Documentos - Universidad Nacional De Colombiafce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-23.pdfDocumentos EACP-CID N° 23 Noviembre de 2015 Universidad Nacional

Documento Escuela de Administracióny Contaduría Pública

N˚ 23ISSN 2011-6306

Noviembre 2015

Luis Fernando Valenzuela Jiménezy Yuli Marcela Suárez Rico

Escenarios para una empresa socialmente responsable en el posconflicto colombiano

Scenarios for a Socially Responsible Company in the Colombian Post-conflict

DocumentosFCE - CID

Documentos EACP-CID N° 23

Noviembre de 2015

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

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Luis Fernando Valenzuela Jiménez1 & Yuli Marcela Suárez Rico

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ESCENARIOS PARA UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN EL

POSCONFLICTO COLOMBIANO

Resumen

En 2012 el Gobierno colombiano y las FARC, comenzaron unos diálogos para ponerle fin a

la confrontación armada de más de 50 años mediante la firma del “Acuerdo para la

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

¿Cómo será el escenario del postconflicto para los alzados en armas y toda aquella masa de

ciudadanos y campesinos que aún no tienen unas condiciones dignas de vida?

Este trabajo fundamentado en la teoría de la acción comunicativa, en la prospectiva, en la

teoría del derecho positivo y en las bases conceptuales de una responsabilidad social de las

organizaciones acorde con la justicia social, examina diversas posibilidades de una vida

armoniosa para la sociedad colombiana.

Palabras clave: Diálogo, prospectiva, responsabilidad social, justicia.

Clasificación JEL: M10, M14, N46.

1 Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia; Contador Público de la Universidad de Manizales,

Ph.D. en Administración por Valores de Spenta University. 2 Profesora Universidad Central. Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en

Administración de la Universidad Nacional de Colombia.

Luis Fernando Valenzuela Jiménez y Yuli Marcela Suárez Rico


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SCENARIOS FOR A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY IN THE

COLOMBIAN POST-CONFLICT

Luis Fernando Valenzuela Jiménez & Yuli Marcela Suárez Rico

Abstract

In 2012 the Colombian government and the FARC began a dialogue to end the armed

conflict for over 50 years by signing the "Agreement ending the conflict and building a

stable and lasting peace."

How will the post-conflict scenario for the rebels and all that mass of citizens and peasants

who still don’t have a decent standard of living?

This paper based on the theory of communicative action, foresight, in the theory of positive

law and the conceptual foundations of the social responsibility of organizations according

to social justice, examines various possibilities for a harmonious life for Colombian

society.

Key words: Dialogue, foresight, social responsibility, fairness.

JEL Classification: M10, M14, N46.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID

RectorIgnacio Mantilla Prada

VicerrectorJorge Iván Bula Escobar

Facultad de Ciencias EconómicasDecanoJosé Guillermo García Isaza

Rafael Suárez

Escuela de Administración de Empresasy Contaduría PúblicaDirectorMauricio Gómez Villegas

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DirectorManuel Muñoz Conde

SubdirectorVilma Narváez

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de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de investigadores de

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programados, producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de

investigación o en otra instancia académica.

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ISSN 2011-6306

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Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública, ni a la Facultad de Ciencias

Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.

Coordinador Programa Curricular de Administración de EmpresasDaimer Higuita López

Coordinadora Programa Curricular de Contaduría Pública

Nelson Díaz Muñoz

Vicedecano



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1. Introducción

En octubre de 2012 en Oslo-Noruega el Gobierno colombiano y la insurgencia armada de

las FARC le declararon al mundo su intención de comenzar unos diálogos para terminar un

conflicto armado que los ha mantenido confrontados por más de 50 años con inocultables

perjuicios para la nación y que desde diversas fuentes se ha tildado como una guerra inútil,

costosa y sin gloria (Herrera Berbel, 2015; Gómez Giraldo, 2015; Catatumbo, 2015).

Posteriormente en la Habana-Cuba en noviembre del mismo 2012 se dio a conocer el

“Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

suscrito por las partes en agosto de 2012, que sienta las bases y los temas que son objeto de

discusión de las partes, de donde se desprende que los problemas de Colombia y sus

posibles soluciones pueden orientarse por “pretensiones de validez intersubjetivamente

reconocidas” (Habermas, 1998, pág. 33).

Han pasado tres años en los cuales las partes han abordado los temas tratados, mientras en

el país se dan arduos debates sobre los acuerdos, más aún por la persistencia de un sector

político opositor a los diálogos adelantados, liderado por el expresidente Uribe Vélez, quien

intentó sin éxito terminar el conflicto por la vía armada, a pesar de haber logrado su

reelección para un nuevo período presidencial.

Con la duda de lograr un acuerdo definitivo surge la natural inquietud por lo que será el

escenario del postconflicto para la sociedad, para aquellos alzados en armas, como para

toda aquella masa de ciudadanos y campesinos que aún no tienen unas condiciones dignas

de vida y por lo cual surgió y se mantiene la insurgencia. Así mismo coexisten los temores

y las dudas por la materialización de una paz duradera que conduzca a la nación por

senderos de la felicidad y una vida en armonía.

La propuesta de este trabajo se fundamenta en la teoría de la acción comunicativa -

instrumento válido para dirimir conflictos- con la racionalidad como la disposición de las

partes que son sujetos de lenguaje y acción (Habermas, 1998); en los cánones de la

prospectiva que nos proporciona el diseño de escenarios para construir un futuro más

amable; en la teoría del derecho positivo, particularmente la constitución política vigente,

que contempla unos imperativos que de reglamentarse adecuadamente, junto con acertadas


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políticas públicas propiciarían la emergencia de un nuevo tipo de empresa, enmarcada en

una responsabilidad social de las organizaciones acorde con la justicia social.

En el documento se realiza una contextualización histórica y circunstancial sobre el

conflicto no sólo para entender sus causas y consecuencias, sino para proponer alternativas

de solución que son emergentes de los diálogos de La Habana, con la debida advertencia

que la paz estable y duradera que se intenta construir no es un escenario fácil en razón a los

múltiples intereses que subyacen a los diversos actores implicados, no necesariamente

compatibles, por el contrario representan intereses rivales o contrapuestos que siempre han

estado presentes en la permanente tensión social que vive Colombia y ha cobrado millones

de víctimas.

Los fundamentos para la construcción del escenario ideal deseable, que lleve a Colombia

por los senderos de una paz estable y duradera, son extraídos de los acuerdos suscritos y

publicados por las partes que están dialogando en La Habana y no se limitan a los cambios

requeridos en la ciudad, sino que contempla el campo, bajo la premisa virtuosa de invertir

capital productivo y entrenamiento para mujeres, campesinos y sus organizaciones, para

que no se tenga la tentación de cambiar azadones por armas (De Roux, 2015). De manera

complementaria se propone como elemento potenciador de esa paz un nuevo tipo de

organizaciones que operen en su estructura y estrategia de forma diferente a las empresas

tradicionales que se enmarcan en una racionalidad económica que sólo busca maximizar el

rendimiento para beneficiar exclusivamente al propietario del capital. Se ha denominado a

este modelo de organización las Nuevas Organizaciones para una Colombia en Paz,

NOCEP, y son la materialización de las empresas socialmente responsables que basan su

funcionamiento en la cogestión y la distribución justa de la utilidad.

La metodología utilizada se aborda desde procesos cualitativos de investigación, donde el

análisis de contenido y el examen crítico del discurso ocupan un lugar privilegiado.

Además, la información y las declaraciones de las partes, como los acuerdos publicados, se

contrastan con la opinión de expertos a través de entrevistas y paneles que nos han revelado

de manera esclarecedora el fondo y la caracterización de los escenarios del postconflicto.

El enfoque cualitativo de investigación con sus subjetividades e intersubjetividades de la

realidad social (Galeano, 2004) son la fuente del conocimiento que se requiere para



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construir una nueva Colombia, por lo presenta con mucha frecuencia el análisis de

narraciones o relatos, entrevistas, reportajes, declaraciones (Gibbs, 2012) y otras formas

expresivas de quienes adelantan los diálogos. Asimismo es fuente de análisis el conjunto de

acuerdos suscritos por las partes. En todas las modalidades descritas se ha acudido a la

interpretación del uso de la retórica y de la metáfora, para tratar de comprender las

dificultades que subyacen a la compleja realidad que se intenta aclarar para lograr

consensos.

Comoquiera que la pretensión de este trabajo es construir un escenario deseable e ideal para

el postconflicto y postular formas de contribución a la paz, puede decirse que se trata de un

estudio composicional, en el que se analizan instituciones, grupos y personas, en relación

con estructuras sociales y económicas clave (Fine & Weis, 2012), para luego mostrar

descripciones en un proceso hipotético deductivo que acude a los mapas conceptuales

(Maya & Díaz, 2002) como técnica que facilita la comprensión y la síntesis de lo complejo.

También podríamos asimilar este trabajo a un estudio de caso que presenta tres momentos,

similares a los elementos de un caso: el problema; la solución; el plan de acción (Abad

Arango, 1997). El caso es “La construcción de una Colombia en paz”, para lo cual se tienen

estos momentos: 1. Análisis y comprensión del pasado y del presente de Colombia (El

problema); 2. Construcción de escenarios futuros (La solución); y 3. Propuestas prácticas

para la paz estable y duradera (El plan de acción).

El documento presenta cuatro apartados: la introducción; el análisis del conflicto social-

armado; la tercera sección es un conjunto de reflexiones sobre lo que debería hacer el

Estado; y por último unas conclusiones.

2. Un recuento necesario

2.1. El conflicto social armado en Colombia

La historia de las FARC podría remontarse al 20 de julio de 1964 cuando un grupo de 48

campesinos liderados por Manuel Marulanda declaran su decidida resistencia al


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sometimiento al denominado Plan LASO3, elogiado inicialmente como misión militar

exitosa para destruir a los comunistas, pero que en realidad ayudó a catalizar la fundación

de las FARC (Abbot, 2014). Cincuenta años después esa insurgencia armada está integrada

por un número impreciso de militantes, dado que se hablaba hace años de 20.000, ahora el

gobierno habla de 10.000, otros dicen que son 8.000 combatientes y algunos los estiman en

30.000 milicianos urbanos (McDermott, 2013) distribuidos por todo el territorio nacional,

con una estructura de un Estado Mayor con 30 hombres, un Secretariado General de 7

hombres y 67 frentes agrupados en 7 bloques. Hoy la insurgencia expresa desde las

montañas colombianas mantenerse firme en su propósito de vencer. (Jaramillo, 2014).

Significa que los tiempos que siguen a la suscripción del acuerdo definitivo y la cesación

del conflicto armado por los diálogos de La Habana, tampoco serán fáciles, dado que tal

firma no implica que la insurgencia haya renunciado a su espíritu revolucionario y a sus

ideales. Eso resulta razonable al entender el concepto de conflicto armado como la

confrontación entre las fuerzas militares del Estado y la insurgencia armada organizada que

justifica su actuar rebelde con la esperanza de una trasformación política, social y

económica del país (Jaime, 2003).

Dilucidar el origen del conflicto armado colombiano no es asunto fácil y como comentaron

los expertos que conforman la CHVC4 uno de los temas más complejos de la historiografía

colombiana es precisar las causas y las fechas exactas del comienzo del conflicto armado

(Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015; Sierra Restrepo, 2015; Redacción

El Tiempo, 2015).

Para Vásquez Carrizosa (1991) el conflicto social es primordialmente agrario y se da a

partir de los años 60 del siglo pasado, con la insurgencia alimentada de campesinos

desplazados por la violencia política de los años anteriores, con medidas estatales en los

períodos del frente nacional que en lugar de generar soluciones, propiciaron un

3 Latinoamerican Security Operation, en la versión de la izquierda; en tanto el establecimiento en cabeza de

las fuerzas militares hablan del plan Lazo. En todo caso con la finalidad de eliminar el movimiento rebelde. 4 La Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), se instaló en La Habana en agosto de 2014,

fue creada por la Mesa de Paz, con doce expertos cuya misión fue preparar un informe sobre: (1) Los orígenes

y las múltiples causas del conflicto; (2) Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a

la persistencia del conflicto y (3) Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.



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levantamiento contra el Estado, cual es el caso del Estatuto de Seguridad de 1978, ícono de

una crisis del Estado de Derecho.

Parece haber consenso en que el conflicto armado se recrudeció a partir de la década de los

80 del siglo pasado en razón a la violenta aparición del narcoparamilitarismo que quiso

arrasar con las guerrillas (Ibañez & Jaramillo, 2006), llevándose de paso expresiones

democráticas como la militancia de la Unión Patriótica, en lo que se configuró como un

genocidio político en parte reconocido por los agentes del Estado colombiano, con hechos

probados por la Corte colombiana, como en el caso del senador Manuel Cepeda Vargas al

existir una estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo su ejecución en

1994 (Romero R. , 2012), magnicidio que se sumó a los ocurridos con Jaime Pardo Leal y

Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos a la contienda presidencial 90-94, para

mencionar sólo unos pocos entre “más de 3.000 personas asesinadas, cientos desaparecidos

forzosamente, un sinnúmero de masacrados, muchas exiliadas, amenazadas y millares de

víctimas de un genocidio que lleva más de dos décadas de perpetración y que sigue

ocurriendo ahora” (Ortiz Palacios, 2007, pág. 9).

El intento de paz fallido de San Vicente del Caguán con la instalación de la mesa de

negociación en enero de 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana, famosa por la silla vacía

que no ocupó Manuel Marulanda, dejó la sensación de desconfianza mutua entre los

contrincantes, la que aún persiste, por lo que uno de los pilares del capital social –la

confianza- no ofrece sus mejores condiciones para la efectividad del proceso de paz en la

construcción de escenarios futuros (Luhmann, 2005; Ibañez & Jaramillo, 2006). Aunque

antes ya se habían hecho otros intentos: como el de 1984 en el gobierno de Belisario

Betancur de “Cese al fuego, tregua y paz” que dio origen a la Unión Patriótica, pero

también trajo su desencanto comoquiera que el asesinato de significativa parte de su

militancia hizo desistir a la guerrilla, quizá porque el mismo Betancur sostenía la riesgosa

compatibilidad o la coexistencia de la paz y de la guerra contra la subversión (Bermúdez

Rossi, 1992); y en el gobierno del entonces Presidente Gaviria, quien con los altos mandos

militares iniciaron a finales de 1990 la operación de exterminio contra el Secretariado de las

FARC en Casa Verde, irónicamente el mismo día que se convocaba a la asamblea nacional

constituyente y una agresión militarista contra el movimiento popular en todo el país -en


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palabras de Raúl Reyes-, citado por Fidel Castro en su reflexión acerca de la paz en

Colombia (2008).

La paz como escenario deseable y la terminación del conflicto como medio para lograrlo,

son aspiraciones de los presidentes que han tenido la responsabilidad de dirigir al país. Lo

han intentado de diversas maneras y con estilos distintos, incluso opuestos, como sucedió

con Andrés Pastrana quien lo quiso hacer mediante una salida negociada, con diálogo,

concertación y participación, pero ello no fructificó; o la postura de Álvaro Uribe Vélez con

su mano dura para los que se burlaron de las buenas intenciones de su predecesor y corazón

grande para los que desearan deponer las armas (Bermúdez Ardila, 2008), porque

“históricamente, las FARC han usado las negociaciones de paz y los ceses al fuego para

aumentar su fuerza militar, organizar sus finanzas y planear la siguiente fase de su lucha

para derrocar al gobierno” (McDermott, 2013, pág. 12), en una perspectiva militarista como

opción para superar el conflicto interno, concepto que Uribe nunca aceptó.

Lo que sucedió desde 1990 hasta finales de 2011, según la versión de las FARC, en la voz

de quien hoy representa la insurgencia en la mesa de La Habana, fue lo siguiente:

Durante 25 años, los últimos gobiernos prepararon el terreno para el

asalto. Hemos vivido un cuarto de siglo de despojo violento capitaneado

por el Estado, de expropiación de tierras, de masacres paramilitares, de

desplazamiento forzoso. Definitivamente la mano negra del Estado es el

paramilitarismo. En ese lapso fueron desplazados 5 millones de

campesinos y expropiadas 7 millones de hectáreas. El Paramilitarismo de

Estado, el Plan Colombia, la injerencia estadounidense en el conflicto

interno, fueron utilizados como ariete criminal para quebrar al pueblo y

generar condiciones de seguridad para la entrada en escena de los

inversionistas. Al cabo de 8 años de gobierno ilegítimo, ilegal y mafioso,

Uribe terminó ensangrentado hasta la coronilla. Santos simplemente está

lavando la sangre que salpica al régimen. Es un falso samaritano

intentando tapar con cosméticos el desprestigio internacional de un

gobierno. Se diferencia de Uribe porque no asesina desembozadamente,



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pero mata y despoja a nombre de la Constitución y la Ley (Márquez,

2012).

Por lo brevemente referido es apenas elemental declarar que el tema complejísimo del

conflicto social y armado en Colombia tiene múltiples matices y sus explicaciones

dependen del actor que exprese su opinión. No obstante, el camino hacia la paz han de

recorrerlo todos los actores, armados y no armados, políticos o indiferentes, ciudadanos y

campesinos, incluso personas e instituciones aparentemente neutrales pero con interés en

que se supere esa oscura etapa que le impide a Colombia ser un país con mejores

condiciones para el progreso y el bienestar que beneficie a todos sus habitantes, cuya voz

ha encontrado eco en múltiples espacios porque independiente de la condición que posean

se resisten a dejar de construir propuestas de paz y se niegan a dejar de pensar que el

diálogo es la ruta (Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodesendientes e

Indígenas por la tierra y la paz de Colombia, 2011). Ese escenario deseable es el que se

está construyendo día a día desde cuando se anunció al mundo la iniciación de unas

conversaciones tendientes a terminar el conflicto armado entre las FARC y el Estado

colombiano.

2.2. La situación socioeconómica colombiana y los obstáculos en el

acuerdo

Sin duda el conflicto social y armado se ha mantenido por más de 50 años en Colombia

porque las condiciones sociales, económicas y democráticas no han cambiado de manera

favorable para las grandes capas de la población (Redacción El Tiempo, 2015), dado que

los rasgos de desigualdad y pobreza siguen el comportamiento mundial, donde “la mitad

de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población” (OXFAM Intermon,

2014, pág. 3), mientras en Colombia el coeficiente de Gini fue de 0,538 en 2014, pasando a

ser el 14.º país con mayor desigualdad dentro de 134 observados por el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (Ramírez A. , 2015). Este es uno de los temas que las

partes enfrentadas deben estudiar con mucha seriedad y franqueza, para que la mayoría de

los colombianos marginados logre una calidad de vida al menos aceptable. Será

indispensable atacar conjuntamente –entre alzados en armas y el gobierno- las causas del

deterioro social y económico, para lo cual se requieren novedosas propuestas que


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encaminen el tejido social y fortalezcan la productividad con beneficio colectivo, en donde

la participación de los confrontados habrá de ser la nota característica.

El ejercicio de análisis y consenso sobre tales causas y la creación de alternativas de

solución, exigen el intento de conciliar las visiones tan crudamente diferentes que tienen las

partes en conflicto. Mientras las FARC exponen que la situación es insostenible, el

gobierno se explaya en declaraciones optimistas soportado en las estadísticas oficiales, en

una especie de legitimación que se ha tornado en la más descarada manipulación de cifras.

El 18 de noviembre de 2012 las FARC manifestaron su visión recordando que Colombia

era el tercer país más desigual del mundo e invocando al pueblo como el protagonista

principal para superar el conflicto mediante el mecanismo de la refrendación. En aquella

oportunidad declararon:

No se puede encadenar este proceso a una política enfocada

exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos

capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al

70% de la población. (…) El área cultivable es de 21.5 millones de

hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la

agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10

millones de toneladas de alimentos. Más de la mitad del territorio

colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave

(Márquez, 2012, pág. 2).

Otra percepción tiene el gobierno, , en una especie de declaraciones encantadoras para

autoavalar sus políticas. Así se manifiesta desde el gobierno:

Entre 2010 y 2014, durante el primer mandato del presidente Santos, el

país logró consolidar el buen curso que se empezó a manifestar en la

primera década del siglo XXI. El crecimiento económico promedio en lo

que va corrido de la segunda década de este siglo, 4,8%, es mayor que el

promedio observado en las décadas de los años 1980 (3,5%), 1990 (2,8%)



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y 2000 (4,0%). (...) Debido a esos logros, hoy, como nunca, el país está en

posición de quebrar la persistencia de sus más graves problemas sociales,

y consolidar este rumbo hacia su desarrollo económico y social

(Departamento Nacional de Planeación, 2014).

Esas posiciones y percepciones diferentes a la vez que problemáticas en el proceso de las

conversaciones, se agudizan con manifestaciones del gobierno cuando expresa que los

diálogos no son el espacio para discutir sobre el modelo económico. Según el gobierno el

modelo es intocable, no está en discusión o no está en juego (Unicor, 2015; García, 2015;

Lombana, 2015; Reyes, 2015), mientras en contraposición el máximo jefe de las FARC

afirma que los movimientos insurgentes están muy lejos de ser vencidos por la fuerza y lo

que éstos cuestionan, en coincidencia con crecientes sectores de la lucha popular, es

precisamente el modelo económico impuesto al país, calificándolo como un saqueo

generalizado de las riquezas naturales y de su fuerza de trabajo por el gran capital

transnacional (Timochenko, 2015; Prandi & Lozano, 2010) y esto representa un poderoso

obstáculo de fondo para lograr avances y consensos porque se entrega un mensaje muy

confuso a los actores que están por fuera de la mesa de diálogo.

Otro obstáculo para lograr el acuerdo es el tratamiento judicial que se le ha de dar a los

alzados en armas (Rueda, 2015). Hay voces de la población colombiana y especialmente de

los opositores al acuerdo, que expresan de manera tajante sobre la aplicación de penas

privativas de la libertad a algunos de los integrantes de la guerrilla (Apuleyo, 2015), por lo

que valdría la pena considerar otras voces (Amat, 2015) y saber que hay estudios que

demuestran como “al finalizar los acuerdos, se procedió en todos los casos a una amnistía

de los combatientes y que todos los grupos de oposición que lucharon durante el conflicto

acabaron ocupando puestos de responsabilidad en los nuevos gobiernos surgidos tras los

Acuerdos de Paz” (Prandi, 2010, pág. 24). En este contexto ha surgido el tema de la justicia

transicional (Redacción El Tiempo, 2015; Editorial El Tiempo, 2015), cuyos matices son

diversos y con muy polémicas interpretaciones. Al respecto las FARC han manifestado que

no será suficiente con una justicia transicional sino que se requiere una verdadera justicia,

“cuya fórmula tiene que aparecer de la discusión en la mesa” (Timochenko, 2015, pág. 6).


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Un obstáculo adicional está en el mecanismo de refrendación de los acuerdos, asunto en el

que la población colombiana tendrá la responsabilidad de definir sus escalas de justicia

(Fraser, 2008), como desafío ineludible en la solución del conflicto. Aunque el tema está

explícitamente contemplado en el marco del punto seis (Gobierno Colombiano y FARC-

EP, 2012) “Implementación, verificación y refrendación”, se ha dado una discusión jurídica

y política en el país sobre la materia (Valbuena, 2015), con todo tipo de opiniones, desde

quienes no ven necesaria o conveniente la participación del pueblo en la refrendación

(Hernández, 2015; Rueda, 2015), hasta quienes proponen una constituyente, tras la

vergonzosa crisis de la justicia con los escándalos de las altas cortes y que la insurgencia ha

reclamado desde el comienzo de los diálogos, posición que recientemente ha ratificado

según las palabras de Calarcá (2015):

Sobre La Mesa de Conversaciones reposa la propuesta fariana de la

Asamblea Nacional Constituyente, como única forma de viabilizar los

cambios institucionales necesarios, con garantías de democracia, al ser el

más amplio espacio de participación popular; atender al clamor de la

población por la paz como asunto de todos y todas, sin distinción y

posibilitar la refrendación de eventuales acuerdos logrados, con el

necesario espacio para los pendientes, sin amenazar conquistas de nuestro

pueblo.

Otro obstáculo es el relativo al cese al fuego y el destino final de la armas de la insurgencia,

para cuyos efectos las partes designaron los representantes que conformaron una comisión

especial que se encargará de estudiar el asunto, tomando como ejemplo experiencias de

otros países (Gómez Giraldo, 2015).

Se evidencian entonces dificultades en el proceso de paz que se adelanta porque las partes

tienen enormes diferencias y no parece que ninguna de ellas ceda la razón a la otra, lo que

insinúa que la terminación del conflicto no significa la paz y que ésta ha de construirse con

acciones de todos los actores más allá del cese del enfrentamiento, lo que puede tomar más

de 10 años mediante los conceptos de reconstruir, resolver y reconciliar (Grasa, 2014), toda

vez que las consecuencias del conflicto van más allá de la firma de la cesación del fuego y

de no solucionarse efectivamente las causas del conflicto, éste reaparecerá (Molano, 2009).



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2.3. La empresa tradicional en el marco regulatorio y de políticas

públicas y su relación con el conflicto social y armado.

En Colombia la organización económica preponderante es la empresa, definida en el

artículo 25 del Decreto 410 de 1971, nuestro código de comercio, así: (Leal, 1994, pág. 15),

“Se entenderá como empresa toda actividad económica organizada para la producción,

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de

servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”,

disposición que ha de estudiarse de manera conexa con otros artículos del mencionado

estatuto como son el artículo 10 sobre quién es comerciante y el libro segundo “De las

sociedades comerciales” con su articulado desde el 98 hasta el 514, cuyas reglas regulan

todo lo atinente a las organizaciones económicas con ánimo de lucro que operan en

Colombia, incluidas las sociedades extranjeras, cuya presencia e impacto en Colombia no

se puede desconocer al imaginar escenarios posteriores a una firma del acuerdo de paz, toda

vez que han sido uno de los factores críticos que han alimentado el conflicto social y

armado.

Adicionalmente, las normas atrás referidas deben interpretarse conjuntamente con las

disposiciones laborales porque de ellas, de las prácticas empresariales cotidianas y de las

políticas públicas en materia del trabajo asalariado, indudablemente depende la realidad de

la situación de los trabajadores, evidenciándose un modelo neoliberal del Estado

colombiano. Es así como se constata un notable deterioro de la condición laboral en

Colombia desde hace por lo menos 25 años, cuando se dieron unas reformas dañinas para

los trabajadores, pero benévolas para los empresarios, tales como la ley 50 de 1990, la ley

100 de 1993 y la ley 789 de 2002, normas que fueron promovidas para facilitar la presencia

y la operación de las organizaciones económicas, bajo la creencia de la carga laboral como

un obstáculo para la generación de valor y que por ello era necesaria la flexibilización

laboral, lo que en la práctica ha sido una pauperización del trabajador colombiano.

En el contexto propio de la gestión, la empresa tradicional colombiana se ha caracterizado

por devenir de un modelo económico hegemónico que, desde una visión metafórica la

percibe como una máquina que usa recursos -personas, capital, medio ambiente- para

producir utilidades (Morgan, 1998). Dicha consideración trivializa el ejercicio de

construcción social generado a través de la coordinación de actividades y la cooperación


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entre personas al interior de las empresa, tomando a los seres humanos que intervienen en

su operación como medios y no como fines (Bowie, 2001).

En tal sentido, el poder y la influencia de la Empresa en Colombia, de la mano de una

intervención menor del Estado, han impactado el tejido social. La empresa colombiana ha

sido tradicionalmente gestionada a partir de una línea jerárquica de autoridad y decisión

que limita el diálogo como forma de participación de los grupos de interés5 y que favorece

los conflictos sociales y laborales del entorno donde se desempeña.

2.4. Los diálogos de La Habana y los acuerdos logrados

En el año 2011 el presidente Juan Manuel Santos hizo conocer su deseo de retomar los

contactos con la guerrilla que se habían dado en el gobierno anterior, lo que derivó en

algunas comunicaciones entre la subversión y el gobierno que terminaron en unas

conversaciones preliminares en Cuba. Luego, con base en unos parámetros acordados, las

partes nombraron sus representantes y el gobierno colombiano en cabeza del mismo

Presidente dio un paso definitivo al reconocer que en Colombia sí había conflicto armado

(El Colombiano, 2011; Parra, 2011; Revista Semana, 2011), hecho diametralmente opuesto

a la postura de su antecesor, quien evidenció una voluntad expresa y clara del deseo de

acabar con la guerra interna mediante la confrontación directa con el enemigo alzado en

armas, cuando –irónicamente- en la estructura burocrática había un comisionado de paz,

recursos destinados a la atención de desmovilizados y reinsertados del conflicto, se acudía

constantemente a la comunidad internacional, la Iglesia y los buenos oficios de

personalidades nacionales e internacionales, a fin de lograr los intercambios humanitarios

de las personas retenidas por los actores armados (Pérez, 2011).

2.4.1. El acuerdo general y sus logros

Puede puntualizarse que el diálogo FARC-EP y gobierno colombiano ha tenido dos etapas:

La primera de preparación en Oslo- Noruega y la segunda de ejecución en La Habana-Cuba

donde se han discutido los cinco temas acordados en Oslo (Borda, 2013). El marco del

“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

5 En Inglés stakeholders. “Un stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado

por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984, pág. 25)



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duradera” se firmó el 26 de agosto de 2012 en La Habana (Cuba), con una agenda para

tratar cinco temas (Gobierno Colombiano y FARC-EP, 2012). Se han adelantado

discusiones durante más de dos años ya y se ha llegado a unos preacuerdos suscritos y

publicados por las partes.

A continuación se presenta un resumen de los acuerdos para conocimiento de todos: El

primer punto se denomina “Política de desarrollo agrario integral”, comprende seis

subtemas (Gobierno Colombiano y FARC-EP, 2012) y en el gráfico 1 pueden apreciarse

los acuerdos a que arribaron las partes.

Gráfico 1. Tema 1. Política de desarrollo agrario integral.

Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de La Habana publicados.

El segundo punto del acuerdo lleva por nombre Participación Política y contiene tres

subtemas (Gobierno Colombiano y FARC-EP, 2012) y en el gráfico 2 se observa un

resumen de los asuntos acordados por las partes en el diálogo.


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Gráfico 2. Tema2. Participación política.


El 4° punto, Solución al problema de las drogas ilícitas, presenta los acuerdos que se

muestran en el siguiente gráfico resumen:

Gráfico 3. Tema 4. Solución al problema de las drogas ilícitas.




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Los temas 3. Fin del conflicto, 5. Víctimas y 6. Implementación y refrendación, aún no

tienen acuerdos publicados.

3. Acciones y propuestas para el postconflicto

3.1. Escenarios del posconflicto

Imaginar escenarios del posconflicto colombiano implica considerar el comportamiento de

diversas variables cuya interacción propicie un entramado social y económico en el que la

vida fluya con bienestar y justicia social. Tales variables podrían extraerse del conjunto de

acuerdos logrados hasta ahora entre el gobierno colombiano y las Farc-EP, como también

habría de incluir otras variables como la estrategia fiscal, la evolución de la violencia

criminal, los flujos de migración y la contribución del capital social a la producción (Ibañez

& Jaramillo, 2006).

El deseo de lograr la paz ha generado diversos esfuerzos académicos desde diversas

instancias en los últimos años, realizando ejercicios de prospectiva o para proponer

variadas soluciones (Destino Colombia, 1998; Garay, 2002; Rettberg, 2002; Departamento

Nacional de Planeación, 2006), trabajos rigurosos que a juzgar por la calidad de sus

diseñadores exige confiar en sus análisis, sin que ellos hayan logrado atinar completamente

dado que el conflicto ha persistido. En 2008 un grupo selecto de académicos y políticos

(Rubio, 2009) construyeron cuatro posibles escenarios para el año 2020 suponiendo el

desarme, la desmovilización y la reintegración de la subversión, dándoles los nombres de

“La semilla florece, Después del invierno viene la primavera, Siembra vientos y cosecharás

tempestades y Todo se marchitó”, siete años después, con la ventaja del tiempo transcurrido

y los hechos acaecidos puede decirse que los analistas acertaron hasta ahora

desafortunadamente en el escenario menos deseado -el último-, en cuanto se marchitó la

esperanza, por lo que la oportunidad que se tiene ahora con los diálogos de La Habana no

se puede lanzar al vacío, en el sentido de construir un escenario que viabilice los sueños de

los colombianos, como desafío para la implementación efectiva de los acuerdos (Romero

M. , 2015).

Además, es indispensable preguntarse qué rol van a desempeñar los integrantes de la

insurgencia, dado que ya tienen un estatus en sus comunidades, especialmente rurales


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donde se les respeta, por lo que la idea de convertirse en agricultores o en guardias de

seguridad (Valero, 2015), quizá no sea de buen recibo (McDermott, 2013). Sin embargo, en

este trabajo de reflexión no nos ocupamos de posibles escenarios que sucedan antes de la

firma definitiva del acuerdo y sólo nos dedicamos a estudiar aquellos en que las FARC-EP

y sus integrantes se inserten a la vida socioeconómica de la nueva Colombia, mediante un

ejercicio de prospectiva, por el cual se intenta construir el futuro, enunciando un conjunto

de futuros posibles, que podemos denominar futuribles (Gabiña, 1999).

Los colombianos queremos que el futuro sea diferente al pasado y al presente, por ello se

está dando el acuerdo de La Habana, del cual están surgiendo unos parámetros deseables

para el futuro (Instituto de Estudios para la Paz, 2015) y en consecuencia la prospectiva es

la metodología pertinente para diseñar escenarios futuros, dado que no se trata de adivinar

el futuro, sino de construirlo a partir de la realidad, en función de aquellos futuros no sólo

posibles, sino deseables (Miklos & Tello, 1994), en lo que cuenta mucho la voluntad

política de implementar programas o políticas para construcción de la verdadera paz y no

exclusivamente en la rendición en términos de desmovilización (Combita, Delgadillo, &

Torres, 2013). El sueño de la paz es al tiempo el sueño del progreso, para lo cual deben

combinarse apropiadamente dos creencias: que “el tiempo está de nuestra parte y que

somos nosotros quienes hacemos que las cosas sucedan” (Bauman, 2013, pág. 141).

3.1.1. Escenario 1: Acuerdo avalado en pleno por el Secretariado y

el Estado Mayor de las Farc-EP, con disidencias no

significativas; y refrendado por el pueblo colombiano.

A este escenario que es el ideal se le denominará “El camino difícil de una paz estable y

duradera”, requiere múltiples iniciativas con políticas públicas (Valero, 2015) y presenta la

siguiente caracterización, vista en un mapa conceptual que pone en interacción los diversos

puntos acordados y publicados hasta el momento:



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Gráfico 4. El camino difícil de una paz estable y duradera.

Fuente: Elaboración propia a partir de acuerdos de La Habana publicados

El escenario “El camino difícil de una paz estable y duradera” simboliza la cristalización

del sueño de los colombianos, con el aporte de todos (Ibánez, 2015), quienes conjuntamente

en un clima de cooperación y reconciliación encontraremos y recorremos el camino de la

paz con justicia social, con respeto a los acuerdos firmados (De Roux, 2015; Gil, 2015).

Comoquiera que la paz no es fácil de construir, ni se debe banalizar (Corral, 2015), su

horizonte de análisis y ejecución podría ir más allá del año 2030, pero para ese momento

los problemas básicos que hoy aquejan la sociedad colombiana estarían superados: los

índices de pobreza tendrían que ser inferiores al 10%; la educación ha de ser generalizada y

de fácil acceso; la vivienda propia con sus servicios cubriría al menos al 80% de las

familias; la tasa de desempleo no superaría el 5% y la salud sería un derecho fundamental

efectivo para la totalidad de la población.


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3.1.2. Escenario 2: Rompimiento del acuerdo suscrito por la

insurgencia, debido a la presencia criminal y oscura que

atenta contra los reinsertados.

A este escenario que presume la persistencia de una poderosa maquinaria hostil enemiga de

la paz se le asigna el nombre “Asesinada la esperanza, resurge la insurgencia” y sus rasgos

más importantes son el producto de la historia violenta que ha vivido Colombia, donde las

expresiones políticas diferentes al bipartidismo alentado por la oligarquía han sido

claramente obstruidas o eliminadas en una perversa combinación de formas de lucha,

expresión que irónicamente ha sido utilizada para referirse a la izquierda. El siguiente

cuadro resume lo sucedido en el pasado en la primera columna y en la segunda columna, en

la tercera lo que pasaría en este escenario:

De darse este escenario volveríamos a editar nuestra historia conflictiva y de manera

selectiva empezarían a ser asesinados de manera sistemática los más connotados dirigentes

de las FARC-UP, hechos que representarían momentos de zozobra y desconcierto, no sólo

para los miembros y simpatizantes del movimiento o partido político que surja tras los

acuerdos firmados, sino para toda la sociedad colombiana. Esto daría para las naturales

acusaciones, las consecuentes explicaciones seguidas de las declaraciones de

investigaciones exhaustivas hasta las últimas consecuencias, pero con el pasar de los días,

los meses y los años, sin resultados efectivos. Seguramente en estos avatares tendríamos

exilios voluntarios y obligados, desapariciones, marginamientos de dirigentes y

simpatizantes, con la reaparición esporádica de expresiones subversivas y una posible

reorganización de sus cuadros y militantes, que con los años volvería a significar una

presencia importante en el país.

Tabla 1. Caracterización del escenario 2.

HECHOS E INCUMPLIMIENTOS EXPLICACIÓN Y CAUSAS HECHOS

POSTCONFLICTO

Movilizaciones campesinas,

obreras y de empleados públicos

(Paros) 2013-2014-2015

Incumplimientos del

gobierno en compromisos

suscritos los últimos siete

años

Movilizaciones

campesinas, obreras y de

empleados públicos

Leyes de víctimas 2013-2014

Titulación a sectores

No asignación de baldíos a

campesinos despojados

No asignación de baldíos

a campesinos despojados



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empresariales, financieros y

terratenientes

Noviembre de 2011 abatido

brutalmente Alfonso Cano,

máximo comandante FARC-EP

Diálogos FARC-EP y

Gobierno en preparación,

Santos da la orden del

operativo y muerte.

Asesinatos selectivos de

líderes guerrilleros

reinsertados

1993 torturados y asesinados

Enrique Buendía y Ricardo

González

Negociadores de la

Corriente de Renovación

Socialista, disidencia del

ELN

Desapariciones selectivas

de líderes guerrilleros

reinsertados

Abril 1990 asesinado Carlos

Pizarro máximo líder del M-19

reinsertado a la vida civil

Incumplimiento del

Acuerdo de Paz con el M-

19, suscrito por el gobierno

de Belisario Betancur

Asesinato de un líder

muy significativo de los

reinsertados

Febrero de 1987 detenido,

torturado y asesinado Ernesto

Rojas, dirigente EPL

Incumplimiento de tregua

con el EPL

Denuncias y

señalamientos a agentes

del Estado

Noviembre de 1985 asesinado

Oscar William Calvo, dirigente

EPL

Incumplimiento de tregua

con el EPL

Denuncias y


del Estado

1984 a la fecha, genocidio contra

la UP y sus más connotados

dirigentes Pardo Leal, Jaramillo

Ossa, Antequera, Castaño y más

de 3000 militantes

Incumplimiento

sistemático de los

Acuerdos de la Uribe, entre

FARC-EP y el gobierno de

Belisario Betancur, y

responsabilidad en

gobiernos anteriores y

posteriores.

Denuncias con pruebas y


del Estado por el

comienzo de un

aniquilamiento

sistemático de los

reinsertados y su

movimiento político

1953 Armisticio y entrega de

armas guerrilla del llano,

asesinado Guadalupe Salcedo

Incumplimiento del

llamado “Pliego de las

Gileria”

Incumplimiento de los

acuerdos de La Habana

Abril 1948 Asesinado Jorge

Eliécer Gaitán

Eliminación del adversario

político por parte de la

oligarquía

Eliminación del

adversario político por

parte de la oligarquía

1914 Asesinado Rafael Uribe

Uribe

Eliminación del adversario

político por parte de la

oligarquía

Eliminación del

adversario político por

parte de la oligarquía

Fuente: Elaboración propia a partir de Luis Jairo Ramírez (2015)


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3.1.3. Escenario 3: Rompimiento del acuerdo suscrito por

incumplimiento del Estado en lo prometido y firmado.

A este escenario que no obstante contar con el cumplimiento de los alzados en armas en lo

suscrito, habida cuenta de la falta de voluntad política por parte del gobierno para cumplir

con lo prometido, implica un reacomodamiento de la insurgencia, se le llama “Aunque la

mona se vista de seda, mona se queda”, cuyas características son:

Debe entenderse que el conflicto no afecta solamente al gobierno y los militantes de la

subversión, sino que pasa por grandes capas de la población. En tal sentido, los acuerdos

deben evitar a toda costa que se repitan las experiencias ingratas del pasado, como lo

sucedido en el proceso de negociación con el gobierno de Pastrana Arango en que los

intereses de las víctimas del desplazamiento no fueron escuchados ni acogidos, no obstante

la inmensa población desplazada (Bolaños, Molano, & Valenzuela, 2010).

Este escenario representa un declive de la confianza en el gobierno (Hardin, 2010), en el

sentido de darse una disminución de la fe en el gobierno, sus representantes y otras

organizaciones, en razón a la poca efectividad de los resultados logrados con ocasión de la

puesta en práctica de las acciones acordadas en el postconflicto, hecho que se potencia con

el mayor conocimiento que la sociedad posee de la naturaleza del gobierno y las

experiencias pasadas, porque tal como lo explica Luhmann (2005, pág. 138) “el problema

de la disposición favorable hacia la confianza, en consecuencia, no consiste en un aumento

de la seguridad con un decrecimiento correspondiente de la inseguridad; consiste a la

inversa en un aumento de la inseguridad soportable a expensas de la seguridad”.

3.2. Las Nuevas Organizaciones para una Colombia en paz (NOCEP)

La relación de las acciones de la empresa, tanto en el campo como en la ciudad, con la paz

es incuestionable. Tal como lo expresan los académicos Prandi & Lozano (2010, pág. 8):

Para que la empresa contribuya a la paz es vital que ésta adopte lo

que se ha llamado en el argot humanitario una perspectiva de

“sensibilidad al conflicto”. Ésta significa que, partiendo del análisis

del conflicto, la empresa debería comprender y anticipar su

interacción con el contexto evitando los impactos negativos y

maximizando los positivos en el proceso de construcción de paz. De



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ina25

la mano de la teoría del Do no harm, la empresa debería también ser

capaz de fomentar los elementos “conectores”, es decir aquellos que

reducen la tensión, y minimizar los elementos “divisores”, aquellos

que incrementan potencialmente la violencia en su área de

influencia. Ser sensible al conflicto no significa necesariamente que

la empresa deba implicarse en acciones de construcción de paz pero

sí que significa que ésta, como mínimo, no debe impactar

negativamente en el conflicto o en el proceso de consolidación de la

paz.

Comoquiera que el escenario ideal para la gran mayoría de los colombianos es alcanzar la

paz en una ambiente sin el accionar de la insurgencia armada, como resultado de la firma

del fin del conflicto y el deseo conjunto de construir una vida nueva para la sociedad

colombiana, se presentan enseguida la propuesta concreta que sería necesaria para

consolidar el escenario número 1 “El camino difícil de una paz estable y duradera”.

Para desarrollar efectivamente los acuerdos suscritos por las FARC-EP y el gobierno

colombiano es indispensable que el país decida abiertamente dar un giro en la filosofía de

la gestión de las organizaciones, de manera que se logre un equilibrio en sus racionalidades

política, económica y social (Schvarstein, 2003). Las organizaciones que surjan en virtud

del acuerdo de finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

deberán adoptar dos imperativos básicos: 1. La cogestión por parte de sus principales

actores. Y 2. La distribución justa del valor generado por esas nuevas organizaciones. Esas

características fundamentan las Nuevas Organizaciones para una Colombia en paz NOCEP.

Buena parte de los acuerdos suscritos pueden materializarse con voluntad política y una

adecuada implementación de programas públicos que se articulen virtuosamente en los

diferentes niveles de la administración estatal, con base en el ordenamiento jurídico

positivo. En este contexto se debe tomar como punto de partida la carta magna colombiana

en sus artículos 57, 60 y 64 (Gómez, 2012), los cuales pueden desarrollar adecuadamente

unas nuevas organizaciones al servicio de la paz y el bienestar, las NOCEP. Un examen

cuidadoso y propositivo de tales ordenamientos nos da luces sobre lo que se propone:


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Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que

los trabajadores participen en la gestión de las empresas

La gran masa poblacional que ha soportado el conflicto armado se ha tenido que marginar

de las actividades productivas o han tenido que desplazarse, condición denigrante para todo

ser humano cuya aspiración es lograr su realización por medio del trabajo. De allí que los

acuerdos de La Habana podrían inspirarse en Gorz (2008, pág. 112) para quien “El trabajo,

sus resultados, sus objetivos últimos, las condiciones y relaciones laborales, deben poder

ser autodeterminados y negociados por los propios trabajadores”, una vez superada esa

equivocada visión que sólo Dios era capaz de producir cosas, mas no las personas, de

manera que el trabajo se postula como el instrumento básico de producción de riqueza

(Naredo, 2010).

Si las NOCEP que se constituyan como resultado del acuerdo FARC-EP y el gobierno

colombiano desarrollan sus actividades productivas fundamentadas en el principio de la

cogestión, donde los trabajadores hagan parte viva de la dirección para la toma de

decisiones, sin duda que la imposición leonina de condiciones será asunto del pasado y la

gestión participativa de los trabajadores propiciará el éxito y bienestar en las zonas de

influencia de las NOCEP. Este imperativo constitucional vigente ha sido ignorado u

olvidado, cuando bien podría ser parte de la solución al conflicto que se presenta en las

relaciones laborales, porque además se debe reglamentar armónicamente con el artículo 25

de la Carta sobre derecho al trabajo, el artículo 53 de la misma, acerca de la protección del

trabajo y de los trabajadores, el artículo 58 de la Constitución sobre la propiedad privada y

la expropiación por motivo de utilidad pública o interés social y el artículo 60 de la Carta

que habla del acceso a la propiedad y enajenación de la propiedad accionaria del Estado, el

cual manifiesta:

Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la

propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa,

tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus

acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de

trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad

accionaria. La ley reglamentará la materia.



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ina27

Adicionalmente los artículos 57 y 60 de la Carta ya referidos deben interpretarse con las

sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia (Corte Constitucional Colombiana,

1995), asuntos que hacen más viable y pertinente esas nuevas organizaciones para la paz,

las NOCEP.

De igual manera, el artículo 333 de nuestra Carta, ordena que la empresa como base del

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, apuntando adicionalmente

que el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo

empresarial.

Por su parte el artículo 64 de la Constitución se refiere a la protección a los trabajadores

agrarios, al expresar:

ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o

asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad

social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los

productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el

ingreso y calidad de vida de los campesinos.

De reglamentarse adecuadamente la anterior norma constitucional en armonía y desarrollo

de los acuerdos de La Habana, el panorama actual del campo colombiano cambiaría

radicalmente, en cuanto se reconoce que son diversos los problemas que aquejan el sector

agrario. Por ejemplo, recientemente se ha declarado que la informalidad en la propiedad

rural es el principal problema del campo (Meléndez, 2015) y que han de darse pasos firmes

en su solución a través de unas políticas públicas que ataquen de manera efectiva esas

dificultades.

Las NOCEP creadas con ocasión de las medidas y políticas públicas resultantes de los

acuerdos de La Habana han de ser organizaciones socialmente responsables con una

caracterización fundamentada en la cogestión y la justa distribución de la utilidad generada

en su operación. En tal sentido el debate sobre la rentabilidad y la RSE debe entenderse

como el reconocimiento de la necesidad del beneficio para la empresa (Araque & Montero,

2006), pero no con la idea de su maximización sino de su justicia, configurándose el


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ina28

enfoque de utilidad razonable, “para significar que las ganancias son el resultado de unas

acciones e interacciones acordadas por todos los stakeholders y no las impuestas

unilateralmente por los propietarios” (Valenzuela, 2005, pág. 353).

3.3. Construcción justa y consensual del país: un enfoque de capital

social

Los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP una vez sean refrendados por

la población colombiana, podrían considerarse sin lugar a dudas como las bases para la

construcción de una paz estable y duradera con justicia social, de manera que satisfarían

aquellos ideales de unos principios emergentes de un acuerdo justo en los términos de

Rawls (1997), cuya moralidad política está centrada en la justicia para una época en que

ella parece agotada y la justicia surge para organizar el orden institucional (Grueso, 2010),

donde el problema no es el de los recursos sino los gobiernos represivos y las élites

corruptas, entre otras razones aludidas por Rawls, en cita de Cepeda (2005). En este

contexto, diríamos con Giraldo Ramírez (2008) que la guerra librada por más de cinco

décadas nos puede conducir a una paz justa y duradera, como teoría ideal ralwsiana.

Ante la inocultable tensión social y el evidente deterioro ambiental por la presencia y

operación de las empresas de explotación de recursos naturales y empresas multinacionales

que son vistas por los grupos guerrilleros como invasoras (Jiménez Peña, 2014), se precisa

que en el postconflicto se impulsen de forma decidida políticas ambientales alternativas que

caracterizan la crisis ecológica como una crisis de la civilización, con opciones alternativas

al sistema dominante (Garrido, 1997). Esa postura auténtica y ética de los actores del

diálogo de La Habana les permitiría encontrar unas alternativas de solución a nuestros

problemas sin acudir a ideas extranjeras, sino buscar realidades específicas, dado que

ignorarlas ha propiciado que los tiranos accedan al poder y que los Estados Unidos

impongan su voluntad (De Sousa, 2011), asunto que exige resolver apropiadamente la

paradoja de la autonomía y la vulnerabilidad, en el sentido que la primera es la de un ser

frágil y vulnerable, en tanto la segunda no sería más que una patología (Ricoeur, 2008).

La construcción justa y consensual de una paz estable y duradera implica que se actúe de

manera independiente, sin la presencia e influencia negativa de los Estados Unidos (Amat,

2015), cuyas políticas a través de la historia han mantenido y alentado el conflicto



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colombiano, primero cuando su lucha era contra el comunismo, luego con su guerra

antidrogas y últimamente contra el terrorismo, donde las FARC-EP han sido el chivo

expiatorio para que los gobiernos le hagan el juego a tales políticas, lo que ha dado para

calificar al conflicto como intratable (Abbot, 2014).

4. Conclusiones

Los colombianos tenemos la oportunidad histórica de construir un futuro próspero y

pacífico si reconocemos que es indispensable cambiar las estructuras sociales e

institucionales que alientan la desigualdad. Ese camino largo y difícil de la reconciliación

sólo será exitoso en la medida en que se dé un compromiso general y participativo con unas

condiciones de vida mejores para las mayorías, generando así la confianza que impulse al

país hacia la paz con justicia social.

La empresa como actor primordial del desarrollo social tiene un papel fundamental en el

posconflicto. Las nuevas organizaciones para una Colombia en paz “NOCEP”, requieren de

la participación de sus involucrados, a través de acciones directas como el co-gobierno que

materializa el ejercicio del diálogo y la toma de decisiones consensuadas.

Un cambio de concepción de la empresa es reclamado, en el marco de un posconflicto que

necesita un tránsito hacia la satisfacción de las necesidades sociales. Para ello, el Estado,

debe garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos a través del acceso cierto a

las oportunidades para que la construcción de una nueva Colombia puede ser posible.


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