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PROGRAMA DEMOCRÁTICO: LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DI SCURSO POLÍTICO VENEZOLANO ENTRE 1936-1973. UNA APROXIMACI ÓN.

Angel Omar García González Universidad de Carabobo

Angelgarcia29@hotmail.com Garcia_a29@yahoo.es

RESUMEN Este trabajo tiene como propósito la revisión del pensamiento político en boca de algunos actores políticos: los integrantes de la llamada generación del 28 y los diversos grupos de izquierda; para demostrar cómo ambos grupos van desplazando sus demandas y aspiraciones, inicialmente concebidas bajo un enfoque marxista de la sociedad, hasta coincidir en una concepción más plural de la misma, cuyo eje central estaría referido a la conquista de las libertades públicas. Se parte del análisis de documentos básicos como el Plan de Barranquilla así como la concepción programática de las diversas organizaciones políticas. Palabras claves: Democracia, partidos políticos, sistema de gobierno

DEMOCRATIC AGENDA: THE HISTORIC EVOLUTION OF VENEZU ELAN POLITICAL DISCOURSE BETWEEN 1936-1973. An approximation.

Abstract This work has as purpose the revision of the political thought in some political actors' mouth: the members of the call generation of the 28 and the diverse left groups; to demonstrate how both groups go displacing their demands and aspirations, initially conceived under a Marxist focus of the society, until coinciding in a more plural conception of the same one whose central axis would be referred to the conquest of the public freedoms. He/she leaves of the analysis of basic documents as the Plan of Barranquilla as well as the programmatic conception of the diverse political organizations. Key words: Democracy, political parties, government's system

Recibido 05/11/2008 Aprobado 24/01/2009

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“El pasado es por definición, un dato que ya nada habrá de modificar. Pero el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar” Marc Bloch. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA. (2001:61)

INTRODUCCIÓN

Como se sabe, la historiografía dedicada a examinar la historia contemporánea venezolana

del siglo XX, ha privilegiado los enfoques centrados en la actuación e influencia que, en ella,

ejerció la llamada Generación del 281, en torno a la formación de los partidos políticos y la

consecución del régimen democrático. En términos generales, una revisión rápida daría cuenta de

una cierta uniformidad discursiva, independientemente de la concepción político-ideológica que

tuvieran los integrantes de dicha generación, que teleológicamente, apuntaba al establecimiento del

voto universal, directo y secreto; a la lucha contra el latifundio y la penetración capitalista

extranjera; al establecimiento y ampliación de derechos políticos fundamentales como los de

organización sindical, político partidista, libertad de expresión, execración de la censura de prensa,

entre otros. Las diferencias parecían apuntar más a las formas para alcanzar tales fines y no al fondo

de dichas aspiraciones. Sin embargo, una revisión un poco más atenta, podría arrojar luces en torno

al viraje gradual que el discurso político venezolano va tomando respecto a los fines y metas que la

lucha política debía concitar. Bajo tal perspectiva es posible establecer dos momentos discursivos:

uno que toma cuerpo entre 1928 y 1948 con un punto de inflexión importante durante el llamado

trienio adeco, y otro que se instituye a partir del establecimiento del régimen puntofijista. En la

primera etapa, el discurso político ira desplazándose desde la denuncia y el combate contra la

penetración capitalista extranjera y las condiciones de explotación que el capital transnacional

ejercía sobre el suelo patrio, hasta centrarse en la consecución de un régimen democrático liberal, en

términos generales, evidenciado en elecciones libres, directas y secretas, así como en el disfrute de

derechos políticos fundamentales. En la segunda etapa, de 1958 hasta 1973 aproximadamente, el

discurso político estuvo subordinado a la preservación del régimen democrático, orientado ahora

hacia una acción asistencial-reivindicativa por parte del Estado, cuyo fin era asegurar la

gobernabilidad del nuevo régimen. 1 Necesaria es una precisión de entrada. Aunque comúnmente el nombre de Generación del 28 está asociado al grupo de jóvenes que participaron de la singular protesta contra el régimen gomecista en los carnavales de ese año, de donde saldría parte del liderazgo político que posteriormente condujo al país; para efectos de este trabajo, incluimos bajo tal denominación a los sectores ideológicamente agrupados bajo la bandera del socialcristianismo, así como a los agrupados en el marxismo-leninismo y en la socialdemocracia. Esto, en el entendido de que los aportes políticos e ideológicos que realizaron estos sectores contribuyeron, en mayor o menos medida, a la forja de lo que aquí denominamos el Programa Democrático, de donde saldría toda la propuesta ideológico política de los gobiernos identificados con este programa.

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Para abordar el análisis de dicho período recurriremos a algunos elementos conceptuales

que nos ayudaran a entender, más cabalmente, el discurso elaborado por los actores políticos en

estos dos momentos. En este contexto, la categoría Programa Democrático representa, a juicio

nuestro, un recurso conceptual importante que permitirá apreciar, de forma integral, la visión

respecto al tipo de sociedad que desean construir, así como, la variación que sobre dicho discurso se

va operando a lo largo de todo este período.

LOS PROGRAMAS POLÍTICOS

En un interesante trabajo, Diego Bautista Urbaneja, utiliza la categoría Programa Político,

para proceder al análisis de la evolución histórica de la sociedad venezolana. Si, como el mismo lo

señala(Urbaneja:1995:20), un Programa Político es el conjunto de diagnósticos y de pronósticos que

sobre una sociedad determinada realizan sus proponentes y de los cuales se derivan determinadas

proposiciones a cercar de la forma que debe asumir el orden político, económico, social, cultural de

una Nación; que duda cabe, la insurgencia de la llamada Generación del 28, significó la puesta en

escena de una proposición de país, de un programa político que, aún con diferencias en los métodos

para alcanzar sus objetivos, resultaban coincidentes a los fines del programa.

Así pues, Diego Bautista Urbaneja afirma que en el siglo XX venezolano se han formulado

e instrumentado dos Programas Políticos con cierto nivel de efectividad, a saber: el Programa

Positivista y el Programa Democrático. De acuerdo con el primero, la interacción de factores

raciales, históricos, geográficos, característicos de nuestra sociedad, habría producido un

venezolano medio cuyo principal rasgo político era su actitud para obedecer “hombres fuertes” y,

concomitantemente, su incapacidad para ser protagonista apropiado de las instituciones

republicanas con las que habían soñado los ideólogos liberales (Ibid). De tal afirmación se

desprende la evidente incapacidad de la población para beneficiarse de las bondades de la

democracia. La evolución histórica de la sociedad habría terminado creando las condiciones para

que la población no fuese capaz de producir los cambios necesarios ni de construir las instituciones

jurídico-políticas que requería el régimen republicano, que permitieran establecer un sistema de

controles y contrapesos necesarios para normar la conducta pública de los ciudadanos y combatir

las asechanzas al sistema político, lo cual significaba el establecimiento de un sistema práctico de

procedimientos y derechos que tendría como fin último el goce de las libertades públicas. La

incapacidad, repetimos, para producir talas cambios, fue claramente argumentada por uno de los

máximos exponentes del positivismo venezolano, Laureano Vallenilla Lanz, en los siguientes

términos:

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Cualquiera que con un espíritu desprevenido lea la historia de Venezuela, encuentra que, aun después de asegurada la independencia, la preservación social no podía de ninguna manera encomendarse a las leyes sino a los caudillos prestigiosos y más temibles…En el estado guerrero el ejército es la sociedad movilizada y la sociedad es el ejército en reposo… [lo cual era el resultado] comprobado por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, [de que] existe siempre como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira temor y que por el temor mantiene la paz. [Por lo tanto afirmaba] Los jefes no se eligen sino se imponen. La elección y la herencia, aún en la forma irregular en que comienzan, constituye un proceso posterior (Vallenilla Lanz, 1991:94).

Para los positivistas venezolanos la práctica de la convivencia democrática constituía un

estadio de evolución social para el cual la sociedad aún no estaba preparada. De allí la justificación

del régimen gomecista, el cual, paradójicamente, representó el instrumento de realización parcial

del programa político y económico esbozado por los propulsores del pensamiento liberal al

comienzo del ensayo republicano en 18302. El lema “unión, paz y trabajo” resumía de forma clara

el proyecto liberal decimonónico. El sacrificio, o mejor dicho, el costo político, económico y social

que para la sociedad venezolana representó alcanzar algunas de las metas del programa liberal,

estaban plenamente justificadas si ello aseguraba que no se retrocedería a etapas de barbarie ya

superadas. Por ello, el sostenimiento de la paz, que había dejado de ser un valor inexpugnable para

convertirse en un hecho fácilmente observable y comprobable, justificaba todos los sacrificios. Las

palabras de César Zumeta, hacia 1929, evidenciaban muy bien la magnitud del costo y el temor a la

barbarie, que era el temor a la guerra:

El general Gómez es un mal necesario. Es mejor que la guerra civil. Hacía falta un despotismo prolongado para pacificar al país. Lamentablemente ese régimen duro, inflexible, no ha sido aprovechado para cumplir obras de progreso efectivo, ni siquiera en materia de ornato. Caracas sigue siendo la misma aldea de fines del pasado siglo. Contamos con una población estacionaria, la misma de hace veinte años. No se ha impulsado la inmigración y nada se ha hecho en materia de instrucción pública. En cambio se han implantado monopolios odiosos y la crueldad del gobierno es infinita. Sin embargo no considero que una revolución armada resuelva el problema (Dávila, 2006:81)

El argumento era claro, el principal temor para la intelectualidad que apoyaba y justificaba

el régimen gomecista, era el regreso a la guerra. Superarla justificaba todo tipo de desmanes y

2 Tal como lo ha afirmado Manuel Caballero, Juan Vicente Gómez resume, completa y finalmente permite liquidar el siglo XIX venezolano, pues bajo su gobierno se concreta el programo liberal, esbozado por los primeros venezolanos en 1830. Ver (CABALLERO: 1995) .

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abusos por parte del régimen, porque en definitiva, de acuerdo a la concepción del Programa

Positivista, el pueblo no estaba preparado para un ejercicio racional, conciente, sostenido de la

democracia. Y en definitiva porque sin paz no se alcanzarían o tardarían más en conquistarse las

otras metas del programa liberal: por ejemplo el crecimiento económico y poblacional. La

orientación diáfana, sin titubeos, delineada por el jefe de la causa y sus asesores, constituía la única

garantía de que se avanzaba por el camino correcto3.

Luego de los 27 años de férrea dictadura gomecista, la evaluación que realizan los

ideólogos del régimen, pese al sombrío panorama descrito por Zumeta, es que, aunque se ha

avanzado mejorando algunos de los factores que obstaculizaban el desarrollo pleno de la sociedad:

el caudillismo, la ausencia de caminos y la crisis económica; aún no estaban dadas las condiciones

para un ejercicio pleno de las libertades públicas. Aunque el caudillismo había sido erradicado

como factor de inestabilidad política, otros elementos amenazaban con sustituirlo: las ideas políticas

de izquierda y la ruptura de las estructuras agrarias tradicionales, combinación que amenazaba con

tornarse explosiva en el contexto de los cambios económico-sociales que la explotación petrolera

había comenzado a producir (Urbaneja,1995: 67)

Por ello, y siguiendo el análisis bajo la óptica del Programa Positivista, como la sociedad no

estaba suficientemente madura para el ejercicio de la democracia, la respuesta que el heredero de

turno, el general Eleazar López Contreras, presenta al país frente al estallido de la protesta que se

produce los días y semanas posteriores a la muerte de Gómez, estuvo orientada a los ámbitos

económico y social. En el plano político, lo que se ofrece en el llamado Programa de Febrero, es el

respeto a la legalidad existente y no la ampliación de los derechos políticos demandados (Ibid: 69)4.

Ello quedó expresamente demostrado cuando el régimen procedió a cancelar las pocas muestras de

apertura política otorgadas a partir de los sucesos de 14 de febrero de 1936, pues consideraba que

los partidos políticos y sus dirigentes estaban asumiendo un protagonismo excesivo y demandando

unas condiciones para las cuales el pueblo no estaba preparado. Apelando entonces al ordenamiento

jurídico vigente y exhibiendo como excusa el temor a la guerra y la promoción de la anarquía, se

aplicó lo dispuesto en el inciso 6to del artículo 32 de la Constitución vigente, a los fines de

proscribir cualquier vestigio de oposición. Porque en el fondo seguía privando el mismo

3 En un interesante trabajo Elías Pino Iturrieta plantea este argumento de la siguiente forma: “En la reunión del caudillo y sus letrados estaba, pues, el eje para la fragua de un régimen idóneo. La incapacidad manifiesta de un pueblo que todavía continuaba en la prehistoria de la vida política… obligaba a la instrumentación de un mandato enérgico que impusiese desde arriba - sin la interferencia de los partidos y libre del brusco apetito de los personalismos menores- las pautas de la nueva sociedad”. (PINO ITURRIETA:1978:50) 4 Efectivamente, los elementos propuestos por López Contreras se agrupan en ocho aspectos claramente expresados, a saber: Régimen de Legalidad; Higiene Pública y Asistencia Social; Vías de Comunicación; Educación Nacional; Agricultura y Cría; Política Fiscal y Política Comercial; Inmigración y Colonización y Puntos Complementarios. Ver (SUAREZ FIGUEROA:1976:123-134)

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razonamiento: el pueblo continuaba incapacitado para el ejercicio de la democracia; razonamiento

éste que estuvo vigente durante todo el período de gobierno. Es el propio general Eleazar López

Contreras, durante el último mensaje que como Presidente de la República dirige al Congreso

Nacional, en 1941, quien lo señala en los siguientes términos:

Soy el primero en reconocer que aún no hemos llevado a la práctica todas las conquistas de la democracia, pero ello no se debe a una acción negativa del régimen, sino a circunstancias de carácter racial, ambiental e histórico, que es menester ir encausando con la evolución ininterrumpida del elemento humano, cuya inteligencia, sentimiento y voluntad es necesario educar progresivamente para el ejercicio de los derechos políticos (Ibíd:69)

La apertura política que se experimentó durante el gobierno del general Isaías Medina

Angarita, no significaba el abandono de la tesis sostenida en el Programa Positivista. Mas bien estos

cambios podían ser atribuidos, mas que a la propia vocación democrática del general presidente, a la

coincidencia de factores endógenos y exógenos: los primeros referidos a complejidad que había

alcanzado la propia sociedad venezolana, en primer lugar, una importante migración del campo a la

ciudad que comenzaba a concentrar en las ciudades una problemática que antes estaba disgregada a

lo largo y ancho del territorio; la emergencia de una pequeña clase obrera que empezaba a tener

niveles de organización sindical, clandestina o legal, la cual no podía ser descuidada por el gobierno

nacional; el surgimiento de un pequeño sector empresarial con clara vocación de poder, cuyo

representante más conspicuo era Eugenio Mendoza, y la organización política de sectores

identificados con diversas corrientes ideológicas, que insurgían en el escenario nacional de forma

cada vez más contundente: los integrantes de la Generación del 28, exiliados políticos que

regresaban al país, y en general la dirigencia política que había emergido durante estos últimos

años. Todo ello, sumado a los factores exógenos representados en la contienda bélica internacional,

sobretodo luego de la invasión a la URSS y la incorporación de EEUU al conflicto armado, creaban

las condiciones para impulsar las posibilidades de democratización en muchos países, como un

mecanismo referencial importante en la lucha contra el nazi-fascismo.

En definitiva pues, como hemos señalado, la evaluación que realizan los ideólogos del

Programa Positivista, durante y después del régimen gomecista, es que el pueblo venezolano aún no

calzaba los puntos necesarios para el ejercicio de las libertades públicas, para el ejercicio de la

democracia. Por ello, durante todo este tiempo el discurso político gubernamental estuvo orientado

a la preservación de la paz y al combate contra los factores que amenazaban con promover la

anarquía y la desestabilización. El Programa Positivista privilegiaba el orden por encima de

cualquier otra consideración. Desarrollar las industrias; fomentar el trabajo; atraer capital

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transnacional para realizar inversiones; fomentar la inmigración que fortaleciera la mano de obra

nacional; cultivar el campo; poblar el territorio; sanar la población; eran tareas que estaban

subordinadas a la preservación de la paz. Esta lectura del país estaba encerrada bajo una

concepción normatizadora de la historia, que entendía los cambios sociales como procesos

evolutivos, los cuales requerían de unas condiciones predeterminadas para que ellos se produjeran.

En definitiva, no otra cosa se intenta bajo el lente analítico del positivismo, sino justificar el orden

existente. Frete a él se opondrá con fuerza el discurso del Programa Democrático.

El Programa Democrático, esbozado a lo largo de más de dos décadas, y genéricamente

simbolizado en la llamada Generación del 28, constituyó la respuesta política, económica y social

que el liderazgo insurgente opuso frente al status quo. A diferencia de Programa Positivista, ésta no

es una visión homogénea respecto de la concepción político-ideológica de sus integrantes, como

tampoco respecto a las formas previstas para alcanzar los objetivos. A pesar del común origen

ideológico marxista de una parte de sus proponentes, instrumento con el cual, en principio, se

realizan los análisis sobre la sociedad venezolana, ello no significó la aplicación ortodoxa del

marxismo como herramienta de análisis, sino por el contrario, se buscó comprender la realidad

venezolana a los fines de aplicar los correctivos que resultaran más convenientes para transformar la

realidad política. Se podía ser marxista, socialdemócrata o socialcristiano, al final existía un

consenso que reconocía a La Democracia como el sistema político por excelencia.

En este sentido, la principal característica del Programa Democrático que se adelantaba

estuvo simbolizada en la lucha contra el personalismo. Frente al poder omnímodo, omnipotente

ejercido por Juan Vicente Gómez, insurgió un liderazgo colectivo que reivindicaba la construcción

de un sistema jurídico-político con apego a normas claras dependiente de instituciones del Estado y

no de la voluntad del jefe de turno. El Programa Democrático simbolizaba ese liderazgo colectivo

en los Partidos Políticos. Son ellos los que desde entonces comienzan a motorizar la acción política,

formulan las propuestas, establecen la dinámica, aglutinan los actores, sirven de interlocutores entre

la sociedad y el Estado, se convierten en gestores de las necesidades de la población. Pero ¿qué

tenían de nuevo estos Partidos Políticos? Partidos hubo en Venezuela en el siglo XIX y en muy

poco contribuyeron a su desarrollo. Lo nuevo lo signa el carácter de masas que adquieren. En este

sentido, Acción Democrática tuvo un carácter emblemático. El planteamiento de Betancourt de “ni

un solo pueblo, ni un solo municipio sin la casa del partido”, marcó la pauta de la simbiosis que

comenzaba a establecerse entre uno y otro (García, 2006: 116-117)

El partido político moderno representaba la despersonalización de la política venezolana,

en lo sucesivo, las propuestas y demandas se harían en nombre de un colectivo. Se buscaba

combatir la imagen autócrata, todopoderosa, caprichosa, de la figura que ejercía el poder, para

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constituir una grupal, de proyectos, de servicio y, por ende, de encarnación de las necesidades y

anhelos de la población.5 En otras palabras, la actuación pública y el fortalecimiento de los Partidos

Políticos respondía a un proyecto que buscaba crear y sentar nuevas bases en la constitución de un

nuevo poder político y en la relación de ese poder con el Estado. Se buscaba restar protagonismo y,

en todo caso, poder de decisión a quien, durante la primera mitad del siglo XX, constituyó el único

agente de poder real en Venezuela: el Ejército. El partido político, con las dimensiones que

comenzaba a adquirir, pretendía restarle poder de decisión, al actuar como el representante

inmediato de la población ante el Estado.

En este contexto, la actuación de los Partidos Políticos encontró empuje y razón

argumentativa en la lucha por el sufragio. La universalización del voto se convirtió en una de las

banderas centrales de la lucha política pues ello se correspondía con las propuestas que se venían

formulando. En la medida en que se democratizara el escenario político y que los partidos pudieran

competir para conquistar la confianza de los ciudadanos, en esa misma medida, se estaba

combatiendo la autocracia entronizada por Castro, Gómez y en menor medida por López Contreras.

Otro elemento central del Programa Democrático estuvo representado en la lucha contra la

penetración capitalista extranjera y, más concretamente, en las condiciones en que el

establecimiento del capital transnacional ocurría en suelo patrio; así como en la lucha por la

transformación de un sistema económico al que catalogaban de “semi-feudal. El análisis desde el

cual se partía, caracterizaba la realidad sociopolítica como la continuación de condiciones de

desigualdad que se habrían impuesto a comienzo del ensayo republicano, las cuales perduraban

hasta el presente. La entrega de concesiones petroleras durante el régimen gomecista respondían a

esta realidad, que se había hecho lesionando el patrimonio nacional; por tanto, una de las

plataformas argumentativas que tomó cuerpo en la propuesta del Programa Democrático, estuvo

orientada a alcanzar un aprovechamiento más racional y productivo de un recurso que, para ese

entonces, se consideraba finito en el corto plazo. No es casual, por tanto, que la forma en que debían

ser utilizados los ingresos provenientes de la renta petrolera, fuera motivo de debate a todo lo largo

del siglo XX, pues ello era otro de los elementos centrales del Programa Democrático.

5 Manuel Caballero ha ubicado el inicio de ese proceso en el año 1928 cuando un grupo de estudiantes de la UCV, desafiando al régimen gomecista, consintieron en no señalar a alguien en particular como líder del movimiento. No era Betancourt, no era Villalba, no era Andrés Eloy Blanco, no era Pio Tamayo; Se trató mas bien de una generación. Son ellos mismos, dice Caballero, quienes insisten en llamarse como tales: “la actitud absurda e irrespetuosa no ha sido asumida por un grupo como sugiere, tendenciosamente, el verbo revelador del Presidente. Ha sido asumida por una generación íntegra” (CABALLERO: 1993: 292). En otras palabras ha sido asumida por un colectivo. Esto no tendría importancia si no fuera porque ello se opone a la práctica, en el ejercicio del poder, del jefe único. Entonces asumen como norte la consecución de un régimen político amplio y de libertades.

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Hasta aquí, alguno de los aspectos centrales de ambos programas. Lo que nos proponemos

ahora es demostrar cómo los actores políticos van adaptando el Programa Democrático para que

entre en sintonía con el momento político en el cual les corresponde ejercer funciones de gobierno.

A este respecto se apuntan las siguientes consideraciones.

EL DISCURSO DEMOCRÁTICO, PRIMERA ETAPA

Una de las características que presenta el Programa Democrático es que los sectores que lo

sostienen van adaptando, progresivamente, su visión sobre la sociedad sin descuidar el objetivo

central del Programa, a saber, el establecimiento del régimen democrático. Dos elementos permiten

avalar tal afirmación: la lucha para conquistar el sufragio universal, directo y secreto como

mecanismo legitimador de la democracia6, y la concepción respecto al uso que debía darse a los

ingresos provenientes de la renta petrolera. Así como en el siglo XIX, el discurso político se

constituyó en torno a las categorías de libertad e igualdad, agrupadas alrededor del movimiento de

Independencia y la figura del Libertador; durante el siglo XX, la articulación discursiva tomó

cuerpo en la lucha por la democracia como sistema político, así como en la defensa de la riqueza

nacional representada en el petróleo (Dávila, 1996: 106)

A los fines de demostrar la variación progresiva que operó en el discurso democrático es

necesario revisar uno de los primeros escritos de relevancia realizados para evaluar la realidad de la

sociedad venezolana de entonces: El Plan de Barranquilla. Allí, sus proponentes afirmaban que la

realidad venezolana no distaba mucho de la existente en otras regiones del continente, pues se

centraba en “la lucha contra el absolutismo personalista”. En el caso concreto venezolano se

requería actuar en dos direcciones: el combate contra “la organización político económica semi-

feudal” y el combate contra “la penetración capitalista extranjera”. Respecto de la primera, afirman

que era el resultado de la perduración del tipo de organización jurídico social proveniente de la

colonia, la cual había permitido que una “nobleza criolla”, sustituta de los antiguos conquistadores y

colonizadores, mantuviera “dentro de la república su posición privilegiada de casta poseyente de

cultura y de tierras, de esclavos explotados y de sutilezas escolásticas para justificar esa

explotación”; privilegios que se mantuvieron “en nombre de una teórica y jamás consultada

voluntad popular”. Por ello, afirmaban que “La Constitución caraqueña de 1811, y las promulgadas

6 Señalamos lo del carácter legitimador porque para cierta historiografía, Venezuela entró a una etapa de democratización tras la muerte de Juan Vicente Gómez, la cual era de carácter progresivo, de acuerdo a la concepción del Programa Positivista. Efectivamente, los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, siempre bajo esta óptica discursiva, iniciaron un proceso de democratización del sistema político que habría alcanzado su punto máximo de legitimidad con el establecimiento del sufragio universal y directo, de no haber ocurrido los sucesos del 18 de octubre de 1945.

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por todas las legislaturas provinciales en esos mismos días, fueron elaboradas en armonía con ese

criterio de la clase dirigente y para que sirvieran en sus manos de eficaz elemento de dominación”.

En el documento se sostiene que la realidad política no ha cambiado luego de disolución de

la Gran Colombia. La vieja nobleza colonial, fue sustituida por el mantuanaje criollo en alianza con

el caudillaje surgido de la contienda bélica, con el claro propósito de mantener sus intereses de

clase. En atención a esa realidad, lo que se imponía entonces, era sustituir los gobiernos

“militaristas y latifundistas” para poder impulsar “la protección efectiva del proletariado urbano”;

repartir la tierra entre el campesinado desposeído y promover la “educación popular intensiva,

primaria y técnica”, para los estratos sociales más desposeídos.

Respecto de la penetración capitalista extranjera, era el resultado de una alianza establecida

entre la casta latifundista-caudillista criolla y el capitalismo explotador transnacional. El régimen

gomecista había fortalecido esa alianza entregando indiscriminadamente concesiones petroleras a

compañías inglesas y norteamericanas a cambio de ayuda para combatir posibles invasiones

castristas anunciadas por el régimen y a cambio del respaldo político que estas naciones le habían

otorgado. Afirmaban que la política expansionista del capital extranjero no era exclusiva hacia

nuestro país, sino que estaba presente en todo el continente, pues se trataba de la evolución del

capitalismo de la “etapa librecambista a la monopolista”. En atención a este panorama proponen un

programa político para ser alcanzado en el corto plazo, el cual estaba orientado a los siguientes

aspectos: Los civiles a la conducción del Estado; establecimiento de derechos políticos;

confiscación de los bienes de Gómez; programa de alfabetización; revisión de las concesiones

petroleras otorgadas al capital transnacional; convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Como puede observarse, el análisis se realizaba en fundición de una clara jerga marxista, no

en balde, éste es considerado el primer escrito historiográfico dentro de esa concepción. Sin

embargo llama la atención, que a pesar de estar influido por el impacto político e ideológico de las

revoluciones mexicana y rusa, el programa luzca reformista. “No fue un programa radical”, sino que

se buscaba constituir un amplio movimiento que incluyera a todos los sectores sociales. En una

carta posterior a la redacción del Plan de Barranquilla, Betancourt señalaba: “no te niego sino que

por el contrario te afirmo que aspiramos a la formación de un frente único provisional con los

sectores explotados de la ciudad y del campo, semiproletarios, artesanos, pequeños industriales,

detallistas arruinados, campesinos pobres, maestros de escuela, empleados de comercio a salarios

de hambre, etc” (Magallanes, 1973: 248). Para Betancourt estaba claro que a la realidad venezolana

no podía aplicarse el marxismo de forma ortodoxa, por ello apuntaba a la conformación de un

movimiento poli clasista, que lejos de producir una revolución, promoviera la transformación

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progresiva de la sociedad. Por lo demás, y de acuerdo al programa previsto en el Plan de

Barranquilla, no se enarboló un discurso que conllevara mayores exigencias en cuanto a la

democratización de la sociedad. Por el contrario, y en clara sintonía con la concepción marxista que

los embargaba, su discurso se centraba en los elementos de la estructura y superestructura que

dominan la sociedad y sobre los cuales había que producir cambios para transformarla. Denunciar el

monopolio de las compañías transnacionales significaba asumir la lucha por el control de los

medios de producción, y rechazar los privilegios de la casta latifundista-caudillista criolla

significaba asumir el discurso de la lucha de clases. Los aspectos referidos a la ampliación de las

libertades y conquista de derechos políticos en general eran aspectos que, para ese momento, no

estaban en el centro de su discurso, pues la concepción marxista privilegiaba otros elementos.

Pero eso comenzará a cambiar en el corto plazo. Tras la muerte de Gómez comenzó una

etapa de apertura gradual del escenario político el cual tuvo su momento de mayor relevancia en los

sucesos del 14 de febrero de 1936. Ese día, como lo ha señalado Manuel Caballero, nació la de

democracia venezolana, entendida en una doble acepción: como voluntad popular expresada en la

calle; y como expresión de las características que la definen hoy: elecciones, libertad de prensa,

asociación y manifestación, partidos políticos, entre otros (Caballero, 1998: 73). A partir de

entonces, el discurso político de los sectores que impulsaban el Programa Democrático no estaría

centrado, únicamente, en cambiar las condiciones de explotación que el capital transnacional ejercía

sobre el país, así como, en el combate contra los privilegios de la casta dominante criolla, sino que

también, estaría orientado a concretar su participación en el juego electoral. Es decir, democracia

debía ser sinónimo de elecciones, y esto era válido tanto para gobierno como oposición.

En el mes de abril de 1936, un nuevo Congreso Nacional debía instalarse y designar un

nuevo Presidente para el período 1936-1943. Algunos de los sectores que impulsaban el Programa

Democrático apoyaban la tesis de solicitar la disolución del Congreso pues lo consideraban

ilegítimos. Finalmente, luego de profundas discusiones se impuso la tesis propuesta por Rómulo

Betancourt, según la cual, debía aceptarse la instalación del Congreso con el “pañuelo en la nariz”

y proceder a la organización política de los sectores opuestos al régimen, para dar la pelea dentro de

las reglas que el sistema imponía. Para ello se constituyó el llamado “Bloque de Abril”, frente

político que agrupaba a diversos grupos de izquierda: Organización Venezolana (ORVE); Partido

Republicano Progresista (PRP) y la Unión Nacional Revolucionaria (UNR). La reforma

constitucional que se adelantó, estableció, además de la reducción del período presidencial de 7 a 5

años, la renovación parcial de las cámaras legislativas. A partir de entonces la demanda por la

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ampliación de los derechos políticos, y más concretamente del escenario electoral, comenzará a ser

el centro del discurso político de los propulsores del Programa Democrático.

El sector gubernamental también asumía el reto planteado por los sectores de oposición, con

la intención, no de competir para alcanzar los puestos de representación, pues su elección estaba

asegurada en gran medida, sino, para buscar legitimar al propio régimen. Para ello el gobierno se

organizó electoralmente a través de las llamadas Cívicas Bolivarianas. Apelando a la figura

histórica del Libertador, el gobierno de López Contreras elaboró un discurso para unificar a los

venezolanos y combatir el retorno de la violencia, que para el gobierno, estaba personificada en los

partidos de izquierda. “De allí su interés por exaltar el respeto del bien, el hogar, la propiedad, la

religión, la seguridad del Estado y las instituciones” (Olivar, 2007: 158-159). El impacto político

que produjo la huelga petrolera de 1936, le valió a los grupos de izquierda la popularidad necesaria

para alcanzar algunos escaños en las elecciones de junta parroquiales del año siguiente, pero sobre

todo en el Distrito Federal, donde alcanzaron la mayoría en el Consejo Municipal. El avance de los

grupos de izquierda obligó al gobierno a revisar el escenario electoral, según Rómulo Betancourt,

“en ese mismo año 38… el Ministro de Relaciones Interiores envió una circular confidencial a los

presidentes de los Estados en donde iban a realizarse elecciones, instruyéndolos sobre la necesidad

de ganarlas para el gobierno, porque una derrota en los comicios implicaría… el derrocamiento

jurídico del régimen” (Betancourt, 1986: 131)

Frente a la popularidad que ganaban los grupos de izquierda, el gobierno de López

Contreras “se planteó la utilización de un emblema de unificación política capaz de apaciguar la

rebeldía de las masas, dando la impresión de encontrarse realizando la obra inconclusa de

Bolívar” (Olivar, 2007: 158). Con el tiempo, ese emblema de unificación nacional estaría

representado en las Cívicas Bolivariana, instrumento político electoral que contribuiría a culminar la

obra del Libertador, acción ésta con la que el gobierno de López Contreras asumía plenamente el

juego electoral.

Por su parte, los sectores opuestos al gobierno se planteaban el escenario electoral como un

paso más en la lucha por alcanzar mayores conquistas democráticas. Frente a la imposibilidad de

una revolución y evaluando fríamente la realidad política de la sociedad venezolana, entendieron

que el mejor escenario era electoral, pese a las desventajas que, a su juicio, había impuesto la

reforma constitucional. Las palabras de Rómulo Betancourt avalan tal afirmación:

13

No obstante tales trabas, la oposición organizada se aprestó, en los comienzos del 37, a concurrir a los próximos comicios donde debían elegirse miembros de concejos municipales y de asambleas legislativas. Y mediante vigorosa presión de calle, logró que fuesen elegidos varios miembros de las directivas de los partidos de oposición para diputados y senadores, aún cuando los cuerpos electorales habían sido nominados ejecutivamente (Betancourt, 1986: 114)

El cambio de postura política de los sectores que impulsaban el Programa Democrático

significó la incorporación como parlamentarios de destacadas figuras de la oposición: Rómulo

Gallegos, Jóvito Villalba, Raúl Leoni; Gonzalo Barrios e Inocente Palacios, con la excepción del

primero, todos los demás fueron promotores de la huelga petrolera del año 36. Frente a este triunfo

electoral, la respuesta del régimen fue rápida: solicitó la nulidad de la elección de los cuatro últimos

acusándolos de filiación comunista. Sin embargo, a pesar a la reticencia que los sectores más

conservadores del propio régimen imponían, el juego electoral tendería a profundizarse durante el

quinquenio siguiente.

La apertura política instrumentada por el general Isaías Medina Angarita profundizó el

camino para el desmontaje de la estructura de poder centrada en el Ejército y su sustitución por los

partidos políticos, situación que ampliaba las posibilidades de competir en el escenario electoral.

La disposición del gobierno de avanzar en esa dirección quedó evidenciada en el hecho siguiente:

cuatro meses y ocho días después de asumir la presidencia el general Medina, éste permite el debut

oficial de Acción Democrática. El primero en tomar la palabra en el acto convocado para tal fin, el

13 de septiembre de 1941, fue el prestigioso intelectual y novelista Rómulo Gallegos, quien luego

de exponer las motivaciones del partido, dejó claramente asentado que nacieron: “dispuestos a

prestar la colaboración que nos exija el país, a fin de que el venturoso provenir de éste sea también

obra nuestra... pero venimos a colaborar desde la oposición señores” (Suarez, 1976: 14). Y para

que no queden dudas de que no se trataba de una colaboración incondicional en agradecimiento por

la legalización de Acción Democrática, Gallegos afirma lo siguiente: “venimos es síntesis, a

colaborar con la buena acción gubernativa, que no es lo mismo que a colaborar con el gobierno a

rajatabla” (Ibid: 15). Tácitamente, la declaración anunciaba una competencia por los diversos

espacios de representación. Dos momentos serían estelares durante este tiempo: la disputa por el

control del movimiento sindical y los frustrados acuerdos entorno al candidato presidencial de

consenso para las lecciones de 1946.

En síntesis, como hemos tratado de demostrar, el discurso de los sectores que impulsaban el

Programa Democrático variaría en función de la lectura que realizan de la sociedad en relación a sus

demandas y expectativas. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, se impuso una dinámica en la

14

cual la ampliación de los derechos políticos emerge como una necesidad indeclinable, así como la

lucha por reivindicaciones socioeconómicas, para lo cual no bastaba, denunciar la explotación que

las compañías petroleras transnacionales ejercían sobre la población obrera, sino que era necesario

definir el papel del petróleo dentro del Programa Democrático. Sobre esto están dirigidas las

siguientes consideraciones.

EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

La creciente influencia que asumía el petróleo en la economía venezolana generaba un

conjunto de interrogantes respecto de la forma en que debía ser administrada la riqueza generada

por ese bien, así como respecto del papel que debía jugar el Estado en la distribución de dicha

riqueza. Una parte del debate estaba centrado entre la manifiesta debilidad del sector privado para

acometer con éxito las funciones que le era inherentes, frente a una creciente fortaleza del sector

público auspiciada por la renta petrolera, de la cual comenzaba a depender en general la vida

económica del país; la otra, estaba referida a la democratización de la riqueza petrolera, lo cual

significaba que cada venezolano recibiera los beneficios que generaba su explotación.

Con el ascenso de Isaías Medina Angarita a la Primera Magistratura se profundiza el debate

en cuanto al rol que debía jugar el Estado respecto al manejo del recurso petrolero. El debate tuvo

dos expresiones claramente diferenciadas: una representada por los sectores más conservadores

agrupados en la consigna “Sembrar el Petróleo”; la otra, representada por quienes asumen la

conducción del Estado a partir del 18 de octubre de 1945.

LA SIEMBRA DEL PETROLEO

El 14 de julio de 1936, en el diario Ahora, el joven intelectual venezolano Arturo Uslar

Pietri, publicó un editorial con el nombre de “Sembrar el Petróleo”, el cual ha sido objeto de debates

durante los últimos 70 años. En él, Uslar Pietri realizaba un análisis en relación a la creciente

influencia que el petróleo experimentaba en la economía nacional, la cual, según Uslar, estaba

determinada por el aumento que, progresivamente, venía experimentando la renta petrolera, hasta

desplazar el ingreso que el Fisco Nacional recibía por concepto de los rubros agrícola y ganadero,

sectores a los que Uslar llamaba “economía reproductiva” (Baptista y Mommer, 1992: 15). Pero el

petróleo, a diferencia de estas actividades, no era el resultado del trabajo, del esfuerzo de la

sociedad venezolana, sino que, por el contrario, era el “consumo continuo de un capital depositado

por la naturaleza en el subsuelo” (Ibid: 16), capital que, por lo demás, tiene un carácter finito y no

renovable, del cual debía extraerse el máximo provecho antes que se agotara.

15

Por ello, Uslar Pietri proponía la utilización de los recursos que generaba el ingreso

petrolero, en crear las condiciones que hicieran posible el desarrollo nacional. Se trataba, según su

visión, de invertir esos recursos en la creación de una infraestructura vial que facilitara la actividad

industrial; en la creación y fortalecimiento de un poderoso sector agroindustrial, así como en el

establecimiento de un sistema educativo y médico asistencial, que permitiera sanar la población y

capacitarla para enfrentar el reto que significaba desarrollar a Venezuela. El ingreso petrolero debía

ser utilizado como “capital reproductivo”, es decir, como una inversión que facilitara, impulsara y

promoviera la actividad económica, a fin de evitar la dependencia de un sólo rubro. En 1945, al

analizar la situación del petróleo respecto al resto de la economía nacional, Uslar lo señalaba en los

siguientes términos:

Por medio de barreras aduaneras y de contingentes de importación se defendió el mercado interno de la total inundación de las importaciones, y por medio de créditos, ayuda técnica, cooperación del Estado, etc; se estimuló y fortaleció el desarrollo de la producción autóctona. La exportación agropecuaria pudo mantenerse (…) por medio de subsidios. La intervención ha sido necesaria para garantizarle a Venezuela un mínimo de economía nacional y mientras la industria petrolera subsista en proporción tan desmesurada con respecto al resto de nuestras actividades la intervención de Estado continuará siendo necesaria para asegurar un equilibrio económico artificial, que pueda transformarse paulatinamente en el equilibrio económico sano y espontáneo de una nación normalmente desarrollada, cuando la hipertrofia del petróleo se reduzca a sí misma o en razón del incremento y progreso de otras ramas de nuestra actividad económica (Ibid: 18).

La tesis de “Sembrar el Petróleo” significaba que la renta petrolera debía ser utilizada, en

parte, en asistencia al capital privado para que éste fortaleciera su capacidad productiva. A lo que

Uslar se opuso fue al consumo parasitario de la renta petrolera, a vivir del petróleo sin producir, a

utilizar el ingreso petrolero como gasto corriente, pagando una burocracia estatal que nada tenía que

ver con la actividad productiva o subsidiando empresas ineficientes e improductivas, en las que el

Estado tuviera poca capacidad operativa.

En síntesis, la versión económica adelantada por el medinismo y cuyo exponente más

sobresaliente fue Arturo Uslar Pietri, estaba orientada a dirigir la intervención del Estado para crear

las condiciones necesarias que impulsaran la actividad productiva del país. Por lo tanto era

transitorio y no planteaba la sumisión parasitaria a la renta petrolera. El golpe de estado del 18 de

octubre interrumpió este proceso, decretando a su vez la desaparición absoluta de esta concepción.

El modelo impuesto por los nuevos administradores del Estado, aunque interrumpido, parcialmente,

el 24 de noviembre de 1948, se consolidará una década más tarde, a partir de 1958.

16

LA SIEMBRA DEL PETROLEO: OTRA VERSION

Quienes asumen el poder el 18 de octubre de 1945, reivindicando e impulsando las

aspiraciones de democratización de la sociedad venezolana, representan una vertiente de los

sectores que se planteaban, ahora, orientar el Programa Democrático a la lucha por las

reivindicaciones económico-sociales de la población. El discurso reivindicativo planteado por este

sector desde 1936, intentaba establecer, ahora, una relación entre la ausencia de derechos políticos y

la ausencia de beneficios económicos para las grandes mayorías. Visto así, un reducido sector social

acaparaba todo el poder político y era a la vez beneficiario máximo del carácter rentista que asumió

la economía nacional. El Programa Democrático asumía entonces un sentido más amplio. Se trataba

de democratizar no sólo los derechos políticos conculcados, sino, de democratizar también los

beneficios de la renta petrolera (Ibid: 34).

Debe tenerse presente que la política petrolera adelantada durante el trienio, fue

desarrollada sobre las críticas que Acción Democrática había formulado a la política petrolera de

Medina Angarita, a la que catalogaban de timorata y antipatriótica. De tal manera que al asumir la

conducción del Estado, en 1945, se propusieron acabar con el usufructo excesivo, con la

“expoliación” que tanto habían denunciado. Para Acción Democrática las compañías petroleras

extranjeras habían acaparado el subsuelo prolífero nacional explotándolo a su exclusivo arbitrio,

además de someter a la fuerza de trabajo nacional a condiciones desventajosas (Ibid: 32). Con su

arribo al poder, se fortalecían las condiciones para impulsar un discurso reivindicativo que asociara

las aspiraciones de democratización con las socio-económicas.

A partir del 18 de octubre la renta petrolera adquiere un carácter diametralmente opuesto al

que tuvo la anterior administración. Democratizar la renta significaba crear las condiciones

necesarias para que la mayor parte de la población recibiera su “tajada” del ingreso petrolero. Así

por ejemplo, el aumento de la renta que pasó de 43 millones de dólares en 1943 a 389 millones en

1948, estuvo acompañado durante el trienio de una reducción en la tributación interna. Betancourt

lo argumenta de la siguiente forma:

Esta política fiscal respondió a una definida orientación y fue piedra de toque para demostrar cómo queríamos hacer justicia social y aumentar al propio tiempo la capitalización nacional. Si los impuestos percibidos de las actividades económicas más rentables cubrían el mayor porcentaje de los gastos públicos, era de conveniencia nacional que se disminuyeran los impuestos directos sobre rentas de empleados, de empresarios medios y pequeños, de las capas más débiles, en síntesis, de la economía venezolana. Esa medida fue complementada con la eliminación de un número apreciable de impuestos directos (Betancourt, 1986: 292).

17

Pero a juicio de la nueva administración la necesidad de reivindicación de la población era

muy urgente por lo que se requería de otras medidas, capaces de satisfacer las necesidades de al

menos un importante sector de la población:

…si éramos confesos defensores de la política general de altos ingresos. Ingresos para los sectores laborantes, el Estado-patrón debía dar el ejemplo mejorando el nivel de sus sueldos y salarios de quienes trabajan como empleados u obreros a su servicio (Baptista y Mommer, 1992: 39).

Esta política estuvo acompañada de un fuerte gasto social orientado hacia el área de

educación, salud y desarrollo de los servicios públicos, vialidad, etc. Su finalidad: el desarrollo del

capital humano y la creación de un mercado interno.

Se justificaba entonces la intervención directa del Estado en la creación de las condiciones

necesarias para el desarrollo nacional. Solo que ahora pareciera no estar planteado la generación de

un capital productivo, como lo planteó el medinismo, sino, la creación de un Estado fuerte capaz de

intervenir en diversas áreas de la economía y el otorgamiento de subsidios a la población. El Estado

pasa a ser el ente dinamizador de una economía que comenzaba a moverse artificialmente y que ya

para 1948 presentaba algunos elementos de distorsión7.

Así pues, el Programa Democrático incorporaba las reivindicaciones socioeconómicas

como elemento central de los planes de gobierno. Los gobiernos de la era puntofijista se moverán

dentro de una clara expresión populista y promoverán un fuerte capitalismo de estado, del cual

comenzaría a depender la salud económica de la nación. A partir de 1958, no sólo se le restituyen al

pueblo las libertades y los derechos conculcados durante la década dictatorial, sino, se le ofrece

redimirlo de su penuria económica a través de su participación en el reparto de la riqueza petrolera.

Se intentaba romper con el oprobioso pasado de represión y miseria sustituyéndolo por uno de

libertad y prosperidad. Su ejecución estaría basada en el Estado y su instrumento sería el petróleo.

EL DISCURSO DEMOCRÁTICO, SEGUNDA ETAPA

El Programa Democrático que se comienza a instrumentar a partir de 1958, estuvo influido

por dos experiencias fundamentales: la práctica sectaria ejercida por Acción Democrática durante el

7 Rómulo Betancourt al evaluar los efectos de la renta petrolera realiza el siguiente comentario: “… era objeto de preocupación en el Gobierno ver como, al amparo del auge petrolero, la gente gastaba alegremente casi todo el dinero que a sus manos llegaba. (…) Y en lo de no ahorrar del todo, o ahorrar muy poco, el venezolano resultaba un típico exponente de las colectividades mineras. El país en su conjunto resultaba un calco de la California de los días (…) de “la locura del oro”. Gastar hasta dejar vacíos los bolsillos era una consigna nacional (…)”. (Ibíd: 40).

18

llamado trienio adeco y el retroceso que para los avances alcanzados en relación al Programa

Democrático, representó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En consecuencia, a partir de 1958,

la concepción del Programa Democrático estuvo subordinada a la propia preservación del naciente

régimen, lo cual suponía dos aspectos básicos: estabilidad política y democracia económica. Ello

explicaría los acuerdos en torno al llamado Pacto de Puntofijo, así como los esfuerzos por hacer que

el discurso democrático trascendiera el ámbito de los derechos políticos y comenzara a

materializarse en acciones tendentes a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la

población a través de la gestión eficiente del Estado.

Efectivamente, el derrocamiento de la dictadura creó las condiciones para avanzar en un

discurso de unidad nacional que procuraba, en principio, aglutinar a todos los sectores políticos,

proceso que había comenzado durante la lucha clandestina y uno de cuyos pilares fundamentales

fue el Partido Comunista. En febrero de 1957, ante la proximidad de las elecciones presidenciales y

partiendo de la experiencia del fraude electoral promovido por el gobierno en 1952, Pompeyo

Márquez difunde las conclusiones del XIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista, en el

que realizaba un claro llamado a la unidad para derrotar la dictadura:

Hoy se plantea para las fuerzas de oposición, como ayer, derrotar la dictadura mediante la unidad, conquistar un gobierno constitucional que retorne al país a su libre juego político y restablezca el respeto a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos, a las libertades democráticas (Stambouli, 1980: 292).

Más adelante agregaban:

No se puede subestimar la gran lección que el pueblo dio a todas las direcciones de todos los partidos, incluyendo al nuestro, al hacer su unidad en la calle, en las urnas electorales, por encima y a pesar de las diferencias que había en las direcciones de los partidos en relación al proceso electoral…no pueden ser olvidados por ningún líder político, por ninguna dirección de ningún partido que quiera mantener prestigio popular (Ibid: 293-294).

El llamado realizado por el Partido Comunista encontró rápida respuesta en la

conformación de la llamada Junta Patriótica. A partir de entonces, el discurso de Programa

Democrático, en el aspecto político, estuvo dirigido a procurar el establecimiento del consenso

como mecanismo para canalizar las diferencias y dirimir los conflictos. Así quedó expresamente

establecido en el segundo considerando del Pacto de Puntofijo:

b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y los cuerpos deliberantes, de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores

19

de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno (Caldera, 1999: 143).

Aunque no se menciona, hay una clara referencia a hechos del pasado y la expresa intención

de no repetir situaciones que fueron motivo de fricción entre los grupos políticos. Además de esto,

el pacto debe ser visto como un elemento básico en la búsqueda del consenso necesario para el

establecimiento del régimen democrático. A partir de 1945 se redefine el Programa Democrático, y

a su condición liberal, debió agregársele la condición democrática, siendo su expresión más clara el

voto universal, directo y secreto; por esta razón el Pacto de Puntofijo establece lo siguiente:

Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos… La utilización de la fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en oposición legal y democrática al gobierno (Ibid: 143).

Como puede observarse, el discurso de los actores que promovían el Programa Democrático

estaba centrado, ahora, en la búsqueda del consenso como mecanismo para garantizar la

gobernabilidad y asegurar la estabilidad del naciente régimen. Esta fue la pauta que marcó la

actuación de los actores políticos, por lo menos, hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Pero sostener la democracia, requería no solamente de los aspectos políticos, sino también, de los

económicos, por ello se hizo énfasis en retomar la bandera de democratización de la riqueza

petrolera. La misma realidad socioeconómica obligó a retomar esa bandera y crear una obra

material que fuese capaz de superar en eficiencia y grandeza la obra del régimen perezjimenista.

Compartimos la afirmación que la jerarquización de los elementos contentivos de esta política

económica puntofijista, estuvo relacionada con lo que Germán Carrera Damas ha llamado la

existencia de una problemática vinculada a los problemas característicos de una sociedad de masas:

desempleo, marginalidad, alto índice de analfabetismo, malos servicios públicos, deficientes

sistemas de salud, etc; situación que en el caso venezolano, según Carrera Damas, sería resultado de

dos factores: la propia evolución histórica de la sociedad y su articulación con el Sistema Capitalista

Mundial (Carrera Damas, 1991: 199).

En este contexto, el Estado se comprometía a dotar la infraestructura necesaria y promover

la capacitación del personal que de forma directa e indirecta apoyaría el establecimiento del sector

industrial y facilitaría su desempeño de forma más eficiente y productiva. Darle respuesta a esta

situación era, no solo una obligación del Estado, sino también, una exigencia del capital

20

transnacional. Sanar y educar la población eran requisitos necesarios para acometer exitosamente el

establecimiento del parque industrial necesario para adelantar el llamado proceso de Sustitución de

Importaciones. Concientes de esta necesidad los primeros gobiernos puntofijistas multiplicaron y

utilizaron todos los recursos del Estado para enfrentar la situación, pudiendo, en un lapso de diez

años exhibir logros importantes. Así por ejemplo, la expectativa de vida que en 1941 era de 47 años,

se ubicaba para 1968 alrededor de los 69 años; para ese mismo año se había construido una

importante y bien dotada red hospitalaria; a finales de la década de los sesenta había cerca de

cuatrocientos hospitales en todo el país y el número de camas pasaba de 36.000 (Salcedo, 1982:

584). En cuanto a la mortalidad infantil, para 1966 solo tres de cada mil niños no alcanzaban el

primer año de vida (Ibid: 551).

Otro sector en el que el Estado intervino de manera enfática fue el educativo. Desde 1958 se

tomaron todas las previsiones jurídicas a los fines de garantizar el acceso a la educación a la mayor

parte de la población. Así pues, el artículo 78 de la Constitución de 1961 establecía: “Todos tienen

derecho a la educación…sin más limitaciones que las derivadas de su vocación y aptitudes”,

derecho éste que se garantizaba a través del carácter gratuito y obligatorio. El Estado debió invertir

importantes recursos, materiales y humanos, para superar la deplorable situación educativa. La

perspectiva educacional desarrollada por el puntofijismo se fundamentó en dos grandes aspectos:

“la realización del proyecto político de establecer y consolidar un sistema educativo democrático y

liberal y al logro de un desarrollo social y económico similar al alcanzado por los países

industrializados. La educación debía ser educación para la democracia y para la formación de

recursos humanos” (Hung y Piñango, 1984: 432). A lo que habría que agregar que el acceso a la

educación se constituía en parte importante del proceso de democratización de la riqueza petrolera,

además de representar un medio expedito de ascenso social.

Esta orientación del Programa Democrático fue el resultado de la evaluación que de la

coyuntura histórica realizaban los actores políticos que lo sostenían. En primer lugar, el impacto

político e ideológico que significó la revolución cubana y, como derivación de ella, la intención que

muestran los sectores desplazados del Pacto de Puntofijo, de imitar la experiencia exitosa de asalto

al poder. Por ello, como hemos afirmado anteriormente, el propósito central de esta etapa fue la de

preservar el propio régimen, porque de su existencia dependía la realización de los otros aspectos

del Programa. Afianzar la gobernabilidad democrática requería, no sólo, de la práctica de los

derechos políticos, y de la legitimación del propio sistema, aspecto logrado a través de la

promulgación de la Constitución de 1961, la más consensual de nuestra historia republicana; sino

también, de la materialización de los derechos socioeconómicos. Por ello, los actores políticos

21

signatarios del Pacto hicieron los esfuerzos necesarios para sostener el consenso, en los términos

establecidos en el documento suscrito. Dos entes se convirtieron en los propulsores de esta

orientación política: el sistema de partidos y el capitalismo de Estado. Mantener el consenso sería la

tarea fundamental del primero. Garantizar los derechos socioeconómicos la labor del segundo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos tratado de demostrar en estas páginas, la concepción del Programa

Democrático que sus propulsores defendieron, por lo menos hasta el primer gobierno de Carlos

Andrés Pérez, no fue única y lineal; por el contrario, ella se va perfeccionando y adaptando a los

requerimientos que el momento político señalaba, así como a las necesidades requeridas por la

sociedad venezolana. La afirmación adquiere visos de importancia a los fines de una relectura de la

historia contemporánea venezolana, sobretodo si se toma en consideración el impacto que el

discurso político resiente ha tenido sobre nuestro sistema político.

Efectivamente, el siglo XX venezolano ha estado signado por la impronta que la llamada

Generación del 28 ejerció sobre el desarrollo sociopolítico de la Nación, y más específicamente, por

la influencia y trascendencia de figuras destacadas como Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y

Rafael Caldera. En términos generales, un cierto imaginario colectivo cree que el régimen político

impulsado por estos actores estuvo predeterminado, con unos objetivos bien definidos y una clara

orientación de cuales serían sus metas y hacia donde habría que avanzar. A ello habría contribuido

el desenvolvimiento posterior del propio régimen, su devenir en un sistema bipartidista; la

subordinación de intereses nacionales al de los partidos políticos; el aumento desbordado de la

corrupción y la ausencia de castigos a los delitos contra el patrimonio público, entre otros factores.

En general el venezolano tiene poca conciencia respecto de la importancia de este período

histórico. El Programa Democrático adelantado a partir de 1936, significó una variedad de aspectos

políticos, económicos, sociales, culturales, que con carácter reiterativo y como aspecto común

fueron planteados por los actores políticos organizados como parte de sus bases programáticas y/o

planteamientos ideológicos. El surgimiento del Programa Democrático es denotativo del grado de

madurez que como grupo alcanzan esas organizaciones, y del nivel de profundidad que, en torno al

análisis y estudio científico de la sociedad realizan. En este sentido tanto el positivismo como el

marxismo resultaron herramientas de gran utilidad.

La elaboración del Programa Democrático supone una visión de país, supone un conjunto

de aspiraciones y metas a alcanzar como país y, supone además, los mecanismos por medio de los

cuales alcanzar esas metas.

22

Por otra parte, el Programa Democrático es un proyecto colectivo, el aglutina y sintetiza el

mayor número de aspiraciones posibles dentro de una visión común. Nótese el detalle, se trata de un

proyecto colectivo, de allí la diferencia entre éste y el Programa que pudiera presentar algún sector

organizado: político, empresarial, académico, cultural, deportivo, en un momento determinado. Lo

segundo puede ser el resultado de cualquier cosa: desde la preocupación ante determinada situación

y la contribución que, desde la posición que se ocupa se pude aportar, hasta particulares y

mezquinos intereses. Lo primero es la respuesta de una sociedad que busca salidas a su propio

proceso evolutivo.

Precisamente, por estar planteado en estos términos es que el proceso de aprendizaje

democrático fue lento y cauteloso. Sus proponentes debieron aprender que una sociedad, en los

términos por ellos esbozada, sería el resultado de una mancomunidad de intereses en el que todos

debían tener igualdad de oportunidades y corresponsabilidad en el éxito del proyecto emprendido.

La comprensión de tal realidad sería el resultado de un largo proceso de ensayo y error, durante el

cual la concepción que se tenía respecto de los problemas fundamentales de la sociedad, así como

de sus posibles soluciones, irá moldeándose progresivamente hasta desembocar en una visión que,

parafraseando al Libertador, se podría decir, reunía la mayor suma de consenso posible.

A tal realidad sólo se llegará luego de un cúmulo de fracasos: el de unificar a las izquierdas

en la década de los treinta para enfrentar las reminiscencias del gomecismo durante el gobierno de

López Contreras; el de los enfrentamientos constantes durante el medinismo por el control del

movimiento sindical; la incapacidad para mantener los acuerdos de cara a la sucesión presidencial

de 1946; la lucha fraticida por el control de los espacios públicos durante el llamado trienio adeco;

la imposibilidad de articular esfuerzos para enfrentar al régimen militar luego del golpe de estado

contra el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos. En otras palabras, el proceso político que se

inaugura en 1958, sería el resultado de la comprensión de todos esos fracasos, de la necesidad que

había de superarlos si se aspiraba sobrevivir política y hasta físicamente, y de la articulación de

esfuerzos por construir una propuesta de país que reuniera la mayor suma de apoyos, que reuniera el

mayor consenso posible.

La versión del Programa Democrático ofertada a partir de 1958, debía ser lo

suficientemente atractiva para superar en grandeza material la obra realizada por el perezjimenismo,

y debía ser tan blindada, que evitara retrocesos en logros tan importantes como la consecución de la

paz. No otra cosa aspiraban los venezolanos a fines de los años cincuenta. El llamado espíritu del 23

de enero fue sintetizado de forma magistral por el entonces diputado Jóvito Villalba, quien al

cumplirse el primer aniversario de la magna fecha, lo sintetizaba de la siguiente manera:

23

Venezuela está ansiosa de justicia, pero también está ansiosa de paz, porque en realidad no se puede hacer justicia al pueblo si no hay paz, si no hay orden que permita la construcción nacional, la obra de levantar la economía, la de exigir una cultura propia, la de crear instituciones. Debe tener nuestro trabajo constituyente esos dos objetivos: paz y justicia. Es decir, la paz como medio para lograr la justicia a favor del pueblo y la unidad y la grandeza de Venezuela (Aveledo, 2007: 58-59).

Luego de más de 25 años de lucha política los propulsores del Programa Democrático

comprendieron que en el consenso estaba la clave para avanzar en un camino común y que, de

alguna forma, la suerte de uno estaba unida a la de todos. El Programa Democrático que se oferta al

país a partir de 1958, recoge y es resultado de toda esta experiencia y representa el esfuerzo más

consiente y sostenido que, en función de un proyecto de país, se haya realizado hasta el presente,

esto incluido todo el cúmulo de errores y defectos, que le son atribuibles. Por tanto, una

comprensión más cabal de la historia contemporánea venezolana, pasa por una relectura de este

período a los fines de comprender su verdadero significado. Una tarea que aún está por realizarse.

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