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REVISTA LEGAL Segunda Época Año 2018 Nº 193 Entrevista a / Interview with En este número / In this issue Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud Pre-existing diseases in health coverage E-health: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud E-health: the use of information and communication technology (ICT) in the health field ... y mucho más / ... and much more 93 Dra. Luisa Fernán-Zegarra de Belaunde Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo / First Deputy Ombudsman Office “Un nuevo enfoque dentro de la Defensoría del Pueblo” “The Ombudsman’s Office and its new approach” La Defensoría del Pueblo / The Ombudsman’s Office

E E 93€¦ · Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud Pre-existing diseases in health coverage E-health: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación

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Page 1: E E 93€¦ · Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud Pre-existing diseases in health coverage E-health: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación

REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2018Nº 193

Entrevista a / Interview with En este número / In this issue

Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud

Pre-existing diseases in health coverage

E-health: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud

E-health: the use of information and communication technology (ICT) in the health field

... y mucho más / ... and much more

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Dra. Luisa Fernán-Zegarra de BelaundePrimera Adjunta de la Defensoría del Pueblo / First Deputy Ombudsman Office

“Un nuevo enfoque dentro de la Defensoría del Pueblo”

“The Ombudsman’s Office and its new approach”

La Defensoría del Pueblo / The Ombudsman’s Office

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Contenido

Contents

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CONTENIDO

Fernando Meléndez Fernández

Comentarios y/o Sugerencias:Comments and Suggestions:[email protected]

El contenido de la revista es académico. No debe ser

interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni

deben extraerse recomendaciones para decisiones legales

específicas.

The opinions contained in the legal newsletter are solely academic

and should not be construed as an advance of the firm’s opinion

or used as the basis for specific legal recommendations.

Todos los derechos reservados. El contenido de esta

publicación no puede ser reproducido, divulgado o

registrado, sin autorización previa y por escrito del Estudio

Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados

All rights reserved. The articles in this publication may not be

reproduced, disseminated or recorded without prior witten

authorization from Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya

Attorney’s-at-Law

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú

N° 2007-07703

Tiraje: 1,000 ejemplares

REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2018

[email protected] (51) 98848-7593

Columnas 193

REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2018Nº 193

Entrevista a / Interview with En este número / In this issue

Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud

Pre-existing diseases in health coverage

E-health: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud

E-health: The use of information and communication technology (ICT) in the health field

... y mucho más / ... and much more

93

Dra. Luisa Fernán-Zegarra de BelaundePrimera Adjunta de la Defensoría del Pueblo / Ombudsman Office

“Un nuevo enfoque dentro de la Defensoría del Pueblo”

“The Ombudsman’s Office and its new approach”

La Defensoría del Pueblo / The Ombudsman’s Office

Editorial: “...2 y van cero...”

¿Cómo ejecuta el privado un proyecto de Iniciativa Privada Autofinanciada?

E-Health: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud

La Municipalidad Metropolitana de Lima publica la nueva ordenanza que regula la aprobación de los estudios de impacto vial: ¿solución o tramitología innecesaria?

Comentario tributario: repatriación de capitales y amnistía tributaria

Entrevista a la Dra. Luisa Fernán-Zegarra de Belaunde, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo

Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud

Fondos de Adelanto Social en minería

Mirar al futuro: la constitución de las empresas B o BIC

Comentario laboral: el segundo tiempo en materia laboral

Jurisprudencia: a trabajo realizado, trabajo remunerado

Proyectos de ley en debate

Actividad institucionales: Conferencia Internacional Propiedad Intelectual y la mujer peruana

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Editorial: “...2 and still zero...”

How do private companies implement a Self-Financed Private Initiative?

E-Health: the use of information and communication technology (ICT) in the health field

Metropolitan Municipality of Lima publishes new ordinance regulating the approval of road impact assessments: Is it a solution or will it generate unnecessary paperwork?

Tax comment: repatriation of capital and tax amnesty

Interview with Mrs. Luisa Fernán-Zegarra de Belaunde, First Deputy Ombudsman Office

Pre-existing diseases in health coverage

Social Advancement Fund for the mining sector

Looking ahead: Incorporation of Benefit Corporations or Community Interest Corporations

Labor comment: second half of the match in the labor field

Jurisprudence: payment for work actually done

Proposed laws under debate

Institutional activities: International Conference on Intellectual Property and peruvian women

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La Defensoría del Pueblo / The Ombudsman’s Office

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Columnas 193 3

Editorial / Editorial

Socio Principal - EditorSenior Partner - Editor

editorial

Fernando Meléndez Fernández

Como consecuencia de la aceptación por el Congreso de la Republica de la renuncia al cargo de presidente formulada por el economista Pedro Pablo Kuczynski el 21 de marzo pasado, el 23 del mismo mes juramentó como tal el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de primer vicepresidente de la plancha presidencial que ganó las elecciones del 2016. Este hecho fue el desenlace de una trama cuyo primer “capítulo” ocurrió cuando el renunciante Kuczynski venció ajustadamente en las elecciones del 2016 a la candidata Keiko Fujimori.

Inmediatamente juramentó como presidente del Consejo de Ministros el exgobernador de la región San Martín César Villanueva Arévalo, quien ya antes, cuando fue presidente Ollanta Humala Tasso, se había desempeñado en tal cargo, y cuya salida, también algo estrepitosa, se produjo por supuestas desavenencias con la esposa de Humala.

Como es costumbre, lo primero que ha hecho el nuevo presidente del Consejo de Ministros es solicitar facultades extraordinarias para legislar sobre un cúmulo de materias; tales como asuntos tributarios y financieros, reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, entre otras.

Es importante mencionar que no hace siquiera dos años, las mismas facultades, o muy parecidas, solicitó al inicio de su gestión el gabinete presidido por Fernando Zavala. No obstante, pocos recuerdan las leyes de importancia que bajo el paraguas de esas facultades se promulgaron o los efectos que las mismas le procuraron a la ciudadanía.

A nuestro juicio son muchas y variadas las materias comprendidas en la solicitud de facultades propuesta (importantes todas, por cierto), pero quizás hubiera sido mejor y más realista concentrarse en no más de tres: tributaria, corrupción y seguridad ciudadana. El hecho concreto es que el pedido ya está planteado y se estima que dado la buena relación inicial entre este “nuevo” Ejecutivo y el Legislativo, es altamente probable que este último acceda a otorgar las facultades solicitadas. Especial trascendencia entonces cobrará dentro de las materias que la delegación implica las de naturaleza fiscal, puesto que en la práctica tienen el efecto de gravar más a quien ya tributa y no incorporar al sistema formal a quien nunca o rara vez lo hace.

Esperamos, sinceramente, que el actual Gobierno, por su propio bien y el de todos los peruanos, pueda cumplir el propósito enunciado por el primer ministro, pues ya es sabido que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Nota de redacción: al momento que se terminó de redactar el editorial para este número de Columnas se hizo pública la renuncia al cargo de ministro de Economía y Finanzas del economista David Tuesta, quien permaneció en el mismo tan solo 2 meses y días.

After Peruvian Congress accepted the resignation handed in by economist Pedro Pablo Kuczynski as President of Peru last March 21st, Eng. Martín Vizcarra Cornejo, in his capacity as first Vice President on the joint ticket that won the presidential election in 2016, was sworn in on March 23rd as new President of Peru. This event marked the end of a plot the first “chapter” of which occurred when Kuczynski defeated Keiko Fujimori in the 2016 presidential election by a very narrow margin.

The President of the Council of Ministers, former governor of San Martín César Villanueva Arévalo, was sworn in immediately afterwards. Villanueva Arévalo had already served as President of the Council of Ministers under the Ollanta Humala Tasso administration. His sudden decision to quit the Humala Tasso administration was purportedly

due to disagreements with Humala’s wife.

As usual, the first thing that the newly elected President of the Council of Ministers did was ask for the delegation of extraordinary powers to legislate on a number of matters, including tax and financial matters, reconstruction and the closing of infrastructure and service gaps, integrity and the fight against corruption, among others.

It is worth stressing that not even two years ago, the Council of Ministers chaired by Fernando Zavala requested the same legislative powers or maybe very similar powers. However, very few people remember that important laws were promulgated under the umbrella of said powers or the impact that said laws had on citizens.

In our opinion, too many matters (although certainly all of them important) were included in the request for the delegation of legislative powers, although maybe the best and more realistic idea would have been to focus on no more than three: tax matters, corruption, and citizen security. The thing is that the request has already been made and we believe that in view that a good relationship exists between the “new” government and the Legislature, it is highly probable that the Legislature will agree to grant all the powers requested by the Prime Minister. Concerning the matters involved in the delegation of powers, it is worth stressing those related to the tax field because in practice they have the effect of further encumbering those who are already paying taxes instead of incorporating into the formal sector all those people who never or seldom pay takes.

We sincerely hope that the current administration, for its own sake and for the sake of all Peruvians, will be able to meet the purpose mentioned by the Prime Minister, because we all know that “the road to hell is paved with good intentions” .

Editorial note: After we finished our 193rd issue editorial, we learned that Minister of Economy and Finance David Tuesta had resigned, a little more than 2 months after he was sworn in.

“...2 y van cero…” / “...2 and still zero…”

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Columnas 1934

Private companies vis-à-vis Self-Financed Private Initiatives.

La empresa privada y las Iniciativas Privadas Autofinanciadas.

A lo largo de las últimas décadas el Perú ha buscado de manera insistente acortar la brecha de infraestructura pública y mejorar la prestación de servicios públicos. En ese sentido, la empresa privada puede asociarse con el Estado, a través de sus tres niveles de Gobierno: Central (GC), Regional (GR) o Local (GL), y presentar proyectos autofinanciados destinados a proveer una infraestructura pública o servicios públicos. El marco normativo aplicable a estos supuestos se encuentra definido en el Decreto Legislativo 1224 (DL 1224) y su Reglamento (DS 410-2015-EF), los cuales tienen vigencia desde 2015 y buscan promover el empleo conjunto de la experiencia, conocimiento, equipos y tecnología del sector público y privado.

Al respecto, dichas normas señalan que una Iniciativa Privada1 Autofinanciada (en adelante, IPA) es un proyecto presentado por la empresa privada ante el Estado, en cualquier momento, en materia de: i) infraestructura (ferrocarriles, aeropuertos, infraestructura de salud, educación y otros); o ii) prestación de servicios públicos (telecomunicaciones, energía, salud, tratamiento de residuos, y otros). Así, no califica como IPA aquel proyecto cuyo propósito contemple proveer mano de obra, oferta o

¿Cómo ejecuta el privado un proyecto de Iniciativa Privada Autofinanciada?

How do private companies implement a Self-Financed Private Initiative?

columnista invitado

Dra. Cynthya SileS eStabriDiS

Gerente Legal de Innova Ambiental S.A. - Grupo Solví. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura en la Universidad del Pacifico, curso de Contract Law en Harvard University.Legal Manager of Innova Ambiental S.A. - Solví GroupAfter graduating from the Peruvian Catholic University, Cynthia Siles earned a Master’s Degree in Public Service Regulation and Infrastructure Management from Universidad del Pacifico, and then pursued a Contract Law course at Harvard [email protected]

1 Las IPs que a la fecha de entrada en vigencia del DL 1224 hayan sido admitidas a trámite y hasta la suscripción del contrato, seguirán sujetas al procedimiento vigente hasta antes de la entrada en vigencia del DL 1224.

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Columnas 193 5

una nueva opinión sobre la aceptación de la IPA y podrán solicitar información y/o aclaraciones adicionales. Si estas no se pronuncian en el plazo establecido legalmente, se entiende que la IPA ha sido rechazada.

Si la IPA fue ajustada a los requerimientos, el OPIP deberá publicar en el portal institucional, en el diario oficial El Peruano y en el diario de circulación nacional, por 2 días consecutivos, la declaratoria de interés con los requisitos contenidos en el artículo 46 del Reglamento del DL 1224, así como el link para acceder a la versión final del contrato y la modalidad del proceso de selección aplicable. Por su parte, corresponde al privado cubrir los gastos de publicación y presentar una carta fianza asegurando el cumplimiento del contrato en caso de adjudicación directa.

Luego de un plazo de 90 días calendario otras empresas podrán manifestar su interés en la ejecución de la IPA. En este escenario pueden suceder dos cosas:

i) Que no se presente ningún tercero interesado. En este caso la IPA se adjudica de manera directa a favor de la empresa que presentó el proyecto. El OPIP debe acordar la versión final del contrato y solicitar las opiniones previas favorables del Ministerio relevante, GR, GL, del Regulador, la Contraloría6 y del MEF, de acuerdo a cada caso. La opinión del MEF a la última versión del contrato es vinculante para su firma, bajo sanción de nulidad. Si las opiniones previas no son emitidas en el plazo previsto, serán consideradas favorables.

El contrato debe ser suscrito dentro de los 90 días calendarios de producida la adjudicación, salvo que el OPIP otorgue una ampliación, y el privado deberá de pagar al OPIP los costos en los que haya incurrido durante la tramitación de la IPA. Es posible realizar adendas al contrato siempre que se respete el equilibrio económico financiero del mismo.

ii) Que sí se presenten terceros interesados. El OPIP debe convocar al respectivo proceso de selección. Si la empresa privada participa y presenta oferta económica válida, el OPIP le reconocerá hasta el 2% del Costo Total de Inversión.

Por todo lo expuesto, es correcto concluir que: i) de acuerdo al nuevo marco normativo la empresa privada que busca invertir mediante una IPA debería recorrer un camino corto para ejecutarla; y, ii) la definición final de la viabilidad de dicho proyecto y la firma del contrato que

columnista invitado

simple instalación de equipos, construcción o ejecución de obras públicas, explotación y/o mantenimiento de activos de dominio privado del Estado.

Asimismo, una IPA debe contar con capacidad propia para generar ingresos. En consecuencia, implica una garantía financiera mínima o nula por parte del Estado2 o en el caso de garantías no financieras, una probabilidad nula o mínima de demandar cofinanciamiento3.

Las IPAs son peticiones de gracia y por ello cabe a la voluntad del Estado el otorgarlas o no. Sin embargo, dejarán de tener tal calidad una vez que se convoque el proceso de selección que corresponda o se suscriba el contrato que la contiene en los casos de adjudicación directa por omisión de terceros interesados en la ejecución del proyecto.

Dicho esto, cabe hacer mención al proceso que debe seguir una IPA para su ejecución. La IPA puede ser de alcance: i) nacional, en cuyo caso deberá presentarse ante Proinversión4; o ii) regional o local ante lo cual debe presentarse al Comité de Inversión Privada, en el caso de Ministerios, o al Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) del GR o GL, según corresponda.

El OPIP evaluará la IPA y en un plazo de hasta 15 días hábiles informará a la empresa si la IPA fue o no admitida a trámite, o si requiere subsanación o aclaración. Si no se realiza la aclaración en el plazo previsto legalmente, la IPA es rechazada. También se entiende rechazada si han transcurrido 15 días sin que el OPIP se haya pronunciado desde que el privado realizó el ajuste solicitado.

Corresponde al OPIP verificar si la IPA recae sobre proyectos que coincidan total o parcialmente con aquellos proyectos que ya hayan sido aprobados en el Plan de Promoción. No obstante, transcurridos 120 días desde la incorporación de la IPA al Plan sin que se haya convocado a proceso alguno, el OPIP debe coordinar con la entidad competente, quien debe optar por continuar con el proceso de promoción o con la IPA, situación que será establecida en la opinión de relevancia.

Una vez admitida a trámite la IPA, el OPIP debe solicitar la opinión de relevancia, que tiene carácter vinculante, al Ministerio, al GR y/o al GL5. Si la opinión de alguna de estas entidades no es favorable, el OPIP debe solicitar a la empresa privada que le confirme su interés o no en continuar con la IPA con las salvedades de las opiniones no favorables. Si la empresa acepta, las entidades competentes deben emitir

2 Esto es 5% del Costo Total de Inversión, y en caso de proyectos sin inversión, 5% del Costo Total del Proyecto.3 Probabilidad no mayor a 10% para cada uno de los primeros 05 años de vigencia de la cobertura de la garantía prevista en el contrato.4 Proinversión es el organismo especializado adscrito al MEF con autonomía técnica, funcional, económica, administrativa y financiera, que brinda asistencia a los GR, GL en las distintas

fases del proyecto de APPs. Su máxima autoridad es el Consejo Directivo. Las IPAs de competencia nacional se presentan ante Proinversión siempre que tengan un Costo Total de Inversión o, tratándose de proyectos que no contengan componente de inversión, un Costo Total del Proyecto superior a 40 000 UIT.

5 En virtud al numeral 16.2 del DL 1224 y a la 8ª Disposición Complementaria y Final de su Reglamento, no se requieren las opiniones previas en IPAs sin garantías financieras o no financieras y cuyo valor total de inversión o costo total del proyecto, cuando no tengan componentes de inversión, sea hasta 40.000 UIT.

6 De acuerdo a la modificación del DL 1224 publicada el 24 de junio de 2017, la Contraloría General de la República deberá emitir opinión previa no vinculante no solo a la versión final del contrato, sino también a sus modificatorias, en el supuesto que se den, pero únicamente respecto a aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado.

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Columnas 1936

D uring the last few decades, Peru has persistently tried to narrow the public infrastructure gap and improve public services. Within this framework,

private companies can become associated with the State, at all three government levels - that is, with the Central, Regional or Local Governments - to carry out self-financed public infrastructure or public service projects. The applicable legal framework is enshrined in Legislative Decree 1224 (LD 1224) and Regulations thereunder (Supreme Decree 410-2015-EF), which went into effect in 2015 and are aimed at promoting the joint use of the experience, know-how, equipment and technology of the public and private sectors.

The above-mentioned legal rules provide that a Self-Financed Private Initiative1 (hereinafter an IPA for its acronym in Spanish) is a project submitted by a private company to the State, at any time, dealing with: i) infrastructure (railroads, airports, health or education facilities, etc.) or ii) the provision of public services (telecommunications, energy, health, waste treatment, etc.). Thus, a project aimed at providing labor or supplying or simply installing equipment, building or carrying out public works projects, economically using and/or maintaining private State property does not qualify as an IPA.

Moreover, an IPA must be capable of generating income. Consequently, it means that the State must not furnish any security or maybe that it must furnish minimum security2 or, in the case of non-financial guarantees, a minimum likelihood exists, or maybe no likelihood at all, that co-financing will be required3.

IPAs are actually petitions for mercy and, therefore, the

State has the option to either authorize or reject them. However, an IPA will stop being an IPA once a competitive bidding process is launched or the contract is signed in the event the contract is directly awarded because there are no third parties interested in carrying out the project.

It is now worth referring to the procedure to be followed by an IPA in order for the project to be implemented: the IPA can have: i) national coverage, in which case it must be filed with ProInversión4; or ii) regional or local coverage, in which case it must be filed with the Private Investment Committee, in the case of Ministries, or with the Private Investment Promotion Agency (OPIP for its acronym in Spanish) of the Regional or Local Government, as the case may be.

OPIP will assess the IPA and within a term of up to 15 business days it will inform the company whether or not the IPA has been accepted for processing or whether it needs to correct or clarify the IPA. If the IPA is not corrected or clarified within the legally established term, then it will be rejected. The IPA will also be deemed rejected if OPIP fails to issue its advisory opinion within a term of 15 days counted as from the date the private company made the requested changes.

OPIP must check whether or not the IPA refers to a project which coincides, whether in whole or in part, with projects approved in the Promotion Plan. However, after a term of 120 days counted as from the date the IPA has been added to the Promotion Plan, to the extent no competitive bidding process has been launched, OPIP must coordinate with the competent entity to decide whether to move ahead with the promotion project or with the IPA. This decision will be contained in the advisory opinion.

guest columnist

la contiene se encuentra sujeta a la opinión favorable del MEF. La pregunta que nos toca responder es, entonces, si los plazos se están cumpliendo7, y si el MEF se da a vasto para evaluar todas las IPAs, y demás proyectos de inversión de su competencia, a fin de lograr acortar la brecha de infraestructura pública y mejorar la prestación de servicios públicos que el Perú necesita. Lo cierto es que hoy el Perú tiene una brecha por cubrir a nivel nacional para el periodo 2016-2025 aproximadamente de USD 160,000 millones (equivalente a alrededor 80% del PBI)8. Saque usted su conclusión.

7 Al 30 de junio de 2017, Proinversión ha admitido a trámite 6 IPAs ingresadas desde el 2012 al 2016. Fuente: Proinversión (http://bit.ly/2rkJK1E).8 BID Asociaciones Público Privadas en Perú: Análisis del nuevo marco legal (Modulo I), Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.

1 IPAs which as of the entry into force of Legislative Decree 1224 have been accepted for processing, until the signing of the contract, will continue being subject to the procedure in force before the entry into force of Legislative Decree 1224.

2 That is, 5% of the Total Investment Cost and, in the case of projects not requiring any investment, 5% of the Total Project Cost.3 This likelihood is not higher than 10% during each of the first 05 years of the term of the guarantee coverage contemplated in the contract.

Si la IPA se adjudica de manera directa a favor de la empresa que presentó el proyecto, El OPIP debe acordar la versión final del contrato y solicitar las opiniones previas favorables del Ministerio relevante, GR, GL, del Regulador, la Contraloría y del MEF, de acuerdo a cada caso. La opinión del MEF a la última versión del contrato es vinculante para su firma, bajo sanción de nulidad. Si las opiniones previas no son emitidas en el plazo previsto, serán consideradas favorables

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Columnas 193 7

guest columnist

Once the IPA has been accepted for processing, OPIP must ask the Ministry, the Regional Government and/or the Local Government5 to issue an advisory opinion, which has binding force. If the advisory opinion of any such entity is not favorable to the company’s request, then OPIP must ask the private company to confirm whether or not it is still interested in moving on with the IPA, with the exceptions established in the advisory opinion. If the company agrees to move ahead, then the competent entities must issue a new advisory opinion on the acceptance of the IPA and can request additional information and/or clarifying information. If the competent entities do not issue their advisory opinion within the legally established term, then it will be understood that the IPA has been rejected.

If the IPA has been brought into agreement with the requirements established by the competent entities, then OPIC must publish on its website, in the official gazette El Peruano, and in another newspaper having national coverage, for 2 consecutive days, the company’s declaration of interest complying for such purpose with the requirements set forth in Article 46 of the Regulations under LD 1224, and the link to open the final version of the contract and the type of bidding process to be carried out. In turn, the private company must cover the costs involved in the publication of the relevant notice and must also furnish a performance bond securing the fulfillment of the contract if it is directly awarded.

Upon expiration of a term of 90 calendar days, other companies can express their interest in carrying out the IPA. In such event, there are two possible scenarios:

i) There may not be a third party interested in the IPA. In this case, the IPA will be directly awarded to the company that submitted the project. OPIP must agree on the final version of the contract and request the preliminary favorable opinion of the competent Ministry, the Regional Government, the Local Government, the Regulatory Agency, the Office of the Comptroller6 and MEF, as the case may be. MEF’s opinion on the last version of the contract is a mandatory requirement to be fulfilled prior to its signing, under sanction of nullity. If the preliminary opinions are not issued within the established term, then it will be considered that favorable opinions have been issued.

The contract must be signed within a term of 90 calendar days counted as from its award, unless OPIP authorizes an extension of this term. The private company must pay OPIP

the costs incurred in the processing of the IPA. It is possible to sign addenda to the contract, provided the economic-financial equilibrium of the contract is maintained.

ii) Third parties may be interested in the IPA. OPIP must launch a competitive bidding process. If the private company participates in such bidding process and submits a valid financial proposal, then OPIP will recognize it up to 2% of the Total Investment Cost.

For all of the above reasons, it can be rightly concluded that: i) according to the new legal framework, a private company willing to invest in the country via an IPA should follow a short path to implement the IPA; and ii) the final decision on whether or not the project is viable and the signing of the relevant contract are subject to the favorable opinion of the Ministry of Economy and Finance. The questions we should answer are then: Are the terms being fulfilled7? Is the Ministry of Economy and Finance in a capacity to evaluate all IPAs and other investment projects falling within its sphere of competence in order to succeed in narrowing the existing public infrastructure gap and improve the rendering of public services that our country needs? The truth is that the infrastructure gap to be closed in the period 2016-2025 amounts to approximately USD 160 billion (equivalent to around 80% of the GDP)8. You can draw your own conclusions.

If the IPA is directly awarded to the company that submitted the project, then OPIP must agree on the final version of the contract and request the preliminary favorable opinion of the competent Ministry, the Regional Government, the Local Government, the Regulatory Agency, the Office of the Comptroller and MEF, as the case may be. MEF’s opinion on the last version of the contract is a mandatory requirement to be fulfilled prior to its signing, under sanction of nullity. If the preliminary opinions are not issued within the established term, then it will be considered that favorable opinions have been issued

4 ProInversión is a specialized entity reporting to the Ministry of Economy and Finance. It enjoys technical, functional, economic, administrative and financial autonomy and provides assistance to Regional Governments and Local Governments during the different stages of PPP projects. Its highest ranking authority is its Managing Board. IPAs having national coverage are filed with ProInversión provided they involve a Total Investment Cost; for projects lacking an investment component, a Total Project Cost of over 40 000 Tax Reference Units.

5 By virtue of the provisions set forth in Article 16.2 of Legislative Decree 1224 and the 8th Supplementary and Final Provision of the Regulations thereunder, no preliminary opinion is required by IPAs not requiring financial or non-financial guarantees to the extent the total investment value or the total Project cost, in the event it does not have an investment component, amounts to up to 40.000 Tax Reference Units.

6 According to the modification to LD 1224 published on June 24, 2017, the Office of the General Comptroller must issue a non-binding preliminary opinion not only in relation to the final version of the contract, but also in relation to every modification thereof, if any, but only regarding aspects which could jeopardize the credit or financial capacity of the State.

7 As at June 30, 2017, ProInversión has admitted for processing 6 IPAs filed from 2012 through 2016. Source: ProInversión (http://bit.ly/2rkJK1E).8 IDB.- Public Private Partnerships in Peru: Analysis of the new legal framework (Module I), Inter-American Development Bank, 2016.

Page 8: E E 93€¦ · Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud Pre-existing diseases in health coverage E-health: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Columnas 1938

The Internet is one of the most important inventions of modern time and is, together with terminals and servers, the infrastructure of today’s information society through which users gain access to data and perform transactions.

El Internet es uno de los avances más importantes de nuestra época y resulta, junto con los terminales y los servidores, la infraestructura de la sociedad de la información de hoy, a través de la cual los usuarios acceden a contenidos y realizan transacciones.

Dra. Marta FernánDez PePPer

Socia Senior, Especialista en Propiedad IntelectualSenior Partner, Intellectual Property Law [email protected]

E-health: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud

E-health: the use of information and communication technology (ICT) in the health field

En el presente artículo daremos una revisión general a las posibilidades que nos brinda la tecnología que discurre en el Internet y en el campo de la salud. La convergencia de estos tres elementos, tecnología-red-salud ha dado origen a términos como e-salud (e-health) o cibermedicina.

La e-salud resulta ser el concepto más general que alude al conjunto de la TIC que, a modo de herramientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, reduciendo costos al sistema sanitario y mejorando su eficacia.

Incluye diferentes productos y servicios para la salud, como las aplicaciones móviles, la telemedicina, los dispositivos wearables (para la monitorización que se integran en ropa y accesorios), el Big Data (grandes cantidades de datos, por ejemplo, en las historias clínicas), los sistemas de apoyo a la decisión clínica, el Internet de las cosas o los videojuegos de salud, entre otros1.

Para tener una idea de la conexión entre la salud y la tecnología, resulta explicativo el enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para esta organización, la e-salud está relacionada con “la rentabilidad y el uso seguro de las

tecnologías de la información y la comunicación en apoyo a los diferentes ámbitos relacionados con la salud” (OMS Resolución WHA58.28).

Para Gunther Eysenbach, editor del Journal of Medical Internet Research, una definición contextual de la e-salud es la siguiente: “La e-salud es un campo emergente en la intersección de la informática médica, la salud pública y las empresas, en referencia a los servicios de salud y la información entregada o mejorada a través del Internet y las tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término se caracteriza no sólo un desarrollo técnico, sino también un estado de ánimo, una manera de pensar, una actitud y un compromiso con la red, el pensamiento global, para mejorar la atención de la salud a nivel local, regional y mundial mediante el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

En ese sentido, nos quedamos con la definición antes reseñada pues es integral y transversal, alude al ciudadano, a la infraestructura técnica y a la decisión política de mejorar la atención a la salud. Como sabemos, la protección de la salud a través de la prevención y tratamiento de enfermedades, pretende

1 http://laesalud.com/que-es-esalud/.

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Columnas 193 9

una elección de los recursos sanitarios apropiados, en un marco de igualdad de oportunidades y participación informada.

• Facilita:- El pronóstico, prevención y seguimiento de

enfermedades.- La personalización del sistema sanitario.- La participación de los ciudadanos en la evolución,

adaptación y mejora de las políticas y servicios relacionados con la atención en salud.

- La seguridad del paciente aumentada a través de todas las etapas del proceso sanitario.

- La integración de los sistemas sanitarios a los modelos de desarrollo económico de los países.

- El seguimiento de indicadores del estado de salud y registro metódico de datos e informes del estado de salud del paciente.

- La gestión telemática de servicios de salud a través del Internet, que antes sólo se podían realizar de forma física y que conllevaban una inversión de tiempo, tanto para el paciente como para personal que lo atendía.

La e-salud plantea una serie de necesidades de regulación de nuevo elementos para la interacción entre los usuarios (las personas, las organizaciones y la administración pública) que acceden a contenidos y realizan transacciones (información y servicios). En nuestro siguiente artículo comentaremos los avances en este sentido en nuestro país.

La e-salud resulta ser el concepto más general que alude al conjunto de las TIC que, a modo de herramientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, reduciendo costos al sistema sanitario y mejorando su eficacia

incrementar la expectativa de vida, mejorar las posibilidades de sobrevivencia de personas con enfermedades graves y crónicas e incrementar las posibilidades de tratamiento para las diversas enfermedades. Para cumplir esos objetivos, es que hoy existen nuevas herramientas basadas en aplicaciones médicas que utilizan el ciberespacio. Veamos en qué aspectos se pueden dar2:

• Acceso a la información: banco de datos, páginas web, foros de discusión, bibliografía (hay publicaciones que solo tienen formato digital), mobile health (m-health) que es la práctica médica y de salud pública que se realiza por medio de dispositivos móviles, historias clínicas electrónicas, etc.

• Nuevas herramientas: cibermedicina o e-salud (e-health), telesalud, telemedicina, grupos de soporte en línea.

• En el caso de la cibermedicina o e-salud, se usa el Internet para: (i) realizar un intercambio abierto de información entre pacientes y médicos, entre sí, confidencial y no confidencial; (ii) la educación de los usuarios de la salud; (iii) actividades de auto apoyo; (iv) investigación; (v) análisis del impacto del Internet en la relación médico-paciente; y, (vi) la calidad del servicio de salud.

• En el caso de la tele medicina, permite la práctica de procedimientos médicos a distancia tales como la telecirugía, teleconsulta, teleeducación, telemonitoreo, telementoría, juntas médicas remotas, etc.

No cabe duda que son múltiples los beneficios que se obtienen bajo un esquema de e-salud. Aquí listamos los principales3:

• Permite dar soporte a cualquier política sanitaria relacionada con las necesidades de los ciudadanos, con la prestación de cuidados o con la gestión.

• Proporciona a los ciudadanos una atención sanitaria, sin importar su condición personal o localización geográfica, suministrándole movilidad y permitiendo

T his article contains a general overview of the possibilities afforded by technology available on the Internet as far as health is concerned. The

combination of these three elements, technology-Internet-Health, has resulted in a number of e-terms being coined, like e-health or cybermedicine.

E-health is the broadest concept referring to information and communication technologies (ICT) which, by way of

tools, are used in the health sector to prevent, diagnose, treat, follow up, and manage health, reducing health system costs and improving its efficiency.

It includes different health products and services like mobile applications, telemedicine, wearable devices (for monitoring purposes, they can be worn in clothing or accessories), the Big Data (large amounts of data, for instance in clinical histories), clinical decision support

2 https://es.slideshare.net/werlyj/la-Internet-en-la-medicina-actual-16028890.3 https://es.wikipedia.org/wiki/ESalud#cite_note-3.

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Columnas 19310

clinical health care from a distance, like telesurgery, teleconsultations, teleeducation, telemonitoring, telementoring, remote medical conferences, etc.

There’s no doubt that e-health provides a number of benefits, the main ones being the following3:

• It allows supporting any health policy aimed at taking care of the needs of citizens by providing health care or health management services.

• It provides health care to citizens, regardless of their personal condition or geographical location, providing mobility and making it possible for citizens to elect the most appropriate health resources within a framework of equality of opportunities and well-informed participation.

• It facilitates:- Prognosis, prevention and follow-up of disease.- Personalization of health systems.- Citizen participation in the evolution, adaptation

and improvement of health care policies and services.

- Increased patient safety throughout all health process stages.

- Integration of health services into the economic development models implemented by countries.

- Follow-up of health indicators and methodological registration of data and reports on the health condition of patients.

- Telematic management of health services through the Internet. In the past, health services could only be physically managed, which required having time invested both by the patient and health personnel.

E-health requires regulating new elements for interaction between users (people, organizations and the public administration), accessing data and performing transactions (information and services). In another article, we will discuss the progress made so far by our country in this field.

E-health is the broadest concept referring to information and communication technologies (ICT) which, by way of tools, are used in the health sector to prevent, diagnose, treat, follow up and manage health, reducing health system costs and improving its efficiency

systems, the Internet of Things or health video games, among others1.

To give an idea of the existing connection between health and technology, it is worth taking a look at the approach given to technology by the World Health Organization (WHO). According to WHO, e-health is related to the “cost-effective and secure use of information and communication technologies in support of health-related fields” (OMS Resolution WHA58.28).

According to Gunther Eysenbach, editor of the Journal of Medical Internet Research, e-health can be defined as follows: “E-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally and globally by using information and communication technologies”.

Accordingly, we keep the above definition because it is comprehensive and cross-disciplinary, and refers to citizens, technical infrastructure, and the political willingness to improve health services. As we know, health protection through disease prevention and treatment is intended to increase life expectancy, improve the chances of survival of patients with serious and chronic conditions, and improve the possibilities of treating different illnesses. To meet these objectives, new tools based on medical applications which use the cyber space now exist. Let us see how they can be used2:

• Access to information: data banks, web sites, discussion forums, bibliography (some publications are only digital), mobile health (m-health), a term used for the practice of medicine and public health supported by mobile devices, electronic clinical histories, etc.

• New tools: cyber-medicine or e-health, telehealth, telemedicine, support groups on line.

• For cyber-medicine or e-health, the Internet is used to: (i) openly exchange confidential and non-confidential information between patients and doctors; (ii) educate health users, (iii) perform self-support activities, (iv) carry out research, (v) analyze the impact of the Internet on the doctor-patient relationship; and (vi) guarantee the quality of health services.

• As far as telemedicine is concerned, it allows providing

1 http://laesalud.com/que-es-esalud/2 https://es.slideshare.net/werlyj/la-Internet-en-la-medicina-actual-160288903 https://es.wikipedia.org/wiki/ESalud#cite_note-3

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Columnas 19314

Dr. guillerMo ruiz SeCaDa

Socio Senior, Especialista en Derecho TributarioSenior Partner, Tax Law [email protected]

Comentariotributario

Mediante D.S. Nº 267-2017-EF publicado el 10 de setiembre, se emitieron las últimas normas de este régimen. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debidamente alertado de la reticencia de los contribuyentes a acogerse a los beneficios tributarios contenidos en el régimen, con acierto publicó estas interesantes normas que han allanado el camino para que las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que omitieron declarar rentas en cualquier ejercicio gravable anterior al 2016, puedan regularizar su situación con el pago de una tasa reducida del Impuesto a la Renta.

Veamos los aspectos relevantes de este dispositivo:

Se ha precisado que no es necesario acreditar el origen del dinero que se pretende regularizar, una simple declaración jurada será toda la formalidad para cumplirse.

Se aclaró, como no podía ser de otra manera, que las reglas de la prescripción contenidas en el Código Tributario son aplicables, por lo que SUNAT está impedida de fiscalizar rentas o patrimonios generados hasta el 2012. Esto permitirá que el contribuyente pueda regularizar omisiones devengadas a partir de 2013 sustentando como costo inobjetable, los devengados hasta el 2012.

El contribuyente tiene la opción de recurrir libremente al esquema del incremento patrimonial no justificado, si considera que es menos complicado que estructurar sus costos.

Consideramos que no es suficiente una tasa reducida del Impuesto a la Renta para persuadir a los contribuyentes domiciliados, que regularicen sus omisiones por no haber declarado rentas de fuente extranjera durante los periodos no prescritos.

Las grandes y acaudalas familias peruanas históricamente mantienen sus patrimonios fuera del territorio nacional, una reducida tasa del Impuesto a la Renta no cambiará esta situación, pues evidentemente hay razones más poderosas para mantenerse al margen de las normas del fisco nacional.

Razones de seguridad, confianza, privacidad y transparencia priman en el exterior, persuaden a nuestros acaudalados contribuyentes locales a seguir manteniendo sus patrimonios en el extranjero.

Sin embargo, el mundo ha cambiado, a partir de 2019 SUNAT tendrá brazos largos, podrá cruzar información fiscal con 103 países en donde se supone se ubican los patrimonios de nuestros contribuyentes domiciliados.

Sabemos que existe un proceso avanzado para suscribir la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria (CAMMT) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que permitirá el cruce de información con los indicados 103 países en tres niveles: automático, a requerimiento y espontáneo.

Las reglas están claras, los abogados hemos aprendido en la Facultad de Derecho que las normas no pueden cambiar la realidad, por lo que, para tomar decisiones correctas, aconsejamos plantear cada caso por separado. No hay reglas generales a seguir, el mismo consejo legal que se da un contribuyente para aliviarlo, puede ser nocivo para otro contribuyente.

REPATRIACIÓN DE CAPITALES Y AMNISTÍA TRIBUTARIA

comentario tributario

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Columnas 193 15

The regulations under the law on the repatriation of capital and tax amnesty were issued by means of Supreme Decree Nº 267-2017-EF, published on September 10, 2017. The Ministry of Economy and Finance (MEF), warned of the taxpayers’ reluctance to resort to the tax benefits granted by the repatriation law, rightly published some interesting regulations which have paved the way for individuals, undivided estates and marital partnerships to regularize tax omissions in the event they failed to declare income earned before 2016, paying a lower Income Tax rate.

Let us analyze the most relevant aspects of the regulations:

Supreme Decree Nº 267-2017-EF has made it clear that it is not necessary to prove the origin of the capital subject matter of the regularization benefit, as filing a simple affidavit will suffice.

The above Supreme Decree has clarified, as it could not have been otherwise, that the rules on the running out of the statute of limitations contained in the Tax Code are applicable, for which reason SUNAT is prevented from auditing income or capital generated until the year 2012. This will allow taxpayers to regularize omissions in the declaration of income accrued as from 2013 and support, as non-objectable costs, income accrued until 2012.

Taxpayers are free to resort to the unjustified capital increase scheme if they believe that it is less complicated than structuring their costs.

We believe that a lower Income Tax rate is not enough to persuade domiciled taxpayers to regularize omissions resulting from their failure to declare foreign-source income during the periods for which the statute of limitations has still not run out.

Peru’s richest families have historically kept their capital abroad, so a lower Income Tax rate will not change things because, obviously, there are more powerful reasons that prevent them from complying with Peruvian tax rules.

Security, confidence, privacy, and transparency are some of the reasons why Peru’s richest families keep and will continue keeping their money abroad.

However, the world has changed and as from 2019 SUNAT will have long arms. As a matter of fact, as from 2019 it will be able to cross-check tax information with 103 different countries where the capital of our domiciled taxpayers is purportedly located.

We know that much progress has been made in the OECD Convention negotiations (Inter-American Convention on Mutual Administrative Assistance in Criminal Matters). This Convention will allow our country to cross-check information with the aforesaid 103 countries at three levels: automatically, upon request, and spontaneously.

The rules of the game are clear. Lawyers have learned from law school that the legal rules cannot change reality, for which reason in order to make the right decision, we suggest analyzing each case separately. There aren’t any general rules to follow. The legal advice given to a taxpayer may be detrimental to another taxpayer.

REPATRIATION OF CAPITAL AND TAX AMNESTY

Taxcomment

tax comment

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Columnas 19316

entrevista

1. ¿Cuáles son las funciones principales de la Defensoría del Pueblo dentro del marco de la Constitución?

La defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.

2. ¿Cualquier ciudadano puede acceder a los servicios de la defensoría o necesariamente tiene que presentarse un conflicto social?

Cualquier ciudadano puede acudir a nuestra institución y ser atendido en cualquiera de nuestras 38 oficinas a nivel nacional. No es necesario que se presente personalmente, puede hacerlo mediante un documento escrito, por teléfono, por las redes sociales, a través de un representante, etc. Dependiendo de la naturaleza del caso presentar y delas competencias dela DP se evaluará si se trata de una queja, un petitorio o una consulta.

Si se tratar de un conflicto social, la oficina que lo atiende coordina con la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales para trazar la estrategia de intervención dependiendo de la fase en la que se encuentre el

conflicto. En razón de ello se podrán realizar acciones de supervisión preventiva cuando el caso este en fase de temprana o de escalamiento, de intermediación Defensorial si se trata de un caso en fase de diálogo y, cuando el caso esté en una fase de crisis se realizan acciones humanitarias y defensa legal para velar por el respeto del derecho de los detenidos, heridos y de los familiares de las personas fallecidas, de darse el caso.

3. En su opinión, ¿Cuál es el comportamiento actual de la Defensoría del Pueblo frente a la conflictividad social?

La Defensoría del Pueblo, a través de su Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y sus 38 oficinas a nivel nacional tiene lineamiento de actuación que le permiten tener una actuación coordinada frente a la conflictividad social.

Ciertamente el contexto actual nos muestra nuevos desafíos tomando en cuenta el contexto de crisis política que ha venido atravesando nuestro país en los últimos meses, ello sumado a hechos de corrupción en todas esferas, pública y privada, nacional, regional y local. A ello se suman los problemas dela reconstrucción y el contexto electoral.

Columnas conversó con la Dra. Luisa Fernán-Zegarra de Belaunde, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo.

Dra. Luisa Fernán-Zegarra de BelaundePrimera Adjunta de la Defensoría del Pueblo

“Un nuevo enfoque dentro de la Defensoría del Pueblo”

“The Ombudsman’s Office and its new approach”

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Columnas 193 17

entrevista

Ello generado que nuestras intervenciones sean cada vez más proactivas, en búsqueda de la prevención sobre todo de la violencia, además de la permanente necesidad de estar informados para tomar decisiones muy rápidamente.

Al actualizar nuestros lineamientos de intervención y la implementación del nuevo SIMCO (Sistema de Información y Monitoreo de Conflictos Sociales) y con el apoyo de la tecnología estamos en proceso de optimizar nuestros procedimientos y productos. Evaluaciones e intervenciones mucho más rápidas en el tiempo y producir información más accesible y en menor tiempo para quienes estén interesados en conocer la situación de la conflictividad social en el país, deben ser los resultados en el corto plazo.

4. ¿Qué medidas está implementando la Defensoría del Pueblo para erradicar los problemas de corrupción en la administración pública?

Esta gestión se viene abocando a lo que la OCDE ha identificado como una de las debilidades del sistema anticorrupción peruano: la falta de evidencia que propicie políticas públicas. En tal sentido, se viene implementando

un piloto en cuatro oficinas defensoriales, a fin de dotar a la Defensoría del Pueblo de un seguimiento de denuncias de corrupción, que permita identificar patrones o recurrencias, teniendo como base la información del interior del país, que muchas veces solo llega a la prensa nacional cuando se ha convertido en un tema de mayores proporciones. Este sistema está en plena elaboración y debería lanzarse antes de finalizar el año.

También se esté dejando todo listo para lanzar en el breve plazo unas alertas, que se ha denominado “Sobre Aviso”, de manera que se evidencian algunos espacios grises de los procedimientos estatales, que constituyen una fuente de riesgo de corrupción. El primero de estos documentos tratará sobre las adquisiciones de menor cuantía.

5. La defensoría del pueblo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley sobre transparencia, que busca eliminar la confidencialidad de información económica de las Asociaciones Publicas Privadas (APP), ¿Cuál es el estado actual de esta iniciativa legislativa?

Actualmente el Proyecto de Ley Nro.00947/2016-DP que propone promover la transparencia en las actuaciones de los funcionarios, permitiendo a los ciudadanos ejercer una labor de supervisión sobre las decisiones públicas, el acceso a la información en los procesos de promoción de la inversión privada y a la información contenida en los correos institucionales de los funcionarios, se encuentra desde febrero de 2017, en la Comisión de Fiscalización y Contraloría sin que se haya aprobado dictamen.

6. ¿Cómo puede influir la actuación de la Defensoría del Pueblo en las políticas públicas que adopta el Estado Peruano?

La Defensoría del Pueblo a través de sus informes emite una serie de recomendaciones que apuntan, en gran medida, a la mejora de las políticas públicas. A su vez, los informes se sustentan en los casos investigados por nuestra institución en los que se identifican una sistemática afectación a los derechos fundamentales. Frente a ello, el rol de la Defensoría del Pueblo es lograr la restitución de los derechos vulnerados y garantizar la no repetición de los actos o hechos que generaron la afectación del mismo, lo que podría implicar el cambio o modificación de una política pública.

7. ¿Cómo interviene la Defensoría del Pueblo en la actual coyuntura política generada por el caso Odebrecht?

La Defensoría del Pueblo, dentro de su mandato constitucional, empezará a monitorear más de acerca los casos emblemáticos que involucran a quienes ejercieron altos encargos en la administración pública. Este seguimiento implica que cada uno de los casos recibirá un acompañamiento cercano, de manera que se salvaguardan

“Un nuevo enfoque dentro de la Defensoría del Pueblo”

“The Ombudsman’s Office and its new approach”

Columnas met with Mrs. Luisa Fernán-Zegarra de Belaunde, First Deputy, Ombudsman Office.

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Columnas 19318

1. What are the main duties of the Ombudsman’s Office according to the Constitution of Peru?

The Ombudsman’s Office is in charge of protecting the constitutional and fundamental rights of individuals and the community and overseeing the fulfillment of the duties of State agencies and the rendering of public services.

2. Can any individual access the services of the Ombudsman’s Office or citizens are only supported by the Office of the Ombudsman if a social conflict arises?

Any person can contact any of our 38 offices nationwide. There’s no need to contact our offices in person. We can be contacted in writing, by phone, through social media or through a representative, etc. Depending on the nature of the case to be submitted for the consideration of the Ombudsman’s Office and the matters falling within the sphere of competence of the Ombudsman’s Office, we will determine whether the case deals with a claim, a petition or an inquiry.

If we are dealing with a social conflict, then the office contacted by the individual will make the necessary arrangements with the Social Conflict Prevention Office to design the intervention strategy to be adopted, depending on the conflict stage. In this way, the Ombudsman’s Office can take preventive oversight action if the conflict is still in an early stage or is beginning to escalate or can also act as an intermediary if the case requires holding talks. However, if the case

has already reached a critical point, then humanitarian and legal defense action will be taken to guarantee the rights of those who have been arrested and wounded, including the families of the victims, if any.

3. In your opinion, how does the Office of the Ombudsman behave when a social conflict arises?

The Office of the Ombudsman, through the Social Conflict Prevention and Governance Office and its 38 offices nationwide, has guidelines in place. These guidelines allow us to take concerted action when a social conflict arises.

As a matter of fact, we are facing new challenges as a result of the political crisis that affected our country in the last few months. To this we add several acts of corruption detected at all levels, involving national, regional and local entities, both public and private, the reconstruction problems, and the electoral context.

As a result, our involvement has become increasingly proactive in an effort to prevent conflict, particularly violence, and remain permanently informed of what’s going on in the country in order to make quick decisions.

By updating our intervention guidelines and implementing the new SIMCO system (Social Conflict Information and Monitoring System) with the support of technology, we are optimizing our processes and products. As a matter of fact, making quicker assessments, taking quicker intervention action, and

interview

los intereses del Estado, esto es, que la impunidad no se imponga.

Ya que la corrupción roba derechos, se debe procurar que las acusaciones se esclarezcan, salvaguardando las libertades constitucionales, pero sin dejar de vista que

la lucha contra la impunidad beneficia al ciudadano. En el actual contexto, la Defensoría ve con preocupación que las investigaciones en curso no muestren resultados tangibles, más allá de medidas muy mediáticas, que sin embargo poco contribuyen al esclarecimiento de los hechos.

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Columnas 193 19

Mrs. Luisa Fernán-Zegarra de BelaundeFirst Deputy, Ombudsman Office

making information accessible within shorter periods of time to whoever is interested in learning about the status of social conflicts in the country, should be the result of our current efforts in the short term.

4. What measures is your office taking to eliminate corruption in the public administration?

My office is currently focused on what OCDE has identified as one of the weaknesses of Peru’s anticorruption system: lack of evidence resulting in the adoption of public policies. Accordingly, a pilot program is being implemented at four ombudsman’s offices in order to provide the Office of the Ombudsman with the tools required to take follow-up action on corruption accusations and thus be able to identify behavioral patterns or recurrence, based on the information gathered in the interior of Peru, as many cases reach the national newspapers only when the conflict has already escalated substantially. This system is currently being prepared and should be ready and launched by year-end.

Moreover, we are getting everything ready to launch as soon as possible some alerts, which we have called “Sobre Aviso” (You have been Alerted), to find gray areas in State processes, as there could be a risk of corruption. The first of these documents will deal with small purchases.

5. The Ombudsman’s Office introduced in Congress a bill on transparency which is aimed at eliminating the confidentiality of

the financial information of Public-Private Partnerships (PPPS). What is the current status of this legislative initiative?

Bill No.00947/2016-DP, which aims to promote transparency in the acts performed by officials, allowing citizens to supervise public decisions and providing access to information related to private investment promotion processes and the information contained in the institutional e-mails of officers, has been at the Oversight and Comptrollership Committee since February 2017. However, this committee has still not approved its advisory opinion.

6. How can the measures adopted by the Ombusdsman’s Office impact public policies adopted by the Peruvian State?

The Ombudsman’s Office, through its reports, makes a series of recommendations which, to a large extent, are aimed at improving public policies. In turn, these reports are supported by cases already investigated by our office, identifying a systematic violation of the fundamental rights of citizens and society. As a result, the Ombudsman’s Office is to focus on having these rights reinstated, guaranteeing that the events which resulted in the violation of said rights will not occur again, which may imply changing or modifying public policies.

7. What role does the Ombudsman’s Office play vis-à-vis the political state of affairs resulting from the Odebrecht case?

The Ombudsman’s Office, according to the Constitution, is going to closely monitor emblematic cases involving people who filled top-ranking positions in the public administration. It means that the Ombudsman’s Office will take close follow-up action of each case to safeguard the interests of the State, which means that impunity will no longer prevail.

In view that corruption steals rights, we should try to clarify accusations, safeguarding constitutional freedoms without disregarding the fact that the fight against impunity benefits citizens at large. Under the current context, the Ombudsman’s Office notes with concern that ongoing investigations are not resulting in tangible results, irrespective of the adoption of measures which have media impact but contribute very little to clarify events.

interview

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Columnas 19320

The right to continuity of care when pre-existing conditions exist does not contem-plate the possibility of shifting from the insurance system to a health care provider (EPS) or vice versa.

El derecho de continuidad en las preexistencias no contempla el paso del sistema de Seguros a una EPS o viceversa.

Una Compañía de Seguros no es una Entidad Prestadora de Salud (EPS), mientras la primera, tiene por objeto extender coberturas a determinados riesgos en un contrato de seguro, la segunda, tiene como objeto brindar prestaciones de atención de salud, de manera complementaria a la que otorga el Estado a través del Sistema de Seguridad Social. Las diferencias entre una y otra son claras, no solo por su naturaleza, sino además, por sus actividades, requisitos, órganos de supervisión y marco normativo.

Son estas diferencias las que explican la necesidad de regular, a través de dos estructuras normativas distintas, el derecho a la continuidad en las preexistencias: De un lado, la Ley N° 29561 “Ley que establece la continuidad en la cobertura de preexistencias en el Plan de Salud de las Entidades Prestadoras de Salud” y, de otro lado, la Ley N° 28870 “Ley que regula la utilización de las preexistencias en la contratación de un nuevo seguro de enfermedades y/o asistencia médica con la misma compañía de seguros a la que se estuvo afiliado en el periodo inmediato anterior”.

Ambos textos normativos establecen la obligación de garantizar y brindar continuidad en la atención de los diagnósticos preexistentes1, lo que quiere decir, que tanto las Compañías de Seguros como las EPS no podrán considerar como enfermedades preexistentes aquellas que fueran objeto de cobertura, en un seguro médico o en un plan de salud contratado con anterioridad a la solicitud de contratación de un nuevo seguro o plan de salud. Este es un derecho de continuidad reconocido como aquel que todo asegurado en una Compañía de Seguros o afiliado en una EPS tiene para seguir recibiendo las prestaciones de salud por enfermedades diagnosticadas y no resueltas durante la vigencia de un plan de salud o de un seguro médico contratado con anterioridad.

Dr. anDréS Kuan-Veng Cabrejo

Socio Senior, Especialista en Mercado de Capitales y Regulación Bancaria, Financiamiento de Proyectos y Sindicaciones, Seguros & ReasegurosSenior Partner, Capital Market, Banking Regulation, Project Finance & Syndication, Insurance & Reinsurance [email protected]

Las enfermedades preexistentes en las coberturas de salud

Pre-existing diseases in health coverage

En tal sentido, tenemos que el derecho a la continuidad de cobertura de preexistencias está reconocido en cada sistema de salud; es decir, el sistema de Seguros y el Sistema de EPS. Ambas coexisten de manera independientes y permiten que un asegurado de una Compañía de Seguros pueda pasar a otra Compañía de Seguros, y un afiliado de una EPS pueda pasar a otra EPS sin que les nieguen la atención a las enfermedades anteriormente diagnosticadas. Sin embargo, no hay posibilidad de pasar de un sistema a otro, un asegurado de una Compañía de Seguros no podrá pasar a una EPS, o viceversa alegando derecho de continuidad. Si argumentáramos que esto último es posible, la existencia de dos dispositivos regulando a cada sistema de salud no tendría razón de ser.

Posteriormente a la promulgación de las leyes sobre continuidad de preexistencias, se publicó la Ley Nº 29344 “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”, que complementando a las anteriores, establecía las condiciones en las que operaría el derecho de continuidad de cobertura de las preexistencias, permitiéndose la fijación en la prima de acuerdo al impacto económico que generen las preexistencias, siendo este dispositivo aplicable a las Compañías de Seguros y a las EPS, denominadas IAFAS (Instituciones Administradores de Fondos de Aseguramiento en Salud).

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 29946 “Ley del Contrato de Seguros” y su artículo 118°, un sector institucional interpretó que este respaldaba la continuidad de las preexistencias de un sistema de salud a otro, permitiendo el paso del sistema de seguros al sistema de las EPS o viceversa, conocido como cruce de preexistencias. Sin embargo, otro sector institucional, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siguiendo la literalidad del dispositivo consideró la interpretación que recogemos como la más acorde.

1 La preexistencia, es cualquier condición de alteración de estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida por el titular o dependiente y no resuelta en el momento previo a la presentación de la declaración jurada de salud.

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Columnas 193 21

El artículo 118° refiere que, “Las enfermedades preexistentes están cubiertas dentro del sistema de seguros y de EPS, como mínimo, hasta los límites del contrato original o anterior”. Bajo una interpretación literal de este dispositivo, tenemos que se establece la obligatoriedad de brindar cobertura a las enfermedades preexistentes, obligatoriedad aplicable a cada régimen de aseguramiento (sistemas de seguros y sistemas de EPS). Al respecto, tenemos a la Resolución SBS N° 3203-2013 expedida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en la que se establece precisamente lo siguiente: “la continuidad de la cobertura de las preexistencias en los seguros de salud no se restringe en ningún caso a una sola empresa de seguros sino a cualquiera que integre el sistema de seguros peruano”.

Considerar que con los términos del citado artículo 118°, se estaría facultando la integración de un sistema de salud a otro, es interpretar de manera extensiva y recogiendo un mensaje bastante impreciso. No obstante, de nuestra interpretación legal, tenemos la Ley N° 30562 “Ley

A n insurance company is not a health care provider (EPS). While the former is aimed at providing coverage against some risks through an insurance contract, the latter is aimed at providing

health care services, supplementing those provided by the State through its Social Security System. The differences between one system and the other are clear, not only because of their nature but also because of the activities, requirements, control bodies and regulatory framework involved.

These differences are precisely the reason why it has been necessary to regulate, through two different legal rules, the right to continuity of care when pre-existing conditions exist: on the one hand, Law N° 29561 “Law on continuity of care when pre-existing conditions exist under the Health Program of Health Care Providers” and, on the other hand, Law N° 28870 “Law on pre-existing conditions when a new health insurance is taken and/or a medical assistance contract is signed with the same insurance company with which the patient was insured in the immediately preceding period”.

Both laws call for the obligation to guarantee and provide continuity of care when dealing with pre-existing conditions, which means that neither insurance companies nor EPSs can treat diseases which had health coverage under a health insurance or health plan taken out before the filing of an application for a new insurance or health plan, as pre-existing conditions. This is the so-called right to continuity of care available to every individual insured with an insurance company or EPS so that said person may continue receiving health care in the event he/she suffers from any disease diagnosed but not cured during the term of a previous health plan or health insurance.

Accordingly, we can see that the right to continuity of care when pre-existing conditions exist is recognized by both health systems, that is, the insurance system and the EPS system. Both systems co-exist independently and allow that a patient insured with an insurance company shift to another insurance company, and that an EPS patient shift to another EPS without being denied treatment of previously diagnosed diseases. However, it is not possible to shift from one system to the other. A person insured with an insurance company cannot shift to an EPS or vice versa, arguing that he/she is entitled to continuity of care. If we argued that this option is possible, then the existence of two different legal rules, one for each health system, would be meaningless.

After the laws on the right to continuity of care when pre-existing conditions exist were issued, Law Nº 29344 “Master Law for Universal Health Assurance”, was issued. Supplementing the previous laws, it made express reference to the conditions to be met in order for the right to continuity of care when pre-existing conditions exist to be enforced, making it possible to have the insurance premium set according to the economic impact of the

pre-existing conditions. This legal rule applies to insurance companies and EPSs, called IAFAS (Health Assurance Fund Management Entities).

With the entry into force of Law N° 29946 “Law on Insurance Contracts” and Article 118 thereof, some entities interpreted that it supported the right to continuity of care when pre-existing conditions existed if a patient shifted from one health system to another one, making it possible to shift from the insurance system to the EPS system or vice versa, known as crossover of pre-existing conditions. However, some other entities like the Superintendency of Banking, Insurance and AFPs, complying with the principle of literality of legal rules, considered that this interpretation was the most appropriate one.

Article 118 provides that “Pre-existing diseases are covered by the insurance system and the EPS system, at least up to the limits set forth in the original or previous contract”. According to a literal interpretation of this article, we can see that it obliges both the insurance system and the EPS system to provide coverage against pre-existing diseases and that this obligation applies to each such insurance regime (insurance system and EPS system). Concerning this matter, it is worth highlighting SBS Resolution N° 3203-2013, issued by the Superintendency of Banking, Insurance and AFPs, which precisely provides as follows: “the continuity of care when pre-existing diseases exist under a health insurance system is not limited for no reason whatsoever to only one insurance company, but covers any company that is part of the Peruvian insurance system”.

Interpreting that Article 118 authorizes the possibility of integrating one health system into the other would be like interpreting it on an extensive basis and conveying a quite inaccurate message. However, based on our legal interpretation, we can see that Law N° 30562 “clarifies some supplementary aspects of the coverage given to the crossover of pre-existing conditions referred to in Article 118 of Law 29946, Law on Insurance Contracts”, which does nothing else but ratify the existence of a regime governing the crossover of pre-existing conditions backed by the controversial Article 118.

We now have a legal rule which, far from clarifying or elaborating on the legal rules on the crossover of pre-existing conditions, puts an end to the discussion (the topic has been extensively discussed in several bills) and states that a legal rule which accepted the possibility of shifting from one health system to another one already exists, thereby putting an end to ongoing discussions and positions, but making the legal rules on pre-existing conditions meaningless, that is, Law Nº 28770 and Law N° 29561. We would like to stress our disagreement with the legal rule recently enacted whereby, we understand, lawmakers are trying to correct a mistake created by a rule as inaccurate as Article 118 of the Law on Insurance Contracts.

que precisa aspectos complementarios de la cobertura de preexistencias cruzadas establecida en el artículo 118° de la Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro”, que no hace más que dar por cierta la existencia de un régimen de preexistencias cruzadas cuya fuente sería el tan discutido artículo 118°.

Hoy tenemos un dispositivo que lejos de aclarar o ampliar la regulación sobre las preexistencias cruzadas, da por terminada la discusión (ampliamente discutida en varios proyectos de ley) y establece que ya existe un dispositivo que reconoció la posibilidad de pasar de un sistema de salud a otro, zanjando las discusiones y posiciones existentes, pero vaciando de contenido esencial a las normas de preexistencias, Ley Nº 28770 y Ley N° 29561. No podemos dejar de manifestar nuestro desacuerdo a lo recientemente promulgando y con el que entendemos pretenden corregir un error por una disposición tan imprecisa como es el artículo 118° de la Ley del Contrato de Seguros.

1 Pre-existing condition is any condition affecting the health of an individual, diagnosed by a registered medical doctor, known by the insurance holder or a dependent, and not resolved prior to the filing of the health affidavit.

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Columnas 19322

The Social Advancement Fund for the Mining Sector creates better social conditions for the implementation of mining projects.

El Fondo de Adelanto Social en Minería crea mejores condiciones sociales para el desarrollo de los proyectos mineros.

Recientemente, se ha publicado el D.S. N° 048-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. Leg. N° 1334, el mismo que crea el Fondo de Adelanto Social.

Es preciso recalcar que el “Fondo de Adelanto Social” es un programa, proyecto y/o actividad en materia de agua y saneamiento; ambiente; transportes y comunicaciones; electrificación rural; agricultura y riego; infraestructura de salud; e, infraestructura educativa, que atiendan las brechas sociales de las poblaciones en zonas consideradas prioritarias.

Para efectos de la actividad minera, el Fondo de Adelanto Social crea mejores condiciones sociales para el desarrollo de los proyectos mineros.

Asimismo, este Fondo de Adelanto Social involucra el financiamiento de la elaboración de estudios de pre-inversión, expediente técnico y ejecución de proyectos de inversión, así como la reposición y mantenimiento de los programas. Además, tiene como obligación que se ejerzan dichos programas y estudios, de manera sostenible en el tiempo, para el beneficio de la población ubicada en la zona de influencia del proyecto minero.

La normativa anterior, contemplaba algunas prioridades que se identificaban en el ejercicio de la actividad minera, como son: la atención humanitaria a la población, en especial a aquella en situación de pobreza y pobreza

Dr. gabriela jáuregui Morán

Socia, Especialista en MineríaPartner, Mining [email protected]

Fondo de Adelanto Social en minería

Social Advancement Fund for the mining sector

extrema, atención a las personas adultas mayores y mujeres en gestación, niñas y niños en edad escolar inicial y primaria de las zonas rurales, complementando los programas de atención del Estado para este segmento, a fin de disminuir los niveles de desnutrición y enfermedades, entre otros.

Mucho más técnico es el nuevo Reglamento bajo comentario, que contempla como Determinación de los Criterios de Priorización:

a) La magnitud de la brecha social del espacio geográfico, considerando la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, con especial énfasis en mejorar la calidad de los servicios energéticos, de agua y saneamiento, transporte, entre otros. También debe tener en consideración si existe un grado de promoción de la eficiencia energética en los diversos sectores, para efectos de comentario, nos enfocamos en la actividad minera.

b) El impacto y relevancia de la actividad económica en el Producto Bruto Interno (PBI) regional y nacional.

c) El grado de avance de la actividad minera, como son:

- Exploración avanzada o pre-inversión- Construcción y desarrollo- Extracción o explotación

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Columnas 193 23

reposición y de rehabilitación y/o actividades priorizadas a ser financiadas por el Fondo de Adelanto Social, se elabora una matriz de evaluación, con el correspondiente análisis de contribución de cada criterio de priorización.

Desde mi punto de vista la reglamentación del Fondo de Adelanto Social va a contribuir enormemente a obtener la famosa Licencia Social, a fin de que, tanto la población, en algunos casos, llámese Comunidades Campesinas, la Empresa Minera y el Estado van a lograr el beneficio directo del desarrollo de los proyectos mineros.

Actualmente el Fondo de Adelanto Social en Minería cuenta con 50 millones de soles, determinándose aún las zonas especiales que serán beneficiadas con sus recursos.

- Demanda energética- Transferencias de recursos por Canon y Regalías,

entre otros asociados a la actividad minera.

d) Grado de inclusión económica de la población.

e) Evidencia de la disposición al diálogo y coordinación multisectorial de parte de los representantes de la población del espacio geográfico, la que se acredita sobre la base de información remitida por las autoridades competentes.

Durante el proceso de identificación de los estudios de pre-inversión, fichas técnicas, proyectos de inversión, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de

S upreme Decree N° 048-2018-EF, approving the Regulations under Legislative Decree N° 1334, recently created the Social Advancement Fund for the purpose

of narrowing social gaps in priority areas by funding programs, projects and/or activities related to water and sanitation, environment, transport & communications, rural electrification, agriculture & irrigation, and health and educational infrastructure.

As far as the mining sector is concerned, the Social Advancement Fund creates better social conditions for the implementation of mining projects.

The Social Advancement Fund finances pre-investment studies, technical files, and investment projects, including projects for the reinstatement and maintenance of programs. It requires all such studies and projects to be implemented on a sustained basis throughout the years to benefit people in the area of influence of the mining project.

The former legislation identified some specific priorities in the mining sector like humanitarian assistance to the population, particularly people living in poverty and extreme poverty, assistance to old people, pregnant women, and children attending nursery and primary schools in rural areas, thereby supplementing the assistance programs carried out by the State in the mining sector, in order to reduce, among other things, malnutrition and diseases.

The Regulations recently enacted are much more technical and contemplate the following criteria for the prioritization of assistance:

a) Size of the social gap in a given geographical area, bearing in mind the quality and scope of the public services being rendered and placing special emphasis on finding ways to improve the quality of energy, water & sanitation, transportation, and other services. To prioritize assistance, it should also be considered whether or not energy efficiency is being promoted in the various sectors

being analyzed; however, for purposes of this article, we will focus on the mining sector.

b) Importance and impact of the economic activities carried out by the population on the regional and national GDP.

c) Progress made by mining projects, that is:

- Advanced exploration or pre-investment;- Construction and development;- Extraction or exploitation;- Demand for electricity;- Transfer of resources (“canon” funds and royalties)

derived from mining projects.

d) Level of economic inclusion.

e) Evidence that the representatives of local people are willing to engage in talks and coordinate assistance on a multi-sector basis, based on the information submitted by the competent authorities.

During the process involved in the identification of pre-investment studies, technical files, investment projects, including optimization, marginal expansion, reinstatement and rehabilitation investment projects and/or activities prioritized in order to be funded by the Social Advancement Fund, an assessment matrix is prepared, along with an analysis of the contribution of each prioritized sector.

In my view, the Regulations recently issued to regulate the Social Advancement Fund will have a favorable impact on the Social License to Operate, as the population, in some cases Agrarian Communities, Mining Companies and the State will directly benefit from the implementation of mining projects.

The Social Advancement Fund for the Mining Sector already has 50 million soles, but the special areas where these resources will be invested are still to be determined.

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Columnas 19324

Dra. annaluCia FaSSon lloSa

Asociada Senior, Especialista en Derecho Corporativo y Jefa del Área de Derecho de la Moda y RetailSenior Associate, Corporate Law Specialist, Head of the Fashion Law and Retail Practice [email protected]

Mirar al futuro: la constitución de las empresas B o BIC

Looking ahead: Incorporation of benefit corporations or community interest corporations

Redefining economic success and the solution of social and environmental problems.

Redefiniendo el éxito en la economía y la solución a los problemas sociales y medioambientales.

Las empresas B o BIC (http://sistemab.org/peru/) constituyen una nueva forma legal de constituir una empresa, que no solo tiene como objetivo generar utilidades o ser rentables, sino que además interactúa con otros agentes, tales como clientes, proveedores, comunidad y trabajadores, para hacer un mundo mejor. Son empresas de triple impacto en lo social, ambiental y económico.

De esta manera, los accionistas de las empresas B se preocupan no solo por el tema económico, sino que se dedican a solucionar problemas sociales y medioambientales, provocando una nueva generación que se encuentre comprometida con productos que generen un impacto positivo a la sociedad, para lo cual deberán cumplir con estándares internacionales que miden su transparencia y su desempeño.

Cabe indicar que en Italia ya se promulgó una regulación especial para este tipo de sociedades, denominadas Societá Benefit y algunos estados de los Estados Unidos, empezando por el de Maryland (2010), tienen una legislación especial para regular las Public Benefit Corporation o Social Purpose Corporation. América Latina cumple un rol muy importante al ya encontrarse promoviendo el desarrollo de este tipo de empresas B. Por ejemplo, en diferentes países de la región se

encuentran elaborando proyectos de ley para regular este tipo de sociedades. En Colombia y Argentina se llaman Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o por su sigla BIC y en Chile se les denomina Empresas con Propósito Social o por su sigla EPS.

En estos proyectos de ley se establecen una serie de obligaciones, que tienen como principal propósito ayudar a la comunidad (fin social) y mitigar la contaminación del medio ambiente (fin ambiental), las cuales de manera periódica miden su desempeño a través de distintas actividades que la sociedad se ha comprometido a realizar con la finalidad de reducir algún efecto negativo que pueda estar afectando a la comunidad de su respectivo país.

En el Perú, también se puede obtener dicha certificación otorgada por B Lab. (Estados Unidos) y Sistema B (Latinoamérica), cumpliendo con varios pasos. Por ejemplo, deben modificar su estatuto social exigiendo que se cumpla con un impacto material positivo en la comunidad, la sociedad y en el medioambiente. Además, los directores, gerentes, administradores y apoderados deberán considerar no solo los intereses de los socios accionistas, sino que también se cumpla con el interés colectivo dejando constancia de sus actividades mediante la elaboración de una memoria

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Columnas 193 25

anual o reportes periódicos.1

En el Perú es una tarea pendiente legislar a las empresas B o BIC. Tal vez sería posible incorporar un capítulo a la Ley General de Sociedades que regule este nuevo tipo de forma societaria, incluyendo requisitos propios como son las de medir su desempeño mediante la emisión de un reporte o memoria anual en el que se refleje todas las actividades que se realizan con fines sociales y ambientales, el mismo que podría ser no solo de carácter privado sino de carácter público, demostrando una transparencia en la gestión para fines de buen gobierno corporativo.

B enefit Corporations (B corporations) or Community Interest Corporations (CIC Corporations) (http://sistemab.org/peru/) are a new way of making

business. As a matter of fact, B and CIC Corporations are not only aimed at generating profits or being profitable, but also at interacting with other agents, like customers, suppliers, the community and employees in general, in order to create a better world. B and CIC corporations pursue the triple bottom line, which includes the economic, environmental, and social equity dimensions.

The shareholders of B corporations are not only concerned with financial matters, but also with social and environmental problems, thereby creating some sort of new generation of people committed to developing products which have a positive impact on society, for which purpose they must comply with international standards that measure their transparency and performance.

It is worth highlighting that in Italy, for instance, laws already exist to regulate B corporations, called Societá Benefit, and that in the United States some states like Maryland have passed (2010) special laws to regulate Public Benefit Corporations or Social Purpose Corporations. Moreover, as far as B or CIC corporations are concerned, Latin America plays a very important role as it is already promoting the development of these corporations. For instance, different countries in the region are producing draft bills on B and CIC corporations. In Colombia and Argentina, for instance, they are known as Benefit or Community Interest Corporations (B or CIC), while in Chile they are known as Social Purpose Corporations (SPC).

These draft bills contemplate a series of obligations the main purpose of which is to assist the community (social purpose) and mitigate environmental contamination (environmental purpose). The performance of B or CIC companies is regularly measured by auditing the activities that these companies undertake to carry out in order to reduce adverse impacts

which may be affecting the local community in each country.

In Peru, for instance, it is also possible for companies to be certified by B Lab (United States) and Sistema B (Latin America), after complying with some requirements. As a matter of fact, B or CIC corporations are required to have a positive impact on the community, society and the environment, for which reason their bylaws must be modified accordingly. In addition, the directors, managers, and attorneys of B or CIC corporations must bear in mind not only the interests of their shareholders or partners, but also community interests, for which purpose, to prove compliance with this requirement, they must file an annual report or otherwise regular reports describing the activities they have carried out to meet this target.1

In Peru, B or CIC corporations are still to be regulated. It might be possible to add a chapter to the Business Corporation Law dealing with B or CIC corporations and describing the requirements they must fulfill, like having their performance measured and issuing an annual report describing all the activities they have carried out to comply with their social and environmental commitments. For this purpose, this report should be made public to demonstrate a commitment to management transparency for good corporate governance purposes.

Moreover, directors and/or managers could be required to comply with some obligations to meet the purposes of B or CIC corporations. For instance, it could be established that if they fail to comply with said obligations they could be subject to civil or criminal liability or sanctions for their failure to comply with the bylaws of the corporation. Domestic policies could also be established to grant tax incentives to companies that comply with their social and environmental commitments, for which purpose the fulfillment thereof should be measured on a yearly basis in order to decide whether or not to continue granting the tax incentives they are enjoying.

Are you ready to incorporate a B or CIC corporation?

Asimismo, se podría establecer el cumplimiento de sus fines mediante obligaciones de los directores y/o gerencia general, caso contrario se determinarían sanciones y/o responsabilidades civiles o penales a dichos ejecutivos por no cumplir con el estatuto social. También implementar políticas nacionales de incentivos tributarios para aquellas empresas que decidan tener un objeto social que posea una finalidad social y ambiental, respecto de los cuales se deberían ir midiendo su cumplimiento año a año para efectos de mantener dicho beneficio tributario, entre otros aspectos.

¿Y tú te animas a constituir una empresa B o BIC?

1 http://sistemab.org/7-pasos-para-ser-empresa-b/modificaciones-legales-peru/

1 http://sistemab.org/7-pasos-para-ser-empresa-b/modificaciones-legales-peru/.

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Columnas 19326

Dr. CéSar Puntriano roSaS

Socio Senior, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad SocialSenior Partner, Labor Law and Social Security [email protected]

Comentariolaboral

La asunción de mando del Presidente Martín Vizcarra genera la esperanza en la ciudadanía de que la maquinaria estatal comenzará a andar, se concretará la inversión privada y con ello se incrementará el consumo, dinamizando la economía y mejorando sus perspectivas de crecimiento. Recordemos que el 2017 el país creció en 2.5%.

En materia laboral, la gestión de PPK efectuó cambios importantes, pero no suficientes, como se esperaba para reducir la informalidad laboral, cuyo porcentaje bordea el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA). Quizá lo más sustantivo, para el sector formal sea la norma que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, así como su Reglamento.

Sin embargo, el mayor error, creemos, pese al incremento del desempleo (8% en Lima Metropolitana en el trimestre diciembre 2017 a febrero de 2018 según el INEI), fue el aumento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 930.00 soles a partir del 1 de abril. Este aumento, que no fue consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo debido a lo extremo de las posiciones de las partes, generaría un incremento de la informalidad en 1.9% según lo señalado por el Banco Central de Reserva (BCR) en su Reporte de Inflación de marzo del 2018. Dicho porcentaje supone un aumento en 28 mil de los empleos informales en Lima Metropolitana. Adicionalmente, añade el BCR la decisión del Gobierno provocaría una disminución en 118 mil trabajadores de la PEA en Lima Metropolitana. No entendemos las razones, pero la medida ya está tomada y el nuevo mandatario no la puede revertir.

Lo que sí está al alcance de sus manos, y de su Gobierno en general, es la esperada reforma laboral. Se requiere una reforma integral que coadyuve a reducir la informalidad pues cualquier norma que se expida solamente se aplica al 30% de la PEA. Parte de la receta formalizadora consiste en plantear normas que reduzcan la rigidez para desvincular personal, generada a partir de pronunciamientos judiciales cuestionables, o que implementen remuneraciones mínimas diferenciadas por sectores productivos, así como un real régimen promotor del empleo que posea costos laborales mínimos y que se vayan incrementando progresivamente en el tiempo. Pero notemos que la receta no se queda en el ámbito de la legislación laboral. Un empresario informal no solamente le presta atención al costo laboral sino al tributario, al administrativo, entre otros.

Es evidente que cualquier Proyecto de Ley que carezca de una visión estructural en cuanto a los efectos perniciosos de la informalidad laboral jugará en contra de la ansiada reforma, por lo que no dejan de preocuparnos los Proyectos de Ley que se vienen gestando en la Comisión de Trabajo del Congreso, como el que plantea eliminar el contrato de trabajo de régimen de exportación de productos no tradicionales, pese a que dicho régimen, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias, ha creado hasta noviembre de 2017 más de 320 mil empleos formales. En lo que se refiere a planilla estatal, el Proyecto que pretende incorporar a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a la misma es anti técnico, el costo es altísimo y constituye una sentencia de muerte para la reforma del régimen del servicio civil.

Esperamos medidas por parte de la nueva gestión gubernamental que, de manera multidisciplinaria, y no solamente desde la legislación laboral, permitan incrementar el número de trabajadores formales trazándose una meta realista de cara al bicentenario de nuestra independencia.

EL SEGUNDO TIEMPO EN MATERIA LABORAL

comentario laboral

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Columnas 193 27

Now that Martín Vizcarra has been sworn in as Peru’s new President, people truly hope that the state apparatus will be set in motion, that private investment projects will be materialized to contribute to GDP growth, to make the economy more dynamic and, with it, improve our growth perspectives. Let us recall that in 2017 the country grew 2.5%.

In the labor field, the PPK administration made important changes, as expected, although they were insufficient to reduce labor informality, which currently stands at around 70% of the Economically Active Population (EAP). Maybe the most important change for the formal sector has been the enactment of a law prohibiting sex-based salary discrimination, along with the regulations thereunder.

However, the greatest mistake, we believe, has been to increase the Minimum Living Remuneration to S/. 930.00 effective April 1st, despite the fact that the unemployment rate had gone up (to 8% in Metropolitan Lima during the quarter December 2017-February 2018 according to INEI). This remuneration increase, which was not agreed upon by the members of the National Labor Council given the existence of extreme positions in this regard, may increase informality by 1.9%, as stated by the Central Reserve Bank of Peru (BCR) in its March 2018 Inflation Report. In fact, this percentage is translated into 28,000 additional informal jobs in Metropolitan Lima. In addition, according to the BCR, the government’s decision could take 118,000 employees out of the Economically Active Population segment in Metropolitan Lima. We do not understand the reasons why there has been a rise in the Minimum Living Remuneration, but the decision has already been made and cannot be reversed by the new Peruvian President.

However, what the President and his administration can do is carry out the long-awaited labor reform. We need a comprehensive labor reform to reduce informality because regardless of the legal rule issued, it only applies to 30% of the Economically Active Population. Part of the formalization recipe consists of proposing legal rules aimed at reducing the rigidity that currently exists in the removal of employees, created by the issuance of controversial court resolutions, or implementing a minimum remuneration system by production sector and a regime actually intended to promote employment with minimum labor costs which gradually increase over time. But it is worth stressing that this recipe should not apply exclusively to the labor sector. As a matter of fact, informal businesspeople not only take into account labor costs, but also tax and administrative costs, inter alia.

It’s obvious that any bill that lacks a comprehensive view of the damaging effects of labor informality will be contrary to the long-awaited labor reform, for which reason we are still concerned about the bills which are being drafted by the Congressional Labor Committee, like the one which proposes eliminating the labor contract used in the non-traditional product export regime, despite the fact that said regime, according to the National Society of Industries, has created more than 320,000 formal jobs until November 2017. As far as the State payroll is concerned, the bill that intends to include employees who are subject to the Administrative Service Contract (CAS) regime is anti-technical; besides, its cost is extremely high and represents a death sentence for the civil service reform.

We hope that the new administration will take measures from a multidisciplinary perspective, not only from a labor law perspective, to increase the number of formal jobs, setting a realistic target now that the 200 anniversary of our declaration of independence is drawing closer.

SECOND HALF OF THE MATCH IN THE LABOR FIELD

Laborcomment

labor comment

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Columnas 19328

Jurisprudencia

jurisprudencia

A TRABAJO REALIZADO, TRABAJO REMUNERADO

El I Pleno Jurisdiccional en materia Laboral del año dos mil doce, que por unanimidad en el literal a) del tema 3) señala que: “Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima sólo si es que su prestación se realiza de manera intermitente

A propósito de las últimas sentencias de la Corte Suprema que determinan que a los trabajadores que prestan servicios intermitentes no les corresponde el pago de horas extras.

Las formas de prestar el servicio por el cual un trabajador es remunerado en una relación laboral varían según la naturaleza del servicio que se presta. En términos generales, un trabajador se encuentra sujeto a una jornada de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, tal y como lo establece el artículo 1° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR.

Sin embargo, existe un grupo de trabajadores que por ley, no se encuentran comprendidos dentro de la jornada máxima señalada en el párrafo anterior, un grupo de ellos son los trabajadores que prestan servicios intermitentes, vale decir, trabajadores en los que la prestación efectiva del servicio en su día de trabajo, será interrumpida para reanudarse posteriormente. Dada esta particularidad, es que la legislación (artículo 5° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR) establece que los trabajadores que, por la naturaleza de la prestación del servicio, esto es, que tengan que interrumpirlo para luego reanudarlo, entiéndase –trabajadores que prestan servicios intermitentes– no están comprendidos en la jornada máxima y, en consecuencia, no les corresponderá el pago de horas extras.

Lo mencionado tiene su correspondencia en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 008-2002-TR que establece que el pago en sobretiempo (horas extras) supone la prestación efectiva de servicios en beneficio del empleador, por lo que podemos decir que la retribución del trabajo debe realizarse por el realizado efectivamente.

Nuestra Corte Suprema, mediante las sentencias emitidas en las casaciones laborales N° 3780-2014-La Libertad, N° 2096-2016-La Libertad, N° 15102-2015-La Libertad, N° 507-2015-La Libertad, N° 13294-2015-La Libertad, entre

otras, ha ratificado la situación expuesta en los párrafos precedentes invocando además el I Pleno Jurisdiccional en materia Laboral del año dos mil doce, que por unanimidad en el literal a) del tema 3) señala que: “Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima sólo si es que su prestación se realiza de manera intermitente”. Si bien es cierto, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral celebrado en Trujillo el 11 y 12 de agosto de 2017, en su tema 4 establece para el caso de los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes, de conformidad con el artículo 5° del Decreto Supremo N° 007-202-TR, Sí les corresponde el pago de horas extras cuando estén a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio diarios/semanal, lo cierto es que la Corte Suprema no ha variado el criterio establecido en las casaciones señaladas.

Resultará importante que el empleador, al momento de contratar personal para que realice labores con servicios intermitentes, informe al trabajador desde el momento de la contratación sobre las particularidades de la prestación del servicio con la finalidad que desde un primer momento quede clara la naturaleza especial del servicio prestado.

A manera de conclusión, recomendamos que el empleador deba realizar una clasificación de la naturaleza del trabajo de cada uno de los puestos de su compañía con la finalidad de calificarlos correctamente y evitar futuras contingencias legales como el pago de horas extras.

Dr. enrique ríoS alba

Abogado, Especialista en Derecho LaboralOficina de TrujilloLawyer, Labor Law SpecialistTrujillo [email protected]

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Columnas 193 29

Jurisprudence

jurisprudence

PAYMENT FOR WORK ACTUALLY DONE

This analysis is made in the light of the latest resolutions issued by the Supreme Court where it is resolved that workers providing intermittent services are not entitled to overtime.

The manner of providing paid services under an employment relationship varies depending on the nature of the service provided. Overall speaking, a worker must work eight hours a day or forty-eight hours a week at the most, as provided for in Article 1 of Supreme Decree N° 007-2002-TR.

However, some workers, according to law, do not work the maximum working day or week referred to in the foregoing paragraph. Some workers provide intermittent services, that is, workers whose services provided on any given working day are interrupted in order to be resumed later on. Given this peculiar way of providing services, the law (Article 5 of Supreme Decree N° 007-2002-TR) provides that workers who, given the nature of the service provided, that is, a service which must be interrupted in order to be resumed later on –that is, workers providing intermittent services– are not included in the maximum working day rule and, therefore, are not entitled to overtime.

The above statement is in line with Article 18 of Supreme Decree N° 008-2002-TR, which provides that the payment of overtime requires actual provision of services to the employer, for which reason we can say that the employer must pay for work actually done.

Peru’s Supreme Court, by means of some resolutions issued in connection with Cassation Appeals N° 3780-2014-La Libertad, 2096-2016-La Libertad, 15102-2015-La Libertad, 507-2015-La Libertad, 13294-2015-La Libertad, inter alia, has ratified the criteria explained in the foregoing paragraphs, additionally invoking the resolution passed at the 1st Plenary Session of Labor Courts held in 2012, which unanimously resolved, in item a) of section 3) thereof, that: “Workers on standby or providing security or custody services are not included in the maximum working day rule only if their services are provided on an intermittent basis”.

It will be important for the employer, at the time of retaining the services of workers who provide intermittent services, to inform the workers about the characteristics of the service that they will provide in order for the special nature of the service to be clearly understood by the worker since the very beginning.

To conclude, we suggest that the employer should classify the nature of each job in order for all company jobs to be classified correctly and thus avoid legal contingencies in the future, like payment of overtime.

The resolution passed at the 1st Plenary Session of Labor Courts held in 2012, which unanimously resolved, in item a) of section 3) thereof, that: “Workers on standby or providing security or custody services are not included in the maximum working day rule only if their services are provided on an intermittent basis

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Columnas 19330

Proyectos de ley en debate

Proposed laws under debateColumnas analiza dos iniciativas legislativas de interés para nuestros lectores:

Columnas analyzes two legislative initiatives that may be of interest to our readers:

PROPONEN LEY QUE PRECISA EL RÉGIMEN LABORAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

PROPONEN LEY QUE ESTABLECE LA IRRENUNCIABILIDAD DE LA NACIONALIDAD

PERUANA

Se ha presentado ante el Congreso de la Republica la propuesta del Proyecto de Ley Nº 02906-2017-CR, a fin de precisar que SUNAT y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no están comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan la gestión de recursos humanos del Servicio Civil, entre otros, por encontrarse entre los supuestos de excepción a dicho régimen, conforme lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional, por tratarse de un servicio que exige un alto nivel de especialización técnica de su personal para el cumplimiento de su función institucional.

La presente propuesta tiene como fundamento la Ley de Fortalecimiento N° 29816, cuya finalidad es fortalecer el servicio aduanero y tributario, por cuanto resulta plenamente consistente con el marco legal y constitucional vigente, que la gestión de recursos humanos de SUNAT sea una materia de su propia competencia, correspondiéndole aprobar su planificación, organización interna, régimen disciplinario y la gestión del empleo, rendimiento, compensaciones, capacitaciones y relaciones humanas.

En ese sentido, la iniciativa busca garantizar el fortalecimiento institucional de SUNAT y consolidar la meritocracia y capacidad profesional de sus trabajadores que redundará en mayores ingresos y beneficios para nuestro país.

Se ha presentado ante el Congreso de la Republica la propuesta del Proyecto de Ley Nº 02900-2017-CR, con el objetivo de modificar el artículo 53 de la Constitución Política del Perú y los artículos 7 y 9 de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad, con la finalidad de fortalecer los vínculos jurídicos, políticos y sociales de los peruanos residentes en el extranjero, estableciéndose la irrenunciabilidad de la nacionalidad peruana; de acuerdo con los preceptos de la Constitución Política y los Tratados celebrados por el Estado y en vigor.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las embajadas, las oficinas consulares u oficinas comerciales, es la entidad encargada de emitir de forma gratuita el Certificado de Nacionalidad Irrenunciable a los peruanos que están en procesos de adquirir la nacionalidad de un Estado extranjero.

Finalmente, se establece la derogación del artículo 8 de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad, la misma que establece el derecho de recuperar la nacionalidad peruana, cuando éstos hubiesen renunciado de manera expresa a su nacionalidad.

BILL CLARIFYING THE LEGAL REGIME APPLICABLE TO THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF CUSTOMS AND

TAX ADMINISTRATION - SUNAT

Bill Nº 02906-2017-CR has been introduced in Congress to make it clear that SUNAT and its employees are governed by the labor regime applicable to the private sector and are not included within the scope of the legal rules on civil service employees because, among other reasons, SUNAT and its employees are covered by the exception assumptions contemplated in said regime, as resolved by the Constitutional Court itself, as the services provided by SUNAT require a high level of technical specialization in order for SUNAT employees to be able to properly discharge their duties.

This bill is supported by Law N° 29816, the purpose of which is to strengthen the customs and tax service because having SUNAT’s personnel management fall within its sphere of competence is fully consistent with the legal and constitutional framework in force, for which reason SUNAT should approve its plans, internal organization, discipline regime and its employment relationships, including the performance, compensation, and training of its employees.

In this sense, the bill is intended to institutionally strengthen SUNAT and consolidate meritocracy and the professional capacity of its employees, which will in turn result in higher income and larger benefits for our country.

BILL TO PREVENT CITIZENS FROM RENOUNCING THE PERUVIAN CITIZENZHIP

Bill Nº 02900-2017-CR has been introduced in Congress to modify Article 53 of the Political Constitution of Peru and Articles 7 and 9 of Law N° 26574, Citizenship Law, in order to strengthen the legal, political, and social ties of Peruvians living abroad and establish that it is not possible to relinquish the Peruvian citizenship under the Political Constitution of Peru and the Treaties signed by the Peruvian State, which are currently in effect.

Moreover, the Ministry of Foreign Affairs, through its embassies and consular and commercial offices, is the entity in charge of issuing, free of charge, the Certificate of Unrenounceable Citizenship to Peruvians who are about to become citizens of a foreign State.

Finally, it repeals Article 8 of Law N° 26574, Citizenship Law, which provides that Peruvians are entitled to recover the Peruvian citizenship in those cases where they have expressly renounced their citizenship.

proyectos de ley

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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El 26 de abril de 2018, nuestro Estudio participó en la conferencia internacional Propiedad Intelectual y la Mujer Peruana, organizado por Indecopi, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en el Perú, a fin de destacar la importante contribución de las mujeres peruanas en el campo de la propiedad intelectual.

En dicha conferencia se contó con la participación como panelista la doctora Maritza Reátegui, socia senior del área de Propiedad Intelectual y jefe del área de de Life Sciences & Health Care del Estudio Muñiz.

A continuación, presentamos algunas fotos de la conferencia internacional:

On April 26th, our Firm took part in an International Conference on Intellectual Property and Peruvian Women organized by Indecopi, in coordination with the Embassy of the United States of America in Peru, to highlight the important role played by Peruvian women in the field of intellectual property.

Mrs. Maritza Reátegui, senior partner of our Intellectual Property practice group and head of the Life Sciences & Health Care division of our firm, was invited to attend as guest panelist.

Following are some photographs taken during the International Conference:

CONFERENCIA INTERNACIONALPROPIEDAD INTELECTUAL Y LA MUJER PERUANA / INTERNATIONAL CONFERENCE ON

INTELLECTUAL PROPERTY AND PERUVIAN WOMEN

Participación de los expertos nacionales y extranjeros en la conferencia internacional / National and foreign experts attended the International Conference.

Ponencia de la Dra. Maritza Reátegui, en la conferencia internacional / Lecture given by Mrs. Maritza Reátegui at the International Conference.

El 19 de abril de 2018, el área de Propiedad Intelectual del Estudio Muñiz y AIPLA, realizaron “The 11th Annual AIPLA Women in IP Global Networking Event” denominado “Healthy Empowerment”. El evento se enmarcó en las acciones de ambas instituciones tendientes a inspirar y empoderar a las mujeres para desarrollar al máximo su potencial. En esta ocasión se realizó una charla nutricional sobre las necesidades la mujer de hoy para llevar un estilo de vida saludable, además de una exhibición y degustación de productos orgánicos, ambos a cargo de Lima Orgánica, la primera comunidad saludable del Perú. El evento se llevó a cabo en la sede principal del Estudio.

A continuación, presentamos algunas fotos:

On April 19, 2018, our firm’s Intellectual Property practice group and AIPLA carried out the “11th Annual AIPLA Women in IP Global Networking” event called “Healthy Empowerment”. The event is part of a program designed by both entities to inspire and empower women to develop their maximum potential. On this occasion, a lecture was given on the nutritional needs of women of today to help them lead a healthy life, followed by an exhibition and sampling of organic products by Lima Orgánica, Peru’s first healthy community. The event was carried out at our firm’s office.

Following are some photographs taken during the course of the event:

THE 11TH ANNUAL AIPLA WOMEN IN IP GLOBAL NETWORKING EVENT

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