SECOND SECTION

CASE OF BELVEDERE ALBERGHIERA S.r.l. v. ITALY

(Application no. 31524/96)

JUDGMENT

STRASBOURG

30 May 2000

FINAL

30/08/2000

16Belvedere Alberghiera S.r.l.v. Italy JUDGMENT31Belvedere Alberghiera Srl v. Italy JUDGMENT

In the case of Belvedere Alberghiera S.r.l. v. Italy,The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:MrC.L. Rozakis, President,MrA.B. Baka,MrB. Conforti,MrG. Bonello,MrsV. StrnickMrP. Lorenzen,MrsM. Tsatsa-Nikolovska, judges,and Mr E. Fribergh, Section Registrar,Having deliberated in private on 13 January and 11 May 2000,Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDIMIENTO1. El caso se origin en una aplicacin (no. 31524/96) contra el ItalianRepublic presentada ante la Comisin Europea de Derechos Humanos ("la Comisin") en virtud del antiguo artculo 25 de la Convencin para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ("la Convencin ") por una empresa formada por la legislacin italiana, Belvedere Alberghiera Srl ("La empresa solicitante"), el 2 de mayo de 1996. La empresa solicitante aleg una lesin injustificada de su derecho al disfrute pacfico de sus posesiones. El 1 de julio de 1998, la Comisin decidi notificar la demanda al Gobierno italiano ("el Gobierno") y les invit a presentar sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo.2. Tras la entrada en vigor del Protocolo N 11 al Convenio el 1 de noviembre de 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 2 de la misma, la solicitud fue examinada por el Tribunal. De conformidad con el artculo 52 1 del Reglamento de la Corte, el Presidente de la Corte asign el caso a la Seccin Segunda. La Sala constituida dentro de esa Seccin comprenda como miembros de Sr. B. Conforti, el juez elegido en representacin de Italia (artculo 27 2 del Convention y Rule 26 1 (a)), y el Sr. CL Rozakis, el Presidente de la Seccin (artculo 26 1 (a)). Los otros miembros designados por este ltimo para completar la Sala eran los seores M. Fischbach, el Sr. P. Lorenzen, la seora M. Tsatsa-Nikolovska, Sr. AB Baka y el Sr. E. Levits (artculo 26 1 (b)). Posteriormente el Sr. Fischbach y el Sr. Levits fueron reemplazados por el Sr. G. Bonello y la Sra. V. Strnick respectivamente. 3. Ante el Tribunal, la empresa demandante est representada por el Sr. Nicol Paoletti. El Gobierno est representado por su agente, el seor U. Leanza, y co-agente, el seor V. Esposito.4. El 21 de septiembre de 1999, la Sala admiti la demanda y decidi celebrar una audiencia sobre el fondo.5. La empresa solicitante y el Gobierno presentaron un memorial.6. Los debates se desarrollaron en pblico en el HumanRightsBuilding, Estrasburgo, el 13 de enero de 2000.

Comparecieron ante la Corte:(a) para el GobiernoSr. V. ESPOSITO, Co-Agente;

(b) para la empresa solicitanteSr. N. PAOLETTI ySra. N. PAOLETTI, tanto del Colegio de Abogados de Roma, los Abogados.LOS HECHOSI. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO7. La empresa solicitante, dueo del Hotel Belvedere en Monte Argentario, tambin era dueo de 1.375 metros cuadrados. de tierra que dio a los clientes del hotel, con acceso directo al mar.8. El 19 de mayo de 1987, el municipio de Monte Argentario aprob una resolucin en la que se aprueba un programa de construccin de carreteras. El camino era para pasar por encima de la tierra de la empresa solicitante.9. El 25 de mayo de 1987, el alcalde de Monte Argentario emiti una Resolucin, mediante un procedimiento acelerado, por la posesin de las tierras de la empresa solicitante. En fecha no especificada las autoridades tomaron posesin fsica de la tierra y comenzaron las obras de construccin de carreteras.1. Las actas emitidas por la empresa solicitante en los tribunales administrativos10. La sociedad demandante interpuso recurso ante el Tribunal Administrativo Regional de Toscana ("CCR"), impugnando, entre otras cosas, la legalidad de la resolucin de la municipalidad de 19 de mayo de 1987 y de la ocupacin de la tierra.. 11 Mediante sentencia dictada el 2 de diciembre de 1987, el RAC Toscana estim el recurso de la empresa solicitante; que anul la resolucin de la municipalidad de 19 de mayo de 1987 y determin que todas las medidas que adopte posteriormente que no era vlido. El RAC encontr que el municipio haba aprobado el plan de construccin de carreteras sin necesidad de llevar a cabo estudios tcnicos suficientes antemano. Como resultado, el esquema aprobado era ilegal y no poda considerarse como de inters pblico (no atto un realizzare pubblico interesse des).12. Esa decisin fue presentado en la Secretara el 24 de mayo de 1988 y pas a ser definitiva el 9 de junio de 1989.2. Los procedimientos de ejecucin emitidos por la empresa solicitante13. Mediante escritos de 8 de julio de 1988, 11 de agosto 1989 y el 18 de julio de 1990, la empresa solicitante pidi el municipio de Monte Argentario para restablecer y devolver las tierras, de conformidad con la sentencia dictada por el RAC. Sin embargo, el municipio no tom ninguna medida.14. La empresa solicitante emiti procedimientos de ejecucin (giudizio di ottemperanza) en el RAC Toscana para el reintegro y devolucin de la tierra de acuerdo con la sentencia de 2 de diciembre de 1987.15. El 26 de junio de 1991, el RAC desestimado este recurso por considerar que la sentencia del 02 de diciembre 1987 no se pudo cumplir, ya que haba sido una expropiacin constructiva.. 16 El RAC observ que si bien la sentencia del 02 de diciembre 1987 anul la resolucin del municipio de Monte Argentario por defectos de procedimiento durante la consulta de planificacin, que no impiden el municipio desde posteriormente reiniciar el procedimiento y aprobar una nueva resolucin - a pesar de que no haba, en todo caso hecho. El RAC continu diciendo que, como resultado de la regla constructivo-expropiacin (acquisitiva occupazione), la empresa solicitante ya no era el dueo de la tierra, que se haba convertido en propiedad del municipio de Monte Argentario despus de la finalizacin de la carretera-las obras de construccin. A pesar de su fallo anterior y el hecho de que las obras llevadas a cabo por las autoridades eran peligrosas y contraria al inters pblico, el hecho de que las autoridades haban finalizado las obras significaron que el ttulo de la tierra haba sido transferido. En consecuencia, la restitucin era imposible. Sin embargo, como la transferencia de la propiedad haba sido ilegal, la empresa solicitante tena derecho a reclamar daos y perjuicios en los tribunales civiles.17. La sociedad demandante interpuso un recurso contra dicha resolucin ante el Consiglio di Stato, su tesis principal es que, aunque el RAC dictamin que la conducta de las autoridades era ilegal antes de que hubieran finalizado las obras, las autoridades han hecho caso omiso de la sentencia. El hecho de que la regla constructivo-expropiacin haba sido aplicada en el presente caso haya dictado la sentencia carece de objeto, ya que las autoridades tenan la libertad de actuar de forma ilegal, con el nico objetivo de adquirir ttulo de propiedad.18. Mediante resolucin de 5 de junio de 1995 la Seccin V del Consiglio di Stato, ante quien la apelacin estaba pendiente, decidi remitir la apelacin ante el tribunal en pleno. La orden indica que la seccin en cuestin considera que en el presente caso, la prdida de la titularidad de la tierra como consecuencia de las obras pblicas que se estn llevando a cabo equivale a una denegacin de justicia. Si una decisin de un tribunal administrativo favorable al propietario de la tierra, tales como la resolucin de 2 de diciembre de 1987, no pudo evitar que las autoridades hayan tomado posesin de la tierra, el propietario estara a su merced. Por otra parte, la seccin V del Consiglio di Stato seal que el municipio de Monte Argentario, no haba vuelto a abrir la consulta de planificacin o pasado las resoluciones ulteriores tras la anulacin de la resolucin por el RAC.19. Mediante resolucin de 7 de febrero de 1996, el Consiglio di Stato, sentado en Pleno, desestim el recurso de la empresa solicitante. Sostuvo que la aplicacin de la regla constructivo-expropiacin no haba supuesto una denegacin de justicia en el presente caso. Se dijo que las obras de construccin de carreteras se haban completado en gran medida el 7 de agosto 1987, cuando la RAC haba dado su fallo. A partir de entonces, slo el trabajo adicional de menor importancia haba sido llevado a cabo, tales como la instalacin de iluminacin y la realizacin del revestimiento de carreteras. En consecuencia, 07 de agosto 1987 deba considerarse la fecha en que el ttulo de la tierra fue transferida debido a que fue en ese momento que el cambio de usuario de la tierra se haba vuelto irreversible, como consecuencia de la finalizacin de las obras. La tierra ya no poda ser devuelto debido a la expropiacin constructiva. Esa fecha fue tambin el punto de partida del plazo de prescripcin legal para reclamar daos y perjuicios.II. DERECHO INTERNO PERTINENTE Y PRCTICAA. Ley no. 85 de 22 de octubre 197120. Esta ley regula el procedimiento de expropiacin urgente, que permite a las autoridades para empezar a construir antes de la expropiacin. Una vez que el plan ha sido declarado de inters pblico y de los planes que se adopten, las autoridades pueden hacer una orden de posesin acelerada, durante un perodo limitado no superior a cinco aos, con respecto a la tierra a ser expropiada. El pedido se anular automticamente si la posesin fsica de la tierra no se tiene un plazo de tres meses despus de su emisin. Despus de la tierra ha sido poseda, una orden de expropiacin formal que debe realizarse y la indemnizacin pagada. B. La regla constructivo-expropiacin (acquisitiva occupazione o invertita accessione)21. Durante la dcada de 1970, una serie de autoridades locales tomaron posesin de la tierra mediante el procedimiento acelerado, pero no pudo posteriormente de emitir una orden de expropiacin. Los tribunales italianos se enfrentaron a los casos en que el terrateniente haba perdido el uso de facto de la tierra, ya que haba sido poseda y la construccin de obras de inters pblico se han emprendido. Se plante la cuestin de si el mero hecho de que las obras se haban llevado a cabo significa que el propietario tambin haba perdido el ttulo de la tierra.1. Jurisprudencia antes de la sentencia del Tribunal de Casacin no. 1464 de 16 de febrero 198322. Hubo una divergencia sustancial en las decisiones del Tribunal de Casacin sobre los efectos de la realizacin de obras de construccin de inters pblico en terrenos donde la posesin haba sido tomada ilcitamente. Posesin ilegal significa la posesin que sea ilegal desde el principio, es decir, obtenidos sin autorizacin, o que est autorizado inicialmente, pero posteriormente pas a ser ilegal, ya sea porque la autoridad que se anule o porque la posesin contina ms all del perodo autorizado, sin una orden de expropiacin que se hizo.23. Bajo una lnea de jurisprudencia, el dueo de la tierra que haba sido posedo por las autoridades no perdi la titularidad despus de la finalizacin de las obras de inters general. Sin embargo, no poda solicitar el reintegro de las tierras; su nico remedio era interponer una demanda por daos y perjuicios por posesin ilcita. Sin plazo de prescripcin se aplica a acciones tales como la ilegalidad de la posesin continuaba. Las autoridades podran en cualquier momento emitir una orden de expropiacin formal. Si lo hicieran, la accin por daos y perjuicios se transform en una disputa sobre la indemnizacin por expropiacin, con daos y perjuicios por la prdida del disfrute de la tierra es debido nicamente por el perodo previo a la emisin de la orden de expropiacin (vase, entre otras autoridades , las sentencias dictadas por el Tribunal de Casacin nos 2341 de 1982;. 4741 de 1981, y 6452 y 6308 de 1980).24. En una segunda lnea, el propietario no pierde la propiedad de la tierra y podra solicitar su reincorporacin si las autoridades hubieran actuado, salvo en el inters pblico (vase, por ejemplo, la Corte de Casacin sentencias nms. 1578 de 1976 y 5679 de 1980).25. En una tercera lnea, un propietario desposedo por las autoridades perdidos automticamente derecho a la tierra tan pronto como se haba alterado de forma irreversible, es decir, al trmino de las obras de inters general. eraderecho a reclamar daos y perjuicios (la nica autoridad es la Corte de Casacin no. 3243 de 1979).2. Sentencia del Tribunal de Casacin no. 1464 de 16 de febrero 198326. Mediante sentencia de 16 de febrero de 1983, el Tribunal de Casacin, en calidad de tribunal pleno, resolvi el conflicto entre las autoridades de jurisprudencia y adopt la tercera solucin. De este modo, se estableci la regla constructivo-expropiacin (invertita accessione o acquisitiva occupazione). Bajo el gobierno, los poderes pblicos adquieren derecho a la tierra desde el principio antes de la expropiacin formal si, despus de tomar posesin de la tierra y con independencia de si dicha posesin es legal, se realizan las obras de inters general. Si, en un principio, la tierra es poseda sin autorizacin, la transferencia de la propiedad se lleva a cabo cuando se completen las obras de inters general. Si la toma de posesin fue autorizada desde el principio, la propiedad se transfiere al expirar el plazo autorizado de posesin. En la misma sentencia, el Tribunal de Casacin declar que, en una expropiacin constructiva, el propietario tiene derecho a una indemnizacin en su totalidad como la adquisicin de la tierra ha tenido lugar sin ttulo (titulo de seno). Sin embargo, la indemnizacin no se paga de forma automtica: el propietario debe presentar una reclamacin por daos y perjuicios. Adems, el derecho a la indemnizacin est sujeta a un plazo de prescripcin de cinco aos que se aplica a las acciones ilcitas; el punto de partida es la fecha en que la tierra se ve alterado de forma irreversible.3. La jurisprudencia posterior a la sentencia del Tribunal de Casacin no. 1464 de 1983(a) Plazo de prescripcin27. Inicialmente, se sostuvo que ningn plazo de prescripcin se aplica, ya que la posesin de la tierra sin ttulo fue un acto ilegal continua (vase el prrafo 23 supra). En su sentencia nm. 1464 de 1983, el Tribunal de Casacin declar que el derecho a la indemnizacin estaba sujeta a un plazo de prescripcin de cinco aos (vase el prrafo 26 supra). Posteriormente, la Sala Primera de la Corte de Casacin dijo que un plazo de prescripcin de diez aos debe aplicarse (nos juicio. 7952 de 1991 y 10.979 de 1992). El 22 de noviembre de 1992, el pleno del Tribunal de la Corte de Casacin decidi la cuestin, por ltimo, al considerar que el plazo de prescripcin es de cinco aos y comienza a correr a partir de la fecha en que la tierra se ve alterado de forma irreversible.(b) Los casos en que el principio de expropiacin constructiva no se aplica28. Los acontecimientos recientes en el show jurisprudencia que el mecanismo por el que la ejecucin de las obras de construccin de inters pblico opera atransferir la propiedad de la tierra a las autoridades est sujeto a excepciones.29. En su sentencia nm. 874 de 1996, el Consiglio di Stato afirm que no hubo expropiacin constructiva donde las resoluciones de las autoridades y una orden de posesin expedita haban sido anuladas por los tribunales administrativos, de lo contrario la decisin judicial sera sin objeto.30. En el juicio no. 1907 de 1997, el Tribunal de Casacin, en calidad de tribunal pleno, dijo que las autoridades no adquieren la propiedad de la tierra si sus resoluciones y la declaracin de que la expropiacin era de inters pblico se considerar que han sido nulas desde el principio . En tales casos, el propietario retiene ttulo de la tierra y podra reclamar la restitutio in integrum. En la alternativa, que podra reclamar daos y perjuicios. La ilegalidad de la posesin en estos casos se contina y hay plazo de prescripcin aplicada.31. En el juicio no. 6515 de 1997, el Tribunal de Casacin, en calidad de tribunal pleno, dijo que no hubo transferencia de propiedad en que la declaracin de que la expropiacin era de inters pblico haba sido anulada por los tribunales administrativos. En estos casos, por lo tanto, la regla constructivo-expropiacin no era aplicable. El propietario, que conserv la propiedad de la tierra, tena derecho a reclamar la restitutio in integrum. Si l interpuso un recurso por daos y perjuicios, que implicaba una renuncia a su derecho a la restitucin. El plazo de prescripcin de cinco aos comenz a correr a partir de la fecha en que la decisin del tribunal administrativo qued firme.32. En el juicio no. 148 de 1998, la Sala Primera de la Corte de Casacin sigui a la decisin del pleno del Tribunal y sostuvo que no hubo transferencia de bienes por constructiveexpropriation en que la declaracin de que las obras de construccin se encontraban en el inters pblico se considerar que ha sido vlido desde el principio.(c) Sentencia del Tribunal Constitucional n. 188 de 199533. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional fue llamado a decidir en primer lugar si la regla constructivo-expropiacin era compatible con la Constitucin. El tribunal declar que la pregunta inadmisible que era competente para examinar las disposiciones legales solamente, no las reglas establecidas por los tribunales. En segundo lugar, sostuvo que la aplicacin de una accin de indemnizacin del plazo de prescripcin de cinco aos previsto en el artculo 2043 del Cdigo Civil para reclamaciones de agravio era compatible con la Constitucin. El hecho de que las autoridades se haban convertido en propietarios de la tierra mediante el aprovechamiento de su propio comportamiento ilegal no plantea ninguna dificultad en virtud de la Constitucin, ya que el inters pblico en la conservacin de las obras para el bien pblico superaba el inters del individuo en el derecho de propiedad .(d) Nivel de la indemnizacin por expropiacin constructiva34. Segn el Tribunal de la jurisprudencia del Supremo sobre expropiaciones constructivas, la indemnizacin en su totalidad, es decir, una indemnizacin por la privacin de la tierra, se debe al propietario, en contraprestacin por la prdida de la propiedad causada por la privacin ilegal de la posesin.35. La Ley de Finanzas de 1992 (artculo 5 bis del Decreto Legislativo n . 333 del 11 de julio de 1992) sustituy dicha jurisprudencia al establecer que la indemnizacin a pagar en expropiaciones constructivas no puede exceder del importe debido en expropiaciones formales. En el juicio no. 369 de 1996, la Corte Constitucional declar esta disposicin inconstitucional.36. Ley de Finanzas Bajo ninguna. 662 de 1996, que modific la disposicin de que haba sido declarada inconstitucional, la indemnizacin en su totalidad no se puede otorgar por expropiaciones efectuadas antes del 30 de septiembre de 1996. En tales casos, la compensacin no puede superar dicho monto, ms el 10%, pero sin aplicar la reduccin del 40%, como habra sido pagadera en una expropiacin formal, (la mitad de la suma del valor de mercado ms el ingreso de la tierra, menos del 40%). En una sentencia no. 148 de 30 de abril de 1999 el Tribunal Constitucional declar que dicha disposicin era compatible con la Constitucin. Sin embargo, en la misma decisin, se dijo que la indemnizacin en su totalidad, hasta el valor de mercado de la tierra, podra ser reclamado cuando el desposeimiento y la privacin de la tierra no eran de inters publicoLA LEY I. SUPUESTA VIOLACIn DEL ARTCULO 1 DEL PROTOCOLO N 1 37. La empresa solicitante se quej de que se haba hecho imposible que se recupere su tierra como resultado de la regla constructivo-expropiacin, que se haba aplicado a pesar de la decisin del Tribunal Administrativo Regional de Toscana ("CCR") anulando el proyecto de urbanizacin y la orden de posesin como ilcito y no en el inters pblico. Aleg la violacin del artculo 1 del Protocolo n 1, que dispone: "Toda persona fsica o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podr ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pblica y en las condiciones previstas por la ley y por los principios generales del derecho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin embargo, de ninguna manera poner en peligro el derecho de un Estado para hacer cumplir las leyes que considere necesarias para controlar el uso de los bienes de acuerdo con el inters general o para garantizar el pago de impuestos u otras contribuciones o sanciones. "A. Alegatos de los comparecientes 1. La empresa solicitante 38. La sociedad demandante mantiene que la injerencia en el derecho al disfrute pacfico de sus posesiones no era compatible con el artculo 1 del Protocolo n 1. . 39 Sostuvo que la expropiacin era constructiva pese a las exigencias de la legalidad por las siguientes razones: las autoridades se hicieron dueos de la tierra a travs de una conducta ilcita, es decir, tomando posesin sin ttulo; terratenientes no podan acogerse a las garantas procesales disponibles en una expropiacin formal; y el estado constructivo-expropiacin no se encontraba en ninguna disposicin legal, pero haba sido establecido por la jurisprudencia y se considera "derecho vivo". 40. Los acontecimientos posteriores han llevado a la empresa solicitante a considerar que el requisito de legalidad no se haba cumplido en el presente caso. Se observ que no estaba en condiciones de obtener la restitucin de la tierra a pesar de la decisin del Tribunal Administrativo - que haba adquirido firmeza - anulacin retroactiva a todos los actos de las autoridades, incluida la declaracin de que el esquema era de inters pblico. La decisin de la denegacin de la restitucin Consiglio di Stato de la tierra como resultado de la aplicacin de la regla constructivo-expropiacin por lo tanto representaba una injerencia injustificada en el derecho de la sociedad demandante al respeto de sus bienes. La empresa solicitante seal que la regla constructivo-expropiacin dej terratenientes a la merced de las autoridades, que - con el nico objetivo de apropiarse de la tierra - podra llevar a cabo obras que no estaban en el inters pblico despus de tomar posesin de la tierra en su totalidad de forma ilegal y luego negarse a cumplir con las decisiones judiciales que declaran su conducta ilegal. 41. La empresa solicitante aadi que el RAC Toscana haba sido llamado a pronunciarse nicamente sobre la legalidad de los actos de las autoridades y no poda decidir sobre el fondo del asunto, es decir, si las obras de construccin de carreteras se haban terminado. Por otro lado, el Consiglio di Stato, sobre un recurso sobre la cuestin de la aplicacin (ottemperanza), tena competencia para conocer el fondo y, por tanto, podra determinar la fecha de finalizacin de las obras. 42. La empresa solicitante observ finalmente que era cierto que la medida de la indemnizacin exigible por un propietario privado de su tierra para las obras que no estaban en el inters pblico era una compensacin en su totalidad (vase el prrafo 34 supra). Sin embargo, los daos no pueden ser considerados como una compensacin por la supuesta prdida aun suponiendo que pudieran ser reclamados por la empresa solicitante. La empresa solicitante no estaba pidiendo a la Corte que se pronuncie sobre la conducta de las autoridades - el RAC Toscana ya lo haba hecho - sino para dar una decisin sobre el despido del Consiglio di Stato de su solicitud de restitucin de la tierra. La empresa solicitante concluy invitando a la Corte para restablecer la legalidad. 2. El Gobierno 43. El Gobierno sostiene que la prdida de la tierra por la empresa solicitante no infringi el artculo 1 del Protocolo n 1. 44. Ellos observaron en primer lugar, que la injerencia en el derecho de la sociedad demandante al disfrute pacfico de sus posesiones estaba "prevista por la ley", es decir, una norma establecida por los tribunales que haban sido constante y unnime aplicado desde la sentencia del Tribunal de Casacin no. 1464 de 1983 (vase el prrafo 26 supra). El Gobierno se refiri, en particular, las sentencias del Tribunal de Casacin nn. 3940 de 1988 y 12.546 de 1992, el Consiglio di Stato'sjudgment no. 877 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La regla establecida por la jurisprudencia de este modo constituye una norma jurdica clara, accesible y adecuada y era una expresin de la "ley viva", es decir, la ley efectivamente en vigor. 45. El Gobierno observa en segundo lugar que la empresa demandante haba sido privado de su tierra "en el inters pblico". Al principio, el esquema de la construccin de carreteras y de las resoluciones de las autoridades haban estado en el inters pblico. Si bien es cierto que los actos de las autoridades posteriormente fueron anuladas por el Tribunal Administrativo, el efecto de la regla constructivo-expropiacin era que, una vez terminadas, las obras municipales se convirtieron de facto un nuevo esquema en el inters pblico. Finalizacin de las obras llevadas a cabo por las autoridades, por lo tanto tuvo un doble efecto: que implicaba el reconocimiento de que el trabajo realizado era de inters pblico, lo que significaba que la conducta de las autoridades dej de ser ilegal. 46. Como resultado de ese mecanismo, la tierra ya no poda ser devuelto a la empresa solicitante, ya que se considera irreversible haberse convertido en pblico. 47. El hecho de que la privacin de la posesin era ilegal hasta que se hayan completado los trabajos, sin embargo, proporcion al propietario el derecho a reclamar una indemnizacin pecuniaria en forma de daos y perjuicios ante los tribunales competentes. El Gobierno sostuvo que todava estaba abierto a la sociedad demandante en el presente caso para interponer un recurso de indemnizacin ante los tribunales competentes, que tal accin le permitira obtener una indemnizacin en su totalidad y por lo tanto constituye un remedio suficiente para la interferencia con su derecho al disfrute pacfico de sus posesiones. A este respecto, el Gobierno se refiri a la sentencia del Tribunal en el caso de Zubani contra Italia (sentencia de 7 de agosto de 1996, Repertorio de sentencias y decisiones 1996-IV). 48. Una accin por daos y perjuicios fue posible porque, en opinin del Gobierno, el plazo de prescripcin de cinco aos que haba comenzado a funcionar el 7 de agosto de 1987, sobre la terminacin de las obras haba sido interrumpido por el procedimiento de ejecucin presentados por la empresa demandante ante el Consiglio di Stato. El Gobierno aade que, cuando se trata de una solicitud de ejecucin (ottemperanza) el Consiglio di Stato era competente para apreciar los hechos, incluso con respecto a la fecha de finalizacin de sus obras. En consecuencia, no haba incompatibilidad entre la constatacin y el hecho de que la decisin de la RAC Toscana haba adquirido firmeza, ya que esta ltima no poda decidir cuestiones de hecho. 49. Una accin por daos y perjuicios permitira a la empresa solicitante para obtener una indemnizacin en su totalidad desde la declaracin de que las obras estaban en el inters pblico haba sido anulada por el RAC Toscana. El Gobierno se refiri a este respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional no. 148 de 30 de abril de 1999 (vase el prrafo 36 supra). 50. Por ltimo, el Gobierno explic que el procedimiento para la reparacin pecuniaria tuvieron que ser instituido por la empresa solicitante, ya que haba fracasado en su intento de obtener la restitucin de la tierra. Daos compensaran por la interferencia con su derecho al disfrute pacfico de sus posesiones. B. El cumplimiento del artculo 1 del Protocolo n 1 . 51 El Tribunal recuerda que el artculo 1 del Protocolo N 1 contiene tres normas distintas: "La primera regla, que figura en la primera frase del primer prrafo, es de naturaleza general y enuncia el principio de respeto de la propiedad; la segunda regla, contenida en la segunda frase del primer prrafo, abarca privacin de la propiedad y la somete a ciertas condiciones; la tercera regla, se indica en el segundo prrafo, reconoce que los Estados contratantes tienen derecho, entre otras cosas, para controlar el uso de los bienes de acuerdo con el inters general ... Las tres reglas no son, sin embargo, "distinta" en el sentido de ser desconectado. La segunda y tercera reglas se refieren a casos concretos de injerencia en el derecho al disfrute pacfico de la propiedad y por lo tanto deben ser interpretados a la luz del principio general enunciado en la primera regla "(ver, entre otras autoridades, el v James y otros, . el juicio de Reino Unido de 21 de febrero de 1986, serie a, nm. 98, pp 29-30, 37, en parte siguiendo los trminos del anlisis de la Corte en el Sporrong y Lnnroth contra Suecia de 23 de septiembre de 1982, serie A nm .. 52, p 24, 61;.. vase tambin el Santos Monasterios contra Grecia de 9 de diciembre de 1994, serie A, n 301-A, p 31, 56, y Iatridis contra Grecia [GS], nm. 31107/96, 55, CEDH 1999-II). 1. Si ha habido una injerencia 52. El Tribunal seala que ha quedado acreditado que se ha producido una privacin de la propiedad. 53. Con el fin de determinar si se ha producido una privacin de la propiedad en el sentido de la segunda regla, la Corte no debe limitarse a examinar si ha habido desposesin o una expropiacin formal, debe mirar detrs de las apariencias e investigar la realidad de la situacin denunciada. Desde que la Convencin tiene por objeto garantizar los derechos que son "prctica y efectiva", tiene que saber si esta situacin equivala a una expropiacin de facto. (vase la sentencia Sporrong y Lnnroth antes citada, pp 24-25, 63). 54. La Corte observa que en el presente caso, mediante la aplicacin de la regla constructivo-expropiacin en su decisin, el Consiglio di Stato priv a la empresa solicitante de la posibilidad de obtener la restitucin de sus tierras. En estas circunstancias, el Tribunal considera que el efecto de la sentencia del Consiglio di Stato era privar a la empresa solicitante de sus posesiones en el sentido de la segunda frase del prrafo primero del artculo 1 del Protocolo n 1 (ver Brumrescu v . Rumania [GC],. no 28342/95, 77, CEDH 1999-VII). 55. Con el fin de ser compatible con el artculo 1 del Protocolo n 1, tal injerencia debe ser "de inters pblico", "sujeto a las condiciones previstas por la ley y por los principios generales del derecho internacional", y debe lograr un "justo equilibrio" entre las exigencias del inters general de la comunidad y las exigencias de la proteccin de los derechos fundamentales de la persona (vase la sentencia Sporrong y Lnnroth antes citada, p. 26, 69). Por otra parte, la cuestin de si un justo equilibrio se ha alcanzado "slo es pertinente una vez que se ha establecido que la injerencia en cuestin cumple con el requisito de legalidad y no fue arbitraria" (ver Iatridis antes citada, 58, y Beyeler contra Italia [GC],. no 33202/96, 107, TEDH 2000-I). 2. El cumplimiento del requisito de la legalidad y el objetivo de la interferencia 56. El Tribunal recuerda que la primera y ms importante requisito del artculo 1 del Protocolo n 1 es que cualquier injerencia de la autoridad pblica en el respeto de los bienes debe ser legal. El imperio de la ley, uno de los principios fundamentales de una sociedad democrtica, es inherente a todos los artculos de la Convencin (ver Iatridis antes citada, 58) y conlleva un deber por parte del Estado o de otra autoridad pblica para cumplir con rdenes judiciales o decisiones en contra de ella. 57. El Tribunal considera que no es necesario decidir en abstracto si el papel en el sistema de derecho continental de un Estado, tales como la regla constructivo-expropiacin, establecida por los tribunales es comparable a la de las disposiciones legales. Sin embargo, reitera que el requisito de legalidad significa que las normas de derecho interno han de ser lo suficientemente accesible, precisa y previsible (vase el Hentrich contra Francia sentencia de 22 de septiembre de 1994, serie A nm. 296-A, pp 19-20, 42, y la Lithgow y otros contra el Reino Unido de 8 de julio de 1986, serie A nm. 102, p. 47, 110). 58. A este respecto, la Corte observa que la jurisprudencia en materia de expropiaciones constructivas ha evolucionado de una manera que ha llevado a la regla que se aplica inconsistentemente (vanse los prrafos 22 a 36 supra), un factor que podra dar lugar a resultados imprevisibles o arbitrarias y privar a los justiciables de la proteccin efectiva de sus derechos y es, por consiguiente, incompatible con el requisito de legalidad. 59. Asimismo, la Corte observa que, conforme la regla establecida por el Tribunal de Casacin, en su sentencia nm. 1464 de 1983 toda expropiacin constructiva sigue la apropiacin ilcita de la posesin de la tierra. La ilegalidad puede existir desde el principio o surgir posteriormente. La Corte tiene reservas en cuanto a la compatibilidad con el requisito de legalidad de un mecanismo que, en general, permite a las autoridades para beneficiarse de una situacin ilegal en la que el propietario de la tierra se presenta con un hecho consumado. 60. En cualquier caso, el Tribunal tiene la obligacin de verificar si la forma en que el derecho interno se interprete y aplique produce consecuencias que sean consistentes con los principios de la Convencin. 61. En el presente caso, la Corte observa que el 2 de diciembre de 1987, el RAC Toscana anul con efecto retroactivo la resolucin aprobada por las autoridades como ilcito y no en el inters pblico. Sin embargo, esta afirmacin del RAC Toscana, en la que declar que la ocupacin de las tierras de la empresa solicitante era ilegal y no en el inters pblico (vase el prrafo 11 supra), no dio lugar a la restitucin de la tierra, ya que el Consiglio di Stato sostuvo que la transferencia de la propiedad a las autoridades se haba vuelto irreversible. 62. La Corte considera que la injerencia en cuestin no era compatible con el artculo 1 del Protocolo n 1. Esta conclusin hace innecesario que proceda a examinar si se ha observado un justo equilibrio entre las exigencias del inters general de la comunidad y la necesidad de para proteger los derechos individuales. 63. En consecuencia, se ha producido una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1. II. APLICACIN DEL ARTCULO 41 DE LA CONVENCIN . 64 El artculo 41 de la Convencin establece: Si el Tribunal declara que ha habido violacin del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante as lo permita la reparacin slo las consecuencias de dicha violacin, el Tribunal conceder, si procede, una satisfaccin equitativa a la parte lesionada ". 65. La empresa demandante solicit la restitucin y reposicin de los terrenos en cuestin, los que estn siendo las nicas medidas que en su comunicacin sera remediar la presunta violacin, ya que les permiten obtener la posicin anterior a la violacin del artculo 1 del Protocolo N 1 al ser restablecido. La sociedad demandante tambin reclama una indemnizacin por los daos materiales que se determinar de manera equitativa o, en su caso, a travs de la apreciacin de un experto; puso la indemnizacin no ser inferior a 80 millones de liras italianas (ITL), ms los intereses y la indexacin cubriendo como mnimo su prdida del disfrute de la tierra para el perodo de privacin de la posesin hasta la restitucin. La empresa solicitante aleg tambin ITL 30.000.000 ms intereses y la indexacin por los daos inmateriales que la conducta del Estado haba causado. Por ltimo, solicit el reembolso de los gastos efectuados ante los tribunales nacionales y de ITL 8.000.000 para los gastos generados ante la Corte. 66. El Gobierno afirm que la restitucin de la tierra fue excluida por la expropiacin constructiva y sostuvo que la empresa solicitante podra obtener una indemnizacin por la supuesta violacin a travs de la accin de responsabilidad que se pudiera llevar a los tribunales italianos. En referencia a las sentencias de la Corte en los casos de B. contra Francia (sentencia de 25 de marzo de 1992, serie A nm. 232-C), y De Wilde, Ooms y Versyp contra Blgica (sentencia de 10 de marzo de 1972 (artculo 50), Serie a, nm. 14), el Gobierno argument que la reclamacin de la empresa solicitante de una satisfaccin equitativa era inadmisible. . 67 Si el Tribunal no mantener esa objecin, el Gobierno dijo que sera imposible - por las razones indicadas por el Consiglio di Stato - por la tierra a ser devuelto. Afirmaron que la restitucin de la tierra estaba ms all del alcance del artculo 41 de la Convencin. En cuanto a los daos materiales, el Gobierno afirma que no suma podra conceder por este concepto, ya que todava estaba abierto a la empresa solicitante para reclamar daos y perjuicios ante los tribunales nacionales. En cuanto al dao inmaterial, el Gobierno sostuvo que la constatacin de una violacin constituira una satisfaccin equitativa suficiente. El Gobierno considera que la suma solicitada por los costos era excesivo y dej el asunto a la discrecin del Tribunal. 68. A la luz de las razones que le llevaron a encontrar una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1, la Corte considera que la objecin del Gobierno debe ser rechazada. El acto del gobierno italiano que se declar contraria a la Convencin no fue una expropiacin que habra sido legtimo, pero para la falta de pago de una compensacin equitativa; que era una toma por parte del Estado de las tierras pertenecientes a la empresa solicitante, para lo cual este ltimo no tena reparacin (ver, mutatis mutandis, el Papamichalopoulos contra Grecia de 31 de octubre de 1995, serie A nm. 330-B, pp 59 -60, 36). 69. El Tribunal considera, sin embargo, que en las circunstancias del caso, la cuestin de la aplicacin del artculo 41 no est listo para la toma. A la luz de la violacin que se ha encontrado en el artculo 1 del Protocolo n 1, la forma ms adecuada de reparacin en el presente caso sera a travs de la restitucin de las tierras por parte del Estado, junto con la indemnizacin por el dao moral sufrido , tales como la prdida del disfrute, y la indemnizacin por concepto de dao moral. Sin embargo, las partes no han proporcionado informacin detallada sobre este punto. En consecuencia, es necesario reservar esta cuestin y fijar el procedimiento posterior a la luz de cualquier acuerdo entre el Estado demandado y la empresa solicitante (artculo 75 1 del Reglamento de la Corte). POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD . 1 Declara que ha habido una violacin del artculo 1 del Protocolo N 1;

. 2 Declara que la cuestin de la aplicacin del artculo 41 de la Convencin no est listo para la toma en cuanto a los daos materiales e inmateriales o los costos y gastos incurridos ante los tribunales nacionales o la Corte; en consecuencia, (a) se reserva en su conjunto; (b) invita al Gobierno y la empresa solicitante que presente, dentro de los prximos seis meses, cualquier acuerdo que puedan alcanzar; (c) reserva el procedimiento posterior y delega en el Presidente de la Cmara el poder de fijar la misma en caso de necesidad. Hecha en francs y notificada por escrito el 30 de mayo de 2000, en aplicacin del artculo 77 2 y 3 del Reglamento de la Corte.

Erik Fribergh Christos ROZAKIS El Secretario El Presidente De conformidad con el artculo 45 2 de la Convencin y el Artculo 74 2 del Reglamento de la Corte, las siguientes opiniones separadas son anexadas para este juicio: (a) Opinin concordante del seor Rozakis; (b) Opinin concordante del seor Bonello; (c) Opinin concordante del Sr. Lorenzen acompaado por el Sr. Baka. C.L.R. E.F.

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ ROZAKIS Me gustara aclarar plenamente mi posicin en este caso, lo que me ha llevado a encontrar una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1. Porque, aunque estoy de acuerdo, en trminos generales, con las conclusiones y el razonamiento de la Corte, hay todava algunos detalles, fundamentales para mi decisin de celebrar que se ha producido una violacin que, en mi opinin, debe ser ms elaborado. (a) La violacin del artculo 1 del Protocolo N 1 en este caso tiene como origen la decisin del Consiglio di Stato para aplicar la regla de la expropiacin constructivo y, por lo tanto, privar a la empresa solicitante de la posibilidad de obtener la restitucin de su tierra, objeto de apropiacin ilcita por el municipio de Monte Argentario. (b) La regla de expropiacin constructiva, aplicado en las circunstancias del caso, se refiere a una forma de expropiacin que se enmarca en el segundo prrafo del artculo 1 del Protocolo n 1. Como consecuencia de ello, por una expropiacin para ser considerado de conformidad con esta disposicin, debe servir al inters pblico y estar sujeto a las condiciones previstas por la ley. (c) Parece que no hay duda de que la expropiacin constructiva sirve, en las circunstancias del caso, el inters pblico. El Consiglio di Stato, mediante la aplicacin de esta norma, destinada a proteger las obras pblicas emprendidas por el municipio que se haba terminado incluso antes del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Administrativo. No hay que confundir, pues, el hecho de que en un principio, ya que el Tribunal Administrativo encontr, no hubo inters pblico, con el inters pblico en que se bas la expropiacin constructiva. (d) Sin embargo, como el Tribunal de Justicia ha dejado claro a su juicio, el principal problema en este caso es que el imperio de la expropiacin constructiva, una emanacin de la jurisprudencia, "ha evolucionado de una manera que ha llevado a la regla que es aplicado inconsistentemente ..., un factor que puede dar lugar a resultados imprevisibles o arbitrarias y privar a los justiciables de la proteccin efectiva de sus derechos ". Tambin me gustara aadir que la regla de la expropiacin constructiva aplicada en circunstancias como la actual no parece ser compatible con la exigencia de la calidad de la legislacin que debe acompaar a una norma legal o jurisprudencia con el fin de que ste cumpla los requisitos del artculo 1 del Protocolo n 1. En conclusin, estoy de acuerdo con el Tribunal en que la injerencia en cuestin no era compatible con el artculo 1 del Protocolo n 1, ya que no haba base jurdica debidamente apoyarlo. VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ BONELLO 1. He votado con la mayora de encontrar una violacin del artculo 1 del Protocolo N 1 y, en principio, suscribo plenamente el razonamiento que lleva a esta conclusin. 2. Este voto particular se ocupa de lo que considero inadecuada respuesta de la Corte a los escritos del Gobierno y de la sentencia del Tribunal Constitucional italiano (n 188, de 1995). . 3 No se discute en el presente caso (a) que la decisin de ocupar la tierra de la demandante era ilegal e invlida; y (b) que las obras llevadas a cabo en la tierra de la demandante en virtud de que la notificacin no vlida de la expropiacin eran igualmente ilegal. 4. El Tribunal Constitucional italiano, sin embargo, en dicha sentencia, aprob la llamada "regla constructivo-expropiacin" creado por el Tribunal de Casacin (ausente en cualquier libro de estatutos) en virtud del cual la propiedad privada, designada de manera ilegal por la expropiacin y construido ilegalmente sobre, de todos modos se convierte en propiedad pblica, una vez finalizadas las obras construidas en l. La Corte Constitucional aadi que el hecho de que las autoridades se haban convertido en propietarios de la tierra mediante el aprovechamiento de su propio comportamiento ilegal no plantea ninguna dificultad en virtud de la Constitucin, ya que el inters pblico en la conservacin de las obras para el bien pblico superaba el inters individual en el derecho de propiedad (vase el apartado 33 de la presente sentencia). 5. Artculo 1 del Protocolo N 1 hace la privacin de la propiedad privada sujeta a la existencia de una ley y para el cumplimiento de las condiciones previstas en dicha ley. No existe una ley estatutaria en Italia que autoriza la expropiacin de las circunstancias sancionadas por el Tribunal Constitucional. Pero, solamente para el bien del argumento, voy a admitir que una oleada de activismo judicial por un tribunal de casacin ratificado por un Tribunal Constitucional tiene la eficacia suficiente en derecho para llenar el vaco evidente en el libro de estatutos italiano y puedo soportar como "ley" en lugar de una disposicin legal inexistente. El problema, sin embargo, sigue siendo si este satisface "cuasi-ley" en todos los criterios mnimos planteados por la Convencin. 6. A diferencia de la Corte Constitucional italiana, el comportamiento ilegal de las autoridades no plantean una dificultad para m. Slo arsenales vergenza al tratar de convencerme de que un acto ilegal es un acto ilegal, pero la suma de dos actos ilegales da a luz a los derechos a favor del malhechor. No me atrevo a comprar nuevas marcas de tica legal por el cual, la tierra, una vez adquirido de forma ilegal se ha construido ilegalmente sobre, el abuso de alguna manera transfigura a s mismo en la legalidad. Programas de construccin son, sin duda, dotada de virtudes milagrosas; convertir la injusticia en derecho no es, a mi entender, uno de ellos. 7. En el desarrollo de la norma bsica de que todas las interferencias con el disfrute de los derechos y libertades fundamentales deben ser "de conformidad con la ley", los rganos de la Convencin (en otros casos, en referencia a otros derechos) han perfeccionado este concepto considerablemente. Ellos han establecido que la expresin "'de conformidad con la ley" ... tambin se refiere a la calidad de esa ley, requiriendo que sea compatible con el Estado de Derecho recogidos en el Prembulo de la Convencin "1. 8. Encuentro sugerencias muy insignificantes de compatibilidad con el Estado de Derecho en una norma jurdicamente procreado que hace que la adquisicin de los derechos depender de la morosidad del malhechor. Los argumentos por los que los derechos se pueden ganaron ex turpis causa no debera, en mi opinin, cuentan con muy alta en la escala de la "calidad" del imperio de la ley. 9. La Corte ha, me parece, perdi una valiosa oportunidad para extender el examen de la "calidad de la ley" principio adoptado en otros casos para el caso de la privacin de la propiedad conforme al artculo 1 del Protocolo n 1. Es un lstima.

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ LORENZEN ACUMULADOS POR JUEZ BAKA Estoy de acuerdo con la mayora que se ha producido una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1, pero lamento que yo no soy capaz de transmitir plenamente sus motivos. Lo que ocurri en este caso fue que el municipio decidi expropiar la propiedad del solicitante, cumplir su decisin muy rpidamente y construy un camino a la tierra. La empresa demandante interpuso recurso ante el Tribunal Administrativo Regional de Toscana ("CCR"), que el 2 de diciembre 1987 encontr a su favor declarando, entre otras cosas, que el proyecto de la carretera era ilegal y que no exista un inters pblico en la construccin de la carretera (de ah en la toma de tierra del solicitante). Esa decisin qued firme, pero se entreg despus de la carretera ya se haba construido. En las actuaciones posteriores de aplicacin de la RAC incluso declar en su sentencia de 26 de junio 1991 que el proyecto de la carretera era "peligrosa y contraria al inters pblico". Esta afirmacin no ha sido impugnada ni por el Consiglio di Stato, o, ante esta Corte, por el Gobierno italiano. Por tanto, podra decirse que los tribunales italianos en efecto han reconocido que la empresa solicitante fue privada de la tierra en la violacin del artculo 1 del Protocolo n 1. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia no es, en principio, suficiente para un aspirante a ser privado de su condicin de "vctima" de las autoridades nacionales para reconocer en forma expresa o en sustancia, que se ha producido un incumplimiento de la Convencin: el solicitante tambin debe conceder compensacin por el incumplimiento (vase, por analoga, la Amuur contra Francia sentencia de 25 de junio de 1996, Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-III, p 846, 36, y Brumrescu v. Rumana [GC],. no 28342/95, 50, CEDH 1999-VII). Por lo tanto, estoy de acuerdo con la mayora (vase el apartado 61 de la sentencia) que es importante en un caso como el presente para examinar howthe autoridades nacionales respondieron al hecho de que la toma de la propiedad era ilegal por no ser de inters pblico. Si, por ejemplo, las autoridades haban devuelto la propiedad a la empresa solicitante y la indemnizacin por los daos que haba sufrido la privacin ilegal de la propiedad pagadas, itcould evidente que ya no pretenden ser una vctima. Sin embargo, la mayora parece ser de la opinin de que la restitutio in integrum es una condicin absoluta para declarar que un solicitante ha dejado de ser una vctima de la violacin. No puedo estar de acuerdo con esa conclusin. Puede ser imposible restaurar el estado original de las cosas, simplemente porque la propiedad ya no existe, por ejemplo, cuando un edificio se ha demolido. Pero incluso si la restitutio in integrum, en principio, es posible que no siempre puede ser una condicin para la curacin de una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1. Si la restitucin fuese a dar lugar a costes excesivos que eran claramente desproporcionada en relacin con el valor de la propiedad expropiada ilegalmente , que iba a encontrar ninguna violacin del dicho artculo, si la demandante hubiera sido compensado en su totalidad por el dao que haba sufrido. En el presente caso, el Consiglio di Stato italiano afirm en su decisin de 7 de febrero de 1996 de que la restitucin era imposible como consecuencia de la acquisitiva occupazione. La sentencia no contiene la evaluacin de los costos o cualquier otro posibles obstculos sustanciales a la restitucin. Por el contrario, uno tiene la impresin al leer la sentencia, que el mero hecho de que las obras de construccin se haban terminado cre una transferencia irreversible de la propiedad a travs de acquisitiva occupazione. Legalizar claramente los actos ilegales de una manera tan automtica, siempre y cuando se lleven a cabo con rapidez y con independencia del hecho de que las demandas en cuanto a su legalidad ya estn pendientes suficiente, sera en mi opinin causan daos graves al respeto de la ley y el orden, por lo que no es compatible con el concepto del Estado de Derecho, que se materializa en el Prembulo de la Convencin y es fundamental para la aplicacin de sus disposiciones. En todo caso, sobre la base de la informacin disponible no encuentro se estableci que no era posible para devolver la propiedad a la empresa solicitante o que el retorno implicara costes excesivos. Por esa razn, estoy de acuerdo con la mayora que se ha producido una violacin del artculo 1 del Protocolo n 1. El hecho de que la empresa solicitante an no se ha ofrecido ninguna indemnizacin por la privacin ilegal de su propiedad, pero tiene en s a entablar acciones judiciales - y dentro de un plazo que, en principio, se extiende desde la terminacin de las obras de construccin - me da grave preocupacin. En vista de la conclusin anterior, sin embargo, yo no necesito en el presente caso, considerar si esta es en s mismo incompatible con el citado artculo. Por ltimo, estoy de acuerdo con la mayora que puede dar lugar a serias dudas de si la jurisprudencia relativa a la "expropiacin constructiva" (occupazioneacquisitiva) de los tribunales italianos, ya que ha desarrollado da una base jurdica suficiente para la privacin de la propiedad, sino que no es necesario pronunciarse sobre esta cuestin en el presente caso.

SECOND SECTION

CASE OF BELVEDERE ALBERGHIERA S.r.l. v. ITALY

(Application no. 31524/96)

JUDGMENT

STRASBOURG

30 May 2000

FINAL

30/08/2000

16Belvedere Alberghiera S.r.l.v. Italy JUDGMENT31Belvedere Alberghiera Srl v. Italy JUDGMENT

In the case of Belvedere Alberghiera S.r.l. v. Italy,The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:MrC.L. Rozakis, President,MrA.B. Baka,MrB. Conforti,MrG. Bonello,MrsV. StrnickMrP. Lorenzen,MrsM. Tsatsa-Nikolovska, judges,and Mr E. Fribergh, Section Registrar,Having deliberated in private on 13 January and 11 May 2000,Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:PROCEDURE1.The case originated in an application (no.31524/96) against the ItalianRepublic lodged with the European Commission of Human Rights (the Commission) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention) by a company formed under Italian law, Belvedere Alberghiera S.r.l. (the applicant company), on 2 May 1996. The applicant company alleged an unjustified interference with its right to peaceful enjoyment of its possessions. On 1 July 1998 the Commission decided to give notice of the application to the Italian Government (the Government) and invited them to submit their observations on its admissibility and merits.2.Following the entry into force of Protocol No. 11 to the Convention on 1 November 1998 and in accordance with the provisions of Article 5 2 thereof, the application was examined by the Court. In accordance with Rule 52 1 of the Rules of Court, the President of the Court assigned the case to the Second Section. The Chamber constituted within that Section included ex officio Mr B. Conforti, the judge elected in respect of Italy (Article 27 2 of the Convention and Rule 26 1 (a)), and MrC.L.Rozakis, the President of the Section (Rule 26 1 (a)). The other members designated by the latter to complete the Chamber were MrM.Fischbach, Mr P. Lorenzen, Mrs M. Tsatsa-Nikolovska, MrA.B.Baka and Mr E. Levits (Rule 26 1 (b)). Subsequently MrFischbach and Mr Levits were replaced by Mr G. Bonello and MrsV.Strnick respectively.

3.Before the Court, the applicant company was represented by MrNicol Paoletti. The Government were represented by their Agent, MrU. Leanza, and co-Agent, Mr V. Esposito. 4.On 21 September 1999 the Chamber declared the application admissible[footnoteRef:2] and decided to hold a hearing on the merits. [2: .Note by the Registry. The Courts decision is obtainable from the Registry.]

5.The applicant company and the Government each filed a memorial.6.The hearing took place in public in the HumanRightsBuilding, Strasbourg, on 13 January 2000.

There appeared before the Court:(a)for the GovernmentMrV. Esposito, Co-Agent;

(b)for the applicant companyMrN. Paoletti, andMrsN. Paoletti, both of the Rome Bar,Counsel.THE FACTSI.THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE7.The applicant company, owner of the Belvedere Hotel at Monte Argentario, also owned 1,375 sq. m. of land that gave patrons of the hotel direct access to the sea. 8.On 19 May 1987 the Monte Argentario municipality passed a resolution approving a road-building scheme. The road was to pass over the applicant company's land.9.On 25 May 1987 the mayor of Monte Argentario issued an order, under an expedited procedure, for the possession of the applicant company's land. On an unspecified date the authorities took physical possession of the land and began the road-building works.1.The proceedings issued by the applicant company before the administrative courts10.The applicant company appealed to the Tuscany Regional Administrative Court (the RAC), contesting, inter alia, the lawfulness of the municipality's resolution of 19 May 1987 and of its occupation of the land. 11.By a judgment delivered on 2 December 1987, the Tuscany RAC allowed the applicant company's appeal; it quashed the municipality's resolution of 19 May 1987 and ruled that all subsequent action taken by it was invalid. The RAC found that the municipality had approved the road-building scheme without carrying out sufficient technical surveys beforehand. As a result, the approved scheme was unlawful and could not be considered as being in the public interest (non atto a realizzare un interesse pubblico).12.That decision was lodged at the registry on 24 May 1988 and became final on 9 June 1989.2.The enforcement proceedings issued by the applicant company13.By letters of 8 July 1988, 11 August 1989 and 18 July 1990, the applicant company asked the Monte Argentario municipality to reinstate and return the land, pursuant to the judgment of the RAC. However, the municipality took no action. 14.The applicant company issued enforcement proceedings (giudizio di ottemperanza) in the Tuscany RAC for the reinstatement and return of the land in accordance with the judgment of 2 December 1987.15.On 26 June 1991 the RAC dismissed those proceedings on the ground that the judgment of 2 December 1987 could not be enforced as there had been a constructive expropriation. 16. The RAC observed that although the judgment of 2 December 1987 had quashed the resolution of the municipality of Monte Argentario for procedural defects during the planning inquiry, that did not prevent the municipality from subsequently restarting the procedure and passing a fresh resolution though it had not in any event done so. The RAC went on to say that as a result of the constructive-expropriation rule (occupazione acquisitiva), the applicant company was no longer the owner of the land, which had become the property of the municipality of Monte Argentario following completion of the road-building works. Despite its earlier judgment and the fact that the works carried out by the authorities were dangerous and contrary to the public interest, the fact that the authorities had completed the works meant that title to the land had been transferred. Consequently, restitution was impossible. However, as the transfer of property had been unlawful, the applicant company was entitled to claim damages in the civil courts. 17.The applicant company appealed against that decision to the Consiglio di Stato, its main contention being that, although the RAC had ruled that the authorities' conduct was unlawful before they had completed the works, the authorities had ignored the judgment. The fact that the constructive-expropriation rule had been applied in the instant case rendered the judgment devoid of purpose, since the authorities were free to act unlawfully with the sole aim of acquiring title to the land. 18.By an order of 5 June 1995, Section V of the Consiglio di Stato, before whom the appeal was pending, decided to refer the appeal to the full court. The order indicates that the section concerned considered that in the instant case the loss of title to the land as a result of the public works being carried out amounted to a denial of justice. If a decision of an administrative court favourable to the owner of the land, such as the decision of 2December 1987, could not prevent the authorities taking possession of the land, the owner would be at their mercy. Furthermore, Section V of the Consiglio di Stato noted that the municipality of Monte Argentario had not reopened the planning inquiry or passed any further resolutions following the quashing of its resolution by the RAC. 19.In a decision of 7 February 1996 the Consiglio di Stato, sitting as a full court, dismissed the applicant company's appeal. It held that the application of the constructive-expropriation rule had not entailed a denial of justice in the instant case. It said that the road-building works had been largely completed by 7 August 1987 when the RAC had given its judgment. Thereafter, only additional work of minor importance had been carried out, such as the installation of lighting and the completion of the road surfacing. Consequently, 7 August 1987 had to be considered the date when title to the land was transferred because it was at that point that the change of user of the land had become irreversible, as a result of the completion of the works. The land could no longer be returned owing to the constructive expropriation. That date was also the starting-point of the statutory limitation period for claiming damages. II.Relevant domestic law and practiceA.Law no. 85 of 22 October 197120.This statute governs the expedited expropriation procedure, which permits authorities to start building before expropriation. Once a scheme has been declared to be in the public interest and the plans adopted, the authorities may make an expedited possession order, for a limited period not exceeding five years, in respect of the land to be expropriated. The order will lapse if physical possession of the land is not taken within three months after its issue. After the land has been possessed, a formal expropriation order must be made and compensation paid.

B.The constructive-expropriation rule (occupazione acquisitiva or accessione invertita)21.During the 1970s, a number of local authorities took possession of land using the expedited procedure but failed subsequently to issue an expropriation order. The Italian courts were confronted with cases in which the landowner had de facto lost use of the land as it had been possessed and building works in the public interest had been undertaken. The question arose whether the mere fact that works had been carried out meant that the owner had also lost title to the land.1.Case-law before the Court of Cassation's judgment no. 1464 of 16February 198322.There was a substantial divergence in the decisions of the Court of Cassation over the effects of carrying out building works in the public interest on land where possession had been taken unlawfully. Unlawful possession means possession that is unlawful from the start, in other words obtained without authority, or that is initially authorised but subsequently became unlawful, either because the authority is quashed or because possession continues beyond the authorised period without an expropriation order being made.23.Under one line of case-law, the owner of land that had been possessed by the authorities did not lose ownership after the completion of the works in the public interest. However, he could not request reinstatement of the land; his only remedy was to bring an action in damages for wrongful possession. No limitation period applied to such actions as the unlawful nature of the possession was continuing. The authorities could at any time issue a formal expropriation order. If they did so, the action in damages was transformed into a dispute over the compensation for expropriation, with damages for the loss of enjoyment of the land being due only for the period prior to the making of the expropriation order (see, among other authorities, the judgments of the Court of Cassation nos. 2341 of 1982; 4741 of 1981; and 6452 and 6308 of 1980). 24.Under a second line, the landowner did not lose property in the land and could request its reinstatement if the authorities had acted other than in the public interest (see, for example, Court of Cassation judgments nos.1578 of 1976 and 5679 of 1980).25.Under a third line, an owner dispossessed by the authorities automatically lost title to the land as soon as it had been altered irreversibly, that is to say on completion of the works in the public interest. He was entitled to claim damages (the sole authority is Court of Cassation judgment no. 3243 of 1979).2.Court of Cassation judgment no. 1464 of 16 February 198326.In a judgment of 16 February 1983, the Court of Cassation, sitting as a full court, resolved the conflict between the case-law authorities and adopted the third solution. In so doing, it established the constructive-expropriation rule (accessione invertita or occupazione acquisitiva). Under the rule, the public authorities acquire title to the land from the outset before formal expropriation if, after taking possession of the land and irrespective of whether such possession is lawful, the works in the public interest are performed. If, initially, the land is possessed without authority, the transfer of property takes place when the works in the public interest are completed. If the taking of possession was authorised from the outset, property is transferred on the expiry of the authorised period of possession. In the same judgment, the Court of Cassation stated that, on a constructive expropriation, the owner is entitled to compensation in full as the acquisition of the land has taken place without title (sine titulo). However, compensation is not paid automatically: the owner must lodge a claim for damages. In addition, the right to compensation is subject to a five-year limitation period that applies to actions in tort; the starting-point is the date the land is irreversibly altered.3.Case-law after the Court of Cassation's judgment no. 1464 of 1983 (a)Limitation period27.Initially, it was held that no limitation period applied, since possession of the land without title was a continuing unlawful act (see paragraph 23 above). In its judgment no. 1464 of 1983, the Court of Cassation stated that the right to compensation was subject to a five-year limitation period (see paragraph 26 above). Subsequently, the First Division of the Court of Cassation said that a ten-year limitation period should apply (judgment nos. 7952 of 1991 and 10979 of 1992). On 22 November 1992 the full court of the Court of Cassation decided the issue finally, holding that the limitation period is five years and starts to run from the date the land is irreversibly altered.(b)Cases where the principle of constructive expropriation does not apply 28.Recent developments in the case-law show that the mechanism whereby carrying out building works in the public interest operates to transfer property in the land to the authorities is subject to exceptions.29.In its judgment no. 874 of 1996, the Consiglio di Stato stated that there was no constructive expropriation where resolutions of the authorities and an expedited possession order had been quashed by the administrative courts, as otherwise the judicial decision would be devoid of purpose.30.In judgment no. 1907 of 1997, the Court of Cassation, sitting as a full court, said that the authorities did not acquire ownership of the land if their resolutions and the declaration that expropriation was in the public interest were deemed to have been null and void from the outset. In such cases, the owner retained title to the land and could claim restitutio in integrum. In the alternative, he could seek damages. The unlawful nature of the possession in such cases was continuing and no limitation period applied.31.In judgment no. 6515 of 1997, the Court of Cassation, sitting as a full court, said that there was no transfer of property where the declaration that expropriation was in the public interest had been annulled by the administrative courts. In such cases, therefore, the constructive-expropriation rule did not apply. The owner, who retained ownership of the land, was entitled to claim restitutio in integrum. If he brought an action in damages, that entailed a waiver of his right to restitution. The five-year limitation period started to run from the date when the decision of the administrative court became final. 32.In judgment no. 148 of 1998, the First Division of the Court of Cassation followed the decision of the full court and held that there was no transfer of property by constructiveexpropriation where the declaration that the building works were in the public interest was deemed to have been invalid from the outset.(c)Constitutional Court judgment no. 188 of 1995 33.In this judgment, the Constitutional Court was called upon to decide firstly whether the constructive-expropriation rule was compatible with the Constitution. The court declared that question inadmissible on the ground that it had jurisdiction to examine statutory provisions only, not rules established by the courts. Secondly, it held that the application to an action for compensation of the five-year limitation period laid down by Article2043 of the Civil Code for claims in tort was compatible with the Constitution. The fact that the authorities had become owners of the land by taking advantage of their own unlawful conduct did not pose any difficulty under the Constitution, since the public interest in the preservation of works for the public good outweighed the individual's interest in the right of property. (d)Level of compensation for constructive expropriation 34.Under the Court of Cassation's case-law on constructive expropriations, compensation in full, that is to say damages for the deprivation of the land, is due to the owner in consideration for the loss of ownership caused by the unlawful taking of possession.35.The Finance Law of 1992 (Article 5bis of Legislative Decree no.333 of 11 July 1992) superseded that case-law by providing that the compensation payable on constructive expropriations could not exceed the amount due on formal expropriations. In judgment no. 369 of 1996, the Constitutional Court declared that provision unconstitutional.36.Under Finance Law no. 662 of 1996, which amended the provision that had been declared unconstitutional, compensation in full cannot be awarded for dispossessions effected before 30 September 1996. In such cases, compensation cannot exceed such amount, plus 10%, but without applying the 40% reduction, as would have been payable on a formal expropriation (one-half of the sum of the market value plus the income from the land, less 40%). In a judgment no. 148 of 30 April 1999, the Constitutional Court held that that provision was compatible with the Constitution. However, in the same decision, it said that compensation in full, up to the market value of the land, could be claimed where the dispossession and deprivation of the land were not in the public interest.the lawI.ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF Protocol No. 1 37.The applicant company complained that it had become impossible for it to recover its land as a result of the constructive-expropriation rule, which had been applied despite the decision of the Tuscany Regional Administrative Court (the RAC) quashing the building scheme and the possession order as being unlawful and not in the public interest. It alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1, which provides: Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.A.Arguments of those appearing before the Court1.The applicant company38.The applicant company maintained that the interference with its right to peaceful enjoyment of its possessions was not compatible with Article 1 of Protocol No. 1. 39.It contended that constructive expropriation was contrary to the requirement of lawfulness for the following reasons: the authorities became owners of the land through unlawful conduct, namely by taking possession without title; landowners could not avail themselves of the procedural guarantees available on a formal expropriation; and the constructive-expropriation rule was not to be found in any statutory provision but had been established by the case-law and was considered to be living law.40.Subsequent events had led the applicant company to consider that the requirement of lawfulness had not been complied with in the instant case. It observed that it was unable to obtain restitution of the land despite the decision of the Administrative Court which had become final retrospectively quashing all the authorities' acts, including the declaration that the scheme was in the public interest. The decision of the Consiglio di Stato refusing restitution of the land as a result of the application of the constructive-expropriation rule thus represented an unjustified interference with the applicant company's right to the peaceful enjoyment of its possessions. The applicant company noted that the constructive-expropriation rule left landowners at the mercy of the authorities, who with the sole aim of appropriating land could carry out works that were not in the public interest after taking possession of the land wholly unlawfully and then refuse to comply with judicial decisions declaring their conduct unlawful.41.The applicant company added that the Tuscany RAC had been called upon to rule solely on the lawfulness of the authorities' acts and could not decide the merits of the case, that is to say whether the road-building works had been finished. On the other hand, the Consiglio di Stato, on an appeal on the issue of enforcement (ottemperanza), had jurisdiction to hear the merits and could therefore determine the date of completion of the works.42.The applicant company observed finally that it was true that the measure of compensation claimable by an owner deprived of his land for works that were not in the public interest was compensation in full (see paragraph 34 above). However, damages could not be considered as compensation for the alleged loss even assuming they could be claimed by the applicant company. The applicant company was not asking the Court to rule on the authorities' conduct the Tuscany RAC had already done so but to give a decision on the Consiglio di Stato's dismissal of its application for restitution of the land. The applicant company concluded by inviting the Court to restore legality.2.The Government43.The Government submitted that the loss of the land by the applicant company did not infringe Article 1 of Protocol No. 1. 44.They observed firstly that the interference with the applicant company's right to peaceful enjoyment of its possessions was provided for by law, namely a rule established by the courts that had been consistently and unanimously applied since the Court of Cassation's judgment no. 1464 of 1983 (see paragraph 26 above). The Government referred in particular to the Court of Cassation's judgments nos. 3940 of 1988 and 12546 of 1992, the Consiglio di Stato'sjudgment no. 877 of 1991 and the case-law of the Constitutional Court. The rule established by the case-law thus constituted a clear, accessible and adequate legal norm and was an expression of the living law, that is to say the law effectively in force.45.The Government observed secondly that the applicant company had been deprived of its land in the public interest. At the outset, the road-building scheme and the authorities' resolutions had been in the public interest. Although it was true that the authorities' acts had subsequently been quashed by the Administrative Court, the effect of the constructive-expropriation rule was that, once completed, municipal works became de facto a new scheme in the public interest. Completion of the works carried out by the authorities therefore had a dual effect: it entailed recognition that the work carried out was in the public interest and meant that the authorities' conduct ceased to be unlawful.46.As a result of that mechanism, the land could no longer be returned to the applicant company as it was irreversibly deemed to have become public. 47.The fact that the deprivation of possession was unlawful until the works had been completed nevertheless afforded the owner the right to claim pecuniary compensation in the form of damages before the relevant courts. The Government maintained that it was still open to the applicant company in the instant case to bring an action in damages before the relevant courts, that such an action would enable it to obtain compensation in full and thus constituted a sufficient remedy for the interference with its right to peaceful enjoyment of its possessions. On that point, the Government referred to the judgment of the Court in the case of Zubani v.Italy (judgment of 7 August 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV). 48.An action in damages was possible because, in the Government's submission, the five-year limitation period which had started to run on 7August 1987 on completion of the works had been interrupted by the enforcement proceedings brought by the applicant company before the Consiglio di Stato. The Government added that, when dealing with an application for enforcement (ottemperanza) the Consiglio di Stato had jurisdiction to make findings of fact, including as to the date when the works were completed. Consequently, there was no inconsistency between its finding and the fact that the decision of the Tuscany RAC had become final, as the latter could not decide issues of fact. 49.An action in damages would enable the applicant company to obtain compensation in full since the declaration that the works were in the public interest had been quashed by the Tuscany RAC. The Government referred on that point to the Constitutional Court's judgment no. 148 of 30 April 1999 (see paragraph 36 above).50.Lastly the Government explained that proceedings for pecuniary reparation had to be instituted by the applicant company as it had failed in its attempt to obtain restitution of the land. Damages would compensate it for the interference with its right to peaceful enjoyment of its possessions.B.Compliance with Article 1 of Protocol No. 151.The Court reiterates that Article 1 of Protocol No. 1 contains three distinct rules: The first rule, set out in the first sentence of the first paragraph, is of a general nature and enunciates the principle of the peaceful enjoyment of property; the second rule, contained in the second sentence of the first paragraph, covers deprivation of possessions and subjects it to certain conditions; the third rule, stated in the second paragraph, recognises that the Contracting States are entitled, amongst other things, to control the use of property in accordance with the general interest ... The three rules are not, however, 'distinct' in the sense of being unconnected. The second and third rules are concerned with particular instances of interference with the right to peaceful enjoyment of property and should therefore be construed in the light of the general principle enunciated in the first rule (see, among other authorities, the James and Others v. the United Kingdom judgment of 21 February 1986, Series A no. 98, pp. 29-30, 37, partly following the terms of the Court's analysis in the Sporrong and Lnnroth v. Sweden judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, p. 24, 61; see also the Holy Monasteries v. Greece judgment of 9 December 1994, Series A no.301-A, p. 31, 56, and Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, 55, ECHR 1999-II).1.Whether there has been an interference52.The Court notes that it is common ground that there has been a deprivation of possessions.53.In order to determine whether there has been a deprivation of possessions within the meaning of the second rule, the Court must not confine itself to examining whether there has been dispossession or formal expropriation, it must look behind the appearances and investigate the realities of the situation complained of. Since the Convention is intended to guarantee rights that are practical and effective, it has to be ascertained whether that situation amounted to a de facto expropriation. (see the Sporrong and Lnnroth judgment cited above, pp. 24-25, 63). 54.The Court notes that in the present case, by applying the constructive-expropriation rule in its decision, the Consiglio di Stato deprived the applicant company of the possibility of obtaining restitution of its land. In the circumstances, the Court finds that the effect of the judgment of the Consiglio di Stato was to deprive the applicant company of its possessions within the meaning of the second sentence of the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 (see Brumrescu v. Romania [GC], no.28342/95, 77, ECHR 1999-VII).55.In order to be compatible with Article 1 of Protocol No. 1, such an interference must be in the public interest, subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law and must strike a fair balance between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of the individual's fundamental rights (see the Sporrong and Lnnroth judgment cited above, p.26, 69). Furthermore, the issue of whether a fair balance has been struck becomes relevant only once it has been established that the interference in question satisfied the requirement of lawfulness and was not arbitrary (see Iatridis cited above, 58, and Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, 107, ECHR 2000-I).2.Compliance with the requirement of lawfulness and the aim of the interference56.The Court reiterates that the first and most important requirement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any interference by a public authority with the peaceful enjoyment of possessions should be lawful. The rule of law, one of the fundamental principles of a democratic society, is inherent in all the Articles of the Convention (see Iatridis cited above, 58) and entails a duty on the part of the State or other public authority to comply with judicial orders or decisions against it.57.The Court does not consider it necessary to decide in the abstract whether the role in the continental-law system of a rule, such as the constructive-expropriation rule, established by the courts is comparable to that of statutory provisions. However, it reiterates that the requirement of lawfulness means that rules of domestic law must be sufficiently accessible, precise and foreseeable (see the Hentrich v. France judgment of 22September 1994, Series A no. 296-A, pp. 19-20, 42, and the Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series A no.102, p. 47, 110).58.In that connection, the Court observes that the case-law on constructive expropriations has evolved in a way that has led to the rule being applied inconsistently (see paragraphs 22 to 36 above), a factor which could result in unforeseeable or arbitrary outcomes and deprive litigants of effective protection of their rights and is, as a consequence, inconsistent with the requirement of lawfulness. 59.The Court also notes that under the rule established by the Court of Cassation in its judgment no. 1464 of 1983 every constructive expropriation follows the unlawful taking of possession of the land. The unlawfulness may exist at the outset or arise subsequently. The Court has reservations as to the compatibility with the requirement of lawfulness of a mechanism which, generally, enables the authorities to benefit from an unlawful situation in which the landowner is presented with a fait accompli. 60.In any event, the Court is required to verify whether the way in which the domestic law is interpreted and applied produces consequences that are consistent with the principles of the Convention. 61.In the instant case, the Court notes that on 2 December 1987 the Tuscany RAC quashed with retrospective effect the resolution passed by the authorities as being unlawful and not in the public interest. However, that finding of the Tuscany RAC, in which it held that the occupation of the applicant company's land was unlawful and not in the public interest (see paragraph 11 above), did not result in restitution of the land, since the Consiglio di Stato held that the transfer of property to the authorities had become irreversible.62.The Court considers that the interference in question was not compatible with Article 1 of Protocol No. 1. That conclusion makes it unnecessary for it to examine whether a fair balance was struck between the requirements of the general interest of the community and the need to protect individual rights. 63.Consequently, there has been a violation of Article 1 of ProtocolNo.1.II.application of article 41 of the convention64.Article 41 of the Convention provides:If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.65.The applicant company sought restitution and reinstatement of the land in question, those being the only measures which in its submission would remedy the alleged violation, since they would enable the position obtaining before the violation of Article 1 of Protocol No. 1 to be re-established. The applicant company also claimed compensation for pecuniary damage to be determined on an equitable basis or, if appropriate, through the assessment of an expert; it put the compensation at not less than 80,000,000 Italian lire (ITL) plus interest and index-linking covering at minimum its loss of enjoyment of the land for the period of deprivation of possession until restitution. The applicant company further claimed ITL30,000,000 plus interest and index-linking for the non-pecuniary damage which the State's conduct had caused it. Lastly, it requested reimbursement of the costs incurred before the national courts and of ITL8,000,000 for costs incurred before the Court. 66.The Government stated that restitution of the land was precluded by the constructive expropriation and maintained that the applicant company could obtain compensation for the alleged violation through the action in damages which it could bring in the Italian courts. Referring to the judgments of the Court in the cases of B. v. France (judgment of 25 March 1992, SeriesA no. 232-C), and De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium (judgment of 10 March 1972 (Article50), Series A no. 14), the Government argued that the applicant company's claim for just satisfaction was inadmissible. 67.Should the Court not uphold that objection, the Government said that it would be impossible for the reasons indicated by the Consiglio di Stato for the land to be returned. They contended that restitution of the land was beyond the scope of Article 41 of the Convention. As regards pecuniary damage, the Government submitted that no sum could be awarded under that head since it was still open to the applicant company to seek damages before the national courts. As to non-pecuniary damage, the Government maintained that a finding of a violation would constitute sufficient just satisfaction. The Government considered that the sum requested for costs was excessive and left the issue to the discretion of the Court.68.In the light of the reasons which led it to find a violation of Article 1 of Protocol No. 1, the Court considers that the Government's objection must be rejected. The act of the Italian government which the Court held to be contrary to the Convention was not an expropriation that would have been legitimate but for the failure to pay fair compensation; it was a taking by the State of land belonging to the applicant company, for which the latter had no redress (see, mutatis mutandis, the Papamichalopoulos v. Greece judgment of 31 October 1995, Series A no.330-B, pp. 59-60, 36).69.The Court considers, however, that in the circumstances of the case the issue of the application of Article 41 is not ready for decision. In the light of the violation that has been found of Article 1 of Protocol No. 1, the most appropriate form of redress in the present case would be by way of restitution of the land by the State, coupled with compensation for the pecuniary damage sustained, such as the loss of enjoyment, and compensation for non-pecuniary damage. However, the parties have not provided detailed information on this point. Consequently, it is necessary to reserve this issue and to fix the subsequent procedure in the light of any agreement between the respondent State and the applicant company (Rule75 1 of the Rules of Court).FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY1.Holds that there has been a violation of Article1 of Protocol No. 1;

2.Holds that the question of the application of Article 41 of the Convention is not ready for decision as regards pecuniary and non-pecuniary damage or the costs and expenses incurred before the domestic courts or the Court; accordingly,(a)reserves it in whole;(b)invites the Government and the applicant company to submit, within the forthcoming six months, any settlement that they may reach;(c)reserves the further procedure and delegates to the President of the Chamber power to fix the same if need be.Done in French, and notified in writing on 30 May 2000, pursuant to Rule 77 2 and 3 of the Rules of Court.

Erik FriberghChristos RozakisRegistrarPresidentIn accordance with Article 45 2 of the Convention and Rule 74 2 of the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this judgment:(a)concurring opinion of MrRozakis;(b)concurring opinion of MrBonello;(c)concurring opinion of Mr Lorenzen joined by Mr Baka.C.L.R.E.F.

31Belvedere Alberghiera Srl v. Italy JUDGMENTBelvedere Alberghiera S.r.l. v. Italy JUDGMENT15

CONCURRING OPINION OF JUDGE ROZAKISI would like to fully clarify my position in this case which has led me to find a violation of Article 1 of Protocol No. 1. Because, while I agree, in general terms, with the findings and the reasoning of the Court, there are still some details, fundamental to my decision to hold that there has been a violation which, to my mind, must be further elaborated.(a)The violation of Article 1 of Protocol No. 1 in this case has as its source the decision of the Consiglio di Stato to apply the rule of constructive expropriation and, hence, to deprive the applicant company of the possibility of obtaining restitution of its land, unlawfully taken by the municipality of Monte Argentario.(b)The rule of constructive expropriation, applied in the circumstances of the case, refers to a means of expropriation which falls under the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1. As a consequence, for an expropriation to be considered in conformity with this provision, it must serve the public interest and be subject to the conditions provided for by law.(c)