Bonadio

11352/2014/2/cfc1 STOLBIZER, Margarita y otros s/ incidente de recusacinCmara Federal de Casacin Penal

//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Repblica

Argentina, a los 27 das del mes de abril de 2015, se rene

la Sala I de la Cmara Federal de Casacin Penal, el doctor

Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Luis Mara

Cabral y Ana Mara Figueroa como Vocales, a los efectos de

resolver el recurso de casacin interpuesto en esta causa

registrada bajo el n 11352/2014/2/CFC1, caratulada

Stolbizer, Margarita s/ recusacin, de cuyas constancias

RESULTA:

1) Que la Sala I de la Cmara Criminal y

Correccional Federal rechaz, por mayora, la recusacin del

titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N

11 de la Capital Federal, Dr. Claudio Bonado.

Contra dicha resolucin, el Dr. Carlos

Beraldi, defensor particular de Romina de los ngeles Mercado

interpuso recurso de casacin, el que fue concedido a fs.

156/157.

2) Que, con sustento legal en la causal

descripta en el inc. 4 del art. 55 del Cdigo Procesal Penal

de la Nacin, dijo la defensa del temor fundado de

parcialidad que se verificaba a partir de un conjunto de

actos que esa parte consideraba irregulares y que habra

llevado a cabo el juez recusado durante el transcurso del

proceso, circunstancias que consolidan un caso de temor

objetivo sobre la falta de imparcialidad en l.

En tal sentido describi un conjunto de

hechos, entre los que puede mencionarse el desvo de

informaciones relativas al trmite de la causa que, para la

defensa, obedeceran a la intencin del magistrado de

contener los avances de los expedientes acusatorios que

tramitan ante el Consejo de la Magistratura de la Nacin.

A modo de ejemplo cit la

denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura por el

Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos

1

Fecha de firma: 27/04/2015Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENALFirmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENALFirmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENALFirmado por: LUIS MARIA CABRAL, JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENALFirmado(ante mi) por: JAVIER REYNA DE ALLENDE, SECRETARIO DE CAMARA

Humanos de la Nacin, en la que se describen casos en los que

segn el denunciante- se evidenci el desvo jurisdiccional

invocado. El proceder del magistrado fue calificado por el

recurrente como un abuso de las facultades que el

ordenamiento legal otorga a los jueces.

A ello agreg que la falta de una

definicin clara del objeto del proceso, espectacularidad en

las medidas procesales ordenadas y las sistemticas

limitaciones indebidas al ejercicio del derecho de defensa en

juicio constituyeron, tambin, graves irregularidades

cometidas por el a quo durante el trmite de la presente

causa.

3) Que en la audiencia prevista en el

artculo 454 en funcin de lo establecido en el artculo 465

bis del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, la defensa aleg

sobre los fundamentos de su impugnacin y acompa una copia

de informaciones periodsticas.

Por su parte, la representante del

Ministerio Pblico Fiscal ante la instancia adhiri a la

solicitud del apartamiento del magistrado recusado por

considerar, con cita del antecedente Llerena del Alto

Tribunal, que se verificaba en la especie un temor objetivo

de parcialidad. Efectuado el sorteo para que los seores

jueces emitan su voto, result designado para hacerlo en

primer trmino el doctor Luis Mara Cabral y en segundo y

tercer lugar los doctores Gustavo M. Hornos y Ana Mara

Figueroa respectivamente, el Tribunal pas a deliberar (art.

469 del C.P.P.N.).

El seor juez Luis Mara Cabral dijo:

I. a) Antes de comenzar con el anlisis

de la cuestin de fondo planteada, a la que hemos sido

llamados a resolver, habr de recordarse con relacin a la

presentacin de la defensa particular de Romina de los

ngeles Mercado del da de hoy, que las resoluciones dictadas

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por esta Cmara Federal de Casacin Penal no son

susceptibles, como regla, de recurso o incidente de

nulidad o reposicin siendo recurribles, en principio,

slo por la va del recurso extraordinario federal. Slo

cabra excepcionar dicha regla ante una nulidad de orden

general, supuesto que no se verifica en la presente (confr.

esta Sala, Nagel, Catriel Aaron y otra s/rec. de casacin,

C. 14962, Reg. N 20816, rta. el 9/04/13, entre muchas

otras). As, corresponde su rechazo, con costas.

b) A travs de su presentacin de fs.

182/189, la defensa particular de Romina de los ngeles

Mercado postul la nulidad del procedimiento de deliberacin

y recus al doctor Gustavo M. Hornos y al suscripto. Fund su

pretensin en que la filtracin pblica de la decisin de

los jueces, Hornos y Cabral, segn se dice han adoptado en

estas actuaciones debe ser asimilada a la causal de

prejuzgamiento (art. 55, inciso 10 CPPN) ya que ha sido

emitida o bien, conocida, con carcter previo al dictado de

la sentencia.

Planteada como ha sido la cuestin

entiendo que la deliberacin posterior a la audiencia fue

llevada a cabo de conformidad con cuanto impone el art. 396

del C.P.P.N., sin que las notas periodsticas a las que hace

referencia el recurrente puedan influir en su validez.

El apartamiento solicitado no encuadra en

alguna de las causales previstas en el art. 55 del cdigo de

forma. Las especulaciones periodsticas en distinto sentido

acerca del devenir de las causas que tramitan ante los

tribunales como las que abundan por estos das en diferentes

medios de difusin- jams pueden ser utilizadas para apartar

al juez natural de la causa. De otra forma, se pondra a tiro

de operacin de prensa la permanencia de los jueces en el

conocimiento de los conflictos que por ley estn llamados a

dirimir en desmedro de la correcta administracin de justicia

3


y vulneracin del principio de seguridad jurdica. As, el

planteo resulta infundado y debe ser rechazado in limine.

c) En estos trminos resulta aplicable la

jurisprudencia de esta Cmara que seala que, si surge del

escrito de recusacin presentado por la defensa que las

circunstancias y condiciones expresadas no tienen

fundamentacin alguna en aquel caso se trataba de presiones

sobre los Jueces del Tribunal supuestamente recibidas de

los otros poderes del estado- deben ser declaradas

inadmisibles de acuerdo a la doctrina emanada del fallo

"Patti, Luis A.", causa P.1763 XLII, de la CSJN.

(confr. Sala IV, c. n 10178, Reg. n 12307, rta. el 5/3/09;

c. n 11319, Simn, Julio Hctor y otros s/recurso de

casacin, Reg. n 12307, rta. el 21/09/09, entre otras).

Por ello, tal como se resuelve la nulidad

planteada por supuesta violacin del secreto de la

deliberacin corresponde rechazar in limine la presentacin

de la defensa particular, con costas.

II. Ante todo, habr de sealar que la

adhesin formulada por la Representante del Ministerio

Pblico Fiscal en la audiencia de debate no resulta

vinculante para el Tribunal. La divisin de poderes

establecida en la Constitucin Nacional importa que cada uno

de esos poderes intervenga en las materias que le son

propias. De lo dicho puede seguirse que, cuando el

ordenamiento legal establece cul es el magistrado que debe

ser llamado a dirimir un conflicto, esa atribucin de

competencia y jurisdiccin no resulta disponible para las

partes, con lo que va dicho que es el rgano jurisdiccional

competente el que debe evaluar si se verifica alguna de las

causales que, de manera taxativa, describe el art. 55 del

C.P.P.N..

Si bien la resolucin que rechaz la

recusacin planteada no constituye ni por su naturaleza ni

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por sus efectos sentencia definitiva a los fines del recurso

de casacin, ya que la misma no impide la continuacin de las

actuaciones (cfr. esta Sala c. n 11.037 Menem, Carlos Sal,

s/recurso de queja, reg. 13.796, rta. el 30/04/09), el

planteo de la defensa merecer tratamiento, en tanto se

invoc una posible afectacin a la garanta del juez

imparcial.

El tribunal a quo, por mayora, consider

que los motivos expuestos por el recurrente, carecan de

entidad suficiente para cuestionar la ecuanimidad del

magistrado instructor, en tanto que la minora, consider que

el trato dispensado a la defensa de Romina de los ngeles

Mercado no era propio de la igualdad de trato que debe

dispensar el juzgador a quienes revisten el carcter de

partes en un proceso penal y que ello importaba una

circunstancia objetiva que torn procedente el apartamiento

solicitado.

III. Circunscripta como ha quedado la

cuestin, entiendo que el recurso de casacin debe ser

desestimado pues la parte recurrente no ha logrado conmover

las razones por las cuales la cmara entendi que en el caso

no se encontraba afectada la imparcialidad del juez

instructor.

El a quo, al resolver como lo hizo,

sostuvo que "la ponderacin de los agravios expuestos por el

recusante refleja que stos carecen de la entidad suficiente

como para someter a controversia la ecuanimidad del

magistrado en este sentido, la informacin que los medios de

comunicacin puedan divulgar sobre el avance de ciertas

causas judiciales y la lectura que de ella pretenda hacerse

son aspectos que resultan absolutamente extraos a las nicas

circunstancias que deben evaluarse ante un planteo que

procura alejar a quien el ordenamiento jurdico ha confiado

la misin de decidir el derecho en un caso"

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Agreg que "no resulta ocioso recordar

que la causal alegada por la parte debe manifestarse por

hechos conocidos que tengan apoyo en circunstancias

objetivamente comprobables, con aptitud para justificar el

apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su

imparcialidad. Esos factores escapan de la situacin narrada

en este punto por el Dr. Beraldi".

IV. No puede sustentar el temor de

parcialidad invocado la denuncia formulada contra el juez

instructor ante el Consejo de la Magistratura (27/11/14) por

personas ajenas a este proceso y cuya fecha de interposicin

es posterior a su inicio (10/11/14) -inc. 8 del artculo 55

del C.P.P.N-.

En cuanto a las manifestaciones vertidas

en la carta dirigida a la Presidente del Consejo de la

Magistratura de la Nacin por parte del juez aqu recusado no

contiene relacin alguna con el trmite de esta causa.

Las restantes objeciones efectuadas por

el recurrente relativas al trmite del proceso, tal como se

sostuvo en la resolucin impugnada, no son otra cosa que una

manifestacin de disconformidad con las resoluciones

adoptadas ya que resulta una obviedad evidente que es

materialmente imposible conformar a todas las partes de un

proceso cuya naturaleza es netamente contradictoria, como as

tambin, que el rol de cada una de esas partes es el de

peticionar, mientras que la potestad de decidir corresponde

al juez, por lo cual, ante disconformidades que surjan a lo

largo del trmite, podrn las partes cuestionarlas a travs

de los distintos remedios procesales con los que cuentan.

El apartamiento de un magistrado del

conocimiento de una causa no puede reposar en la mera

invocacin de causales desprovistas de un mnimo sustento

objetivo.

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Lleva dicho la Sala que el apartamiento

de un magistrado del conocimiento de una causa no puede

reposar en una mera sospecha de parcialidad pues las causales

de recusacin deben ser evaluadas con el mximo de

ponderacin y prudencia, desde que no puede erigirse en el

medio para que vare a gusto del recusante la radicacin de

la causa en desmedro de la garanta del juez natural y de la

correcta administracin de justicia atento la inderogabilidad

de la competencia que gobierna el proceso penal, en resguardo

del principio de igualdad constitucional. Este instituto

slo resulta procedente en el caso de que se verifique alguna

de las causales establecidas en el art. 55 del C.P.P.N.

(confr. Narvez, Delmas de Otero, Mara Teresa s/recurso de

casacin, c. n 6610, Reg. N 8652, rta. el 23/3/06 y

Monsalvo, Jos Enrique s/recurso de queja, c. n 13.106,

Reg. N 16.017, rta. el 10/06/10, entre otras).

V. Sentado cuanto precede, resulta

oportuno realizar otras consideraciones que contribuyen a

concluir en igual sentido desestimatorio.

El recurrente en su escrito se quej y

ampli su reclamo en la audiencia de debate- por considerar

que el magistrado se haba excedido al disponer medidas que

no estaban contenidas, al menos como en definitiva fueron

ordenadas, en el requerimiento fiscal de instruccin; se

refera, ms precisamente, a las rdenes de allanamiento.

Bastar, pues, confrontar lo dicho por la

defensa particular con el contenido del requerimiento fiscal

de instruccin para dar respuesta al planteo. En esa tarea,

fcil resulta advertir que ste carece de sustento, ya que de

la lectura del escrito promotor de la accin pblica surge

que el fiscal requiri la incautacin de diferente

informacin que se encontraba en diversas agencias del

estado, como as tambin en sociedades comerciales: cuatro en

las primeras y tres en las segundas.

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Si bien, tal como se dijo en la

audiencia, incautacin podra implicar alguna duda respecto

del alcance que corresponda asignarle, lo cierto es que ella

se disipa a poco que se eche mano a la definicin que le

otorga el Diccionario de la Real Academia Espaola. Se dice

all que incautarse, se es el trmino correcto, es: Dicho

de una autoridad judicial o administrativa. Privar a alguien

de alguno de sus bienes como consecuencia de la relacin de

estos con un delito, falta o infraccin administrativa.

Cuando hay condena firme se sustituye por la pena accesoria

de comiso.

De ah que, al sealar el titular de la

accin pblica la necesidad de contar con la documentacin

que consideraba til para el avance de la investigacin,

utilizando aquel trmino, ha dejado al arbitrio del

magistrado, como no poda ser de otra forma, la herramienta

por la que se hara de las mencionadas pruebas. Por lo dems,

la remisin a la pieza cuyo contenido se discute resulta

suficiente para comprobar que la actuacin del magistrado

encuentra base y lmite en el requerimiento fiscal. En la

resolucin de fs. 20/21 del principal se plasmaron los

motivos que el juez invoc para decidir los allanamientos de

lugares de acceso pblico, circunstancia sta que no fue

refutada por el recurrente.

El agravio de la defensa, consistente en

la reticencia al acceso de la causa imputada al magistrado no

ostenta, a mi juicio, las consecuencias que la parte le

asigna. Es que si bien es cierto que es deber del juez

asegurar que la defensa pueda ejercer su ministerio de manera

eficaz, no lo es menos que la parte no ha demostrado el real

alcance del agravio invocado, ya que la encuesta se encuentra

en su inicio, que como bien se seala podra estar bajo el

secreto de sumario y que no se ha producido prueba de

carcter dirimente que no pueda ser repetida en el futuro, a

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lo que se suma que la parte no se ha hecho cargo de sealar

qu afectacin irreparable se habra ocasionado.

Si bien se invoc un temor objetivo de

parcialidad, ese extremo no ha sido demostrado con el real

alcance -que concierne a la violacin de una garanta

constitucional- que le asign la Corte Suprema en Llerena.

Ello es as porque, adems de diferir los sustratos fcticos

de una y otra causa, recurdese que se trataba de un caso de

un tribunal unipersonal, cuya insercin en el sistema

acusatorio importaba una presuncin objetiva de

prejuzgamiento, mientras que en ste se trata de una

investigacin que recin comienza. Las medidas de prueba

ordenadas por el magistrado no se apartan, como se vio, de la

funcin que, como director del proceso, le reconoce el

ordenamiento procesal.

Y, aun cuando lo dicho sera suficiente

para sellar la suerte de la impugnacin efectuada, habr de

sealarse que la supuesta afectacin al ejercicio del derecho

de defensa en juicio consistente en que el magistrado no

haba accedido a la solicitud de fotocopias del legajo, ha

sido superada con la intervencin de la cmara de

apelaciones. Por ello habr de compartirse y reforzarse la

directriz impartida al juez a quo para que evale las

pretensiones de la defensa con suficiente amplitud, sin

desnaturalizar con ello la etapa que transita el proceso, a

fin de resguardar los derechos que la Constitucin Nacional

otorga a las partes en todo proceso penal (art. 18 de la

Constitucin Nacional).

Similar consideracin merece el

cuestionamiento formulado por no haber sido admitido su

ingreso a una audiencia de testigos que se encontraba en

curso. El carcter reeditable de las declaraciones

testimoniales, a las que no pueda asistir la defensa, permite

cumplir con la garanta reconocida a esa parte en el

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ordenamiento adjetivo y en los arts. 8.2, inc. f) y 11.3,

inc. e) de la Convencin Americana de Derechos Humanos y del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos en una

oportunidad que habilite y asegure su control.

En definitiva, las medidas judiciales

cuestionadas resultan susceptibles de reparacin y no

provocan consecuencias cristalizables en perjuicio de la

asistida del letrado que recusa.

Los argumentos que remiten a la

disconformidad del recusante con el trmite de la causa y las

diligencias ordenadas, resultan ajenos al instituto de la

recusacin y no demuestran la existencia de la supuesta

"enemistad manifiesta" ni la parcialidad invocada.

La parcialidad atribuida slo

procede como causal de apartamiento cuando se dan suficientes

razones legtimas y objetivas que le otorguen sustento, carga

que ni el recurrente ni la fiscala han asumido, en especial

cuando se pretende fundamentar en actos ajenos y sin relacin

alguna con la jurisdiccin que aqu se debate (confr.

C.F.C.P., Sala III, Jaime, Ricardo Ral s/rec. de queja c.

n 742/13, rta. el 1 de agosto de 2013).

VI. La defensa particular en la audiencia

de debate manifest que: Lo que ms me preocupa es que el

juez, en su propia carta, dice encontrarse apenado y

sorprendido, y afectado por todo este conflicto, colocndose

en una posicin casi de vctima. Con razn o sin razn yo eso

no lo voy analizar. Pero lo que s debo analizar es que si se

encuentra en esa posicin de vctima, eso hace que quede

automticamente descartada su posibilidad de intervenir en el

proceso. Por qu? porque quien resulte vctima no puede ser

justamente quien imparta justicia y menos respecto de las

personas que supuestamente lo estn agrediendo. Pero esta

posicin de vctima y lo digo con el mximo respeto y la

consideracin que me merecen ustedes y en particular tambin

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el doctor Cabral.Ha sido analizada y puesto de manifiesto en

la ltima cena de la Asociacin de Magistrados en donde

justamente se habla, se refiere, a que amenazas y afrentas

habran sido recibidas por jueces y concretamente se habla

del juez Claudio Bonado, manifestaciones que obtuvieron la

aprobacin de muchas de las personas que se encontraban

presentes Esto surge de una nota que el periodista Nicols

Wiaski da a conocer en el diario Clarn".

En cuanto a la carta abierta del Dr.

Bonado a la presidenta del Consejo de la Magistratura, no

guarda relacin alguna con estas actuaciones, por conflicto

se refiere a otro, y no merece ms consideracin.

Por otra parte, la mencin all deslizada

por la defensa de Romina de los ngeles Mercado hace alusin

a mi intervencin en la Cena de Fin de Ao de la Asociacin

de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en la

que expuse mi crtica sobre disposiciones del Consejo de la

Magistratura de la Nacin respecto de los jueces Axel Lpez

(acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el contenido de

su sentencia) y Claudio Bonado (sancionado en causas

fenecidas y ya resueltas anteriormente por el Consejo de la

Magistratura), lo que tampoco se vincula con lo que aqu se

debate ni la forma como entiendo debe resolverse. Por ello,

no merece tratamiento.

VII. Las argidas cuestiones de

competencia y de conexidad tampoco pueden importar causal de

apartamiento de un magistrado, ya que se trata, antes bien,

de remedios que encuentran su natural cauce en oportunidades

y procedimiento ajenos al instituto en anlisis.

Igual respuesta desestimatoria se dar a

la presentacin efectuada por el recusante a la que

caracteriz como hecho nuevo. Es que, ms all de la

discutible apariencia de novedad que le asigna el presentante

a su denuncia, no corresponde atribuirle el tenor de

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parcialidad que la parte pretende. Ello es as por cuanto el

oficio remitido por otro juez al recusado solicitando

informacin sobre una causa que tramita ante su juzgado y

sin perjuicio de la diligencia que debe darse a un

requerimiento de otro magistrado- no deja de ser una prctica

tan comn como til para el avance de las diferentes

investigaciones y resolucin de eventuales conexidades. Otro

tanto ocurre con la designacin de peritos contadores ya que

la parte no ha demostrado, ni podra haberlo hecho con xito,

que tales nombramientos lgicos si se repara en que se

incaut en la presente causa profusa documentacin contable-

pudieran afectar el derecho de defensa de su asistida. Ser,

pues, en la etapa de realizar el peritaje contable en la que

el recusante podr nombrar perito de parte con el objeto de

controlar y disponer, eventualmente, de un dictamen de los

especialistas que proponga ejerciendo de esta forma los

derechos que el cdigo procesal establece y que la

Constitucin Nacional y los tratados internacionales citados

ms arriba le garantizan.

Por todo lo expuesto, la recusacin

interpuesta evidencia una serie de impugnaciones de carcter

genrico que no constituyen, a mi criterio, la nota de

objetividad que requiere el apartamiento solicitado.

Es por ello que propongo al acuerdo

rechazar el recurso de casacin impetrado, confirmando en

consecuencia la decisin atacada, con costas. Es mi voto.

El seor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer lugar y con relacin a la

reposicin interpuesta por el doctor Carlos Beraldi contra el

auto dictado el da 24 de abril del corriente ao en el que

se dispuso fijar audiencia de lectura en las presentes

actuaciones, slo habre de sealar que conforme a la

jurisprudencia unnime de esta Cmara, los pronunciamientos

dictados por la Cmara Nacional de Casacin Penal no son

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susceptibles, como regla, de recurso de nulidad, revocatoria

o reconsideracin, siendo recurribles en principio- slo por

la va extraordinaria federal prevista en el artculo 14 de

la ley 48 (C.N.C.P. Sala I, causa Nro. 335 Oja, Miguel

Angel s/ reposicin rta. 7/2/1995, reg. 109; Sala III causa

Nro. 2833, Gilberg, Gladys Mabel s/ recurso de casacin

rta. 16/3/2001, reg. 109; Sala IV, causa Nro. 3123,

Lagomarsino, Andrs Jos Luis s/ nulidad, rta. 25/06/2001,

reg. 4153 y causa Nro. 2980 Saponara, Miguel s/ nulidad,

rta. 5/7/2002, reg. 4165, entre otras -nfasis aadido-).

Que si bien esta Sala IV ha hecho

excepciones al principio general invocado precedentemente

con fundamentos relativos al derecho al recurso, conforme la

doctrina de la C.S.J.N. de Fallos 318:514; 321:494; 323:125;

329:2265 y 333:796 (entre otros)-, se advierte que en su

presentacin, la defensa no aport argumentos que permitan

apartarse de dicho principio en el sub examine, motivo por el

cual el recurso de reposicin en estudio no puede prosperar.

II. Seguidamente, corresponde dar

tratamiento al pedido de nulidad y recusacin, en subsidio,

formulado por la defensa de Romina de los ngeles Mercado

respecto del seor juez Luis M. Cabral y el suscripto (fs.

182/189 vta.).

En sustento de su pretensin, la defensa

argument que el da 22 de abril de 2015 en el portal de

noticias www.infobae.com, se public una nota haciendo

referencia a que dos de los tres jueces de la Sala I de la

Cmara Nacional de Casacin Penal redactaron proyectos de

votos a favor de no apartar al magistrado en la causa de la

firma hotelera de la familia presidencial; informacin que,

luego, segn alega fue recogida y ampliada por varios medios

de comunicacin.

Sobre el punto, dijo que las noticias

periodsticas aparecidas muestran de manera objetiva que al

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menos dos de los distinguidos magistrados que integran este

Tribunal no han observado la regla ritual de referencia

[aludiendo al secreto de la deliberacin impuesto por el art.

396 del C.P.P.N], ocasionndose as un vicio que, segn la

ley, fulmina la validez del trmite procesal de deliberacin

previo al dictado de la sentencia.

Solicit que se declare la nulidad del

procedimiento de deliberacin y se retrotraiga la causa hasta

la audiencia celebrada a los fines previstos por el art. 465

bis del C.P.P.N. y entendi que corresponde que los seores

jueces Gustavo Hornos y Luis Cabral se inhiban para seguir

entendiendo en estas actuaciones por lgicos motivos de

violencia moral, cuya apreciacin naturalmente debe ser

merituada de manera amplia (fs. 188 vta.).

Sobre el punto, habr de sealar que la

deliberacin se ha efectuado conforme a la regla que

establece el art. 396 del C.P.P.N., y a los principios

generales del proceso que esa norma procura cumplir.

En efecto, el artculo en anlisis

procura de manera medular que la decisin sea producto

nicamente de los magistrados abocados al caso, sin la

intervencin de personas no autorizadas por la ley,

particularmente las partes, sus letrados o el pblico.

El fin de la norma, entonces, es que el

acto procesal culminante del debido proceso la sentencia

sea producto exclusivo del rgano colegiado que debe resolver

sobre la pretensin que se le presenta; en este caso y

concretamente, el apartamiento del seor juez instructor.

En este punto, recordar, tambin, la

tesis que he venido sosteniendo de que en el procedimiento

penal, el concepto de ley vigente no se limita al Cdigo

Procesal Penal de la Nacin, sino que abarca a la

Constitucin Nacional y a los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos con jerarqua constitucional, a la que ms

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adelante aludir nuevamente, con el objeto de sealar que

ninguno de los principios fundamentales del debido proceso ha

sido afectado en el caso; por lo que corresponde rechazar el

planteo de nulidad efectuado.

Subsidiariamente, la defensa dedujo

recusacin respecto de los magistrados mencionados por

entender que en la especie existe un temor objetivo de

parcialidad en tanto la filtracin pblica de la decisin de

los jueces, Hornos y Cabral, segn se dice han adoptado en

estas actuaciones encaja o debe ser asimilada a la causal de

prejuzgamiento (art. 55, inciso 10 CPPN) ya que ha sido

emitida o bien, conocida, con carcter previo al dictado de

la sentencia (fs. 189).

La recusacin formulada por la defensa

debe ser rechazada in limine, toda vez que la pretensin de

dicha parte no se funda en actitud alguna de los magistrados

para con el recusante que pudiera revelar sospecha de

parcialidad, sino tan solo en versiones publicadas por varios

medios periodsticos, ajenos a la instancia judicial, en los

que se hizo referencia al sentido en el que deliberaran dos

de los magistrados intervinientes en la causa, que no pueden

de ningn modo ser encuadrados en la causal de

prejuzgamiento alegada la defensa.

Desde una perspectiva realista,

superadora de la formalidad, y con cierta empata judicial,

pareciera que la decisin a tomar en el caso produce una

importante expectativa en la comunidad jurdica y en la

sociedad toda. Esta circunstancia habra producido versiones

y publicaciones en diversos sentidos. La cuestin hace

rememorar la trascendente doctrina de Fallos: 248:189,

325:3243, entre otros.

Los jueces particularmente deben estar

sometidos al escrutinio social, con absoluto respeto a la

libertad de expresin. As lo establecen la Constitucin

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Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y

la ms valiosa doctrina judicial de nuestro alto Tribunal.

Tampoco se verifica en el caso la

concurrencia de los presupuestos tenidos en cuenta por la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin al resolver in re

Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas (Fallos: 328:1491).

No cabe, pues, admitir que dadas las

circunstancias reseadas existan fundamentos para dudar de la

imparcialidad de dos de los integrantes de este Tribunal a

fin de resolver la cuestin trada a conocimiento de la Sala.

Por estas razones, corresponde rechazar

in limine el planteo de recusacin formulado por la defensa

(arts. 62 en funcin del art. 55 del C.P.P.N., 18 y 75 de

la C.N., art. 8.1 de la C.A.D.H. y art. 14.1 del

P.I.D.C.yP.).

III. Resueltos los planteos de nulidad y

recusacin efectuados por la defensa, comienzo por sealar

que, en principio, la resolucin por la cual se resuelve el

rechazo de una recusacin, no constituye sentencia definitiva

en tanto no pone trmino al pleito ni impide su continuacin,

tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin (Fallos: 310:1465; 315:325; 316:420; 323:1261;

325:309; 326:2657 y 328:1000, entre otros).

En efecto, la sentencia recurrida no es

un tipo de resolucin jurisdiccional que se encuentre

contemplada entre aquellas previstas en el artculo 457 del

C.P.P.N., ya que no se trata de sentencia definitiva, ni auto

que ponga fin a la accin, a la pena, o que haga imposible

que continen las actuaciones, ni, tampoco, deniega la

extincin, conmutacin o suspensin de la pena (cfr.

C.F.C.P., Sala IV: causas n 993 caratulada Bernasconi,

Jorge Juan s/recurso de casacin, Reg. Nro. 1594.4, rta. el

29/12/99; n 1999, caratulada Vital, Vctor Alfredo

s/recurso de casacin, Reg. Nro. 2521.4, rta. el 29/3/00; n

16



2435, caratulada Barbuto, Mirta Blanca s/recurso de queja,

Reg. Nro. 3061.4, rta. el 19/12/00; n 2627, caratulada

Sotillo, Reyna s/recurso de queja, Reg. Nro. 3265.4, rta.

el 30/3/01, entre otras).

Se ha reconocido, a raz de una

interpretacin amplia del art. 8, inc. 2, apartado h de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad

de que fuera revisada ante esta sede una resolucin que aun

cuando no estuviera contemplada en las previstas en el art.

457 del C.P.P.N., fuera equiparable a sentencia definitiva;

siempre y cuando la parte demostrara el perjuicio de

imposible reparacin ulterior que le ocasiona la resolucin

que impugna.

Ya en la primera oportunidad en que

propuse una revisin ms amplia en esta instancia respecto

del recurso de casacin a la luz de la correcta

interpretacin que entend deba asignarle al derecho al

recurso (art. 8, inc. 2, apartado h de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos), hice referencia a la

necesidad de otorgarle al instituto casatorio el carcter de

recurso eficaz que garantizara suficientemente al imputado el

examen integral del fallo condenatorio y todos los autos

procesales importantes, a fin de asegurar la tutela efectiva

de los derechos en juego, de calidad constitucional y de que

existiera una verdadera revisin del fallo ante el juez o

tribunal (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa n 4428 caratulada

Lesta, Luis Emilio y otro s/recurso de casacin, Reg. Nro.

6049, rta. el 23/9/04; n 4807, caratulada Lpez, Fernando

Daniel s/recurso de casacin, Reg. Nro. 6134, rta. el

15/10/2004, y posteriormente adoptado por la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin, in re: Casal, Matas Eugenio y otro,

con remisin al dictamen del Procurador General de la Nacin,

en el fallo Reinoso, Luis, rta. el da 7/3/2006).

17


En definitiva, entonces, debe

determinarse cules son las resoluciones que renen la

condicin de actos procesales importantes para analizar, en

cada caso concreto sometido a la inspeccin de este tribunal,

si se encuentra habilitada la instancia casatoria.

En esta tarea, lo que en definitiva

deber valorarse es la trascendencia del acto jurisdiccional

dictado; es decir, el efecto de irrogar o causar una

imposible o tarda reparacin posterior al imputado, teniendo

particularmente en cuenta el contexto en el que la decisin

jurisdiccional fue adoptada y las especificidades del caso;

interpretacin que debe ser dinmica y flexible, atendiendo a

la garanta o derecho al recurso consagrada en el art. 8.2.h.

de la citada convencin.

IV. La decisin aqu recurrida que

confirm el rechazo de la recusacin del titular del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 11, doctor

Claudio Bonado, planteada por Romina de los Angeles Mercado,

resulta equiparable a sentencia definitiva en sus efectos, en

la medida en que la parte recurrente ha alegado fundadamente

la posible causacin de un dao de imposible reparacin

ulterior.

Los agravios trados a estudio de este

Tribunal por la recurrente ponen en discusin el alcance de

la garanta de juez imparcial (art. 18, C.N.) y resulta sta

la oportunidad procesal para la adecuada tutela del derecho

de defensa en juicio y del debido proceso, en tanto los

motivos casatorios esgrimidos por la defensa suponen que el

proceso no avance ante el mismo juez sospechado de

parcialidad.

En este marco y resuelta favorablemente

la admisibilidad del recurso interpuesto, corresponde

ingresar ahora en el estudio de su procedencia.

18



V. La cuestin medular del planteo

efectuado por la parte recurrente se centra en determinar el

alcance que corresponde otorgarle a la garanta de

imparcialidad contenida implcitamente en el art. 33 de la

C.N., derivada de las garantas de debido proceso y defensa

en juicio establecidas en el art. 18 de la C.N., y consagrada

expresamente en los arts. 26 de la Declaracin Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos, 8.1 de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la

Declaracin Universal de Derechos Humanos, que forman parte

del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la

incorporacin expresa que efecta el art. 75, inc. 22 de la

Constitucin Nacional; alcance que deber determinarse a la

luz de la dogmtica actualizada y de la hermentica que sobre

los derechos y garantas constitucionales se ha venido

realizando en el pensamiento jurdico y el requerimiento

social.

En esta tarea, corresponde resaltar el

conjunto de derechos y garantas vigentes en la actualidad,

as como el desarrollo y especificacin de las garantas

constitucionales reconocidas por la reforma de 1994, a la luz

de la evolucin que sobre la temtica ha operado en los

fallos de nuestro ms alto Tribunal.

Comienzo por sealar que la garanta de

imparcialidad resulta ser uno de los pilares en que se apoya

nuestro sistema de enjuiciamiento, manifestacin directa del

principio acusatorio, de las garantas de defensa en juicio y

debido proceso, en su vinculacin directa con las pautas de

organizacin judicial del Estado (Fallos: 328:1491).

Ya en Llerena la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin, al decidir sobre la incompatibilidad

con la garanta de imparcialidad de que sea un mismo juez

quien intervenga en la instruccin y en la etapa de juicio,

19


la defini como la ausencia de prejuicios o intereses del

juzgador con el caso que debe decidir, en relacin a la

materia y a la persona, estableciendo as un doble enfoque:

desde el aspecto subjetivo, la garanta de imparcialidad

protege al imputado frente a las actitudes o intereses

personales que el juez pudiera tener sobre el resultado del

pleito; desde el enfoque objetivo, la garanta de

imparcialidad ampara al justiciable frente al temor o

sospecha de parcialidad del juez.

Tal definicin deber completarse con la

determinacin del contenido de ese temor o sospecha de

parcialidad al que se alude; es decir que lo que deber

establecerse, en definitiva, es lo que la parte deber

demostrar al momento de plantear la recusacin del juez de la

causa.

Por mi parte, ya con anterioridad al

trascedente fallo Llerena antes citado, he sostenido que

los motivos de recusacin de los magistrados enumerados en el

art. 55 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin no deben ser

considerados taxativos y excluyentes; as como la tesis de

que en el procedimiento penal, el concepto de ley vigente no

se limita al Cdigo Procesal Penal de la Nacin, sino que

abarca a la Constitucin Nacional y a los Pactos

Internacionales de Derechos Humanos con jerarqua

constitucional (C.F.C.P., Sala IV, causas n 1619 caratulada

Galvn, Sergio Daniel s/recusacin, Reg. Nro. 2031.4, rta.

el 31/8/1999 y n 2509 caratulada Medina, Daniel Jorge

s/recusacin, Reg. Nro. 3456.4, rta. el 20/6/2001).

En esos precedentes se adopt una

interpretacin de la normativa procesal acorde con el

verdadero alcance otorgado por los Tratados Internacionales y

la Constitucin Nacional a la garanta de imparcialidad y del

debido proceso, respecto de la intervencin en el proceso

correccional de un mismo juez tanto en la etapa de

20



instruccin como en la del juicio (cfr. en paralelo el

precedente Llerena citado).

El instituto procesal de la recusacin

contenido en el art. 55 del C.P.P.N. resulta un remedio

conducente en resguardo de la imparcialidad del juzgador, al

impedir que ste contine con su actividad en el proceso,

cuando estuviera relacionado con las personas que intervienen

en el procedimiento, con su objeto o materia, o bien con el

resultado del pleito.

Tal como afirmara el a quo, en los

planteos de recusacin se ponen en juego dos valores

fundamentales: por un lado, la imparcialidad del juez y por

el otro el principio de juez natural; por lo que cuando se ha

afirmado que las causales de recusacin son de interpretacin

restrictiva se lo ha hecho en el sentido de que tales

incidencias no sean utilizadas como instrumentos espurios

para apartar a los jueces naturales del conocimiento de la

causa que legalmente se les ha atribuido.

La defensa en esta oportunidad alega la

afectacin de la garanta de imparcialidad objetiva, por el

temor o sospecha de parcialidad que la actuacin del

magistrado le genera, en base a tres argumentos: a) las

irregularidades y arbitrariedades en las que habra incurrido

el magistrado durante la tramitacin de la causa; b) el

desvo del poder jurisdiccional conferido al juez, y el uso

extorsivo e ilegal de la informacin; y c) las limitaciones y

restricciones al ejercicio del derecho de defensa en juicio.

De manera que los planteos esbozados en

el recurso de casacin, requieren para su correcto examen de

algunas precisiones en torno al aspecto objetivo de la

garanta de imparcialidad.

La Comisin Interamericana de Derechos

Huamnos, al interpretar la garanta contenida en el art. 8.1

de la C.A.D.H., ha sostenido que si la imparcialidad

21


personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en

contrario, la apreciacin objetiva consiste en determinar si

independientemente de la conducta personal del juez, ciertos

hechos que pueden ser verificados, autorizan a sospechar

sobre su imparcialidad" (conf. Comisin IDH, Informe 78/02,

caso 11.335, Guy Malary vs. Hait, 27/12/02).

Del mismo modo, tambin la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha considerado el aspecto

objetivo y subjetivo de la garanta de imparcialidad, al

expresar que Primero, el tribunal debe carecer, de una

manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, tambin

debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es

decir, debe ofrecer garantas suficientes para que no haya

duda legtima al respecto. Bajo el anlisis objetivo, se debe

determinar si, aparte del comportamiento personal de los

jueces, hay hechos averiguables que podra suscitar dudas

respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las

apariencias podrn tener cierta importancia (Corte IDH,

Serie C, N 107, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,

sentencia del 2 de julio de 2004).

En la misma lnea, la garanta de

imparcialidad ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, en el caso Delcourt vs. Blgica,

sealndose que en materia de imparcialidad judicial lo

decisivo es establecer si, desde el punto de vista de las

circunstancias externas (objetivas), existen elementos que

autoricen a abrigar dudas con relacin a la imparcialidad con

que debe desempearse el juez, con prescindencia de qu es lo

que pensaba en su fuero interno (cfr. Fallos: 327:5863,

Quiroga).

La imparcialidad del juez frente al caso,

en un sentido genrico, implica la objetividad de la

actividad jurisdiccional y el apego estricto a la ley, para

posibilitar la realizacin de un juicio justo.

22



Tambin se ha sealado, haciendo

referencia al instituto de recusacin, que Esta otorga el

derecho a las partes de instar a la separacin de un juez

cuando, ms all de la conducta personal del juez

cuestionado, existen hechos demostrables o elementos

convincentes que produzcan temores fundados o sospechas

legtimas de parcialidad sobre su persona, impidindose de

este modo que su decisin sea vista como motivada por razones

ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del

sistema judicial se vea distorcionado (Corte IDH, Caso Apitz

Barbera y otros vs. Venezuela, Expecin Preliminar, Fondo,

Reparacin y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008,

prrafo 63).

La imparcialidad objetiva se vincula,

entonces, con el hecho de que el juzgador muestre garantas

suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que

pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso (en

tal sentido, cfr. en lo pertinente y aplicable, Comisin IDH,

Informe n 5/96, del 1/3/96, caso 10.970, Meja vs. Per y

Corte IDH, Serie C, N 107, caso Herrera Ulloa vs. Costa

Rica, sentencia del 2 de julio de 2004).

En este aspecto, el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, en el caso De cubber, refiri que en

materia penal incluso las apareciencias pueden revestir

importancia.

En el caso Piersack, la Comisin

Interamericana sobre Derechos Humanos sostuvo que no basta

con que el juez acte imparcialmente, sino que es preciso que

no exista apariencia de parcialidad en tanto lo que se

encuentra en juego es la confianza de los ciudadanos en los

tribunales de una sociedad democrtica.

En el caso Palamara Iribarne vs. Chile

la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiri que la

imparcialidad del juzgador se encuentra ntimamente

23


relacionada con la falta de posicin tomada en la

controversia (Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile,

sentencia de 22 de noviembre de 2005, prrafo 146).

Entonces, el anlisis que desde la

dogmtica de la garanta de imparcialiad objetiva debe

realizarse consiste en determinar si la labor desarrollada

por el magistrado cuyo apartamiento persigue la defensa pudo

generar un temor o sospecha de parcialidad suficiente que

permita hacer lugar a su planteo.

VI. Reseado el marco terico sobre el

cual habrn de examinarse los motivos alegados por la defensa

en la presentacin casatoria, habr de sealar que comparto

los argumentos esgrimidos por el a quo en punto a que no se

encuentra acreditada en el caso la afectacin de la garanta

de imparcialidad alegada.

En efecto, las razones por las que la

empeosa defensa sustenta su temor de parcialidad no se

presentan como indicios de entidad suficiente que permitan

sostener la falta de parcialidad del juez frente al caso, ni

justifican su apartamiento.

La defensa no ha logrado demostrar la

existencia de una cuestin objetiva que afecte o permita

sospechar la falta de imparcialidad por parte del juzgador.

La recusacin planteada se asienta, en

parte, en el dictado de una serie de diligencias que sin

perjuicio de que puedan compartirse o no fueron consideradas

conducentes por el magistrado a los fines de la investigacin

de los hechos objeto de la denuncia que diera origen a estas

actuaciones, y a las que no puede atribuirse el carcter de

irregulares que pretende la defensa.

Surge, en efecto, de la lectura del

requerimiento de instruccin (obrante a fs. 14/19 de los

autos principales) que conforme lo normado por el art. 188

del C.P.P.N. el fiscal federal, Carlos Ernesto Stornelli al

24



impulsar la instruccin de la denuncia presentada, no slo ha

hecho referencia al accionar de los funcionarios de la

Inspeccin General de Justicia, en relacin con el

incumplimiento denunciando en que habra incurrido la firma

Hotesur S.A., sino que tambin remarc la presunta

contratacin falsa de plazas o habitaciones en Hotesur S.A.,

propietaria del hotel Alto Calafate en Santa Cruz, por

reservas realizadas, cuya ocupacin considerara mayormente

ficticia.

Tambin, se desprende de la lectura de la

pieza referida que el fiscal ha hecho referencia a las

posibles operaciones de blanqueo o lavado de activos y a la

necesidad de abrir diferentes lneas de investigacin penal.

Fue en este marco que el juez

interviniente, en virtud de lo solicitado por el Ministerio

Pblico Fiscal, que haba requerido la incautacin de toda la

documentacin relacionada con la presente denuncia de la

Inspeccin General de Justicia, de la Direccin General de

Personas Jurdicas, de la A.F.I.P., y de las sedes de Hotesur

S.A., Valle Mitre y Alto Calafate, entre otras medidas, dict

los actos o diligencias probatorias sealados por la parte

recurrente.

Las crticas ensayadas por la defensa,

sobre las cuales apoy los motivos casatorios esgrimidos en

la pieza recursiva y en la audiencia de debate celebrada, se

dirigen a cuestionar la validez de los actos procesales

dictados por el juez instructor, ms no logran demostrar en

qu sentido el dictado de las diligencias aludidas le genera

un temor fundado y razonable de parcialidad del juez.

Por el contrario, las objeciones

introducidas slo revelan una disconformidad con el modo en

que el juez viene llevando a cabo la investigacin, que

encuentra sustento en las facultades que el Cdigo Procesal

Penal de la Nacin vigente le concede.

25


Antes bien, las alegadas irregularidades

referenciadas por la defensa en el recurso de casacin as

como las cuestiones de litispendencia y competencia que la

parte recurrente introduce no constituyen por su naturaleza

jurdica motivos de apartamiento; en todo caso, deberan ser

encausadas y examinadas en el marco incidental respectivo.

Es que, como se expresara anteriormente,

las causales de recusacin de los magistrados deben ser

interpretadas y analizadas de manera prudente y detenida, en

tanto traen como consecuencia el apartamiento del juez de la

causa, el que slo ser procedente frente a la verificacin

de la existencia de razones serias y objetivas del temor

alegado por la parte.

Que en un reciente y trascendente fallo,

la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha aludido a la

interpretacin con la que debe analizarse el apartamiento de

los magistrados y sus consecuencias en relacin al

desplazamiento de la normal y legal competencia, con cita de

Fallos 319:758 y 318:2125.

As, en el considerando 11) de esta

sentencia se ha expresado que la integridad de espritu de

los magistrados, la elevada conciencia de su misin y el

sentido de la responsabilidad que es dable exigirles, pueden

colocarlos por encima de cualquier sospecha de parcialidad y,

en defensa del deber de cumplir con la funcin encomendada,

conducirlos a no aceptar las sospechas de alegada, no probada

y desestimada parcialidad (Fallos: 319:758) (cfr. CSJN

1095/2008/CSJ1 Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN CSJN-

Consejo de la Magistratura- art. 110 s/ empleo pblico,

sentencia del 21/4/2015).

En el caso, la parte no ha logrado

demostrar que se hubiera inobservado alguna de las formas

sustanciales del debido proceso que hicieran presumir la

falta de imparcialidad del juez ni ha aportado elementos

26



convincentes que permitan cuestionar la imparcialidad

objetiva del magistrado.

Por lo dems, cabe recordar que los

supuestos de recusacin no constituyen para las partes un

instrumento eficaz para separar al juez interviniente del

conocimiento de la causa cuando sus resoluciones no les sean

favorables (cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala

IV, causas n 15.825 caratulada ZABALA, Mario Edgar

s/recurso de casacin, Reg. Nro. 429.14.4, rta. el 28/5/2014

y n 1787 caratulada Insaurralde Resina, Elas s/recurso de

casacin, Reg. Nro. 1787/14.4, rta. el 5/9/14, entre otras).

Tampoco, como lo mencionara el a quo,

las incidencias de recusacin que fueran promovidas por las

partes se presentan como el medio o remedio procesal adecuado

para impugnar o cuestionar el contenido de las resoluciones

dictadas por el juez o analizar su fundamentacin.

Entonces, reitero, la correcta

interpretacin de los cuestionamientos de la esforzada

defensa demuestran una profunda discrepancia con el modo de

conduccin del presente proceso, que por lo dicho no se

presentan idneos para fundar la recusacin que se pide en

tanto no ha sealado ni ha aportado elementos convincentes ni

medios probatorios que demuestren, en el caso, la ausencia,

ni siquiera en grado de temor fundado, de imparcialidad del

juzador, conforme la dogmtica expuesta.

Con relacin a las valoraciones

efectuadas por la prolija defensa en cuanto funda su temor de

parcialidad en la denegacin por parte del magistrado de

tomar vista del expediente en varias oportunidades y de

extraer fotocopias, debo sealar que aun cuando fue necesaria

la intervencin de la Cmara Federal en relacin al segundo

de los puntos mencionados (cfr. fs. 346/346 vta. del

expediente principal) para que el pedido de acceso al

expediente fuera concedido y sustanciado, los motivos

27


alegados no resultan suficientes para concluir en la

afectacin de la garanta de imparcialidad objetiva.

Tampoco ha logrado demostrar la defensa

el inters personal o particular que el juez federal Claudio

Bonado tendra en la sustanciacin de las presentes

actuaciones, que sustenta en el uso extorsivo del poder

jurisdiccional por la denuncia efectuada en su contra en el

Consejo de la Magistratura y el desvo de informacin pblica

en los medios de comunicacin.

En efecto, sobre el punto luce correcta

la afirmacin realizada por el a quo en cuanto sostiene que

no se encuentra configurada la causal prevista en el inc. 4

del art. 55 del C.P.P.N. si se advierte que la denuncia

efectuada ante el Consejo de la Magistratura fue presentada

con fecha 27 de noviembre de 2014, esto es, con posterioridad

al inicio de las presentes actuaciones (10 de noviembre de

2014) y por una persona que no tiene vinculacin con el

presente proceso.

En este punto, considero que no se ha

logrado demostrar suficientemente la alegada sospecha de

falta de imparcialidad que se invoca respecto del magistrado

aludido y que no se verifican puntos de sustento objetivos

que conduzcan a la parte a albergar dudas acerca de la

incolumidad de la garanta de ser juzgado por un juez o

tribunal imparcial.

La seora Fiscal General propici que se

hiciera lugar a la pretensin de la defensa; sin embargo,

atento al alcance y la naturaleza del planteo sometido a

inspeccin jurisdiccional, es el Tribunal quien, luego de oir

a las partes, debe resolver sobre el planteo de recusacin y

evaluar la concurrencia de alguna de las causales previstas

en el art. 55 del C.P.P.N. o la afectacin de la garanta de

imparcialidad del juzgador (art. 18, C.N.), las que en el

28



caso como dejara expuesto en el presente voto, no se

encuentran configuradas.

Por todo lo expuesto, adhiero a la

solucin propuesta por el doctor Luis M. Cabral de rechazar

el recurso de casacin interpuesto por la defensa de Romina

de los ngeles Mercado. Con costas en esta instancia (art.

530 y 531 del C.P.P.N.).

VII. Por todo lo expuesto, corresponde:

I. NO HACER LUGAR a la reposicin

intentada por el doctor Carlos Alberto Beraldi, con costas

(arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

II. RECHAZAR in limine el planteo de

nulidad articulado a fs. 182/189 vta., por el doctor Carlos

Alberto Beraldi, asistiendo tcnicamente a Romina de los

ngeles Mercado. Con costas en esta instancia (arts. 166 a

contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.N.).

III. RECHAZAR in limine la recusacin

interpuesta a fs. 182/189 vta. por el doctor Carlos Alberto

Beraldi, asistiendo tcnicamente a Romina de los ngeles

Mercado, respecto de los doctores Gustavo M. Hornos y Luis M.

Cabral, para intervenir en las presentes actuaciones (art.

62, en funcin del art. 55 del C.P.P.N., art. 18 y 75 de la

C.N., 8.1. de la C.A.D.H. y art. 8.1. del P.I.D.C.yP). Con

costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

IV. RECHAZAR el recurso de casacin

interpuesto por el doctor Carlos Alberto Beraldi, asistiendo

tcnicamente a Romina de los ngeles Mercado, contra la

resolucin que resuelve confirmar el rechazo de la recusacin

interpuesta contra el juez federal Claudio Bonado para

seguir interviniendo en las presentes actuaciones. Con costas

(art. 530 y 531 del C.P.P.N.).

V. TENER PRESENTE la reserva del caso

federal.

29


La seora jueza doctora Ana Mara

Figueroa dijo:

1) Que en primer trmino habr de

expedirme sobre los recursos de reposicin al trmite de los

planteos de nulidad y recusacin y sobre stos ltimos- que

realizara a fojas 193/195 y 182/189 respectivamente, del

presente incidente, el Dr. Carlos Beraldi contra los jueces

Gustavo Mario Hornos y Luis Mara Cabral, argumentando

posibles filtraciones pblicas de informacin sensible

correspondiente a estas actuaciones, en los medios masivos de

comunicacin de prensa escrita, respecto a las decisiones que

tomaran ambos magistrados antes de ser notificado el

decisorio a las partes, lo que entiende constituira

prejuzgamiento. Adhiero a la solucin propuesta por mis

distinguidos colegas que me preceden, atento que las

opiniones y operaciones periodsticas mientras se tramita una

causa, no pueden ser utilizadas para apartar a los jueces

naturales, al no encontrarse previsto el recurso de

reposicin en esta instancia, corresponde rechazar in limine

las pretensiones.

2) Que en segundo trmino corresponde

ingresar en el anlisis del recurso interpuesto por el Dr.

Carlos Beraldi por la defensa, contra el fallo de la Sala 1

de la Cmara Federal en lo Criminal y Correccional de fecha

19/02/2015, que por mayora rechaz la recusacin intentada

por dicha parte contra el seor juez federal interviniente

Claudio Bonado. Adelanto que por compartir el marco terico

analizado por los distinguidos jueces preopinantes, entiendo

que la solucin que corresponde adoptar es hacer lugar al

recurso y apartar al seor juez de primera instancia a cargo

de la investigacin, conforme el siguiente anlisis.

3) El fallo recurrido no constituye

sentencia definitiva, en la medida que no pone fin al pleito,

ni se pronuncia de modo final sobre el hecho imputado, pero

30



este caso resulta equiparable a tal, en tanto produce un

perjuicio de tarda e insuficiente reparacin ulterior, al

cuestionarse la imparcialidad objetiva del juzgador en el

proceso que por su naturaleza, exige una consideracin

inmediata en tanto constituye la nica oportunidad para su

adecuada tutela, ya que el planteo se dirige a que la

investigacin en curso no contine ante el mismo juez

respecto al que se formulan sealamientos que ponen en duda

su imparcialidad -conforme en similar sentido, Fallos:

316:826; 322:1941, disidencia de los jueces Boggiano y Fayt;

326:3842, disidencia de los jueces Maqueda y Vzquez-,

326:2657, 328:1491, 328:1000, entre otros-, y encontrndose

comprometida una garanta constitucional y la resolucin

recurrida ha sido adversa al derecho federal invocado,

corresponde su tratamiento.

Ello as, por cuanto si bien los recursos

de casacin impetrados contra el rechazo de recusaciones

planteadas contra los magistrados intervinientes, en

principio, se declaran inadmisibles ante la instancia

casatoria, en este caso sometido a control jurisdiccional en

tanto el Ministerio Pblico Fiscal, por compartir los

argumentos del recurrente, adhiri a la pretensin

defensista, es que se impone el ingreso al tratamiento sobre

el fondo de la cuestin, a fin de controlar la razonabilidad

del planteo.

4) El planteo del recurrente en esta

instancia fue acompaado por la adhesin fiscal de la Dra.

Gabriela Baign, por el Ministerio Pblico Fiscal, quien

representa los intereses de toda la sociedad y tiene a su

cargo por mandato constitucional promover la actuacin de

la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses

generales de la sociedad, en coordinacin con las dems

autoridades de la Repblica -artculo 120 de la

31


Constitucin Nacional-, dicho control de legalidad incluye el

examen de la actuacin de los magistrados.

Sostiene la seora fiscal ante esta

instancia que en autos se ha configurado una causal de temor

objetivo de parcialidad, conforme un conjunto de actos

procesales que resea, atento el precedente Llerena Fallos

328:1491- que establece que para que el planteo recursivo por

temor de parcialidad, no es necesario la comprobacin

fehaciente, sino es procedente por la sospecha razonable de

parcialidad en el juzgador. Siguiendo la jurisprudencia de la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin, corresponde verificar

la existencia de elementos que permitan tener duda razonable

de parcialidad del juzgador, siendo el temor de parcialidad

un vicio objetivo del procedimiento y no una mala cualidad

subjetiva o personal del juez. Se trata de una exigencia de

neutralidad como garanta del justiciable.

Argumenta como precedentes, que

encontrndose alcanzada la garanta del artculo 18 de la

Constitucin Nacional en el caso, La facultad de apartar a

los jueces sospechados de parcialidad, no debe ser confundida

con una agresin a la honorabilidad u honestidad de los

jueces el temor de imparcialidad es un vicio objetivo del

procedimiento y no una mala cualidad subjetiva o personal del

juez conforme dictamen del Procurador General en

Zenzerovich, Z. 81. XXXIII, rta. el 24/09/1998-.

Si bien no es determinante la posicin

asumida por el fiscal en el proceso, salvo cuando recurre en

soledad y desiste, porque en esa circunstancia al no impulsar

la va la causa se torna inoficiosa; en ste caso el imputado

y la fiscal coinciden, por lo cual el juez en su atribucin

jurisdiccional debe realizar un minucioso escrutinio, mximo

en nuestro sistema de enjuiciamiento donde su rol de acusar

hasta la disponibilidad de la accin, es una parte esencial

del sistema acusatorio y vela en defensa del principio de

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legalidad, del debido proceso y de los derechos del imputado,

habiendo afirmado que el apartamiento del seor juez de

primera instancia debe proceder, no slo por las causales del

artculo 55 del CPPN, sino por la exigencia de normas

convencionales que introducen el temor de parcialidad, como

un avance a las tradicionales causales del derecho penal

liberal.

5) Que en la cuestin sometida a control

jurisdiccional de esta Sala, habr de realizar un estricto

test de constitucionalidad y convencionalidad en el marco de

la Constitucin Nacional, los tratados de Derecho

Internacional sobre Derechos Humanos con la misma jerarqua

-conforme los artculos 18, 75 inciso 22 CN-, jurisprudencia

y doctrina nacionales e internacionales que rigen la materia,

acorde los derechos y garantas incorporadas a partir del

paradigma del neoconstitucionalismo, conforme la reforma

constitucional sancionada en nuestro pas en el ao 1994.

Nuestro Estado Constitucional de Derecho

impone la garanta a ser juzgado por un juez o tribunal

imparcial, puede categorizarse como una garanta fundamental

y en consecuencia estructural del sistema de derechos y

garantas que la Constitucin Nacional ha estructurado para

todo habitante de la Repblica Argentina, sin distincin

alguna.

Analizo el alcance de la garanta de juez

imparcial dentro del debido proceso, defensa en juicio y

derecho judicial eficaz, establecidas en los artculos 18 de

la Constitucin Nacional; 26 de la Declaracin Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos; 8.1 de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos; 10 de la

Declaracin Universal de Derechos Humanos, todos ellos con

jerarqua constitucional conforme el artculo 75 inciso 22 de

la Constitucin Nacional, puesto que su desconocimiento puede

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comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al

orden jurdico internacional.

La operatividad y superioridad jerrquica

de normas constitucionales y convencionales sobre las de

derecho interno Cdigo Penal, CPPN, entre otras-, imponen

que al evaluar estas ltimas frente al balance normativo, no

deba interpretarse para el justiciable slo las causales de

recusacin taxativamente contempladas en el artculo 55 en

sus 12 incisos del CPPN, sino que adems debe ponderarse el

temor de parcialidad incorporado va convencional. Dentro de

las garantas de debido proceso, el derecho del imputado de

recusar al juez para el cumplimiento del requisito de

imparcialidad, se encuentra reglado en las leyes de forma,

para que el juez asegure su rol de tercero imparcial y

desinteresado que resuelve sobre intereses en conflicto

sometidos a su jurisdiccin, pero ante el temor razonable y

fundado de parcialidad, corresponde que el juzgador sea

apartado, porque el juez debe tener la confianza de los

sujetos que juzga, de modo que stos no slo no tengan, sino

ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez

enemigo o de cualquier modo no imparcial Ferrajoli, Luigi.

Derecho y razn. Teora del garantismo penal, traduccin

Ibez, Perfecto Andrs, Editorial Trotta, Madrid, 1995,

pginas 581/582-. Su contracara es la atribucin del juzgador

de inhibirse por motivos taxativos conforme las normas de

procedimiento.

El derecho de los justiciables a ser

juzgados por un juez o tribunal competente, independiente e

imparcial, como garanta del imputado, ha de realizarse sin

menoscabo de otros de igual jerarqua artculos 75 inciso 22

CN, 8. 1. CADH y 14. 1. PIDCP-, analizando la plena igualdad

de la persona frente al juzgador, de modo que le permita

ejercer sus derechos de acceso a los autos, expresarse y

peticionar conforme a derecho, acceder a los elementos y

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piezas procesales, ser odo y controlar la produccin de la

prueba de cargo, o sea, adems de las causales expresamente

consignadas en la ley de forma, donde el juez deber

inhibirse o podr ser recusado si incurre en algunos de los

supuestos del artculo 55 del CPPN -ley de tercer orden en

la escala normativa de nuestro pas-, debe verificarse la

razonabilidad del temor de parcialidad. En consecuencia,

para asegurarse que el justiciable comn, que es parte en un

proceso, no sienta vulnerado su derecho de defensa, ni

albergue dudas razonables por cuestiones objetivas que le

hagan presumir que el juez, en virtud de actos procesales y

hechos verificados en el expediente, habr de decidir con

preconceptos, que configuren desconfianza en el ciudadano y

especialmente en el imputado, sobre cmo se administra

justicia -pilar esencial de la repblica y del sistema

democrtico-, debe operar su apartamiento.

Lo que debe evitarse es que cualquier

habitante al ser sometido a la jurisdiccin, tenga

desconfianza por el devenir objetivo del proceso, y por el

contrario, se afianza la justicia cuando se tiene certeza

sobre la imparcialidad del juzgador, la conviccin subjetiva

que se puede confiar en la justicia, que todos los habitantes

son medidos con la misma vara de la ley.

En ese sentido, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos ha sealado el carcter fundamental del

derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, al

sostener que "Se debe garantizar que el juez o tribunal en el

ejercicio de su funcin como juzgador cuente con la mayor

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez

que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las

partes en el caso, as como a los ciudadanos en una sociedad

democrtica" -conf. CIDH, Serie C, N 107, caso "Herrera

Ulloa vs. Costa Rica", sentencia del 2 de julio de 2004,

pargrafo 171-.

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En la misma interpretacin nuestra Corte

Suprema de Justicia de la Nacin, en Llerena -Fallos:

328:1491-, ha sostenido Que el temor de parcialidad que el

imputado pueda padecer, se encuentra ntimamente vinculado

con la labor que el magistrado realiza en el proceso

entendida como sucesin de actos procesales celebrados-

previo al dictado de la sentencia, y por ende debe

diferencirselo de los reproches personales e individuales

contra la persona concreta del juez. En este sentido podra

decirse que para determinar el temor de parcialidad no se

requiere una evaluacin de los motivos que impulsaron al juez

a dictar dichos actos procesales, ni sus fundamentos en el

caso individual. Basta con que se hayan dictado estos actos

pues marcan una tendencia de avance del proceso contra el

imputado- para que quede configurado este temor

considerando 12-.

Contina que la imparcialidad objetiva

se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantas

suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que

pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si

de alguna manera puede presumirse por razones legtimas que

el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al

tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para

preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del

imputado- en la administracin de justicia, que constituye un

pilar del sistema democrtico -consi

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