equality and diversity at work in Latin America’

IntervIew

|19|

look for trends as far as gender equality is concerned. We meet once every two months to learn about these trends and share both good and bad experiences. Finally, this year we are very much focused on working with technology to close gender gaps as effectively and quickly as possible.

Speaking of the last 5 years, do you think that there have been improvements in Peru as regards equal employment conditions and opportunities for women?

In my opinion, there is no doubt that progress has been made in the number of companies that know that they can become agents of change in closing gaps. This topic is given much more attention now than five years ago and there are more and more initiatives dealing with this topic, like, for instance, the Safe Company Seal, the Egalitarian Prize, the PAR ranking, etc. We can also see that some associations and chambers are now playing an active role. The challenge still lies in setting up diversity committees in companies (one third of the companies that we surveyed in the PAR ranking have one), defining the actions to be taken to cope with unconscious biases, promoting true flexibility, educating people so that they may know what is harassment and how they can report it, among other actions.

What has been the evolution of the PAR ranking in the last 5 years?

We began our work in 2014 with 22 companies. Last year, we had more than 450 companies in three countries. Participation has increased substantially. More and more companies are willing to have gender equality policies in place or otherwise set up a gender equality committee and are also willing to take gender measurements at each level. Some companies already have a stance on gender equality and make it public. At this point in time, most companies have a stance on gender equality, although not having a stance on gender equity is also valid.

Have companies included in previous rankings managed to achieve significant changes and improve their position?

This year we will publish a report showing the improvement made by companies over time. We have seen that 60% of companies the performance of which is measured in this ranking take action. We have also seen that most of the companies measured since the very beginning (since 2015) have already taken action, like implementing a diversity committee, having equality policies in place and making their employees aware of

this topic. Besides, it is often the case that their leaders are highly committed.

What should be the first step to be taken by a company to prove that it is willing to engage in the fight against gender discrimination?

The first step is to measure its current performance. The data gathered from this measurement will be used as baseline. We cannot manage aspects which have not been measured. This is why it is important to begin by using some benchmarks which should be broken down by gender and also collect the team’s perceptions in this regard. These are the first steps to be taken to identify in a simple way where we want to be. Having a road map or action plant is of utmost importance.

What role should the company play to end gender inequality and create an equitable corporate culture?

A company can become an agent of change. To create a more inclusive culture, employees should be educated to avoid every form of discrimination, publicly commit themselves to avoid discrimination, and have adequate processes and policies in place. For example, a company can implement recruitment processes which allow ending or reducing biases, like following some specific guidelines during the interviews or having male-female lists (at least one women or minority in the list). It is also important to promote a harassment-free environment, foster flexibility and, in general, promote a culture where male chauvinism does not prevail.

What is the challenge that companies should have faced by 2020?

In the first place, companies should assume that gaps do exist and, therefore, both companies and individuals can become agents of change. Some companies still deny that the problem exists or otherwise make it invisible. I think that by 2020 more companies should be aware of the problem and, therefore, more companies should be taking action to close gaps by adopting measures like the ones I have mentioned above.

Columnista

|20|

C omo es de conocimiento público, la licencia sindical es una facilidad reconocida a los representantes de las organizaciones

sindicales para la realización de actividades relacionadas a sus fines y funciones; por ello, el reconocimiento de licencias sindicales coadyuva al ejercicio del derecho de libertad sindical.

Por tal motivo, el Decreto Supremo N° 003-2019-TR publicado el 7 de febrero último, modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con el objeto de regular las licencias sindicales y cuotas sindicales correspondientes a las federaciones y confederaciones, así pues, se ha producido la modificación de los artículos 16; y, el literal “d” del artículo 16-A del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

En primer lugar, desde ahora las organizaciones sindicales podrán distribuir las licencias conforme los objetivos y preferencias de las instituciones sindicales, siendo posible acumularlas en uno o más dirigentes. Es decir, las licencias se consideran en función del cargo ocupado y no de la persona,

siendo responsabilidad de las federaciones y confederaciones comunicar a los empleadores y a la autoridad administrativa de trabajo la relación de dirigentes con derecho a licencia sindical. Ello es importante para que quede claramente establecido que ante una sustitución de dirigentes durante el transcurso del año calendario correspondiente, el nuevo dirigente solo podrá gozar de la diferencia entre el tiempo gozado por el anterior y los 30 días calendario otorgados por ley.

Licencias sindicales: nuevos cambios con ocasión del D.S.

003-2019-TR

Desde ahora las organizaciones

sindicales podrán distribuir las licencias

en conformidad con los objetivos y preferencias de las instituciones

sindicales, siendo posible acumularlas en

uno o más dirigentes

Columnista

|21|

Otra de las novedades radica en el hecho de que la norma reconoce la licencia sindical a un mínimo de seis dirigentes en caso de las federaciones de ámbito regional o nacional, pudiendo incrementarse hasta doce; y, en el caso de las confederaciones el número de representantes pasa de diez a doce, pudiendo incrementarse hasta quince dirigentes. En ningún caso esta regulación vulnerará mejores condiciones o beneficios obtenidos por convenio colectivo o costumbre.

De igual manera la norma destaca la ampliación de los espacios de diálogo sociolaboral de naturaleza bipartita o tripartita de alcance regional, nacional o internacional, en los que pueden participar los dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones, o los representantes designados por estos, contando con dos días de licencia por cada convocatoria que requiera su participación. Cabe resaltar que los días de licencia por participación en los espacios de diálogo sociolaboral no computan para los 30 días de licencia sindical. Asimismo, es importante señalar que la norma no ha dispuesto el plazo mínimo para comunicar la participación en dichos eventos, ya que no se trata de actos de concurrencia obligatoria, por lo que consideramos que el sindicato deberá tener en cuenta un plazo razonable de comunicación, a efectos de que la empresa pueda programar los relevos y reemplazos que correspondan.

La norma además facilita la retención y abono de las cuotas sindicales cuando se trata de organizaciones sindicales afiliadas a otras de grado superior; es decir, se dispone la obligación de las federaciones y confederaciones a comunicar a los empleadores de sus afiliados el monto de la cuota sindical, la toma de

conocimiento o aceptación del estatuto o acta de asamblea, el monto o proporción correspondiente de la cuota sindical y la cuenta de la entidad del sistema financiero donde se efectúe dicho abono. Con esta medida, lo que busca el decreto supremo es brindarle seguridad jurídica al empleador que retiene y abona la cuota sindical, además de establecer claramente que el empleador no tiene responsabilidad por los depósitos efectuados si se realiza conforme a lo informado por la federación o confederación. Del mismo modo, tampoco existe responsabilidad del empleador por la retención y abono de la cuota sindical a una federación o confederación que ya no corresponde, si es que la organización sindical no informa oportunamente su desafiliación o el cambio de organización de grado superior.

aldo soto delgado

Asociado senior, especialista en derecho laboral y contrataciones con el Estado – sede TacnaSenior associate, Labor law and state procurement specialist. Tacna regional officeasoto@munizlaw.com

Columnist

|22|

A s we all know, union leave is an excused leave of absence granted to union representatives to attend to union business, for which reason union

leaves contribute to the effective exercise of the right to freedom of association.

Supreme Decree N° 003-2019-TR, published on February 7, 2019, has modified the regulations under the Law on Collective Work Relations to regulate union leaves and union dues in federations and confederations. As a matter of fact, Article 16 and item “d” of Article 16-A of the regulations under the Law on Collective Work Relations have been modified to achieve this purpose.

In the first place, from now on union organizations can have union leaves distributed according to their objectives and priorities, it being possible to grant union leave to one leader only or otherwise have the union leave benefit shared by several leaders. Union leaves will be granted bearing in mind the position filled by the worker, not based on individuals, for which reason federations and confederations are responsible for providing employers and the labor administrative authority with the list of leaders entitled to union leave. This is particularly important in order to make it clear that if a union leader is replaced during the course of the applicable calendar year, the new leader can only be granted union leave for a period consistent with the difference between the days actually taken by the former leader and the 30-calendar day period available according to law.

Another change has to do with the fact that the legal rule under analysis gives the possibility of granting union leave to no less than six and no more than twelve leaders in the case of regional or national federations, and no less than twelve and no more than fifteen leaders in the case of confederations. This legal rule will in no event violate better conditions or benefits obtained under collective bargaining agreements or by custom.

Similarly, the legal rule under analysis highlights the fact that there are more regional, national, or international bipartite or tripartite spaces for dialogue, whether related to social or labor matters, and that these spaces are available to union leaders, federations and confederations or their authorized representatives, in which case union leaders can take 2 days off each time they are invited to participate in these spaces. It

Union leaves: some changes resulting from Supreme Decree 003-2019-TR

should be stressed that the days used by union leaders to attend spaces for social and labor dialogue are not taken into account to calculate the 30-day union leave benefit. Moreover, it should be noted that the supreme decree under analysis has not set any minimum term to confirm the union leaders’ attendance, in view that they are not obliged to attend such events. As a result, we believe that the union should consider a reasonable term to give the employer notice of its leaders’ attendance in order for the employer to be able to find the required replacements.

Supreme Decree N° 003-2019-TR additionally makes it easier to withhold and pay union dues in the case of union organizations affiliated to entities of a higher hierarchy; that is, it provides that federations and confederations are obliged to inform their members’ employers about the union dues they must pay, their knowledge or acceptance of the bylaws or minutes of meetings, the amount or percentage of union dues they must pay, and the bank account where the corresponding amount must be deposited. In this way, the supreme decree under analysis aims to afford legal certainty to employers withholding and depositing union dues, besides clearly establishing that the employer is not responsible for deposits made if they are made in the manner indicated by the federation or confederation. Moreover, the employer will not be held accountable for union dues’ withholdings and payments made to a wrong federation or confederation if the union organization fails to inform the employer in a timely fashion that there has been a change in the organization or that the hierarchically superior organization has been replaced.

Columnista

|23|

El riesgo penal en fusiones y adquisiciones

L a Ley N° 30424 “Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas”, recientemente reglamentada por

Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, también ha impactado en la transformación y reorganización societaria, inclusive en la forma de cómo llevar adelante la fusión y escisión de empresas.

El artículo 2 de la ley establece que el cambio de nombre, denominación o razón social, fusión, escisión, disolución o liquidación no impedirá la atribución de responsabilidad contra la empresa y, por ende, la ejecución de la sanción impuesta, como podría ser el pago de una elevada multa como habilita la norma. De esta manera, el legislador procura impedir que mediante estas medidas se intente burlar la responsabilidad penal de la empresa, haciendo que la sanción impuesta persiga a la empresa resultante de la transformación, fusión o escisión societaria o que deba ser contemplada al liquidarla.

En caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente solo podrá ser sancionada con el pago de una multa y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito se haya cometido antes de la fusión o escisión, salvo que se determine que la reorganización societaria se haya dado con el propósito de eludir la responsabilidad penal societaria. En este caso, se le podrá aplicar a la empresa cualquiera de las sanciones previstas en la ley, como son cancelación de licencias o derechos o la disolución, entre otras.

Asimismo, se precisa en la ley que la persona jurídica absorbente no heredará responsabilidad penal, en caso se haya realizado un adecuado y previo proceso de “debida diligencia” a la reorganización societaria. Entendiéndose como “debida diligencia” la adopción de acciones razonables destinadas a verificar si la persona jurídica fusionada o escindida, e incluso sus principales funcionarios, han incurrido en los ilícitos

Columnista

|24|

penales que contempla la Ley N° 30424, como son corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

El reglamento de la ley ha precisado que la verificación de esta “debida diligencia” en operaciones de reorganización societaria será objeto de análisis cuando la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) audite a las empresas por encargo de la Fiscalía. La inspección servirá para evacuar un informe técnico imprescindible para que la Fiscalía formule acción penal contra la persona jurídica.

Este marco legal no está libre de crítica desde los principios que regulan el derecho penal; es que una transferencia de responsabilidad y sanciones cometidas por otros no es posible dentro de un derecho penal, donde la responsabilidad es estrictamente personal y derivada de actos propios.

Sin embargo, a la luz de la normativa vigente, la única manera de evitar que la reorganización societaria sea utilizada para burlar la responsabilidad penal o que se caiga en una transferencia automática de la misma, es introducir elementos valorativos intermedios, que en este caso es la determinación y verificación de acciones concretas previas de “debida diligencia” en la identificación de riesgos penales y, por otro lado, poder descartar que la operación de reorganización societaria se haya dado para eludir responsabilidad.

Conforme a lo detallado, resulta indispensable que en los procesos de due diligence previos a una fusión o escisión se incorporen acciones concretas de identificación de riesgos penales. Las mismas que deben estar predeterminadas en una política o

ian Paul galarza Morales

Socio, especialista en compliance y derecho penalPartner, Compliance and criminal law specialistigalarza@munizlaw.com

protocolo que, además de significar un aporte para valorar a la empresa, asimismo, sirva para acreditar ante terceros que se actuó con “debida diligencia” y, por el contrario, no se colaboró en una operación para burlar una sanción penal.

Columnist

|25|

L aw N° 30424, “Law dealing with the Administrative Liability of Legal Entities”, recently regulated by Supreme Decree N° 002-2019-

JUS, has also had an impact on the transformation and reorganization of companies, even on the manner of carrying out a corporate merger or spin-off.

As a matter of fact, Article 2 of the law provides that changing the name or trade name of a company or carrying out a merger, spin-off, dissolution or liquidation process will not prevent the company from being held liable for an offense committed and, therefore, from being obliged to comply with the sanction imposed by the competent authority, like payment of a high fine, as contemplated in the law. In this way, lawmakers try to prevent companies from evading their criminal liability, thereby making the surviving company; that is, the one resulting from the transformation, merger or spin-off process, pay the fine or otherwise contemplate the payment of that fine at the time of the company’s winding up. In the case of merger or spin-off processes, the surviving company can only be sanctioned with a fine the amount of which depends on the equity transferred, provided the offense was committed before the merger or spin-off, unless it is determined that the corporate reorganization process took place to evade the company’s criminal liability. In such event, the company can be subject to any of the sanctions contemplated in the law, like cancellation of licenses or rights or dissolution, among other sanctions.

Moreover, the law provides that the surviving company will not inherit any criminal liability if an adequate “due diligence” process has been carried out before the corporate reorganization. “Due diligence” is understood to mean the adoption of reasonable measures to determine whether or not the merging or spun-off company, and even their main officers, have performed any criminal offense contemplated in Law N° 30424, like corruption, money laundering or terrorist financing.

The regulations under the law analyzed herein have made it clear that the “due diligence” examination carried out in corporate reorganizations will be analyzed when the Securities Market Superintendency (SMV) audits companies on behalf of the Prosecutor’s

Criminal risks in mergers and acquisitions

Office. The inspection will result in the issuance of a technical report, which is indispensable in order for the Prosecutor’s Office to bring criminal proceedings against the company.

This legal framework is not free of criticism if we bear in mind the principles regulating criminal law. The thing is that it is not possible to transfer third-party liability and sanctions under criminal law, as liability is strictly personal and results from own actions.

However, in the light of the legal rules currently in force, the only way to prevent corporate reorganization from being used to evade criminal liability or automatically transfer liability is to include intermediate elements of value which, in this case, consist of determining and verifying whether or not a specific “due diligence” examination process has been previously performed to identify criminal risks and, on the other hand, ruling out that the corporate reorganization process was carried out to evade responsibility.

For the above reasons, it is indispensable for due diligence examinations carried out before a merger or spin-off process is performed to include specific actions to identify criminal risks. The actions to be taken should be previously determined and made a part of a policy or protocol which, besides being useful to determine the value of the company, could also be used to prove to third parties that the company showed “due diligence” and did not take part in the transaction to evade a criminal sanction.

Columnista

|26|

E l artículo 950 del Código Civil Peruano menciona que la propiedad de un inmueble se adquiere por prescripción mediante la

posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante diez años.

Estableciéndose en el artículo 952 del Código acotado que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario, es decir, recurrir a un proceso judicial.

Pero no solamente se puede recurrir a la prescripción adquisitiva de dominio por la vía regulada por nuestro Código Civil, sino que también existe la vía administrativa para poder acceder a la propiedad de un predio rústico (inmueble) vía la prescripción, como lo pasaré a precisar.

El Decreto Supremo N° 032-2008-VVIENDA, aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1089 – (decreto legislativo que establece el régimen temporal extraordinario de formalización de predios rurales), dentro del cual se reguló la formalización de predios rurales en propiedad privada mediante un procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos, norma que ha sido complementada por la Resolución Ministerial N° 0556-2015-MINAGRI, por la que se aprueban lineamientos para la ejecución de los procedimientos de formalización en predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio.

Esta normativa administrativa permite que los poseedores de un predio rústico adquieran su propiedad como consecuencia del ejercicio de la

¿Sabías que se puede adquirir un predio rústico por

prescripción adquisitiva de dominio vía administrativa?

Columnista

|27|

posesión y explotación económica del mismo, por un plazo no menor a 5 años, computados hasta antes del día 24 de junio de 2017 (artículo 39 del referido D.S., modificado por el Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI)

Los requisitos para acceder a la prescripción adquisitiva de dominio administrativa al amparo de la regulación referida son:

i) Acreditar la explotación económica del predio rústico y ejercer la posesión directa, continua y sin interrupciones por un plazo no menor a 5 años.

ii) Ejercer la posesión pacífica, exenta de violencia.

iii) Ejercer la posesión en forma pública, es decir reconocida por la colectividad, de tal modo que sea identificada claramente por los colindantes o vecinos del predio rústico a formalizar.

iv) Ser ejercida como propietarios.

No pueden adquirir por prescripción adquisitiva de dominio administrativa los poseedores que sean arrendatarios, comodatarios, usufructuarios, quienes son considerados por nuestro Código Civil como poseedores inmediatos -un poseedor temporal- que posee, valga la redundancia, en virtud a un título (arrendamiento o los mencionados) y a quienes les corresponde la posesión mediata por ser los que confirieron dicha posesión.

Una vez que la entidad pública competente establezca que cumplen los requisitos indicados en los párrafos

anteriores, se procederá con la anotación preventiva en Registros Públicos (se inscribe en la partida registral del predio materia de prescripción con lo que se publicita la existencia de dicho proceso de prescripción) y se notifica al titular registral para que pueda ejercer su derecho de oposición al trámite, quien deberá demostrar que el recurrente no ha cumplido con los requisitos para ser declarado propietario por prescripción; de no ser así, la oposición será declarada infundada.

El plazo para oponerse es de 10 días hábiles de efectuada la notificación personal.

Al tratarse de predios rústicos que se encuentran sobre propiedad de terceros y teniendo en cuenta que la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio se adquiere de pleno derecho, no se abona dinero alguno por el valor del predio.

Como se podrá advertir, el procedimiento administrativo relatado constituye un mecanismo de saneamiento especial que convierte al poseedor en propietario de bien rústico.

Jorge carcelén Martínez

Asociado, especialista en derecho corporativo, notarial, registral y saneamiento de tierras – sede IcaAssociate lawyer, corporate law, notary law, registration law, and clearing of land title specialist – Ica Branch officejcarcelen@munizlaw.com

Columnist

|28|

A rticle 950 of the Peruvian Civil Code provides that whoever proves uninterrupted, peaceful and public possession of property as owner

for ten years can acquire title to that property based on adverse possession.

Article 952 of the Peruvian Civil Code further provides that whoever acquires property based on adverse possession can file a lawsuit with the Judiciary in order for the judge to resolve that he/she is actually the owner of the property.

However, it is not only possible to acquire property based on adverse possession in the manner regulated by Peru’s Civil Code. As a matter of fact, administrative proceedings are also available to acquire rural property based on adverse possession, as I will explain below.

Supreme Decree N° 032-2008-VVIENDA approved the regulations under Legislative Decree N° 1089 – (this Legislative Decree established an extraordinary temporary regime for the formalization of rural land), which regulated the formalization of privately-owned rural property through an administrative procedure aimed at declaring the ownership of rural property based on adverse possession. This legal rule was supplemented by Ministerial Resolution N° 0556-2015-MINAGRI, pursuant to which guidelines were approved for the formalization of State-owned rural property and declaration of ownership based on adverse possession.

This administrative procedure allows rural property possessors to become the owners of the relevant rural property if they have been in possession of and have economically exploited the property for a term of no less than 5 years, counted until before June 24, 2017 (Article 39 of the aforementioned Supreme Decree, as amended by Supreme Decree N° 009-2017-MINAGRI)

According to the legal rules referred to above, the requirements to be met to acquire rural property based on adverse possession in the administrative field are the following:

i) Prove that the rural property has been economically exploited and the possessor has been in direct, continuous and uninterrupted possession of the property for a term of no less than 05 years.

Do you know that you can acquire rural property based on adverse possession in the administrative field?

ii) Peacefully possess the rural property, without violence.

iii) Publicly possess the rural property, that is, possession should be recognized by the community, in such a way that possession should be clearly identified by neighboring properties or neighbors of the rural property to be formalized.

iv) Possess the rural property as owner.

Possessors acting as lessees, bailees or usufruct beneficiaries, which are considered by Peru’s Civil Code as direct possessors –temporary possessors– possessing rural property by virtue of an instrument (a lease agreement or any of the instruments mentioned above) and as indirect possessors (the ones that granted possession), cannot acquire rural property based on adverse position in the administrative field.

Once the competent public entity determines that the requirements referred to in the foregoing paragraphs have been met, a preventive registration will be made at the Public Registry Office (on the registration card where the relevant rural property has been registered, whereupon the existence of an administrative proceeding based on adverse possession will be publicized) and the owner of the real property in question will be given notice thereof in order to exercise its right to oppose the proceeding. The latter must prove that the former has failed to comply with the applicable requirements in order to be declared owner on grounds of adverse possession. Otherwise, the opposition will be declared groundless.

The term to file an opposition is 10 business days counted as from the date of the notice.

In view that we are speaking of rural property located on third-party land, and bearing in mind the fact that the right of ownership based on adverse possession is acquired as a matter of law, no money is to be paid for the property.

As we can see, the administrative procedure described above is a special titling mechanism which turns rural land possessors into owners.

Comentario LaboraL

|29|

E n el desarrollo de la relación laboral surge una serie de requerimientos, cuya finalidad es garantizar una prestación efectiva de labores; principalmente, en aquellos casos en los que estas son realizadas fuera del centro de trabajo. Así, es usual que a los trabajadores se les asigne como herramientas de trabajo teléfonos

celulares o vehículos, los cuales llevan incorporado el GPS (Global Positioning System), mecanismo que permite identificar geográfica y temporalmente la ubicación de una persona, el cual suele ser empleado por las empresas para posiciones con funciones que se desarrollan fuera del centro de trabajo.

Asimismo, es preciso anotar que los conceptos tradicionales de la relación laboral no pueden analizarse de manera aislada al avance de las nuevas tecnologías, resultando innegable que a fin de garantizar la continuidad de determinados servicios e incluso cautelar su seguridad, el uso de herramientas de control resulta necesario. Sin embargo, es importante que dicha finalidad sea evaluada en cada caso en concreto, atendiendo al respeto de derechos que, no se suspenden por la condición de trabajador, tales como la dignidad, intimidad, privacidad, secreto de las comunicaciones y datos personales.

Es en dicho contexto que está presente la necesidad de establecer si la práctica de la geolocalización resulta válida o, si por el contrario, nos encontramos ante una medida ilegal en tanto invade la privacidad del trabajador.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento denominado “Repertorio de recomendaciones prácticas para la protección de los datos personales de los trabajadores1” recomienda que, a efectos de la implementación de cualquier medida de vigilancia al personal, el empleador cumpla con las siguientes condiciones: (i) los trabajadores hayan sido informados previamente respecto de los medios de vigilancia que serán utilizados y la finalidad por la cual estos se instalan, (ii) el empleador utilice los medios de vigilancia que tengan el menor impacto en la vida privada del trabajador, a pesar de que puedan existir mecanismos más idóneos para ejercer un control.

En cuanto al primer punto relativo a la información previa, consideramos que el empleador debe comunicar al trabajador la necesidad de incorporar el GPS como mecanismo de control, exponiendo las razones que lo llevan a tomar dicha medida. También deberá evaluarse si en el caso concreto no existe otro medio de control menos lesivo al trabajador; es decir, que por la naturaleza de las labores no exista otra medida idónea para fiscalizar al personal.

Resulta importante señalar que, en nuestra opinión, el empleador no se encuentra obligado a obtener el consentimiento previo del trabajador para instalar el GPS, pues se trata de una herramienta de trabajo cuya implementación le ha sido comunicada. Inclusive, el artículo 14 de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, dispone que no se requiere el consentimiento del titular de datos personales (ubicación del trabajador) si son necesarios para ejecutar la relación contractual en la que el titular de los datos personales sea parte, en este caso la relación laboral.

Paola del Villar Jara

Asociada, especialista en derecho laboral y seguridad socialAssociate, Labor law and social security specialistpdelvillar@munizlaw.com

La geolocalización como medida de control laboral

1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Repertorio de recomendaciones prácticas para la protección de los datos personales de los trabajadores. Ginebra: OIT, 1997

Labor Comment

|30|

S everal requirements are to be met during the course of the employment relationship to guarantee that services are effectively rendered, mainly in those cases where the services are provided outside of the workplace. In the latter case, employees usually receive work tools

like mobile phones and vehicles which have an in-built GPS, which is usually used by companies to track the location of employees working outside of the workplace.

Moreover, it is worth noting that the traditional concepts associated with the employment relationship can no longer be analyzed without taking into account the latest technological breakthroughs, for which reason we cannot deny the fact that in order to guarantee the continuity of some services, and even guarantee their safety, the use of control devices is necessary. However, the need to use control devices should be analyzed on a case-by-case basis because we must bear in mind that the principles of respect for the individual, such as dignity, intimacy, privacy, the secret of communications and personal data, cannot be disregarded just because an individual is working for a company.

It is within this context that it is necessary to determine whether or not tracking the location of employees is a valid practice or, on the contrary, whether or not an illegal control measure is being taken, to the extent it invades the privacy of employees.

Concerning this topic, the International Labor Organization (ILO), through a document entitled “Code of practice on the protection of the workers’ personal data1”, recommends the employer to comply with the following conditions if it implements any employee surveillance system: (i) employees should be previously informed of the surveillance methods to be used and the reason why they will be used, (ii) the employer should use surveillance methods that cause the least possible impact on the private life of employees, in spite of the fact that more suitable methods can exist for control purposes.

Concerning item (i) above, we believe that the employer must inform its employees that it needs to use a GPS system as a control mechanism, explaining the reasons why it has decided to do it. The employer must also assess on a case-by-case basis whether or not a less harmful control mechanism exists, that is, whether or not, considering the nature of the work to be carried out by the employee, another suitable mechanism can be used to oversee its employees.

It is worth pointing out that, in our opinion, the employer is not obliged to obtain the previous consent of the employee to install a GPS system, because it is a work tool and the employer has informed the employee of the use of this tool. Article 14 of Law N° 29733, Data Protection Law, even provides that the consent of the holder of personal data (employee’s location) is not required if the corresponding information is necessary for the implementation of the contract to which the holder of the relevant data is a party, in this case, we are referring to the employment relationship between the employer and the employee.

Geolocation as a labor control measure

1 INTERNATIONALLABORORGANIZATION(ILO).Codeofpracticeontheprotectionoftheworkers’personaldata.Geneva:ILO,1997

ActividAdes institucionAles

|31|

Realizamos nuestro Desayuno Ejecutivo acerca del compliance y el buen gobierno corporativo, esto debido a la reciente reglamentación de la Ley N° 30424. En este evento estuvieron como expositores: Mauricio Olaya, socio principal y jefe del área de Derecho Corporativo; Yuri Vega, socio senior del área de Derecho Corporativo; e Ian Galarza, socio del área de Compliance.

Nuestra firma organizó un cóctel en el que participaron más de 50 estudiantes de derecho de diversas universidades del país. Una gran ocasión para compartir con ellos nuestra cultura, principios, valores y un modelo de negocio único en el mercado legal regional.

Desayuno ejecutivo: Compliance y buen gobierno corporativo

Muñiz Trainee Coctel 2019

The Legal 500, una de las más importantes guías legales a nivel mundial, presentó en marzo junto con el Estudio Muñiz, la publicación GC Powerlist Perú 2019, en la cual destaca a los principales equipos legales internos de las más destacadas empresas del país.

GC Powerlist Perú 2019

En abril recibimos la visita de los representantes de Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange, Robert Peterman, vicepresidente de Global Business Development, Guillaume Légaré, director para Sudamérica, Frederico Marques y Gary M. Litwack, socios de McCarthy Tétraut, quienes ofrecieron una roundtable con nuestros socios y clientes. El encuentro tuvo lugar en el marco de la gira sudamericana de presentación de la Bolsa de Valores de Toronto.

Roundtable: Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange

Lima - Trujillo - Chiclayo - Arequipa - Ilo - Tacna - Ica - Chincha - Piura - Cusco

Las Begonias 475, Piso 6Lima 27 - PerúT (51-1) 611-7000

wwww.munizlaw.com