2doinformesemestral conflictossociambientales amazonicos 2013

7/29/2019 2doinformesemestral conflictossociambientales amazonicos 2013

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CONFLICTOSSOCIOAMBIENTALESAMAZNICOSENERO 2013

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL

Red de Vigilancia Amaznicapara los Conictos Socioambientales


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En el marco del Proyecto Mitigacin de Conictos y Desarrollo de la Amazona se implementa elobservatorio de conictos amaznicos VIGILANTE AMAZNICO. Red de Vigilancia de ConictosSocioambientales Amaznicos, que busca brindar informacin a los diferentes actores de Baguay Condorcanqui (Amazonas), Satipo (Junn), Lamas (San Martn) y Napo (Loreto), a n de propiciarun clima favorable para la intervencin y transformacin de los conictos y el reconocimiento delos derechos de los pueblos indgenas.

El SEGUNDO INFORME SEMESTRAL es una publicacin de anlisis y sntesis de los procesos deincidencia impulsados por las organizaciones indgenas en la defensa de sus derechos colectivos.Adems, esta publicacin realiza un balance de los conictos socioambientales que vienenocurriendo en las zonas de trabajo del proyecto.

Este proyecto es implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con laComisin Episcopal de Accin Social (CEAS), el Centro Amaznico de Antropologa y AplicacinPrctica (CAAAP) y CooperAccin-Accin Solidaria para el Desarrollo, y cuenta con el apoyo de laAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Per).

Primera edicin: enero 2013Catholic Relief Services (CRS Per)www.vigilanteamazonico.pe

Contenidos elaborados por CooperAccin en base al trabajo realizado por CAAAP en Junny Amazonas, y CEAS en San Martn y Loreto.

Edicin y correccin: CooperAccin

Diseo y diagramacin: Claudia Denegri

Fotos:En Junn: Martha Beingolea Aguirre, CAAAPEn Amazonas: Gerzon Danducho Akintui, CAAAPEn San Martn: Archivo CRS-PerEn Loreto: Vicariato San Jos del Amazonas

Impresin:

Hecho Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N

Esta publicacin fue hecha gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el DesarrolloInternacional (USAID). El contenido de esta publicacin es responsabilidad de sus autores y nonecesariamente reeja los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de Amrica.


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GLOSARIO

INTRODUCCIN

DEMANDAS Y ACCIONES REGIONALES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA CONSULTA

REGIN AMAZONAS: PUEBLOS AWAJUN Y WAMPIS

PROPUESTA DE ORDENANZA EN AMAZONAS

REGIN SAN MARTN: PUEBLOS KECHWA, AWAJUN Y SHAWIPROPUESTA DE ORDENANZA EN SAN MARTN

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

SITUACION Y CONTEXTO DEL PRIMER PROCESO DE CONSULTA NACIONAL: El caso

del Lote 1AB

INFORME DE SITUACION DE CONFLICTOS EN CUATRO REGIONES

Pueblo Kichwa del NapoPueblos Awajun y Wampis

Pueblos Ashaninka y Kakinte

Pueblo Kechwa de San Martn

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CONFLICTOSSOCIOAMBIENTALES

AMAZNICOSENERO 2013

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL

NDICE


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ACODECOSPAT. Asociacin Cocama de

Desarrollo y Conservacin San Pablo de Tipishca.

ACR-CE. rea de Conservacin Regional Cordillera Escalera.

ARA. Autoridad Regional Ambiental.

ARPI-SC. Asociacin Regional de PueblosIndgenas de la Selva Central.

CAAAP. Centro Amaznico de Antropologa yAplicacin Prctica.

CAH. Consejo Aguaruna Huambisa.

CCP. Confederacin Campesina del Per.

CEPKA. Consejo tnico de los Pueblos Kechwade la Amazona.

CIAP. Consejo Indgena de Amazona Peruana.

CIDH. Comisin Interamericana de DerechosHumanos.

CNDDHH. Comisin Nacional de los DerechosHumanos.

CONAP. Confederacin de NacionalidadesAmaznicas del Per.

FAD. Federacin Awajun de Domingusa.

FECAS. Federacin de las ComunidadesAwajun de Bajo Santiago

FECOHRSA. Federacin de comunidadesHuambisa de ro Santiago

FECONACO. Federacin de ComunidadesNativas del ro Corrientes

FECONAMNCUA. Federacin de ComunidadesNativas del Medio Napo, Curaray y Arabela

FECONAT. Federacin de Comunidades Nativasdel Tigre.

FEDIQUEP. Federacin Quechua del Pastaza.

FISH. Federacin Indgena Sector Shawit.

IDL. Instituto de Defensa Legal.

JN E. Jurado Nacional de Elecciones.

ODECINAC. Organizacin de Desarrollo de lasComunidades Indgenas Numpatkaim y AltoComaina.

ODECOAC. Organizacin de Desarrollo de lasComunidades de Alto Comaina.

ODECOFROC. Organizacin de Desarrollo delas Comunidades Fronterizas del Cenepa.

ODEPAAA. Organizacin de Desarrollo de losPueblos Aguarunas de Aramango.

ODPK. Organizacin de Desarrollo del PuebloKakinte.

OEFA. Organismo de Evaluacin y FiscalizacinAmbiental.

OIT. Organizacin Internacional del Trabajo.

OPIWAK. Organizacin de los Pueblos IndgenasWampis y Awajun.

ORDEPISAM. Ocina Regional de Desarrollode los Pueblos Indgenas de San Martn.

ORPIAN-P. Organizacin Regional de PueblosIndgenas de la Amazona Norte del Per.

OSINERGMIN. Organismo Supervisor de laInversin en Energa y Minas.

PCM. Presidencia del Consejo de Ministros.

PEHCBM. Proyecto Especial Huallaga Central yBajo Mayo.

RENIEC. Registro Nacional de Identicacin yEstado Civil.

TUPA. Texto nico de Procedimientos

Administrativos.

GLOSARIO

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Esfuerzos y demandas regionales

para el cumplimento de los derechosde los pueblos indgenas.

Hoy en da, la relacin entre el Estado y los pueblos indgenasamaznicos est mediada por un alto nivel de conictividad. LaDefensora del Pueblo ha reportado, desde el 2006, al menos 68 casosde conictos que involucran a pueblos y organizaciones indgenas. Deestos conictos, catorce tienen como demanda central, por parte delos pueblos indgenas involucrados, la necesidad de realizar procesosde consulta previa para actividades o proyectos que afecten susmodos de vida y sus derechos colectivos. De esos catorce, siete seencuentran activos an, y solo dos guran como resueltos.

Esta demanda, luego de momentos difciles para las organizacionesindgenas, como los sucesos de Bagua en el ao 2009, ha logradomaterializarse en la promulgacin de la la Ley de Consulta Previa ysu reglamentacin. La opinin pblica en general, reconoce quehan sido los pueblos indgenas y sus organizaciones representativasquienes han logrado estas reivindicaciones al poner en primerplano tales demandas, en medio de un contexto adverso como elocurrido a raz del paro amaznico o los diversos contextos regionales

de conictos o el avance de las concesiones y actividades extractivasen sus territorios.

Actualmente, es desde la institucionalidad estatal que se vienenincorporando los mecanismos e instrumentos para el cumplimientodel nuevo marco legal, a travs del Viceministerio de Interculturalidad.Sin embargo, y tal como veremos en el presente informe, lasorganizaciones indgenas no se han detenido en sus esfuerzos porreivindicar el derecho a la consulta previa solo en el nivel degobierno central. En las siguientes pginas mostraremos dosesfuerzos importantes para que los marcos jurdicos nacionales e

internacionales sobre la consulta previa tambin sean incorporadosen el nivel regional de gobierno. Se trata de las experiencias depropuestas de ordenanzas regionales de consulta previa en lasregiones San Martn y Amazonas. (esta ltima aprobada nalmente,en enero del 2013).

El presente informe del Observatorio Vigilante Amaznico buscadar a conocer estas experiencias, tratando de poner en relieve loscontextos en los que surgen las estrategias utilizadas por lasorganizaciones, las dicultades y las lecciones que podranaprenderse de estos procesos.

Informacin elaborada por CooperAccin, en base a los Reportes de Conictos Sociales,nmeros 23 a 106, elaborados por la Adjunta para la Prevencin de los Conictos Sociales yla Gobernabilidad, desde el ao 2006 a diciembre de 2012.

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INTRODUCCIN


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El Objetivo de este informe es que estas experienciaspuedan contribuir al fortalecimiento de otrasorganizaciones en el logro y consecucin deprocesos de esta naturaleza, as como tambinmotivar la reexin sobre el rol activo y propositivode los pueblos de la Amazona y el fortalecimientode la institucionalidad indgena.

Actualmente, mientras se viene preparando elplan del primer proceso de consulta para el lote192 (ex 1AB), saltan una serie de preguntas: la

conictividad social se acabar una vez se apliquela consulta en todos los casos? Se lograr atendertodas las demandas indgenas a travs de estosprocesos? Ciertamente no. Las problemticas queviven los pueblos indgenas son muy diversas yrequieren tambin de atencin inmediata.

Sin duda, la ley y la reglamentacin de la consultaprevia en el Per son elementos importantes conlos cuales el Estado busca acercarse a los pueblosindgenas, a travs de la construccin de espacios

de participacin poltica. Sin embargo, esto nosignica que el proceso de consulta previa debaser la nica manera en que los pueblos indgenasden a conocer sus problemticas.

Los espacios de participacin ciudadana, ascomo la institucionalidad indgena en el aparatoestatal, son otros canales de suma importanciaque se deben desarrollar. En vista de que sonmltiples las problemticas, es un reto para elEstado fortalecer y generar estos espacios comouna forma de garantizar los mecanismos departicipacin en la gestin pblica y su scalizacin,en el manejo de informacin, y en la presentacinde iniciativas, considerando las propuestas de lasorganizaciones representativas de los pueblos

indgenas. Pero tambin, el impulso para la creacinde institucionalidad indgena y el incentivo a laparticipacin ciudadana tienen que venir de lasorganizaciones indgenas, como podr notarseen los casos presentados en este informe, y enotros que vienen ocurriendo en otras zonas de laAmazona.

Por ejemplo, en el caso de las organizaciones delPastaza, Tigre, Corrientes y Maran, cuyospueblos indgenas se han visto afectados por 40

aos de actividad petrolera en la zona, hanpedido explcitamente que se atienda toda unaserie de pasivos ambientales e impactos socialesdejados por ella, antes de iniciar el proceso deconsulta para un nuevo contrato de concesin.

Esta situacin evidencia que los pueblos indgenastienen otros reclamos urgentes que han sidodesatendidos por mucho tiempo, y que no es fcil(ni para ellos, ni para el Estado) dejarlos de lado,puesto que son prioritarios para continuar con

sus proyectos y visin de futuro. As, estasdemandas se convierten en condiciones previasexigidas al Estado.

De ninguna manera, en este y otros casos, estasituacin debe percibirse, desde el Estado y lasempresas privadas, como un peligro para eldesarrollo econmico y la gobernabilidad delpas. Este nuevo contexto, que podra dar pie a lageneracin y fortalecimientos de institucionalidady participacin indgenas, debe entenderse comouna oportunidad para la construccin conjunta

de un futuro basado en el respeto y el dilogointercultural, y como un impulso al desarrollo deciudadana no solo de pueblos indgenas, sinotambin de todos los peruanos.

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Ordenanza Regional: Una iniciativa ciudadana para garantizarel derecho a la consulta previa,libre e informada.

Mediante Informe N 002-2011-GRA/CR-PB la Comisin Especial de Consejeros deaquel ao se pronunci por el enteroacogimiento a la Ley del derecho a la Con-sulta Previa de los Pueblos Indgenas, ascomo la necesidad de que se respete, reco-

nozca y cumpla el Convenio 169 de la OIT.Sin embargo, se hizo necesario formalizardicha voluntad poltica, mediante laOrdenanza correspondiente.

El 5 de junio de2009 se desarrollun enfrentamientoentre la Polica

En la actualidad, las amenazas al territorioestn relacionadas a la presencia de laempresa petrolera Maurel et Prom, laCompaa Minera Afrodita entre otrasempresas de minera formal e informal, ascomo varios proyectos hidroelctricos en la

cuenca del ro Maran.

En esta agenda de las organizaciones

representativas Awajun y Wampis, seseala como prioridad la necesidad deimplementar a nivel regional procesos deconsulta previa. Para ello, se exige a losgobiernos regionales de Amazonas y Cajamarcaimplementen procesos de consulta conparticipacin activa de los pueblos indgenas,antes de las actividades extractivas y deacuerdo a establecido por el Convenio OIT169, as como el fortalecimiento de lasinstancias de asuntos indgenas, en cadazona, para contribuir a los procesos.

ANTECEDENTES

PUEBLOS AWAJUNY WAMPIS

AMAZONAS

Sucesos de Bagua

Amenazas al territorioawajun y wampis

por actividades extractivas

Tajimat Pujut / Tarimat Pujut.Agenda poltica para el Buen Vivirde los Pueblos Indgenasde Amazonas y Cajamarca

Consejeros regionalesacogen la Ley de Consulta

DEMANDAS Y ACCIONES REGIONALESEN DEFENSA DEL DERECHO A LA CONSULTA

Tajimat Pujut / Tarimat Pujut. Agenda poltica para el Buen Vivir delos Pueblos Indgenas de Amazonas y Cajamarca. Ed. ORPIAN-P. conapoyo del CAAAP y la CNDHH. Lima, 2011.

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Nacional y pobladores Awajun y Wampis,en la ciudad de Bagua Grande, el cualexpres de manera atroz, la ineciencia delgobierno central en garantizar y defender losderechos de los pueblos indgenas, sobre

todo el derecho a la consulta previa, en vistade la promulgacin de un paquete de leyesque ponan en riesgo sus territorios.


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La aprobacin de la ordenanza regional quereconoce e implementa la consulta previa enAmazonas es un claro ejemplo de elaboracin ygestin de una propuesta, liderada por ORPIAN-P,para el ejercicio de su derecho a ser consultadosoportunamente, con informacin oportuna y encondiciones adecuadas. Ciertamente, ORPIAN-P,en varias ocasiones, y junto a varias institucionesaliadas como CARE Per y CAAAP, ha buscadoque se formule e implemente una poltica clarasobre el derecho de los pueblos indgenas a laconsulta previa, libre e informada. En las siguienteslneas explicaremos el proceso de elaboracin yaprobacin de la ordenanza.

Ya desde el mes de julio de 2011, ORPIAN-P habasolicitado una reunin de trabajo al presidenteregional de Amazonas, para desarrollar la normativa

del derecho a la consulta a los pueblos indgenasen la regin, puesto que la Sub Gerencia deComunidades Campesinas y Nativas ya habapresentado un informe al respecto.

Este intento por gestionar la propuesta junto conla presidencia del Gobierno Regional no obtuvorespuesta favorable, por lo que ORPIAN-P, enreunin con sus bases, opt por presentar supropuesta de ordenanza a travs del ConsejoRegional, apelando al derecho a la participacinpoltica que asiste a todos los ciudadanos. Talderecho permite presentar una iniciativa legislativapara la formacin de dispositivos regionales,como lo es una Ordenanza Regional.

ORPIAN P sigui el procedimiento sealado porley, es decir, la presentacin de planillones con lasrmas de ciudadanos de la regin ante el JNE,acompaado del texto de la propuesta de ordenanza.

En ese sentido, ORPIAN-P inici el proceso derecoleccin de rmas, a nales del mes de agosto

de 2011, asesorados por CARE Per. Fue elrepresentante Wampis Luis Huachapa Chias,dirigente de la cuenca del ro Santiago, quien fuedesignado por ORPIAN-P y sus bases para quepresente la iniciativa normativa ante el JNE. Conel n de recolectar rmas en apoyo a la propuestade ordenanza regional, se llev a cabo unacapacitacin de lderes y lideresas de las cincocuencas del Alto Amazonas

Asimismo, se desarroll un taller para consolidar

una propuesta de Ordenanza. El 6 y 7 de setiembrede 2011, ORPIAN-P, sus bases y otras organizacionesque no se encuentran aliadas, se reunieron paraenriquecer su propuesta inicial de Ordenanza de

reglamentacin de la recin promulgada ley deconsulta. En la regin, existan hasta cuatrodiferentes propuestas, pero en dicho taller seconsensu el apoyo a la propuesta presentadapor ORPIAN-P.

En el mes de diciembre de 2011, el entoncespresidente de ORPIAN-P, Bernardino Shamik

Pizango, abandon el cargo, el cual fue asumidotransitoriamente por el vicepresidente EdwinMontenegro, quien dio continuidad al proceso derecojo de rmas que haba quedado paralizado,adems de seguir gestionando la propuesta deOrdenanza Regional.

Informe N 075-2011 Gobierno Regional Amazonas GRDE/SGCCNNdel 19 de mayo.

Reconocida por la Constitucin Poltica del Per, artculo 2, numeral17, y el artculo 31; y la Ley de los Derechos de Participacin y ControlCiudadanos, Ley N 26300, artculo 2, inciso d Iniciativa en laformacin de dispositivos municipales y regionales, vigente desdemayo de 1994.

Este derecho de participacin se hace efectivo presentando unasolicitud a la autoridad electoral (en este caso, el JNE), para que luegoeste emita una resolucin, admitiendo la iniciativa ciudadana.

Que formen parte de una jurisdiccin electoral. Ni la Ley deDerechos de Participacin, ni la Ley Orgnica de Gobiernos Regionalessealaban el nmero exacto de rmas para pasar una propuesta deiniciativa ciudadana.

Las otras tres propuestas fueron presentadas por Santiago Manuin,la Subgerencia de Asuntos Indgenas y por los consejeros regionales.

Dicha propuesta, tena como objetivo denir una serie de procedi-mientos para la adecuada implementacin de la Ley de Consulta,vigente desde agosto de 2011.

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De esta forma, el proceso de recoleccin dermas se reactiv, esta vez contando con el apoyodel CAAAP y concluy en marzo de 2012. En estaoportunidad, adems, se tom nota de la existenciadel vaco legal sobre el nmero de rmas requeridaspara la presentacin de la propuesta ante el JNE,debido a que hasta el momento no se habaaplicado dicha ley, desde su vigencia en 1994.

Este vaco normativo tuvo que ser resuelto paraque el JNE pueda aprobar la iniciativa. Por ello, elCAAAP present, en abril de 2012, un pedido anteel JNE para que dena el nmero de rmas quehagan admisible la solicitud de iniciativa ciudada-na. Es as que en mayo de 2012, el JNE resolvique el nmero de rmas deber ser mayor al 1%de electores. Para el caso de Amazonas, sealaque al menos deberan contarse con 2,313adhesiones. Con el tema resuelto, el representan-

te Luis Huachapa present, el 4 de abril, los planillo-nes con aproximadamente 4,370 rmas recolecta-das, es decir, un nmero mayor al solicitado, traspoco ms de siete meses de trabajo.

Por su parte, el JNE deriv los planillones alRENIEC para la comprobacin de autenticidad dermas y documentos de identidad. El 25 de julio,el JNE emiti una resolucin que elev la iniciativade Ordenanza Regional de ORPIAN P ante elConsejo Regional .

Aparte de la actividad de recoleccin y presentacinde rmas, ORPIAN-P llev a cabo diversasreuniones y presentaciones con consejerosregionales y autoridades polticas de nivel local,regional y nacional, para conversar sobre laimportancia de la propuesta, y la necesidadde que se incorpore como poltica del GobiernoRegional. El 19 de setiembre, el Consejo Regionaldesign una Comisin Especial que se encargarade evaluar la propuesta de iniciativa de OrdenanzaRegional.

Es por ello adems que ORPIANP sostuvoreuniones con los consejeros regionales entre el 4y el 5 de octubre, a n de lograr consenso e informarel tenor de la norma.

El 18 de octubre, el consejero regional SantiagoManuin, presidente de la comisin especial, solicital Viceministerio de Interculturalidad una reuniny opinin tcnica sobre la Ordenanza.

Del mismo modo, entre octubre y noviembreORPIAN-P, con asesora del CAAAP; realiza unarevisin de la propuesta inicial para ajustarla a lareglamentacin de la ley de consulta nacional. De

este proceso, surge una propuesta que reconocee implementa el derecho a la consulta.

El da 3 de diciembre se realiz una reunin detrabajo, en donde par ticip un representantedel Viceministerio de Interculturalidad paradiscutir la propuesta de Ordenanza. En dichareunin se acord la modicacin de la propuestapresentada inicialmente (mediante la iniciativaciudadana). El 7 de diciembre, el Viceministerio

emiti su opinin a travs de un informe, queresponda favorablemente a la solicitud de opinintcnica sobre la nueva propuesta. Este informelleg a manos de la comisin especial el da 14de diciembre.

Resolucin N 0326-2012-JNE.

Resolucin N 699-2012- JNE.

Compuesta por los consejeros regionales Santiago Manuin,Nlida Calvo, Pablo Vela Velarde y Mara Elena Vlchez.

Mediante Ocio N 003-2012-G.R.AMAZONAS/CR-PCE. Informe N 091-2012-PCVA-DGIDP-VMI-MC.

Ocio N 004-2012-GR.Amazonas/CR-PCE.

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Luego de aprobado por unanimidad el dictamen,cerrando con xito un proceso que ha implicadograndes esfuerzos para los representantes de lospueblos Awajun y Wampis, quedan algunospuntos clave para resaltar:

Algunas lecciones y desafos a futuro:

Entre las principales bases de ORPIAN-P se encuentran lasorganizaciones locales ODECOFROC, CIAP, CAH, ODECINAC,ODECOAC, ODEPAAA, FISH, FECAS, OPIWAK, entre otras.

FECOHRSA y FAD.

Segn el texto del dictamen, se cuenta con 60 das parainiciar con la implementacin de la Ordenanza.

En su artculo cuarto.

En su artculo sexto.

La propuesta de ordenanza regional reconoce eimplementa la Ley de Consulta y su reglamento anivel regional, respaldados ambos por el ConvenioN 169 de la OIT, la Declaracin de las NacionesUnidas sobre los derechos de los pueblosindgenas, sentencias del Tribunal ConstitucionalPeruano y las sentencias de la CIDH.

Este instrumento detalla paso a paso el desarrollo

de la consulta previa en la regin: en qu momentose realiza, cmo se denen las competencias,quin nancia los procesos, cmo se identicarnlas medidas a consultar, etc. Asimismo, abre laposibilidad de que, de manera coordinada con lasorganizaciones indgenas ms representativas,se elabore una agenda comn sobre los procesosde consulta y otros temas vinculados al desarrollode las comunidades indgenas de la regin. Estaagenda comn, bsicamente, denira lascompetencias que tendr cada rgano de

gobierno regional para cada proceso deconsulta.

Por ltimo, en el proyecto de Ordenanza seprev la conformacin de una comisin especialque evale la adecuacin de los mecanismosinternos de gestin institucional (reglamento deorganizacin y funciones, TUPA, etc.) del GobiernoRegional. Dicha comisin, estar presidida porel gerente regional, e integrado por los gerentesdel Gobierno Regional cuyas competenciasestn vinculadas a los pueblos indgenas, ms

cuatro representantes de las organizacionesindgenas de la regin, as como por un repre-sentante del Viceministerio de Interculturalidad.Finalmente, como garante de los derechosfundamentales durante el proceso, se proponela presencia de la Defensora del Pueblo.

Aspectos resaltantes de laOrdenanza Regional de Derecho

a la Consulta Previaen la Regin Amazonas

PROPUESTA ARPOBADADE ORDENANZA

El proceso de gestin, incidencia y presentacinde la propuesta ha dependido en granmedida de una fuerte articulacin entre las

organizaciones que conforman ORPIAN-P, yotras organizaciones no aliadas, quesumndose a un objetivo comn, impulsarontodo el proceso logrando no solo incidir en elConsejo Regional, sino tambin en instanciasnacionales, como el JNE.

Los pueblos Awajun y Wampis llevaron acabo el proceso logrando un avance importanteal cubrir el vaco legal existente sobre la

presentacin de iniciativas legislativas ciudadanasen el mbito regional que permite un mejorreconocimiento en la implementacin de losderechos, no solo de los pueblos indgenas,sino de todos los ciudadanos peruanos. De talforma que el propio proceso de armacin deun derecho se convierte en un aporte paratodos los peruanos.

ORPIAN-P despleg sus esfuerzos en direccinde las vas institucionales que existen en el

pas, pese a la precariedad de estos canales, ypese al escenario de conictos que viven hoylos pueblos Awajun y Wampis. Esto demuestrala capacidad de las organizaciones por impulsary fortalecer vas democrticas.

Finalmente, la promulgacin y concrecinde la Ordenanza supone un paso importantepara la descentralizacin de las funciones delEstado, y con ello un contacto ms directo con

las problemticas locales. La promulgacinactiva una serie de procesos administrativosnecesariosy da inicio al fortalecimiento deinstancias de asuntos indgenas a nivel de la regin.

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Es la primera vez en el Per que lograaprobarse y reconocerse a nivel regional la ley dela consulta previa, sobre la base de construccinde dilogo y consensos. Este es un antecedentey muestra un camino exitoso para otras regionescon poblacin indgena.


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Reglamentacin del derecho a la consultacon amplia participacin y legitimidad social

PUEBLOS KECHWA,AWAJUN Y SHAWI

SAN MARTN

En el contexto del paro amaznico (2009),las comunidades y organizaciones repre-sentativas de los pueblos indgenasbloquearon la carretera Belaunde Terry a laaltura del distrito de Cacatachi, en laprovincia de San Martn. Luego de cercade 20 das de bloqueo, el presidente delGobierno Regional decidi establecer undilogo con las organizaciones y frentes

de defensa de la regin. Producto de ellose rm el 15 de junio de 2009 el Acta deCacatachi. En esta acta, uno de los com-promisos asumidos por el Gobierno Regional,a pedido de las organizaciones, fue que sereglamente la consulta en la regin, ascomo conformar una mesa de dilogoentre los representantes del GobiernoRegional y las organizaciones indgenas.

ANTECEDENTESActa de Cacatachi

La Mesa fue creada en diciembre de 2009,mediante ordenanza regional N041-2009-GRSM/CR. Posteriormente, a pedido de lasorganizaciones que ven urgente la creacinde una ocina que vea los asuntosindgenas, dentro del propio GobiernoRegional, proponen que la Mesa impulse lareactivacin de la Organizacin Regionalde Pueblos Indgenas de San MartnORDEPISAM. Esta entidad cuenta contres tcnicos representantes de las etniasKechwa, Awajun y Shawi, y desde sucreacin se cuenta con una institucinindgena operando al interior del aparatoestatal a nivel regional.

Creacin de laMesa de Dilogo y ORDEPISAM

La necesidad de una Ordenanza Regional enSan Martn es fruto de un momento en que losconictos sociales se agudizaban en la regin. Laproblemtica territorial indgena, expresada enlos casos de la empresa Ecoamerica y del rea deConservacin Regional Cordillera Escalera(ACR-CE), propici que las organizaciones exigieranel reconocimiento de su derecho a la consulta.Cabe recordar que para ese momento, mediadosdel ao 2010, an no se contaba con una ley

nacional del derecho a la consulta, y menos ancon una reglamentacin. Sin embargo, existajurisprudencia internacional.

En este escenario, las instituciones Paz y Esperanzay el Instituto de Defensa legal (IDL) elaboraronuna propuesta de Ordenanza que reglamentabael proceso de consulta, la cual presentaron alGobierno Regional el 19 de mayo de 2011. Almismo tiempo, la Mesa de Dialogo se reactiv,tras varios meses de estar inoperativa.

Fue creada mediante Ordenanza Regional N 028-2005-GRSM/CR, en el ao 2005, pero no oper por falta de

presupuesto. Se puso nuevamente en funcionamientomediante ordenanza regional N 036-2010-GRSM/CR.

OIT 169, declaracin naciones unidas, casos en otros pases.

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A pedido de los representantes del GobiernoRegional, la propuesta de Paz y Esperanza e IDLfue presentada primero en la Mesa de Dilogo. Enella, las instituciones, representantes del Estado yorganizaciones indgenas acordaron constituiruna comisin de revisin y luego una comisintcnica para analizar, modicar, recoger y consoli-

dar los aportes de las propias organizacionesindgenas. Dichas tareas se realizaron desdenales de julio a inicios de setiembre 2011.

En ese mismo periodo, se aprob en el Congresola Ley Marco de Derecho a la Consulta, la cual setuvo en cuenta para la elaboracin de la propuesta.

Tras su evaluacin, esta fue presentada a losdiversos representantes de las organizacionesindgenas y de las rondas campesinas de laregin, donde fue bien acogida. Seguidamente,

fue derivada al Consejo Regional con el propsitode que esta instancia presente la propuesta demanera ocial y anuncie el inicio de la consultapara evaluarla. No obstante, el 23 de setiembredel 2011, el Gobierno Regional inform que lasreuniones de consulta se postergaran hasta quese publique la reglamentacin de la Ley deConsulta Previa.

Las organizaciones indgenas y rondas campesinasreaccionaron enrgicamente, sealando que no

era necesario esperar a la reglamentacin de laley, puesto que la propuesta de Ordenanza enSan Martn solo normara las competenciasregionales. Adems, declararon que se estabadesconociendo no solo el proceso de elaboracinde la propuesta (que para entonces ya llevaba unao), sino tambin una serie de acuerdosasumidos por el Gobierno Regional y su presidente.

Presionado por las organizaciones, el GobiernoRegional realiz la presentacin y el lanzamientode un proceso de consulta a dicha norma el da 5

de octubre de 2011, en Saposoa, luego de lo cualse conform una comisin multisectorial tcnicapara una nueva evaluacin y ajuste de la propuesta.El reglamento sufri algunas variaciones, pero su

esencia se mantuvo. Finalmente, el presidente delGobierno Regional present en diciembre lapropuesta a las organizaciones indgenas, parainiciar la ronda de sesiones descentralizadas conla poblacin.

Los ocho talleres descentralizados se realizaron

entre los meses de enero y febrero de 2012, en loscuales se discuti el contenido del reglamentoregional y se recogieron aportes de las organizacionesindgenas.

Para nales de marzo, los funcionarios del GobiernoRegional y un comit consultivo de la sociedadcivil realizaron un anlisis exhaustivo del consolidadode aportes. Tras este anlisis, el Gobierno Regionalpresent la propuesta nal el 28 de marzo de2012, dando un plazo de 30 das a las organizacionespara que den a conocer esta propuesta a sus bases.

Sin embargo, las organizaciones indgenas solici-taron un mayor plazo para este ltimo proceso, elcual fue negado. En la ltima reunin del Consejo,realizada en abril de 2012, los asesores delpresidente regional propusieron elevar lapropuesta al Viceministerio de Interculturalidadpara que d su visto bueno antes de la aprobacin.Cabe recordar que para entonces ya se habapromulgado la reglamentacin nacional.

Luego de seis meses, el Viceministerio respondique no era necesario tener un reglamento deconsulta regional, debido a que ya existe uno anivel nacional y que la idea es adecuar los diversosinstrumentos a la norma. Esta respuesta fuepuesta en conocimiento de las organizaciones,entre noviembre y diciembre del 2012.

Con abogados del CAAAP y Paz y Esperanza.

Ocio N 1018- GRSM/GRDS.

Acuerdo de Gobernabilidad 2011-2014 en el Foro promovido porla Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza; Acta de Cacatachidel 15.05.2009, a raz del conicto de Bagua; acta de consensosmnimos para el respeto de los derechos de los pueblos indgenasentre los consejeros regionales, funcionarios regionales y lderesindgenas de implementar una ordenanza regional que reglamentael derecho a la consulta del 09 al 10 de agosto de 2011.

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Es un extracto de los puntos expuestos en la Fuerza de los

pueblos indgenas por el derecho a la consulta en la regin sanMartn, Paz y esperanza, Marzo de 2012. Pg. 32-34.

Art. 14. Criterios para establecer el impacto signicativo de unproyecto.

Art. 15.

Si bien es cierto, la propuesta de reglamentacinde derecho a la consulta qued trunca por laopinin del Viceministerio de Interculturalidad, querecomend antes que aprobar un reglamento,adecuar los instrumentos y funciones relacionados

a pueblos indgenas a la norma nacional, el procesomismo deja algunas lecciones interesantes, ascomo desafos con miras a la adecuacin solicitadapor el Viceministerio:

La propuesta no solo tiene validez por smisma (garantizar el derecho a la consulta),sino que tambin se convirti en unapropuesta con legitimidad de todos los actoresque participaron en el proceso de elaboracin.Es decir, esta propuesta fue fruto de un proceso

de incorporacin y apropiacin de las reexionesde todos los involucrados, a medida queavanzaba el proceso.

Se debe reconocer que para este proceso,diversas instituciones aliadas de las organiza-ciones indgenas de la regin (Paz y Esperanza,CAAAP, etc.) contribuyeron de manera decisivaen la incidencia y en la realizacin de talleres,logrando apoyar a las organizaciones sobretodo en lo referente a las consultas a las bases,as como brindando asesora tcnica legal parala adecuacin de las normas e incorporacin deaportes de las organizaciones.

De hecho, este proceso deja fortalecida larelacin que tena la organizacin con variasinstituciones aliadas. Es preciso, como un reto afuturo, que las organizaciones reconozcan lasespecicidades y lneas de trabajo de cadainstitucin aliada, para que puedan contar con

ellas de manera eciente y ecaz ante algunaproblemtica.

Finalmente, a travs de esta experiencia, lasorganizaciones indgenas no solo han logradoestablecer cules son las instancias de gobiernodonde pueden incidir en relacin con susproblemticas, sino tambin reconocer y serreconocidos por los actores polticos comosujetos de opinin. Es por eso que gracias aeste proceso, pudo instituirse dentro delGobierno Regional la ORDEPISAM, instancia atravs de la cual los pueblos indgenas podrncanalizar sus demandas hacia los otros nivelesdel Gobierno Regional.

La propuesta, elaborada de manera consensuadapor las organizaciones indgenas, sociedad civily Gobierno Regional, se apoyaba en la idea deque se puede regular la implementacin delderecho a la consulta desde los gobiernosregionales, aun cuando no se contaba hasta

entonces con una ley nacional.

En ese sentido, asume los estndares internacionalesde los derechos de los pueblos, raticados por elEstado peruano. Adems, incorpora los avancesdesarrollados por el Tribunal Constitucional, laCorte Constitucional de Colombia y la CIDH, ascomo las normas nacionales e internacionales.Posteriormente, tambin se adecu a la Ley deConsulta y a su reglamentacin, tras ser aprobadasen agosto de 2011 y abril de 2012, respectivamente.

Esta propuesta busca tambin ser un dispositivoclaro que promueva no solo la aplicacin delderecho a la consulta, sino tambin del derechoal consentimiento libre previo e informado en laregin. Esto lo hace a travs de criterios deidenticacin de cundo una medida admi-nistrativa o legislativa puede poner en peligro laexistencia de los pueblos indgenas.

De manera especca, tambin establece loslmites a la explotacin de los recursosnaturales . Cualquier actividad de explotacinde recursos, se encuentra, segn la norma,sujeta a dos condiciones: la preservacin yrespeto de los derechos de los pueblos indgenasy una explotacin sostenible.

Aspectos resaltantesde la Ordenanza

Reglamento del derecho a laconsulta previa de los pueblosindgenas u originarios del

Gobierno Regional de San Martn

Algunas lecciones y desafos a futuro:

PROPUESTA DE ORDENANZA

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Art. 17. Art. 18.

Del mismo modo, reglamenta la identicacin delos sujetos de consulta. Estos no solo se restringena las federaciones regionales, es decir lasorganizaciones representativas, como lo indica elreglamento nacional, sino tambin a losrepresentantes de las comunidades nativas.Adems, se consultar tambin al pueblo indgenacercano al pueblo o comunidad donde la medida

CONCLUSIONES:

Como ha podido notarse, los impulsos porconcretar ordenanzas de consulta en dos regiones,han supuesto un gran reto para las organizaciones.En primer lugar, ambos esfuerzos han supuestoestrategias polticas para proponer y contribuircon las instancias de decisin en los gobiernosregionales. Ciertamente, la limitada capacidad de

las presidencias de ambos gobiernos regionalespara acoger estas propuestas ha sido un obstculo,pero no impidi que las organizaciones indgenaspersistan y logren alcanzar sus objetivos, a travsde vas institucionales, e incluso generandodichos canales.

En ambos casos, es importante que la propuestahaya sido consensuada por diversos actores y endiversos momentos de los procesos. En principio,las organizaciones indgenas regionales y susbases, pero tambin entre estos con los Consejos

Regionales de San Martn y Amazonas. Ellofortalece no solo la relacin entre representantesy sus bases, sino tambin entre los primeros conlas diversas instancias de los gobiernos regionales,convirtiendo este tipo de participacin en unmecanismo de legitimacin para la representati-vidad y organizacin de los pueblos indgenas enlos espacios regionales.

Por ltimo, es importante sealar que, si bien escierto existen tanto la Ley de Derecho a la Consulta

Previa como su reglamentacin a nivel nacional,las organizaciones indgenas, articulando susinstancias regionales y locales, as como variasinstituciones aliadas, han buscado efectivizardichos marcos normativos en el nivel regional degobierno, aportando en la descentralizacin almenos en dos sentidos:

En relacin con la institucionalidad indgena,estos procesos contribuyen con la descentraliza-cin de las competencias del Estado en asuntosindgenas. Por otro lado, estas experienciasconvierten el espacio regional en un espacio dedebate e incidencia de las organizaciones de lospueblos en la bsqueda de reconocimiento desus derechos, reforzando la participacin ciuda-

dana.

administrativa o legislativa se aplique, puesto queseran susceptibles a ser afectados.

Otro aspecto a resaltar de la norma es que denelos criterios de territorialidad y de derechos de lospueblos indgenas como niveles donde las medidasy actos administrativos pueden afectar a los sujetosde consulta.

Como se mencion, los procesos de consultaabren una posibilidad a los pueblos y sus repre-sentantes para la bsqueda de reconocimientode sus derechos individuales y colectivos, los

mismos que han sido restringidos por muchotiempo, y que no precisamente tienen que vercon lo que se est por consultar.

Cabe esperar que este sea el escenario en muchoscontextos sociales y polticos donde se imple-menten los procesos de consulta. Al menos, es unescenario posible y, por tanto, es factible queexistan los mecanismos para dar viabilidad a lasotras demandas, con disposicin a concertar einiciar el dialogo. Por otro lado, la consulta, cabemencionarlo, es un proceso que puede tenervarias direcciones, desde el acuerdo unnime,hasta el inicio de relaciones tensas y conictivasentre los involucrados. Es importante tambinque existan los mecanismos adecuados paraprevenir posibles conictos que se generen,contradictoriamente, de procesos cuyo espritu esms bien arribar a acuerdos que favorezcan atodos los involucrados.

De otro lado, est pendiente el fortalecimiento delos espacios de asuntos indgenas a nivel regional,

de tal manera que permitan la implementacinde los procesos de consulta garantizando eldebido proceso y la garanta del cumplimiento delos mismos. Fortalecer dicha instancia, no solosupone el aumento de presupuesto y capacidadesde gestin, sino tambin el que pueda brindarsecapacidades a los funcionarios que se harncargo de dichas ocinas, para que incorporen demanera adecuada su capacidad de dilogo conenfoque intercultural, y mecanismos de articulacindirecta con las organizaciones representativas de

los pueblos indgenas.

RECOMENDACIONES:

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SITUACION Y CONTEXTODEL PRIMER PROCESO DE CONSULTA NACIONAL

El caso del Lote 1AB

El 7 de junio del 2012, en la comunidad deAlianza Topal FEDIQUEP se declar en movilizacinpacca, solicitando al Gobierno Central la confor-macin de una Mesa de Dilogo que d cuenta dela problemtica generada a partir de la explotacinpetrolera en el lote 1AB, tras 40 aos deactividad .

Menos de dos meses atrs, el 23 de abril, el entoncespresidente de Petroper, Humberto Campodnico,anunciaba a la prensa que en el ltimo trimestredel ao se licitaran 22 nuevos lotes petroleros enla selva amaznica, y que estos seran sometidosa procesos de consulta previa. Dichos lotes,haban sido delimitados por Perpetro el 4 deabril, apenas un da despus de la promulgacindel reglamento de la Ley 29785 (Consulta Previa).

Esta celeridad para dar en licitacin una nuevacantidad de lotes petroleros incluido el Lote 1AB,ahora denominado Lote 192, respondi a las presionesejercidas sobre el Estado para agilizar proyectos

extractivos que se haban mantenido a laespera de la promulgacin de la Ley deConsulta Previa y su reglamento. Una vezpromulgado el reglamento, ya no hubo msimpedimentos para iniciar la etapa de concursos,pues ya existan los mecanismos legales paratratar con las poblaciones indgenas que seranafectadas.

El Lote 1AB, cuyo operador actual es la empresa Pluspetrol, seencuentra entre las provincias de Alto Amazonas y Loreto, en laRegin Loreto.

Desde abril del 2011.

Expresadas en el Pronunciamiento de los pueblos indgenas de laregin Loreto frente a 40 aos de explotacin petrolera de noviembre

de 2011. http://puinamudt.wordpress.com/2011/11/18/51/#more-51Consultado el 8 de enero de 2013.

http://www.larepublica.pe/04-07-2012/pasivos-de-explotacion-petrolera-en-rios-tigre-y-pastaza-aun-no-se-solucionan Consultadoel 8 de enero de 2013.

Las acciones del Ejecutivo (representado por laPCM) en este nuevo escenario de apertura y dilo-go, se orientaron a atender las demandas de lasorganizaciones del Pastaza, Tigre, Corrientes yMaran. El 17 de junio, representantes del Ejecutivose reunieron con FEDIQUEP, la FECONACO, FECONAT,y la ACODECOSPAT, con el n de tratar susdemandas. En dicha reunin, se decidi la creacinde una comisin multisectorial encargada de analizar,disear y proponer medidas que permitanmejorar las condiciones sociales y ambientales delas poblaciones de la cuenca .

Paralelamente, un grupo de trabajo de la comisinde Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos,Ambiente y Ecologa, del Congreso, iniciinvestigaciones sobre la situacin ambiental delas cuatro cuencas. La delegacin de parlamentarioslleg al Pastaza el 25 de junio, y comprob laexistencia de restos todava visibles de petrleoen la supercie o apenas ocultos en la tierra, envarios sitios de las distintas cuencas.

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Si bien, este acercamiento evidencia la preocupacin

tanto de la PCM como del Congreso por lasituacin ambiental en dicha zona, la descon-anza todava persiste debido a declaracionescomo la del ex-presidente de Perpetro, AurelioOchoa, realizadas el 2 de julio, en donde armaque sera ilgico consultar a los pueblos indgenassobre proyectos que ya estn en produccin, ocuando alerta sobre la imprecisin que existiraen torno a qu entidad tendra que promover laconsulta.

Es en este contexto que el 30 de agosto de 2012,

el Viceministerio de Interculturalidad anunci elproceso de consulta previa para el Lote 192. Noobstante, las comunidades declararon que nopermitirn que se inicie la consulta, si es queantes no se resuelven los pasivos ambientalesen las cuatro cuencas. El dirigente de FEDIQUEP,David Chino Dahua, lo expres as: Cmo voy adejarte ingresar de nuevo a mi casa si me hashecho dao? Tienes que remediar para que yo tecrea. De igual forma se pronunci el presidentede ACODECOSPAT, Alfonso Lpez, quien dijo:

A la fecha no se ha identicado los pasivosambientales y a los responsables y as ya se quierenentregar nuevos lotes petroleros.

El inicio del proceso de consulta previa para el Lote192 es un hecho positivo y puede considerarsecomo una victoria para el movimiento indgena.Sin embargo, si el Estado desea mejorar susrelaciones con los pueblos amaznicos afectados,tendr que absolver toda duda respecto a losalcances de la consulta, resolviendo los pasivosambientales e impactos sociales dejados por 40aos de produccin. Esto implica, solo para elprimer caso, el reconocimiento e identicacinde pasivos en la zona. De hecho, actualmente lasinstancias relacionadas a estos temas, comoOSINERGMIN y la OEFA, no asumen esta labor,al no tener claridad de a quin corresponde talcompetencia.

http://gestion.pe/2012/07/02/economia/perupetro-ya-inicio-proceso-consulta-previa-comunidades-2006446?href=nota_rel,Consultado el 8 de enero de 2013.

Revista Tierrmerica, 3 de setiembre.

http://diariolaregion.com/web/2012/10/23/los-lotes-petrolros-de-la-reserva-nacional-pacaya-samiria-y-la-lucha-por-la-vida/Consultado el 8 de enero de 2013.

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INFORME DE SITUACION DE CONFLICTOS Y RIESGOSEN CUATRO REGIONES DE LA AMAZONA PERUANA

SITUACIN DE LOS CONFLICTOS Y RIESGOS REPORTADOS POR:

Red de Vigilancia Amaznicapara los Conictos Socioambientales

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San Martn

Iquitos

Junn

AmazonasExisten varios puntos comunes que enlazan los

diferentes conictos socioambientales queinvolucran a los pueblos Kichwas (Napo),Kechwas (San Martn), Awajun-Wampis(Amazonas) y Ashaninkas (Satipo). En primerlugar, todos estn relacionados con la ausenciade mecanismos de consulta previa para elotorgamiento ya sea de concesiones de naturalezaextractiva o a la creacin de reas de ConservacinRegional. En segundo lugar, todos tienenrelacin con la falta de titulacin, ordenamiento y

saneamiento de los territorios indgenas.

En todos los casos se observa la predisposicindel Estado a dar solucin en el marco de la ley, aestas problemticas. Sin embargo, hasta elmomento esta aproximacin no ha sido suciente,al mostrar poca constancia y capacidad pararesolverlas. Por todo ello, existe expectativa dever si con la reglamentacin de la Ley de CconsultaPprevia y su pronta aplicacin, los conictossocioambientales nalmente disminuirn o, por

el contrario, permanecern.


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PUEBLO KICHWADEL NAPO

LORETODISTRITO DE RO NAPO

CONTAMINACIN EN EL RO NAPO

El 17 de octubre de 2012, el Comit de Aguade Iquitos invit al presidente de laFECONAMNCUA, Richard Rubio, para queexponga la problemtica de los kichwas delNapo. En esa oportunidad, Rubio aprovechpara informar, como ya se haba venidohaciendo a travs de varios pronunciamientos,

la aparicin de peces muertos en las riberasdel Napo, lo cual sera indicador de que susaguas estaran contaminadas. Esta situacinha generado temor e incertidumbrecomprensibles entre la poblacin debido aque la sospecha subsiste porque se haencontrado peces muertos en algunas riberasdel ro. Otro elemento que sustenta estapreocupacin son los resultados del estudioMetales pesados en la cuenca del Napo: Uninforme preliminar de sus efectos en el ser

humano, realizado por el padre Jack McCarthy,Director del Centro de Salud de la localidad,que encontr presencia de mercurio en 125personas de las comunidades San Fernando,San Jorge, Rango Isla y San Rafael.

Este estudio fue presentado ante el Comitdel Agua de Iquitos el 14 de noviembre, porel representante de la Comisin Multisectorialdel distrito de Ro Napo, el padre Roberto

Carrasco, quien indic que estos resultadosobligan a la elaboracin de un estudio msprofundo que disipe toda duda para de unavez empezar, de ser necesarios, los trabajosde remediacin ambiental y atencin a lapoblacin.

Finalmente, los miembros del Comit delAgua de Iquitos acordaron Integrar la

demanda ambiental del Napo en la agendadel Comit, para as considerarla dentro delas diversas demandas a nivel regional. Deesta manera, se busca canalizar la problemticaque afecta a varias cuencas de Loreto, no solopara solicitar intervencin estatal, sino tambinprevenir posibles conictos y alertar sobre laagudizacin de los riesgos a la vida de laspoblaciones indgenas de la zona.

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Cfr. MacCarty, John (2012) Metales pesados en la cuenca delNapo: Un informe preliminar de su efecto en el ser humano.Vicariato Apostlico San Jos del Amazonas PANGO DireccinRegional de Salud Loreto.


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En otro punto, una situacin generada entrela empresa agroindustrial Young LivingEssential Oils Per S.A.C., y la comunidad

kichwa Libertador (que agrupa a las comunidadesNuevo Libertador, Vista Hermosa y SantaElena), hecha luces sobre la problemtica quese genera a partir de la falta de titulacin delas comunidades indgenas del Amazonas. Ensetiembre, pobladores de Nuevo Libertadorpidieron explicaciones al Gobierno Regionalde Loreto por la presencia de Young LivingEssential (dedicada al cultivo de palmaaceitera) en las inmediaciones del ro TamborYacu. La respuesta de la autoridad fue que el

predio rstico El Gran Linalol fue otorgado ala mencionada empresa porque el rea erade Libre disponibilidad del Estado y no sesuperpona a territorio indgena. Ms adelante,en el marco de la conferencia de pueblosindgenas del Napo, realizada el 14 de noviem-bre, el presidente de FECONAMNCUA explicque las comunidades sealadas, si bien sonreconocidas como tales, no tienen ttulos depropiedad y por tanto estn expuestas a estetipo de violacin de sus derechos. Agregadems que gran parte de la poblacin de

ese sector no cuenta con documentos deidentidad, por lo que su situacin de vulnera-bilidad se agrava al no poder ejercer susderechos para la titulacin de sus territorios.

Es evidente que este problema nace a partirde la falta de titulacin de algunas de lascomunidades indgenas de la zona (entre lasque se encuentran las tres mencionadas).Parte de esto se explica por el hecho que endiez aos no se ha realizado ningn procesode titulacin. Por otro lado, como planteaRichard Rubio, falta una poltica de ordena-miento territorial que concluya con este tipode ambigedades en la cuenca del Napo.Sorprende que se d en concesin un predioque hace unos aos fue propuesto para unrea de conservacin comunal. Por ltimo,

en un contexto en el que se prepara la primeraexperiencia de implementacin de la Ley deConsulta Previa, resulta contradictorio quetodas estas concesiones se hayan otorgadosin prever procesos de consulta con los pueblosafectados y se persista en la entrega enconcesin de importantes reas a empresasde diverso tipo.

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CONTROVERSIA POR AUTORIZACINA EMPRESA AGROINDUSTRIAL


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PUEBLOS AWAJUNY WAMPIS

AMAZONASBAGUA Y CONDORCANQUI

DERRAME DE PETRLEOEN SUWANTS Y CHIAGKU

A inicios de setiembre, se produjo una suraen el Oleoducto Nor-Peruano afectando conderrame de petrleo las quebradas Suwantsy Chiagkus. Si bien, Petroper se hizo cargode las labores de limpieza y recojo de muestras,adems de atender a la poblacin, estasatenciones se restringieron al poblado deCusumatac, ms prximo al rea del derrame,dejando de lado a la comunidad Shawit quetambin usa las aguas de las quebradas parasu subsistencia diaria. En vista de ello, el 17de octubre de 2012 el presidente de la FISH,Ananas Shawit Kasen, formaliz una denunciaante la Fiscala Especializada en MateriaAmbiental de Bagua contra Petroper. Eldirigente hizo pblica esta denuncia medianteun comunicado difundido a la prensa, en la que

enfatiz los casos de ebre, dolores estomacales,etc., presentados luego del derrame. Asimismo,pidi la intervencin de la OEFA a n de quepueda realizarse una inspeccin transparente.Petroper respondi tambin con un comu-nicado rechazando la versin de Shawit yasegurando que la empresa estatal habacumplido con los protocolos establecidospara estos casos. Actualmente, se est a laespera que la Fiscala, luego de la inspeccinocular y toma de muestras del 29 de noviembrede 2012, entregue los resultados de estainvestigacin.

Cabe resaltar la confusin que existe respectoa la ocina que debera encargarse de laidenticacin de pasivos ambientales. Comodestaca la Adjunta del Medio Ambiente,Servicios Pblicos y Pueblos Indgenas de laDefensora del Pueblo, todava no se resuelve

si es el Ministerio de Energa y Minas, la OEFA,u OSINERGMIN, los encargados para estatarea. En ese sentido, no existe una denicinde competencias clara. Es por ello que lamencionada Adjunta ha pedido a la Secretarade Gestin Pblica de la PCM, evaluar y/oproponer las medidas correctivas destinadasal inmediato ejercicio de competencias enmateria de gestin de pasivos ambientalesde hidrocarburos.

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Entre tanto, persisten los problemas entre elpueblo Awajun Wampis y la compaaminera Afrodita, que se remonta a ms decuatro aos, cuando el Estado decidi recortarel parque Ichigkat Muja para luego darlo enconcesin a diversas empresas mineras,entre ellas la Compaa Minera Afrodita. Estecaso se ha agravado con la rma de unconvenio de colaboracin mutua entre esta

empresa y el Ejrcito. Como se sabe, fruto deesta problemtica que se basa en el pocorespeto al derecho a la consulta previa de lospueblos Awajun y Wampis, miembros de lacomunidad de Huampami retuvieron a ochotrabajadores de Afrodita por ingresar sinautorizacin a su territorio. Como respuesta,la empresa formaliz una denuncia porsecuestro contra cuatro dirigentes(incluyendo al presidente de ODECOFROC,Zebelio Kayap). Sin embargo, en setiembre de

2012 la Sala Penal Liquidadora de Baguadetermin la conduccin compulsiva de losdenunciantes por no acudir a las audienciaspblicas hasta en cuatro sesiones consecutivas.Ante este hecho, el dirigente Zebelio Kayapmanifest que esta actitud de desintersmuestra claramente a la opinin pblica queAfrodita solo hizo esta denuncia como unacampaa de amedrentamiento contra losdirigentes indgenas.

A este problema, se suma el acuerdo vigente

suscrito entre Afrodita y el Ejrcito Peruano(Base Militar El Tambo) para brindarse ayudamutua, vigente hace ya dos aos. Este acuerdo

motiv una denuncia de ODECOFROC (julio 2010)y el inicio de una investigacin por parte de laFiscala Especializada en Delitos de Corrupcinde Funcionarios de Chachapoyas (julio 2011).Al respecto, IDL hizo pblico en setiembre de2012 el informe Razones para declararinconstitucional el convenio entre el EjrcitoPeruano y la empresa minera Afrodita, elcual da luces sobre la prdida de neutralidad

del Estado en medio de un escenario deconicto, puesto que habiendo sido sustentadaen varias oportunidades la falta de consultaprevia para la realizacin de actividades enesta zona de la Cordillera del Cndor, elEjrcito peruano legitima la presencia de laempresa a travs de reconocer sus necesidadesde seguridad, y la aceptacin de un contratoque est de espaldas a las normas constitu-cionales de igualdad entre los ciudadanos.

Estos dos casos evidencian el poco inters dela empresa minera Afrodita en tender puentescon los pueblos Awajun y Wampis. Esto seexpresa, por un lado, al denunciar a repre-sentantes indgenas y, por otro, al continuarcon el pedido de inicio de explotacinminera en plena Cordillera del Cndor, sinesperar a que el Estado aplique la Ley yReglamento de Consulta Previa que ya estnen vigencia. La situacin se agrava cuandoesta empresa rma un convenio de asistenciamutua con el Ejrcito, provocando que esta

institucin privilegie los derechos de proteccinde la minera Afrodita, por sobre los de losdems ciudadanos de la zona.

MINERA AFRODITADENUNCIA A LDERES AWAJUN

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PUEBLOS ASHANINKAY KAKINTE

JUNNSELVA CENTRAL

Sin embargo, otro es el escenario para los

Kakinte, pueblo indgena cuya organizacinrepresentativa ODPK (que forma parte deARPI-SC) pudo colocar su problemtica porincumplimiento de REPSOL dentro del espaciode dialogo creado entre la PCM y ARPI-SC.Como se sabe, la empresa REPSOL hizo pblicossus hallazgos de nuevos e importantesyacimientos gasferos en el Lote 57, que sesuperponen a seis comunidades kakinte,pero hasta ahora no ha logrado ponerse deacuerdo con ODPK. Esto debido a que laempresa decidi negociar directamente conla comunidad kakinte ms afectada, Tsoroja,desconociendo a la organizacin. Como seseal, esta problemtica fue puesta enconocimiento de la PCM, la cual acord conREPSOL y el Ministerio de Energa y Minas(MINEM) iniciar una serie de talleresinformativos y mesas de dilogo, as comocompromisos de electricacin, salud y edu-cacin, por parte de REPSOL, para la comunidadde Tsoroja, los cuales no habra cumplido.

Es en este contexto que el presidente deODPK, Moiss Sergio Salazar, denunci el 22de noviembre de 2012, en una carta dirigida

PROBLEMAS DEL PUEBLOKAKINTE CON LA EMPRESA REPSOL

DILOGO DE LA PCMEN LA SELVA CENTRAL

La PCM mantiene abiertos los procesos dedilogo con ARPI-SC, sobre diversos temasde la agenda indgena como la titulacin decomunidades, propuestas de elaboracin deestudios sobre la zonicacin territorial, larealizacin de un estudio de saneamientorural 2013, y la suspensin de concesionesforestales. Pese a que las conversaciones semantienen sin resultados concretos, es positivoque la PCM haya dado el paso de establecerespacios de dilogo con estas organizaciones.

al MINEM, que no se estaran siguiendo losacuerdos, y ms bien se estaran colocandoobstculos, aplazamientos y derivacionesde ocina en ocina , respecto a su solicitudde dilogo para evaluar este tema. El dirigentesostiene que este incumplimiento evidenciael escaso inters que tenemos para elEstado, en un contexto en el que se ha regla-mentado la consulta previa y se espera supronta aplicacin.

Si bien la PCM ha mostrado disposicin aldilogo con ARPI-SC, se espera que en unfuturo cercano se pase de los acuerdos generalesa metas especcas que lleven a la aplicacinde la agenda indgena, sobre todo en lo querespecta a las concesiones petroleras. En elcaso de los Kakinte, pese a que el dirigentede ODPK acusa al Ejecutivo de no mostrarinters en su problemtica con REPSOL, es enla falta de aplicacin de la Ley de Consulta

Previa en donde se encuentra el origen delconicto, ya que en ningn momento, elEstado estuvo presente en las negociacionesy acuerdos entre dicha empresa y lascomunidades kakinte. Se prev que con lareglamentacin de la consulta, el Estadointervenga ms decididamente en la solucinde este y futuros escenarios semejantes.

http://peru21.pe/economia/descubren-nuevas-reservas-gas-2035671, consultado el 7 de enero de 2013.

http://servindi.org/actualidad/53472, consultado el 7 de enerode 2013.

Segn informacin de Servindi, Pueblo Kakinte rechaza aRepsol y exige al Estado cumplir compromisos,http://servindi.org/actualidad/77349, consulta el 7 de enero de2013.

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MALESTAR POR ELESTABLECIMIENTO DEL ACR-CE

El pueblo Kechwa de la regin San Martn semantiene en su esfuerzo por conseguir latitulacin de los territorios comunales y elrespeto por su libre determinacin en el casodel rea de Conservacin Regional Cordillera

Escalera (ACR-CE). En esta labor se encuentrandesde el momento de la conformacin delrea, la cual en un principio se hizo con laanuencia de las comunidades indgenas.Luego de que se intentara dar en concesinel Lote 103, ubicado sobre la actual ACR-CE,el proceso para salvaguardar esta zonasupuso incluso la participacin del TribunalConstitucional, el que, en octubre de 2009,dispuso suspender el permiso de exploraciny explotacin, hasta que no se actualice el

Plan Maestro del rea.El inters de las federaciones kechwa porlograr el reconocimiento de su autonoma,radica en que est prxima la reactualizacindel Plan Maestro del ACR-CE. Sin embargo,hasta ahora no se ha incluido a representantesindgenas en el Comit de Gestin encargadode deliberar este asunto.

Frente a esta situacin, el 08 de octubre de2012 los presidentes de las cuatro federaciones

kechwas de San Martn y los apus de la mayorade las comunidades, se reunieron para suscribirla Declaracin de Tarapoto, donde seacord demandar al Estado por la pronta titula-cin de los territorios de las comunidades, elrespeto por su autonoma, pero tambin laexigencia de investigar la presencia degrupos delincuenciales. Frente a la inaccinde la Polica, la dirigencia se vio obligada acrear las Rondas Nativas, como mecanismode autodefensa y disuasin .

PUEBLOKECHWA

SAN MARTNPROVINCIA DE LAMAS Y SAN MARTN

Sin embargo, la Ocina de Asesora Jurdicade la Direccin de Gestin de reas NaturalesProtegidas -SINANPE- emiti un informetcnico en el cual se indica que los procesosde consulta solo son realizables en el marcodel establecimiento y categorizacin de las

reas naturales protegidas, y no en lasactualizaciones del Plan Maestro .

Cabe esperar que el proyecto Huallagareconozca que es necesario un espacio dearticulacin para recoger las visiones de lascomunidades indgenas en relacin al PlanMaestro del ACR-CE, puesto que ha quedadola idea en las comunidades de que no huboconsulta adecuada al inicio de la creacin dedicha rea. El informe de SINANPE, si bienseala las bases legales para la participacinde las comunidades, debe ser consideradopor el Proyecto Huallaga en el contextoindicado, a n de fortalecer su relacin conlas organizaciones kechwas y evitar se agraveel conicto.

Ver alerta Informativa Confederacin Quechua Amaznica emitela Declaracin de TarapotoLink:http://vigilanteamazonico.pe/component/content/article/7-vigilancia/175-alerta-informativa-confederacion-quechua-amazonica-emite-la-declaracion-de-tarapoto.htmlConsulta: 21 de octubre de 2012.

A la fecha, las 4 federaciones kechwas de San Martn sostienenreuniones para denir dicha estrategia.

Cfr. Diario Voces Consulta previa en planes maestros se aplicapara categorizar reas protegidas, 26 de noviembre de 2012http://www.diariovoces.com.pe/?p=89849.

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Documents

2doinformesemestral conflictossociambientales amazonicos 2013