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Medidas cautelaresDefinición, mecanismos procesales de uso y posibilidad de procedencia
Medidas cautelaresDefinición, mecanismos procesales de uso y posibilidad de procedencia
Análisisjurídico-operativodel sistema penal
acusatorio en Méxicoa nivel federal
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Análisisjurídico-operativodel sistema penalacusatorio en Méxicoa nivel federal
Bernardino esparzaalejandra silva
Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Imple-mentación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema.
El tercer tomo explora la operatividad de las me-didas cautelares tal y como habrán de ser empleadas en el sistema acusatorio y observar la procedencia de las figuras contenidas en el Código Nacional de Pro-cedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, Ley Nacional de Ejecución de San-ciones Penales y Ley Nacional de Mecanismos Alterna-tivos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Bernardino esparza Martínez
Es Doctor en Derecho Apto Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Derecho Constitucional y Cien-cia Política por el Centro de Estudios Cons-titucionales del Ministerio de la Presidencia en España. Especialista en Desarrollo de la Función Directiva por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. En-tre sus actividades académicas predomina la de conferencista en diversos foros na-cionales e internacionales, y la de profesor de diversas instituciones públicas y priva-das exponiendo temas relacionados con el Derecho constitucional y penal. Entre sus publicaciones destacan las siguientes: Los delitos federales en México. Prontua-rio (Porrúa) y Constitucionalización de los delitos electorales en la legislación mexi-cana. 1812-2009 (Inacipe). Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investi-gadores, Nivel II, Profesor-Investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facul-tad de Derecho en la Universidad La Salle. También es comentarista especializado en temas jurídicos y políticos en medios de co-municación.
alejandra silva Carreras
Es Licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey. Maestra en Letras (Mexicanas) por la Uni-versidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como Asisten-te de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en donde también fun-ge como profesora de las materias de Ar-gumentación jurídica; Redacción, interpre-tación y argumentación jurídica; Metodo-logía de la investigación, argumentación e interpretación normativa; y Comunicación para Juicio Oral y sistema acusatorio. Tam-bién ha participado como ponente y con-ferencista en diversos foros nacionales e internacionales de crítica jurídica y análisis del Derecho desde el enfoque lingüístico comunicativo.
Entre sus publicaciones jurídicas desta-can “La revaloración de la argumentación jurídica en el juicio oral” y la coautoría del texto “Bases Constitucionales de las Funcio-nes del Ministerio Público de la Federación” en el Manual Básico para las Funciones del Ministerio Público de la Federación.
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TEMAS SELECTOS
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DIRECTORIO
Jesús Murillo KaraMProcurador General de la República
y Presidente de la H. Junta de Gobierno del Inacipe
Mariana Benítez tiBurcioSubprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la pgr
y Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno del Inacipe
rafael estrada MichelDirector General
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
alicia Beatriz azzolini BincazEncargada de la Secretaría General Académica
Jorge Martínez iglesiasEncargado de la Secretaría General de Extensión
alfonso Jesús Mostalac ceciliaEncargado de la Dirección de Publicaciones
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BERNARDINO ESPARZA MARTÍNEZALEJANDRA SILVA CARRERAS
ANÁLISIS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO JURÍDICO-OPERATIVO
A NIVEL FEDERAL
Medidas cautelares. Definición, mecanismos procesales de uso y posibilidad de procedencia
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Análisis Jurídico-operativo del Sistema Penal Acusatorio en México a nivel federal.Tomo 3
© 2014 Bernardino Esparza Martínez y Alejandra Silva Carreras
© 2014 Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)
Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.
Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
ISBN obra completa:978-607-9404-35-2
ISBN tomo 3:978-607-9404-41-3
Se prohíbe la reproducción par cial o total, sin importar el medio, de cual-quier capítulo o in formación de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Pe-nales, titular de todos los derechos.
Impreso en MéxicoPrinted in Mexico
Instituto Nacional de Ciencias Penales Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,
Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.
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Publicaciones CapacitaciónPosgrado
Esta investigación estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), concluyendo con la publicación de la presente obra por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Esparza Martínez, Bernardino, autor.
Análisis jurídico-operativo del sistema penal acusatorio en México a nivel federal : Medidas cautelares. Definición, meca-nismos procesales de uso y posibilidad de procedencia 3 / Ber-nardino Esparza Martínez y Alejandra Silva Carreras, autores.– México : Instituto Nacional de Ciencias Penales : 2014. XIV, 326 páginas ; 23 cm.
Bibliografía páginas 41-45ISBN obra completa: 978-607-9404-35-2ISBN tomo 3: 978-607-9404-41-3
1. Medidas cautelares – México. 2. Prisión preventiva - México. 3. Procedimiento penal – Legislación - México. 4. Juicio ordinario – Oralidad - México. I. Silva Carreras, Alejandra, aut. II. Instituto Nacional de Ciencias Penales. III. título
J730 E578a T. 3
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VII
CONTENIDO
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Metodología (explicación de las matrices) . . . . . . . . . . . . . . . . XII Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV
I Las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II La prisión preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Cumplimiento y seguimiento de la prisión preventiva . . . . . . . 7 2. Derechos y obligaciones de las personas sujetas a prisión preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. La prisión preventiva oficiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Prisión preventiva a petición del Ministerio Público . . . . . . . 13
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VIII
III Otras medidas cautelares y providencias precautorias en el sistema acusatorio . . . . . . . . . . . 17
1. Las medidas cautelares restrictivas de la libertad deambulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. La separación inmediata del domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. La suspensión del cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Las medidas cautelares reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. La prestación de la garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6. Operatividad de las figuras cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7. Ámbito de aplicación de conformidad con la estadística delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
IV Disposiciones generales para la aplicación de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1. Aplicación de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2. La evaluación de la imposición de una medida . . . . . . . . . . . 28 3. La revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
V Evaluación de riesgos para la imposición de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. La autoridad de evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2. Autoridades de seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3. Procedimientos de evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4. La supervisión y el seguimiento de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5. Terminación de la medida cautelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ANÁLISIS JURÍDICO-OPERATIVO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
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IX
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hemerografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Proyectos de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Simbología de los anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Anexo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Código fiscal de la federación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Código penal federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ley de la propiedad industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Ley de vías generales de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Ley federal de armas de fuego y explosivos . . . . . . . . . . . . . . 242 Ley de migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Ley general de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Ley de instituciones de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos
en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las victimas de estos delitos . . . . . . . . . . . . . . . 300
Anexo 2Código Nacional de Procedimientos Penales . . . . . 313
CONTENIDO
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XI
El presente tomo, como los anteriores, tiene por fin explorar la operati-vidad de las medidas cautelares tal y como habrán de ser empleadas en el sistema acusatorio. Entre otras cosas, busca conocer tanto la confor-mación de los proyectos de ley federal creados por la Secretaría Técnica de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), así como observar la procedencia de las figuras contenidas en los siguientes cuatro proyectos de Ley: Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de sep-tiembre de 2014, Dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Eje-cución de Medidas Cautelares aprobada en lo general y en lo particular por el Senado de la República el día 3 de septiembre de 2014, Ley Nacio-nal de Ejecución de Sanciones Penales y Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
En términos generales, este estudio de corte exploratorio en materia de impacto jurídico, analiza y observa la homologación y el cruce de información comprendido en el marco jurídico. Ello, a fin de conocer cómo es que dichas medidas habrán de ser implementadas en México. También observa, de conformidad con las reglas procesales y los tipos penales existentes en el país, cuál es su posibilidad de procedencia a nivel concreto.
Por lo cual, además de analizar la figura desde el marco general y específico, la observa en la realidad mexicana para determinar si efec-tivamente las medidas propuestas son funcionales.
Así, en este tomo se analizan el uso e implementación de las me-didas cautelares de conformidad con las reglas establecidas en el dic-tamen del Código Nacional de Procedimientos Penales y el proyecto de Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones Procesales. Asimismo, se observa cómo se prevé la implementación de las distintas medidas a lo largo del procedimiento penal y cómo es que proceden en la práctica.
Introducción
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XII
En términos generales, el presente tomo está dividido en cinco capítulos. En el primero se analiza la naturaleza jurídica de las me-didas cautelares y refiere algunas generalidades al respecto de las mismas. En el segundo se analiza la prisión preventiva, tanto oficio-sa como a petición del Ministerio Público. Se observan los supuestos de procedencia y las distintas reglas que marcan las pautas de su implementación.
El tercer capítulo versa sobre el estudio de las demás medidas cau-telares previstas en la normatividad mexicana, su explicación y algu-nos de los criterios de uso. Del mismo modo, se analiza la posibilidad de implementación de acuerdo a un análisis por tipo penal como el que se realizó a lo largo de esta investigación.
En el cuarto capítulo se hace referencia a algunas de las obligacio-nes generales para la imposición de las medidas cautelares.
Finalmente, en el capítulo cinco se observa la forma en que habrán de evaluarse los riesgos de una persona imputada a fin de estimar la medida más idónea que habrá de implementarse.
Metodología(explicación de las Matrices)
En esta investigación se realiza un estudio jurídico-operativo de cor-te hologramático y exploratorio, en el cual se buscan obtener algu-nos datos que permitan establecer una aproximación en torno a la homologación de la norma procesal y a la operación del sistema en la realidad .
Así, para determinar la posibilidad de operación de las fi-guras procesales aquí analizadas se crearon bases de datos en las que se organizan los distintos tipos penales contenidos en Código Penal Federal y en 12 leyes especiales, como se observa en la figura 1:
figura 1. Esquema de análisis de los tipos penales en el Código Penal Federal y en 12 leyes especiales
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XIII
Algunos artículos del Código Penal Federal contemplan más de un tipo penal, por ello, en la tabla se separa la información por tipos pe-nales. Así, el rubro Artículo/Tipo se refiere el número del artículo al cual se hace referencia. La casilla Delito o tipo contiene las caracte-rísticas de cada uno de los tipos penales del Código y de las distintas leyes especiales que se estudiaron.
Por su parte, la casilla Grave/No grave establece, de conformidad con el artículo 19 constitucional y con el dictamen de Código Na-cional de Procedimientos Penales qué delitos son considerados legal-mente graves por la ley.
El apartado Oficio/Querella refiere si la persecución del delito pro-cede de oficio o mediante querella; por último, el cuadro Sanción se divide en dos: Pena privativa de libertad y Sanción pecuniaria.
La Media aritmética se incluye porque resulta necesaria para deter-minar la procedencia de la suspensión del proceso y para algunas otras figuras procesales que la tienen en cuenta.
Una vez expuestas las generalidades de tipo, se refiere la posibili-dad de poner en operación de cada una de estas figuras. Así, las ca-sillas se encuentran marcadas con √ o X para indicar la procedencia de la figura. Puesto que se trata un primer panorama exploratorio, sólo se indica si procede o no, de tal manera que no se resumen las especificidades que sólo pueden ser observadas en un hecho delic-tivo concreto.
Es importante apuntar que la figura está marcada con diversas no-menclaturas que refieren aspectos específicos de cada uno de los ru-bros. Por ello, hay un glosario de abreviaturas que permiten referir el significado de éstas.
Sobre el estudio de incidencia delictiva en relación con la posi-bilidad de implementación de las figuras procesales del Código, se tomaron como base central los datos estadísticos que a nivel federal la PGR recogió en 2012.
Objetivo general
Realizar un estudio de los proyectos legislativos de:
a) Código Nacional de Procedimientos Penales; b) Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales;
INTRODUCCIÓN
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XIV
c) Dictamen de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y
d) Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones Proce-sales .
Lo anterior, a efecto de determinar por tipos penales el impacto jurídico-operativo de la implementación de la reforma.
Objetivos específicos
• Determinar los distintos tipos penales a nivel federal en los que procederán las distintas figuras procesales incorporadas en Méxi-co a raíz de la introducción del sistema acusatorio y adversarial.
• Establecer un análisis sistémico que permita observar la homo-logación de la norma adjetiva por medio de la búsqueda de anti-nomias.
• Referir la operatividad del sistema de conformidad con lo que los proyectos de ley lo plantean.
Justificación
La importancia de la presente investigación radica en que a partir de ella será posible conocer cómo habrá de operar el sistema penal acu-satorio en México a partir de las diversas normas procesales que los proyectos de Ley de la Setec han previsto. A la par, permite observar un primer panorama jurídico operativo en torno a los alcances que la implementación del sistema tendrá en la sociedad mexicana. En este sentido, más allá de la teoría, o de la explicación alrededor de las virtudes del sistema penal acusatorio, será posible conocer desde una perspectiva principalmente normativa, si en efecto se está reali-zando un trabajo acucioso de técnica legislativa y si las reglas que actualmente se están configurando permitirán una adecuada imple-mentación de dicho sistema.
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1
El proceso penal puede ser observado como un vehículo o medio de expresión de la función jurisdiccional que cuenta con tres finalidades establecidas de conformidad con la teoría: de cognición, ejecución y cautela.1 El primer objetivo comprende la primera fase del proceso en donde el imputado se lleva ante un Juez de Control y un tribunal oral en el cual se da conocimiento de un posible hecho constitutivo de delito. El segundo constituye la sentencia y el cumplimiento de una sanción, y el tercero busca garantizar la eficacia del proceso.2
En este sentido, para que se desarrolle de forma idónea el cono-cimiento y la ejecución procesal de un hecho constitutivo de delito, se crearon las medidas cautelares con el objeto central de lograr la “garantía de eficacia del acto jurídico pretendido”3 para prevenir la posible comisión de un hecho que merme o ponga en riesgo el éxito del proceso, por lo que la persona legitimada para ello “puede solicitar al juzgador, a manera de prevención, que la persona contra quien va a enderezar una acción, haga o deje de hacer una cosa”.4
Su utilidad, de conformidad con José Acosta, tiene que ver más con el éxito de la administración de la justicia que con el interés de los individuos, en tanto que su naturaleza de tutela anticipada restringe
1 Constantino Rivera Camilo, “El proceso cautelar en el proceso penal acusatorio mexicano”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Puebla, México, núm. 24, 2009, pp. 254-277.2 Idem.3 José Acosta, El proceso de revocación cautelar. Levantamiento, modificación, cadu-cidad y nulidad de las medidas cautelares, Argentina, Rubinzal y Culzoni Editores, 1986, p. 13.4 Miguel Ángel Nieto, Temas de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 37.
I. Las medidas cautelares
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ANÁLISIS JURÍDICO-OPERATIVO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO2
libertades o derechos de los imputados en función de la posibilidad derealización de un acto5 que pudiera llegar a lastimar el buen desa-rrollo de la justicia.
En este sentido, se establecen ciertas medidas que prevén la posiblecomisión de un hecho, incluso antes de que éste llegue a desarro-
llarse, de este modo, se contemplan problemáticas que pudieran surgir en el proceso.
Si bien estas medidas han sido comunes en el sistema penal mexi-cano, pese a la instauración del sistema penal acusatorio, la forma de concebirlas e imponerlas difiere en el sistema inquisitivo, puesto que se restringen las libertades de los imputados y la imposición de la medida cautelar debe observar ciertos requerimientos en su pro-ceso de aplicación. Esto es porque el sistema acusatorio, además de desahogar el sistema penal —como se ha mencionado en tomos an-teriores—, también se inserta en una concepción garantista en donde se busca proteger los derechos de la víctima y del ofendido, así como los derechos del imputado. Es decir, se toma en cuenta el princi-pio de presunción de inocencia, y de conformidad con las reformas constitucionales de los derechos humanos. De esta manera, dado que la medida cautelar restringe derechos y libertades, éstas deben de ser impuestas bajo la más estricta evaluación y de acuerdo con los siguientes principios:
1. Jurisdiccionalidad. Hace referencia a que toda medida cautelar debe de ser impuesta ante un juez. Si bien el Ministerio Público es quien solicita la imposición de la medida, el Juez de Control es quien deberá valorar el hecho concreto y las características del imputado a fin de poder determinar la pertinencia de la im-posición de la pena.6
2. Igualdad. Para poder imponer una medida cautelar debe citarse a una audiencia en donde ambas partes tendrán la posibilidad de argumentar y discutir sobre la procedencia o no del uso de alguna medida. Esto mismo atiende al principio de contradic-ción consignado en artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que permite anteponer los argumentos de cada una de las partes a fin de estimar, de manera
5 José Acosta, op. cit., p. 14.6 Constantino Camilo Rivera, op. cit., p. 155.
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LAS MEDIDAS CAUTELARES 3
razonable, la mejor solución para asegurar el proceso y proteger a la víctima u ofendido.7
3. Principio de buena fe. Toda parte procesal deberá conducirse con propiedad, respeto y bajo el manifiesto de decir la verdad, de esta manera, se permite valorar la congruencia de la imposi-ción de las medidas, pues todas ellas deben de estar configuradas acorde con la situación específica del hecho y del imputado.8
Bajo estos tres principios primordiales se estructura una visión de la medida cautelar que tiene por fin observar el caso específico de la víctima u ofendido y del imputado y, de esta manera, preservar la se-guridad del proceso.
A su vez, con el sistema penal acusatorio se eliminan los formalis-mos y se permite el desarrollo de la imposición de las medidas desde una perspectiva más ágil e informal, lo cual evita la dilación y permite una mayor eficacia. Por ello, en la presente investigación se analiza de forma concreta su utilidad en el sistema.
7 Idem.8 Idem.
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