Coordinación Intergubernamental

8/18/2019 Coordinación Intergubernamental

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en un momento histórico determinado, sin que eso implique que sean sólo las políticas sociales

las intervenciones destinadas a resolver las cuestiones a enfrentar. Por otra parte, las políticas

sociales buscan responder a los problemas sociales, que al igual que todos los problemas

públicos, no responden a una causa única, siendo más bien complejos, multidimensionales en

sus orígenes, modalidades y efectos. Cada involucrado en el problema tiene sus propias

interpretaciones (combinación de intereses, ideologías, percepciones, expectativas, información,

etc.) acerca del asunto, así como de sus posibles causas y potenciales formas de enfrentarlo.

Reconocer la muldimensionalidad de los problemas sociales y la existencia de diversas

fuentes de bienestar implica dejar de lado, rápidamente, diversos tipos de ilusiones

monocausales, entre las cuales sobresalen las siguientes: a) “lo importante es contar con famil ias

capaces de proteger de los diversos riesgos a sus integrantes”; b) “lo fundamental es tener un

mercado dinámico que genere empleo e ingresos suficientes”; c) “contar con organizaciones

sociales y comunitarias sólidas y bienintencionadas es la solución a los problemas que pueden

enfrentar los miembros de esa comunidad”; d) “tener un Estado central capaz de llevar adelante

políticas sociales apropiadas es lo que permitirá asegurar niveles importantes de bienestar

social”; e) “lo que realmente importa es que sean los niveles subnacionales y/o locales del Estado

los que decidan y lleven adelante las políticas sociales que se requieren en los territorios

específicos”. Se trata de perspectivas todas ellas importantes en sí mismas y que, de un modo u

otro, permean recurrentemente los debates públicos. Pero, de modo individual y atomizado,

resultan insuficientes.

América Latina, con su compleja heterogeneidad (político-institucional; socio-

económica; cultural), ha sido históricamente pero más aún en años recientes, una región en la

cual los problemas sociales se han agudizado en sus magnitudes al mismo tiempo que

redefinidos en cuanto a sus dimensiones significativas. Los países que la componen han sido

escenarios recurrentes en los cuales se han llevado del discurso a la práctica, por lo general de

modo acrítico, decisiones y acciones públicas que encarnaban aquellas ilusiones recién

mencionadas. Es a partir del creciente reconocimiento de los límites de respuestas parciales e

inconexas que, al menos en el discurso, ha ido cobrando fuerza el reclamo por avanzar hacia una

mayor coordinación de las acciones ante los problemas públicos, no solamente dentro del Estado

sino también entre éste y los actores que operan en el mercado y la sociedad civil.


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Por tal motivo, este trabajo se concentra en la cuestión de la coordinación de las

intervenciones públicas asociadas estrechamente al bienestar social. Para ello, en la primera

sección se esboza una serie de lineamientos conceptuales para entender a qué nos referimos

cuando hablamos de coordinación, abordando asimismo el para qué y los posibles beneficios de

la misma. En la segunda parte se presentan los diversos niveles de coordinación que pueden

alcanzarse, que van desde los minimistas donde lo que prima es el intercambio de información, a

los maximalistas, donde lo que prima es la consecución de estrategias de acción integradas y

consensuadas; en esta sección se asoma, asimismo, un decálogo de criterios que permiten

avanzar en la coordinación. Aunque todos estos criterios son importantes en sí mismos, ellos

asumirán protagonismos y significancias diferentes para cada nivel de coordinación. En la

tercera sección se propone interpretar los procesos de coordinación desde el prisma de las reglas

institucionales que afectan y enmarcan el proceso, así como de los actores involucrados en el

mismo, entendiendo que esta perspectiva capta aspectos cruciales que afectan el éxito o el

fracaso de la coordinación en general y en cada uno de los diversos niveles en particular. En la

cuarta y última parte, se plantean conclusiones abiertas acerca de la coordinación, sus desafíos y

las estrategias requeridas para abordarla exitosamente.

1.- NOTAS EXPLORATORIAS SOBRE LA COORDINACIÓN

1.1.- ¿Por qué es necesaria la coordinación?

Ya iniciado el siglo XXI, resulta evidente que “lo público” no puede quedar limitado,

como lo fue durante décadas, a lo que hace el Estado (incluyendo el alcance de su propia

presencia). Más allá de que comiencen a acallarse los ecos fundamentales de los ataques al

Estado y la estatidad, que fueron moneda corriente en años recientes bajo la expectativa de que

las organizaciones sociales o el mercado podrían por sí mismas hacer mejor las cosas que el

aparato estatal, la buena noticia es que asistimos a una revisión conceptual y práctica sobre qué

entendemos por lo “público”. Esto permite no sólo re-interpretar qué son los “problemas

públicos” sino también (y lo más importante a los fines de este trabajo), permite ampliar la

perspectiva desde una óptica acotada de política pública a una perspectiva más amplia de

“intervenciones públicas”.


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Lo anterior no implica, por supuesto, debilitar o desconocer la importancia fundamental

que tienen las políticas públicas, en tanto las mismas expresan la toma de posición del Estado

ante cuestiones socialmente problematizadas (Oszlak y O`Donnell, 1984). Sólo implica el

reconocimiento, como se planteó en la introducción, de que cuestiones tan complejas como el

(potencial) bienestar de la población no podrá enfrentarse, exclusivamente, con políticas públicas

y, en particular, con políticas sociales. Se requiere, al fin de cuentas, de una amplia, cambiante y

compleja coordinación de voluntades, recursos y acciones.

Y se requiere coordinación, entre otras razones, porque “...no es de extrañar que haya

incoherencia entre algunos objetivos sectoriales, que se observe falta de comunicación y diálogo

y, por consiguiente, descoordinación de acciones y actividades entre las diversas autoridades y

organizaciones gubernamentales encargadas de la implementación de las políticas públicas

correspondientes: transversalmente (entre áreas funcionales), verticalmente (entre los niveles de

gobierno central, estatal y municipal), y longitudinalmente (entre diversos horizontes

temporales)” (Lerda, Acquatella y Gómez, 2005:67). Complementario a este enfoque, resalta los

aportes de Martínez Nogueira (2005) y Serrano (2003), cuando remarcan algunos problemas

fundamentales de la gestión pública, claramente presentes en el ámbito de lo social y cuyas

manifestaciones problemáticas reclaman coordinación: complejidad de ámbitos y niveles,

excesiva diferenciación estructural, sectorialización inadecuada, fracturas y segmentaciones

organizacionales, la presencia de nuevos actores, la predominancia de modelos de gestión de

baja interdependencia e interacción5. Esta perspectiva se ve complejizada, a la vez que

enriquecida, cuando se ubica a las políticas públicas en un marco más amplio, donde también

resultan relevantes las intervenciones de otros actores no estatales.

En suma, se requiere coordinación porque muchos problemas públicos son altamente

complejos y no pueden resolverse con respuestas aisladas y teñidas de especialización sectorial.

Como afirma Aguilar Villanueva: “Algunos son problemas relativamente sencillos y localizados,

con respuestas disponibles; otros son problemas complejos, de escala, interdependientes, que no

son tratables aisladamente” (1993:23). Son los problemas que conforman este segundo conjunto

los que requieren, entre otros aspectos, del ejercicio creativo, político y gerencial, de la

5 En particular Serrano (2003) resalta cuestiones similares que potencian la necesidad de la coordinación, a la vez

que afectan el logro de la misma: cada actor o agencia busca preservar su autonomía e independencia, las rutinas

organizacionales son difíciles de sincronizar, los objetivos, misiones y expectativas de los involucrados son

diferentes.


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coordinación. Más aún, cuando los involucrados son múltiples jugadores, en general expresados

en organizaciones complejas y por lo general especializadas sea en sus prácticas de gestión, sea

en sus temáticas de interés.

1.2.- ¿Qué beneficios genera la coordinación?

Es evidente que cada actor por sí mismo, en su dimensión organizacional, tiene

problemas internos de coordinación. Sea entre direcciones de un ministerio, departamentos de

una empresa o áreas de trabajo en una organización de la sociedad civil, el logro de acciones

colectivas suele ser difícil de cumplir. En esos casos, de búsqueda de coordinación dentro de una

organización específica, la forma más usual de resolver los problemas de coordinación (o al

menos intentar resolverlos) suele ser el uso de la jerarquía. Pero cuando se trata de la

coordinación inter-organizacional donde no necesariamente priman relaciones de jerarquía, los

énfasis se desplazan a atender cuestiones como la búsqueda de acuerdos, la negociación, el ajuste

mutuo, la interacción (Martínez Nogueira, 2005).

La coordinación también permite reducir incertidumbre a la interacción entre los

involucrados, a la vez que ayuda a integrar aportes especializados (Cortázar, 2003). Asimismo,

es reconocida como un procedimiento que permite eliminar contradicciones o redundancias y a

la vez desarrollar políticas integrales6. Por tanto, y tomando como primera referencia lo que

sucede en la gestión estatal de las políticas públicas, la coordinación permitiría alcanzar los

siguientes objetivos: i. evitar o minimizar la duplicación y superposición de políticas; ii. reducir

las inconsistencias de las políticas; iii. asegurar prioridades de políticas y apuntar a la cohesión y

coherencia entre ellas; iv. atenuar el conflicto político y burocrático; v. promover una

perspectiva holística que supere la mirada sectorialista y estrecha de las políticas (Peters, 1998).

Puede afirmarse, en consecuencia, que la coordinación (cuando realmente se requiere y

no en tanto “moda a seguir”) se constituye en un medio privilegiado para lograr sumar esfuerzos

orientados al logro de objetivos estratégicos. Ante problemas públicos complejos, con múltiples

aristas y diversidad de aspectos involucrados en sus orígenes y su desarrollo, una intervención

coordinada puede ayudar a afrontar, al mismo tiempo y con acciones tanto especializadas como

6 En el campo específico de la gestión pública, una de las aproximaciones actualmente en boga es aquella que

concibe la coordinación como un proceso a través del cual las políticas y programas gubernamentales se caracterizan

por un mínimo de redundancia, incoherencia y vacíos (Véase Comisión de Servicios Estatales del Gobierno de

Nueva Zelanda, 1999).


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transversales, las diversas dimensiones que requieren atención. El logro de la coordinación

implica, en suma, una articulación virtuosa entre integración, coherencia y gestión (Lerda,

Acquatella y Gómez, 2005:69).

Para alcanzar dicha articulación, la coordinación debe apuntar también a la creación de

sinergias (asociación y colaboración) de distintos tipos para el logro de objetivos específicos.

Distinguimos cuatro tipos de sinergias, a saber: i. cognitivas, que promueven el intercambio de

información y conocimiento entre las partes; ii. de procesos y actividades, necesarias para

implementar acciones estratégicas concertadas entre los distintos actores y sectores participantes;

iii, de recursos, para establecer articulaciones y complementariedades entre los participantes a

nivel del presupuesto y de competencias en juego; y iv. de autoridad , pues la coordinación exige

decisión y fuerza política para crear convergencias y articulaciones entre los mandatos

ministeriales. Adicionalmente, y cuando lo logra, la sinergia que la coordinación promueve es

también de carácter cultural en la medida en que la acción concertada entre los diversos actores

y sectores que participan en la política social se hacen más cercanos a las diversas culturas de las

partes involucradas, promoviendo el intercambio de saberes entre los distintos miembros que

participan. Indiscutiblemente que este proceso sinérgico no está exento de luchas de poder,

resistencias al cambio en la cultura organizacional y obstáculos a nuevas prácticas de acción

intersectorial. Estas potenciales sinergias no quedan acotadas al sector estatal, sino que se

expresan también (aunque en parte redefinidas) cuando se observan los procesos tendientes a

coordinar al Estado con los actores del mercado y la sociedad civil.

1.3.- ¿Qué entendemos por coordinación?

Esbozadas las razones y beneficios que tornan necesaria la coordinaciónse requiere ahora

avanzar en lo que se entiende precisamente por coordinación. Cabe antes aclarar algunas

cuestiones básicas: “Primero, la coordinación por sí misma no necesariamente genera resultados

positivos (...); Segundo, también existen casos de coordinación implícita o tácita (es decir, una

coordinación para la que no se ha establecido ni anunciado acuerdo alguno) (...); Tercero, a la

inversa, las acciones coordinadas dentro de un acuerdo formal podrían aplicarse de manera

imperfecta o ser contrarrestadas por otras medidas no contempladas en el acuerdo” (Ghymers,

2005:26-27).


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por algún nivel de interdependencia en torno a una materia o problemática en común. Al decir de

Echebarría: “La necesidad de coordinación surge de la interdependencia, del hecho que dos

unidades de la misma o diferentes organizaciones compartan un entorno de trabajo. Esto ocurre

por el hecho de actuar sobre la misma realidad externa (un sector de la población), porque

intercambien recursos (coordinación con proveedores o clientes) o porque comparten objetivos

generales (de la organización o del sistema de organizaciones al que pertenecen” (2001: 8-9).

En síntesis, en este documento entendemos “coordinación” como el proceso mediante el

cual se construye sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un

campo concreto de intervención pública asociado a temas estratégicos, al mismo tiempo que en

dicho proceso se crea o redefine un sistema de reglas de juego formales e informales a través de

las cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, más allá de sus

intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre sí. El mencionado proceso

ayudará a evitar duplicaciones, derivará en la fijación de objetivos y prioridades, mejorará la

accountability de la gestión, incidirá en la decisión de qué y cuántos recursos movilizar en plazos

determinados y, por último y quizás lo más relevante, hará que la implementación y evaluación

se aproximen de modo importante a aquellos objetivos planteados por los responsables de las

intervenciones públicas objeto de este proceso.

Esta aproximación al concepto de coordinación nos permite explorar diversas expresiones

de intervenciones públicas ante problemas que afectan de un modo u otro el bienestar de las

sociedades. Permite, por ejemplo, analizar las políticas y programas que lleva adelante el Estado,

tanto en cada nivel de gobierno, como entre niveles gubernamentales. Facilita, también, explorar

las complejidades de las alianzas público-privadas así como las posibles complementariedades

de trabajo entre el Estado y las organizaciones del mercado y la sociedad civil.

A partir de este preliminar abordaje analítico, enmarcaremos a continuación los

diferentes niveles de coordinación así como un conjunto de criterios que permiten alcanzarlos.

2.- NIVELES Y CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN

En primer lugar hay que reconocer que existe una gran gama de estadios o de niveles

posibles de coordinación. Unos son los minimalistas, donde el acento está puesto sobre todo en

el intercambio estratégico de información, base de la comunicación y de una buena relación entre

los entes que desean coordinarse. Pero hay otros, los maximalistas, más exigentes en los


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intercambios entre los entes participantes y en el tipo de acuerdos a los que pueden llegar. Para

alcanzar los diferentes niveles de coordinación hay un conjunto de criterios que pueden tenerse

en cuenta. Este es el objetivo de esta sección: presentar los posibles niveles de coordinación y

asomar criterios que permitan alcanzarlos.

2.1 – Niveles de coordinación

Podríamos afirmar que existe una amplia gama de estadios de coordinación, estrechamente

relacionados entre sí, pero que definen niveles específicos en una escala que avanza de un nivel

mínimo a otro máximo y que se alcanzan de manera variada según el caso, incluyendo desde

comunicación entre actores, pasando por consultas, negociaciones y consensos, hasta llegar a

estrategias nacionales consensuadas. En la Tabla 1 presentamos una escala de niveles que aunque

integrados entre sí, pueden ser asumidos con relativa autonomía unos respecto de los otros, sin

que necesariamente figuren todos ellos en un mismo proceso. Según el nivel que se alcance en

dicha escala, el ejercicio de la coordinación tendrá un carácter más o menos amplio, con sesgos

minimalista o maximalista.

Tabla 1: Niveles de coordinación

Nivel Tipo de acción Resultados

I

(básico)

Comunicación entre actores y

entes

Delimitación y clarificación de roles

y funciones

Consulta a actores y entes

II

(intermedio

básico)

Negociaciones para evitar

divergencias entre actores y entes

Negociación

III

(intermedio

avanzado)

Construcción de consensos a

nivel interorganizacional

Concertación entre actores y

sectores

Arbitraje del gobierno central

para resolver diferencias

interorganizacionales

IV(avanzado) Establecimiento de parámetros

organizacionales

Alineación estratégica

Definición de prioridades

gubernamentales


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Estrategia general de gobierno

Fuente: Adaptado de OECD, PUMA (1996), citado en Peters (1998: 7).

La escala anterior nos permite advertir que la coordinación pasa por un ejercicio de la autoridad

que va en el mismo orden haciéndose cada vez más compartida y, por ende, cada vez menos

concentrada. Estos distintos niveles de la escala están relacionados con la complejidad de las

políticas y los programas, con las condiciones y mecanismos a través de los cuales operan las

relaciones intersectoriales, y con la delegación de autoridad y poder para definir y lograr

objetivos estratégicos, a medida que se avanza hacia enfoques maximalistas de coordinación.

Esta escala sirve también para relacionar la llamada coordinación vertical con la

horizontal. La coordinación que es impuesta jerárquicamente, desde el nivel superior del

ejecutivo hasta los niveles operativos, es conocida como coordinación vertical y se respaldafuertemente en la autoridad formal de quien ejerce ese tipo de coordinación. En la práctica, esta

modalidad ha evolucionado progresivamente para responder a la complejidad de la acción debido

a la emergencia de nuevas problemáticas y cambios en el contexto. La coordinación jerárquica (o

vertical) es fundamental para garantizar la articulación de los esfuerzos entre departamentos y

agencias mediante un trabajo concertado y compartido.

Asimismo, la coordinación vertical se apoya cada vez más en la coordinación

horizontal, constituida básicamente mediante redes intersectoriales para el desarrollo de las

diferentes políticas y programas y respaldada en apropiados ejercicios de autoridad informal. La

aproximación analítica a la cuestión de las redes de política pública es siempre un camino posible

para nutrir esta discusión de la coordinación de intereses e ideologías en conflicto en el campo de la

política social. Más allá de los límites que pueda tener esta aproximación, es pertinente acompañar a

Agranoff y Lindsay (1983) cuando destacan una serie de condicionantes que se requieren para el

éxito del funcionamiento de las redes: desplegar un gran esfuerzo para llegar a un entendimiento

común; propiciar situaciones en que todos ganen; hacer participar a las verdaderas instancias

decisorias políticas y administrativas; concentrarse en cuestiones específicas; evaluar

permanentemente y negociar las soluciones; crear un marco para la acción cotidiana (cfr. Fleury,

2002). Puede indicarse, en síntesis, que las redes complementan la coordinación vertical pero no


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la sustituyen y ambas permiten articular estrechamente, cuando ambos funcionan, los esfuerzos

multisectoriales del gobierno central en materia social8.

2.2.- Decálogo de criterios para hacer avanzar la coordinación

Tomando en cuenta los aspectos básicos que permiten entender los procesos de

coordinación, los diversos ámbitos en que la misma puede expresarse en temáticas asociadas

estrechamente a las políticas sociales, y el prisma analítico de instituciones y actores, es posible

ahora avanzar en el trazado de algunos criterios que pueden, en caso de manifestarse en la

práctica, guiar la coordinación9. La Tabla 2 presenta un decálogo de ellos:

Tabla 2: Decálogo de la Coordinación: Criterios Básicos

Definición de objetivos estratégicos

Estructuras organizativas y mecanismos idóneos

(con objetivos y funciones concretas y claramente definidos)

Capacidad de gestión y liderazgo

Sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación

Voluntad política

Participación de actores claves

Sinergias

Institucionalidad legítima

Espacios de diálogo y deliberación

Cultura de cooperación e incentivos

Fuente: Licha y Molina (2005)

8 La literatura sobre redes de políticas públicas va cobrando fuerza en los debates contemporáneos. Para un “estado

del arte” actualizado sobre esta cuestión, ver Zurbriggen (2003).

9En tal sentido, estos criterios una vez se manifiestan en la práctica, bien pueden entenderse como condiciones

necesarias para hacer avanzar la coordinación.


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1. Definición de objetivos estratégicos.- Este criterio es básico en tanto el punto de

partida de todo proceso de coordinación es que existan objetivos iniciales, idealmente

estratégicos y prioritarios, que sean compartidos por los distintos involucrados. Estos

mismos objetivos, es bueno aclararlo, bien pueden evolucionar y redefinirse a medida

que se avance en el proceso de coordinación, hasta hacerse cada más estrategicos,

siendo esta redefinición uno de los logros importantes de la coordinación. Como

sabemos, los distintos actores involucrados obedecen a diversas lógicas, intereses y

expectativas, a diferentes mandatos y recursos, por lo que generar una convergencia

entre ellos en función de la definición de objetivos estratégicos es un desafío mayor del

proceso de coordinación. Los mecanismos de consulta y los sistemas de planificación

estratégica, ampliamente aplicados en el ámbito de la coordinación, vienen en ayuda de

esta tarea, que se traduce luego en la priorización de los programas de trabajo y

movilización de recursos de los distintos involucrados en el proceso. A través de estos

caminos, la coordinación logra orientar y decidir las acciones prioritarias, asegurando la

coherencia y pertinencia de las intervenciones. Para la articulación e integración de los

objetivos se requiere también de estructuras que vinculen el diseño con la ejecución de

las acciones y sistemas de información que den retroalimentación al proceso de

formación de las intervenciones públicas.

2. Estructura organizativa y mecanismos idóneos para relacionarse. Un segundo

criterio para ejercer la función de coordinación es la existencia de una estructura

organizativa dotada de legitimidad, apoyo político y capacidad técnica, que pueda

conducir el proceso. Dicha estructura se habrá de apoyar en un conjunto de instancias

que aseguren la coherencia y pertinencia de las acciones de coordinación. Tal estructura

es la que articula el diseño con la ejecución de las intervenciones y promueve acciones

de fortalecimiento de las diversas unidades y sectores involucrados en la gestión social,

dotándolas de los apoyos técnicos necesarios.

3.

Capacidad de gestión y liderazgo.- Este criterio destaca las capacidades políticas y

técnicas, a la vez, que se requieren para ejercer la coordinación. Son capacidades de

gestión que aseguren legitimidad, aprendizaje, efectividad y cohesión. Entre estas

capacidades sobre salen las de negociación, participación, resolución de problemas,

definición de objetivos, creación y difusión de conocimiento, articulación,


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implementación. Todas ellas están contenidas en lo que se ha dado en llamar Capacidad

Colaborativa Interagencial (CCI)10

, construida para transformar en términos tanto

conceptuales como institucionales, organizativos y operativos, el modo en que se

desarrollan las políticas y programas. En particular conviene destacar aquí la importancia

que cobran las capacidades de liderazgo. Es claro que sin la presencia de un liderazgo,

que por cierto no tiene que ser formal, es imposible avanzar en los procesos de

coordinación.

4. Sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación.- Un cuarto criterio de

coordinación es disponer de sistemas de monitoreo y evaluación, junto con una estrategia

de información11

y comunicación, con el fin de poder informar, sensibilizar, asegurar

equidad en el acceso a la información y favorecer el diálogo entre los actores claves para

mejorar la pertinencia de las intervenciones. La articulación y coordinación de las

acciones que operan sobre los problemas sociales requieren de una estrecha colaboración

operativa entre diferentes entes y sectores. La coordinación requiere, a su vez, de marcos

novedosos de gobernabilidad para pautar los esquemas de cooperación. En tal sentido,

dichos marcos deben incluir: liderazgo claro, roles y responsabilidades bien definidos,

procesos concertados para el trabajo conjunto y claridad de resultados y expectativas,

para lo cual el recurso de sistemas de monitoreo y evaluación resulta fundamental.

5. Voluntad política.- Este criterio se refiere a la importancia que tiene el hecho de que las

máximas autoridades políticas y representantes de los actores involucrados en procesos

de coordinación se comprometan con la búsqueda de acuerdos básicos, creando

institucionalidad apropiada para llegar a acuerdos y hacerlos cumplir. Este factor también

está estrechamente vinculado con la necesaria convergencia de perspectivas en cuanto al

tipo de intervención pública que se requiere para enfrentar los principales problemas

sociales.

10 CCI hace referencia al conjunto de capacidades relacionadas con el conocimiento y las herramientas necesarias

para movilizar equipos y redes, desarrollar marcos compartidos para el análisis y comprensión de los hechos y paradefinir papeles, responsabilidades y objetivos, planificar e informar. Entre ellas se destacan condiciones como

voluntad política y burocrática, liderazgo, flexibilidad, confianza y cultura de colaboración (Gobierno de Nueva

Zelanda, 1999).11 Mokate (comunicación personal) ha propuesto darle más relevancia al tema de la información, en tanto interpreta

que la misma tiene dinámicas y complejidades diferentes a otros recursos administrativos, resultando además un

insumo clave para lograr la efectividad de la coordinación. Indica, asimismo, que la manipulación de la información

en función de ser ella misma un recurso de poder, suele resultar un obstáculo para alcanzar buenos niveles de

coordinación.


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6. Participación de los actores claves.- La participación de los actores claves aparece como

un criterio básico de la coordinación, en tanto la misma implica un proceso con

potencialidad para articular y sistematizar los aportes de los distintos entes y actores de la

administración federal, municipal y dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil y

el mercado, todos ellos involucrados en las intervenciones públicas que requieren

coordinación. El enfoque participativo y concertado de la coordinación surge como un

factor de éxito del proceso, a condición de que la participación se abra genuinamente a

los actores relevantes de cada sector y, además, apunte a establecer acuerdos

fundamentales entre ellos que se expresen en intervenciones concretas. Es importante que

la participación sea amplia e incluyente para que logre ampliar la deliberación en torno a

las mejores opciones de cursos de acción más allá de los círculos tecnocráticos y de las

élites, que son quienes tradicionalmente participan en el proceso de definición de las

intervenciones.

7. Sinergias.- Las sinergias cognitivas y de recursos (de conocimiento e información), de

actividades (operativas), de autoridad (mandatos organizacionales), sumadas a las

sinergias culturales, buscan en su conjunto asegurar esquemas de cooperación para

desarrollar intervenciones públicas complejas y de gran escala, reduciendo costos y

desarrollando capital social. Todo proceso de coordinación compleja se fundamenta en la

generación de sinergias, que a la vez es uno de los efectos más importantes que resultan

del ejercicio de coordinación. Estos esquemas de cooperación son de alcance macro

(centrada en conceptos, que apela a un enfoque holístico de las políticas para superar su

fragmentación) y micro (centrada en proyectos, que tienen asignados tiempos y recursos

limitados), y funcionan a través de sinergias, esto es, con interacciones virtuosas cuyos

efectos combinados permiten alcanzar mejores resultados que los que se puedan lograr

sin cooperación. La experiencia muestra que la articulación y coordinación de las

políticas sociales requiere de una visión estratégica compartida y de una estrecha

colaboración operativa entre diferentes entes y sectores interministeriales. También

requiere de articulación y coordinación intergubernamentales, al igual que de sinergias

entre Estado, mercado y sociedad civil..

8. Institucionalidad legítima.- Este criterio se refiere a un marco formal para inscribir en él

el funcionamiento de las acciones de coordinación. El proceso de coordinación lo


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relaciones sinérgicas. Puesto que existen resistencias al desarrollo de la cultura cooperativa

en las organizaciones, es preciso generar un conjunto de incentivos que la fomenten, y que

por consiguiente, contribuyan a fortalecer los resultados y el proceso de la coordinación.

Este decálogo, esbozado originalmente para entender los procesos de coordinación dentro

del sector público y readaptado aquí en el intento de captar también otras dimensiones de la

coordinación que afectan a las políticas sociales (en particular los vínculos entre las acciones del

Estado y las que llevan adelante actores del mercado y la sociedad civil), conlleva un horizonte

normativo importante. Se trata, en pocas palabras, de plantear un conjunto de criterios que no

sólo permitan diagnosticar donde se registran obstáculos y/o problemas en la coordinación, sino

que faciliten una hoja de ruta para promover círculos virtuosos de coordinación. ¿Existe algún

criterio que, en última instancia, sea más importante que los demás? ¿Se requieren adicionar

otros criterios no contenidos en el decálogo y que dada su importancia ayuden a explicar las

dinámicas de la coordinación?12

Son preguntas abiertas, cuyas fuentes de respuesta habrán de ser

las experiencias concretas relacionadas con la coordinación (o intento de ella) que se llevan

habitualmente a cabo en latitudes diversas, todo el tiempo, en múltiples ámbitos.

2.3 Relación entre criterios y niveles de coordinación

Para relacionar criterios y niveles de coordinación proponemos tomar en cuenta cinco

premisas, a saber:

i. Todos los criterios tienen importancia para los tres niveles, aunque su peso

relativo depende de cada uno.

ii. Todo proceso de coordinación es a la vez de carácter vertical y horizontal.

iii. A medida que aumenta el nivel de coordinación (del básico al avanzado),

aumenta la tensión entre la coordinación vertical y la horizontal, es decir, entre

12 En un Foro de egresados del INDES, se plantearon algunos aspectos de importancia para ponderar esta

aproximación vía criterios relevantes. En el punto 8 de las conclusiones del mencionado espacio de debate, se

indica: “Una idea concluyente del Foro es aquella según la cual los criterios no toman debidamente en cuenta la

heterogeneidad y debilidad institucional, y la necesaria contextualización de su aplicación. Este punto fue planteado

muchas veces para destacar la importancia del análisis del entorno en la aplicación de los criterios, de modo que

puedan responder a las especificidades de cada país (...). Es una conclusión importante del Foro, a este respecto,

tener presente que existen obstáculos, límites y dificultades específicos a cada contexto, país y territorio, que pesan

en la coordinación de las políticas y, por ende, en la aplicación y alcance de los criterios”.


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los principios de autoridad y cooperación, de modo tal que los criterios que

favorecen la coordinación horizontal se hacen crecientemente relevantes.

iv. A medida que aumenta el nivel de coordinación (del básico al avanzado),de

igual modo los criterios se van redefiniendo en función de las exigencias

propias a cada nivel de coordinación.

v. Dado el carácter acumulativo de los criterios según la escala de coordinación,

en el nivel máximo se hace patente el juego de todos los criterios del decálogo.

Ver Tabla 3

Tabla 3

Definición

de

objetivos

Estructur

a y

mecanis

mos

Capacidad

es de

gestión y

liderazgo

Sistemas de

información

y

coordinación

Voluntad

política

Participación

actores

claves

Sinergias Institucio

nalidad

legítima

Espacios de

diálogo

Cultura de

cooperación

e incentivos

Definición

de roles

x x x x

Negociación x x x x xx xx xx

Concertación x x x xx xx xx xx xxx xxx xxx

Alineación

estratégica

x x x x xx xx xx xxxx xxxx xxxx

Fuente: Elaboración propia

3.- UNA MIRADA A LA COORDINACION DESDE EL PRISMA DE LASINSTITUCIONES Y LOS ACTORES

Los procesos de coordinación, así como los posibles niveles que la misma pueda alcanzar

en situaciones específicas, son protagonizados por actores concretos que interactúan dentro de

ciertos entramados de reglas de juego, operando y procesando sus conflictos a través de las

oportunidades y constreñimientos que de ellas derivan e intentando, en la medida que cuenten

con posibilidades de hacerlo, de modificar las normas y costumbres de acuerdo a las propias

conveniencias particulares.

La coordinación, en cualquiera de los cuatro niveles mencionados (los cuales se

manifiestan en ámbitos propios al interior del Estado así como en el vínculo entre éste, la

sociedad civil y el mercado), implica ponerse de acuerdo en ciertos temas, prioridades y rumbos


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de acción, aporte-distribución de recursos estratégicos, prácticas gerenciales a llevar adelante,

etc. Una clave para hacer cumplir los acuerdos a los que se pueda arribar en los espacios de

coordinación (incluyendo los reconocimientos mutuos entre los involucrados y la fijación de

prioridades), es tener parámetros claros sobre los aspectos sustantivos respecto a los cuales los

actores deciden ponerse de acuerdo. En esta búsqueda de resultados son vitales tanto los

instrumentos y procesos de evaluación como la capacidad de generar, a partir de ellos, sistemas

de incentivos que infundan una dinámica que consolide la búsqueda de la coordinación de

esfuerzos, por ejemplo en materia social (Garnier, 2000). Esta necesidad de promover incentivos

conduce de lleno a la necesidad de fortalecer un cierto tipo de institucionalidad (normas formales

e informales) que genere el interés de los involucrados en desarrollar acciones de coordinación

pro-integralidad13

.

La relación entre los actores politicos constituidos y quienes bregan por serlo14

opera

dentro de ciertos marcos institucionales (Scharpf, 1997; Ostrom et al , 2001). Pero no se trata de

interacciones líneales o parceladas, sino de juegos estratégicos continuos y entrelazados con

otros juegos de política pública (Tsebelis, 1990), que se redefinen permanentemente por causas

diversas, tendencialmente asociadas a dos aspectos: a) cambios en los contextos institucionales

(a veces por factores exógenos a los actores, a veces por la acción voluntaria o involuntaria de

los mismos); y b) cambio en los intereses e ideologías/percepciones de los involucrados, así

como de sus propias dotaciones de recursos (a veces por transformaciones en el ambiente

normativo formal e informal, a veces como resultado de situaciones particulares que afectan a los

actores, por ejemplo aprendizaje).

13 Al referirse a las normas, Axelrod señala: “Una norma existe en una determinada situación social en la medida en

que los individuos actúan usualmente de una cierta manera y frecuentemente son castigados cuando se ve que no

actúan de esa manera” (2004:66). La obra de Axelr od (1984, 2004) concentra la atención en un aspecto cercano pero

no exactamente igual a la coordinación: la cooperación. Algunos colegas, en especial Jacint Jordana (comunicación

personal), han sugerido la relevancia de poner más el acento en los temas de cooperación que en los decoordinación. Esto, en tanto la “cooperación” representaría a la vez un acto y una actitud favorable por parte de los

involucrados para alcanzar ciertos objetivos, mientras que la “coordinación” implicaría una connotación más

técnica. Obviamente, no es un tema agotado, sino un camino sinuoso por los vericuetos de la teoría.

14 En este ejercicio conflictivo del poder, muchos individuos y grupos no logran conformarse en actores politicos, en

lo fundamental porque no poseen la dotación de recursos minímamente requerida para ganar un lugar en el juego

político en que están involucrados (cuando los recursos que se tienen para participar son escasos o están muy

devaluados, no habrá interés de los socios potenciales de articular esfuerzos en conjunto).


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3.1.- Acerca de las instituciones

Los problemas de coordinación en el ámbito de las intervenciones públicas en materia de

bienestar (que incluyen por supuesto las propias políticas públicas llevadas adelante por los

Estados) requieren, para ser solucionados o al menos enfrentados con cierto éxito, algo más que

exclusivamente la sinergia de voluntades, intereses y recursos de los actores involucrados (lo

cual sí constituye una condición necesaria). También se necesita una cierta armonía institucional

formal e informal, en el sentido de que las reglas que deben estructurar el “juego de la

coordinación” deben tener algún grado importante de confluencia a efectos de no generar

incentivos totalmente incoherentes para quienes deben generar, con sus decisiones y acciones,

prácticas pro-coordinación. Reducir de modo significativo la brecha entre la regla formal y la

regla informal (sin por eso afectar el potencial de flexibilidad e innovación que suelen tener las

normas no escritas) se constituye así en uno de los requisitos más necesarios en cualquier

proyecto de cambio institucional que tienda a favorecer la coordinación en el espacio público.

Al decir de Subirats y Gomà (1999), las instituciones estructuran el juego estratégico que

se genera alrededor de las diversas problemáticas públicas, pero no son el juego mismo. De las

múltiples aproximaciones al concepto de “institución” cabe optar básicamente por la propuesta

por North (1993), cuando éste interpreta a las instituciones como las reglas de juego formales e

informales que estructuran las relaciones entre grupos, individuos, gobiernos, enmarcando las

posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos sectores. Esta perspectiva, que emerge

de una cosmovisión económica, contiene sin embargo elementos comunes a otros enfoques

institucionales15

.

Las instituciones constituyen un aspecto central en la construcción de ámbitos que buscan

promover coordinación, sea para intercambiar información con el fin de identificar problemas y

potenciales soluciones, sea para diseñar y gestionar una política pública donde participen una

multiplicidad de actores y en la cual la interacción institucionalizada entre estos marque el tono y

contenido del proceso: quiénes son aliados y quiénes oponentes, cómo se articulan las

coaliciones y cómo se modifican o se sostienen a lo largo del tiempo, qué tan creíbles y objeto de

cumplimiento son los acuerdos a los cuales se arriba (Repetto, 2000). La interacción entre los

individuos y/o grupos interesados en una temática pública determinada se da dentro de un cierto

marco de reglas de juego, razón por la cual remarcar el papel de las instituciones se vuelve

15 Otras referencias insoslayables sobre esta temática, de gran auge en la economía, la ciencia política y la sociología

en tiempos recientes, resultan ser March y Olsen (1989), Hall y Taylor (1996) y Peters (1999).


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central en tanto las mismas rigen y orientan la acción de los actores, ayudando a estos a crear

recursos políticos (Scharpf , 1997): qué se discute y qué se acepta como dado o inmutable, cuáles

son los compromisos, procedimientos, premios y castigos. Expresado de otra manera, el marco

institucional permitirá entender la estructura de oportunidades con la que se enfrentan individuos

y grupos para interactuar guiados por identidades propias (Fox, 1993).

No toda regla, rutina o norma (más allá de su grado de formalidad o informalidad) incide

del mismo modo, por lo que cabe reconocer también a las instituciones según su nivel de

dominio y su papel en términos de relaciones de poder (Acuña y Tommasi, 1999). En este

marco, debe interpretarse a las instituciones “como reglas que apuntan a resolver tanto problemas

de coordinación como de conflictos distributivos. Las instituciones tienden a resolver problemas

de coordinación estabilizando las expectativas sociales por medio de la provisión de información

y sanciones, estructurando, de esta forma, comportamiento en una dirección resultante en

equilibrios” (Acuña y Repetto, 2001:15). Es de destacar que las reglas y su contenido en la vida

real son políticamente contingentes con relación a procesos anclados históricamente y que no

necesariamente respetan clasificaciones lógicas de formalidad o informalidad o, como señalan

Klijn et al (1995), algunas de las reglas son conocidas por los actores participantes y se usan a

conciencia y otras se siguen inconscientemente (pero no por eso son menos obligatorias). El

incumplimiento, ya sea de unas u otras, afecta las relaciones entre los actores y puede generar

bloqueos en la interacción, en tanto se debilita uno de los factores fundamentales y

habitualmente más escasos del vínculo (institucionalizado o no) entre los actores de política

pública: la confianza.

Para entender la coordinación en el ámbito de lo público, en particular aquella capaz de

generar intervenciones integrales, es importante reconocer que el margen en los límites de

factibilidad para lograrla, así como las posibilidades de elegir entre opciones de que tipo de

coordinación, es resultado de los procesos políticos domésticos (obviamente condicionados por

el contexto internacional y la dinámica macroeconómica). Por ende, las políticas e intervenciones

públicas (entre ellas las sociales) debe ser explicada en función del proceso que resulta del

sistema de instituciones políticas que organiza el poder en una sociedad y el entramado de

actores involucrados, sus capacidades, intereses, ideologías y comportamientos.

En esta línea analítica, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha

promovido la discusión sobre “la política de las políticas públicas”. En este estudio, se resalta la


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importancia del marco institucional en tanto fuente de incentivos que moldean las políticas

públicas en la práctica. Los ciclos por los que atraviesan las mismas, se afirma, “son viciosos o

virtuosos según los incentivos institucionales que influyen en el comportamiento de los distintos

participantes y según el efecto dinámica de los interacciones entre ellos en el resultado final (...)

Las instituciones y los procesos no son neutrales ni meramente instrumentales: son el crisol en el

cual las políticas se forjan, se moldean y adquieren su forma y significados verdaderos”

(2005:278).

Centrando la atención en los elementos políticos concretos que afectan la coordinación,

Faría señala: “Está de más insistir en la importancia que tienen en cualquier área los mecanismos

de articulación y coordinación de políticas. Esa importancia, sin embargo, aumenta en función de

algunos factores como los siguientes: tamaño y heterogeneidad del país; complejidad y

diferenciación institucional del aparato estatal o público responsable de las políticas; volumen y

complejidad de los recursos financieros en juego; formas de organización estatal (democracias o

dictaduras, monarquías constitucionales, presidencialismo de coalición, regímenes

parlamentarios, presidencialismo bipartidario, etc.) y las modalidades prevalecientes de la oferta

de servicios públicos (estatal centralizada, estatal descentralizada, pública descentralizada, liberal

filantrópica, liberal de mercado, etc.). Estos factores, a su vez, inciden en la definición de los

principales problemas de articulación y coordinación de políticas y, por ende, en las posibles

soluciones” (2003:23). A este listado se le debe adicionar la organización territorial del Estado,

en términos de si se trata de un sistema federal, uno unitario u otra fórmula mixta, en tanto este

aspecto incidirá fuertemente sobre las relaciones intergubernamentales no sólo en el plano

vertical sino también en el plano horizontal de las organizaciones del nivel central. También, en

tanto se amplie la perspectiva desde el prisma de las políticas públicas al de intervenciones

públicas, debe prestarse atención a las características institucionales de los mercados y la

sociedad civil, así como al tipo de comportamientos y recursos de sus actores fundamentales.

3.2.- Acerca de los actores

Adquirir protagonismo real y concreto en la esfera pública, por ejemplo para participar

activamente en la coordinación de políticas públicas estratégicas, requiere de una visión

estratégica capaz de aglutinar voluntades y movilizar recursos de poder. Por ende, la clave que

da sustento a la posibilidad de materializar esa visión de hacia donde ir ( en política social u otras


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áreas de intervención pública) está asociada a la posesión de dotaciones importantes de aquellos

recursos que otorgan relativas dosis de poder a individuos o colectivos. Intereses (sean

interpretados estos de modo subjetivo u objetivo) e ideología, no constituyen por sí mismos

fuentes de poder aún cuando le otorgen identidad propia a los diversos involucrados en el

espacio público, sino que serán una serie de recursos (y las dotaciones que se tenga de ellos) los

que pueden facilitar la materialización de intereses y concepciones del mundo en el plano

concreto de las acciones estatales, por ejemplo programas y políticas sociales.

No existe consenso en la literatura acerca de cuáles son esos recursos relevantes. Es

posible, no obstante, avanzar en una aproximación con base en cuatro aspectos sustantivos de la

vida pública: lo político, lo económico, lo administrativo y lo ideológico. Se trata de recursos (en

términos de capacidades) con los cuales se debe contar para lograr participar activa y

autónomamente en el proceso de formación de una política pública, incluyendo el propio proceso

de coordinar actividades de gestión:

• Recursos políticos (apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de los mandantes

políticos; autoridad formal; liderazgo y autoridad informal; movilización y acción

colectiva; habilidad para negociar, argumentar y comunicar);

• Recursos económicos (presupuesto; dinero para incidir en la agenda gubernamental);

• Recursos administrativos (mandato legal; organización; información; expertise técnica;

capacidad para descifrar el contexto);

• Recursos ideológicos ( ideas; valores; prestigio moral; concepciones del mundo).

Los espacios de coordinación suelen operar, en la práctica, como redes políticas muy

complejas. Según el peso relativo de cada actor en base a la dotación con que cuenta de estos

recursos de poder recién presentados, será la capacidad política acotada de un actor individual o

colectivo, la cual será utilizada para negociar o para ejercer acciones de veto en dichos ámbitos

de interacción. Debe indicarse, sin embargo, que la interacción política en el espacio público

ligada a la disputa/articulación de intereses e ideologías no suele darse entre actores aislados de

su entorno, sino que se da por lo general a través de coaliciones políticas en las cuales participan

esos involucrados. Suelen ser estas conformaciones, cuyo cemento son precisamente los

intereses y/o las ideologías en común, las que permiten que se potencien los recursos que cada


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actor o involucrado en los espacios de coordinación posee por sí mismo y que, en forma

individual, no le permite actuar activamente en aquellos ámbitos de lo público donde más desean

o necesitan participar. Son las coaliciones las que, agregando múltiples recursos (aportados por

múltiples jugadores que incluso no participan de modo directo en el “juego de la coordinación”),

generan sinergias importantes, dando lugar a capacidades políticas agregadas, que implican algo

diferente a la sumatoria de las capacidades políticas acotadas de los miembros de la coalición.

Las coaliciones políticas que operan desde “adentro” pero también en la frontera con el

“afuera” de los ámbitos destinados a la coordinación, son interpretadas aquí del siguiente modo: i)

una conformación más o menos estable entre individuos y/o grupos de esferas diversas (Estado,

régimen político, sociedad, mercado, sistema internacional) que poseen ciertas dotaciones de

recursos (aunque sean mínimas) factibles de transformarse en elementos de peso en la conflictiva

disputa de poder, ii) que tienen intencionalidad de participar de modo conjunto del juego político

propio de ciertas temáticas públicas, y iii) que lo hacen a partir de compartir, con base en el

reconocimiento mutuo, algunos intereses y/o ideologías en común. Los participantes de las

coaliciones son jugadores estratégicos, razón por la cual toman múltiples decisiones (entre otras la

de permanecer o no en la coalición, y en caso de hacerlo, de qué forma y con qué intensidad),

guiados por sus intereses e ideologías pero también evaluando lo que buscan como objetivos los

otros involucrados en la temática pública en cuestión (formen o no parte de la coalición). En ese

sentido, un aspecto clave para entender el rol de las coaliciones está asociado al modo en que los

involucrados calculan y perciben subjetivamente sus recursos propios y también los ajenos (Klijn et

al , 1995). Ratificando este argumento, Sabatier y Jenkis-Smith (1999) señalan que los actores de las

coaliciones actúan restringidos por amplios prejuicios y limitaciones, sea por factores de tiempo, de

cultura o de información limitada.

Este recorrido por algunos lineamientos básicos de las instituciones y los actores debiese

permitir ayudar a establecer, con más precisión, los avances y retrocesos que suelen atravesar los

procesos de coordinación. La pronunciada brecha que suele observarse entre el discurso y la

práctica de la misma encuentra una buena fuente de explicación en las características de la

institucionalidad que afecta la coordinación, así como también en los rasgos del mapa de actores

involucrados y las posibles alternativas en materia de conformación de coaliciones que fomenten y

promuevan coordinación.


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4.-PALABRAS Y PREGUNTAS FINALES

Se ha dicho repetidas veces a lo largo de estas páginas, de una u otra forma, que la

coordinación es un camino relevante (más no el único) para resolver un doble problema típico de

la gestión pública moderna: por un lado, la complejidad y multidimensionalidad de los

problemas que adquieren protagonismo en el ámbito público; por el otro, la necesidad de sumar y

combinar esfuerzos, voluntades, recursos e intereses de múltiples actores relacionados de una u

otra forma con el problema/los problemas en cuestión. En pocas palabras, esa es la esencia que

motiva la preocupación por la coordinación.

Aquí se ha puesto la atención en un sub-tipo específico de problema público, aquel que

suele llamarse “problema social”. Y si bien se ha planteado el singular protagonismo que tienen

las políticas sociales para actuar sobre estos problemas, también se ha reconocido que los

mismos no pueden resolverse solamente con políticas sociales llevadas adelante por el Estado en

cualquier nivel de gobierno, por más eficientes, sostenibles y eficaces que aquellas fuesen. Se

requiere, también, de la intervención de otros actores no estatales, como las empresas, los

sindicatos, las ONGs, las organizaciones comunitarias (a las que seguramente se suman otras

organizaciones, como las vinculadas estrechamente con la cooperación internacional). Y es por

esa multiplicidad de (potenciales) presencias que aquí se exploró la coordinación atendiendo a la

posibilidad de diversos niveles de la misma, los cuales pueden darse dentro de diversos ámbitos,

algunos intra-estatales, otros asociados al vínculo entre Estado, sociedad civil y mercado.

Emergen problemáticas comunes en todos estos ámbitos, a saber: el vínculo entre autoridad,

poder y resultados de la coordinación; las complejidad técnico-política de este tipo de procesos;

la tensión entre los arreglos formales y las prácticas informales; los medios y los fines de la

coordinación.

Pero además de las enunciadas, muchas temáticas siguen abiertas, bienvenido sea. Y qué

mejor que expresarlas en preguntas:

¿Existen consensos significativos respecto a qué se entiende por coordinación para unamejor política social? ¿Cuáles son las posiciones divergentes, en caso que las hubiese?

¿Cuándo es pertinente y necesaria la coordinación, sea ésta intersectorial,

intergubernamental, entre Estado y Mercado y entre Estado y sociedad civil? Cuando

falta coordinación en los casos que se requieren, ¿qué implicancias tiene para una


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apropiada provisión del bien o servicio social? ¿En qué circunstancias la coordinaciónresulta poco apropiada?

¿Cuáles son las particularidades y/o especificidades que asume la coordinación al interiordel Estado o entre Estado, mercado y sociedad civil según los tipos de bienes o servicios

sociales involucrados?

¿Cómo incide el control de los recursos de poder político, saber técnico y dinero en la

dinámica y los resultados de los procesos de coordinación entre los diversos actores

involucrados en la misma?

¿Cuáles son los mayores desafíos que le presenta la coordinación a los siguientes actores:

decisores gubernamentales, técnicos de la administración pública, actores del mercado,organizaciones comunitarias y no gubernamentales?

¿Cuáles son las condiciones contextuales (políticas, técnicas, fiscales, culturales, legales,

etc.) que facilitan u obstaculizan la coordinación entre sectores sociales del Estadonacional?

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los problemas de coordinación en el ámbito

central de gobierno cuando se trata de políticas macros y de programas específicos?

¿Qué desafíos se generan para la coordinación a partir de los procesos de

descentralización de políticas y/o servicios sociales? ¿Qué tendencias caracterizan dicha

coordinación según se trate de las áreas de Educación, Salud o Combate a la Pobreza?

¿Qué factores políticos y técnicos facilitan u obstaculizan la coordinación en territorios y

ámbitos locales?

¿Cuáles son los factores que obstaculizan la coordinación entre Estado y actores de lasociedad civil, por ejemplo grupos de interés, organizaciones no gubernamentales yorganizaciones comunitarias? ¿Cuáles factores la facilitan?

¿Qué expresiones concretas muestran con mayor claridad los desafíos de la coordinaciónde la política social en términos del vínculo entre Estado y grupos organizados de la

sociedad civil? ¿Cuáles parecen ser las mejores estrategias para enfrentar esos desafíos?

¿Cuáles son las condiciones contextuales (políticas, técnicas, fiscales, culturales, legales,

etc.) que facilitan u obstaculizan la coordinación entre los sectores sociales del Estadonacional y las áreas económicas del propio Estado nacional?

¿Cuáles son los factores que ayudan a lograr una mejor coordinación de actores en elámbito local para promover crecimiento productivo con generación de empleo y

expansión de los servicios sociales?


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